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Así se desprende de un artículo escrito por Roberto Scholtes, experto de UBS (entidad financiera suiza), publicado en la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El texto explica que el coche eléctrico crecerá en cuota de mercado de manera exponencial en los próximos años, hasta representar el 30% de las matriculaciones en Europa en 2025.

El artículo señala que Asia "liderará abrumadoramente la fabricación de baterías y de componentes electrónicos, que suponen más de la mitad del coste de un coche eléctrico". UBS asegura que, "aunque se están planteando algunas factorías [de baterías] en el norte y este del continente, probablemente solo entren en funcionamiento cuando las plantas de China y Corea del Sur hayan adquirido gran tamaño y eficiencia". Otro de los aspectos preocupantes que indica el artículo es la ausencia de fábricas de semiconductores. En los próximos años, el contenido de estos materiales se multiplicará por siete en comparación a los coches de combustión.

El superávit comercial del conjunto del sector en España podría menguar en tres cuartas partes hasta 2025, "por la necesidad de importar las baterías y componentes electrónicos y por la pérdida de cuota de los vehículos de producción doméstica en las ventas totales en España". Otros de los grandes afectados por la penetración del vehículo eléctrico serían los talleres y los concesionarios, que, "en un escenario extremo de penetración del 100% del coche eléctrico", perderían el 60% de su facturación.

Por todos estos riesgos, indica el estudio, es necesario "un esfuerzo conjunto de todos los niveles de las Administraciones Públicas y de los actores más relevantes del sector, para propiciar la instalación en España de plantas de fabricación de esos elementos críticos [semiconductores y baterías]".

Para 2025, UBS estima que en España se comercializarán 400.000 unidades entre coches eléctricos puros e híbridos enchufables, en un mercado total de 1,2 millones de automóviles. Los híbridos no enchufables también superarán el 20% de las comercializaciones. "No es probable que tecnologías como el gas natural, el gas licuado o el hidrógeno superen unas pocas decenas de miles de unidades vendidas cada año, destinadas fundamentalmente a los canales del taxi y de reparto urbano de mercancías", dicen en UBS.

Respecto a la igualdad de costes entre el coche eléctrico y el de combustión, el estudio asegura que el "coste total de propiedad" ya se igualó en 2018 en Europa entre ambas tecnologías. Este parámetro tiene en cuenta la depreciación del automóvil, el precio del combustible y los gastos de mantenimiento, además del precio de venta del coche.

El estudio también asegura que el coche eléctrico será rentable para los fabricantes a medio plazo. "Las rápidas mejoras tecnológicas y las economías de escala permitirán que el margen medio obtenido en los vehículos eléctricos se sitúe a la par de los de combustión interna entre 2022 y 2025", añade UBS.

Los gigantes tecnológicos sintieron este lunes el impacto en Bolsa de la decisión liderada por Google de suspender los negocios con la compañía tecnológica china Huawei después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. Las acciones del sector en las Bolsas asiáticas han registrado caídas de hasta el 10%; el sector tecnológico europeo también cotiza en rojo y en el Nasdaq, que cae un 1,3%, Apple des desploma un 5%.

En Europa, la ítalo-francesa STMicroelectronics, una de las principales empresas en el mundo en el desarrollo de semiconductores, es la que más desciende, al bajar un 4% en la Bolsa de París. De igual manera, la alemana Infineon, una de las mayores fabricantes de chips de Europa, baja un 4% en el selectivo de Fráncfort. El podio entre lo completa, también con una caída del 4%, la austríaca AMS AG.

Las tres europeas no han cancelado relaciones con Huawei, a diferencia de las estadounidenses Intel, Qualcomm o Micron Technology, pero se han visto igualmente castigadas en un mercado que teme un estancamiento de pedidos e inversiones.

En Wall Street Qualcomm, Xilix o Broadcom, todas proveedoras de Huawei, sufren pérdidas en el entorno del 5%. Pero los inversores también castigan a Apple, que se desploma el 4% en la apertura de Estados Unidos. La empresa depende de China tanto para fabricar como para vender los conocidos iPhone, y una guerra tecnológica a gran escala puede penalizar mucho. De hecho, la propia Google se deja más del 2%.

