Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia

Nueva ofensiva del Ministerio de Consumo. Esta vez, contra las plataformas de alquiler turístico. El departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado una investigación contra estas plataformas por anunciar pisos sin licencia, después de confirmar que muchas de estas viviendas operan ilegalmente, según la información oficial proporcionada por autoridades autonómicas y municipales con competencia en este ámbito, según anunció este miércoles en un comunicado.

La Dirección General de Consumo ha enviado solicitudes a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que publicitan. Aunque el ministerio no especifica a qué empresas se ha dirigido, las principales plataformas de alquiler turístico en España son Airbnb y Booking.com. Lo que sí aclara el comunicado es que la investigación no se enfoca en los particulares que alquilan su vivienda, sino en la "actividad y responsabilidad" de los grandes arrendadores o empresas que gestionan un gran número de pisos turísticos.

Tras el parón de la pandemia, el alquiler turístico ha vuelto a crecer en España. En el primer trimestre de 2024, las viviendas turísticas alcanzaron las 287.000 plazas en las 25 principales ciudades de España, un 11% más que antes de la crisis del coronavirus, según datos de Airdna recogidos por el lobi Exceltur. El problema radica en que una parte importante de estas ofertas no cuenta con las autorizaciones administrativas exigidas ni está inscrita en el registro de la comunidad autónoma correspondiente.

Según Consumo, las plataformas que incluyen en su oferta pisos turísticos ilegales podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, lo que constituiría una infracción que puede "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", según la Dirección General de Consumo.

La apertura de esta investigación no prejuzga el resultado final de la misma, pero la Dirección General de Consumo advierte que con la información obtenida de la consulta se estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores que "pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede superar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido".

Esta investigación se conoce pocos días después de la multa de 150 millones de euros impuesta a cuatro aerolíneas -Vueling, Volotea, Ryanair y EasyJet- por cobrar por el equipaje de mano, tras una investigación iniciada un año antes. Unos días antes, a principios de mayo, este departamento también había abierto expedientes sancionadores a grandes operadores de comercio electrónico por posibles rebajas engañosas durante el 'Black Friday'.

(El Periódico, 06-06-2024)

10/06/2024|