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La confianza de las empresas españolas en que la actividad económica mejorará a lo largo del próximo año cayó en octubre al nivel más bajo del último año y marcó el tercer peor registro de la serie histórica, según la consultora Markit. De acuerdo al "IHS Markit Business Outlook" publicado este lunes, un indicador cuatrimestral, la consultora explica que la confianza se ha deteriorado debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia de coronavirus y su efecto en la economía.

La confianza de las empresas de servicios es inferior a las industriales y la pandemia se mantiene como el principal reto de cara al futuro, especialmente debido a que las restricciones a los viajes y los confinamientos afectan gravemente al sector turístico.

Las empresas también se muestran preocupadas sobre el impacto que la pandemia tendrá en el consumo en un entorno de aumento del desempleo.

La nueva ayuda de 2.000 euros habilitada por la Generalitat para autónomos con bajos ingresos se ha agotado en unas 10 horas. La página web de Treball ya ha recepcionado y validado las 10.000 solicitudes fijadas como tope presupuestario para este pago único, dotado con 20 millones de euros de fondos. El proceso ha culminado poco después de las 12 del mediodía de este martes, tras dos jornadas con elevados problemas técnicos y saturación de los servidores de la Generalitat. También con polémica, rifirrafe entre los socios del Govern y disculpas pedidas por parte de la portavoz del Govern, Meritxell Budó. Treball ya ha anunciado que estudia ampliar esta ayuda ante el alud de peticiones recibidas.

El guion durante las mañanas del lunes y el martes ha sido el mismo. Volumen ingente de solicitudes que han saturado la página web de la Generalitat y han dificultado el acceso a los potenciales beneficiarios de esta nueva ayuda de 2.000 euros. Entre las nueve y las diez de la mañana de este martes se han recepcionado un total de 406.000 peticiones, la gran mayoría de las cuales no han podido validar el formulario por el atasco en los servidores. La ayuda está presupuestada para atender a 10.000 autónomos y el criterio de asignación era del de "el primero que llega se lo lleva".

Nuevo colapso en los servidores para pedir la ayuda de autónomos y nuevo rifirrafe entre los socios de Govern. Pues la ayuda la dispone el Departament de Treball, gobernado por el 'conseller' de ERC Chakir El Homrani, pero la infraestructura técnica la gestiona el Departament de Polítiques Digitals, liderado por el 'conseller' de Junts Jordi Puigneró. "Nos habían asegurado que esta vez funcionaría perfectamente. En otras convocatorias no ha dado estos problemas", comentan fuentes de Treball. "Estaba claro que con las bases que han planteado habría este volumen de solicitudes, era inasumible y que previsiblemente colapsaría cualquier sistema", replican desde Polítiques Digitals.

El choque entre 'consellerias' y la gestión efectuada ha provocado que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, haya salido a pedir disculpas en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. "Como Govern lamentamos que no haya ido como debería haber ido", ha declarado. "El problema real es que no tenemos suficiente dinero para hacer frente a lo que la gente necesita. Es una realidad de nuestro país", ha añadido, apuntando hacia Madrid.

Los partidos de la oposición no han tardado en reaccionar y han pedido explicaciones en sede parlamentaria sobre el diseño y la gestión de esta ayuda. Los grupos en el Parlament de Ciudadanos, PSC y 'Comuns' han pedido la comparecencia de los 'consellers' de Empresa, Ramon Tremosa (Junts), de Treball, Chakir el Homrani (ERC) y Polítiques Digitals, Jordi Puigneró (Junts).

El criterio dispuesto para asignar la ayuda es el orden de recepción de las solicitudes, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos dispuestos. Es por ello que los trabajadores autónomos con bajos ingresos la han solicitado en masa y debido al alto volumen de envío de solicitudes la página web de Treball, gestionada por la 'conselleria' Departament de Polítiques Digitals, ha colapsado.

