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El Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) no movió ficha. De forma unánime, los once miembros que dictan el rumbo de la política monetaria a este lado del Atlántico dejaron el precio del dinero entre el 0 y el 0,25% mientras conservaron las compras de deuda en los 120.000 millones de dólares mensuales. Desde su comitiva de marzo, la economía estadounidense ha demostrado la continua solidez de su recuperación en un momento en que ya se han administrado 232 millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles contra el Covid-19.

De hecho, el pasado mes se sumaron 916.000 puestos de trabajo y las ventas minoristas aumentaron un 9,8% interanual, mejoras suficientes que merecieron ajustes en el comunicado emitido al cierre de su reunión de dos días. En el mismo también se hizo referencia al repunte de la inflación, que la Fed insistió en que será transitorio. "En medio de los avances en la vacunación y el fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo se han fortalecido", rezó el documento donde se aclaró, eso sí, que "los sectores más afectados por la pandemia siguen siendo débiles" pese a mostrar mejoras. El FOMC además reconoció que "la inflación ha aumentado, reflejando en gran medida factores transitorios".

El uso de "en gran medida" sugiere que no todos los funcionarios de la Fed están convencidos de que este repunte en la inflación será transitorio. La última edición del Libro Beige de la Fed ya señaló el rápido aumento de los precios de los insumos y la escasez de mano de obra como factores que podrían justificar que parte de la inflación no será pasajera. No obstante, en buena parte, los efectos de base temporales relacionados con la caída de algunos precios al comienzo de la pandemia hace un año son los principales motores del aumento de la inflación, según razona el consenso de la Fed.

Como viene siendo costumbre, los funcionarios del banco central, liderados por Jerome Powell, recordaron que la trayectoria de la economía dependerá en gran medida de la evolución del Covid, incluidos los avances en la vacunación. En este sentido apuntaron que la actual crisis de salud pública sigue pesando sobre la actividad económica y los riesgos permanecen vigentes. "La recuperación sigue siendo desigual y está lejos de ser completa" aclaró Powell durante su rueda de prensa donde también insistió en que "la inflación seguirá subiendo antes de moderarse". Al respecto matizó que la subida transitoria "no cumple con el estándar" que busca la Fed en su estabilidad de los precios.

Es por ello que lejos de telegrafiar algún potencial cambio en su política ultra-comodaticia, la Fed optó por mantener la calma. Amparándose en su objetivo de lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo, mantuvo sin cambios los tipos de interés de los fondos federales. Además, la Reserva Federal continuará aumentando mensualmente sus tenencias de bonos del Tesoro en al menos 80.000 millones de dólares y de activos respaldados por hipotecas en 40.000 millones de dólares. Medidas que prometió mantener hasta que se hayan logrado nuevos avances sustanciales para lograr las metas del pleno empleo y la estabilidad de los precios.

Parece que el FOMC esperará a su próxima reunión o al simposio de Jackson Hole, Wyoming, a finales de agosto, cuando ya cuente con una ristra sostenida de impresiones sobre el empleo y la inflación, para sugerir que el tapering, como se llama al proceso de reducción de compras de activos, podría estar cerca. Powell recalcó que no es momento para empezar a hablar de una posible reducción de las compras. La rebaja gradual de estas se postula como un primer paso antes de que la Fed comience a considerar una futura subida de tipos. Según las últimas proyecciones de la Fed, esto no debería ocurrir por lo menos hasta finales de 2023 o comienzos de 2024.

El Tribunal Supremo reconoce que las comunidades de propietarios son consumidores cuando firman contratos de arrendamiento de servicios, como pueden ser los de mantenimiento de las instalaciones y ascensores, servicios de consejería, limpieza de zonas comunes o recogida de basuras, entre otros muchos. Las dudas mantenidas por los juzgados y tribunales españoles hasta ahora es que la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, define al consumidor como "toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional".

Así, las comunidades de vecinos incumplen la condición de personas físicas, lo que las deja fuera de los beneficios establecidos para los consumidores en la normativa comunitaria. Hasta esta sentencia, de 13 de abril de 2021, el Tribunal Supremo había reconocido a las comunidades de propietarios la consideración unitaria a determinados efectos legales, como consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo, aunque carecen de personalidad jurídica independiente, así como el reconocimiento de un cierto grado de personalidad, a determinados efectos, como la capacidad procesal para demandar y ser demandadas.

