Subir cotizaciones o más ayudas del Estado: la fórmula para ‘salvar’ la reforma de pensiones

El Gobierno y los representantes sindicales se han reunido en la mesa de negociación para abordar diversos cambios en el sistema de pensiones. Esta reunión sigue a un fin de semana de 'reflexión' y lectura detenida del Ageing Report, un informe de la Comisión Europea que ha lanzado una severa advertencia a España por el alto gasto en pensiones que se prevé en las próximas décadas. Los técnicos de Bruselas anticipan que España no cumplirá con la regla de gasto y deberá aplicar un ajuste de alrededor de 12.000 millones de euros el próximo año, cuando se realice la primera revisión de la reforma de pensiones, aunque el Gobierno y los sindicatos están preparando una alternativa para cumplir con las directrices de Bruselas y mejorar los ingresos del sistema de pensiones.

Durante la primera parte de la reunión, se han analizado el "contenido" y las "consecuencias" del documento de la Comisión Europea que destaca a España como la economía comunitaria con mayor gasto en pensiones en las próximas décadas, según explicó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Existe una disparidad de perspectivas entre la Comisión Europea y el Ministerio de la Seguridad Social respecto al futuro de las pensiones, cada uno basado en indicadores con grandes diferencias que abarcan desde el saldo migratorio hasta la productividad y el mercado laboral.

El próximo año, la reforma de pensiones aprobada por el exministro José Luis Escrivá pasará por su primera revisión. La Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitirá el informe necesario para evaluar los resultados y, especialmente, la proyección del paquete de medidas, buscando siempre que el gasto medio previsto, descontando las medidas de ingresos introducidas, no supere el 13,3% del PIB.

"Somos conscientes de que hasta el año 2050 debemos seguir realizando revisiones y evaluaciones. Estamos dispuestos a abordar medidas adicionales tanto el próximo año como dentro de tres años, dado que es una revisión trienal", adelantó Carlos Bravo. Aunque la última opción sería actuar sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aumentando el tipo de cotización aplicado a trabajadores y empresas, que actualmente está en el 0,7% y subirá al 1,2% en 2032, el Gobierno está maniobrando y preparando un argumento de peso como alternativa: transferencias del Estado.

La ministra Elma Saiz abrió la puerta hace unas semanas en el Congreso de los Diputados a incrementar las transferencias del Estado a la Seguridad Social para culminar la separación de fuentes de financiación. Desde los Presupuestos de 2021 se incluye esta partida específica como recomendación del Pacto de Toledo, cuyo monto asciende a 39.000 millones a cargo del Tesoro. "Nuestra intención, aunque ya hemos avanzado en gran parte del proceso, es completarlo con la separación total de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema", explicó.

En esta misma línea, Bravo destacó parte del esfuerzo destinado a incrementar los ingresos de las pensiones. "Todavía falta completar la transferencia presupuestaria comprometida por parte del Tesoro. La ausencia de Presupuestos en 2024 ha impedido completar este proceso. Todavía tenemos parte del sistema que no está afectado por el principio de separación de fuentes, por lo que hay medidas que se pueden implementar junto con otras", explicó el negociador de CCOO.

Dentro del paquete de medidas para mejorar los ingresos, el sindicato CCOO consideraría valorar el efecto de la jubilación demorada, una de las principales estrategias de la reforma aprobada en 2023 con la que el Gobierno espera contrarrestar el gasto en pensiones en hasta 1,4 puntos del PIB. "Vemos este proceso con bastante tranquilidad. Creemos que está bien encaminado con las reformas de 2021 y 2023. Por tanto, no estamos muy preocupados", explicó Bravo. Esto va en línea con el mensaje del Gobierno, que busca calmar las preocupaciones tras la advertencia de la Comisión Europea.

(El Economista, 23-04-2024)

23/04/2024|