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Así lo ha dictaminado recientemente la Audiencia Nacional en una sentencia contra Hacienda que libra a la demandante de abonar los casi 600.000 euros que la administración le exigía por tener poderes en una empresa endeudada con el fisco.

Cuando una sociedad tiene deudas pendientes con la Agencia Tributaria, la administración pública trata de cobrar los pagos pendientes a sus administradores, de hecho, o de derecho, mediante dos vías. La primera, en virtud del artículo 43.1 a) de la Ley General Tributaria en el caso de que la empresa cometiera infracciones tributarias, y el administrador no hubiese realizado los actos necesarios para el cumplimiento de esas obligaciones, hubiese consentido dicho incumplimiento, o adoptando acuerdos, que posibilitaran las infracciones. La segunda, basada en el artículo 43.1 b) de la misma ley, exige la responsabilidad al administrador que ha cesado en su actividad por no haber hecho lo necesario para que la sociedad pagara los impuestos correspondientes, o hubiera adoptado acuerdos o tomado medidas que causen el impago de los tributos.

Aunque a veces el seguro de responsabilidad civil del administrador cubre la factura fiscal que pueda derivarse de su cargo, el problema se da cuando no existe un gestor claro, lo que en ocasiones lleva a la Agencia Tributaria a buscar responsables entre los apoderados de la firma. Un caso así es el que acaba de abordar la Audiencia Nacional en relación a una malograda empresa que cesó su actividad en 2011 –pero sin ser oficialmente disuelta– dejando a deber a la Agencia Tributaria 682.561,26 euros del impago del IVA del cuarto trimestre de 2009, el mismo de 2010 y el tercero de 2011, una vez sumadas las sanciones correspondientes y los intereses de demora.

El fisco cargó entonces contra quien había sido su administradora única hasta el 24 de diciembre de 2009, cuando cesó en el cargo y fue nombrado otro administrador, como formalizó ante notario e inscribió en el Registro Mercantil el 5 de febrero de 2010. La administración alegó, pese a ello, que podía reclamar el conjunto de la deuda a la antigua administradora porque esta se mantuvo como apoderada de la sociedad, con autorización para la gestión de sus cuentas, desde ese momento y hasta que vendió sus participaciones en noviembre de 2011 y se le revocó el poder.

La afectada llegó a reconocer su responsabilidad sobre un monto de 92.729 euros correspondiente al periodo en el que aún era administradora de la compañía y solicitó la posibilidad de fraccionar el pago, pero se negó a correr con el resto de la deuda. Hacienda no lo consideró suficiente, lo que se tradujo en un largo pulso entre ambas partes, pasando por los Tribunales Económico-Administrativos, primero, y por la vía judicial de lo Contencioso-Administrativo, después, hasta llegar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Esta ha fallado contra la Agencia Tributaria, a la que impone 2.500 euros por las costas judiciales, alegando que la condición de apoderada de la recurrente “por sí solo es irrelevante si no se sabe en qué tipo de actos, en plural, ha hecho uso” del poder. “Y lo mismo cabe decir del hecho de que estuviese autorizada en las cuentas corrientes, si la resolución que declara su responsabilidad subsidiaria no venía acompañada de ningún dato justificativo de los movimientos y el uso que ha hecho de dicha autorización”, reza el fallo. Este afea al fisco que no haya aportado un registro de las actuaciones contables de la apoderada que puedan justificar que se le exija a ella la deuda.

La nueva obligatoriedad de las empresas de registrar los horarios de sus plantillas y conservar la información durante cuatro años les abre una interesante vía de ingresos. SAP, Sage, Meta4, Oracle, Salesforce, Wolters Kluwer y Exact Software son algunas de las compañías que ya han olido esta oportunidad de negocio y preparan acciones para explicar a sus clientes, actuales y potenciales, las implicaciones que tiene el nuevo real decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo, y darles a conocer qué soluciones tienen para que puedan cumplir con la nueva normativa.