No es la única ayuda desplegada con este criterio y que ha provocado la saturación de los servidores públicos. El pago único de hasta 1.500 euros dispuestos por la 'conselleria' de Empresa (dirigida desde Junts) para bares y restaurantes cerrados también provocó que la web del departamento se colgara durante el primer día de solicitudes. Pimec y UGT-CTAC, las organizaciones de autónomos más representativas de Catalunya, han instado a Treball a que se replantee este modelo de "concurrencia no competitiva" y que se amplíe esta ayuda "de manera urgente".

El Departament de Treball ha dispuesto este nuevo fondo de 20 millones de euros, que busca beneficiar a un total de 10.000 trabajadores por cuenta propia en Catalunya; cerca del 2% del colectivo de afiliados al RETA. La ayuda está diseñada para aquellos trabajadores que arrastren bajos ingresos y la asignación de la misma se realizará por orden de entrada de la solicitud. Ante el aluvión de solicitudes recibido, en proporción a la escasa cobertura inicialmente dispuesta, Treball ya ha anunciado que estudia reeditar esta ayuda.

Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo llegaron este martes a un principio de acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, un paso imprescindible para poner en marcha el fondo de recuperación que movilizará 750.000 millones de euros para reconstruir la economía comunitaria tras el impacto de la pandemia de Covid-19. El fondo de recuperación, según el plan diseñado en julio por los jefes de Gobierno de la UE, va asociado al presupuesto plurianual, dotado con 1,074 billones de euros. En total, se movilizarán 1,8 billones de euros siempre que los Estados miembros den el visto bueno al nuevo documento, algo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, confía en que llegue "antes de que acabe el año".

"Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo político sobre el presupuesto de la UE y el paquete de recuperación", anunció en Twitter un portavoz de la presidencia del Consejo, que este semestre ocupa Alemania, tras la novena ronda de conversaciones entre ambas instituciones, que llevan negociando desde el mes de agosto. El paquete político acordado incluye un alza de unos 16.000 millones de euros como refuerzo específico de los programas de la UE, incluidos Horizonte Europa, EU4Health y Erasmus+. Se hará mediante medios adicionales (12.500 millones de euros) y reasignaciones (otros 2.500 millones) en el transcurso del próximo ejercicio financiero.

También incluye, según explica el Consejo, "más flexibilidad para permitir a la UE responder a necesidades financieras imprevistas, mayor participación de la autoridad presupuestaria en la supervisión de los ingresos", y una "hoja de ruta indicativa hacia la introducción de nuevos recursos propios", es decir, los tributos propios (como el impuesto al plástico o al carbono en frontera) que quiere lanzar la Unión.

El acuerdo se llevará ahora a los Estados miembros para su aprobación final junto con los demás elementos del próximo marco financiero plurianual y del paquete de recuperación, incluido el régimen general de condicionalidad al Estado de derecho, sobre el que Consejo y Eurocámara llegaron a un principio de acuerdo la semana pasada.

Los dirigentes europeos cerraron las líneas generales del plan en el mes de julio. Sin embargo, la hoja de ruta, además de recibir luz verde en los respectivos parlamentos nacionales, también necesitaba el visto bueno de la Eurocámara, que presionó desde el comienzo para aumentar su cuantía final con el objetivo de que ciertas partidas comunitarias no se viesen afectadas por los recortes.

El Parlamento Europeo también quiso condicionar el desembolso de los fondos comunitarios al cumplimiento de los principios del Estado de derecho, un extremo que tensó la negociación principalmente con Polonia y Hungría hasta que, la pasada semana, los negociadores llegaron a un principio de acuerdo. Falta por ver, precisamente, cuál será la decisión final de Varsovia y, sobre todo, Budapest. En la UE hay cierto recelo a que los dos gobiernos secuestren el MFP y el fondo de recuperación, retrasando sin fecha su aprobación en sus respectivos parlamentos.

"Las negociaciones con el Parlamento han llevado tiempo, pero finalmente lo hemos logrado: hemos llegado a un acuerdo político sobre los últimos detalles del próximo presupuesto a largo plazo de la UE. Se trata de un acuerdo equilibrado, que aborda las cuestiones planteadas por el Parlamento respetando al mismo tiempo las orientaciones recibidas del Consejo Europeo de julio. Ahora estamos en condiciones de dar los próximos pasos cruciales en el proceso, presentando las diferentes partes del paquete a los Estados miembros y al Parlamento para su aprobación", ha explicado Michael Clau, portavoz alemán en la UE.

