Los fiscalistas creen que escasean en España leyes como la Ley Mbappé para atraer a contribuyentes

En la selección de dónde establecer sus proyectos y actividades, los profesionales y emprendedores internacionales consideran diversos factores, entre los cuales la fiscalidad tiene un peso significativo. Sin embargo, en España, la falta de incentivos tributarios sólidos no lo posiciona como una jurisdicción atractiva para captar talento extranjero. Esta situación ofrece oportunidades de mejora para que el legislador implemente reformas orientadas a atraer ese talento internacional y, en consecuencia, aumentar la recaudación.

Un ejemplo claro de esta oportunidad lo proporciona el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que está finalizando una propuesta de "deducción por inversiones de nuevos contribuyentes extranjeros", contemplada en el Anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de las Normas Legales de la Comunidad sobre impuestos cedidos por el Estado. Esta iniciativa ha sido denominada como Ley Mbappé.

"Es una medida diseñada específicamente para atraer talento extranjero, lo que constituye una novedad muy positiva en el panorama fiscal español, donde son escasos los incentivos para atraer personas de fuera de España", explica Ricardo García-Borregón, socio del Departamento de Derecho Fiscal de Ashurst. La Comunidad de Madrid prevé atraer "hasta un máximo de 30.000 contribuyentes en el primer año de aplicación, que podrían beneficiarse de una deducción estimada de 60 millones de euros", según el informe de análisis de impacto presupuestario. "Un aspecto destacado de esta medida es que las inversiones que dan derecho a la deducción, tanto en valores de deuda como de capital, no tienen por qué estar directamente vinculadas con la Comunidad de Madrid", señala García-Borregón. "Es decir, pueden ser inversiones en empresas domiciliadas en otras comunidades autónomas o incluso fuera de España, siempre que no estén ubicadas en paraísos fiscales si la inversión no cotiza", aclara.

"Esto contrasta con otras deducciones ya existentes en Madrid creadas para fomentar la inversión en sociedades, como las relacionadas con inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil o la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o recientemente creadas. Estas exigen, en ambos casos, que la sociedad en la que se invierte tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid", señala el abogado. "No sería sorprendente que, durante el proceso de tramitación, la redacción de la norma pueda modificarse para exigir un vínculo de la inversión con la Comunidad de Madrid", añade.

En cualquier caso, Ricardo García-Borregón considera esta normativa como "muy positiva". En su opinión, los incentivos existentes en España "son escasos y limitados". Como oportunidades para mejorar el régimen español, García-Borregón destaca que, a diferencia de otras jurisdicciones, en España no existen incentivos fiscales para fomentar la reubicación, como reducciones o exenciones para las primas pagadas a empleados en el año en que trasladan su domicilio.

"Además, en el caso de las remuneraciones plurianuales (bonus), se contempla una reducción del 30% de las mismas, pero está limitada a un máximo de 300.000 euros y solo se puede aplicar una vez cada seis años, lo que no lo convierte en un incentivo fiscal especialmente atractivo", afirma el abogado. "Los incentivos fiscales para las entregas gratuitas (o a precios reducidos) de acciones se limitan a 12.000 euros anuales, y se requiere que la oferta se haga a todos los trabajadores de la empresa, lo que lo convierte en un incentivo con poco valor práctico", señala.

El abogado recuerda que una de las razones por las cuales España fue descartada mayoritariamente como destino después del Brexit fue que, en ese momento, no existía un régimen fiscal especial para el llamado carried interest, los rendimientos derivados de acciones u otros derechos otorgados a los equipos gestores de entidades de capital riesgo. En España se consideraban rendimientos del trabajo sujetos a tipos máximos que en algunos casos superaban el 50%, el doble que en países del entorno.

"Cuando la decisión sobre el destino del cambio de ubicación depende de quién puede verse perjudicado o beneficiado por la fiscalidad del país de destino, se entiende que España fuera, en muchos casos, rápidamente descartada", señala García-Borregón. "Si bien la Ley 28/2022 trató de poner fin a esta desventaja competitiva, introduciendo una reducción del 50% de estos rendimientos, la regulación no es tan satisfactoria como se esperaba, al establecer un ámbito subjetivo muy limitado y unos requisitos que no siempre son fáciles de cumplir", concluye.

(Expansión, 05-06-2024)

10/06/2024|