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Después de que la última reunión prevista para el pasado 10 de octubre se pospusiera para que la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) pudiese estudiar las propuestas sindicales, en el encuentro de este martes la representación de las empresas volvió a plantear para 2023 salarios de entrada de 14.800 euros anuales para la actividad de consultoría y 14.700 euros para el área de programación y resto de actividades.

Para el siguiente ejercicio, 2024, ofrecen salarios de 14.949 euros para el área de programación, lo cual representa un incremento del 1,69% frente a lo propuesto para 2023. Para las tareas de consultoría en 2024 las empresas están dispuestas a pagar salarios de entrada de 15.352,63 euros anuales, un 3,73% más que en 2023.

Con estas cantidades puestas sobre la mesa de negociación, la distancia aún sigue siendo muy amplia respecto a las peticiones de los dos grandes sindicatos. CC OO y UGT reclaman unas tablas salariales en las que el mínimo sea de 17.000 euros anuales para las áreas de consultoría y de sistemas y desarrollo, que son las que generan más negocio en las empresas, y para el resto haya un suelo salarial de, al menos, 15.000 euros.

Los sindicatos critican que "estas empresas se niegan a revisar dietas y pluses como el de kilometraje, congelados durante 18 y 21 años respectivamente, mientras la media salarial de los directivos en las grandes consultoras supera 60 veces el salario medio de sus plantillas".

"La patronal continúa justificando las dificultades para encontrar perfiles tecnológicos como una falta de vocación TIC en las aulas, cuando todos sabemos que España se desangra tecnológicamente, con la fuga de talentos al extranjero en busca de mejores condiciones económicas y laborales. Recordamos que se han perdido 100.000 puestos desde 2008, por la avaricia de las grandes consultoras, con resultados económicos récord, año tras año, pero que no están dispuestas a repercutir parte de estos ingentes beneficios a las responsables de los mismos, sus plantillas", aseguran fuentes sindicales.

Por todo ello, han ratificado que tienen previsto movilizarse este jueves y el viernes en las puertas de dos eventos de calado en el sector TIC. El día 17 lo harán en Madrid a las 11:00 en el Smart Energy Congress, en Ifema. Y el viernes las protestas se trasladan a Barcelona, a las 10:00 en el WomanLiderTIC, en la sede de Barcelona Activa.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. Mientras, fuentes del Ministerio otorgan peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización. La actual pensión máxima supera los 39.000 euros y, con la revalorización con un IPC medio esperado del 8,5%, verá superados los 42.000 euros anuales repartidos en 14 pagas. Mientras tanto, el límite de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cotizaciones se verá ampliado de los aproximadamente 49.000 euros anuales hasta los 54.000, según recogen los Presupuestos del próximo año.

Ambas subidas, tanto la de las pensiones -que será "de forma gradual y suave", según ha explicado Escrivá en varias ocasiones- como la de las bases máximas, se realizarán descontando las subidas ya previstas de 2023 y tienen el foco puesto en el largo plazo, como un periodo transitorio para alcanzar el nivel de aportación de otros países europeos.

Con el pretexto de estos dos cálculos, la reforma tiene una clara orientación de refuerzo de los ingresos a lo largo de unas décadas en las que la presión de la generación del baby boom elevará el gasto en pensiones sobre el PIB en hasta 4 puntos a mitad de siglo según el último Ageing Report de la Comisión Europea, el punto más crítico para las cuentas de la Seguridad Social financieramente hablando.

Supondría una brecha de hasta diez puntos entre ambas subidas en el caso de que la reforma culminase sobre el año 2050 y siguiendo la hoja de ruta del Gobierno. La pensión máxima se situaría sobre los 50.000 euros anuales, mientras el denominado destope ampliaría las bases máximas a los 65.000-70.000 euros al año.

La negociación aún se mantiene fuera de la mesa, con acercamientos informales para conocer las pretensiones de las distintas partes y sin propuesta firme. A la complejidad de las medidas, se une un calendario cada vez más estrecho. A falta de mes y medio para cerrar la reforma, la patronal CEOE-Cepyme confirma que no han recibido una propuesta firme para subir las bases de cotización máxima y desconocen en qué condiciones se hará. Y, recordemos, es una medida a la que se oponen porque carga más costes laborales a las empresas.

