Notícies

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han firmado un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicar con sus abogados a través de videoconferencia.

El objetivo es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas. En concreto, de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP.

El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica de las personas privadas de libertad en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Málaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, el año pasado el sistema se extendió a los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Con este convenio marco se quiere ir extendiendo a todos los demás centros, a medida que los Colegios de la Abogacía se vayan adhiriendo al mismo.

Han intervenido en la firma del acuerdo la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Ortega, ha subrayado que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá "ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes". Todo ello, "sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos", ha señalado la presidenta del CGAE.

Estados Unidos continúa perfilando su propuesta para establecer a escala global un impuesto de sociedades con un tipo mínimo a aplicar en todos los países. El planteamiento de la nueva administración de Joe Biden consistiría, según avanzó ayer la agencia Bloomberg, en aplicar un gravamen inicial del 21% que podría modularse y elevarse en cada región en función de los ingresos y del número de usuarios que las compañías tengan en cada país. Esta tasa, además, se aplicaría a grandes empresas de todos los sectores, y no únicamente a las que operen en el mundo digital.

EE UU, según explica Bloomberg, ha enviado ya una propuesta a los casi 140 países que participan en las conversaciones sobre impuestos digitales y gravámenes mínimos globales en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo, según las fuentes consultadas, es que esta nueva oferta acerque el consenso a unas negociaciones que, en el ámbito digital, llevan meses estancadas tras la negativa de la antigua administración de Donald Trump a debatirlas por el perjuicio que podría ocasionar a gigantes como Facebook, Amazon, Apple o a la firma que da nombre a la tasa: Google.

El plan, según estas fuentes, exigiría que los tipos impositivos se asignasen en base a una fórmula que tenga en cuenta los ingresos generados dentro de un país concreto, y se aplicaría a las multinacionales de todas las industrias. Otra de las novedades fundamentales es que las compañías pagarían estos impuestos en las regiones en las que tienen usuarios o consumidores, y no únicamente allí donde tienen instalada su sede social. El plan, según las fuentes consultadas, no aumentaría necesariamente los impuestos de las empresas, sino que cambiaría el lugar en el que se gravan algunas de sus ganancias.

La intención de la OCDE era, en un primer momento, consensuar un impuesto sobre los servicios digitales –la tasa Google– a nivel global para, más adelante, establecer una tasa mínima en Sociedades a fin de frenar una carrera a la baja que ha fomentado los desequilibrios y la competencia entre países. La intención de Washington, sin embargo, es matar dos pájaros de un tiro y fijar un modelo para las multinacionales de todos los sectores.

El esbozo inicial de la iniciativa, avanzado a comienzos de esta semana por la secretaria del Tesoro de EE UU, Janet Yellen, ha sido bien recibido por organismos como el FMI (que por el momento prefiere evitar dar una cifra sobre cuál debería ser el gravamen mínimo), la OCDE o la Comisión Europea, que lleva tiempo pidiendo un acelerón en las negociaciones y advirtiendo que, de no haber consenso en la OCDE, impulsará una tasa Google comunitaria. Más allá de Bruselas, el plan de EE UU también cuenta con el respaldo de países como Alemania, Francia y también España, que ya ha lanzado su propia tasa Google nacional y estudia fijar un tipo mínimo en Sociedades del 15% (18% para banca y petroleras) que impida rebajar de ahí el pago de un tipo nominal del 25% (30% para los dos sectores mencionados).

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, que ocupa el puesto desde abril de 2019 tras ser propuesto para el cargo por el expresidente de EE UU, Donald Trump, advirtió ayer de las implicaciones negativas para las economías emergentes y en desarrollo que tendría fijar a nivel internacional un impuesto de sociedades mínimo del 21%. “Me parece una tasa corporativa alta, pero esta no es mi decisión”, dijo Malpass en declaraciones recogidas por Europa Press. En este sentido, el presidente del Banco Mundial defendió que lo fundamental es lograr crecimiento en todas las regiones del mundo, por lo que, según él, debe existir un entorno legal estable “para atraer nuevas inversiones a los países más pobres”.

En esta nueva campaña de la renta, que arrancó el miércoles y está marcada por la oleada de ERTE del 2020, la Agencia Tributaria calcula que las declaraciones a ingresar se van a elevar un 5,7%. Precisamente, la ausencia de retenciones en las prestaciones abonadas por el SEPE a los casi cuatro millones de asalariados con el empleo suspendido por la covid explica que la cantidad a pagar a Hacienda en las declaraciones positivas aumente en un 2%, unos 250 millones de euros, al pasar de 12.726 millones de euros a 12.976 millones.