En Asia cotizan algunos de los mayores proveedores de la firma china. Sunny Optical Technology, que se dedica al diseño, fabricación y venta de productos ópticos y relacionados para dispositivos móviles. Este lunes ha cerrado con una bajada del 5% en la Bolsa de Hong Kong, después de tener caídas del 6% durante el día. Pero Sunny no fue la de peor actividad: la empresa china Q Tech, que principalmente desarrolla cámaras para los teléfonos móviles, cayó un 8,3% también en la Bolsa de Hong Kong, aunque tuvo un mejor día comparado con el 15% de bajada que tuvo el pasado viernes.

Huawei no cotiza en Bolsa, pero los bonos de la empresa cotizados en dólares caen al nivel más bajo en dos meses. Los títulos con vencimiento en 2027 cotizan a un 93,8% respecto a su valor nominal. La empresa china tiene cuatro emisiones por un total de 4.500 millones (4.017 millones de euros). El efecto de las medidas sobre la firma china es incierto. La agencia Bloomberg sostiene que la compañía china ha almacenado suficientes chips y otros componentes vitales para mantener su negocio en funcionamiento durante al menos tres meses, y se ha estado preparando para esa posibilidad desde mediados del 2018, acaparando componentes y desarrollando sus propios chips. La empresa china es el proveedor más grande del mundo de equipos de hardware y el segundo mayor proveedor de smartphones.

El veto de Google y otras tecnológicas estadounidenses a Huawei podría frustrar la aspiración del fabricante chino de convertirse en breve en el mayor fabricante de móviles del mundo, donde aún está por detrás de la empresa surcoreana Samsung pese a vender más de siete móviles por segundo.

La Abogacía se moviliza para que el Ministerio de Trabajo le exima del registro diario de la jornada en un desarrollo reglamentario. Considera que la norma es de imposible cumplimiento para esta profesión. Movilización en la Abogacía para que la profesión quede exenta de la nueva obligación de registro diario de la jornada laboral. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) intentan que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.

Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites legales. "Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario", resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo conlleva plena disponibilidad.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis de Carlos, presidente de Uría Menéndez; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de Roca Junyent, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, han expresado su preocupación con la nueva obligación en el congreso de la Abogacía que se ha celebrado en Valladolid. Coincide en esta inquietud la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que considera que "si, efectivamente, en alguna profesión choca este registro, es en la Abogacía" y se ha comprometido a actuar institucionalmente.

Es evidente que no todos los abogados con jornadas interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones (también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u 80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El sistema es duro y competitivo, pero, en términos económicos y de prestigio profesional, la recompensa es grande.

Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo. "El sistema premia a quien echa más horas", explica otra fuente. "De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez". Según ha podido saber este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la ley.

No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el instrumento que se emplee como registro.

Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es incompatible "con la naturaleza y características especiales" de la profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de los Trabajadores. "Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra exceptuar los mecanismos para evitar abusos", explica un letrado.

En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva).

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha creado el primer certificado de calidad para bufetes de abogados que, entre sus indicadores, incluye una evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres efectivamente implementadas por la organización. De este modo, para obtener la llamada Garantía Abogacía ICAB, la firma deberá acreditar que garantiza "el respeto a los principios de igualdad de trato y de oportunidades en la contratación, formación, desarrollo profesional y retribución a todo su personal y asociados".

En materia de lucha contra la discriminación, el esquema de certificación diseñado por el colegio establece varios requisitos. El primero, cuando así lo disponga la ley (tras la última reforma, es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores) o lo haya decidido la organización, contar con un plan de igualdad que incluya medidas específicas contra cualquier tipo de discriminación. En segundo lugar, disponer de un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual o moral y, además, darlo a conocer a todo el personal, colaboradores y socios.

