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El Supremo rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado tras la sentencia de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía

El Tribunal Supremo ha emitido cuatro sentencias que restringen la posibilidad de que aquellos afectados por la antigua regulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como impuesto de plusvalía, reciban compensaciones del Estado. Esto dependerá de su capacidad para demostrar el perjuicio causado por la normativa previa que el Tribunal Constitucional consideró contraria a la Constitución en su sentencia de octubre de 2021, al contradecir el principio de capacidad económica. Hasta el momento, la Sala de lo Contencioso ha rechazado los cuatro primeros recursos presentados por empresas y particulares que reclamaban indemnizaciones al Estado por el pago de dicho impuesto, basando sus reclamaciones en la mencionada sentencia del tribunal constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 26 de octubre de 2021, declaró inconstitucional el método de determinación de la base imponible del impuesto contenido en dos artículos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Las decisiones de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo han examinado ahora las reclamaciones presentadas por aquellos que han invocado la responsabilidad patrimonial del Estado legislador como resultado de dicha sentencia del Tribunal Constitucional.

Lo que el Tribunal Constitucional hizo al resolver esos recursos de amparo fue limitar expresamente otras vías de reclamación al no permitir que, en base a su propia sentencia, se revisen obligaciones tributarias ya decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, o mediante resolución administrativa firme, o aquellas que no fueron impugnadas cuando se dictó la propia sentencia del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Tribunal Supremo concluye que la anulación de ciertos preceptos por parte del Tribunal Constitucional "no necesariamente conlleva calificar como antijurídico el pago de ciertas cantidades en concepto de impuesto, ni que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial".

La Sala de lo Contencioso especifica que para llegar a tal conclusión es necesario demostrar a través de los medios de prueba establecidos en la normativa tributaria que "el hecho imponible no ha ocurrido o ha ocurrido en una cantidad diferente a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas".

En resumen, los cuatro primeros recursos rechazados lo fueron porque ninguno de estos extremos fue demostrado en los casos examinados, ya que en dos de ellos los recurrentes reconocieron directamente un aumento del valor del terreno, y en los otros dos se permitió la estimación directa del valor mediante la prueba, sin que se alcanzara en ninguno de ellos el resultado deseado por la parte. Por lo tanto, el Tribunal Supremo considera que en estos cuatro casos "se confirmó la existencia de un aumento de valor del terreno y, en consecuencia, una manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen es plenamente compatible con la Constitución".

La sentencia del Tribunal Supremo insiste en que, aunque de una declaración de inconstitucionalidad se pueda deducir la presunción de la ilegalidad de los daños derivados de los actos de aplicación, esta presunción no es absoluta y puede ser desvirtuada por las circunstancias del caso concreto, como ocurrió en este caso. La conclusión de la sentencia es, por tanto, que en los casos analizados "no existe el automatismo pretendido por la parte actora, que infiere su derecho a la indemnización del simple hecho de haber pagado el impuesto".

Los demandantes, en resumen, omitieron que antes de la sentencia de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional había dictado otras sentencias sobre el tema. Se mencionan las resoluciones 59/2017, de 11 de mayo de 2017, y 126/2019, de 31 de octubre de 2019, argumentando que "facilitaron una prueba del hecho imponible en línea con lo declarado por la sentencia correspondiente a octubre de 2021, sin que se evidenciara una realidad patrimonial sujeta a tributación que contraviniera el principio de capacidad económica".

(Cinco Días, 15-02-2024)

20/02/2024|

¿Quién podrá reclamar la devolución del Impuesto de Plusvalía tras el fallo del Supremo?

Los jueces del Tribunal Supremo evitan que el Estado tenga que realizar devoluciones masivas del impuesto declarado inconstitucional, pero abren la posibilidad de que pueda ser reclamado en casos donde no haya habido aumento en el valor del terreno transmitido.

