La pyme dice al Gobierno que “basta ya de injerencias y de incriminar a los empresarios”

Los empresarios han comunicado al Gobierno que "basta ya de injerencias" en la organización interna de las empresas y en su "estigmatización" ante la sociedad. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se excusó por problemas de agenda y se ausentó a última hora de la clausura de la asamblea anual de Cepyme, celebrada esta tarde en Madrid.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) emitió hoy el comunicado más duro de su historia contra un Gobierno. Lo hizo en su asamblea anual, cansada de lo que considera ataques continuos del Ejecutivo hacia la figura del empresario, la regulación constante de las prácticas del sector privado, la invasión de la negociación colectiva y la organización interna de las empresas.

"Por la libertad de empresa" es el lema del manifiesto que Cepyme leyó en su asamblea anual. La importancia radica en que las pequeñas y medianas empresas representan más del 99,8% del tejido productivo español, generando cerca de 11 millones de empleos. "Decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa", proclamaron.

Cepyme protesta "ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España".

Los empresarios deploran lo que consideran prácticas abusivas del Ejecutivo: "La sobrerregulación y el control excesivo que se está imponiendo sobre la empresa; las políticas continuas que aumentan la carga de costes y burocracia, y el discurso estigmatizador sobre el empresario. Se está procurando un cambio cultural que persigue los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios".

El manifiesto exige al Gobierno que "renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario". Según ellos, "en los últimos años, se han aprobado medidas de control, supervisión y sanciones basadas en una desconfianza infundada hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario", lo que consideran un trato discriminatorio.

La confederación, presidida por Gerardo Cuerva, recalca que "el objetivo de las empresas es obtener beneficios. Y esto no debe avergonzarnos. Sólo las empresas con beneficios sobreviven y pueden invertir, aumentar sus plantillas e incrementar los salarios". Por lo tanto, "basta ya de aplicar al empresario el principio de culpabilidad en cualquiera de sus acciones". El manifiesto también protesta por la injerencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la negociación colectiva y la implementación de reformas sin consultar a los agentes sociales, especialmente a los empresarios.

Cepyme pide "respetar el diálogo bipartito entre sindicatos y empresarios. Las relaciones laborales en nuestro país se basan en las cerca de 5.000 mesas de negociación colectiva, donde se negocian y adaptan no sólo los salarios, sino también las condiciones de trabajo a cada realidad sectorial o empresarial".

Critican la cesión del Gobierno al PNV para permitir la investidura de Pedro Sánchez, dándole prevalencia a los convenios autonómicos y provinciales sobre los de ámbito nacional. "Reformar sin consenso la estructura de la negociación colectiva y modificar la prevalencia de los convenios incrementa la desigualdad, menoscaba la productividad y obstaculiza el desarrollo económico".

Cepyme sostiene que hay que evitar romper el equilibrio interno de los convenios con novedades que se quieren aplicar de inmediato. Los empresarios también critican a Díaz por su proyecto de encarecer el despido improcedente, que actualmente tiene una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de retribución. "Considerar que la mejor garantía del empleo es prohibir el despido, como preconiza el Gobierno, es ignorar el funcionamiento del mercado y de la empresa y caminar en sentido opuesto a nuestros vecinos europeos".

Para los empresarios, "encarecer el despido, ampliar las causas de nulidad e introducir incertidumbre en su tramitación son malas soluciones por las que apuesta el Gobierno a un problema que sólo ha creado él".

Además, Cepyme protesta porque, durante la gestión del Gobierno de coalición, el salario mínimo interprofesional ha crecido un 54%, pasando de 736 a 1.134 euros mensuales. "Esto supone una desvirtuación de la negociación salarial bipartita, anulando convenios y acuerdos firmados, rompiendo su equilibrio y deslegitimando la estructura que sindicatos y empresarios han construido desde hace ya más de un siglo. Además, tensa la relación entre el trabajador y la empresa al aumentar la conflictividad en la plantilla por la homogeneización de salarios".

(El Mundo, 04-07-2024)

08/07/2024|