El Abogado de la UE considera discriminatorio pagar dietas más bajas a las azafatas que a los pilotos

El Abogado General de la UE considera que el hecho de que el colectivo de trabajadores de cabina de Air Nostrum -mayoritariamente mujeres- reciba dietas menores que los pilotos -en su mayoría hombres- por realizar los mismos vuelos, viola la directiva europea sobre discriminación laboral. Así, la justicia europea volverá a examinar un posible caso de trato discriminatorio por razón de sexo entre diferentes empleados de una misma empresa, tras recibir una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional.

Este caso se originó por una demanda contra la aerolínea valenciana, que opera bajo la marca Iberia Regional gracias a un acuerdo con Iberia desde hace décadas. Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aún no ha emitido su veredicto, el Abogado General de la UE ya ha presentado sus conclusiones este jueves. Este pronunciamiento no garantiza que el fallo final siga la misma línea, pero en la mayoría de los casos suele coincidir.

La pregunta elevada por la Audiencia Nacional al TJUE surge de un caso iniciado en 2002, enfrentando al Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de las Líneas Aéreas (STAVLA) con Air Nostrum. Los representantes de los trabajadores presentaron un recurso para anular parcialmente el convenio aplicado al personal de cabina, argumentando una discriminación indirecta por sexo en cuanto a las dietas diarias de manutención, ya que este colectivo está compuesto en un 94% por mujeres, mientras que el 93,71% de los pilotos son hombres.

Air Nostrum negó la discriminación, alegando que ambos grupos de empleados se rigen por convenios colectivos distintos, negociados con sus respectivos representantes, siendo el convenio de las trabajadoras de cabina el primero en firmarse. La Audiencia Nacional consideró que esta distinción no justificaba las diferentes dietas, ya que las dietas de manutención no se consideran salario y, por tanto, no deberían variar en función de las tareas realizadas. No obstante, la discriminación sería más evidente si ambos colectivos se rigieran por el mismo convenio, un dilema que trasladó al TJUE.

Aunque el STAVLA desistió en 2023, la Fiscalía continuó el caso, y la Audiencia Nacional mantuvo la consulta a las instancias judiciales europeas. Este jueves, el Abogado General ha propuesto al tribunal europeo que declare contraria a la directiva comunitaria la situación actual, a pesar de que ambos grupos de trabajadores se rijan por convenios distintos.

El letrado polaco, Maciej Szpunar, subraya que corresponde a la Audiencia Nacional determinar si la discriminación indirecta es real, pero presenta argumentos que refuerzan esta postura. Indica que las dietas son parte de las condiciones de trabajo, no del salario, por lo que la directiva comunitaria es aplicable. Además, los porcentajes mencionados prueban que un grupo de mujeres está siendo peor remunerado que un grupo de hombres, colocándolas en desventaja. Szpunar también argumenta que el hecho de que los convenios hayan sido negociados no justifica una diferencia de trato tan significativa.

Finalmente, el Abogado General señala que la compañía no ha presentado pruebas objetivas que contradigan esta interpretación y justifiquen las diferencias en las dietas, aunque deja abierta la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas que demuestren que la medida no es discriminatoria. En ese caso, la justicia española deberá determinar si esas pruebas son suficientes y adecuadas.

La justicia europea ya ha abordado anteriormente casos de discriminación laboral en España. En febrero de 2022, el TJUE reconoció el derecho de las empleadas del hogar, un sector con más del 90% de mujeres, a cobrar la prestación por desempleo, determinando que la negativa de la Seguridad Social era discriminatoria. Esto llevó a la aprobación de un decreto por el Consejo de Ministros que corrigió la normativa española y otorgó este derecho al colectivo.

Por ahora, no hay plazos establecidos para la resolución final del TJUE. Si el fallo coincide con lo propuesto por el Abogado General, la Audiencia Nacional deberá resolver el caso, y podría ser necesaria una modificación normativa similar a la que se realizó para las empleadas del hogar.

(El País, 07-06-2024)

10/06/2024|