La decisión del Tribunal Supremo emitida ayer en relación al Impuesto de Plusvalía Municipal, luego de su declaración de inconstitucionalidad, presenta dos lecturas opuestas. Por un lado, los magistrados eximen al Estado de realizar devoluciones masivas del impuesto, que generaba alrededor de 2.500 millones de euros anuales, debido a su responsabilidad como legislador en la creación de un tributo anulado por el Tribunal Constitucional. No se otorgarán indemnizaciones por el impuesto aplicado a la transmisión de inmuebles cuando los terrenos en cuestión hayan experimentado una revalorización. Sin embargo, la sentencia del Supremo abre la puerta para que aquellos contribuyentes que hayan realizado la transacción sin obtener ganancia puedan reclamar una compensación al Estado.

La sentencia del Tribunal Supremo es una decisión que alivia las arcas públicas, dado que el impuesto solía recaudar alrededor de 2.500 millones de euros anuales, aunque brinda esperanza a una parte minoritaria de los contribuyentes afectados que no lograron ser compensados tras las sucesivas decisiones del Tribunal Constitucional sobre el tributo.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha desestimado los primeros cuatro recursos presentados por empresas y particulares que buscaban una indemnización al Estado por el pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, luego de su nulidad judicial.

Los recursos evaluados se basaban en la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2021, que declaró inconstitucional el método de cálculo del impuesto. Aunque el Tribunal Constitucional limitó la posibilidad de reclamar una compensación a aquellos que ya habían iniciado un proceso de reclamación, estos contribuyentes plantearon una acción por responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

El Tribunal Supremo dictaminó que la anulación de ciertos artículos de la Ley de Haciendas Locales "no necesariamente conlleva a calificar como injusto el pago de ciertas cantidades en concepto del impuesto o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño real desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial".

En resumen, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a indemnizaciones masivas por parte del Estado pero ha permitido reclamaciones individuales en casos donde no haya habido una ganancia en la transacción del terreno. Esto ocurre luego de las diversas decisiones del Tribunal Constitucional que cuestionaron el tributo desde 2017, lo que finalmente llevó al Gobierno a reformarlo.

(Expansión, 15-02-2024)

20/02/2024|

Trabajo asegura que solo uno de cada diez asalariados queda fuera de la protección de los convenios colectivos

El Ministerio de Trabajo ha anunciado un nuevo indicador que evalúa el nivel de salvaguarda otorgado a los empleados en España a través de los acuerdos colectivos, los cuales mejoran las disposiciones laborales fundamentales del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, que en 2023 alcanzó el 91,8%, reflejando el porcentaje de asalariados amparados por un acuerdo colectivo estatutario (de aplicación general, no solo para los signatarios) entre aproximadamente quince millones de relaciones laborales por cuenta ajena, correspondientes al número de trabajadores que actualmente tienen derecho a esta regulación laboral. "Esto indica que la negociación colectiva goza de una sólida salud", declaró el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey.

Esta tasa excluye a los trabajadores que no tienen derecho a estar protegidos por la negociación colectiva, como los autónomos, funcionarios, personal estatutario de administraciones públicas (ya sea permanente o temporal), altos directivos, consejeros, clérigos, presos con empleo, socios trabajadores de cooperativas, parlamentarios y trabajadores sociales. Descontando estos grupos, quedarían en España alrededor de quince millones de asalariados con este derecho, de los cuales catorce están cubiertos por algún acuerdo colectivo, ya sea sectorial, territorial o empresarial.

Las razones por las que este millón de asalariados con derecho a la negociación colectiva están fuera de esta cobertura son diversas. Una de ellas es la falta de una asociación patronal con la que negociar un acuerdo sectorial, como ocurre con las empleadas domésticas. Otros grupos de este millón de trabajadores tienen acuerdos de referencia, pero no son estatutarios, sino acuerdos parciales no firmados por organizaciones patronales y sindicales mayoritarias.

Según los datos publicados, las tasas de cobertura varían según el género, la profesión o la región de residencia. Por ejemplo, en 2023, casi el 95% de los hombres con derecho a un acuerdo colectivo estaban cubiertos, en contraste con el 88% de las mujeres (la presencia de estas últimas en profesiones como las empleadas domésticas, solo protegidas en un 2% por acuerdos colectivos, reduce la tasa). Los sectores con mayor porcentaje de empleados con condiciones reguladas en estos acuerdos son la hostelería y la construcción, con el 98% o más de sus trabajadores cubiertos. Por otro lado, las actividades con menos protección son, además de las empleadas domésticas, los empleados no funcionarios ni estatutarios de administraciones públicas, con poco más del 60% de sus trabajadores con acuerdo.

