El impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno de los más criticados por la ciudadanía, pero también ha sido objeto de numerosas reducciones en los últimos años. Estas rebajas han sido impulsadas principalmente por los Gobiernos autonómicos, ya que, aunque el tributo es de carácter estatal, su gestión está transferida a las comunidades autónomas, lo que les permite aplicar bonificaciones y ajustar las tarifas. Desde hace años, los Ejecutivos regionales han utilizado esta capacidad fiscal para disminuir las cargas impositivas en sucesiones y donaciones, lo que ha provocado una disminución en los ingresos de más de 20.000 millones de euros entre 2002 y 2022. Por otro lado, otros tributos han seguido una tendencia contraria. Este es el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD), que ha generado 8.700 millones de euros adicionales para las arcas autonómicas en ese mismo periodo, debido a las sucesivas subidas fiscales. Así lo revela el reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha sido el campo de experimentación para las reducciones fiscales autonómicas. Las comunidades empezaron a incrementar los descuentos en este tributo, especialmente en las operaciones entre familiares cercanos. Actualmente, hay territorios donde prácticamente se ha eliminado el pago en determinados casos, como sucede en Cantabria, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla y León. En cuanto a las donaciones, el proceso ha sido similar.
La primera gran reducción de recaudación por este impuesto ocurrió en Cantabria en 2004, con una rebaja que disminuyó los ingresos en 19 millones de euros, según los datos de Fedea. A partir de entonces, se inició un efecto dominó, también conocido como "efecto frontera", en el que las comunidades vecinas seguían la tendencia de rebajar el impuesto para evitar la fuga de residentes.
En 2005, la Comunidad de Madrid tomó la delantera. Esta región, gobernada por el PP desde hace tres décadas, ha convertido los bajos impuestos en una de sus señas de identidad, favorecida por su fortaleza económica. Desde entonces, Madrid ha sido la comunidad que más ingresos ha perdido debido a las reducciones en el impuesto sobre herencias y donaciones, alcanzando una pérdida cercana a los 6.000 millones de euros en los últimos 20 años.
El actual gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha continuado con esta política. Tras reducir el impuesto a casi un pago simbólico entre familiares directos, en septiembre de este año anunció una nueva medida que amplía las bonificaciones para familiares colaterales, elevando la bonificación del 25% al 50% para operaciones entre hermanos, tíos y sobrinos.
A partir de 2008, antes de que la crisis financiera golpeara la economía, las reducciones fiscales comenzaron a ser más generalizadas. En promedio, la pérdida anual de recaudación ha sido de unos 1.000 millones de euros, y en 2021 y 2022 superó los 2.000 millones. Se espera que estas cifras sigan aumentando. Tras las elecciones autonómicas del año pasado, que llevaron al PP al poder en la mayoría de las comunidades, se han multiplicado los anuncios de bonificaciones y reducciones en este impuesto y en otros, como el de patrimonio y el tramo autonómico del IRPF.
Todo esto sucede mientras se espera una reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace una década. Los Gobiernos regionales reclaman más recursos, y el debate sobre la financiación especial que exigen los partidos independentistas para Cataluña sigue siendo un tema controvertido.
El ITP/AJD ha seguido una trayectoria opuesta. Este tributo, vinculado principalmente al sector inmobiliario y aplicado en las compraventas de viviendas de segunda mano, es el que más ingresos genera entre los impuestos cedidos a las comunidades (más de 10.000 millones, según los últimos datos de Hacienda, frente a los 3.000 millones de sucesiones y donaciones) y ha sido menos afectado por la competencia a la baja. Los Gobiernos autonómicos comenzaron a subir los tipos de este impuesto en 2010, tras la crisis financiera, con el objetivo de compensar la disminución de ingresos públicos.
(El País, 04-10-2024)