Asimismo, las organizaciones deberán acreditar que no existe en su seno ningún tipo de discriminación por razón de género en cuanto a la retribución de los profesionales con iguales tareas y responsabilidades. Y, finalmente, generar evidencias de la implantación de las actuaciones acordadas. El esquema exige que las organizaciones revisen todos estos programas y protocolos, como mínimo, cada dos años.

El examen de las políticas de igualdad es el punto más novedoso del certificado, pero no es el único. El despacho que aspire a conseguirlo también deberá dejar constancia, entre otras cuestiones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos y de lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, para fomentar las buenas prácticas en la prestación del servicio de la abogacía, el texto demanda una mejor definición del servicio al cliente, con hojas de encargo claras e inequívocas. También obliga a las firmas a definir y documentar los derechos de los defendidos (e informarles sobre los mismos), y trata de introducir más transparencia en el pago de los honorarios, obligando a detallar en las facturas "las actuaciones profesionales realizadas y su importe".

La Garantía Abogacía ICAB, aprobada el pasado 14 de mayo por la junta de gobierno del colegio, es de aplicación a los letrados o bufetes que ejercen su actividad en Barcelona. Sin embargo, como señala Jesús Sánchez, secretario de la junta del ICAB, "los despachos que la obtengan podrán hacerla valer en todo el territorio español".

No obstante, la decana, Maria Eugènia Gay, está convencida de que la iniciativa servirá de ejemplo para otros colegios. "En el Congreso Nacional celebrado en Valladolid hace apenas diez días explicamos la iniciativa a todos los compañeros y compañeras, y muchos ya nos han preguntado por la posibilidad de expandirlo", asevera.

La OCDE defiende que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para incrementar la renta disponible de los hogares están sirviendo como motor de crecimiento de la economía española, pero insta aun así el Ejecutivo a mantener la senda de ajuste fiscal para reducir la elevada deuda pública. Así lo valoró este martes el organismo, que agrupa a las 36 mayores economías del mundo, durante la presentación en París de su informe semestral sobre Previsiones Económicas. España es de los pocos países que no ve rebajadas sus perspectivas de crecimiento por la OCDE respecto a hace seis meses, a pesar de la desaceleración mundial y de las tensiones comerciales. Según el órgano, la economía española destaca por su robustez y avanzará este año un 2,2% y un 1,9% el siguiente, en línea con los cálculos del Gobierno.

“La fuerte creación de empleo, la inflación moderada y algunas medidas recientes, como los aumentos de los salarios del sector público, las pensiones y los salarios mínimos, han impulsado los ingresos reales disponibles y han apoyado el consumo privado”, sostiene, lo que está permitiendo un crecimiento sólido. En este sentido, la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, reconoció que por mucho que el alza del salario mínimo haya sido muy fuerte –­un 22% hasta los 900 euros–, ha permitido situarlo en la media del resto de países de la institución, y que, en vez de haber destruido empleo, ha contribuido a “un crecimiento más inclusivo”.

A pesar de que las medidas expansivas de gasto social permitirán sostener el consumo nacional –que tira casi en exclusiva de la economía por el impacto neutro del comercio exterior–, la OCDE insta a “fortalecer aún más las finanzas públicas, dado los altos niveles de la deuda soberana”, que calcula, bajará este año al 96,5% del PIB y al 95,7% el siguiente, unas previsiones algo peores que las del Gobierno. De hecho, si el crecimiento del PIB llegase a ser mayor del esperado, la institución llama a destinar ese exceso de ingresos a acelerar la reducción de la deuda. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, presente en el acto, destacó la “resistencia” de España y aseguró que el Ejecutivo ha venido usando los ingresos adicionales para reducir el desajuste fiscal de forma más rápida, “sin dejar de priorizar el gasto social”.

En cuanto al déficit público, la OCDE lo eleva dos décimas con respecto a noviembre, hasta el 2% este año y al 1,3% en 2020, unos cálculos bastante más optimistas que los de Bruselas (que no cree que baje del 2,3% y del 2%, respectivamente), aunque recuerda que, hasta el momento, la mayoría de la rebaja se ha logrado por la buena marcha de la economía. Reconoce además que la no aprobación de las cuentas de 2019 elevará el gasto.