“Lógicamente, se abre una oportunidad de negocio”, admite Carlos Pardo, director general de Meta4 Iberia. Según el directivo, “aunque muchas compañías ya registran en España la jornada laboral de todos sus empleados, otras muchas no lo hacen porque la normativa no se lo exigía y su actividad tampoco lo hacía necesario. Pero esto ha cambiado con la nueva ley y ahora todas las empresas, con independencia de su tamaño y negocio, deberán hacerlo”.

El directivo advierte igualmente de que “es probable” que las empresas que ya tienen instalado algún sistema de registro de horarios (el de su empresa se llama Gestión del tiempo Avanzada) “requieran de una revisión” para cerciorarse de que cumplen con la nueva normativa, que exige también poner la información de ese registro a disposición de los trabajadores, sus representantes e inspectores laborales.

Desde Sage Iberia, el director de marketing de producto, Diego Sánchez, cuenta que ya han recibido muchas llamadas de empresas interesadas en ponerse al día para cumplir la nueva ley. “Piense que el plazo para su entrada en vigor es bastante exigente, el 12 de mayo [dos meses desde su publicación en el BOE], así que hemos organizado sesiones online de divulgación para dar a conocer nuestra solución”. Sánchez detalla que el pasado jueves celebraron la primera, donde tuvieron más de 500 empresas conectadas, y ya tienen fijado un calendario para hacer otras sesiones semanales en marzo y abril.

El ejecutivo señala que hace 15 días lanzaron la solución Sage Control Horario, pensada para todo tipo de empresas, “desde las que tienen 5 empleados a las que cuentan con 4.000”, y lo que han hecho es integrarla con su motor de cálculo de nóminas, "porque es ahí donde creemos que se aporta un gran valor al automatizar todo el proceso”. El directivo aclara que las soluciones se venden por separado, pero que aspiran a que el 100% de las empresas que tienen el software laboral de Sage usen también su herramienta de control de horario.

Tomàs Font, head of business operations de Wolters Kluwer Tax & Accounting, cuenta que el mercado ya llevaba “en guardia” un tiempo, porque venía hablándose de este cambio normativo desde hace varios años, pero al final el tema se había quedado un poco diluido. “Ahora esto cambia al haber en firme un real decreto ley. Por eso vemos una oportunidad de negocio clara”, añade Font, que coincide con Sánchez en que el mercado más claro está en el segmento de las pymes, “que son las que están menos preparadas”.

Pero, en España, el 98% de las empresas tiene menos 100 empleados. “Justo el segmento a atacar”, continúa este directivo, que recuerda la importancia de cumplir la nueva normativa, pues su incumplimiento se castigará con sanciones que llegan hasta los 6.250 euros. “Aunque luego habrá que ver si los cuerpos de inspección entran en este tipo de empresas o no”, señala.

Fin de la escapada para Theresa May. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunció que no permitirá volver a votar el acuerdo del Brexit "si no hay cambios substanciales a su contenido", lo que parece prácticamente imposible. Así, la primera ministra no tendrá más remedio que pedir una prórroga larga del proceso de salida en el Consejo Europeo del próximo jueves.

La decisión es una granada de mano a la estrategia de negociación de May con su grupo parlamentario. Su plan consistía en amenazar a los diputados 'brexiteros' más díscolos con una extensión larga, que incluiría participar en las elecciones europeas de mayo, para conseguir su apoyo en un último intento de votación este martes o miércoles como última oportunidad.

Pero Bercow, armado con el reglamento parlamentario, desbarató los planes del Gobierno. "La Cámara no puede ser obligada a votar repetidamente sobre un mismo asunto. Una moción que es substancialmente idéntica a otra ya rechazada no podrá ser presentada de nuevo en la misma sesión", leyó. Esta norma "data de 1604, y se han producido 12 decisiones similares desde 1920", añadió. La próxima sesión empezaría a finales de mayo, mucho después de que venzan los plazos actuales para el proceso del Brexit.

