La reforma laboral trajo consigo un rediseño de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el objetivo de minimizar los despidos colectivos. Sin embargo, esta alternativa parece no estar cumpliendo su propósito. Según los datos más recientes, el número de trabajadores afectados por suspensiones y reducciones de jornada ha disminuido un 25,6% en el último año y un 61% desde 2022, mientras que las extinciones de contrato han aumentado un 11,9% anual y un 68% en comparación con hace dos años. Esto ocurre en un contexto de crecimiento significativo del PIB y niveles récord de empleo.

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes a los diez primeros meses del año, no incluyen aún el impacto de la DANA en Valencia ni los efectos de la activación del Mecanismo RED para el sector automovilístico. Este mecanismo, diseñado para enfrentar cambios estructurales en la industria y fomentar inversiones en España (como en la planta de Ford en Valencia), forma parte de las medidas introducidas en la nueva normativa laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta segunda del Gobierno.

Inicialmente, el nuevo esquema de los ERTE parecía efectivo. Durante los primeros diez meses de 2022, los despidos colectivos se redujeron un 50%, hasta los 19.476 casos, mientras los afectados por ERTE cayeron un 54%, situándose en 230.254. Este comportamiento se atribuía a la mejora de la situación post-pandemia y al fin de los confinamientos.

Sin embargo, en 2023 la tendencia cambió: los afectados por ERTE siguieron cayendo un 47,4%, pero los despidos aumentaron un 50% anual, alcanzando los 29.234. Esto se explica por el fin de los ERTE vinculados a la pandemia, que eran más flexibles, y la vuelta a las condiciones previas que llevaron a las empresas a optar nuevamente por ajustes tradicionales. Todo esto, a pesar de las restricciones para despedir impuestas tras la Guerra de Ucrania.

En 2024, los despidos han continuado creciendo un 11,9%, sumando 32.732, mientras los ERTE han retrocedido un 25,6%, con 90.048 afectados. En términos acumulados, las extinciones de empleo aumentaron un 68,1% respecto a 2022, y los ERTE disminuyeron un 60,98%.

Excluyendo 2021, los datos de 2024 son los más altos desde 2013, cuando la crisis financiera tocó fondo. Incluso superan en un 33% los registrados en el mismo periodo de 2019, año en el que los despidos ya mostraban un repunte que indicaba una desaceleración económica.

Un análisis comparativo revela que, salvo en 2006 y 2009, los ERTE siempre han afectado a más personas que los despidos colectivos en los últimos 20 años. Esto es lógico, ya que las empresas suelen optar primero por los ajustes temporales, que resultan menos costosos y más conciliadores.

Cabe destacar que los ERTE ganaron protagonismo durante la pandemia, lo que generó un debate político entre el PP y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre su autoría. Si bien ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez inventaron esta figura, ambos la reforzaron durante las crisis que enfrentaron. Pero ¿lograron realmente salvar más empleos de lo que se habría conseguido sin estos cambios?

Tras la reforma laboral de 2012, los despidos colectivos redujeron su peso en las regulaciones de empleo, aunque volvieron a incrementarse antes de la pandemia, alcanzando un 34% en 2019. Las medidas excepcionales durante la crisis sanitaria mejoraron notablemente la situación, reduciendo este porcentaje al 7,2% en 2021 y al 7,9% en 2022. Sin embargo, desde entonces, el peso de los despidos ha vuelto a aumentar, situándose en un 26,6% del total.

En conclusión, aunque se observa una leve mejoría en comparación con la etapa previa a la pandemia, persiste la duda de si esta evolución se debe al contexto económico favorable, con España liderando el crecimiento europeo en 2024, o a los efectos de los cambios introducidos en los ERTE.

(El Economista, 03-01-2024)