Así, en privado, fuentes conocedoras de la negociación trasladan su malestar por el retraso que acarrea una reforma que requerirá de grandes cesiones, a la vista de las diferencias de cada parte. También lo han venido recalcando todos los agentes sociales -CEOE y sindicatos- de forma pública, que ven peligrar los plazos de una reforma que, de por sí, ya es complicada de tratar por las posturas distantes entre los agentes sociales y el Gobierno.

Durante el año 2021 las mujeres asalariadas obtuvieron en España unos ingresos brutos estimados de 26.913 euros, un 8,4% menos que los 29.367 euros que percibieron de media los trabajadores varones a lo largo del mismo ejercicio. Esta brecha salarial de género, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria, tiene un origen temporal muy marcado: los 36 años. Por debajo de ese corte, hombres y mujeres reciben unos salarios prácticamente semejantes. De hecho, hasta los 25 años el sueldo de ellas se sitúa un tímido 0,49% por encima del de ellos. A partir de los 36 años, sin embargo, la balanza se descompensa y la retribución de las mujeres está ya casi un 8% por debajo, porcentaje que va escalando hasta un máximo del 30% a partir de los 65 años.

Las cifras provienen de la estadística sobre el mercado de trabajo y las pensiones en las fuentes tributarias, actualizada ayer por la Agencia Tributaria. Los números muestran que en el acumulado hasta los 36 años la diferencia salarial es prácticamente nula, del 0,2%. Sin embargo, sumando las retribuciones medias de hombres y mujeres en las diferentes franjas de más de 36 años, la brecha salarial conjunta roza casi el 17%. Por ello, la frontera temporal que da pie al comienzo de la brecha salarial se sitúa indiscutiblemente en torno a los 35 años. Coincide a grandes rasgos con la edad media en la que las mujeres son madres por primera vez en España: en torno a los 33 años, en el caso de las españolas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia retributiva media entre ellos y ellas se comporta, no obstante, de forma desigual a lo largo de todo el territorio. Prácticamente en todas las comunidades autónomas las mujeres tienen salarios sustancialmente menores a los de los hombres, con las mayores brechas registradas en Madrid (14,4%), Cantabria (14%), Asturias (13,5%) y Cataluña (12%). Únicamente en Canarias y Extremadura los salarios medios de ellas están por encima, aunque de forma casi testimonial: un 0,9% y un 1,8%, respectivamente.

No obstante, hay que precisar que esta brecha se produce con datos de salarios agregados, por lo que el hecho de que haya más hombres que mujeres en puestos de responsabilidad y mejor pagados tira al alza de las retribuciones masculinas. Así, un análisis más depurado debería comparar las retribuciones de hombres y mujeres ocupando un mismo cargo o similar.

La publicación ayer de estos datos coincidió con la celebración del Día Europeo de la Igualdad Salarial, en el que también se supo que la brecha de género en la Unión Europea es del 13%, lo que supone que por cada euro que gana un hombre una mujer gana 0,87 céntimos, según datos de la Comisión Europea.

"El progreso es constante, aunque todavía demasiado lento", lamentó Bruselas, pues la brecha salarial únicamente se ha reducido 2,8 puntos porcentuales en los últimos 10 años. La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, instaron ayer al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar la propuesta de Directiva sobre transparencia salarial "sin demoras indebidas".

Proyectos del Perte del vehículo eléctrico están en el aire ante la dificultad de algunas de las empresas adjudicatarias, esencialmente pymes, para levantar los avales por el 100% de las subvenciones recibidas. Un requisito que CEOE y la Asociación Española de la Banca (AEB) ven como barrera para la ejecución de los fondos europeos y que tratan de que se rebaje a la mitad en conversaciones con el Ministerio de Economía.

Ambos colectivos empresariales remitieron el pasado viernes una carta al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la que describen las dificultades de empresas y entidades de crédito para cumplir con los requerimientos del referido Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) del vehículo eléctrico. La petición empresarial central es la minoración del nivel de avales precisos hasta el 50% de los fondos propios de las empresas solicitantes o al 50% del montante de los fondos obtenidos, la opción que sea menos lesiva para las empresas. Con ello, se allanaría el camino a la puesta en marcha de los proyectos.

