El Supremo desestima la conversión automática y judicial de los interinos en fijos

Malas noticias para quienes esperan que los tribunales, y especialmente el Tribunal Supremo, resuelvan sus aspiraciones de convertirse en empleados fijos de las administraciones públicas tras años de servicio como interinos. En una reciente sentencia del 29 de abril, el Tribunal Supremo ha dictaminado que acceder a la función pública sin pasar por las correspondientes pruebas u oposiciones "es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública". Este modelo se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los empleados laborales, que están regulados por el Estatuto de los Trabajadores y protegidos por la negociación colectiva, similar al sector privado.

Además, el Tribunal Supremo aclara que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE del 22 de febrero no obliga a España a convertir automáticamente en funcionarios o empleados fijos a todos los interinos de la administración. Luxemburgo señaló que la legislación española no aborda adecuadamente este problema y sugirió que, mientras se resuelve, la mejor sanción para las administraciones que abusen de los interinos es convertir sus contratos temporales en fijos.

El TJUE indicó que "el Derecho español no disuade adecuadamente a las administraciones públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria durante años". También enfatizó que corresponde a los tribunales españoles ajustar la jurisprudencia en este aspecto, siempre que sea compatible con la legislación europea.

Mientras España resuelve este vacío legal, el TJUE recomendó que la mejor sanción para las administraciones que abusen de los interinos es convertir esos contratos temporales en fijos. Sin embargo, el Tribunal Supremo expresó dudas sobre la claridad de la sentencia europea y, el 7 de marzo, preguntó al tribunal de Luxemburgo cómo hacer compatible esta doctrina con las normas españolas de acceso al empleo público y con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Dos meses después, el Tribunal Supremo concluye que de la sentencia europea no se deriva la necesidad de convertir automáticamente a los trabajadores indefinidos no fijos en fijos. Esto se debe a que es incompatible con el sistema español de autoorganización de su administración pública, que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito, aplicables tanto a funcionarios públicos como a empleados laborales. Cita además jurisprudencia del Tribunal Constitucional y subraya que la sentencia del TJUE no establece una igualdad radical entre los regímenes jurídicos de trabajadores fijos y temporales.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo, aunque es un obiter dicta (un argumento tangencial que apoya la sentencia sin ser central a ella), es significativo porque anticipa cómo podría resolver los numerosos casos pendientes sobre esta cuestión. El Gobierno estima que 300.000 interinos podrían reclamar convertirse en funcionarios sin pasar oposiciones después de años de trabajo. La legislatura pasada ya había iniciado un proceso de regularización para estas personas, cifra que el Registro de personal del sector público eleva a 600.000.

El Tribunal Supremo aclara que un trabajador indefinido no fijo es alguien que ha ingresado en la administración sin pasar por un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, capacidad y mérito, y por lo tanto, puede ser despedido si un funcionario que ha pasado oposiciones ocupa su plaza.

Un trabajador indefinido no fijo no puede participar en concursos de traslados convocados para funcionarios y trabajadores fijos por oposición. Esto se debe a que no ha obtenido su plaza mediante oposición y conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La sentencia deniega la solicitud de una trabajadora interina de participar en un concurso para la provisión de puestos de trabajo adscritos al personal laboral en Castilla y León, restringido a trabajadores fijos.

La sentencia cita la doctrina del Tribunal Constitucional y justifica la exclusión de los indefinidos no fijos de los procesos de traslados de los fijos, argumentando que el ingreso sin un proceso selectivo adecuado es un dato objetivo que explica esta medida. La Junta de Castilla y León no discrimina a la trabajadora al no permitirle participar en el concurso de traslados, ya que no cumple con las condiciones requeridas. El principio de igualdad prohíbe únicamente las desigualdades artificiosas o injustificadas.

(Expansión, 28-05-2024)

03/06/2024|