Por todo ello, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, sostuvo que a España “le va muy bien”, aunque insistió en que el país todavía tiene numerosas asignaturas pendientes, como la baja productividad y la formación continua del mercado laboral y el fracaso escolar, el escaso gasto en investigación y desarrollo. El informe semestral defiende igualmente que aún hay margen para hacer reformas tributarias que impulsen el crecimiento, y recomienda dar más peso a los impuestos medioambientales y al IVA e incide en no elevar la fiscalidad sobre el trabajo.

La banca española se encuentra en plena fase de reestructuración de su negocio y continúa avanzando en el recorte de oficinas y empleados con el fin de ser más eficiente y sostenible. De esta forma, según los últimos datos del Banco de España, en 2018 las entidades redujeron sus plantillas, en conjunto, en 5.473 empleados.

Según la misma estadística del supervisor, el año pasado cerró con 181.999 trabajadores frente a los 187.472 de un año antes. Además, el número se reducirá aún más a lo largo de 2019 cuando, previsiblemente, se vayan completando los expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados por algunas entidades (Santander aplicará un recorte de 3.700 empleados y en CaixaBank alcanzará a 2.023).

En la evolución histórica desde el año 1999, el número de trabajadores (y de oficinas) se disparó hasta 2008 que marcó el máximo de 270.855 empleados de la banca en España, justo antes del inicio de la crisis económica y financiera. A partir de ese momento, año tras año la banca ha hecho esfuerzos por reducir costes operativos. En los últimos diez años, el número de trabajadores ha bajado en 88.856, un 32,8% menos. De esa cifra, más de la mitad de los empleos recortados corresponden a las antiguas cajas de ahorros (48.482) según datos proporcionados por la Ceca. Actualmente, las entidades procedentes de las cajas emplean a 70.109 trabajadores, un 39% del total.

Y es que, ante un entorno de tipos que se mantienen en mínimos históricos, y el reto de la digitalización de la banca, simplificar la estructura bancaria para reducir costes y aumentar la rentabilidad se ha convertido en la asignatura pendiente de las entidades.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, señaló recientemente que la banca española es, aún, la que cuenta con más oficinas en Europa. No obstante, también recordó que hay alternativas a la reducción de plantilla para aliviar los costes operativos al señalar que España es el segundo país del mundo (por detrás de Japón) que tiene menos empleados por sucursal.

Es incompatible percibir el subsidio por paternidad y la prestación de maternidad en caso de gestación subrogada monoparental. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en una reciente sentencia (consulte aquí el texto) en la que considera que la renuncia de la madre al ejercicio de la patria potestad de las hijas en favor del padre comporta “la desaparición meramente jurídica de la madre biológica”.

Los magistrados justifican así la aplicación por analogía del artículo 23.3 del Real Decreto de 2009 que regula que "en los casos en que solamente exista un progenitor, si este percibe el subsidio por maternidad, no podrá acumular el de paternidad". Por otro lado, recuerdan que el otro progenitor tendrá derecho a la prestación por maternidad durante todo el período de descanso, o por la parte que quedará por disfrutar, en caso de que la madre fallezca durante el parto. En este caso “su disfrute es compatible con el derecho al subsidio por paternidad”. Por tanto, la renuncia de la madre a la patria potestad "no presenta identidad de razón con su fallecimiento", dada la ausencia de voluntariedad.

En su día fue el Tribunal Supremo el que dio la razón al progenitor al reconocer su derecho al cobro de la prestación de maternidad por su condición de padre biológico mediante contrato de prestación por sustitución de dos niñas nacidas en Nueva Delhi, en cuyo registro civil del consulado fueron inscritas al nacer. Tras esto, la madre gestante, mediante poder notarial, manifestó que, por razones geográficas e imposibilidad, no quería ejercer sus funciones como madre y concedió al otro progenitor el ejercicio legal de sus funciones, aceptando además que la guardia y custodia de las menores sea ejercida solo por el padre de las niñas.

