En tan solo dos años, la presencia de migrantes en el sector laboral se ha duplicado, pasando de menos del 10% de los nuevos empleos a abarcar el 20%. Según datos publicados recientemente por la Seguridad Social, a finales de agosto de 2023, había 114,300 migrantes trabajando en este sector, lo que representa un aumento de 12,585 personas en comparación con el mismo mes de 2022.

En términos absolutos, los migrantes ahora representan más del 20% de las nuevas contrataciones en el ámbito de los servicios de salud y esta cifra sigue creciendo año tras año. No obstante, esta proporción todavía está lejos de la hostelería, donde durante este verano los extranjeros ocuparon el 70% de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la Seguridad Social.

Este aumento en la presencia de migrantes en el sector de la salud se debe a la necesidad de suplir la escasez de personal médico durante la pandemia, lo que llevó al Gobierno a agilizar los procesos de contratación de inmigrantes con formación sanitaria y residencia legal en España en 2020. Además de otorgar permisos de trabajo, esta medida incluyó la homologación rápida de títulos, un requisito esencial para ejercer en el país.

Desde entonces, se han establecido más vías directas para que los migrantes comiencen sus carreras en España. En octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que acelera la validación de títulos extranjeros, reduciendo el tiempo de resolución a menos de seis meses.

Paralelamente, algunas comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, han eliminado el requisito de nacionalidad española para contratar a extranjeros no comunitarios como médicos especialistas y enfermeros en el sistema de salud público. Esta medida busca atraer profesionales en áreas donde escasea la mano de obra.

Los sindicatos anticipan que, debido a estas políticas, la proporción de trabajadores extranjeros en el sector de la salud seguirá aumentando en los próximos años. Sin embargo, advierten que esto no resuelve por sí solo el problema de la falta de planificación en la formación de médicos especialistas, un problema que ha persistido durante dos décadas.

Tanto Comisiones Obreras como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explican que la reducción en la oferta de plazas de formación desde 2006 ha contribuido a la falta de personal. Además, el envejecimiento de la población, el aumento de la demanda de atención médica mental debido a la pandemia y la movilidad de los profesionales dentro de la Unión Europea han exacerbado el problema.

El déficit es especialmente grave en la especialidad de médicos de familia, según Aurelio Duque, responsable de Desarrollo Profesional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO. Además, señala que las áreas rurales y costeras de España tienen dificultades para encontrar médicos dispuestos a trabajar en esas zonas.

Elena Moral, presidenta del Sector de Administración General de la Comunidad de Madrid del CSIF, destaca que la competencia por el personal médico es mayor a nivel intracomunitario que con terceros países. Cada comunidad ofrece diferentes incentivos, como salarios más altos, mejores prestaciones o contratos más largos.

En efecto, la disparidad salarial entre las comunidades autónomas es de aproximadamente 300 euros al mes, según un estudio reciente del sindicato médico andaluz. Por ejemplo, un residente de quinto año gana 1,768 euros brutos al mes en Galicia, mientras que en Baleares llega a los 2,036 euros.

Fernando Honta, presidente del sector Sanidad de CSIF, señala que cada año entre 3,000 y 4,000 médicos no pueden acceder a la especialización debido a la falta de plazas y de profesores. Además, anticipa que la mala distribución de las plazas afecta a otras especialidades y pronostica un aumento del desempleo en ciertos perfiles médicos, mientras que seguirán faltando profesionales en áreas como geriatría, psiquiatría y atención familiar y comunitaria.

(Cinco Días, 20-09-2023)