La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea respecto al impuesto sobre el plástico que entró en vigor el 1 de enero de 2023 en España. Aedaf cataloga este tributo como un "engendro fiscal" debido a su complejidad y a las cargas administrativas que impone a las empresas.
Si bien Aedaf no cuestiona la finalidad del impuesto, señala que la técnica utilizada y su diseño apresurado han generado muchas dudas y problemas para las empresas. La presidenta de Aedaf, Stella Raventós, ha mencionado que las empresas están enfrentando dificultades tanto en la declaración y liquidación del impuesto como en su comprobación por parte de las autoridades fiscales.
Belén Palao, miembro del grupo de expertos en impuestos indirectos de Aedaf, ha destacado que el impuesto al plástico impone obligaciones difíciles de cumplir, lo que está generando litigiosidad y un gran número de consultas a la Dirección General de Tributos (DGT). Además, ha señalado que las pequeñas y medianas empresas, que conforman la mayoría del tejido empresarial en España, enfrentan dificultades adicionales para cumplir con los requerimientos técnicos del impuesto.
Aedaf ha ejemplificado la problemática del impuesto al plástico al mencionar que muchas empresas afectadas por el impuesto renuncian a la deducción a la que tienen derecho debido al alto coste administrativo asociado a la trazabilidad de los productos en términos de origen y contenido de plástico.
El informe de Aedaf concluye que se trata de un impuesto inmaduro con numerosos defectos técnicos que requiere una revisión en profundidad, tanto en sus elementos estructurales como en su esquema de liquidación y obligaciones formales. Además, critica que el diseño del impuesto fue apresurado y se realizó sin tener en cuenta las observaciones presentadas durante el proceso de información pública. En resumen, Aedaf considera que el impuesto sobre el plástico es una figura fiscal problemática que las empresas españolas tendrán que afrontar en los próximos años sin un soporte jurídico adecuado y con un alto costo administrativo.
(Expansión, 26-09-2023)
