Las convocatorias y licitaciones de la Administración Central han dejado sin distribuir 7.522 millones de euros de los fondos 'Next Generation', y las de las autonomías otros 3.622 millones. España necesita acelerar el desbloqueo de 26.000 millones de euros este semestre para cumplir con el calendario establecido.
A menos de dos años de que venza el plazo para utilizar los 163.800 millones de euros de fondos europeos, incluyendo ayudas y créditos blandos, España ha comprometido alrededor del 60% de los recursos y ha adjudicado un poco más de la mitad de las subvenciones previstas. Sin embargo, el Estado acumula remanentes por unos 11.000 millones de euros en fondos no distribuidos debido a convocatorias desiertas y enfrenta el reto de acelerar la ejecución de las reformas e inversiones pendientes para cumplir con el calendario europeo.
"Aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado por las administraciones públicas, es necesario seguir advirtiendo del esfuerzo que aún les queda por hacer para lograr adjudicar los fondos restantes en el poco tiempo que queda", alerta el informe "Avances hacia un futuro desafiante: Análisis de la ejecución del Plan de Recuperación en España hasta junio de 2024", publicado ayer por LLYC. El informe señala que se han comprometido 103.051 millones de euros (62,9% del total asignado al país) y se han adjudicado 42.642 millones (52,9% de las subvenciones previstas).
El documento advierte sobre el creciente volumen de remanentes, fondos no adjudicados que resultan de la diferencia entre el presupuesto de las convocatorias y licitaciones con fondos europeos y el saldo finalmente adjudicado a los beneficiarios. Ejemplos de fondos no adjudicados debido a convocatorias desiertas se han visto en las primeras rondas de grandes proyectos estratégicos de colaboración público-privada, como el Perte del Vehículo Eléctrico (VEC), el Agroalimentario y el Naval.
Según el informe, el saldo sin adjudicar asciende a 7.522 millones de euros (5.093 de convocatorias y 2.429 de licitaciones) en la Administración General del Estado y a 3.622 millones en las comunidades autónomas, sumando un total de 11.144 millones de remanentes hasta el 30 de junio de 2024. Si esta tendencia continúa, el documento estima que los fondos sin adjudicar podrían alcanzar los 17.448 millones en el caso de las subvenciones (21,63% del total), además de 4.145 millones en activos financieros y préstamos.
"Se trata de cifras muy relevantes cuyo aprovechamiento, dentro del tiempo disponible, debería tener planificado el Gobierno", subraya LLYC. Recuerda que la generación de remanentes no implica automáticamente su devolución a la Unión Europea, pero sí puede poner en riesgo el cobro de los fondos comunitarios si se incumple algún objetivo o compromiso de inversión. "Es por ello importante que el Gobierno asegure, si es preciso mediante la repetición de convocatorias y licitaciones, que la inversión prevista llegue a concretarse", afirma el informe, señalando que es lo que el Ministerio de Industria ha hecho con el Perte VEC. Los motivos más frecuentes de las convocatorias desiertas han sido la incapacidad de los interesados para cumplir con los requisitos exigidos, especialmente los temporales.
A pesar del problema de los remanentes, el informe destaca que hasta la fecha España ha cumplido oficialmente 181 de los 595 hitos de reforma y objetivos de inversión del Plan de Recuperación. El país tiene dos años para completar otros 414 compromisos (158 hitos y 256 objetivos) vinculados a seis desembolsos pendientes. Después de casi un año de retraso respecto al calendario inicial en el desbloqueo del cuarto desembolso, y tras la flexibilización de fechas en la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, el informe calcula que "para alcanzar el ritmo previsto" de ejecución "el Ejecutivo debe cumplir durante el último semestre del 2024 los 57 hitos de reforma y 61 objetivos de inversión pendientes, vinculados al desembolso de 26.258 millones", incluyendo la reforma fiscal comprometida con la UE.
En cuanto al reparto de los fondos hasta la fecha, los sectores más beneficiados han sido movilidad sostenible (11.532 millones), gracias a la apuesta del Gobierno por el ferrocarril; transición energética (11.417 millones); digitalización (7.305 millones), impulsada por el desarrollo del plan Kit Digital para pymes y el programa de modernización de las administraciones públicas; I+D+i (4.559 millones); e industria (6.010 millones).
(El Mundo, 30-07-2024)
