La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado sus exigencias para este nuevo curso político en la Función Pública, entre las que se incluyen la implantación de la jornada laboral de 35 horas y volver a negociar un nuevo acuerdo salarial. Bajo el lema 'Igual trabajo, igual salario', el sindicato ha expresado que sus demandas se centran en las tres principales preocupaciones de CSIF: la temporalidad, la falta de reposición y la lentitud de los procesos de selección.

Durante la presentación de las 20 medidas que componen las solicitudes del sindicato de funcionarios públicos, el presidente de CSIF, Miguel Borra, destacó la necesidad de "eliminar la tasa de reposición" como medida para promover la creación de empleo neto y diseñar plantillas "adecuadas" a las necesidades de la ciudadanía, para lo que es necesario "una planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público".

Además, se ha instado al Gobierno agilizar los procesos de selección, ya que actualmente puede llevar más de tres años desde que se convoca una plaza hasta que los aspirantes finalmente asumen sus puestos. También se busca encontrar una solución a la problemática de la temporalidad, recordando que esta cuestión debe resolverse antes del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que la tasa de temporalidad debe reducirse del 31% actual al 8% para cumplir con los requisitos de la Unión Europea.

Desde CSIF, se estima que este proceso de estabilización afectaría a aproximadamente medio millón de personas en todos los sectores de la administración pública. Con la llegada del nuevo período político a la vuelta de la esquina, CSIF ha presentado una serie de propuestas y reformas destinadas a las administraciones públicas en España. El objetivo es buscar y acordar una fórmula consensuada con el nuevo Gobierno para mejorar tanto los servicios que los ciudadanos reciben en todas las áreas de las administraciones públicas (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, SEPE, pensiones, etc.), como las condiciones laborales de los empleados públicos.

CSIF está haciendo un llamado a incrementar el número de funcionarios en todas las áreas de la administración pública, en respuesta a lo que consideran una "destrucción" del empleo público y un deterioro en la calidad de los servicios. El sindicato estima que España necesita incorporar 400,000 empleados públicos para equipararse a las medias europeas. Según lo explicado por el presidente de CSIF, Miguel Borra, de esos 400,000 empleados, se requieren 250,000 en el sector de la Sanidad. Se propone un plazo de diez años para llevar a cabo esta incorporación gradual, reconociendo que sería inviable llevarla a cabo de manera inmediata.

En el ámbito de la Justicia, se plantea la necesidad de contratar a 20,000 trabajadores en todas las categorías. En lo que respecta al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), CSIF calcula que se necesitarán alrededor de 3,000 empleados públicos adicionales en los próximos años.

(El País, 26-09-2023)