En términos regionales, Murcia lidera la lista con la mayor tasa de cobertura de negociación colectiva (98% de hombres y 92% de mujeres), seguida de Cataluña (96,5% de hombres y 91,4% de mujeres). Por el contrario, el País Vasco y Navarra, con menos del 80% de trabajadores protegidos por acuerdos, están en la parte inferior de la tabla.

Este nuevo método de medición reemplaza a los utilizados previamente por el Gobierno, que se basaban en proyecciones de la OCDE o la OIT para España y situaban la tasa de cobertura entre el 75% y el 80%, inferior a la calculada ahora por el Ministerio de Yolanda Díaz. Otra forma anterior de calcular este nivel de protección era el Registro de Convenios, pero ofrecía una visión estática y menos precisa de los trabajadores afectados.

Para esta nueva medición, el Ministerio de Trabajo ha utilizado los registros de la Seguridad Social, que desde 2015 incluyen un código de convenio en las inscripciones laborales. Respecto al momento de presentación de esta tasa, Trabajo ha señalado que coincide con la necesidad de cumplir con la directiva europea sobre el salario mínimo, que exige la publicación de estos datos de 2021 a 2023 a partir de octubre de 2025. Sin embargo, se aclara que este cambio no se hizo estrictamente por este motivo, sino que los responsables de Trabajo llevaban "años" queriendo cambiar la forma de medir los trabajadores afectados por los acuerdos.

(El País, 15-02-2024)

20/02/2024|

La marca blanca obliga a recortar 1.300 empleos

El auge de las marcas blancas está generando una ola de despidos en el sector alimentario. Las grandes cadenas de supermercados han aumentado la presencia de sus propias marcas hasta alcanzar casi la mitad del mercado, aprovechando la diferencia de precios con las marcas de los fabricantes. Esta situación está obligando a muchas empresas a buscar formas de reducir costos. Varios fabricantes están solicitando aumentos de precios para recuperar la rentabilidad, pero los distribuidores se están negando a aceptarlos.

La última empresa en anunciar medidas de ajuste fue Coca-Cola Europacific Partners, la embotelladora de la conocida marca de refrescos. Han presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a hasta 85 trabajadores de los centros de atención al cliente, la mayoría en Esplugues de Llobregat (Barcelona), así como en Madrid. La decisión de centralizar estos servicios en Bulgaria, donde los costos laborales son más bajos, se justifica por razones organizativas. Aunque este ajuste es relativamente pequeño considerando que Coca-Cola emplea a 3.900 trabajadores en España, se suma a una serie de despidos en el sector desde finales de 2022 debido a la disminución de la demanda.

Pepsico, el gigante de los refrescos y aperitivos, fue uno de los primeros en tomar medidas. En diciembre de 2022, la empresa llegó a un acuerdo con los sindicatos para despedir a 545 trabajadores entre fábricas y oficinas centrales. Este fue el mayor ajuste realizado hasta la fecha, ocurriendo justo un año antes de que Carrefour decidiera retirar todas las marcas de la multinacional estadounidense en varios países europeos debido a un aumento de precios considerado inaceptable.

Pero los despidos continúan. En enero, el juzgado mercantil número dos de Girona ordenó el cierre definitivo de Artigas Alimentària, una empresa cárnica histórica de Cataluña que había entrado en concurso de acreedores el año anterior. Tras rechazar una oferta de compra, la empresa despedirá a sus 170 trabajadores en las próximas semanas.

También se anunciaron ajustes en Danone y Bimbo. Danone cerrará una planta en Parets del Vallès (Barcelona), lo que significará la salida de 157 empleados. Bimbo, propietario de la marca Donuts, comunicó el cierre de su fábrica en El Verger, Alicante, y quedó fuera de los lineales de la cadena de supermercados Dia, lo que afectará a los noventa empleados de la planta, dedicada a la fabricación de pan tostado y snacks. Esta fábrica, con más de cincuenta años de historia, era un referente en una comarca con alta actividad turística.

