El Supremo abre la puerta a revisar las sanciones tributarias ya juzgadas

El Tribunal Supremo (TS) ha sentado un precedente al permitir la revisión de sanciones impuestas por la Agencia Tributaria que ya han sido juzgadas por otros tribunales. La sentencia, que anula por primera vez una multa por infracción penal a un contribuyente, se basa en el reexamen de una sentencia previa aceptado por el Alto Tribunal.

Actualmente, el recurso de casación no suele permitir revisar hechos ya establecidos por tribunales inferiores. Sin embargo, el Supremo ha adoptado el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 30 de junio de 2020, que establece que la revisión de una sentencia confirmatoria de una resolución administrativa imponiendo una sanción penal puede realizarse a través del recurso de casación. No obstante, su admisión dependerá de la justificación en el escrito de preparación de la naturaleza penal de la infracción sancionada y de los fundamentos de las infracciones atribuidas en la sentencia recurrida que confirmó la resolución administrativa sancionadora.

"La regulación legal vigente, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no impide que la impugnación de una sanción confirmada en la instancia pueda ser examinada en casación por el Tribunal Supremo", concluye el Alto Tribunal en su fallo del 5 de abril, con el magistrado José Antonio Montero Fernández como ponente.

El caso se originó a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria que determinó la emisión de facturas falsas por parte de un proveedor a una empresa, seguido de una posterior distribución de dinero entre los socios de la empresa. La Agencia Tributaria emitió una liquidación y sancionó a los contribuyentes, además de iniciar un procedimiento penal. Sin embargo, el Juzgado de Penal número 5 de A Coruña absolvió a los acusados debido a falta de pruebas suficientes sobre la falsedad de las facturas.

El Tribunal Supremo indica que la inspección de Hacienda se basó en presunciones para relacionar a la mujer administradora de la empresa en la trama de las facturas falsas. Aunque la inspección no imputó hechos concretos a la mujer, se le atribuyó recibir sumas de dinero por su condición de socia minoritaria y cónyuge del administrador. El Supremo concluye que dichos hechos podrían inferir su participación, pero también podrían interpretarse como una imputación por su condición de socia, por lo que decide anular las sanciones confirmadas por la Agencia Tributaria.

(El Economista, 24-04-2024)

30/04/2024|