Sin embargo, el ponente de esta sentencia, el magistrado Díaz Fraile, basa su decisión en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del asunto Condominio di Milano, de 2 de abril de 2020, en la que si bien se define que la comunidad de propietarios italiana no es una persona física, sí que se reconoce que mientras el legislador de la Unión no intervenga al respecto, los Estados miembros mantienen su libertad de regular el régimen jurídico de la comunidad de propietarios en sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos, calificándola o no como "persona jurídica".

La sentencia del TJUE fundamenta su conclusión en que, aunque un sujeto de Derecho como el condominio en Derecho italiano no está comprendido en el concepto de "consumidor" en el de la Directiva sobre cláusulas abusivas, los Estados miembros pueden aplicar disposiciones de esa Directiva a sectores no incluidos en su ámbito de aplicación, siempre que esa interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales garantice un nivel de protección más elevado a los consumidores y no contravenga las disposiciones de los Tratados".

Por ello, Díaz Fraile hace suyas estas conclusiones para determinar que no se oponen a una jurisprudencia nacional que interpreta la normativa destinada a transponer al Derecho interno esa Directiva, de manera que las normas de protección de los consumidores que contiene se aplican también a un contrato celebrado por una comunidad de propietarios de un inmueble, aunque ese sujeto de Derecho no esté comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.

Los ocho vocales de tendencia conservadora que forzaron un pleno del Consejo General del Poder Judicial para llevar al Tribunal Constitucional la reforma que le veta hacer nombramientos mientras esté en funciones se han quedado solos y no han conseguido ningún apoyo más. El pleno ha rechazado plantear un conflicto de atribuciones entre órganos constitucional por 13 votos frente a los ocho de los vocales que entendían que la reforma invadía las competencias del Poder Judicial y dejan constancia de su posición en un voto particular, al que ha tenido acceso este diario.

El pleno también ha rechazado por la misma proporción de votos la posibilidad de denunciar ante el Defensor del Pueblo la reforma para recortar sus competencias mientras no sea renovado. El objetivo era que fuera esta institución la que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio legislativo contra la situación que arrastra el Consejo, en funciones desde diciembre de 2018.

Lo que sí ha acordado el pleno ha sido, por 17 votos frente a tres (los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez) y uno en blanco (Roser Bach), informar sobre la reforma ante la Comisión Europea, al responder a las preguntas que, como cada año, esta institución envió al CGPJ para analizar la situación en que se encuentra el Estado de Derecho en España.

La semana pasada la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CGPJ en funciones está "en línea" con el Estado de derecho. Fue muy crítica, sin embargo, con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ, un cambio muy contestado por los jueces a través de sus asociaciones por su carácter inconstitucional. La semana pasada en el consejo de ministros el de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley.

Los vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llompart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona han suscrito un voto particular en el que se reafirman en la necesidad de dirigirse a las Cortes para solicitar que dejen sin efecto la supresión de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial que se han visto afectadas por la reforma "al producir un menoscabo en una de las principales competencias que la Constitución le encomienda".

"Si dicho requerimiento hubiera resultado infructuoso, debería haberse solicitado, tras la formalización del conflicto de atribuciones" confiaban en que el Constitucional declarara "la atribución del Consejo General del Poder Judicial de esas competencias" que los ocho vocales consideran sustraídas con la reforma.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado el proyecto de ley que introduce una bonificación del 99 por ciento entre familiares directos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En el pleno, Mañueco ha anticipado que no será la única bajada de impuestos. El proyecto de ley, que entrará en vigor tras su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, ha recibido el apoyo de PP, Cs, UPL, Por Ávila y Vox y la oposición de PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita María Montero en una votación que se ha saldado con un resultado de 43 votos a favor y 38 en contra.

Durante el debate, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la medida, que permitirá un ahorro estimado de 35 millones anuales a los contribuyentes, será "claramente positiva para todos" y "más ajustada" a la realidad de la Comunidad Autónoma. Mañueco, que se ha referido a la votación del proyecto de ley como "una de las más importantes de la legislatura", ha avanzado también que la eliminación de Sucesiones y Donaciones no será la última bajada de impuestos en esta legislatura y se ha comprometido a seguir avanzando en una fiscalidad más favorable con la vista puesta sobre todo en el mundo rural.

