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El PSOE ha reactivado las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios, y en especial con el del PP, para renovar a los miembros de Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato está caducado. El CGPJ acordó ayer retirar del orden del día la votación de nombramientos discrecionales ante “la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para su renovación”.

Poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó la existencia de esas negociaciones políticas y aseguró que la renovación de los órganos constitucionales es “urgente”, porque “no favorece nada una situación de interinidad y provisionalidad”. Fuentes del grupo parlamentario popular en el Congreso explican que el PSOE se ha puesto en contacto con el PP para “pedir la renovación de todos los órganos constitucionales”, aunque no reconocen la existencia de negociaciones “formales”.

La puesta al día del TC y del CGPJ es una asignatura pendiente del Congreso que se ha ido alargando un septiembre tras otro. El actual presidente del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre del 2019. El mandato del Consejo General del Poder Judicial venció el 4 de diciembre del 2018, y su presidente, Carlos Lesmes, ha recordado en varias ocasiones que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es “legalmente obligada”.

Sin embargo, no es una tarea fácil, porque la elección de los componentes de estos organismos requiere de una mayoría cualificada en las Cortes. El artículo 159.1 de la Carta Magna señala que el Constitucional se “compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial”.

Y el artículo 122.3 señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el ­presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros”.

El problema radica en esa mayoría cualificada, que implica poner de acuerdo a 210 diputados, lo que obliga a los socialistas, principales interesados en la renovación, a pactar con los populares. En noviembre del 2019, PSOE y Partido Popular alcanzaron un principio de acuerdo para renovar el CGPJ, pero la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, alardeando de que su partido controlaría a los jueces “desde atrás”, dio al traste con ese pacto que ahora los socialistas tratan de reactivar.

El Gobierno ha decidido ampliar dos meses más, hasta el 1 de diciembre de este año, la línea de avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para apoyar la liquidez de los autónomos, pymes y empresas, dotada con 100.000 millones de euros, según recoge este miércoles el BOE. El Ministerio de Asuntos Económicos cree que el éxito de la línea de avales es "innegable" y destaca que el ICO ha procedido a la liberación de los avales "con absoluta presteza", sin embargo, considera conveniente ampliar el plazo de solicitud de los avales desde el 30 de septiembre hasta el 1 de diciembre.

El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a esta propuesta, además de a la aprobación de un primer tramo de 8.000 millones de una nueva línea de avales de 40.000 millones destinada a apoyar proyectos de inversión, y ya no problemas de liquidez. El departamento que dirige Nadia Calviño sostiene que la ampliación hasta diciembre de la primera línea de avales puesta en marcha para hacer frente a los problemas de las empresas tras el estallido de la crisis del coronavirus permitirá un mejor casamiento de las necesidades y las fuentes de financiación.

En cuanto a la nueva línea de avales para impulsar la inversión, el BOE recuerda que de los 8.000 millones liberados en el primer tramo, 5.000 millones serán garantías para autónomos y pymes y los 3.000 millones para otras empresas. Y, en función del régimen aplicable según la normativa de la Unión Europea, establece que el importe máximo por cliente será de 1,5 millones de euros, con un plazo no superior a ocho años, que puede recibir en uno o varios préstamos, si bien se pueden recibir avales de hasta 50 millones e incluso por encima de esa cantidad.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anticipa un panorama negro para la economía, cuya evolución estará marcada totalmente por la pandemia del coronavirus, según ha señalado. Tras su encuentro de dos días, los responsables del banco central de Estados Unidos han decidido de manera unánime dejar los tipos de interés en el terreno de cero en el que se encuentran desde finales de marzo y con la previsión de que no haya cambios ni siquiera el año que viene.

La Reserva Federal ha vuelto a dejar claro que no encarecerá las tasas hasta que tenga clara que la recuperación se consolida y alertado de los considerables riesgos que está provocando la crisis del coronavirus. El organismo reconoce cierta reactivación de la economía en la últimas semanas, pero advierte de que las principales partidas se encuentran muy por debajo respecto a comienzos de año, en referencia especialmente al mercado laboral, cuyo paro se ha disparado por encima del 13%, en contraste con la cifra menor del 4% del inicio de 2020.

La Fed también ha recalcado que seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para sostener la economía. Entre otras cosas, ha extendido hasta final de año los programas de aportación de liquidez a empresas y ayuntamientos.

