Ya hay 60.000 falsos autónomos sanitarios

Miles de médicos y profesionales sanitarios, empleados como funcionarios en la sanidad pública, están siendo contratados como falsos autónomos en el sector privado. Esta práctica les permite combinar ambas actividades, pero al mismo tiempo reduce las oportunidades para que nuevos profesionales del sector puedan obtener estabilidad laboral a través de contratos como trabajadores por cuenta ajena, tanto en la sanidad pública como en la privada. Esta situación no solo precariza el empleo de nuevos profesionales, sino que también distorsiona el mercado laboral en el sector sanitario.

En concreto, UPTA cifra en 60.000 los falsos autónomos sanitarios, incrementándose en 10.000 en dos años. En total habría unos 138.000 falsos autónomos en nuestro país. En las próximas semanas, representantes de UPTA tienen programada una reunión con la alta Dirección de la Inspección de Trabajo para abordar el problema de los falsos autónomos. Esta problemática está generando un grave perjuicio a los profesionales que ejercen su actividad económica de manera legal en sus propios centros de trabajo, y se espera que la reunión permita encontrar soluciones que protejan los derechos laborales y mejoren la estabilidad de los profesionales sanitarios. Además, UPTA pretende discutir posibles medidas y regulaciones que aseguren un mercado laboral más justo y equitativo en el ámbito de la sanidad.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, "esta situación perjudica seriamente la calidad asistencial de los profesionales sanitarios, un porcentaje muy elevado trabaja para la sanidad pública en jornadas maratonianas para posteriormente seguir con su actividad profesional en clínicas y hospitales privados, trabajando para compañías de seguros o para estos centros sanitarios".

Contratar a un trabajador como autónomo mientras realiza actividades similares a las de un empleado en plantilla constituye un fraude de ley. Este fraude puede acarrear graves consecuencias para la empresa infractora. Si la Inspección de Trabajo detecta esta irregularidad, los empresarios podrían enfrentar importantes repercusiones económicas, incluyendo la obligación de pagar las cuotas atrasadas de los últimos cuatro años, más recargos, intereses y costes que pueden alcanzar hasta el 50%. Por ejemplo, un colaborador con una relación laboral de cuatro años que percibe 3.000 euros mensuales podría resultar en una Acta de Inspección de Trabajo con una sanción de 70.000 euros para el empresario.

El deterioro del trabajo autónomo es evidente. Los servicios profesionales ofrecidos por trabajadores autónomos en pequeñas clínicas no pueden competir con el modelo de aseguramiento privado. Los profesionales que trabajan como falsos autónomos, compatibilizando ambas actividades, reciben compensaciones económicas por los servicios privados muy inferiores a los costes medios necesarios para mantener una actividad económica sostenible y rentable. Esta situación no solo perjudica a los verdaderos autónomos, que se ven forzados a ajustar sus tarifas por debajo de un nivel sostenible, sino que también contribuye a la precarización laboral y a la desvalorización de los servicios profesionales.

Para UPTA, la principal medida para combatir esta situación es prohibir el ejercicio simultáneo de la profesión en el ámbito público y privado. Esto no solo mejoraría la contratación laboral, sino que también reduciría la competencia desleal que enfrentan los autónomos en sus clínicas y ayudaría a combatir el fenómeno de los falsos autónomos. Esta práctica está creciendo y permite a grandes empresas mercantilizar un aspecto esencial del bienestar social como la salud.

Abad concluye, "ya es hora de poner en marcha incompatibilidades en el ejercicio de profesiones sanitarias en el ámbito público y privado. Es uno de los grandes feudos de laboralidad encubierta, por este motivo, miles de jóvenes profesionales sanitarios abandonan nuestro país para buscar relaciones laborales que les permitan vivir dignamente".

(El Economista, 03-06-2024)

03/06/2024|