Desde la patronal se presiona para que esta solución de urgencia para el Perte dirigido a la automoción se extienda al resto, con pymes esperando este tipo de medida por ejemplo en el Perte agroalimentario. De hecho, Economía estaría analizando ya suavizar exigencias en próximas convocatorias.

El capítulo de los avales que garanticen la ejecución de los conocidos como proyectos primarios fue decisión del Gobierno español, no imposición europea, se defiende desde CEOE, y está recogida en la orden de bases que regula el reparto de los fondos europeos. Antes de la buscada modificación de la misma, el Ministerio de Industria ha ampliado una semana el plazo de presentación de avales para proyectos del Perte del vehículo eléctrico, hasta el viernes 25 de noviembre.

Con ello, las empresas participantes en el proyecto D-Hub, que lideran QEV Technologies y BTech para reindustrializar la antigua Nissan Barcelona, tendrán mayor margen para negociar con la banca. Y, más importante, se daría tiempo para una eventual revisión a la baja de la petición de avales. Fuentes de CEOE confían en la sensibilidad del Ejecutivo.

El citado consorcio de empresas, al que corresponden 107,8 millones del Perte (sobre los 877 millones repartidos entre diez proyectos), vio rechazado un aval por 40 millones prestado por el Institut Català de Finances (ICF) por tratarse de una entidad pública y verse en Bruselas como una ayuda de Estado.

Otro escollo puesto de manifiesto por CEOE y la AEB es la solidaridad de los avales. Es decir, si una de las empresas incumple los hitos marcados en su proyecto, la Administración podría ejecutar los avales de todos los integrantes del consorcio. "Debemos tener en cuenta que las empresas que participan en los consorcios son de muy diferente tamaño, calidad crediticia y asumen distintas responsabilidades y distintas cantidades de inversión. Por ello, en la práctica, esto supone que cada avalista estaría asumiendo el riesgo de incumplimiento del conjunto de las compañías y proyectos del Proyecto Tractor y no solo del que avala.

Gobierno y banca ultiman un acuerdo para ayudar a los hipotecados vulnerables. Ambas partes se han dado hasta finales de esta semana para cerrar las medidas destinadas a aliviar a familias vulnerables que se vean especialmente afectadas por las subidas de tipos de interés.

"Trabajamos intensamente con reuniones diarias para que cuanto antes lleguemos a un acuerdo. Nos hemos dado esta semana para poder cerrar un acuerdo y que este catálogo de soluciones entre en vigor cuanto antes", ha explicado este martes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Según ha detallado, banca y Ejecutivo trabajan en dos vías. Por un lado, el acuerdo prevé ampliar el Código de Buenas Prácticas para refinanciaciones de deuda que ya está vigente. Por otro, también se trabaja en el diseño de un protocolo para apoyar a las familias que pueda verse en riesgo de vulnerabilidad por el aumento en el pago de la cuota de la hipoteca por las continúas subidas de tipos de interés.

Las fuentes consultadas de las patronales bancarias indican que el proceso de negociación se encuentra abierto y que, aunque los contactos se mantienen a diario, todavía no hay una fecha concreta para sellar el acuerdo.

Sobre el impacto que estas medidas pudieran tener sobre las cuentas de resultados de los bancos, Calviño ha hecho referencia a "los miles de millones de euros en beneficios" que los principales grupos bancarios han anunciado en las últimas semanas para justificar que podrán hacerles frente. Por parte de los bancos, una de las cuestiones es ver cómo afectará al nivel de provisiones si deben clasificar como morosos los créditos de los clientes que se acojan a estas medidas.

De momento, la propuesta sobre la que venían discutiendo el Gobierno y las patronales bancarias se basaba en alargar el plazo para pagar las hipotecas a las familias cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM (lo que supone 24.300 euros en este momento y 25.200 a partir de enero del próximo año). Para ello, las familias deberían cumplir varios requisitos adicionales, como que el pago de la cuota les aumente un 30%. También, que el pago de la cuota represente al menos el 40% de los ingresos de la familia, lo que se considera un nivel de alto endeudamiento, superior al rango recomendado de entre el 30% y el 33%.