En concreto, puntualizó que, para permitir otra votación, "tendría que demostrar un cambio fundamental en el contenido o la sustancia, en el contexto de una negociación con otros, no dentro del Reino Unido". Como ejemplo explicó que permitió a May volver a intentarlo la semana pasada "porque añadió una serie de documentos y anexos" que modificaban y ampliaban su contenido. Pero, con las negociaciones entre el Gobierno británico y la UE rotas, nada indica que May pueda cambiar el contenido del acuerdo en las próximas 30 horas, plazo límite para un último intento de votación.

Bercow criticó la decisión de May de retrasar la votación original del acuerdo en cinco semanas, y pidió que el Gobierno respete "el tiempo y las decisiones de la Cámara". También ha puntualizado que un cambio de opinión jurídica por parte del fiscal general, Geoffrey Cox, no sería "un cambio suficiente", bloqueando la principal estrategia de la primera ministra para convencer a los 'brexiteros'.

Tras esta decisión, muy protestada en la bancada del Gobierno y aplaudida por el líder 'brexitero', Jacob Rees-Mogg, las opciones de May desaparecen. Sin posibilidad de volver a votar su acuerdo hasta al menos dentro de dos meses, la principal opción que le queda es negociar una prórroga larga, que incluya participar en las elecciones europeas, y buscar algún tipo de 'Plan B' que pueda contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Se espera que May escriba al presidente del Consejo Europeo para solicitar oficialmente la extensión del artículo 50. La primera ministra británica movería ficha antes del arranque de la cumbre comunitaria, este jueves, en lo que supone prácticamente la única prerrogativa que le quedaba. El Tratado de Lisboa no establece qué mecanismo debe emplear un estado miembro para pedir la ampliación de la permanencia, pero tanto Reino Unido como la Unión Europea está en territorio por explorar.

Aunque, en el peor de los casos, también tendría dos opciones nucleares para aprobar su acuerdo a cambio de desatar una crisis constitucional: cambiar la ley de Salida de la UE, para que no sea necesaria una votación en el Parlamento, o decretar el fin inmediato de la sesión parlamentaria y comenzar una nueva cuanto antes, rompiendo el calendario tradicional. Ambas alternativas, eso sí, correrían el riesgo de sufrir un rechazo de los propios diputados, dada su precaria y minúscula mayoría. Especialmente porque el inicio de una nueva sesión implica para May, necesariamente, someterse a una moción de confianza, de la que nadie sabe qué podría salir a estas alturas. Lo que está claro es que, si le quedaba algo de control sobre el Brexit en el Parlamento, un exdiputado de su partido, Bercow, se lo acaba de quitar.

Empresas, Gobiernos y ciudadanos llevan meses preparando planes de actuación para poder reaccionar con agilidad ante los diferentes escenarios a los que se puedan enfrentar. No es ajeno a este estado de agitación el ámbito tributario, siendo el IVA uno de los principales afectados con la definitiva materialización del Brexit.

Tanto si la salida es ordenada como si nos enfrentaremos a un Brexit duro, la recuperación de las cuotas de IVA, soportadas en el Reino Unido por empresarios no establecidos, están envueltas en un halo de incertidumbre, siendo previsibles desde una ralentización en la tramitación de las solicitudes, hasta la denegación de las mismas, en el peor escenario.

Como parte del mecanismo armonizado que garantiza la neutralidad del IVA a nivel europeo, el artículo 171 de la Directiva 2006/112/CE, del sistema común del impuesto sobre el valor añadido, reconoce el derecho de los empresarios sujetos pasivos de IVA que soporten cuotas del impuesto en Estados miembros distintos del de establecimiento a solicitar la devolución de las citadas cuotas soportadas bajo determinadas condiciones y siguiendo el procedimiento desarrollado por la Directiva 2008/9/CE. Esta norma establece las disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro.