Fernández Mañueco ha citado un reciente informe del Consejo General de Economistas, que sitúa a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas con la fiscalidad más favorable para el mundo rural pero también como una de las que tienen una mayor tributación en Sucesiones y Donaciones, para insistir en la necesidad de eliminar este "impuesto injusto" que penaliza el esfuerzo de las familias y de las empresas. El presidente de la Junta ha defendido un modelo fiscal "más justo, moderado y equitativo sin ahogar al contribuyente", frente a la política fiscal de los partidos de la izquierda a los que ha responsabilizado de coartar la iniciativa emprendedora y de deprimir el consumo, la inversión, el empleo y la recaudación pública.

"No siempre subir impuestos genera una mayor recaudación y no siempre bajar impuestos genera menos ingresos", ha asegurado para apoyar una medida que estimulará la demanda interna vía mayor disponibilidad de renta y favorecerá "a medio plazo" el crecimiento económico, la creación de empleo y una mayor recaudación para las arcas autonómicas a través de otras figuras impositivas.

El cambio normativo introduce dos nuevas bonificaciones en el Impuesto Sobre sucesiones y Donaciones. Por un lado, una bonificación del 99 % en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de seguros de vida, cuando los adquirentes del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes. Por otro lado, una bonificación del 99 % en la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante. Además, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho, siempre que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años y estén inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, algo que Mañueco ha considerado "muy importante".

Se cumple la previsión de un mal dato de empleo en la primera Encuesta de Población Activa (EPA) de 2021. El número de ocupados ha disminuido en 137.500 en el primer trimestre del año, hasta los 19.206.800 y la tasa de paro se sitúa en 15,98%. El dato, que arrastra los restos de empleos creados específicamente para la campaña navideña, es relativamente mejor que el arrojado por la encuesta del primer trimestre de 2020, ya con la pandemia declarada, cuando el número de ocupados disminuyó en 285.600 y el de parados aumentó en 121.000, los peores datos del periodo desde 2013 aunque la tasa de paro era entonces del 14,41%, la menor desde 2010.

El escenario del mercado laboral sigue siendo complicado por la elevada destrucción de empleos derivada de la crisis sanitaria. A cierre de 2020, la EPA situó el número de parados por encima de los 3,7 millones, con una tasa de desempleo el 16,1% y los datos de marzo de la Seguridad Social tampoco dan pie al optimismo al confirmar una creación de empleo moderada, con apenas 70.000 afiliados más en un mes que tradicionalmente suele ser bueno para el empleo.

Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de 1.889.100 en el cuarto trimestre de 2020 a 1.964.700 en el primero de 2021. El incremento se debe, fundamentalmente, a la mayor incidencia de las vacaciones, horario flexible, mal tiempo y enfermedad, que han superado la reducción de las ausencias por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y paro parcial por razones técnicas o económicas. Como consecuencia de todo ello, el número de horas trabajadas desciende respecto del trimestre anterior un 1,56%.

El 11,2% de los ocupados (2.146.100) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 9,9% observado en el cuarto trimestre de 2020. Los flujos entre los distintos estados de ocupación, paro e inactividad muestran un incremento de las entradas a la inactividad tanto desde la ocupación como desde el paro, volviendo a ascender de forma notable el número de inactivos este trimestre.

Los asalariados bajan este trimestre en 137.300. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 31.300, mientras que los de contrato temporal descienden en 168.600. En variación anual, el número de asalariados disminuye en 455.900 (el empleo indefinido baja en 145.400 personas y el temporal en 310.400). El número de trabajadores por cuenta propia baja en 12.300 este trimestre y en 29.900 en los 12 últimos meses.

La ocupación aumenta este trimestre en la Agricultura (15.800 ocupados más) pero desciende en el resto: 83.400 ocupados menos en los Servicios, 51.500 en la Industria y 18.500 en la Construcción. En el último año el empleo sube en 13.200 personas en la Agricultura y baja en Servicios (344.500 menos), en la Industria (–127.100) y en la Construcción (–16.000).

Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Comunidad de Madrid (40.400 más) y Cataluña (33.300). Los mayores descensos se observan en Comunitat Valenciana (–40.200), Andalucía (–30.800) y Canarias (–27.400). En el último año la ocupación crece en Castilla–La Mancha (13.200 ocupados más) y Región de Murcia (8.100). Los mayores descensos anuales de ocupación de dan en Canarias (–130.200), Comunitat Valenciana (–80.500) y Cataluña (–77.300).