(El Economista, 15-02-2024)

20/02/2024|

Las mujeres jóvenes ya cobran más que los hombres de su edad

El progreso hacia la igualdad de género en el ámbito laboral ha alcanzado un hito significativo. Según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2022, la brecha salarial entre hombres y mujeres jóvenes se ha cerrado por completo, e incluso las mujeres jóvenes están percibiendo salarios más altos que los hombres de su misma edad.

En concreto, las mujeres jóvenes ganaron un 3,8% más que los hombres jóvenes por cada hora trabajada. Hace una década, esta brecha salarial estaba notablemente inclinada hacia los hombres, quienes ingresaban al mercado laboral con casi un 10% más de salario que las mujeres. Desde el primer momento, existía una marcada desigualdad. Sin embargo, la brecha se ha reducido rápidamente y en los últimos años se ha vuelto negativa. Esto se debe a que las mujeres jóvenes tienen niveles educativos más altos que los hombres.

Muchos hombres abandonan prematuramente sus estudios para ingresar en sectores laborales que no requieren formación específica, como la hostelería, el comercio, la agricultura o la construcción. Por el contrario, la mayoría de las mujeres prolongan sus estudios y acceden al mercado laboral con empleos de mayor calificación. Esta disparidad explica la brecha salarial negativa observada. Las estadísticas oficiales sobre la brecha salarial no están ajustadas por tipo de empleo debido a la dificultad de comparar niveles de responsabilidad y complementos salariales entre empresas diferentes, y también porque el tipo de empleo refleja la desigualdad en el mercado laboral, como las dificultades para ascender o la mayor presencia de empleos a tiempo parcial entre las mujeres.

En el siguiente grupo de edad, de 25 a 34 años, la brecha salarial prácticamente ha desaparecido. En 2022, el salario por hora de los hombres apenas era un 2,3% superior al de las mujeres, una diferencia que podría atribuirse al margen de error estadístico. Esto significa que casi no existe brecha salarial y, de hecho, en los últimos años se ha observado una estabilización cercana al 0%, lo que indica una igualdad plena en los salarios.

Los avances logrados en los últimos 15 años han sido significativos. Por ejemplo, en 2007, durante el auge de la burbuja inmobiliaria, los hombres de 25 a 34 años ganaban casi un 12% más que las mujeres de esa misma franja de edad. Las empresas ahora tratan a los trabajadores jóvenes en condiciones de igualdad. Sin embargo, persiste una brecha significativa en generaciones mayores. Por ejemplo, los hombres de 35 a 44 años ganan un 6,2% más que las mujeres, y esta diferencia aumenta con la edad, llegando al extremo de que los hombres mayores de 65 años ganan un 28% más que las mujeres de esa misma edad.

(El Confidencial, 15-02-2024)

20/02/2024|

Cataluña volvió a liderar en 2023 la pérdida de empresas

Con un saldo negativo de 128, que se aceleró en el último trimestre en medio de la controversia por la amnistía y el acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar el retorno de empresas a Cataluña, Madrid ha registrado el mayor saldo positivo, sumando 71 nuevas compañías a su entorno productivo. Las empresas españolas muestran una movilidad mayor de la que se percibe a simple vista. Muchas de ellas no dudan en trasladarse cada año hacia destinos más favorables para sus negocios, ya sea en busca de menos obstáculos burocráticos, impuestos más asequibles, mayor libertad y facilidades, seguridad jurídica y estabilidad política e institucional, o escapando de lugares que no cumplen con estos requisitos o que, directamente, son percibidos como hostiles.

Después del proceso independentista, que desencadenó un éxodo empresarial sin precedentes con la salida de miles de negocios de la región, Cataluña no ha recuperado su situación anterior. Aunque la salida de empresas se ha moderado en comparación con los años difíciles de 2017 y 2018, cuando se perdieron más de 3.300 compañías solo en esos dos años, nunca ha dejado de producirse.

