Los tribunales espa\u00f1oles mantienen criterios dispares sobre si el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de 12 a\u00f1os debe ser retribuido. Mientras algunos jueces consideran que estas semanas deben abonarse al entender que Espa\u00f1a realiz\u00f3 una transposici\u00f3n incompleta de la normativa europea, otros rechazan esa interpretaci\u00f3n, aunque reconocen la existencia de resoluciones judiciales favorables al pago. Por ahora, los empleados p\u00fablicos son quienes m\u00e1s \u00e9xito est\u00e1n teniendo al reclamar judicialmente la remuneraci\u00f3n de este permiso, aunque tampoco existe unanimidad entre los tribunales. En el \u00e1mbito privado, en cambio, la tendencia mayoritaria es negar el derecho a percibir salario durante ese periodo.<\/p>\n
El origen del debate se encuentra en la directiva europea sobre conciliaci\u00f3n, que oblig\u00f3 a los Estados miembros a introducir un permiso parental de ocho semanas. El Gobierno espa\u00f1ol aprob\u00f3 este permiso en junio de 2023, pero dej\u00f3 sin concretar si ser\u00eda remunerado o no. Posteriormente, en julio de 2025, aclar\u00f3 mediante un real decreto-ley que dicho permiso no tendr\u00eda car\u00e1cter retribuido. Una de las resoluciones m\u00e1s favorables al pago fue dictada por el Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo de A Coru\u00f1a, que en marzo oblig\u00f3 a la Consejer\u00eda de Sanidad de Galicia a remunerar las semanas solicitadas por un trabajador en enero de 2025.<\/p>\n
El tribunal entendi\u00f3 que, al haberse solicitado el permiso antes de la aprobaci\u00f3n del decreto de 2025, segu\u00eda vigente la regulaci\u00f3n de 2023, que no aclaraba expresamente su naturaleza retributiva. En consecuencia, consider\u00f3 aplicable de forma directa la directiva europea, cuyo art\u00edculo 8 establece la obligaci\u00f3n de garantizar remuneraci\u00f3n para parte del permiso parental.<\/p>\n
Sin embargo, otros tribunales han mantenido la posici\u00f3n contraria. El Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco rechaz\u00f3 en marzo la remuneraci\u00f3n solicitada por un trabajador del sector privado que hab\u00eda pedido una semana de permiso en 2024. La Sala de lo Social argument\u00f3 que la directiva europea no tiene eficacia directa entre particulares y que, adem\u00e1s, no establece con suficiente precisi\u00f3n la obligaci\u00f3n de pago.<\/p>\n
No obstante, esta sentencia incluy\u00f3 un voto particular del magistrado Florentino Eguaras Mendiri, quien sostuvo que existe una desigualdad evidente entre empleados p\u00fablicos y privados. Seg\u00fan su criterio, quienes solicitaron el permiso antes de julio de 2025 deber\u00edan beneficiarse directamente de la norma europea, que reconoce el derecho a un periodo parental retribuido.<\/p>\n
El magistrado defendi\u00f3 que la directiva obliga a garantizar dos meses de permiso con compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, ya sea mediante salario o prestaci\u00f3n p\u00fablica. A su juicio, Espa\u00f1a no cumpli\u00f3 plenamente con esa exigencia, dejando una laguna normativa en el art\u00edculo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores al no concretar el mecanismo de remuneraci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n existen resoluciones contrarias incluso para empleados p\u00fablicos. El Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo n\u00famero 5 rechaz\u00f3 en abril la pretensi\u00f3n de un trabajador de la Administraci\u00f3n, pese a que hab\u00eda solicitado el permiso antes del decreto de 2025. El juzgado concluy\u00f3 que la directiva no impone de forma expresa la retribuci\u00f3n y record\u00f3 que la norma aprobada por el Gobierno excluy\u00f3 efectos retroactivos. En la misma l\u00ednea, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda deneg\u00f3 en enero la remuneraci\u00f3n solicitada por otro trabajador, al considerar que la directiva europea carece de la claridad suficiente para aplicarse directamente.<\/p>\n
La disparidad de criterios hace prever que el conflicto termine siendo resuelto por el Tribunal Supremo. Aunque el alto tribunal a\u00fan no se ha pronunciado de forma definitiva sobre la retribuci\u00f3n de este permiso, una resoluci\u00f3n de enero de 2026 ya dej\u00f3 entrever una posici\u00f3n poco favorable al reconocimiento autom\u00e1tico del pago. El Supremo deber\u00e1 aclarar, especialmente, qu\u00e9 sucede con los trabajadores que solicitaron el permiso entre junio de 2023 y julio de 2025, el periodo en el que la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola reconoc\u00eda el permiso parental pero no especificaba expresamente si deb\u00eda ser remunerado o no.<\/p>\n
(El Economista, 02-07-2026)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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