El Supremo evaluará la vulneración de la fiscalidad europea en fusiones y escisiones

Las diferencias aparentes entre la legislación fiscal española en materia de fusiones y reestructuraciones empresariales y la normativa europea común se han convertido en una creciente fuente de problemas para el Gobierno. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir una directiva. Esta situación ya ha provocado fallos en contra de los intereses de Hacienda en instancias superiores, y ahora el Tribunal Supremo ha decidido intervenir.

La controversia surge de las diferencias entre la normativa española y la directiva europea de 2009 sobre fusiones, cuyo objetivo es eliminar obstáculos fiscales a las reestructuraciones transfronterizas entre empresas en distintos países de la Unión Europea. En 2019, la Comisión Europea detectó que "la legislación española impone condiciones restrictivas a las escisiones totales de empresas que no están previstas en la directiva sobre fusiones". Específicamente, la normativa española exige que, para aplicar el régimen comunitario de neutralidad fiscal en las operaciones de escisión total, los accionistas de la empresa escindida mantengan la misma proporción de títulos en cada una de las nuevas sociedades receptoras de los activos. De no ser así, España requiere que los activos y pasivos transferidos se consideren ramas de actividad (unidades económicas autónomas), lo que impide acceder al régimen fiscal favorable de la directiva europea.

Bruselas considera que esta discrepancia "introduce una distorsión que afecta al mercado interior y crea inseguridad jurídica para las empresas". En 2019, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España, seguida de un dictamen pidiendo la eliminación de estas restricciones. Cinco años después, y tras considerar que "los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes", Bruselas ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, las denuncias previas ya habían generado disputas judiciales con fallos diversos.

El Tribunal Supremo ha decidido intervenir para establecer un criterio claro sobre este asunto. En un auto reciente, el magistrado Francisco Navarro Sanchís, en respuesta a un conflicto entre un contribuyente y Hacienda, donde la Audiencia Nacional avaló parcialmente las pretensiones del contribuyente, considera que es "de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia" abordar estos casos. Específicamente, el Supremo necesita aclarar "si en las escisiones totales y no proporcionales de sociedades es conforme con el Derecho de la Unión Europea que la aplicación del régimen de neutralidad fiscal" y el "diferimiento de la ganancia patrimonial" dependan de que los patrimonios adquiridos constituyan ramas de actividad diferenciadas, como exige la normativa española, "a falta de que la jurisprudencia comunitaria lo permita".

El Tribunal Supremo busca determinar si, en línea con la Directiva sobre fusiones de la UE, las condiciones que la legislación española impone podrían ser contrarias a la Directiva, que pretende no obstaculizar las reorganizaciones empresariales. En cuanto al caso específico en cuestión, el Supremo pretende aclarar si la rectificación de datos realizada por el contribuyente durante una inspección obliga a la Administración a presentar pruebas contrarias para refutar la veracidad de los datos aportados.

El auto del Tribunal Supremo ya sugiere que, en su evaluación, "podría ser necesaria la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial". Dado que la Comisión Europea ya ha remitido el asunto a la Corte de Luxemburgo, es previsible que el Tribunal Supremo espere su dictamen antes de pronunciarse.

El fallo de la justicia europea podría obligar al Gobierno a modificar la ley nacional para adaptarla plenamente a la directiva europea, bajo amenaza de una sanción significativa. De momento, el Ministerio de Hacienda está evaluando los argumentos de Bruselas antes de decidir si es necesario tomar medidas antes de escuchar al TJUE.

(Expansión, 29-05-2024)

03/06/2024|