La reforma de la financiación acordada entre ERC y PSC busca equilibrar la "singularidad" demandada por el independentismo con la solidaridad entre territorios. La solución pactada por ambos partidos se presenta como una opción intermedia entre replicar el modelo del cupo vasco y establecer una ventanilla única para el pago de impuestos, como proponía el PSC con el desarrollo de un consorcio tributario.
La Hacienda catalana, tal como se menciona en el documento firmado por socialistas y republicanos, gestionará el 100% de los impuestos a través de la Agencia Tributaria autonómica ya existente, que se ampliará para convertirse en la única administración tributaria en la comunidad.
Actualmente, esta entidad cuenta con aproximadamente 850 empleados, en comparación con los 5.000 que tiene la Hacienda estatal en Cataluña. Así, se descarta la propuesta del consorcio defendida por el PSC, y la Generalitat obtendrá el control total de la recaudación fiscal mediante un organismo que evitará la supervisión del Estado. Además, Cataluña pagará dos sumas anuales al Estado: una por los servicios prestados en la comunidad y otra como contribución a la solidaridad con las regiones menos prósperas.
Fuentes de ERC informaron ayer que los detalles del modelo se discutirán en una comisión bilateral creada específicamente para este fin. Esta comisión comenzará a funcionar durante el primer semestre de 2025 y planificará el traspaso de la totalidad de los impuestos a la Generalitat. La formación independentista propone iniciar este proceso con el 100% del IRPF. Actualmente, Cataluña gestiona solo el 50% del IRPF, además del 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales y los tributos propios.
Más allá del método de recaudación, ERC no especificó cómo se recalcularán las transferencias del Estado para Cataluña bajo este nuevo esquema. Además de invocar el principio de ordinalidad -que establece que un territorio debe mantener su posición antes y después de aportar a la caja común-, los republicanos mencionaron una serie de "competencias no homogéneas" que deberían considerarse en el caso catalán, como el envejecimiento y la población en edad escolar.
Sin embargo, estos criterios también podrían ser exigidos por otras regiones, lo que implicaría reconsiderar las transferencias para todas las comunidades autónomas. Tampoco está claro el método para calcular la cuota de solidaridad interterritorial. Se ha indicado que se creará un órgano mixto Estado-Generalitat para auditar la ejecución de las inversiones en infraestructuras. Según los datos de 2021 analizados por Fedea, Cataluña es una de las tres comunidades que son contribuyentes netas, junto con Madrid y Baleares, es decir, que aportan más de lo que reciben.
(El Economista, 31-07-2024)
