La contienda fiscal que ha estado ocurriendo durante un tiempo entre el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez y las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, ha transformado el panorama de la tributación de la riqueza en España en un conflicto entre las reducciones de impuestos anunciadas por los nuevos gobiernos regionales y la introducción del nuevo impuesto estatal sobre las grandes fortunas. El Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han denunciado que estas "disputas entre administraciones" ya no son razonables.
Valentín Pich, presidente del CGE, argumentó que, considerando la economía globalizada de España y la naturaleza anecdótica del Impuesto sobre el Patrimonio en el conjunto de los sistemas tributarios, junto con los problemas técnicos y de equidad que presenta en el país, sería razonable suprimirlo. El REAF señaló que en Europa, este impuesto solo se mantiene en Noruega y Suiza, mientras que España es la única en la Unión Europea que grava generalmente el patrimonio de más de un millón de euros.
En España, en 2021, 231,367 contribuyentes presentaron declaraciones de Patrimonio, y de ellos, 201,775 pagaron un total de 1,352 millones de euros. El REAF estimó que la recaudación habría sido de alrededor de 2,000 millones de euros si Madrid no bonificara el impuesto al 100%. Varias regiones, como Andalucía y Galicia, han seguido su ejemplo al reducir o eliminar el impuesto.
Por otro lado, el presidente del REAF, Agustín Fernández, argumentó que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no debería hacerse permanente, ya que es un parche para el Impuesto sobre el Patrimonio y se aprobó de manera singular. Sin embargo, sugirió que el Impuesto sobre Sucesiones podría jugar un papel redistributivo y fortalecer la igualdad de oportunidades con algunos cambios.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones, los economistas y asesores fiscales abogan por una cierta armonización que reduzca las diferencias entre las regiones. Por ejemplo, un heredero que reciba 800,000 euros de herencia en 2023 no pagaría nada si su padre residiera en ciertas regiones, pero abonaría una cantidad significativa en otras. Las diferencias se han acentuado después de las elecciones autonómicas de mayo, ya que los nuevos gobiernos, en su mayoría dirigidos por el PP, han optado por reducir la carga fiscal en las herencias y donaciones, generando una mayor disparidad tributaria en todo el país.
(Expansión, 26-09-2023)