La trasposición a nuestro ordenamiento jurídico del procedimiento previsto en la directiva y de las nuevas reglas de localización de las prestaciones de servicios en el año 2010, generalizando su tributación de las operaciones B2B (business to business) en la sede del destinatario, tuvieron como consecuencia una importante reducción del empleo de este mecanismo, ya que los supuestos de IVA soportado en origen que generan el derecho a la devolución de no establecidos se vieron limitados significativamente.

Al amparo de la Directiva 2008/9/CE, el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en los Estados miembros en los que el empresario o profesional no está establecido se lleva a cabo a través del sistema de ventanilla única electrónica, presentando las solicitudes en el Estado miembro de establecimiento, que lo trasladará al Estado miembro que corresponda para su tramitación.

El plazo para la presentación de la solicitud de devolución se iniciará el día siguiente al final de cada trimestre natural o de cada año natural y concluirá el 30 de septiembre siguiente al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refiera. Por lo tanto, en principio, el plazo para la solicitud de devolución respecto de las cuotas soportadas en 2018 finalizaría el 30 de septiembre de 2019.

Sin embargo, la salida de Reino Unido está prevista para el próximo 29 de marzo, lo que, como avanzábamos, puede hacer peligrar la gestión de las devoluciones tramitadas después de esa fecha, especialmente si se produce un Brexit duro, opción que, a día de hoy, aún no puede descartarse.

Lo cierto es que, duro o blando, es previsible que la salida del Reino Unido de la UE tenga un efecto directo en las solicitudes de devolución de no establecidos, por lo que resulta extremadamente recomendable anticiparse a esta situación y gestionar las devoluciones correspondientes a las operaciones de 2018 antes del 29 de marzo de 2019, de forma que, con un poco de suerte, se haya obtenido la devolución antes de que pase lo que tenga que pasar.

Los interinos de larga duración tienen derecho a acceder a la carrera profesional, sin que esté justificado que la Administración la limite exclusivamente a los funcionarios. Así lo establece el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (que puede consultar aquí) en la que asevera que "existe discriminación del personal estatutario interino por condicionarse su participación en la carrera profesional […] a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso". Es decir, este elemento no constituye una "causa objetiva" que justifique tal diferencia de trato. La carrera profesional puede ser definida como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad

En el caso enjuiciado se analiza la negativa del Instituto Catalán de Salud de admitir el acceso a la carrera profesional de un interino, por no tener la condición de personal estatutario fijo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió a favor de la pretensión del solicitante y rechazó que, tal y como había establecido la Administración, pudiera condicionarse a que este no hubiera tenido la oportunidad de presentarse a ningún proceso selectivo durante el tiempo en que hubiera ejercido como tal.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo recuerda que tienen la consideración de interino de larga duración aquellos que llevan más de cinco años trabajando para la Administración. Y añade que, según ha establecido la Justicia europea, no es admisible ninguna diferencia de trato entre el personal fijo y el temporal "comparable" basada únicamente en el mero hecho de que unos tienen una relación laboral de duración determinada, "a menos que [existan] razones objetivas que justifiquen un trato diferente". En este sentido, debe tenerse en cuenta que el personal interino de la Administración se encuentra también protegido por la Directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada.

Los magistrados resaltan que el Instituto Catalán de Salud "ha venido reconociendo que la exclusión de la carrera profesional del personal estatutario interino, y de la persona concreta afectada por este proceso, es consecuencia exclusiva de la naturaleza temporal de su relación de servicio". Diferencia que justifican en la "razón objetiva" de no haber superado el sistema de ingreso previsto.

El alto tribunal, sin embargo, rechaza esta argumentación. Una vez acreditado que los interinos desempeñan un trabajo "idéntico o similar" a los funcionarios, asevera que no cabe admitir que la mencionada sea una causa objetiva suficiente, puesto que "se apoya en un aspecto que no guarda relación con elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo (la carrera profesional horizontal)".

