El Congreso tramitará una ley que para que haya al menos un cajero automático por municipio

Los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de Vox, han expresado su respaldo en el Pleno a la consideración de una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña para garantizar que haya al menos un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes. Los diputados encargados de presentar la ley son Jordi Orobitg (ERC), Jordi Munell (Junts) y Joan Carles Gallego (En Comú Podem).

Los ponentes han argumentado que la responsabilidad de instalar estos cajeros debería recaer en los bancos, sobre todo a la luz de los resultados financieros del 2023, cuando la gran banca española registró beneficios superiores a los 26.000 millones de euros.

Jordi Orobitg, de Esquerra, ha destacado la importancia de garantizar el acceso a servicios bancarios básicos, especialmente para los más vulnerables. Esto cobra mayor relevancia ante la disminución del número de sucursales bancarias en los últimos años en España, pasando de cerca de 46.000 en 2008 a unas 17.000 en septiembre de 2023.

Ante este escenario, y considerando que el acceso a una cuenta bancaria debería ser un derecho fundamental, Orobitg ha llamado a implementar un enfoque de liderazgo público que movilice recursos privados para proporcionar servicios de cajeros automáticos en municipios en riesgo de exclusión financiera.

Jordi Munell, de Junts, ha denunciado que la exclusión financiera afecta principalmente a personas mayores, muchas de las cuales solían realizar gestiones como cobrar la pensión o pagar recibos en ventanilla, y ahora se ven "obligadas" a aprender a utilizar herramientas "más complejas", como Bizum o la banca digital.

Por su parte, Joan Carles Gallego, de En Comú Podem, ha señalado que, mientras la banca registraba beneficios de 26.000 millones de euros en 2023, había 1.500 sucursales y 6.000 trabajadores menos que en 2021. Esto ha provocado que, mientras antes una sucursal atendía a unas 1.500 personas, actualmente atiende a más de 2.500.

Desde el PSOE, la diputada Alicia Álvarez González ha expresado el respaldo socialista a la consideración de la ley, aunque ha destacado que la normativa tiene "amplio margen de mejora", por lo que su partido espera presentar enmiendas durante su tramitación.

Álvarez también ha elogiado el papel de la exministra de Economía, Nadia Calviño, y el nuevo ministro, Carlos Cuerpo, en la lucha contra la exclusión financiera. Ha destacado que han buscado la implicación y el acuerdo de las entidades para establecer estrategias, lo que ha permitido que 158 municipios con 138.757 residentes ya no estén excluidos en esta materia.

En representación de Sumar, el diputado Félix Alonso, ha compartido las preocupaciones por el cierre de oficinas bancarias en los últimos años, lo que agrava los problemas de la España rural. Ha alertado que más de la mitad de los municipios españoles no tienen sucursal ni cajero automático, y solo el 5,2% de las personas mayores de 65 años tienen competencias digitales para realizar operaciones bancarias.

Por parte del PP, el diputado Santi Serra ha respaldado la consideración de la propuesta, ya que considera que la escasez de servicios presenciales es una realidad. Sin embargo, ha recordado que una propuesta similar se registró en el Congreso tras su consideración en el Senado, pero su tramitación se prolongó "más de ocho meses" hasta que fue archivada con el adelanto electoral.

La diputada de Vox, Carina Mejías, ha señalado que actualmente existen desigualdades en la exclusión financiera según el territorio. Ha destacado que en Castilla y León, 1.767 pueblos carecen de servicios bancarios, mientras que en Madrid hay un cajero por cada kilómetro. Ha criticado al Gobierno por no cumplir y exigir a los bancos que cumplan con la exclusión financiera.

(El Mundo, 07-02-2024)

13/02/2024|