La prestación, concebida como un mecanismo de apoyo para personas en situación de pobreza o exclusión social, benefició a 667.412 personas, según los datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales. Esta cifra es considerablemente mayor que la registrada en 2009, durante la crisis financiera, cuando 422.207 personas accedieron a esta ayuda gestionada por las comunidades autónomas.

El año 2020 marcó un cambio significativo con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida del Gobierno para combatir la pobreza y fomentar la inserción laboral. Varias comunidades autónomas aprovecharon la implementación del IMV para reducir el número de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y, con ello, el gasto destinado a su financiamiento. Desde 2020, el número de personas que reciben esta ayuda ha disminuido en 128.449. Un ejemplo notable es la Comunidad de Madrid, que pasó de tener 78.200 beneficiarios en 2020 a poco más de 21.200 dos años después. Según Alberto Reyero, socio director de Empatía, "la ley de Renta Mínima de Madrid, vigente desde 2001, establece la incompatibilidad de esta prestación con otras similares; sin embargo, otras comunidades autónomas modificaron sus normativas para permitir que las personas en riesgo de exclusión pudieran acceder a ambas ayudas". En contraste, en otras regiones, el número de beneficiarios ha aumentado significativamente.

Esto se refleja en las cifras de gasto en RMI en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Díaz Ayuso ha reducido a la mitad el presupuesto destinado a esta ayuda. En 2009, Madrid dedicó 47,6 millones de euros, cifra que ascendió a 133,7 millones en 2020. Sin embargo, dos años después, el gasto apenas alcanzó los 25,2 millones de euros.

Estas cifras contrastan con las de Cataluña y el País Vasco, que en 2022 destinaron 526 y 379 millones de euros, respectivamente. En Canarias, el número de beneficiarios de la RMI se ha duplicado desde 2020, pasando de 20.200 a 46.100 personas según los últimos datos disponibles. Reyero subraya que "el gran problema fue que el IMV se aprobó apresuradamente, perdiéndose la oportunidad de armonizar las prestaciones para evitar disparidades entre comunidades autónomas".

La cuantía de la ayuda varía según la región. En el País Vasco, la prestación básica para un titular es de 800 euros al mes, seguida de Valencia, Cataluña y Navarra, que oscilan entre 664 y 658 euros. Extremadura se sitúa en torno a los 580 euros, mientras que Cantabria y Madrid no alcanzan los 470 euros.

El perfil de los beneficiarios es similar en todo el país. A nivel nacional, siete de cada diez perceptores (71,12%) son de nacionalidad española, mientras que el 28% son extranjeros. En comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Murcia, el porcentaje de receptores nacionales supera el 80%. Además, la mayoría de los beneficiarios son mujeres: de las 667.413 personas que recibieron la ayuda en 2022, 417.192 eran mujeres, lo que representa el 62,51% del total, evidenciando la feminización de la pobreza en España. Cataluña y Valencia reflejan claramente esta situación, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde 89.922 de los 113.220 beneficiarios son mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital se creó rápidamente durante la pandemia como una alternativa a la Renta Mínima de Inserción. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 17,5% de los beneficiarios de esta ayuda son extranjeros, lo que equivale a unos 337.000 de los más de 1,9 millones de personas que reciben esta prestación. Al igual que la Renta Mínima, el IMV tiene como objetivo garantizar la subsistencia de las personas más vulnerables y cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, la renta mínima pagada por las comunidades autónomas sigue siendo un último recurso para quienes no pueden acceder al IMV.

Un análisis reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el IMV, publicado este verano, señala que la creación de esta prestación "ha ampliado el número de hogares bajo el paraguas de una prestación de último recurso en comparación con la situación previa a su implementación". Según la AIReF, "antes de la implementación del IMV, en mayo de 2020, existían 239.227 hogares beneficiarios de rentas mínimas autonómicas. Para octubre de 2023, 513.871 hogares perciben IMV y/o renta mínima autonómica".

Además, la AIReF destaca que el IMV sigue llegando a hogares muy vulnerables, como lo demuestra el hecho de que la duración mediana en la prestación sea de 30 meses y que el 40% de los beneficiarios la hayan recibido desde su implementación en 2020. En su análisis, la AIReF insiste en la importancia de reducir el "non take up" (personas elegibles que no solicitan la prestación) para maximizar los beneficios potenciales del IMV. La Seguridad Social reconoció a principios de este año que existe una brecha significativa de beneficiarios potenciales que no solicitan la prestación y se comprometió a mejorar la cobertura.

(El Economista, 02-09-2024)