Patronal y sindicatos plantean las 37,5 horas semanales como un promedio anual adaptable por convenio

Los actores sociales han comenzado las negociaciones de manera bilateral, al margen del Gobierno, sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. Aunque este tema fue cerrado en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar, una inesperada rebelión conjunta de la patronal y los sindicatos contra las directrices de Yolanda Díaz ha obligado a considerar que sea un acuerdo entre la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT el que determine cómo se implementará la distribución del tiempo de trabajo en España.

El conflicto surgió la semana pasada en una reunión tensa en el Ministerio de Trabajo a la que, como es habitual, no asistió la vicepresidenta segunda, sino el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Según fuentes cercanas a la negociación, tanto los representantes de los empresarios como los de los trabajadores se unieron para exigir que se cumplan dos puntos básicos. Primero, que la jornada laboral de 37,5 horas semanales se calcule como un promedio en términos anuales, conforme lo establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo que permitirá adaptarlo por sectores y convenios colectivos.

La segunda demanda consiste en obtener información completa sobre las horas realmente trabajadas. La patronal y los sindicatos rechazaron los cálculos presentados por el Gobierno, argumentando que no reflejan la realidad de muchas empresas y trabajadores, y exigieron que se contabilicen las horas efectivas por sectores. El representante de Díaz accedió a la primera demanda y aceptó una negociación bipartita entre los representantes de los trabajadores y las empresas para diseñar este "cómputo anual", con la condición de que, si llegan a un acuerdo, lo vuelvan a negociar con el Ejecutivo. Sin embargo, se negó rotundamente en el otro punto.

A pesar de que la evolución de estas horas efectivas es crucial para la negociación, ya que afecta directamente a la productividad, las interpretaciones son aparentemente contradictorias. Mientras la CEOE argumenta que se trabajan "pocas horas" en España, los sindicatos consideran que este dato indica lo contrario, ya que el alto número de empleos a tiempo parcial "enmascara" un exceso de horas extras, muchas veces no remuneradas.

Ambas partes coinciden en la importancia de contar con información clara y segmentada para implementar la jornada laboral reducida de manera flexible y evitar distorsiones que afecten a la productividad, el empleo o los precios. Sin embargo, la resistencia del Ministerio de Trabajo a proporcionar este cálculo segmentado ha generado malestar entre los interlocutores sociales, quienes ahora se enfrentan a una negociación con información limitada que dificulta la consecución de un acuerdo considerado fundamental.

Los representantes de los trabajadores apoyan claramente la reducción de la jornada laboral, mientras que los representantes de los empresarios no lo hacen, pero se resignan. Ambos sectores tienen claro que, independientemente de su posición, la reducción de la jornada laboral es un hecho consumado, decidido en el acuerdo de Gobierno al margen del diálogo social. Su papel en esta negociación se ha visto reducido a buscar un acuerdo para implementarlo de la mejor manera posible. Sin embargo, la reunión con el Ministerio de Trabajo dejó claro que las directrices de Díaz dificultan este proceso.

En cualquier caso, trasladar la cuestión de la distribución de la jornada laboral semanal al ámbito de la negociación bipartita se considera una "victoria" frente al Ministerio de Trabajo, aunque en realidad solo implique cumplir lo que ya establece la ley. El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", lo que permite flexibilidad para alcanzar acuerdos que distribuyan las horas de trabajo efectivas de manera adecuada para cada sector.

(El Economista, 09-02-2024)

13/02/2024|