El Gobierno de coalición afronta desde este miércoles en el Congreso el primer examen parlamentario de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021, y lo hace con la tranquilidad de una mayoría más amplia que la de la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, esta vez solo se trata de tramitar las cuentas y mantener abierta la vía de la negociación, y la fase definitiva, donde habrá que aprobarlos, será a finales de mes. El debate de totalidad de los Presupuestos de 2021 arrancará a las doce del mediodía del miércoles con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo el proyecto del Gobierno de coalición.

Ocho partidos del Congreso apuestan por devolver los Presupuestos. En concreto, han presentado enmienda a la totalidad el PP, Vox, Junts, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumará UPN, que no presenta enmienda propia, pero sí ha avanzado su intención de apoyar la retirada del proyecto. Montero debatirá con cada uno de ellos y escuchará la posición del resto de grupos. La votación será ya el jueves, 12 de noviembre, y en este trámite el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

El PSOE y Unidas Podemos, con sus 155 diputados, ya suman más votos que los partidarios de devolver los Presupuestos al Gobierno (151), pero es que además para esta votación cuenta con la complicidad de las demás formaciones, favorables a continuar la tramitación del proyecto para negociar su contenido. Así, el Gobierno ha 'engordado' la mayoría que facilitó el pasado mes de enero la investidura de Pedro Sánchez. Concretamente, al bloque que permitió la reelección del presidente, ya fuera por voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) o por su abstención (Esquerra Republicana y EH-Bildu), se ha sumado ahora Ciudadanos, los cuatro diputados del PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que en enero votaron en contra.

Once meses después, el Gobierno sólo ha perdido al BNG, que apoyó la investidura de Sánchez pero que ahora presenta una enmienda de totalidad como "toque de atención". Eso sí, su diputado Néstor Rego se ha mostrado dispuesto a retirarla para alcanzar un acuerdo y se atienden sus demandas. A diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos Generales que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, provocando la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de ese año, ahora los dos socios tienen asegurada una holgada mayoría absoluta para salvar ese trance.

Una vez que supere la votación de totalidad de la próxima semana, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

La nueva normativa, que pretende sustituir a todas las anteriores sobre esta materia, establece una suerte de catálogo de distintos programas formativos y de orientación e incentivos a la contratación que podrán escoger las comunidades para ejecutar el presupuesto estatal que se distribuye anualmente entre las regiones para que gestionen este tipo de políticas. Estas acciones subvencionadas están destinadas fundamentalmente a tres colectivos: las personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de Empleo; los ocupados que también están registrados como demandantes de empleo para mejorar o mantener su puesto; y los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El texto recoge una serie de herramientas e instrumentos para “fortalecer las carreras profesionales estables”: para ello se promueven los incentivos a la contratación fija; y, por otro lado, se refuerza que los programas públicos de empleo-formación se articulen por medio de contratos de trabajo (formativos o de prácticas o cualquier otro, pero dentro de la normativa laboral vigente). Esto significa que en estos programas no podrán utilizarse otros mecanismos como becas u otras herramientas similares.

El artículo 17 del borrador de Real Decreto que está en discusión es el que regula el Programa de incentivos a la contratación. Aquí se establecen las cuantías de referencia para los incentivos incluidos en este decreto y para el resto de los que quieran aplicar las comunidades autónomas con la financiación estatal que les corresponde anualmente. Así, el Real Decreto que propone Trabajo indica que la contratación indefinida inicial podrá subvencionarse, cuando se celebre a tiempo completo, con las siguientes cuantías de referencia:

“Con carácter general, las normas o bases reguladoras podrán prever una subvención de 4.000 euros (4.500 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el Servicio Público de Empleo)”.