La idea es que las entidades se acojan al Código de Buenas Prácticas de manera voluntaria, aunque posteriormente los bancos podrán aplicar medidas de ayuda adicionales, buscando soluciones caso a caso, que es lo que defendían en un principio CECA y AEB. En las últimas semanas, los propios bancos han asegurado que son los mayores interesados en facilitar a los clientes que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago y que ampliarían las medidas estudiando los casos concretos.

Los alimentos se han erigido en el principal factor inflacionista en el IPC y están siendo decisivos a la hora de fijar una seria resistencia para que los precios se moderen, una vez que el componente energético cede tras las tensiones registradas por efectos de la guerra de Ucrania. Los precios de los alimentos suben un 2,3% en el mes, pero arrojan un fuerte incremento del 15,4% en términos interanuales, el nivel máximo desde que empezó la serie histórica en enero de 1994.

Según se desprende de una selección de los 20 alimentos básicos que componen la cesta de la compra de una familia media española, los precios registran preocupantes incrementos en muchos de esos alimentos de primera necesidad. El precio del azúcar lidera este ranking con un incremento interanual del 42,8%, mientras que las harinas y otros cereales registran el 37,8%.

También resulta preocupante el hecho de que estos incrementos a quien más afecta son a las familias con menor nivel de renta, que están sufriendo un importante recorte en su poder adquisitivo, por lo que en muchos casos deben emplear parte de su ahorro acumulado durante la pandemia para continuar con su nivel de consumo previo a este repunte inflacionista.

Alimentos que integran la denominada dieta mediterránea también están experimentando importantes incrementos de precios, no vistos hace muchos años. Tal es el caso de las legumbres y las hortalizas, con alzas del 25,7%, el aceite de oliva con tasas del 15,7% o las frutas con registros del 12,8%. Los huevos, las patatas o el arroz, que también forman parte de la mesa de una familia media española, también han experimentado importantes incrementos del 25,5%, 19% y 16% respectivamente (ver gráfico adjunto).

Estas cifras contrastan por un lado con las subidas salariales pactadas en convenios hasta octubre, del 2,64%, 4,66 puntos por debajo de la tasa de inflación, así como con el salario medio de 25.460 euros anuales. Detrás de esta evolución de precios de los alimentos pueden esgrimirse desde los efectos derivados de la sequía, la consecuencia de la traslación de los precios energéticos e incluso al encarecimiento de la distribución por la subida de los carburantes.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta alimentación ni combustibles, se mantiene en el 6,2% por segundo mes consecutivo, donde ha encontrado una seria resistencia a la baja. Octubre también es el mes de la nueva temporada en el sector textil, que se tradujo en una subida mensual del 8,5%. En términos anuales, no obstante, los precios se moderan y suben un 1,4% por el efecto escalón del año pasado, por lo que la contribución del apartado de vestido y calzado es negativa en 17 décimas. Igualmente, los precios de los combustibles suben un 1,4% en el mes, pero el impacto en el IPC interanual es prácticamente neutro porque subieron algo más en 2021.

El precio de la luz restó un punto y medio a la inflación el mes pasado, según los datos definitivos de IPC publicados por el INE. Los precios de la electricidad (en el mercado regulado, el único que tiene en cuenta el INE) bajaron el 22,4% en el mes y un 15,4% en el año. Es la primera vez que los precios de la luz bajan en términos interanuales desde febrero de 2021.

Así, el apartado de vivienda, donde se engloba el precio de los suministros domésticos, ha sido el principal responsable de la caída del IPC, que pasó del 8,9% al 7,3% en octubre. El dato, adelantado a finales del mes pasado, ha sido confirmado hoy por el INE.

El dato de ese mes refuerza, así, el diferencial negativo de inflación con Europa, que se amplía hasta los 3,4 puntos toda vez que el IPC armonizado en la eurozona está en el 10,7%. Además del menor precio de la luz en la Península Ibérica y la mejor situación de suministro de gas, también ayuda el efecto escalón, puesto que la inflación repuntó en España antes que en la UE.

