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El Gobierno podrá dar subvenciones sin concurso para evitar la fuga de empresas clave

El Ministerio de Industria ha iniciado el proceso de tramitación de una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que se espera aprobar a finales de este año. Esta nueva ley tiene como objetivo aumentar el nivel de industrialización del país y prevenir la deslocalización de empresas en sectores considerados estratégicos.

Para lograr este objetivo, el departamento dirigido por Jordi Hereu ha propuesto la creación de los 'Proyectos Industriales Estratégicos', que serán aquellas inversiones que el Gobierno considere clave y que podrán beneficiarse de subvenciones directas sin necesidad de un proceso competitivo, así como de plazos de tramitación más cortos.

Para que un proyecto pueda ser considerado estratégico, el borrador de la ley establece que debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: tener un volumen de inversión significativo a nivel nacional o en relación con la economía de las provincias donde se realice la inversión; formar parte de un ecosistema industrial estratégico o un PERTE; contar con una certificación para la autonomía estratégica; o prever una inversión que facilite una solución incluida en las propuestas de la Mesa de Reindustrialización, destinada a rescatar compañías estratégicas.

La declaración de estos proyectos será iniciada por la parte interesada ante el Ministerio de Industria, que solicitará un informe al nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, dependiente del presidente del Gobierno, y posteriormente se llevará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La nueva ley también incluirá instrumentos de planificación como la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que se revisará cada seis años, y el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica.

Estos documentos servirán para establecer las directrices de la política industrial y evaluar las acciones tomadas durante el período de seis años. La ley también propone la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo para la coordinación entre ministerios, contribuyendo a la elaboración de la estrategia mencionada, junto con otros organismos como la Escuela de Organización Industrial o el Consejo Económico y Social. Además, se regulará la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que emitirá un informe anual sobre la situación del sector.

La nueva ley creará las figuras de Ecosistemas Industriales Estratégicos, que contarán con un sistema de seguimiento periódico y podrán recibir ayudas sin necesidad de competencia. Se definirán hojas de ruta para la transición verde y digital, y se generarán cuadros de mando de indicadores para promover la simplificación administrativa. Las empresas podrán proponer mejoras en los trámites administrativos para reducir obstáculos al desarrollo industrial.

Los PERTE se reconocerán normativamente y se institucionalizará la figura para hacerla estructural, enmarcándose en un Ecosistema Industrial y a la espera de posibles prórrogas de los fondos europeos. El Ministerio también incorporará mecanismos para evitar la desindustrialización en sectores estratégicos mediante la ordenación de los procesos de reindustrialización.

La ley definirá los mecanismos de seguimiento de estos planes de reindustrialización, estableciendo que las empresas afectadas, que deben cumplir con un tamaño mínimo o pertenecer a un sector clave, deberán comunicar su cierre o reducción de actividad con al menos nueve meses de antelación a la Secretaría de Estado de Industria, para iniciar el proceso correspondiente y evitar sanciones.

La Mesa de Reindustrialización será el órgano encargado de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores, la empresa y las administraciones públicas involucradas (ayuntamientos, comunidades autónomas y estado). El Ministerio establecerá obligaciones para los beneficiarios de ayudas públicas, quienes deberán mantener la actividad productiva durante un período de tiempo determinado, que variará según el tamaño de la empresa.

La simplificación administrativa se analizará en la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Consejo Estatal de Política Industrial, presentándose anualmente un informe al Foro de Alto Nivel. La ley también incluirá medidas de protección para la industria intensiva en consumo energético, promoción del desarrollo de áreas industriales, emisión de certificados de impacto y certificación financiera o rating.

(El Economista, 03-07-2024)

08/07/2024|

La deuda pública repunta en marzo tras 11 trimestres seguidos a la baja

La deuda del Estado vuelve a alcanzar el 109% del PIB en un momento en el que se reactivan las normas fiscales, mientras que la deuda de las comunidades autónomas supera en 9 puntos el límite legal, con la Comunidad Valenciana y Cataluña a la cabeza. La deuda por habitante varía entre los 2.828 euros en Canarias y los 10.878 euros en Cataluña.

La deuda pública de España ha vuelto a aumentar justo cuando se reactivan las reglas fiscales europeas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) informó ayer que el endeudamiento total de las Administraciones Públicas del país cerró marzo en el 108,9% del PIB, rompiendo una racha de 11 trimestres consecutivos de disminución. El organismo, presidido por Cristina Herrero, también alertó sobre el exceso de deuda de las comunidades autónomas, destacando la gran disparidad entre ellas, y subrayó la necesidad de realizar ajustes.

