Hacienda acelera el tributo mínimo global del 15% que recaudará 3.500 millones de 833 multinacionales

El Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación del tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades, que afectará a 126 grupos con matriz española y 707 extranjeros con filiales en el país. El Gobierno ha decidido acelerar la adopción de este nuevo tipo mínimo global para grandes empresas, tras recibir amenazas de Bruselas sobre posibles acciones legales debido al retraso en su implementación. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que transpone la directiva comunitaria correspondiente, iniciando así la tramitación parlamentaria de una norma que impactará a 833 multinacionales en España.

Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que el objetivo de esta medida es "combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios de los grandes grupos multinacionales a jurisdicciones con menor fiscalidad", mediante la adopción de esta imposición mínima común acordada por 138 países de la OCDE. Este es el denominado Pilar 2, mientras se espera un incierto acuerdo sobre el Pilar 1, que implicaría el reparto de la recaudación de las multinacionales digitales entre los territorios donde operan sin presencia física. "Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, armonizado, y basado en la premisa que siempre ha defendido este Gobierno: quien más gana, más debe contribuir a la sociedad", enfatizó la vicepresidenta.

El nuevo tipo mínimo global del 15% sobre el resultado contable ajustado afectará a las grandes multinacionales y grupos empresariales con una facturación neta de al menos 750 millones de euros anuales, según los estados financieros consolidados de su matriz en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios, mediante un nuevo tributo complementario al Impuesto de Sociedades. En España, detalló la ministra de Hacienda, el nuevo gravamen afectará a 126 grupos con matriz española y a 707 multinacionales de matriz extranjera con filiales en el país.

La vicepresidenta no ofreció estimaciones sobre la posible recaudación adicional de esta medida, argumentando que dependerá en gran medida de las acciones de otros países. Después de todo, explicó, el impuesto exigirá gravar al menos el 15% del resultado contable ajustado de estas compañías en España, pero también permitirá obligarlas a tributar aquí por la diferencia hasta ese 15% en países donde paguen menos. Así, para conocer el impacto final del umbral mínimo, habrá que esperar a ver qué medidas toman los países con los que España comparte multinacionales, ya que, según Montero, es previsible que todos intenten retener en sus territorios una recaudación que las empresas pagarán de todos modos en otro Estado si ellos no la cobran.

En cualquier caso, desde la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han estimado preliminarmente que la nueva medida podría aumentar la recaudación en España en unos 3.500 millones de euros adicionales. En 2023, el Impuesto de Sociedades en España recaudó 35.060 millones, lo que representaría un incremento del 10%.

El nuevo tributo complementario se estructurará en tres configuraciones, explicó Montero. En primer lugar, habrá un impuesto nacional del 15% para asegurar que este sea el tipo efectivo real que pagan las multinacionales en el país. "El hecho de que España ya cuente con un tipo mínimo del 15% hace menos probable que se aplique este mínimo de la directiva, salvo que haya una diferencia con la legislación española", explicó.

En segundo lugar, se prevé un impuesto complementario primario que se aplicará a la matriz de una multinacional con sede en España que obtenga rentas de filiales situadas en el extranjero sujetas a tipos inferiores al 15%. Finalmente, habrá un impuesto secundario que actuará como "sistema de cierre" para garantizar la imposición mínima, exigiendo a las filiales españolas de un grupo extranjero la tributación correspondiente a su matriz en el exterior si en su sede no paga al menos el 15%.

España, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, tenía hasta el 31 de diciembre de 2023 para transponer a la legislación nacional la directiva comunitaria que adopta el tipo mínimo acordado en la OCDE. Aunque el Gobierno intentó impulsar el texto en la primavera de 2023, la disolución de las Cortes debido al adelanto electoral y la posterior demora en formar un nuevo Gobierno retrasaron el proceso hasta que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el texto en diciembre.

Desde entonces, el anteproyecto ha pasado por los distintos órganos consultivos hasta su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros de ayer, que supone su remisión al Congreso de los Diputados para iniciar la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que esté aprobado antes del 31 de diciembre para aplicarse retroactivamente sobre todo el ejercicio fiscal de 2024.

Cabe señalar que el pasado 23 de mayo, la Comisión Europea advirtió a España, junto con Portugal, Polonia, Lituania, Letonia y Chipre, que iban retrasados en la transposición de la directiva y amenazó con llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la UE si no aceleraban el proceso.

(Expansión, 05-06-2024)

10/06/2024|