Esta es la principal conclusión del último informe Infoempleo Adecco sobre Oferta y Demanda de empleo que se presentó ayer. La publicación analiza los trabajos ofertados entre marzo y mayo de 2019 y 2020 para determinar cómo la pandemia ha desdibujado el empleo y hasta qué punto lo va a alterar en el futuro. El coronavirus transformó el mercado laboral durante el primer mes del estado de alarma, pero la distribución regional de la oferta de empleo se mantuvo. En el mismo periodo de 2019, Madrid y Cataluña —que acumularon el 49% de las vacantes nacionales— se repartieron junto al País Vasco y Andalucía siete de cada diez ofertas generadas en España.

El Covid-19 redujo la publicación de ofertas de trabajo en todo el territorio, aunque afectó de manera heterogénea a cada región. Según el informe, las comunidades más perjudicadas durante el primer mes del estado de alarma fueron las islas Baleares (-82,1%), Cataluña (-77,1%) y País Vasco (-74,8). A su vez, Melilla (-48,3%) y Extremadura (-49%) son las autonomías menos afectadas. Los sectores más golpeados fueron la hostelería y el turismo (con una caída del 90%), la consultoría (-87,5%) y las industrias del automóvil (-85%) y del metal (-84%). En el otro extremo están las empresas de mensajería, que en la época más dura del confinamiento aumentaron sus vacantes en más de un 150% interanual.

El Banco de España señaló en su último informe trimestral que desde que se decretó el estado de alarma hasta el inicio del proceso de desescalada (el 4 de mayo), la actividad económica española habría disminuido en torno al 30%. No obstante, según el sondeo realizado por Adecco, las empresas españolas consiguen el aprobado en su respuesta a la crisis sanitaria. En concreto, el 63,4% de los profesionales encuestados creen que las compañías están respondiendo bien a la crisis sanitaria, a pesar de que el 35% han paralizado por completo su actividad, principalmente las dedicadas a la hostelería, al turismo, a la automoción y al comercio minorista.

El informe detalla que tan solo el 5,5% de las compañías han crecido. En concreto, las del sector logístico, sanidad y servicios sociales, tecnología, alimentación o agricultura. Todas ellas consideradas esenciales durante el confinamiento. Además, cinco de cada diez firmas aseguran haber reducido su actividad económica entre un 25% y un 75%.

De las medidas activadas por la Administración para evitar el cierre definitivo del tejido productivo, Adecco considera que la más importante han sido los ERTE, ya que han contenido la destrucción de miles de puestos de trabajo. El 61,3% de las empresas encuestadas se habían acogido a un expediente de regulación temporal de empleo antes de junio. Los sectores más beneficiados por la medida han sido el de la construcción (un 75% de las empresas la han aplicado), el industrial (un 74%) y los servicios (61%).

El 58,5% de las empresas que se mantuvieron activas durante los dos meses posteriores al decreto de estado de alarma optaron por el teletrabajo, según la multinacional de recursos humanos. La consultora ha notado también un amplio consenso en torno a la necesidad de regular la actividad laboral en remoto (el 86,2% de las empresas consultadas se muestran favorables).

Sin embargo, los datos revelan que el teletrabajo no es para todos. Tan solo el 18% de las empresas han permitido trasladar la oficina a casa al 100% de sus plantillas. Una realidad que revela la necesita de una adaptación y modernización de la legislación laboral para facilitar el trabajo en remoto en más empresas. En cualquier caso, la mayoría de los profesionales encuestados han quedado satisfechos con el experimento de este modelo de trabajo durante los últimos meses. El 83% afirman que les gustaría tener un empleo que les permitiese teletrabajar.

El comercio minorista siguió recuperando sus ventas en el mes de junio tras las restricciones impuestas por el estado de alarma para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Pese a que la entrada a la llamada “nueva normalidad” no se produjo hasta el día 21 del pasado mes, las ventas en el sector repuntaron un 17,8%, según el Índice General del Comercio Minorista. Esta tasa es ligeramente inferior a la registrada en mayo, cuando las ventas se dispararon un 19,4% respecto al mes de abril.

Sin embargo, la evolución de este indicador ha sido negativa en relación al mismo periodo del año anterior, ya que la tasa interanual fue un 4,7% inferior respecto a hace un año, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Si no se tienen en cuenta estos factores, el descenso fue del -3,3%, según se puede apreciar en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar del mayor dinamismo del sector, impulsado por la desescalada y la apertura de tiendas, el empleo bajó un 3,7% respecto al mismo mes del 2019. Se trata del mayor descenso registrado desde octubre del 2009. En relación a este dato, hay que señalar que Islas Baleares registra el mayor descenso, de un 11,3%, en el empleo del comercio minorista.