El número de parados desciende este trimestre en 65.800 personas (–1,77%) y se sitúa en 3.653.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es de –4,65%. En los 12 últimos meses el paro ha aumentado en 341.000 personas (10,29%). La tasa de paro se sitúa en el 15,98%, lo que supone 14 centésimas menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa se ha incrementado en 1,58 puntos.

Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Comunidad de Madrid (–50.300), Cataluña (–38.200) y Andalucía (–19.300). Y los mayores incrementos en Galicia (15.700 parados más), Castilla y León (9.900) y País Vasco (9.500). En términos anuales, las mayores reducciones se producen en Extremadura (–9.400) y Castilla–La Mancha (–5.400). Y los mayores incrementos en Cataluña (88.100 más) y Canarias (57.400). El número de activos se reduce este trimestre en 203.400, hasta 22.860.700. La tasa de actividad baja medio punto y se sitúa en el 57,69%. En el último año la población activa se ha reducido en 133.500 personas.

Destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe fiscal, publicado ayer, en el que señala que el fenómeno responde de un lado a la caída de ingresos provocada por la pandemia y, de otro, a las medidas de alivio tributario impulsadas por los distintos países para contener el golpe. Pese que esta fue la tendencia general entre las economías desarrolladas en 2020, el informe destaca que “el salario real antes de impuestos disminuyó más que la tasa impositiva promedio” por persona en España, una excepción a la regla que también se dio en Bélgica, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Japón, Luxemburgo, México, y Suiza. Con todo, la presión fiscal sobre los trabajadores españoles sigue siendo la segunda más baja de la UE.

Así, en términos globales, el informe indica que la cuña fiscal, entendida como la carga de impuestos y cotizaciones que soporta el trabajador sobre su salario, retrocedió 0,39 puntos porcentuales en 2020 hasta un promedio del 34,6% en la OCDE. Se trata del mayor descenso desde los 0,52 puntos de 2009 y los 0,48 de 2008. En el caso de España, el descenso de dicha presión fue ligeramente inferior, de unas tres décimas de media. En concreto, la cuña fiscal que soporta un trabajador soltero y sin hijos con el sueldo medio cedió desde el 21,3% al 21,1%. Sin embargo, su sueldo descendió de los 27.292 a los 26.934 euros anuales, según la OCDE. Es decir, una rebaja del 1,3%.

Pese a este doble retroceso, la cuña fiscal que soportan los trabajadores españoles es la más baja de toda la UE con la excepción de Estonia, donde ese mismo asalariado solo soportó una carga del 14,6% sobre su sueldo. Tradicionalmente, este segundo puesto por la cola era para Irlanda, pero su cuña se elevó en 2019 tras una fuerte subida del salario mínimo. Conviene apuntar, eso sí, que para el cálculo español la OCDE utiliza de referencia Madrid, una de las regiones con la presión fiscal más baja del país. De esta forma, la cifra española se sitúa por debajo del 21,1% de Reino Unido y del 24,8% de media de la OCDE. Es más, la distancia es relevante frente al resto de grandes potencias europeas, donde la presión fiscal sobre el trabajador oscila entre el 27,3% de Francia, el 28,7% de media europea; el 29% de Italia o el 38,9% de Alemania, que encabeza el listado.

La posición española varía ligeramente en función del contribuyente concreto. En el caso de las rentas bajas, tomando a un soltero sin hijos que cobre el 67% del salario medio, la cuña fiscal de España es ya la tercera menor, del 16,6%, frente al 15,7% de Irlanda o el 10,5% de Estonia. Para rentas altas, con el 167% del sueldo medio, la presión española es la cuarta menor del ranking, un 26,9% del que quedan por debajo Estonia, Polonia y República Checa. En el caso de cónyuges que cobren uno el salario medio y otro un 67% del mismo y tengan dos hijos, la presión se sitúa en el 17,2%, con seis países ya por debajo de ese umbral. Con un solo sueldo en el hogar, la cuña española es del 14,1% y son nueve los países con menor presión. Hay que tener en cuenta aquí que España es uno de los países con menor diferencia de presión entre contribuyentes solteros y casados, pues hay sistemas fiscales con esquemas más tradicionales pensados para proteger a parejas en los que solo uno de los dos trabaja.