Tras este reconocimiento, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) con un procedimiento de oficio exigió el reintegro de lo percibido por el progenitor por el subsidio por paternidad, al considerar que es incompatible con la prestación de maternidad reconocida posteriormente.

La normativa actual aplicable no contiene una norma que regule este caso específico. Por ello, el TSJ catalán sigue la línea de su homóloga: la Sala de lo Social del TSJ de Madrid. En dos sentencias de 2014 y 2016 (confirmadas por el Supremo) reconoce el derecho a la prestación de maternidad en supuestos de gestación por subrogación, pero descuenta de su importe lo percibido por el subsidio de paternidad. “Cuando solo existe un progenitor, adoptante o acogedor, si este percibe el subsidio por maternidad, no podrá contar también con el de paternidad”, aclara la sentencia.

El registro obligatorio de la jornada que entró en vigor el pasado 12 de mayo ha puesto sobre la mesa el debate sobre las horas que se trabajan en España. Ayer fue la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) quien hizo pública una encuesta entre sus asociados sobre el tiempo que dedican a sus negocios los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los asalariados trabajaron una media de 35,8 horas semanales en el primer trimestre del año, frente a una media de casi 44 horas a la semana de los autónomos.

A estos datos se añaden los de la encuesta de ATA conocida ayer que indican que casi ocho de cada diez autónomos (el 78% de los consultados) aseguran trabajar como mínimo nueve horas diarias. Si bien un 60% declaró que trabaja 10 horas al día o más.

También aseguran disfrutar de menos vacaciones que los trabajadores por cuenta ajena. En concreto, el 95% de los autónomos disfrutan de menos de 30 días de vacaciones al año. Y siete de cada diez asegura tener menos de veinte días de vacaciones anuales. Es más, el 20% aseguran que no logran desconectar totalmente de su negocio ningún día de la semana.

Asimismo, los resultados de este sondeo indican que el 76% de los autónomos nunca han tenido una baja médica o bien han ido a trabajar enfermos. De hecho, este colectivo causa menos procesos de baja pero cuando los cursan duran tres veces más que la media de los asalariados. Según el género, las mujeres autónomas que dijeron no cogerse bajas o ir enfermas al trabajo se elevan al 88% frente al 64% de los hombres.

En cuanto al registro de jornada, los autónomos sin asalariados están exentos de dicho control, pero sí tienen que implantarlo aquellos que son empleadores y tienen al menos un asalariado. En este punto, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicó ayer que este colectivo va a reclamar al Ministerio de Trabajo que deje fuera del registro horario a los autónomos con menos de tres trabajadores y a aquellos que no tengan un centro de trabajo. Asimismo, Amor reclamó al nuevo Ejecutivo incentivos para la contratación de asalariados o personal de ayuda doméstica para los autónomos con hijos de hasta 3 años. Así como la ampliación de la tarifa plana de 12 a 24 meses para las autónomas que vuelvan a trabajar tras ser madres. De hecho, según la encuesta de ATA casi la mitad de los autónomos declara no poder conciliar la vida laboral por no tener horario tasado y las exigencias del negocio.

La patronal ha planteado al Gobierno actual, y prepara para el próximo, una plataforma reivindicativa de máximos en el mercado de trabajo, que puede suscitar una confrontación total con los sindicatos. CEOE plantea "un contrato estable en su duración, que será indefinida, pero flexible en su finalización". Es decir, como más adelante se verá, lo que de facto plantea la patronal es una suerte de contrato único, o contrato temporal de larga duración.

El objetivo es que las empresas "no tengan los problemas que conlleva actualmente la rescisión de un contrato ordinario de duración indefinida". Es decir que el trabajador no pueda recurrir el despido ante los tribunales y que el empresario no pague una indemnización por extinción improcedente del contrato, que por regla general puede ser de hasta 33 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de salario. Así consta en las Aportaciones de CEOE al Programa Nacional de Reformas 2019 que el Gobierno ha enviado a Bruselas, junto al Plan de Estabilidad Económica.