En relación al mes de mayo, aumentaron las ventas en todos los modos de distribución, si bien fueron las grandes superficies las que registraron un mayor crecimiento en este sentido -en concreto, un 45,1%-, seguidas de las pequeñas cadenas -34,7%-, las empresas unilocalizadas -16,3%- y las grandes cadenas, que fueron las que menos crecieron -un 5,7%-.

Un dato significativo es que tanto las grandes cadenas como las grandes superficies superaron el nivel de ventas alcanzado hace un año, al registrar tasas anuales de entre el 2,8% y el 1,9%, respectivamente. Pero en el resto de modos de distribución las ventas bajaron. Asimismo, de los datos del INE se desprende que los consumidores han preferido este tipo de establecimientos para realizar sus compras de alimentos, ya que han experimentado incrementos de sus ventas cercanos al 8%.

“La situación de confinamiento de los hogares ha provocado que durante el primer semestre los productos alimenticios hayan sido los bienes con mayor volumen de ventas, manteniendo niveles similares a los del año pasado y, en algún mes, incluso superiores”, subraya en la nota el INE. El desglose por tipo de producto indica que casi todos bajan, sobre todos los de equipo personal, que registra un descenso del 23,3%. Por el contrario, los productos de equipo del hogar aumentan sus ventas un 9,6% en relación al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, los datos reflejan que el comercio ’online’ continúa manteniendo un significativo dinamismo, ya que experimenta una subida interanual del 71,2%, si bien “la vuelta a la normalidad le resta fuerza y desciende un 2% respecto a mayo”, apunta el INE. Los datos estadísticos también indican que las comunidades más dependientes del turismo han sufrido las mayores bajadas de las ventas minoristas, con tasas anuales del 21% en Islas Baleares y del 11,9% en Canarias.

La CEC insiste en que, pese a la moderación de la caída de las ventas, la situación continúa siendo critica en muchas territorios y sectores del comercio y demanda al Gobierno medidas de reactivación.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha decidido convocar una Junta de Gobierno Extraordinaria para este viernes -aunque previamente se anunció para el jueves- que se promete de alta tensión. La cita tiene por objeto someter a votación la propuesta negociada por la cúpula de la FEMP con el Ministerio de Hacienda para permitir a los ayuntamientos reinvertir sus superávits en respuesta al Covid. La solución diseñada, sin embargo, ha dividido con fuerza a los alcaldes.

En la cita, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, tiene previsto presentar y pedir el voto favorable al “Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte”.

Así se denomina la fórmula ideada para permitir que los municipios puedan disponer de sus remanentes acumulados, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución les prohíben incurrir en déficit contable, algo que harían si invierten el superávit de años pasados sin incorporar medidas de ingreso por la misma cuantía para este ejercicio.

La solución que será sometida a votación supone que los ayuntamientos que así lo deseen hagan un préstamos a bajo coste a la administración central, por hasta 14.000 millones de euros en superávits acumulados en cuentas bancarias, que luego el Ministerio de Hacienda les entregaría en forma de transferencia a lo largo de varios años.

En concreto, la propuesta sobre la mesa supone que el 35% se entregue entre 2020 (cuando se transferirían hasta 2.000 millones) y 2021 (con otros 3.000 millones), mientras que el resto se abonaría en una década. Gracias a este sistema, sería la administración central la que elevara su galopante déficit, mientras que los ayuntamientos sortearían la prohibición legal que pesa sobre ellos en este sentido. El destino de los fondos recibidos, eso sí, quedaría limitado a algunos proyectos concretos, como los que pasan por la mejora de los servicios sociales, las vías públicas, o el tratamiento de aguas, por ejemplo.

Al no convencer la fórmula a los alcaldes del PP, pero tampoco a los de Cs, Podemos o los nacionalistas vascos, Hacienda mejoró la propuesta apostando por suspender la regla de gasto local durante 2020 y prometiendo para los ayuntamientos recursos –sin cuantificar- del nuevo fondo europeo. La mejora de la oferta no ha terminado por lograr el consenso entre los municipios, cuyos representantes se reunirán por videoconferencia este viernes a fin de tomar una decisión definitiva. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió el martes que no hay alternativa.

Una advertencia que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a declarar este miércoles que la propuesta que hay sobre la mesa no es “una oferta” de Hacienda, sino “una imposición”, que busca tratar a las administraciones locales como a “menores de edad”. Almeida, del PP, ha pedido a Caballero, alcalde de Vigo por el PP, que “respete” el criterio de los alcaldes y no ceda a las posiciones del Gobierno central.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al documento de propuestas económicas de la Comisión para la Reconstrucción del país tras la pandemia de coronavirus, después de repetir la votación anulada la semana pasada tras detectarse un voto repetido que arrojaba un empate. Estas conclusiones se suman a las relativas al ámbito sanitario y a la Unión Europea, las únicas que recibieron el apoyo del PP, y juntas conforman el dictamen que inspirará la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, según ha reiterado el Gobierno en diversas ocasiones.