La cosa cambia con fuerza cuando en lugar de la cuña que soporta el trabajador se analiza la presión fiscal integral sobre el coste laboral, que además del IRPF y las cuotas del trabajador incluye las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En este caso, la presión fiscal española asciende al 39,3% del importe lo que sitúa ya al país en la mitad de la tabla, en la decimoquinta posición de la UE. Aquí el umbral mínimo está en el 32,3% de Irlanda, que se sitúa entre el 30,8% británico y el 34,6% de media de la OCDE, frente al 51,5% de Bélgica, el más alto, o el 49% de Alemania. El salto en el ranking se produce porque las cotizaciones empresariales en España son las séptimas más elevadas de la OCDE: del 23% sobre el coste laboral. La cifra está por debajo del 26,6% de Francia o el 24% de Italia, pero supera el 16,6% alemán o el 13,3% de media de la OCDE.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha mantenido una conversación telefónica con la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calviño, para tratar algunos de los "retos" a los que se enfrenta Europa tras la pandemia. Según una nota de la Administración de John Biden, Yellen transmitió a Calviño su intención de "profundizar en la cooperación con España" para abordar los principales retos regionales y mundiales, como un impuesto de sociedades mínimo mundial.

Entre esos retos, Yellen citó el apoyo necesario para promover una fuerte recuperación de la pandemia, así como las prioridades compartidas en América Latina, entre otros, abordar la crisis humanitaria en el Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador). La secretaria Yellen también citó los esfuerzos de la Administración estadounidense para establecer un "sólido impuesto mínimo mundial", una figura que ha propuesto Estados Unidos en el marco de las negociaciones de la OCDE para crear el nuevo marco fiscal internacional.

Los doce meses marcados por el Covid ha dejado como saldo un fuerte aumento del empleo público, concretamente de 149.900 trabajadores más que implica un incremento del 4,6% sobre el personal público de marzo de 2020. Por contra, la ocupación ha descendido en 623.900 personas en el sector privado, una reducción del 3,8% sobre marzo del pasado año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre publicado ayer por el INE. Una tendencia que se ha mantenido con el inicio del año. Entre enero y marzo se han generado 18.300 empleos en las distintas administraciones públicas, mientras que continúa la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, concretamente 155.800 empleos menos.

Entre enero y marzo se perdieron 203.400 puestos de trabajo, la mayor caída de los últimos siete años en un primer trimestre. De ellos, 137.500 se deben a la reducción de personas ocupadas al pasar a la condición de desempleados y el resto son personas que optaron por dejar de buscar empleo, abandonando así su condición de trabajadores en activo. En el trimestre pasado la EPA contabilizó 22,86 millones de personas dispuestas a trabajar, de los que 19,20 millones estaban ocupados arrojando un desempleo de 3,65 millones, con una tasa de paro del 15,98%.

El fuerte descenso de la población activa (en disposición de trabajar) genera la paradoja de que en el primer trimestre del año se haya reducido el desempleo en 65.800 personas, aunque no se debe tanto a personas que hayan encontrado empleo -que contrastaría con la fuerte reducción de personas ocupadas-, sino más bien a aquellos que han decidido dejar de trabajar.

La nota explicativa de la EPA incide en que estas personas que han abandonado su condición de activos no proceden precisamente de las listas del paro, aunque es cierto que las dificultades para encontrar empleo desincentivan la búsqueda. Se aprecia un incremento "importante" -según el INE- de 138.00 personas de 60 y más años que en el primer trimestre estaban inactivos, cuando en el trimestre anterior estaban ocupadas. Eso se podría explicar por prejubilaciones.

De hecho, en los flujos según el estado del trabajador -ocupado, inactivo y desempleado- la relación entre el desempleo y la ocupación arroja un saldo positivo de 50.700 personas a favor de la ocupación. No obstante, la principal migración se produce entre ocupados e inactivos. En el trimestre se genera un saldo positivo de 244.000 personas que estando ocupadas el cuarto trimestre de 2020, pasan a la condición de inactivos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, valoró en positivo ayer los datos de la EPA, resaltando la bajada del paro en 65.800 personas entre enero y marzo, lo que supone situar el desempleo un 1,7% por debajo del trimestre anterior, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2015, cuando el desempleo disminuyó en 13.100 personas. Se trata además del mejor dato en un primer trimestre en 20 años, en concreto desde 2001, cuando se modificó la definición de paro.

Analizado desde el punto de vista de la ocupación, la reducción de 137.500 puestos de trabajo supone una bajada del 0,7% respecto al trimestre anterior, la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2020 (-285.600), cuando la pandemia hizo aparición en el mundo. Este descenso de la ocupación es el menos acusado desde el primer trimestre de 2019, periodo en el que se destruyeron 93.400 empleos.

