Hacienda encara la devolución de 5.000 millones por el varapalo del TJUE al impuesto de hidrocarburos

El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que el tramo regional del impuesto sobre los hidrocarburos, que estuvo en vigor de 2013 a 2018, es incompatible con el derecho comunitario. Esta decisión ha provocado que Hacienda se enfrente a una oleada de solicitudes de indemnización por parte de las empresas.

Ayer, la Justicia europea dio otro golpe al sistema tributario español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, vigente entre 2013 y 2018, es ilegal por ser contrario al derecho comunitario establecer gravámenes diferenciados en cada región para un mismo producto destinado al mismo uso. Esta sentencia responde a una consulta del Tribunal Supremo y podría obligar a Hacienda a reembolsar alrededor de 5.000 millones de euros a los contribuyentes afectados.

El fallo sigue la recomendación del Abogado General de la Corte de Luxemburgo, emitida en enero, y responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al TJUE en diciembre de 2022, en relación con la directiva europea que reorganiza el régimen comunitario de imposición de productos energéticos y electricidad.

Según el fallo, anunciado ayer, la Corte de Luxemburgo concluye que dicha directiva comunitaria se opone a una normativa nacional que permita a las regiones o comunidades autónomas establecer tipos impositivos diferenciados para el mismo producto destinado al mismo uso según el territorio de consumo.

Aunque la normativa comunitaria prevé una serie de excepciones, el tribunal explica que estas se enumeran de manera "exhaustiva" y no incluyen el caso español. Además, aunque es posible implementar tratamientos diferenciados dentro de un Estado miembro, "es necesaria una autorización" que España no ha obtenido.

"Ninguna de las excepciones previstas por la Directiva autoriza expresamente a España a aplicar tipos del impuesto especial diferenciados según las comunidades autónomas en las que se consuman dichos productos. Este punto no ha sido discutido por el Gobierno español, que tampoco niega no haber obtenido una excepción específica para permitir a estas comunidades autónomas fijar tipos autonómicos diferenciados del Impuesto Especial de Hidrocarburos", concluye el tribunal, advirtiendo que la conducta del país "podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior, fragmentándolo y comprometiendo la libre circulación de mercancías". España, por tanto, debió alinearse con el espíritu armonizador de la regulación comunitaria.

El asunto que discutía el Supremo, y que motivó el pronunciamiento del TJUE, surgió de un conflicto entre el grupo petrolero Disa y la Agencia Tributaria, que inicialmente se resolvió a favor del Fisco en el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y en la Audiencia Nacional, y luego fue recurrido ante el Supremo. Los magistrados del Supremo elevaron una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, que ahora falla a favor de la compañía.

El caso de Disa ha sido dirigido por el abogado Julio César García, socio responsable del área de Tributación Corporativa de KPMG Abogados, junto con José Blanco, socio responsable del área de Impuestos Especiales y aduanas de KPMG Abogados.

"Tras esta sentencia, toca resolver los diferentes litigios en suspenso y afrontar la devolución de las cuotas de impuesto indebidamente pagadas durante los años 2013 a 2018. Las devoluciones podrían ascender a varios miles de millones de euros", señala Julio César García, quien además ha dirigido otros procedimientos sobre el tema, pendientes de resolución judicial en distintas instancias.

El fallo de la Justicia Europea implica la devolución de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, según las fuentes consultadas, correspondientes a la recaudación del impuesto durante el periodo 2013 a 2018, en que estuvo vigente. Este impuesto fue introducido después de que el TJUE anulase el "céntimo sanitario", que gravaba los hidrocarburos en el momento de su venta por carecer de finalidad específica. El tipo autonómico (de 0 a 4,8 céntimos por litro frente a los 2,4 del tramo estatal) fue derogado el 1 de enero de 2019. Desde entonces, España ha establecido un sistema que fija un tipo uniforme en todo el territorio nacional, en 4,8 céntimos por litro.

(Expansión, 31-05-2024)

03/06/2024|