La Airef recuerda que la respuesta del sector público a la pandemia incrementó la deuda española del 98,2% al 125,3% del PIB. Desde entonces, la deuda había disminuido hasta cerrar 2023 en el 107,7%. Sin embargo, su peso relativo ha vuelto a aumentar en 1,2 puntos, superando en más de 10 puntos los niveles previos a la pandemia. Según la actualización del Observatorio de deuda pública de la Airef, publicada ayer, "históricamente, el primer trimestre del año tiene una notable estacionalidad positiva debido a que los emisores públicos suelen aprovechar la favorable demanda de principio de año", a pesar de lo cual se ha roto una racha de 11 trimestres de reducción del ratio de deuda, tras un periodo de desaceleración en su descenso, con una reducción de 2,2 puntos en los últimos cuatro trimestres.

A pesar de la mejora relativa en comparación con el tamaño de una economía en expansión, la Airef destaca que, en términos monetarios, la deuda pública española no ha dejado de crecer, alcanzando los 1,604 billones en abril. Incluso en términos relativos, pese a haber reducido su peso en 16 puntos desde 2021, España sigue siendo uno de los países más endeudados de la UE, detrás de Grecia, Italia y Francia, y en línea con Bélgica.

En cuanto a las comunidades autónomas, la Airef relata cómo las sucesivas crisis han incrementado su deuda del 5,8% del PIB en 2007 a un máximo del 27,2% en 2020. Desde entonces, la ratio ha disminuido en 4,9 puntos, cerrando 2023 en el 22,2%, por debajo del umbral prepandemia. Sin embargo, este nivel sigue siendo 9,2 puntos superior al límite legal del 13% establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cumplido por última vez en 2010.

La situación varía significativamente entre territorios. Según la Airef, hay más de 30 puntos de diferencia entre los 42,4 puntos de deuda sobre el PIB de la Comunidad Valenciana, la región en peor situación, y los 12,1 puntos de Canarias, la que menor carga soporta.

En términos generales, 14 de las 17 comunidades superan la referencia del 13%, siendo País Vasco (12,7%) y Navarra (11,7%) las únicas, junto con Canarias, en cumplir el límite, aunque Madrid ya está cerca (13,3%). Las situaciones más críticas, después de la Comunidad Valenciana, son las de Castilla-La Mancha (31,5%), Murcia (31,4%) y Cataluña (31,1%).

Cataluña es la autonomía con mayor volumen de deuda en términos absolutos, con 87.300 millones de euros al cierre del primer trimestre, y per cápita, con 10.878 euros por habitante. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 57.700 millones acumulados y una carga de 10.842 euros por vecino. Además, la Airef calcula que el 75% de los mecanismos de financiación para las autonomías han sido consumidos por Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

La advertencia de la Airef llega en pleno debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, mientras el Gobierno negocia la condonación de su deuda, y en un momento en que la UE ha reactivado los límites de 60% del PIB en deuda y 3% en déficit. Al incumplirlos, España deberá presentar en septiembre un plan estructural de ajustes que garantice una senda descendente de la deuda a 10 años vista. El esfuerzo recaerá sobre todas las administraciones. De forma inercial, la deuda de las regiones caerá al 19,7% para 2028 y la Airef estima que para alcanzar el límite del 13% las autonomías deberán realizar ajustes anuales de 0,33 puntos del PIB hasta 2031; 0,11 puntos hasta 2037; o 0,08 puntos hasta 2041.

(El Mundo, 03-07-2024)

08/07/2024|

Asesores fiscales en el banquillo: pueden ser cómplices del delito contra Hacienda

Las dudas sobre la responsabilidad de los asesores fiscales en la forma en que sus clientes, los contribuyentes, cumplen con el pago de sus impuestos suelen resurgir en esta época del año, al finalizar el plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la del Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, este año la atención se ha centrado en el juicio mediático del Caso Nummaria, protagonizado por los actores de "Cuéntame cómo pasó", Imanol Arias y Ana Duato, acusados de varios delitos fiscales. Junto a ellos, también está siendo juzgado su asesor fiscal, Fernando de la Peña. La pregunta que surge es: ¿quién es responsable de declarar los impuestos de cierta manera?

Arias ha optado por un acuerdo de conformidad, admitiendo los delitos a cambio de una reducción de la pena, evitando así la prisión. Por otro lado, Duato ha decidido luchar legalmente. La Fiscalía acusa a la actriz de defraudar cerca de dos millones de euros entre 2010 y 2017, imputándole siete delitos fiscales, aunque podrían ser solo tres. Los cuatro correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2017 podrían no superar los 120.000 euros según un nuevo informe de la Agencia Tributaria. Si no se supera ese límite, no habría delito.