De las aproximadamente 200 categorías de artículos del INE, 65 presentan todavía fuertes subidas de precios, de más del 10%, y otros 43 entre el 5% y el 10%. La presión inflacionista es mucho más moderada en otras partidas, y 65 suben menos del 3%, incluyendo en esas cifras las 14 rúbricas que bajan, incluyendo electricidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Justicia, que lidera Pilar Llop, el real decreto (RD) para la creación de setenta unidades judiciales correspondiente a la programación 2022 y adecuación a la planta judicial. El objeto del RD es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional.

La titular de Justicia ha señalado que este aumento de la planta judicial, que atiende el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptado en su reunión de 5 de mayo de 2022, "es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la transformación que está viviendo el sector en nuestro país".

Además, con la aprobación del RD se procede a la creación de un total de 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.

El nuevo tributo sobre las fortunas de más de 3 millones de euros es un gravamen suplementario al Impuesto de Patrimonio que permite a los contribuyentes que ya abonen efectivamente este último a las comunidades autónomas deducírselo del pago del impuesto solidario.

El Ministerio de Hacienda estima que la medida afectará a los 22.746 mayores contribuyentes del país (el 0,1% del total), frente a los 212.284 declarantes de Patrimonio de 2019. El Gobierno estima que tiene potencial para recaudar 1.500 millones anuales durante sus dos ejercicios de vigencia, si bien una vez deducido el pago de Patrimonio la cifra se reduciría.

La forma en que se ha diseñado el nuevo impuesto busca gravar efectivamente la riqueza en aquellas regiones que han renunciado a hacerlo bonificando Patrimonio (un tributo estatal de gestión cedida a las autonomías) tratando de evitar la doble imposición. Sus efectos, sin embargo, tienen mayor alcance.

Así, por ejemplo, en su ánimo de intentar emular al máximo posible el tributo de Patrimonio, la enmienda de PSOE y Unidas Podemos que desarrolla el nuevo tributo replica la regulación de dicha figura al apuntar que "en el supuesto de obligación personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros".

Patrimonio, de hecho, se paga a partir de esta cuantía (sin incluir hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual, lo que habitualmente eleva el umbral no gravado al millón de euros) pero como el tributo solidario está dirigido a fortunas de más de tres millones el efecto es que para los residentes en España, con carácter general, el impuesto se exigirá para titularidades patrimoniales netas individuales superiores a 3,7 millones (o 4 contando con el valor de la residencia).

Sin embargo, los no residentes no tributan por obligación personal (es decir su patrimonio mundial) sino por obligación real (los bienes y derechos situados en España) lo que les deja sin el amparo de este mínimo exento, explica José Suárez, socio de Fiscal del despacho Pérez Llorca.

Como consecuencia, estima, un no residente (incluyendo a los que tributan bajo la Ley Beckham) con una fortuna superior a 10 millones podría acabar tributando 24.500 euros al año más que los contribuyentes que viven en España. Suárez recuerda, de hecho, que esta salvedad en Patrimonio ya fue calificada de discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo, obligando a una modificación legal que no ha sido replicada en el impuesto solidario y que tiene visos de volver a acabar dando trabajo a los tribunales.

A partir de ahí, la escala de gravamen del nuevo tributo se aplica desde el primer euro de patrimonio, si bien el tipo utilizado es del 0% hasta los tres millones de euros. Por encima de esa cifra y hasta 5.347.998,03 euros de base liquidable, el tipo de gravamen se fija en el 1,7%; pasando al 2,1% entre los 5.347.998,04 y 10.695.996,06 euros y elevándose al 3,5% a partir de esta última cuantía.

Como la tarifa del impuesto es idéntica a la recogida con carácter general en el Impuesto de Patrimonio (donde el tipo marginal a partir de los 10 millones se elevó ya al 3,5% en los Presupuestos de 2021), y al ser este completamente deducible del pago del nuevo tributo solidario, podría parecer que su cobro solo se aplicará en las regiones que no gravan la riqueza.

