La industria automotriz ha logrado aplazar la implementación de la nueva normativa de emisiones Euro 7. Los países de la Unión Europea acordaron este lunes defender un cambio en la fecha de entrada en vigor de esta regulación, que inicialmente estaba programada para 2025 y ahora se propone retrasarla hasta 2027. Euro 7 tenía como objetivo endurecer los límites y las condiciones de las pruebas de emisiones para los vehículos nuevos. Además, se ha acordado que la aplicación de Euro 7 para vehículos industriales se retrase hasta 2029. Sin embargo, este cambio no es definitivo, ya que el Parlamento Europeo también debe fijar su posición antes de la negociación final para aplazar el inicio de la norma.
Este enfoque común se ha alcanzado durante la reunión del Consejo de Ministros de Competitividad de la Unión Europea celebrada en Bruselas. Además de posponer la fecha de entrada en vigor, se han establecido nuevos límites para las partículas emitidas por los frenos y los neumáticos, como parte de una normativa comunitaria que se implementó por primera vez en 1992 para reducir las emisiones de CO2 y partículas contaminantes de los vehículos. Este aspecto seguirá siendo relevante en futuras actualizaciones de la normativa más allá de 2035, fecha a partir de la cual solo se permitirá la venta de vehículos nuevos de cero emisiones en la UE.
La propuesta inicial de la Comisión Europea enfrentaba una fuerte oposición de un grupo de ocho países, incluyendo a Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Argumentaban, en línea con la Asociación de Fabricantes Automovilísticos Europeos (ACEA), que las nuevas medidas añadían costos y obstáculos a la industria en un período muy corto antes de la transición hacia vehículos de cero emisiones. Según la presidencia española, representada por el Ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, el texto acordado logra un "equilibrio cuidadoso" entre la protección del medio ambiente y la salud, y la competitividad industrial.
Este aplazamiento representa una victoria para la industria automotriz, que había estado advirtiendo durante meses sobre los riesgos económicos que conllevaba la implementación de Euro 7 según se planteó inicialmente. El presidente de ACEA, Luca de Meo (también CEO del grupo Renault), había advertido en enero sobre la posibilidad de cierre de plantas en Europa debido al aumento de los costos de los nuevos vehículos que implicaría esta normativa. En el caso de Renault, se mencionó la posibilidad de cerrar hasta cuatro plantas en Europa, incluyendo su importante presencia industrial en Francia y España. ACEA había estimado que Euro 7 aumentaría el costo promedio de los vehículos en 2,000 euros.
La patronal española de fabricantes, Anfac, que forma parte de ACEA, también había señalado repetidamente los riesgos que la normativa representaba para las fábricas españolas, que se centran principalmente en la producción de vehículos pequeños. Esto se debía a la necesidad de incorporar sistemas de reducción de emisiones complejos en estos vehículos, lo cual no estaba presente en los modelos actuales. Wayne Griffiths, presidente de Anfac y CEO de Seat y Cupra, había expresado en abril que no estaban en contra de Euro 7 ni de la reducción de emisiones, pero que debía realizarse de manera coherente en términos de tiempo y enfoque, ya que de lo contrario se verían obligados a cerrar fábricas en España.
En resumen, el enfoque acordado en el Consejo de Competitividad representa un equilibrio entre las preocupaciones medioambientales y la competitividad industrial. Este cambio ha sido respaldado por varios países europeos, pero ha sido criticado por algunos Estados miembros y por organizaciones ecologistas, que consideran que reduce la ambición de Euro 7 y representa un retroceso en la lucha contra la contaminación en las ciudades europeas.
(Cinco Días, 26-09-2023)
