Europa elabora un borrador para regular las criptomonedas

Tras los informes del Banco Central Europeo (BCE) sobre la posible creación de un euro digital, los Gobiernos han tomado esta vez la iniciativa. A diferencia de la institución monetaria, no se proponen crear algo nuevo, sino más bien, poner algo de orden legal en un entorno que hasta ahora ha estado en una especie de tierra de nadie. Los movimientos por una mayor regulación llegan desde el seno de la Unión Europea, desde Reino Unido y desde España.

La iniciativa más destacada y trascendente para el mundo de las criptomonedas es sin duda la del club de países. A finales de septiembre, el Parlamento comunitario y el Consejo Europeo esbozó un borrador con visos de convertirse en Ley. Con este documento, la Unión Europea pretende establecer las bases de una legislación conjunta respecto a este tipo de activos. De aprobarse definitivamente, el club dejará un plazo de 18 meses para empezar a aplicarlo, dando así tiempo para adaptarse.

“Un marco legal específico es necesario a nivel europeo para hacer normas hechas a medida de los criptoactivos que todavía no están dentro de ninguna otra legislación ya vigente. Este marco deberá impulsar la innovación y la justa competencia además de proveer altos estándares de protección para los consumidores y garantizar la integridad del mercado. Con él, los servicios relacionados con criptoactivos deberían tener más fácil crecer y operar de forma transfronteriza dentro de la Unión”, explica el documento.

Los objetivos son ambiciosos. La Unión quiere fomentar el crecimiento de este mercado. A la vez, pretende proteger más a los usuarios de las plataformas que permiten operar con criptomonedas y también a los inversores que acudan a emisiones de criptoactivos. Por otro lado, las autoridades buscan blindarse ante iniciativas de criptomonedas de precio estable como la de libra de Facebook que podrían llegar a suponer un riesgo para la estabilidad financiera global por sus características.

Hasta el momento, uno de los variados focos de problemas en el mundo de los criptoactivos han sido las conocidas en la jerga como Initial Coin Offering (ICO). Esto no es otra cosa que una empresa o institución emitiendo su propia moneda digital. En ocasiones, los proyectos no estaban respaldados realmente por una actividad de negocio y, en otras, directamente eran una estafa.

Para atajar el peligro, salvo que la empresa sea pequeña y la emisión no supere el equivalente a un millón de euros en doce meses o se dirija a menos de 150 inversores o a profesionales, la Unión obligará a que aquellos que emitan criptoactivos ofrecidos al público elaboren un documento que explique riesgos y características del producto (conocido en la jerga como white paper) y a tener una oficina o filial en un país de la Unión. Por criptoactivos, la Unión entiende prácticamente toda clase, incluido los conocidos como Tokens, una parte del mercado que hasta ahora ha contado con menor vigilancia. El objetivo de obligar a tener presencia en la Unión si se pretende que sus ciudadanos inviertan, es que los emisores presenten ese documento obligatorio ante las autoridades del mercado del país correspondiente y que ellas decidan si lo aprueban o no. En caso de no ser aprobado, podrán advertir sobre la empresa.

Los catalogados como proveedores de servicio cripto, los exchanges en los que se adquieren las criptomonedas, los depositarios y los que aconsejen sobre inversión en estos activos, deberán tener oficina en un país de la Unión y contar con autorización del supervisor de los mercados pertinente. En caso de que un ciudadano europeo acuda por voluntad propia a un proveedor de servicio cripto de fuera de la Unión, no habría problema. El problema llegaría si es el proveedor de servicios cripto de fuera de la Unión el que acude buscando clientes sin tener oficina ni autorización en ella. En tal caso, sería ilegal.

15/11/2020|