La ministra de Hacienda pone a los grandes contribuyentes en su punto de mira

La ministra en funciones de Hacienda vuelve a poner el punto de mira, además de en las grandes empresas, en los contribuyentes más ricos, a los que acusa de aportar poco a las arcas públicas. Los reproches de la ministra en funciones son gruesos, pero las propuestas de PSOE y el gabinete de Sánchez para atacar la situación no anticipan grandes novedades, más allá de las medidas reflejadas en los presupuestos tumbados a principios de año.

El programa electoral socialista planteaba una “reforma fiscal profunda” que refuerce la progresividad del sistema tributario. E insistía en incrementar la aportación de los contribuyentes “con ingresos más altos y mayores patrimonios” y mejorar “la equidad entre la fiscalidad de las rentas de capital y las rentas del trabajo”. Planteamientos en línea también con la hoja de ruta para las reformas de los próximos años, apadrinada por el Ejecutivo de Sánchez. La Agenda del Cambio recoge cambios en la tributación de la riqueza, a través del impuesto de patrimonio y, de nuevo, de las rentas del capital. Además, incluye entre las medidas antifraude, la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de grandes patrimonios (a imagen del grupo adscrito a la delegación central, dedicado a empresas de grandes dimensiones).

Montero ha reiterado en las últimas semanas que seguirán adelante con cambios fiscales que naufragaron con las cuentas del 2019. Y que trabajan para que estén en vigor a principios del próximo año. De seguir adelante, los contribuyentes más acaudalados se verían afectados por la subida de los tipos marginales máximos en el IRPF –incremento de dos puntos hasta el 24,5% en la parte estatal para las rentas que excedan de los 130.000 euros, y del 26,5% para las superiores a 300.000 euros, pudiendo llegar a un 52% global en casos como el de Catalunya; más una subida del 23 al 27% en las rentas del ahorro para quienes ingresan más de 140.000–.

Con este cambio, tenían previsto ingresar 328 millones más, frente a los hasta 255 millones estimados por la Autoridad Fiscal. Las cuentas también eliminaban la temporalidad del impuesto de patrimonio, aunque daba libertad a las autonomías para seguir aplicando sus bonificaciones. Al dejar en la práctica el gravamen en manos de las comunidades, la Airef negó que la medida aumentaría la recaudación.

11/07/2019|