Mientras que el incentivo será de 5.500 euros (6.000 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de personas con discapacidad u otros colectivos que fijen los servicios de empleo) siempre que los contratos se celebren con: beneficiarios del ingreso mínimo vital o ayudas similares; personas con discapacidad; retornados del extranjero; mujeres en sectores mayoritariamente masculinos o aquellas que lleven más de 24 meses tras parto o adopción; mayores de 45 años y cualquier otro colectivo que determinen las comunidades. Y podrá llegar hasta los 7.000 euros (o 7.500 si son mujeres mayores de 45 años discapacitadas) cuando los contratos se celebren con personas en riesgo de inclusión mayores de 45 años desempleadas de larga duración o, nuevamente, cualquier otro colectivo que determinen los servicios de empleo.

Además, cualquiera de estas subvenciones se elevará “hasta en 2.000 euros cuando la contratación indefinida se realice por trabajadora o trabajador autónomo, o por una cooperativa o sociedad laboral, que contrate a su primer empleado”. Para recibir estas ayudas con dichas contrataciones la empresa debe estar creando empleo neto para evitar la sustitución de trabajadores. Y si la jornada no es a tiempo completo la cuantía del incentivo se recortará en la misma proporción; siempre siendo como mínimo una jornada del 50% de la completa.

Asimismo, la transformación en indefinidos de contratos temporales, incluidos los contratos formativos, se subvencionará con una cuantía de referencia de hasta 4.000 euros (5.500 euros en caso de discapacidad). De esta forma, la norma que se acaba de empezar a negociar establece todas estas cuantías de referencia a efectos de su financiación. En ese sentido prevé que dichas cuantías "podrán ser modificadas o actualizadas mediante orden ministerial y, en su caso, complementadas por las Administraciones públicas competentes, si bien hasta un porcentaje máximo de incremento a fin de evitar posibles desequilibrios entre las cuantías que se establezcan en distintos ámbitos territoriales para los mismos programas comunes".

Los planes de pensiones de empleo no levantan cabeza. Este tipo de vehículo de ahorro complementario para la jubilación, que se crea por iniciativa del empleador (ya sea una empresa o una Administración pública), cuenta con 1,966 millones de partícipes. Pero en los últimos diez años esta cifra se ha reducido en 183.000 personas.

El Gobierno quiere impulsar este tipo planes de pensiones, en detrimento de los planes individuales. Considera que este formato de inversión, ligado a la relación laboral, es el más óptimo para acumular un patrimonio que complete la pensión pública. Por eso, va a empeorar el régimen fiscal de las aportaciones a planes de pensiones individuales (al reducir el tope anual desgravable de 8.000 euro anuales a solo 2.000 euros), y va a mejorar ligeramente el régimen de los planes de empleo.

Esta figura jurídica lleva años languideciendo. En la actualidad hay ahorrados bajo esta fórmula 34.765 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados por la asociación de las gestoras y fondos de pensiones (Inverco). La cifra es un 1,4% inferior a la que había a finales de 2014.

Esta caída sería mucho mayor si no fuera por la revalorización que han vivido en este periodo los activos (bonos y acciones) en los que invierten estos planes de empleo. El rendimiento anual medio en los planes de empleo en los últimos cinco años ha sido del 2,2%.

Sin embargo, si se tiene solo en cuenta el dinero que entra y sale de este tipo de vehículos, el balance es desolador. Desde finales de 2011, cada año sale más dinero del que entra en el sistema. En estos ocho años y nueve meses han salido casi 3.600 millones de euros. Es decir, que las nuevas aportaciones que se realizan no compensan a las decenas de miles de dueños de planes de empleo que se jubilan y comienzan a cobrar su prestación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 'think tank' que agrupa a las economías más desarrolladas del planeta, registró al cierre del tercer trimestre de 2020 un total de 49,469 millones de desempleados, cifra que supone un incremento de 13,79 millones respecto de los 35,677 millones de parados contabilizados al cierre de los primeros tres meses del año, que solo recoge el impacto de la pandemia en las últimas semanas de marzo. De este modo, el número de personas en paro en la OCDE en el tercer trimestre del año se redujo en 5,228 millones respecto de los 19,02 millones registrado en el segundo trimestre. En el mes de septiembre, la cifra de desempleados registrada en la OCDE fue de 47,613 millones.

