La indemnización por despido improcedente experimentará cambios que resultarán en un mayor costo para los empleadores, y su cuantía será determinada por el Gobierno una vez que el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) del Consejo de Europa resuelva las demandas presentadas por CCOO y UGT al respecto. Esta noticia fue anunciada durante la jornada "Retos Laborales del nuevo curso académico," organizada por CEOE y Labormatters Abogados, y significa que la indemnización por despido dejará de estar sujeta a una tarifa fija, como lo establece actualmente el Estatuto de los Trabajadores.
Ignacio Moreno González-Aller, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), advirtió sobre la necesidad de estar preparados para este cambio. En los tres casos previos en los que el Comité se pronunció (Francia, Italia y Finlandia), concluyó que la tarifa fija de las regulaciones nacionales, similares a la española, no se ajustaba a la Carta Social Europea. Actualmente, hay 24 demandas adicionales pendientes relacionadas con este tema, por lo que la respuesta del Comité se espera, como mínimo, para finales de 2024 o principios de 2025. Dado que España se ha adherido a la Carta Social, deberá acatar las decisiones del Comité.
Los sindicatos CCOO y UGT argumentan que la indemnización por despido debe tener en cuenta las circunstancias personales y familiares del trabajador despedido, ya que consideran que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a grupos vulnerables con mayores dificultades para encontrar empleo. Moreno González-Aller aconseja a las empresas que se adelanten a esta decisión y que establezcan reglas claras antes de que los jueces tengan que decidir sobre montos de indemnización dentro de un rango excesivamente amplio.
Yolanda Cano, "of counsel" de Labormatters, señaló que es necesario esperar para ver qué sucede en los países que ya han recibido informes del ECSR y aún no han realizado cambios en sus legislaciones. Además, Pedro Alonso, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, planteó la pregunta: "¿Qué empresa puede convivir con un anuncio de cierre?" Esto se refiere a las dificultades que plantea el Real Decreto 608/2023, que exige que las empresas que planeen cerrar y despedir a 50 o más trabajadores notifiquen su decisión con seis meses de antelación.
Puy Abril, también socia de Labormatters, informó que ya existen sentencias de la Audiencia Nacional que establecen la obligación de proporcionar el registro salarial, aunque con información individual. Sin embargo, considera que esta práctica es cuestionable y que están buscando alternativas junto con los sindicatos para evitar tener que entregar registros de este tipo. Además, señaló que "todas las empresas con más de 50 empleados han tenido que apresurarse con los planes de igualdad, lo que ha impedido que los sindicatos respondan en el plazo requerido por la ley. Sin embargo, también hay fallos que establecen que la incapacidad de los sindicatos para responder no debe llevar a la denegación de la inscripción de los planes de igualdad."
Juan Sebastián Fernández-Simal, director adjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social territorial de Madrid, explicó que el departamento trabaja con un plan de actuación planificado que incluye más de 100 campañas. También mencionó que ya han recibido las directrices para 2024. Sin embargo, lamentó la falta de personal a pesar de las nuevas contrataciones realizadas, especialmente en un contexto de proliferación de normativas. En Madrid, solo hay 82 inspectores para más de tres millones de afiliados, lo que significa un inspector por cada casi 46,000 afiliados. Las actuaciones planificadas para 2023 se dividen en un 23% relacionadas con la prevención de riesgos laborales (16,000), un 22,22% en empleo y relaciones laborales (15,372), un 27,71% en Seguridad Social (19,172), y un 27,71% en economía irregular y trabajo de extranjeros (19,172). En total, se prevén 69,176 actuaciones para 2023.
(El Economista, 29-09-2023)