Los servicios de la Cámara Baja anularon el voto a favor de la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra, quien votó desde el hemiciclo a pesar de que su grupo había solicitado para ella el voto telemático, lo que derivó en un empate a 168 votos que hubo que deshacer. Finalmente, los socios de coalición han conseguido la mayoría de 172 votos con el apoyo de Ciudadanos, frente a 169 votos en contra. El único documento que no se incluirá en el texto final será el de políticas sociales, como consecuencia de los vetos cruzados entre los grupos y el escollo provocado por la falta de ayudas a la escuela concertada.

Con respecto a ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Pleno extraordinario en la que explicó el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre el fondo de reconstrucción comunitario, ha reconocido el trabajo y el “esfuerzo importante” de la Comisión para la Reconstrucción pese a no llegar al “100% de consenso” por “vetos cruzados injustificables”, y ha confirmado que se tendrán en cuenta las recomendaciones para el Plan nacional de reformas y la hoja de ruta de las transformaciones para los próximos años.

Sánchez, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre el fondo de recuperación para paliar las consecuencias del Covid-19 y ha asegurado que supone un hito económico y social, "pero tambien un hito político" porque se han podido acercar posiciones muy alejadas y se ha encontrado un punto de equilibrio, ante un desafío "sin precedentes". Así, ha instado a la oposición a llegar a acuerdos como los alcanzados en Europa.

"Este es el mejor ejemplo para ilustrar que una causa común une familias de distinto color político. Europa debía entenderse con Europa, y España debe entenderse con España. Si en Europa se puede, en España se debe poder. Debemos hacer que se puedan llegar a acuerdos", ha defendido.

"Europa ha estado a la altura", ha dicho, tras recordar que la "devastación" provocada por la pandemia ha hecho que los Estados trabajen juntos en un fondo que por primera vez en la historia comunitaria garantiza la mutualización de la deuda. En este sentido, ha destacado que fue España la que propuso desde el principio un acuerdo como el que se ha fraguado en Europa, un "plan Marshall" con transferencias directas y que se financiara mediante deuda común. Así ha apuntado que España fue "determinante" en el resultado final de esas negociaciones.

De esta manera, Sánchez cierra este miércoles el curso político, explicando en un Pleno extraordinario los detalles del fondo recuperación pos-Covid acordado en el último Consejo Europeo celebrado los días 17, 18, 19 y 20 de julio. Según el presidente, los requisitos para acceder a estas ayudas están alineados con la hoja de ruta del Gobierno. "La pandemia no ha cambiado las prioridades", alineando la agenda política de transformaciones de España con la UE, en términos de digitalización, cohesión social o economía verde.

De los 750.000 millones de euros comprometidos en Bruselas para frenar la crisis del coronavirus, aproximadamente 140.000 millones servirán para financiar reformas e inversiones en España (72.700 serán ayudas a fondo perdido y el resto en créditos), una dotación con la que el presidente dijo en su momento sentirse "satisfecho al 95%" tras los cuatro días de negociaciones. La propuesta inicial fue modificada pero Sánchez ha incidido en que el importe de los fondos no ha tenido "recortes" sino "pequeños ajustes".

Asimismo, ha aseverado que esa partida que le corresponde a España representa un 11% de su PIB, lo que supone una oportunidad "histórica" que hay que aprovechar para "dar un salto de competitividad y progreso seguro" y poder decir en una década que el país es líder en economía "digital y verde". En paralelo, Sánchez ha hecho hincapié que la respuesta a la crisis de 2008 fue un "retroceso" y que Europa "se equivocó", instando a que esta vez se consiga "un éxito absoluto". "Tenemos que volver a ser quienes somos, para que Europa proteja a Europa", ha dicho.

En este punto, el presidente ha señalado que España está trabajando y quiere agilizar lo antes posible los trámites para presentar los planes con los que acceder a dichas ayudas, asegurando que el sistema acordado no facilitará que haya vetos entre los países. Eso sí, estará permtido un "freno de emergencia" en el que cualquier país miembro puede solicitar un debate político si percibe que otro Estado está incumpliendo las normas.