La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de "aprovechar la necesidad" para mantenerse en el poder mediante acuerdos con los separatistas, como una ley de amnistía (actualmente paralizada debido al rechazo de Junts y bajo escrutinio de las instituciones europeas), junto con un plan para "facilitar y promover" el regreso de las empresas emigradas de Cataluña a otras regiones, ha aumentado la desconfianza del entramado empresarial hacia la región. Esto se refleja en el repunte de salidas empresariales en el último trimestre de 2023, después de una tendencia contenida en los primeros nueve meses del año.

El año pasado, 856 empresas abandonaron Cataluña, mientras que 728 llegaron de otras regiones, lo que resultó en un saldo negativo de 128 empresas, la mayor pérdida de tejido empresarial en toda España, según datos recopilados por Informa D&B sobre cambios de sedes sociales.

Casi el 40% de esas salidas se concentraron en el último trimestre; es decir, con la ley de amnistía en discusión, lo que provocó una agitación política y social sin precedentes en democracia, y después de haber enviado señales sobre el regreso empresarial. Cataluña perdió 48 empresas entre octubre y diciembre, en contraste con las 16 perdidas en el primer trimestre, 33 en el segundo y 31 en el tercero.

Este repunte ocurrió antes de que Junts afirmara abiertamente en enero que "facilitar y promover" en realidad significaba 'incentivar y sancionar'; es decir, premiar fiscalmente a quienes regresen y castigar a quienes no lo hagan. Esto generó indignación y rechazo frontal por parte de las organizaciones empresariales, incluidas las patronales catalanas, que consideran que la clave para recuperar el tejido empresarial perdido radica en "la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable", que actualmente no existen en Cataluña.

Este mensaje de Junts abre la puerta a una posible intensificación de los traslados en los próximos meses, ante el temor de que sus demandas se materialicen en algo concreto, aunque el Gobierno ha asegurado que cualquier medida para fomentar el retorno de empresas a Cataluña se hará respetando la ley y garantizando la seguridad jurídica.

Mientras Cataluña sigue sufriendo las consecuencias del proceso independentista, la gran beneficiada por el traslado de empresas entre regiones ha sido y sigue siendo Madrid. En 2023, la región recibió 1.683 empresas, aunque vio partir a 1.612, lo que resultó en un saldo neto positivo de 71 empresas. En los últimos años, Madrid ha fortalecido su entorno empresarial gracias a su libertad comercial y de horarios, sus esfuerzos para reducir la burocracia, su seguridad jurídica y estabilidad institucional, así como a una política fiscal favorable continuada.

(Expansión, 15-02-2024)

20/02/2024|

La eurozona esquiva la recesión técnica pero el PIB se paraliza

El producto interior bruto (PIB) de la eurozona logró evitar la recesión técnica, caracterizada por dos trimestres consecutivos de contracción económica, al mantenerse estancado en el cuarto trimestre, tras la caída del 0,1% en los tres meses anteriores. El crecimiento para todo el año 2023 fue del 0,5% tanto en la zona euro como en la UE.

Por su parte, en la Unión Europea, la actividad económica experimentó un ligero avance del 0,1% en el último trimestre, una décima más de lo inicialmente previsto, tras la contracción del 0,1% en el tercer trimestre. En comparación con el mismo período del año anterior, el PIB de la eurozona aumentó un 0,1%, mientras que el de los Veintisiete lo hizo en un 0,3%.

En lo que respecta a los países de la UE para los cuales se disponía de datos, Eslovenia registró el mayor crecimiento en el cuarto trimestre (+1,1%), seguido de Chipre y Portugal (+0,8% cada uno), mientras que la peor evolución se observó en Irlanda (-0,7%), Estonia, Finlandia y Rumanía (-0,4% cada uno).

En cuanto a las principales economías de la UE, Alemania experimentó una contracción del 0,3% en el último trimestre, luego de mantenerse estancada entre julio y septiembre, mientras que Francia repitió la parálisis de los tres meses anteriores y Italia aceleró su crecimiento al 0,2% desde el 0,1% del trimestre anterior. España, con una expansión del 0,6% frente al 0,4%, fue nuevamente la economía más destacada.

