El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado nuevas acciones legales contra el impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno central. En este caso, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden emitida por el Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para la liquidación de este impuesto.

La Comunidad de Madrid continúa en su lucha judicial contra este tributo, habiendo presentado previamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, al igual que las regiones de Andalucía y Galicia, donde también se ha eliminado este impuesto. Aunque el recurso fue admitido a trámite, se rechazó la suspensión del impuesto mientras se resolvían los recursos, tal como se había solicitado.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, anunció la presentación de este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional. Este recurso se dirige contra la orden ministerial que aprueba el modelo de liquidación del impuesto y especifica quiénes están obligados a declararlo, así como los procedimientos y plazos relacionados.

García destacó que esta nueva acción se suma al recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, ya que el Gobierno regional considera necesario impugnar todas las disposiciones normativas derivadas de la entrada en vigor de este impuesto.

El Ministerio de Hacienda informó que este impuesto temporal, con una duración de dos años y que afecta a patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, ha recaudado un total de 623 millones de euros en 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios. La mayoría de estos contribuyentes son residentes en Madrid (10.302), que han aportado 555 millones de euros.

El Gobierno madrileño argumenta que este impuesto de solidaridad a las grandes fortunas invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, viola la seguridad jurídica y el principio de lealtad institucional, además de afectar principalmente a madrileños y andaluces. García afirmó: "Seguiremos luchando contra este impuesto, que socava las competencias autonómicas y perjudica gravemente a los ciudadanos de Madrid, ya que disuade la inversión".

Los argumentos del Gobierno regional contra este impuesto se basan en la vulneración de varios principios constitucionales, tanto en el procedimiento de aprobación como en la naturaleza misma del impuesto. Consideran que atenta contra la autonomía regional en la gestión de los tributos cedidos, como es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid ha estado bonificado al 100% desde 2008.

Además, critican que su tramitación se realizó mediante una enmienda en un proyecto de ley no relacionado, sin seguir el proceso parlamentario ordinario, sin consulta pública, y sin contar con una memoria económica ni el dictamen del Consejo de Estado. También señalan que su aplicación retroactiva para todo el año 2022, a pesar de entrar en vigor el 29 de diciembre de ese año, causa un perjuicio significativo a los contribuyentes y vulnera el principio de seguridad jurídica.

Por último, argumentan que este impuesto va en contra de los principios de capacidad económica y confiscatoriedad establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que establece que las contribuciones al sostenimiento de los gastos públicos deben basarse en la capacidad económica y no ser confiscatorias.

(Expansión, 21-09-2023)