La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, propondrá en el diálogo social el aumento de la indemnización por despido improcedente, siguiendo la reciente recomendación del Consejo de Europa a través del Comité de Derechos Sociales.

Antes de Díaz, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, declaró que para el Gobierno "es una obligación" cumplir con lo que indica dicho Comité. Entre otras cosas, el dictamen señala que, en algunos casos, "los límites máximos de indemnización podrían llevar a los empleadores a hacer un cálculo pragmático del coste financiero de un despido improcedente basado en un análisis de costes y beneficios. En algunas situaciones, esto podría fomentar despidos improcedentes por parte de las empresas".

En resumen, el Comité critica que el empresario tenga la certeza de que la indemnización por despido improcedente esté limitada a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de dos años de salario, sin considerar el daño moral o económico que haya podido sufrir el trabajador.

Por estas razones, Pérez Rey afirmó que "es necesario buscar una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio para evitar despidos arbitrarios por parte del empresario y que sea consecuente con los despidos sin causa". "No puede ser que despedir a alguien sin motivo alguno, sin justificación, sea prácticamente gratuito para las empresas", explicó el secretario de Estado.

Por otro lado, Pérez Rey mostró hoy a la patronal CEOE que el Gobierno "será flexible" con las empresas y sectores para que puedan aplicar la reducción de la jornada laboral según sus circunstancias, siempre y cuando la patronal participe en el acuerdo tripartito con los sindicatos. Esto incluye medir el tiempo de trabajo en términos anuales, una de las demandas de los empresarios.

Yolanda Díaz, por su parte, declaró que "la patronal tiene que moverse" en la negociación. El Gobierno pretende reducir la jornada laboral, sin reducir el salario, de 40 a 37,5 horas semanales. Para ello, continuará negociando con la patronal y los sindicatos el 9 de septiembre, con la esperanza de alcanzar un acuerdo para esa fecha.

Pérez Rey explicó que la mayoría de los convenios vigentes caducan entre 2025 y 2026, "momento en el que las empresas pueden negociar las nuevas condiciones laborales", incluyendo la jornada laboral. Los dirigentes de UGT, Fernando Luján, y de CCOO, Carlos Gutiérrez, indicaron que los sindicatos también están dispuestos a ser flexibles con el sector privado en la reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, añadieron que su objetivo es que la medida se implemente de inmediato.

Trabajo también presentó a la patronal y a los sindicatos la obligación de las empresas de respetar la llamada desconexión digital: una vez terminada la jornada laboral, la empresa no puede llamar al trabajador ni ponerse en contacto con él por ningún otro medio.

(La Vanguardia, 30-07-2024)