En términos absolutos, las mayores cifras de desempleo se observaron en Estados Unidos, con 14,15 millones de parados en el tercer trimestre, frente a los 6,27 millones entre enero y marzo; Colombia, con 4,16 millones, frente a los 2,74millones del primer trimestre, y España, con 3,78 millones, frente a los 3,21 millones del primero. No obstante, la tasa de paro en el tercer trimestre en la OCDE se moderó al 7,6% desde el 8,6% del segundo trimestre, aunque se mantenía significativamente por encima del 5,4% registrado en los tres primeros meses de 2020.

Las mejores cifras de desempleo relativo correspondieron en el tercer trimestre a la República Checa, con un 2,8% de paro, por delante de Japón, con un 3%, y de Polonia, con un 3,1%. Por contra, las mayores tasas de paro se observaron en Colombia (17,8%) y España (16,6%). En el mes de septiembre, la tasa de paro de la OCDE retrocedió al 7,3% desde el 7,4% de agosto, muy por debajo del 8,8% registrado en abril, pero todavía lejos del 5,2% de febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia.

El desempleo en septiembre entre los hombres afectaba al 7,1%, dos décimas menos que en agosto, mientras que el paro femenino alcanzaba el 7,5%, frente al 7,7% del mes anterior. La tasa de paro en la eurozona en septiembre se mantuvo estable en el 8,3%, un punto porcentual por encima del nivel de febrero, mientras que en EEUU era del 7,9%, medio punto por debajo de la lectura de agosto, pero todavía un punto porcentual más que en febrero de 2020.

Tras los informes del Banco Central Europeo (BCE) sobre la posible creación de un euro digital, los Gobiernos han tomado esta vez la iniciativa. A diferencia de la institución monetaria, no se proponen crear algo nuevo, sino más bien, poner algo de orden legal en un entorno que hasta ahora ha estado en una especie de tierra de nadie. Los movimientos por una mayor regulación llegan desde el seno de la Unión Europea, desde Reino Unido y desde España.

La iniciativa más destacada y trascendente para el mundo de las criptomonedas es sin duda la del club de países. A finales de septiembre, el Parlamento comunitario y el Consejo Europeo esbozó un borrador con visos de convertirse en Ley. Con este documento, la Unión Europea pretende establecer las bases de una legislación conjunta respecto a este tipo de activos. De aprobarse definitivamente, el club dejará un plazo de 18 meses para empezar a aplicarlo, dando así tiempo para adaptarse.

“Un marco legal específico es necesario a nivel europeo para hacer normas hechas a medida de los criptoactivos que todavía no están dentro de ninguna otra legislación ya vigente. Este marco deberá impulsar la innovación y la justa competencia además de proveer altos estándares de protección para los consumidores y garantizar la integridad del mercado. Con él, los servicios relacionados con criptoactivos deberían tener más fácil crecer y operar de forma transfronteriza dentro de la Unión”, explica el documento.

Los objetivos son ambiciosos. La Unión quiere fomentar el crecimiento de este mercado. A la vez, pretende proteger más a los usuarios de las plataformas que permiten operar con criptomonedas y también a los inversores que acudan a emisiones de criptoactivos. Por otro lado, las autoridades buscan blindarse ante iniciativas de criptomonedas de precio estable como la de libra de Facebook que podrían llegar a suponer un riesgo para la estabilidad financiera global por sus características.

Hasta el momento, uno de los variados focos de problemas en el mundo de los criptoactivos han sido las conocidas en la jerga como Initial Coin Offering (ICO). Esto no es otra cosa que una empresa o institución emitiendo su propia moneda digital. En ocasiones, los proyectos no estaban respaldados realmente por una actividad de negocio y, en otras, directamente eran una estafa.

