Las empresas catalanas, en vísperas de las elecciones, reclaman estabilidad política y rebajas fiscales

También se demanda una mayor colaboración entre el sector público y privado, simplificar la legislación, reducir la burocracia, establecer un nuevo modelo de financiación y desbloquear proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock.

La campaña electoral en Cataluña está llegando a su fin este viernes, y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la próxima legislatura. Exigen un cambio en la dirección económica, política y tributaria, con el objetivo de lograr estabilidad y recuperar el liderazgo como la comunidad autónoma que más contribuye al PIB. Además, reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años, e incluso décadas, en espera, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación.

La reducción de impuestos también es una demanda compartida. Según Foment del Treball, Cataluña enfrenta un "infierno fiscal", según su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat contradice completamente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también considera que la fiscalidad es "excesiva", por lo que pide un cambio en este aspecto.

Cataluña cuenta con la mayor cantidad de tributos propios entre todas las comunidades autónomas, con un total de once en vigor actualmente. Según Foment del Treball, estos impuestos son una "barrera" para atraer inversiones y nuevas empresas. Además, plantea la necesidad de revisar los tipos impositivos en Sucesiones, ya que dificultan el acceso a la vivienda, y eliminar el impuesto de Patrimonio, que consideran "confiscatorio".

El tema de la vivienda está en el centro del debate, especialmente después de la entrada en vigor de límites al alquiler en 141 municipios considerados "tensionados". Durante la campaña, el Govern de ERC anunció su extensión a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña critica los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan, lo que, en su opinión, aumenta la tensión en el mercado y no logra el objetivo de reducir los precios.

Otro punto en común entre los agentes económicos es la mejora en la financiación de la Generalitat. En una declaración firmada por una veintena de organizaciones empresariales a principios de marzo, se pedía un "pacto fiscal" basado en el concierto y el cupo, o un "modelo federal" en el que todos los impuestos sean gestionados por un consorcio compuesto por Hacienda y la Generalitat.

Cuando el Parlament rechazó las cuentas consensuadas entre ERC y el PSC, los comunes argumentaron que no se estaba vetando el proyecto de Hard Rock, el complejo de ocio y juego proyectado en Tarragona desde hace más de 10 años. Sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, enfatizó la necesidad de inversión para diversificar el turismo y lamentó la desinformación sobre el proyecto. También destacó la importancia de apoyar la industria petroquímica en la provincia.

Existen numerosas inversiones bloqueadas, algunas de las cuales serían financiadas por el Estado, pero han sido objeto de fuerte oposición por parte del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana.

El retraso en el desarrollo de energía renovable, un área en la que Cataluña había sido pionera, también preocupa, al igual que la sequía, que según el último barómetro del Colegio de Economistas, es la principal preocupación entre los empresarios. A pesar de los anuncios del Govern sobre inversiones, muchos proyectos diseñados hace años se paralizaron debido a los recortes impulsados por el expresidente Artur Mas en 2011.

Además, existe una preocupación persistente por el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, considera que la administración es "asfixiante", y la patronal Cecot propone la creación de una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público.

Otro objetivo común es recuperar el liderazgo autonómico, ya que desde 2017, Madrid ha superado a Cataluña como la autonomía que más contribuye al PIB nacional. El empresariado insta a poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.

(Expansión, 10-05-2024)

15/05/2024|