Por todo ello, los magistrados consideran que existe un trato discriminatorio del personal interino y, en consecuencia, rechazan el recurso interpuesto por el Instituto Catalán de Salud.

Los empresarios de los 28 países de la Unión Europea dejaron sin cubrir una media del 2,3% de las ofertas de trabajo que tenían en el último trimestre del pasado año, según los datos de la oficina de estadística europea (Eurostat) conocidos hoy. En España ese porcentaje de ofertas de empleo no cubiertas se situó en el 0,9% a finales de 2018, por lo que se sitúa entre los países con menos vacantes de la UE.

Junto a España, con un porcentaje de vacantes idéntico (0,9%) se situaron Portugal, Irlanda y Bulgaria y solo Grecia tuvo menos ofertas no cubiertas, con una tasa del 0,4%. Mientras que, por el contrario, la República Checa fue el Estado miembro que cerró el año con más vacantes en su mercado laboral (el 6% de las ofertas no se cubrieron); seguido de Bélgica y Alemania, con una tasa de vacantes del 3,4% cada una.

Esta tasa de vacantes fue idéntica (2,3%) en promedio en los 19 países de la zona euro. Y en ambas áreas (UE28 y UE19) la tendencia en el porcentaje de ofertas de empleo siguió creciendo, algo que ocurre desde mediados de 2016. En comparación con el año anterior, la tasa aumentó en 20 países, se mantuvo estable en cuatro y solo cayó en otros cuatro.

Los principales incrementos se registraron en la República Checa (1,6 puntos porcentuales más), Austria (0,8 puntos), Malta (0,7) y Alemania (0,6), mientras que los únicos descensos se dieron en Estonia, Irlanda, Croacia (todos 0,1 puntos menos) y Lituania (0,2).

No obstante, desde Eurostat han advertido que en estos datos no están incluidas las ofertas que han quedado vacantes en países como Dinamarca, Francia, Italia y Malta, donde estas cifras estadísticas no son estrictamente comparables. Por ejemplo, en Francia, Italia o Malta, solo son encuestadas las empresas con un mínimo de 10 trabajadores en plantilla. Asimismo, en el caso de la administración pública, la educación y la salud, el sector público no es consultado. En Dinamarca, igualmente, solo hay cifras del sector privado.

Por sectores de actividad, en la UE la tasa de vacantes fue del 2,1% en industria y construcción y del 2,6 % en el sector servicios, mientras que en la eurozona se situó en el 2,0 % y 2,6 %, respectivamente.

En España, la principal vía para buscar y encontrar empleo sigue siendo los familiares, amigos y conocidos, a los que recurren casi ocho de cada diez personas, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, la tasa de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) de las comunidades autónomas es del entorno del 3% a la hora de casar ofertas y demandas laborales.

Pese a ello, estos Servicios Públicos de Empleo publican trimestralmente desde 2011, una lista de ocupaciones de difícil cobertura en cada una de las provincias españolas. Además, con el objeto de que haya las menores vacantes posibles, la presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero.

La situación la denuncia la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) que ya prepara una normativa de un subsidio especial para los profesionales independientes de más de 55 años. Desde la asociación denuncian que esta situación carece de visibilidad en la actualidad por lo que pasa “totalmente desapercibida”. Principalmente ponen como ejemplo al pequeño comercio, donde en el último año se dieron de baja cerca de 13.000 establecimientos y en la hostelería de proximidad otros 12.000.

"Desde nuestra perspectiva es imposible no estudiar en profundidad este tema, son miles de autónomos los que están padeciendo esta tortura", ha expuesto Eduardo Abad, presidente de UPTA. En concreto, UPTA baraja datos en los que se refleja que se han perdido un total de 25.000 actividades netas en estos durante el último año. En ese sentido, apuntan que el número de autónomos que pasan de 55 años supone el 26,8% del total de personas físicas afiliadas a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

“Podríamos concluir que alrededor de 4.750 autónomos mayores de 55 años podrían estar en una situación de absoluta desprotección, dado que en dichos sectores la evolución de las pensiones de jubilación ha aumentado en apenas 1.943, desde enero del 2108, y la destrucción de trabajo autónomo en la ratio de edad mayores de 55 años ha sido de 6.700 autónomos”, denuncian al tiempo que reclaman una solución.