Por lo tanto, la confederación empresarial reclama que todos los nuevos trabajadores con un contrato indefinido tengan esta fórmula "estable", con el siguiente régimen indemnizatorio en el despido: En primer lugar, "la necesidad de proceder a la extinción [del contrato] sólo será apreciada por el empresario". Esto significa suprimir de un plumazo cualquier posibilidad de que el despido individual pueda ser declarado como improcedente por un juez al no contemplarse ninguna de las actuales causas objetivas: económicas, productivas, organizativas y de producción.

Sin causas y sin intervención judicial es prácticamente un despido libre, con una indemnización para el trabajador de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de un año de retribución. La patronal no quiere que los jueces analicen la decisión de la empresa de proceder al despido, ni sus causas. Es más, en la propuesta de CEOE, el trabajador sólo podrá reclamar ante la extinción del contrato por las siguientes causas: "Por la vulneración de los derechos fundamentales". Es decir, y entre otras razones, por la raza, las creencias religiosas, políticas, hacer huelga o estar afiliado a un sindicato o un partido político.

O bien, el trabajador podrá recurrir el despido "por el incumplimiento de los requisitos formales". Es decir, porque la empresa no ha enviado en plazo la comunicación escrita del despido, el preaviso del mismo y la puesta a disposición de la indemnización, o el impago de la misma" para el trabajador.

Por lo tanto, el despido sería prácticamente libre si, salvo por estas causas que obviamente no se pueden contradecir en una democracia, el empresario no tiene que dar ninguna explicación ante nadie, ni ante los jueces, para despedir al trabajador, y la indemnización ya está fijada de antemano en 20 días de salario por año, hasta una cuantía equivalente a un año.

Además, en su objetivo de que el despido sea rápido, sin problemas administrativos y barato, la patronal plantea al Gobierno que baste con los siguientes trámites: "Comunicación escrita al trabajador, con una antelación mínima de 15 días, cuando se realice después del primer año de vigencia". O bien, "con una antelación menor y proporcional a la duración de la relación laboral, si la extinción es dentro del primer año de estancia en la empresa". Es decir, los plazos para comunicar el despido que plantea CEOE son una prueba más del carácter fundamentalmente temporal, y no indefinido, que tiene la propuesta de los empresarios.

Con la comunicación del despido, la patronal plantea que la empresa ponga la indemnización a disposición del trabajador, de forma simultánea.

Los mercados se han quedado en punto muerto tras los fuertes altibajos de esta semana; el caso Huawei ha disparado los nervios y se ha cobrado un elevado peaje en algunas acciones, pero el Ibex está apenas medio punto por debajo de cómo estaba el jueves, cuando se conoció el veto de Trump. Y hoy no parece que vaya a moverse demasiado en el arranque, según los futuros europeos, planos.

El mercado está a la espera de acontecimientos; ya se ha dejado el Ibex un 3,5% en el mes de mayo y las perspectivas sobre la evolución de la guerra comercial son las más pesimistas de todo el año. Las empresas estadounidenses temen las represalias chinas, y Trump ultima el veto a hasta cinco empresas de vigilancia chinas. El presidente chino Xi Jinping, por su parte, sigue dando señales de que China se prepara para un conflicto comercial largo: esta semana ha hablado de una "nueva Larga Marcha".

La práctica totalidad de los analistas aconseja extremar la cautela, si bien en las últimas dos sesiones los castigos han estado más localizados, lo que ha limitado la caída de los índices. Y esa tendencia marca la sesión de hoy, con las Bolsas aguantando el tipo a la expectativa de algún gesto de distensión y de las actas de la Fed, que se publican hoy.

El mercado de deuda está, también, estable durante esta semana, asumido el nuevo escenario geopolítico y pendiente de la reacción de los bancos centrales. Y tampoco se registran hoy movimientos de calado en las divisas: el euro está plano en 1,116 dólares y el yen en 110 unidades por dólar.

La libra, por su parte, no ha dado demasiado recorrido al plan de Theresa May para el Brexit, que contemplaba la opción de un nuevo referéndum. El mercado deja la cotización de la divisa en 1,272 dólares, nivel similar al registrado antes de la presentación del plan.