Hace unos días, Duato declaró ante el juez: "En aquella época, confiaba plenamente en un asesor". Y añadió: "Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento". ¿Es posible transferir la culpa al experto que asesora al contribuyente?

Eduardo Urbano, abogado penalista y asesor en Kepler Karst, recuerda que "durante mucho tiempo, como el delito fiscal se basa en una infracción de la obligación del contribuyente de pagar a Hacienda lo que le corresponde, se pensaba que era un delito que solo podían cometer los obligados". Pero además de la autoría, está la participación de terceros. Estos pueden ser cooperadores necesarios o coautores, o bien cooperadores auxiliares o cómplices.

"El asesor fiscal tiene la consideración de extraneus, alguien en quien no concurren las cualidades específicas de autor del delito, pero que evidentemente tiene un papel muy relevante", subraya el también magistrado en excedencia. Y es que los contribuyentes con ingresos de cierta complejidad deben recurrir a ellos para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, crear una estructura artificiosa para eludir el pago de impuestos requiere del consentimiento del obligado, explica Esaú Alarcón, socio fiscal del bufete Gibernau, que pone el acento en la formación de quien tiene que pagar los impuestos. "Si ves que ganas un millón de euros y pagas solo 100 mil, suena raro. Hay una culpa in vigilando", concluye.

Hubo un antes y un después tras una sentencia emblemática de Lionel Messi. El Tribunal Supremo señaló que también se debía acusar al asesor fiscal porque era evidente que el futbolista carecía de los conocimientos para tomar ciertas decisiones. "A partir de entonces, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya empiezan a llevar a juicio a los asesores", recuerda el penalista de Kepler Karst, reiterando que pueden responder como coautores o como cómplices, dependiendo del grado de participación.

En cuanto a la responsabilidad civil, Esaú Alarcón señala que cuando no se superan los 120.000 euros y, debido a un error del experto fiscal, Hacienda reclama una deuda y una sanción, es habitual que los asesores paguen. "Puede haber confeccionado mal una declaración o haber tenido un olvido y que sancionen al cliente. Entonces, puede responder de la sanción, pero no de la deuda".

"No puede ser que alguien que gana mucho piense que con tributar por sociedades al 25% soluciona sus problemas con Hacienda". Cuando se cuenta con una sociedad profesional y se prestan servicios personalísimos, el socio profesional debe llevarse al menos el 75% de los ingresos y tributar por ellos. Se conoce como puerto seguro, "una delgada línea roja que no puedes traspasar", subraya Alarcón.

Afrontar el procedimiento como un avestruz, escondiendo la cabeza y echándole toda la culpa al experto en fiscalidad no es una opción. En términos técnicos se conoce como la doctrina de la ignorancia deliberada, que puede resultar poco creíble ante un juez. La tendencia, por lo tanto, es que tanto el contribuyente como el asesor fiscal se sienten en el banquillo. Sin embargo, el asesor puede beneficiarse de un trato más favorable según lo establecido en el propio Código Penal, en el artículo 65.3, ya que casi nunca se le considera autor del delito: en todo caso, lo será el contribuyente.

En cuanto a la defensa penal, la fase de instrucción puede ser crucial. "Hay muchas cuestiones previas y procesales que terminan en absoluciones o determinan que el juicio no siga adelante", advierte Eduardo Urbano, abogado penalista y asesor en Kepler Karst. "La clave es la culpabilidad, determinar el conocimiento y el grado de voluntariedad. El delito fiscal es un delito doloso". También se pone el foco en el uso de informes contrapericiales.

Urbano, que también es magistrado en excedencia, señala un cansancio de los contribuyentes frente a la dureza de los inspectores de la Agencia Tributaria, por lo que actualmente se ven más inclinados a enfrentarse a ellos en los tribunales, muchos de ellos animados por casos emblemáticos como el de Xabi Alonso que, a diferencia de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, peleó hasta llegar al Tribunal Supremo. Finalmente, fueron absueltos él y sus asesores fiscales.

Es muy complicado que se derive la responsabilidad del delito al asesor fiscal. Para su defensa, habrá que detallar cómo se desarrolló esa asesoría, la relación y si hay constancia de que se informó al cliente.

(Cinco Días, 04-07-2024)

08/07/2024|

La Justicia pide más diligencia a la AEAT en sus notificaciones

La Audiencia Nacional ha criticado a Hacienda por dirigirse a los contribuyentes tanto por vía presencial como telemática de manera indistinta, lo que genera confusión, e insta a la Administración a utilizar siempre una única vía de comunicación. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo contencioso ha estimado el recurso de una empresa contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central del 3 de diciembre de 2019.