En el último año el paro ha aumentado en 341.000 personas, un aumento del 10,3%, y se han destruido 474.500 empleos, una bajada del 2,4%, mientras que el volumen de activos se ha reducido en 133.500 personas. El paro subió en nueve comunidades autónomas y todas las regiones destruyeron empleo, salvo Madrid, Cataluña y Cantabria. En la primera se redujo el desempleo en 50.300 personas, una bajada del 10,5% en Cataluña (-38.200, -7,1%) y en Andalucía (-19.300, -2,1%).

Lejos de volver al trabajo presencial, la tercera ola acaecida tras las fiestas de Navidad provocó un aumento de las horas de teletrabajo. Según la EPA, durante el primer trimestre del año 2.146.100 personas trabajaron desde su domicilio más de la mitad de los días, lo que supone un 11,2% del total de las personas ocupadas. Este porcentaje es un punto superior al trimestre anterior, el cuarto de 2020, cuando los personas en teletrabajo sumaron el 9,9% de la población ocupada.

El Ministerio de Trabajo y las consejerías de Empleo de las comunidades autónomas dieron ayer el visto bueno a la Estrategia de Políticas Activas de Empleo que regirá desde el presente año hasta 2024. Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo, la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, destacó que la Estrategia fue aprobada por unanimidad de las 17 comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas. Igualmente hubo un amplio consenso en el reparto de los 2.110 millones de euros que el Ministerio traspasará este año a las comunidades para desarrollar las políticas activas de empleo. Según explicó la ministra, todas votaron a favor, a excepción de Murcia.

A partir de este mismo año, los fondos que reciban las administraciones autonómicas dedicadas al empleo estarán condicionados en parte a la eficiencia en la gestión de años anteriores. Aunque no sobre todas las partidas. Quedan fuera los fondos para costear a los 3.000 orientadores repartidos por los servicios autonómicos de empleo, junto a otras dos partidas.

Sobre las restantes que sí se sometan a esta condicionalidad, el 45% de los recursos que reciban estará ligado a la consecución de los objetivos establecidos para años anteriores. En concreto, de los 2.110 millones de euros que se repartirán este año, 1.992 están ligados a objetivos. De ellos, el 55% se reparte atendiendo al criterio establecido para 2019 y el 45% restante, 896,5 millones de euros, al cumplimiento de objetivos.

Aunque todavía está por fijar entre las comunidades los indicadores que se valorarán para establecer los repartos para años futuros, este 2021 se ha establecido en función de la ejecución presupuestaria de los años 2019 y 2020.

No obstante, ninguna comunidad autónoma recibirá fondos por debajo de los que les correspondió el pasado ejercicio de 2020. De hecho, desde Trabajo se considera como un premio para las más eficientes y no como un castigo para las que hayan tenido una menor ejecución de las partidas del año anterior. Aunque solo son cuatro las comunidades autónomas que aumentan sus asignaciones respecto a 2020: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

De los 2.110 millones que se acordaron repartir ayer, Andalucía es la que más dinero recibirá con 348 millones de euros, seguida muy de cerca de Cataluña con 345 millones de euros (aunque tiene dos millones menos de habitantes que Andalucía y un porcentaje menor de desempleados). La tercera es Madrid con 273 millones de euros, y en cuarto lugar la Comunidad Valenciana con 210 millones. La Región de Murcia, la única que votó en contra, recibe 57 millones de euros.

La economía de Estados Unidos creció a una tasa interanual del 6,4% en el primer trimestre del año, señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, informó hoy la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Se trata del primer cálculo que ha hecho el Gobierno estadounidense sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,5% registrada en 2020. La evolución del PIB entre enero y marzo fue del 1,6% respecto al trimestre precedente.

"El aumento en el primer trimestre reflejó la continuada recuperación económica, la reapertura de negocios, y la continuada respuesta del gobierno relacionada con la pandemia", señala el informe trimestral. Entre ellos, mencionó las transferencias directas, la extensión del subsidio de desempleo y las ayudas a pequeñas y medianas empresas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, que ha propuesto un multimillonario plan de inversión en infraestructuras y en programas de protección social, ha asegurado que el crecimiento de EE UU en 2021 podría superar el 6% anual, algo que no ha sucedido en el país desde la década de 1980.