El gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso tiene la intención de intensificar sus esfuerzos para combatir la despoblación que afecta a muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Además, impulsará un ambicioso plan para abordar el desempleo juvenil, uno de los principales desafíos del mercado laboral en España, aunque en Madrid la tasa de desempleo entre los jóvenes es casi un 5% menor que la media nacional (25,3% frente al 30%, según la EPA). Esta acción se produce después de que Ayuso obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, y durante su mandato, la economía, la reducción de impuestos y la búsqueda del pleno empleo serán objetivos prioritarios.
A pesar de la imagen generalizada de Madrid como una región densamente poblada con grandes núcleos urbanos, existe otra realidad demográfica en paralelo: de los 179 municipios de la región, 73 tienen menos de 2.500 habitantes. Entre estos se encuentran localidades como La Hiruela (con apenas 75 vecinos), El Atazar (107), Alameda del Valle (241), Patones (536), Cabanillas de la Sierra (874) o Belmonte del Tajo (1.769).
Para hacer frente a la despoblación, Madrid está desarrollando una serie de nuevas medidas fiscales que complementarán el Plan de Reequilibrio Territorial ya implementado por el gobierno regional. Una de estas medidas es una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigida a menores de 35 años que trasladen su residencia habitual a uno de estos 73 municipios, ya sea mediante la compra o el alquiler de una vivienda. La reducción fiscal podría alcanzar los 1.000 euros, pero estaría sujeta a la condición de mantener la residencia en ese lugar durante al menos cuatro años: el año del traslado y los tres siguientes.
Además de esta medida específica para jóvenes, Madrid ofrecerá ayudas a personas de cualquier edad que compren o rehabiliten una vivienda en estos municipios, que incluyen localidades como Montejo de la Sierra (372 habitantes), Lozoya (602) o Rascafría (1.736).
El gobierno madrileño está evaluando que el incentivo en este caso sea del 10% del precio de adquisición o rehabilitación, con un límite de deducción anual de 1.500 euros. La tercera parte de este despliegue fiscal será una nueva bonificación, que podría llegar al 100%, para la compra de vivienda habitual en estas localidades en riesgo de despoblación, aplicable tanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para propiedades de segunda mano como al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para propiedades nuevas.
Es importante destacar que estas tres reducciones fiscales podrán ser acumulativas. Según el gobierno regional, "un joven que se mude a un municipio rural y compre una vivienda podría beneficiarse de todas ellas". En todos los casos, solo podrán beneficiarse de estas deducciones aquellos que ya residan en la región y trasladen su residencia habitual a estos municipios.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, señaló que este plan fiscal tiene un costo estimado de alrededor de 9 millones de euros, pero podría aumentar si logran que muchos de sus ciudadanos se muden a estos municipios.
(Expansión, 29-09-2023)