Para atajar el peligro, salvo que la empresa sea pequeña y la emisión no supere el equivalente a un millón de euros en doce meses o se dirija a menos de 150 inversores o a profesionales, la Unión obligará a que aquellos que emitan criptoactivos ofrecidos al público elaboren un documento que explique riesgos y características del producto (conocido en la jerga como white paper) y a tener una oficina o filial en un país de la Unión. Por criptoactivos, la Unión entiende prácticamente toda clase, incluido los conocidos como Tokens, una parte del mercado que hasta ahora ha contado con menor vigilancia. El objetivo de obligar a tener presencia en la Unión si se pretende que sus ciudadanos inviertan, es que los emisores presenten ese documento obligatorio ante las autoridades del mercado del país correspondiente y que ellas decidan si lo aprueban o no. En caso de no ser aprobado, podrán advertir sobre la empresa.

Los catalogados como proveedores de servicio cripto, los exchanges en los que se adquieren las criptomonedas, los depositarios y los que aconsejen sobre inversión en estos activos, deberán tener oficina en un país de la Unión y contar con autorización del supervisor de los mercados pertinente. En caso de que un ciudadano europeo acuda por voluntad propia a un proveedor de servicio cripto de fuera de la Unión, no habría problema. El problema llegaría si es el proveedor de servicios cripto de fuera de la Unión el que acude buscando clientes sin tener oficina ni autorización en ella. En tal caso, sería ilegal.

El límite de velocidad será 30 km/h en la mayoría de las calles en todas las ciudades de España desde finales de la próxima primavera. Otras novedades para 2021 son que los patinetes sólo podrán ir en zonas urbanas y a 25 km/h como máximo, los coches y las motos no podrán superar en 20 km/h el límite para adelantar en vías convencionales, y aumentará de tres a seis la pérdida de puntos por conducir indebidamente con el teléfono móvil y de tres a cuatro por no llevar puesto el cinturón de seguridad o el casco.

Todo ello forma parte de un paquete normativo aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que, en conjunto, modifica sustancialmente la legislación de tráfico y circulación, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión. En concreto, se recogen en el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial respecto carnet por puntos, con el objetivo de generar un nuevo modelo de seguridad vial alineado con la UE y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir un 50% el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico hasta 2030. En un solo día se ha dado luz verde al grueso de los cambios legales en los que llevaba trabajando la DGT durante los dos últimos años.

Lo primero que entrará en vigor -al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- es una reforma del Reglamento General de Conductores que rebaja a de 21 a 18 años la edad para conducir camiones con el correspondiente Certificado de Aptitud Profesional (CAP) con 280 horas, y también a 18 años para conducir autocares sin pasajeros y en un radio máximo de 50 kilómetros (en el resto de los casos, se mantienen los 21 años).

Las personas con dificultades asociadas al sistema locomotor podrán conducir camiones o autobuses en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, gracias a los avances en prótesis y vehículos. Además, el permiso B bastará para conducir furgonetas eléctricas hasta 4.250 kilos siempre que el conductor tenga una antigüedad mínima de dos años con esa licencia, con lo que compensa el exceso de peso de los baterías y los depósitos de esos vehículos.

Otra pata del paquete legislativo es un real decreto sobre medidas del tráfico urbano que modifica tanto el Reglamento General Circulación como el Reglamento General de Vehículos. Esa norma fija tres límites genéricos de velocidad en las vías urbanas (actualmente hay uno y es de 50 km/h): 20 km/h para las calles de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h para las de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h para las de dos o más carriles por sentido.

Esos nuevos límites entrarán en vigor seis meses después de la publicación de ese real decreto en el BOE, lo que podría ser una realidad a finales de la próxima primavera. Y supondría que la mayoría de las calles rebajen el tope de 50 a 30 km/h. "La experiencia nos demuestra que bajar la velocidad de 50 a 30 km/h disminuye cinco veces el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello", comentó Marlaska, antes de agregar que esa medida "no ralentiza el tráfico urbano" y "no impide la fluidez de la circulación".

El real decreto regula los vehículos de movilidad personal (como los patinetes eléctricos), definidos como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Por tanto, quedan excluidos los vehículos para personas con movilidad reducida.

