La semana pasada, después de las reuniones de Alberto Núñez Feijóo con la patronal y los sindicatos, el PP expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno "no se ocupe de los temas que realmente importan a los españoles", como el costo de vida o el empleo, mientras se dedica a negociar su permanencia en Moncloa.

A nivel nacional, el PP ha reducido su enfoque en asuntos de macroeconomía y ha delegado en los gobiernos autonómicos la tarea de oponerse al Gobierno de izquierda, a la espera del nuevo plan económico que Feijóo pueda presentar hoy en el Congreso. Una de sus principales propuestas será ofrecer un "trato fiscal preferente" a los emprendedores, con impuestos nulos durante los primeros dos años de actividad.

Ayer mismo, La Rioja se unió a la tendencia de reducción de impuestos, centrada en el IRPF y en deducciones relacionadas con vivienda y deportes, siguiendo el ejemplo de lo anunciado hace unos días por la Comunidad Valenciana. Esto forma parte de la lucha conjunta contra el Impuesto de Sucesiones, que será eliminado en Baleares, Canarias y en las mismas La Rioja y Comunidad Valenciana, y reducido en Aragón y Cantabria.

En Extremadura, otra autonomía gobernada por el PP desde hace semanas (también con el apoyo de Vox), se ha centrado en reducir el tipo de IRPF y establecer una tarifa del 0% para los nuevos autónomos. Aragón también ajustará el IRPF y Baleares otorgará bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los jóvenes.

En esta competencia, aún falta por ver qué medidas tomarán Madrid y Andalucía, dos regiones que han liderado las iniciativas de alivio fiscal en el pasado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, mencionó algunas reducciones menores relacionadas con el comercio en su discurso de investidura. Juanma Moreno, líder andaluz, aprovechó la elaboración de los Presupuestos para 2023 para posicionar a su región como la segunda con menor carga tributaria en ese momento.

Hace menos de un año y medio, el argumentario del PP preveía un otoño con el país al borde de una recesión que se confirmaría en invierno. Se hablaba de una España más desigual, con políticas sociales fallidas y una inflación superior al 10%. La incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania y su impacto en el suministro y los costos energéticos, la desaceleración en toda Europa y el aumento de las tasas… El relato de una crisis inminente parecía indiscutible. Por eso, ahora se presta mayor atención a los hechos y la gestión real.

(Cinco Días, 26-09-2023)