El precio de la luz subirá en abril porque vuelve el impuesto del 7% a la generación

Abril es un mes en el que el precio de la electricidad suele ser bajo, porque el clima es benigno, la demanda se reduce y la eólica funciona a buen ritmo. Pero el recibo de la luz subirá el próximo mes, porque el Gobierno no va a prorrogar la suspensión del impuesto al 7% de la generación, aprobada en octubre con una duración de seis meses, que provocó una rebaja del 3 al 4% en el recibo final de los consumidores. A medio plazo, esa reducción debería revertirse totalmente, pero en el próximo mes de abril, por la coyuntura climática, porque parte del mercado lo anticipaba y por mantenerse otras medidas -como la exención del céntimo verde de la generación con gas-, los mercados de futuros reflejan un encarecimiento menor: el lunes cambiaron la tendencia y dieron un súbito salto del 2,2% en el mercado mayorista, que se traducirá en un incremento del orden del 1% para los consumidores.

Después de semanas de rumores, anuncios y desmentidos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reveló que el Gobierno no va a prorrogar la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), porque, tras la convocatoria de elecciones, "no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura".

Ribera, que hizo el anuncio durante la presentación del informe Leyes climáticas comparadas, elaborado por el Real Instituto Elcano, señaló que la reforma de la fiscalidad energética es una de las "dos o tres cuestiones críticas" que quedan pendientes para la próxima legislatura. A su juicio, en el modelo actual hay una "fiscalidad cruzada" que no manda las señales adecuadas "ni en una dirección ni en otra".

La Cartera dirigida por Ribera promulgó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, con varias disposiciones para reducir el precio de la electricidad con vistas al invierno, entre las que destacan la suspensión por seis meses del IVPEE y la supresión del Impuesto Especial de Hidrocarburos a la generación con gas natural, para otorgarle una competitividad adicional frente a la generación con carbón. El mayor de los ahorros provenía de la suspensión del IVPEE, 534 millones, repartidos en 265 millones durante 2018 y en 269 millones durante este 2019.

El impacto estimado de la supresión del Impuesto al gas se calculó en 125 millones, 25 millones durante 2018 y 100 millones durante 2019. Esta menor recaudación, por otro lado, reduce el precio del mercado mayorista, puesto que el gas es la tecnología fósil que está marcando el precio de casación, y contribuye a moderar la subida de precios producida por la suspensión del IPVEE.

Los mercados de futuros reflejaron automáticamente la aplicación de estas medidas y el precio a un mes vista -noviembre- experimentó una reducción del 9%, de 75 euros por MWh a 68 euros por MWh. Este lunes los mercados de futuro con vistas a abril reaccionaron con menos intensidad, y apenas se separaron de la tendencia del resto de Europa: aunque saltaron bruscamente en cuanto se supo la noticia, el incremento se limitó a un 2,2%, desde 47,9 euros por MWh a 49 euros por MWh. Su traslado al precio final de los consumidores será del orden del 1% en mayo.

El Ministerio especifica que la imposibilidad de prorrogar el IVPEE -la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo aseguró hace unas semanas- deriva de la necesidad de promulgar una norma con rango de Ley y la inexistencia de Presupuestos para 2019. La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, introdujo el tributo en el ordenamiento jurídico para destinar su recaudación a financiar el sistema eléctrico y atajar el déficit de tarifa -recauda unos 1.500 millones al año- y cualquier modificación que experimente precisa una norma con rango de Ley, que exige la aprobación del Parlamento.

Las empresas están en contra del IVPEE desde que se creó, por las distorsiones que provoca en el precio del mercado; su aplicación genera un encarecimiento artificial del mercado mayorista nacional que, por ejemplo, aumenta las importaciones de electricidad desde Portugal y Francia.

De hecho, las eléctricas recurren el tributo periódicamente, argumentando que es contrario al derecho europeo, con la intención de que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Durante 2018 el Tribunal Supremo y el Constitucional lo analizaron sin que ninguno de los dos elevara el asunto a las instancias europeas. Pero ahora lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; si la justicia comunitaria lo declara ilegal, habría que devolver lo recaudado hasta ahora, unos 9.000 millones.

14/03/2019|