”No nos podemos permitir subidas de impuestos, ya llegarán cuando las cosas se tranquilicen”, defendió ayer la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AedaF) , Stella Raventós, considerando que plantear un alza fiscal cuando la economía no se ha recuperado aún del impacto de la pandemia del coronavirus sería “un suicidio”.

“La recaudación es importante, pero en este momento en que esperamos los fondos europeos, lo que no puede ser es que la recaudación inmediata sea a costa de las empresas”, agregó, antes de presentar una propuesta de rebaja tributaria temporal que la asociación ha remitido a todos los partidos políticos.

El plan pasa por establecer un tipo superreducido de IVA del 4% para servicios turísticos, de hostelería y transporte, los más afectados por la crisis del Covid-19, así como incentivos fiscales para los gastos asociados al teletrabajo que ha impulsado el confinamiento.

En paralelo, Aedaf apuesta por aprobar deducciones extraordinarias en el impuesto de Sociedades y por abolir el pago fraccionado de este impuesto después de que el Tribunal Constitucional tumbara el alza impulsada en 2016 ante su irregular aprobación por decreto.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la economía española registre una caída del 20% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la crisis del Covid-19, por lo que empeora su pronóstico respecto a su anterior estimación, que apuntaba a una disminución de en torno al 13%. Así se desprende de la actualización de las previsiones de crecimiento del PIB del modelo MIPred de la AIReF, tras incorporar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que refleja que el paro subió en 55.000 personas entre abril y junio y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo (-5,4%), su mayor retroceso de la serie histórica.

La previsión de una caída del PIB en el segundo trimestre se realiza al contar con todos los datos que analiza la AIReF de los meses de abril y mayo y la mitad de los referidos al mes de junio. Entre otros, se encuentra el de la media mensual de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social, el consumo aparente de cemento, el consumo de energía eléctrica, el número de ocupados, la financiación a empresas, las importaciones, el Índice de Producción Industrial o el PMI de servicios.

La Autoridad Fiscal ha adaptado su modelo de previsión de la evolución del PIB en tiempo real (MIPred) a la nueva situación provocada por la Covid-19, para lo que ha tratado las variables del mercado laboral para recoger el efecto de los ERTE sobre el mercado de trabajo y trata de reflejar el proceso de desescalada.

En cualquier caso, señala que acontecimientos excepcionales que provocan cambios rápidos e intensos en la situación económica no pueden verse reflejados en las previsiones del modelo hasta que se disponga de los indicadores correspondientes al momento en que se ha producido la circunstancia que ha motivado esa alteración. Esto sucede actualmente con el potencial impacto de la Covid-19 en la evolución de la economía y la elevada incertidumbre.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat", ha subrayado el conseller. En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio, ha asegurado que, ante esta situación, su departamento ha decidido "dar un paso adelante", y ha concretado que el recurso de inconstitucionalidad se está preparando y pasará por el Consell Executiu de la semana que viene o el primero después del verano.

El Homrani ha afirmado que el IMV es una buena noticia y que pensar que llegará a 300.000 personas en Cataluña es "una mirada optimista", pero ha defendido que si se trabaja de manera alineada con la RGC se puede crecer en capacidad de cobertura. Ha explicado que con el IMV "se ahorrará una parte" de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV, y también ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.

Preguntado por los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa de este martes, el conseller ha dicho que este es el primer dato real de la crisis derivada del coronavirus, y ha apuntado que hay empresas que "siguen muy dormidas" pese a haber salido de la fase más dura de la pandemia. "El reto será en otoño, que los ERTE no se conviertan en ERE", ha afirmado el conseller, que ha añadido que hace falta que el tejido económico actúe de forma no tan conservadora como hasta ahora y ha sostenido que las políticas deben acompañar y dar soluciones y seguridad económica.

Ha criticado la gestión de los ERTE por el Gobierno, ha dicho que la Conselleria se ofrecido en más de diez ocasiones para ayudar al Ministerio de Trabajo y que la respuesta que han obtenido es que no hacía falta: "No se quiere aceptar que la gestión ha sido un desastre", ha reprochado. NISSAN Sobre las negociaciones de Nissan, el conseller ha explicado que han convocado dos reuniones de mediación por semana y que las partes solo se han encontrado "cuando ha convocado el departamento", y ha dicho que por ahora los trabajadores no reconocen el ERE que pone sobre la mesa la empresa, y que ante esto, la compañía se bloquea, en sus palabras.

"Nos corresponde trabajar en un escenario de mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a la automoción" y ha destacado que el otro pilar del sector en Cataluña, Seat, está en buenas condiciones, tras lo que ha pedido a las administraciones que apuesten por los puntos de recarga para los vehículos eléctricos.