El 32% de los jueces tiene más de un 150% de trabajo de lo previsto

El 21,7% de los órganos judiciales tiene una carga de trabajo de entre el 150% y el 200% del módulo establecido por el CGPJ, y el 10,71% supera el 200%. Aunque se suele asociar la excesiva carga de trabajo y la presión con los grandes despachos o consultoras, este problema también afecta a otros ámbitos del sector legal, incluidos los funcionarios de los órganos judiciales. Aunque las razones son diferentes, estos funcionarios soportan cargas de trabajo muy por encima de lo considerado razonable.

Según el informe "Órganos que alcanzan el 150% de la carga de trabajo. Datos del año 2023", elaborado por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 21,73% de los órganos judiciales en España (tanto unipersonales como colegiados) maneja una carga de trabajo que oscila entre el 150% y el 200% del módulo de entrada fijado por el CGPJ, mientras que el 10,71% supera el 200% de dicho módulo.

Los órganos judiciales con mayor carga de trabajo son los juzgados de primera instancia, donde el 43,25% supera el 200% de su módulo de entrada. Además, dos de cada diez juzgados de lo social tienen una carga de trabajo entre un 150% y un 175% por encima del módulo. La situación es aún más crítica en los juzgados de lo mercantil, ya que el 40% de estos juzgados superan el 200% del módulo de entrada, y el 14,85% se encuentra entre el 175% y el 200%.

En cuanto a los órganos colegiados, un 41,51% de las secciones de las audiencias provinciales con competencia exclusivamente civil tienen una carga de asuntos que supera el 150% del módulo de entrada: el 13,21% maneja entre el 150% y el 175% más; el 14,15% está entre el 175% y el 200%, y el mismo porcentaje (14,15%) está por encima del 200%.

Debido a esta excesiva carga de trabajo, los miembros de la comisión permanente del CGPJ y Juan Martínez Moya, vocal que preside la comisión nacional de seguridad y salud de la carrera judicial, informaron la semana pasada a representantes de las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, y Foro Judicial Independiente) sobre las acciones emprendidas por el órgano de gobierno de los jueces para proteger la salud laboral de los integrantes de la carrera judicial.

Por ejemplo, además de la elaboración del informe, la comisión permanente aprobó en abril la actualización del mapa de riesgos y alertas, basado en la recopilación de datos sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales, así como el protocolo que regula la aplicación de dicho mapa.

Esta es una de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2023, que ordenó al órgano de gobierno de los jueces regular la carga de trabajo de los miembros de la carrera judicial para proteger su salud laboral.

(Expansión, 04-06-2024)

10/06/2024|