A partir del 1 de octubre, las empresas importadoras europeas enfrentarán nuevas obligaciones administrativas con la entrada en vigor del periodo transitorio del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), también conocido como CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) en inglés. El CBAM es una especie de impuesto ambiental que gravará las importaciones de productos de industrias intensivas en carbono provenientes de países fuera de la Unión Europea (UE). La UE tiene dos objetivos principales con esta medida.
Por un lado, busca combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, la UE pretende que, al igual que las empresas europeas asumen el costo de sus emisiones mediante el sistema de derechos de emisión, los productos importados también tengan un costo asociado a su huella de carbono. Por otro lado, la UE busca desalentar la deslocalización de la producción a países con políticas climáticas menos estrictas al aumentar los costos de producción fuera de la UE.
A partir del 1 de octubre, las empresas importadoras tendrán la obligación de recopilar información de sus proveedores y transmitirla a la Comisión Europea a través de declaraciones trimestrales. Esta información incluirá detalles como el lugar de fabricación del producto o materia prima, el sistema o tecnología utilizados en la producción, el número de emisiones generadas y, si el país de origen tiene políticas de precios de derechos de emisión, información sobre estas políticas y sus costos.
Con esta información, se calculará cuánto deberá pagar la empresa importadora por traer esos productos a la UE, teniendo en cuenta la diferencia en los costos de producción en comparación con la producción dentro de la UE, que generalmente es más alta. Si el país de origen ya aplica un recargo por emisiones, la empresa importadora podrá descontarlo en su declaración.
La implementación de este sistema aumentará los costos de los productos y mercancías importados, lo que probablemente se reflejará en precios más altos para los consumidores. Esto ha generado críticas tanto dentro de la UE, como por parte de países exportadores de productos sujetos al CBAM, como India, que considera que se trata de un arancel y ha amenazado con presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La UE argumenta que el CBAM no es un arancel, sino parte de su política de derechos de emisión, y se aplica tanto a productos internos como importados, sin representar una barrera comercial.
Inicialmente, el sistema se aplicará a productos como cemento, aluminio, fertilizantes, producción de energía eléctrica, hidrógeno, hierro y acero, con planes de expandirlo a más productos en el futuro. Afectará a todas las importaciones, excepto las procedentes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países que, aunque no son miembros de la UE, también siguen el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones.
Estas nuevas obligaciones impuestas por el CBAM representan un desafío técnico significativo para las empresas importadoras, ya que pueden tener dificultades para identificar productos sujetos al impuesto y para rastrear la trazabilidad de los productos y materias primas en términos de origen y emisiones, especialmente en países como China, donde los procesos de producción son complejos y difíciles de controlar.
(Expansión, 27-09-2023)
