Trabajo exigirá a la empresa que demuestre que subvenciones, facturación y negocio no son suficientes para mantener a un empleado con discapacidad en plantilla

El Gobierno busca que antes de proceder al despido de un trabajador con discapacidad, las empresas estén obligadas a demostrar a la administración que la adaptación del empleado al entorno laboral o al puesto de trabajo representa una "carga excesiva" en términos de costos.

Para ello, la empresa deberá demostrar que las subvenciones destinadas a estos trabajadores, incluyendo los costos financieros y otros asociados a las medidas de adaptación, no son suficientes para compensar los gastos relacionados con el mantenimiento del empleo para personas con esta condición, ya sea como resultado de un accidente o una enfermedad durante la relación laboral en la misma empresa, que resulte en una incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez.

Además, entre los requisitos que el Ministerio de Trabajo exige a las empresas para demostrar que no pueden retener a un empleado con discapacidad debido a una "carga excesiva", se incluyen el tamaño y el volumen de la organización o empresa.

Estos criterios para mantener el empleo de un trabajador con discapacidad en la empresa, que experimentó la nueva situación del empleado, se encuentran en la propuesta de modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, la cual está siendo discutida por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los representantes de la patronal y los sindicatos.

El objetivo del Ministerio de Trabajo es evitar que las empresas puedan despedir automáticamente a un trabajador que sufre una discapacidad de cualquier grado mientras está en relación laboral con la misma empresa. La propuesta distingue esta situación de otras causas de terminación del contrato, como el fallecimiento del trabajador.

El artículo 49.1 establece que la empresa no podrá rescindir el contrato de trabajo en casos de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total del trabajador si existe un puesto de trabajo adaptado o susceptible de ser adaptado a la capacidad laboral resultante del accidente o enfermedad, a menos que dichas medidas impliquen una carga excesiva para el empresario.

Para determinar si una carga es excesiva para la empresa, se considerará si esta carga es adecuadamente paliada mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costos financieros y otros asociados a dichas medidas, y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.

El Gobierno, con esta propuesta de ley que prohíbe el despido automático de trabajadores discapacitados, se alinea con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión, que insta a valorar la posibilidad de realizar ajustes razonables antes de proceder al despido, en cumplimiento de la Directiva 2000/78 de la Unión Europea sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación, especialmente en lo que respecta a la adaptación laboral para evitar la discriminación por motivos de discapacidad.

(Expansión, 09-02-2024)

13/02/2024|