Los hechos se remontan a 2010, cuando Hacienda inició una inspección sobre los pagos del IVA de la empresa correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, tras lo cual fue incluida en el sistema de notificación electrónica NEO. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2013 que, de forma presencial, la Agencia Tributaria informó sobre la apertura de un expediente sancionador por la liquidación del IVA. No obstante, los términos de dicha liquidación fueron comunicados únicamente a través del registro NEO.

La empresa argumenta que, a pesar de estar incluida en el sistema NEO, todas las comunicaciones, excepto el acuerdo de liquidación, se habían realizado en su domicilio. Por lo tanto, asumió que la notificación del acuerdo de liquidación también se haría en su domicilio. "Lo que no puede hacer la Administración es cambiar este cauce de notificación en el domicilio de forma puntual y excepcional sin previa advertencia al administrado", sostenía la empresa afectada.

(Expansión, 04-07-2024)

08/07/2024|

Airef insta a Hacienda a negociar el ajuste de las reglas fiscales con las CCAA

Consenso, transparencia y ambición. Estas son algunas de las claves que España debe activar para abordar con éxito los ajustes derivados de las nuevas reglas fiscales europeas. Así lo expresó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al presentar su informe de Opinión sobre la nueva gobernanza fiscal europea. En él, insta al Ministerio de Hacienda a involucrar a las comunidades autónomas en el diseño del plan estructural de ajustes que se debe presentar en septiembre; a hacer público el límite de gasto neto impuesto por Bruselas; y a encarar una revisión integral tanto del marco fiscal nacional como del sistema de financiación regional.

"En un país descentralizado como el nuestro, el éxito del conjunto depende del éxito de las partes. Por ello, el éxito del plan de ajuste estructural depende de lograr el consenso más amplio posible", afirmó ayer la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Insistió en que el diseño del plan debe contar con la "participación de todas las administraciones públicas, incluyendo comunidades autónomas y entes locales". "Incluso sería deseable que pase por el Parlamento nacional, aunque no requiera su aprobación, al menos debería ser informado", añadió.

Las nuevas reglas fiscales reactivan los viejos límites comunes de un déficit del 3% del PIB y una deuda del 60%, pero permiten a cada país personalizar su senda de consolidación según su situación de partida. Los países incumplidores deberán presentar en septiembre a la Comisión Europea un plan de ajustes a cuatro años vista, o siete si incluye reformas estructurales, que asegure que la deuda pública se sitúe en una trayectoria descendente a los 10 años de su conclusión. En el caso de España, que aspira a reducir el déficit al límite del 3% a finales de este año, el gran desafío será la deuda. Aunque ha bajado del 125% al que llegó en 2021 al 108%, la AIReF estima que se estabilizará en torno al 100% a finales de esta década y volverá a subir en la próxima.

Aunque la reducción de la deuda es el gran objetivo del nuevo marco de gobernanza, la variable operativa que determinará la aplicación de las nuevas reglas fiscales será el límite de gasto primario neto de medidas de ingresos. Este tope se calcula para cada país según la evolución inercial de su deuda, su comportamiento bajo escenarios de estrés y shocks previos. Bruselas comunicó a cada país su trayectoria de referencia el pasado 21 de junio, y países como Austria y Holanda ya las han hecho públicas. Ayer, la AIReF instó al Gobierno español a hacer lo mismo en un ejercicio de transparencia que, de momento, el Ministerio de Hacienda no ha realizado.

Los cálculos de la AIReF indican que el límite del aumento del gasto neto de medidas de ingresos para España será del 2,7%, frente al 3,8% al que tiende y el incremento superior al 4,5% registrado en los últimos años. "Si el gasto sigue como hasta ahora, crecería en 26.000 millones cada año, y habría que reducirlo en 10.000 millones para cumplir la tasa de gasto", explica Lucía Rodríguez, subdirectora de la división de análisis económico de la AIReF, añadiendo que a cuatro años vista, ese ajuste anual sería de 0,63 puntos del PIB. Sin embargo, la AIReF asume que España optará por un plan a siete años, lo que implicaría un ajuste anual de 0,43 puntos, "unos 7.000 millones" al año hasta 2031.

Dado que la Administración Central concentra más del 70% de la deuda pública del país, pero las administraciones territoriales gestionan casi el 50% del gasto, la AIReF considera fundamental involucrar a las autonomías en el diseño del plan, aprovechando el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Hacienda ha anunciado para finales de junio, e incluso convocando una conferencia de presidentes regionales. Paralelamente, la AIReF ve necesario "modificar el marco fiscal nacional" para adaptarlo al europeo y abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

(Expansión, 04-07-2024)

08/07/2024|

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2024 por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual

Resolución de 13 de junio de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables.

(BOE, 19-06-2024)

08/07/2024|