Los vehículos de movilidad personal no podrán circular por las aceras y por las zonas peatonales. tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos y queda también vedada su circulación en vías interurbanas, travesías, así como autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbanos. Es decir, solo podrán ir en áreas urbanas. Esos aspectos relativos a patinetes eléctricos y otros vehículos similares entrarán en vigor el próximo 2 de enero.

Además, la DGT aprobará un manual de características de los vehículos de movilidad personal. A los 24 meses de su publicación, será obligatorio tener un certificado para circular con ellos. Marlaska indicó que el año pasado hubo una reducción de casi un 7% en las víctimas en accidentes de tráfico en carretera y un incremento de casi ese mismo porcentaje en cuanto a los siniestros en las ciudades.

El tercer elemento central de lo aprobado hoy es un anteproyecto de ley que reforma algunos aspectos del permiso por puntos que figura en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuya entrada en vigor se pospone 'sine die' porque deberá volver al Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, que dará luz verde definitiva al texto en una fecha sin determinar.

El Gobierno propone aumentar los puntos a detraer por comportamientos que generan más riesgo para la conducción e impulsar los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la formación vial de los conductores.

El número de asuntos pendientes en los juzgados de cláusulas abusivas (252.181) ha experimentado en el tercer trimestre de 2020 un descenso del 4% con respecto al segundo trimestre del año, cuando era de 262.527 asuntos. Este dato vuelve a normalizar los niveles de pendencia al acercarlos a los que había a principios de 2020, antes de la paralización de la actividad judicial causada por la crisis sanitaria. Entre el 1 de junio y el 30 de agosto, el número de asuntos resueltos ascendió a 26.603 y el de sentencias dictadas, a 23.128, lo que ha permitido que la tasa de resolución del trimestre alcanzara su máximo histórico al situarse en el 166%.

Los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa e IRPH.

Los datos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020 ponen de manifiesto que los juzgados especializados han logrado revertir la anómala situación provocada por la pandemia y volver a unos porcentajes de resolución y pendencia normalizados. Así, el volumen de asuntos pendientes de resolver es apenas un 4% más alto que en el segundo trimestre del año, y ello pese a que en ese periodo -el más afectado por la crisis sanitaria y la suspensión de la actividad judicial- ingresaron 45.988 nuevos asuntos, una cantidad muy superior a la que se ha venía registrando desde 2019 y, en concreto, un 103% más alta que la del primer trimestre del año, según los datos facilitados por el CGPJ.

Si los datos se comparan con los del mismo trimestre de 2019, el volumen de asuntos de nuevo ingreso en los juzgados especializados (16.071 asuntos en el tercer trimestre de 2020) se redujo en un 35,31%. Sin embargo, las cifras de asuntos resueltos y de asuntos pendientes prácticamente se igualan, siendo la diferencia interanual del 0,83% y del 0,46%, respectivamente.

Desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017, los Juzgados especializados en cláusulas abusivas han recibido un total de 570.789 asuntos, de los que han resuelto 320.434, lo que es igual al 56%. La tasa de resolución a nivel nacional en el tercer trimestre del año experimentó una nueva mejora al situarse, con un 166%, en su máximo histórico. En el primer trimestre de 2020 fue del 144% (12 puntos porcentuales más bajo), mientras que, en el segundo trimestre, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la paralización de la actividad judicial, se situó en el 38%.

Desde el segundo trimestre de 2019, y con la excepción de los meses coincidentes con la situación excepcional provocada por el Covid-19, la tasa de resolución se ha mantenido siempre por encima del cien por cien, dato que pone de manifiesto cómo desde el 1 de abril de 2019 los órganos judiciales resuelven más asuntos de los que reciben. La tasa de resolución -que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial.

Entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2020, los juzgados de cláusulas abusivas dictaron un total de 23.128 sentencias, cantidad que eleva hasta 262.698 las dictadas desde la puesta en marcha de estos órganos especializados, el 1 de junio de 2017. El 80% de las dictadas en el trimestre analizado (22.736) fueron favorables al cliente.

Los asuntos que entran en los Juzgados especializados no sólo concluyen cuando se dicta sentencia; también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.