Fuera de Europa, en Estados Unidos, el PIB creció un 0,8% en el cuarto trimestre del año, una moderación de cuatro décimas respecto al crecimiento del 1,2% en el tercer trimestre. Según la segunda estimación del crecimiento anual para 2023, el PIB de la zona euro y de la UE aumentó un 0,5%, en comparación con el crecimiento del 3,5% en la eurozona y del 3,4% en la UE en 2022.

En lo que respecta a las principales economías de la zona euro, España destacó con un crecimiento promedio del 2,5% en 2023, mientras que Francia registró un aumento del 0,9% y Italia del 0,7%. Alemania, la mayor economía de Europa, experimentó una contracción del 0,3%.

En todo el año 2023, Estados Unidos registró un crecimiento del 2,5%, seis décimas por encima de la expansión del 1,9% en 2022, a pesar del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed).

(Expansión, 15-02-2024)

20/02/2024|

Hacienda destaca que solo el 9,52% de los departamentos realiza una adecuada planificación de la actividad contractual

El último informe de la Intervención General del Estado, vinculado al Ministerio de Hacienda, ha puesto de manifiesto un alarmante desorden en los procesos de contratación dentro de los distintos ministerios. La mayoría de ellos están llevando a cabo contrataciones sin seguir una estrategia clara ni una planificación presupuestaria adecuada. Esta falta de orden incide negativamente en el uso eficiente de los recursos públicos y dificulta el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Se revela que solo un organismo cuenta con instrucciones adecuadas para este fin, aunque no se especifica a cuál ministerio pertenece. Por otro lado, el 33,33% carece por completo de esta programación, mientras que el 92,31% no dispone de las instrucciones adecuadas para llevar a cabo una planificación efectiva. Esta situación plantea riesgos para el cumplimiento de la normativa y la gestión eficiente de los recursos públicos.

Aunque se destacan algunos aspectos positivos, como el 23,82% de los organismos que presentan deficiencias poco significativas y el 28,57% que muestra coherencia entre la programación de la contratación y el documento presupuestario, la realidad es que ninguno de los departamentos funciona adecuadamente. Nueve de las 22 carteras necesitan mejoras, doce deben implementar medidas relevantes y en dos se gestiona mal la contratación en general.

El informe resalta la necesidad urgente de implementar medidas correctivas en el área de contratación, especialmente en el Ministerio liderado por María Jesús Montero. Esto podría implicar una revisión de los procesos existentes, así como una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes. Hacienda ha instado a los ministerios a programar anualmente sus contrataciones para evitar errores y garantizar transparencia.

Por otro lado, el informe anual de Oirescon señala un aumento significativo en los encargos a medios propios por parte de la Administración en 2022, alcanzando los 2.631 millones de euros, un 62% más que el año anterior. Empresas como Tragsa, Tragsatec e Ineco lideran esta tendencia, con contratos directos que representan una parte importante del total. Aunque estos encargos pueden estar justificados por razones de urgencia o seguridad pública, generan controversia, especialmente en el sector privado de la ingeniería, que aboga por concursos abiertos y competencia equitativa.

A pesar de las recomendaciones de transparencia y publicidad en los portales de contratación, no siempre se cumplen estos requisitos. Se ha observado un notable aumento en el número de contratos formalizados, pasando de 1.888 en 2021 a 2.773 el año pasado. Por tanto, el supervisor, dependiente del Ministerio de Hacienda, insta a las Administraciones a reforzar la transparencia, especialmente en el contexto de la ejecución de fondos europeos, mediante la publicación detallada de los encargos en las plataformas de contratación.

(El Economista, 15-02-2024)

20/02/2024|

La tasa de variación anual del IPC del mes de enero se situó en el 3,4%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de enero fue del 3,4%. Esta tasa fue tres décimas superior a la registrada el mes anterior. El grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue: Vivienda, cuya tasa anual aumentó 7,4 puntos, hasta el 1,5%. Este comportamiento fue debido a la subida de los precios de la electricidad, frente a la disminución en enero del año pasado.