Se trata fundamentalmente de Madrid, que viene bonificando Patrimonio al 100% anulando de facto el cobro de 992 millones anuales a sus 18.225 mayores contribuyentes; Andalucía, que este año ha emulado la bonificación total; y parcialmente Galicia, que comenzó bonificar el tributo al 25% este año y lo elevará al 50% para 2023. Al listado habría que añadir a Murcia, que ayer anunció que dejará de cobrar el tributo en 2023.

Sin embargo, las regiones tienen otras potestades en la gestión de Patrimonio que amplían el listado de afectados. Así, de una parte, subrayan en Pérez-Llorca, se verán afectados los contribuyentes más acaudalados de aquellas regiones que aplican tipos marginales en Patrimonio inferiores al 3,5% del gravamen solidario. Es el caso de Andalucía (que cobra el 2,5%); Asturias (3%); Baleares (3,45%); Cantabria (3,03%); Cataluña (2,75%); Galicia (2,5%) o Murcia (3%).

El nuevo impuesto solidario tampoco dejará exentos a aquellos contribuyentes que actualmente no abonan Patrimonio por causas extrafiscales, como la bonificación para patrimonios protegidos de personas con discapacidad que aplican Aragón, Asturias y Cataluña; la bonificación del 95% para propiedades forestales de Cataluña; la del 90% sobre bienes de consumo cultural de Baleares o las bonificaciones de cuota por creación de empresas y desarrollo de determinadas actividades en Galicia.

El Tribunal Supremo frena a Hacienda a la hora de exigir deudas a los responsables solidarios y limita el plazo para derivar sus actuaciones sobre estos contribuyentes. En concreto, su nueva doctrina establece que el inicio del plazo para declarar responsables solidarios es el momento en que ocurren los hechos de ocultación constitutivos del presupuesto de tal responsabilidad tributaria.

El Supremo subraya que "el plazo para declarar la responsabilidad solidaria comienza a correr desde que sucedan los hechos que constituyan el presupuesto de tal responsabilidad". Esto es, desde que los actos de transmisión u ocultación tuvieron lugar, con independencia del momento en que tenga lugar la declaración relativa a la obligación principal de la que aquella es subordinada.

El magistrado Francisco José Navarro Sanchís, ponente del fallo, destaca que el criterio que aplicaba Hacienda hasta ahora "en cierta medida supedita el comienzo del plazo de prescripción a la voluntad de la Administración, en tanto que ensancha temporalmente el ejercicio de sus potestades".

El Tribunal Supremo desestima recurso de casación deducido por la Administración del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en recurso relativo a declaración de responsabilidad solidaria del reclamante en el pago de las deudas y sanciones tributarias como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración en los términos previstos en el artículo 42.2.a) de la LGT.

La Agencia Tributaria invocaba el artículo 67.2 de la Ley General Tributaria en su redacción inicial aplicable al momento en que tuvieron lugar los actos de disposición a efectos de la derivación. Este precepto establecía que "el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de los responsables solidarios previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta ley, dicho plazo de prescripción se iniciará en el momento en que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad".

Sin embargo, el Supremo determina que "la conjunción adversativa no obstante con que se inicia el segundo párrafo, con toda claridad, crea una salvedad sobre la regulación del primer párrafo, pero solo en lo relativo a la naturaleza de la responsabilidad solidaria que constituye su contenido. Este primer párrafo consagra una regla general y el segundo párrafo, una excepción".

El Supremo destaca que "la tesis que propugna el recurso de casación y que consideramos, con todo el respeto, desacertada, en cierta medida supedita el comienzo del plazo de prescripción a la voluntad de la Administración, pues éste quedaría prolongado -aun pese al conocimiento de la existencia de los negocios jurídicos que se reputan evasores del patrimonio-, sin depender de tales hechos o, en otras palabras, desde que nació la acción para perseguir la elusión o sustracción, sino de lo que tardase en demorarse el establecimiento de la obligación tributaria cuya finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal sitúa el legislador el inicio del cómputo, en la tesis esgrimida aquí por la Administración".