Es por eso por lo que UPTA ha mantenido contactos con el Director General del SEPE y anuncia que próximamente tomará contacto con todos los grupos políticos para conseguir la mayor unanimidad en esta posición. Desde UPTA consideran que, en ese último periodo, el autónomo podría continuar cotizando con cargo a este subsidio, a fin de no perder sus derechos de jubilación en estos últimos años después de largos periodos de cotización a la Seguridad Social.

Los bancos españoles afrontan un impacto de hasta 17.000 millones de euros a causa del uso del IRPH como índice de referencia en las hipotecas, que se está ahora bajo el estudio del Tribunal de Justicia de la UE. Son los cálculos que ha realizado Citi y que recogen el peor de los escenarios, una sentencia en la que los bancos deban devolver todo lo cobrado de más frente a haber aplicado el euríbor a un año como referencia, más un interés de penalización.

El impacto de tal sentencia negativa se trasladaría en una pérdida de capital de 80 puntos básicos en el ratio de solvencia CET1 y en una necesidad de capital por 5.000 millones de euros. Ante tal posibilidad, Citi reitera su recomendación de compra para BBVA y Liberbank, aunque mantiene su infraponderación para la banca doméstica española.

El tribunal Superior de Justicia Europeo celebró la vista inicial sobre el IRPH en los bancos españoles el pasado 11 de marzo, tras lo que se espera el dictamen del Abogado general y una sentencia final que podría llegar en el verano. Es el nuevo frente judicial que se le abre a la banca española, tras sonadas sentencias en contra como la de las cláusulas suelo o la reciente polémica sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, cuyo coste pasó por decreto a ser asumido finalmente por las entidades.

La banca española no ha provisionado hasta el momento el impacto de un veredicto en contra por el uso del IRPH como índice de referencia en las hipotecas, que podría suponer una factura incluso superior a la de las cláusulas suelo y que Goldman Sachs estima entre los 7.000 y los 44.000 millones de euros. CaixaBank es la entidad más expuesta a este riesgo de litigio.

El Banco Central Europeo (BCE) asegura que las medidas no convencionales de política monetaria que ejecuta contribuyen al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 1,86 puntos porcentuales acumulados en la zona euro y en 1,93 de la inflación entre 2016 y 2020. Así se desprende de un artículo del boletín económico del BCE, publicado este lunes, en el que analiza el programa de compra de deuda pública y privada.

La aportación al crecimiento del PIB de la zona del euro fue en 2016 de 0,79 puntos porcentuales, en el 2017 de 0,48 puntos, en el 2018 de 0,31 puntos y se espera que en 2019 sea de 0,2 puntos y en 2020 de 0,08 puntos: en total 1,9 puntos porcentuales. En el caso de la inflación la aportación en 2016 fue de 0,85 puntos porcentuales, en 2017 de 0,49 puntos, en 2018 de 0,22 puntos, en 2019 de 0,21 puntos y en 2020 de 0,16 puntos.

Los autores del artículo aseguran que el programa de compra de deuda "ha ayudado al BCE a cumplir su mandato de estabilidad de precios" y que por ello el programa es "instrumento efectivo en las herramientas de política monetaria del banco central". El programa de compra de deuda ha mostrado "ser un instrumento de política monetaria adaptable y efectivo, ayudando al BCE a cumplir su mandato". El Consejo de Gobierno decidió en diciembre terminar las compras de deuda de la zona del euro, pero seguirá invirtiendo el principal de los bonos que venzan durante un período prolongado tras la fecha en la que comience a subir los tipos de interés oficiales.