Por su parte, entre los grupos con influencia negativa destacaron: Transporte, que situó su tasa en el -0,1%, cuatro puntos por debajo de la del mes pasado. Esta bajada se debió, principalmente, al descenso de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales, que aumentaron en el mismo mes de 2023. Comunicaciones, con una tasa anual del 0,5%, 2,6 puntos por debajo de la del mes pasado. Este comportamiento fue debido a que la subida de los precios de los servicios de telefonía fue menor que en enero del año anterior.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó dos décimas, hasta el 3,6%. En enero la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,1%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vivienda, con una variación del 3,3% y una repercusión de 0,399 a causa de la subida de la electricidad y, en menor medida, del gas. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó una variación del 0,5%, debida, principalmente, a la subida de los precios del pescado y marisco, legumbres y hortalizas y aceites y grasas. Este grupo repercutió 0,100 en el IPC general.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron: Vestido y calzado, con una variación mensual del -10,7%, debida a las bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercutió -0,421 en el IPC general. Ocio y cultura, con una tasa del -2,1%, consecuencia de la bajada de precios de los paquetes turísticos. La repercusión de este grupo en el IPC general fue -0,182.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero. Canarias presentó la más elevada (4,0%) y Comunidad de Madrid la más baja (2,7%). En el mes de enero la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,5%, dos décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del -0,2%.

(El Periódico, 15-02-2024)

20/02/2024|

La Comisión Europea prevé un crecimiento del 1,7% en 2024 y del 2% en 2025 para España

La Comisión Europea ha ratificado sus proyecciones económicas para España tal como las presentó en otoño, manteniendo cifras estables en sus últimas previsiones de invierno. Se espera que la economía española crezca un 1,7% en 2024 y un 2% en 2025, con un cierre del 2023 que superó las expectativas al registrar un crecimiento del 2,5%, una décima por encima de lo estimado en noviembre. Sin embargo, el panorama no es tan optimista para la eurozona en su conjunto, ya que se prevé un marcado frenazo en 2024, con una reducción en las expectativas de crecimiento del 1,2% proyectado en noviembre a un 0,8%.

Para 2025, también se anticipa un crecimiento menor del esperado para la economía de la eurozona, con una expansión del 1,5%, una décima menos de lo pronosticado anteriormente en noviembre. A pesar de la "pérdida de impulso en el sector turístico y las condiciones económicas aún débiles en los principales socios comerciales de España", la economía española sigue en camino, aunque las exportaciones se ven afectadas. A nivel interno, se espera un efecto retardado de los aumentos en los tipos de interés, lo que limitará la demanda interna, especialmente dado el alto nivel de deuda interna y externa, aunque en descenso.

A pesar de estos factores adversos, se espera que el consumo y la inversión impulsen la expansión económica, beneficiándose de un efecto arrastre más significativo de lo previsto desde 2023. Este efecto es clave, ya que incluso cuando la economía se desacelera, sigue beneficiándose del impulso generado en años anteriores. A pesar de haber dejado atrás lo peor de la pandemia, con una caída del PIB del 11,2%, España ha experimentado un sólido crecimiento en los últimos años, con tasas del 6,4% en 2021, 5,8% en 2022 y 2,5% en 2023. Sin embargo, este impulso está disminuyendo gradualmente y se espera que la economía española se beneficie cada vez menos de este viento de cola en los próximos años.

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha señalado que la recuperación prevista para 2024 será más moderada de lo esperado, pero se espera que se acelere gradualmente gracias a factores como la desaceleración en el aumento de los precios, el crecimiento de los salarios reales y la fortaleza del mercado laboral. Por otro lado, Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha agregado que, a pesar de un 2023 agotador, se espera que la economía europea se recupere gradualmente en 2024 y 2025.

Sin embargo, las perspectivas para la eurozona se han visto afectadas negativamente, con recortes en las previsiones de crecimiento para todas las principales economías de la región, incluida Alemania. La Comisión Europea ha reducido las expectativas de crecimiento para Alemania en 2024 de 0,8% a 0,3%, y no se prevé un mayor repunte en 2025. Francia también ha experimentado una reducción en sus previsiones de crecimiento, al igual que Italia. A pesar de una débil entrada en 2024, la UE evitó por poco una recesión técnica en la segunda mitad de 2023, y se espera que la economía se recupere gradualmente, aunque las tensiones geopolíticas globales son motivo de preocupación.

(Cinco Días, 16-02-2024)

20/02/2024|