La Ley Concursal, que cumplió su primer aniversario el pasado 26 de septiembre, se ha convertido en un importante aliado para familias y autónomos con grandes deudas. El mecanismo de la "segunda oportunidad", incorporado en la reforma de la norma concursal, ha ayudado a estos deudores a evitar la bancarrota y a recuperarse financieramente. Una de las novedades que ha permitido esta situación es la eliminación de la obligación de llegar a un acuerdo extrajudicial.

En cuanto a las empresas, la entrada en vigor de la ley ha resultado en una disminución de los procedimientos de insolvencia de personas jurídicas. Según expertos en Derecho Concursal consultados por CincoDías, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) parecen estar más dispuestas a recurrir a estos mecanismos para intentar reestructurar sus negocios, las grandes empresas prefieren explorar otras opciones para llegar a acuerdos con sus acreedores antes de iniciar un proceso concursal.

Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, considera que la nueva ley ha cambiado la mentalidad de las pymes. Estos empresarios ya no esperan hasta que su insolvencia sea insostenible. En contraste, las grandes empresas tienen acceso a un conjunto más amplio de alternativas que les permiten mantener su actividad y los empleos.

Aunque no existen datos completos sobre el impacto de la nueva ley, las estadísticas del Colegio de Registradores, publicadas hasta junio de este año, muestran un aumento significativo en los procedimientos de insolvencia para personas físicas, a diferencia de las empresas, cuyos casos han disminuido. Según estos registros, en el último trimestre de 2022, cuando la nueva normativa ya estaba en vigor, 4,407 personas en situación de insolvencia iniciaron el proceso concursal, lo que representó un aumento notable en comparación con los meses previos, cuando aún se aplicaba la ley anterior.

Esta tendencia continuó en los primeros seis meses de 2023. Durante el primer trimestre (de enero a marzo), 3,983 personas acudieron al sistema concursal, un 68% más que en el mismo período del año anterior. En el segundo trimestre (de abril a junio), esta cifra aumentó aún más, alcanzando las 4,679 personas que solicitaron el concurso de acreedores, un 161.3% más que en los mismos meses de 2022.

Para tener una visión completa de todo el año, será necesario esperar hasta noviembre, cuando el Colegio de Registradores publique los datos correspondientes al tercer trimestre (de julio a septiembre) de este año.

En cuanto a las empresas, entre octubre y diciembre de 2022, 1,137 empresas solicitaron el concurso de acreedores, lo que representa un 20.6% menos que en el tercer trimestre de ese año. La tendencia se mantuvo en el primer trimestre de este año, con 912 empresas en situación de concurso, un 19.8% menos que en el último trimestre de 2022. Sin embargo, la tasa aumentó un 37.6% entre abril y junio de 2023, con un total de 1,255 concursos de acreedores en personas físicas, 343 casos más que en el trimestre anterior.

José Luis Yus, socio responsable de reestructuraciones y concursal de Baker McKenzie Madrid, explicó que la disminución de los procedimientos concursales en personas jurídicas se debe a que muchas empresas con desequilibrios en sus balances y dificultades para obtener financiación bancaria tradicional han evitado las tensiones de tesorería a corto plazo mediante la búsqueda de fuentes alternativas de financiación, como la financiación pública (ICO, SEPI, fondos europeos), fondos de capital privado y similares. Además, señaló que situaciones de insolvencia que antes terminaban en un concurso ahora pueden canalizarse a través de planes de reestructuración, muchos de los cuales son consensuales.

En resumen, la nueva ley ha tenido un impacto positivo en la agilización de los procedimientos para otorgar una segunda oportunidad, especialmente para personas físicas y pymes. Sin embargo, los expertos destacan algunas cuestiones que generan incertidumbre y preocupación jurídica, como la "ultraprotección" del crédito público, que algunos consideran un error práctico y legal y que podría ser objeto de revisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(Cinco Días, 02-10-2023)