La semana pasada el BCE decidió posponer la primera subida de los tipos de interés desde 2011 al menos hasta el final de 2019. El BCE aplicó tras la crisis financiera del 2008 y la crisis de endeudamiento soberano de la zona del euro del 2010 una serie de medidas no convencionales que incluyen las compras de deuda, los tipos de depósitos negativos, las inyecciones de liquidez a cuatro años y la orientación sobre los movimientos de las tasas de interés en el futuro.

Tras bajar los tipos de interés al 0 % y aplicar todas estas medidas, el espacio para bajar más las tasas se ha vuelto "muy limitado". Este programa de compra de deuda incluye las adquisiciones de bonos garantizados y de bonos de titulización desde finales de 2014, así como las compras de deuda pública desde marzo de 2015 y las de deuda corporativa desde junio de 2016. En total el BCE y los bancos centrales nacionales compraron deuda por valor de 2,6 billones de euros hasta diciembre de 2018, el 82 % fue deuda pública.

El BCE mantiene ahora estable el tamaño de la cartera de compra de deuda al reinvertir el principal de los bonos que vencen. Durante el periodo entre 2015-2018 las compras de deuda fueron "el principal instrumento de política monetaria y su tamaño y duración estuvo vinculado al logro de un ajuste sostenido de la inflación hacia la estabilidad de precios, que el BCE define como una tasa algo por debajo del 2%, concluyen los autores del artículo.

Con estas compras el BCE ha presionado a la baja los tipos de interés a largo plazo y también ha logrado una convergencia en todos los países de la zona del euro desde mediados de 2014.

El Banco de España afirma que las tasas de crecimiento de la economía española se han mantenido "estables" y en registros "elevados", en el entorno del 0,6%-0,7% intertrimestral, "claramente superiores" a las de la zona euro en su conjunto, lo que demuestra una "mayor resistencia" de la economía española, que se sigue observando en los últimos indicadores referidos al cuarto trimestre de 2018 y al primero de 2019.

Así lo pone de manifiesto en el artículo 'Una comparación de la evolución económica reciente en España y en el área del euro', recogido en el informe trimestral sobre la economía española, en el que destaca que España podría estar reflejando "elementos idiosincrásicos" que estarían compensando la incidencia de los factores negativos que afectan a ambas áreas y que explicarían la mayor desaceleración de la zona euro.

La autoridad monetaria utiliza los modelos de predicción en tiempo real, denominados 'Spain-STING' y 'Euro-STING', para evaluar la incidencia de los datos económicos que se van conociendo, si bien advierte de que un crecimiento positivo de un indicador no se traduce necesariamente en una revisión al alza de la previsión de PIB, sino que lo hará solo si ese crecimiento fuese mayor que el que esperaba el modelo predictivo.

En este sentido, apunta que no se aprecia un patrón uniforme en cuanto a la dirección en la que ha afectado la publicación de los nuevos indicadores a las previsiones de crecimiento de cada economía, ya que el número de revisiones a la baja ha sido similar a las revisiones al alza.

Sin embargo, una vez cuantificados estos indicadores, el Banco de España afirma que con los nuevos datos conocidos entre el 1 de enero y el 13 de marzo se produce una revisión a la baja de una décima respecto a las previsiones del 'Euro-STING' para el crecimiento intertrimestral del PIB de la zona euro, mientras que se ha revisado en una magnitud similar, pero al alza, en el caso de España.

De esta forma, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos asegura que la "divergencia" en la evolución de ambas áreas podría deberse al "mayor impacto de elementos idiosincrásicos" en la economía española, que estarían ejerciendo un efecto positivo sobre la actividad a corto plazo.

No obstante, matiza que los datos disponibles hasta la fecha se refieren casi exclusivamente a la primera mitad del trimestre y a un conjunto reducido de indicadores, por lo que afirma que no se puede descartar que los elementos comunes al resto del área del euro se estén transmitiendo, "o lo acaben haciendo con mayor intensidad", a la economía española si persisten en el tiempo.