"El dies a quo del plazo de prescripción de la potestad de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias a los responsables solidarios por estar incursos en la causa legal del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria -expresión legal, la de exigir el pago, que comprende el plazo para declarar la responsabilidad solidaria- comienza a correr desde que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de tal responsabilidad, esto es, desde que los actos de transmisión u ocultación tuvieron lugar, con independencia del momento en que tenga lugar la declaración relativa a la obligación principal de la que aquélla es subordinada", fija el Supremo.

Según el fallo, "lógica consecuencia de lo expuesto es que, en el caso que nos ocupa, habían transcurrido con creces los cuatro años desde la celebración de los actos de transmisión patrimonial que constituían el presupuesto de la responsabilidad, actos, por lo demás, documentados en instrumentos públicos que la Administración no niega haber conocido o podido conocer, hasta el inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad". Por tanto, el Supremo estima que la sentencia de instancia, al considerar prescrita la acción de la administración, es acertada y debe ser confirmada, con declaración de no haber lugar al recurso de casación promovido contra ella por la Administración General del Estado.

"Si se decide prorrogar la bonificación al combustible, lo deseable sería que se restrinja al ámbito profesional o a determinados colectivos más vulnerables". Así de claro y sin tapujos volvió a defender ayer la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el fin de las ayudas y los descuentos generalizados, que tocarán a su fin el 31 de diciembre -cuando acaba la prórroga de la mayoría de las ayudas implementadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, incluido el descuento de 20 céntimos en los carburantes-, para dejar paso a medidas más restringidas, dirigidas a profesionales y rentas más bajas.

Únicamente, la agudización de la crisis inflacionaria podría hacer al Gobierno replantearse esta decisión, que aún no está tomada -pero sí en "avanzado estudio", confirmaron fuentes ministeriales-, a la espera de tener una previsión macroeconómica lo más cercana posible al cierre del año.

Este nuevo plan de ayudas girará, por tanto, en torno a la reducción de su impacto fiscal en las cuentas públicas, ya que el descuento en las gasolineras se ha convertido en la medida impositiva más cara aprobada por el Ejecutivo, 5.124 millones de euros de los más de los 13.000 millones destinados a medidas para paliar el impacto de la crisis, casi el 40% del total, y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima supondrá más de un 1% del déficit de este año.

Según este organismo público, el plan anticrisis tendrá un coste al cierre de 2022 de 9.487 millones de euros, entre los que constan los 5.124 millones de los carburantes, 1.753 de ayudas sectoriales, los 1.410 millones de ayudas directas a hogares y particulares -en dos paquetes de 540 y 870 millones- y los más de 1.200 millones destinados a políticas de apoyo e inserción de refugiados e inmigrantes. Todo sumarían 9.487 millones.

A esta cantidad habría que unir el montante que Hacienda habría dejado de ingresar por las reducciones fiscales en la factura eléctrica, 1.876 millones en concepto de la rebaja del IVA y 1.678 millones de descuento en el impuesto especial de la electricidad (IEE), en total 3.574 millones para alcanzar 13.061 millones de euros. Estas cifras han sido compensadas solo en parte con los 2.200 millones ingresados por el Fisco por la recaudación extraordinaria durante este ejercicio por la subida de los carburantes.

Este coste sería una de las principales razones por las que Calviño pretende restringir esta ayuda, "con un impacto positivo sobre la inflación, pero con un coste fiscal "muy importante que hay que tener en cuenta" y que "no discrimina entre las personas con mayor y menor renta". Es en este sentido en el que el equipo técnico del Ministerio está trabajando, "en encontrar la llave para extender las ayudas a las familias más vulnerables o a los trabajadores autónomos y no centrarlo en los que no lo necesitan", confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Por tanto, el Ministerio todavía no ha encontrado "la fórmula para discriminar a los beneficiarios del nuevo plan de bonificaciones del resto", ya que en el caso de los combustibles reconocen "es muy complicado". Una de las opciones barajadas sería hacer una rebaja temporal sobre la carga fiscal del combustible, como ha hecho Alemania, o discriminar por tipo de vehículo, aunque esta última ha sido prácticamente descartada por su complejidad. También se está estudiando la extensión o no de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas y si se hará para "todo el año o solo una parte del año".