En paralelo, la Agencia Tributaria estima que el número de autoliquidaciones a devolver –prácticamente dos tercios del total– se reducirá un 1%, mientras que la cantidad que el fisco retornará a los contribuyentes baja hasta los 10,85 millones de euros, un 3% menos que el año pasado. La campaña de la Renta del ejercicio 2020 tendrá como grandes protagonistas a los afectados por expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), muchos de los cuáles se verán obligados a presentar declaración del IRPF pese a sus bajos ingresos por haber tenido un segundo pagador, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pero este no será el único colectivo en dicha situación. En total, en España hubo 4,34 millones de contribuyentes con un segundo pagador público en 2020.

En concreto, según los datos recopilados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), hubo 4.340.312 contribuyentes. El grupo incluye 261.494 trabajadores que pasaron a cobrar una pensión de jubilación; a 37.261 que accedieron a pensiones de clases pasivas; y 4.041.557 que percibieron prestaciones contributivas de desempleo. En este último grupo se encontrarían los 3,5 millones de afectados por ERTE, así como algo más de medio millón de nuevos parados.

Contar con un segundo pagador, en todo caso, no supone pagar más impuestos ni, necesariamente, tener que presentar declaración de la Renta. El umbral general que marca esta obligación es superar unos ingresos de 22.000 euros anuales. La cifra, sin embargo, se rebaja a los 14.000 euros al año si el segundo, o terceros pagadores, aportan al menos 1.500 euros. Esta circunstancia obligará a hacer la declaración a 327.000 afectados por ERTE que, si solo fuera por sus ingresos, no tendrían que hacerla, estima la Agencia Tributaria.

En esos casos, Hacienda exige la declaración para ajustar cuentas porque el empleado que cobra solo de su empresa ve sujeta su nómina a retenciones mensuales, pero estas son inferiores cuando hay más de un pagador porque cada uno aplica solo el porcentaje que corresponde a la parte que abona o incluso no retiene nada, como ocurre de serie con el SEPE.

Así, un trabajador que percibe 21.000 euros de su empresa sufre retenciones por 2.578 euros, pero el que cobra 16.000 de su empresa y 5.000 del SEPE solo ve retenidos 859,2 euros por parte de su compañía mientras que con la declaración acaba alcanzando el pago de 2.504 euros. Eso en general, si bien los tipos autonómicos le harán pagar más si declara en Aragón, Baleares, Asturias, Navarra, Extremadura o Murcia (y en Cataluña, pero ha tomado medidas para evitar esta penalización). Dada la situación, Gestha insta a Hacienda a facilitar a todo el colectivo, y no solo a los afectados por ERTE, la posibilidad de fraccionar en seis meses el pago de la deuda a pagar.

En esta nueva campaña de la renta, que arrancó el miércoles y está marcada por la oleada de ERTE del 2020, la Agencia Tributaria calcula que las declaraciones a ingresar se van a elevar un 5,7%. Precisamente, la ausencia de retenciones en las prestaciones abonadas por el SEPE a los casi cuatro millones de asalariados con el empleo suspendido por la covid explica que la cantidad a pagar a Hacienda en las declaraciones positivas aumente en un 2%, unos 250 millones de euros, al pasar de 12.726 millones de euros a 12.976 millones.

En paralelo, la Agencia Tributaria estima que el número de autoliquidaciones a devolver –prácticamente dos tercios del total– se reducirá un 1%, mientras que la cantidad que el fisco retornará a los contribuyentes baja hasta los 10,85 millones de euros, un 3% menos que el año pasado. La campaña de la Renta del ejercicio 2020 tendrá como grandes protagonistas a los afectados por expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), muchos de los cuáles se verán obligados a presentar declaración del IRPF pese a sus bajos ingresos por haber tenido un segundo pagador, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pero este no será el único colectivo en dicha situación. En total, en España hubo 4,34 millones de contribuyentes con un segundo pagador público en 2020.

En concreto, según los datos recopilados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), hubo 4.340.312 contribuyentes. El grupo incluye 261.494 trabajadores que pasaron a cobrar una pensión de jubilación; a 37.261 que accedieron a pensiones de clases pasivas; y 4.041.557 que percibieron prestaciones contributivas de desempleo. En este último grupo se encontrarían los 3,5 millones de afectados por ERTE, así como algo más de medio millón de nuevos parados.

Contar con un segundo pagador, en todo caso, no supone pagar más impuestos ni, necesariamente, tener que presentar declaración de la Renta. El umbral general que marca esta obligación es superar unos ingresos de 22.000 euros anuales. La cifra, sin embargo, se rebaja a los 14.000 euros al año si el segundo, o terceros pagadores, aportan al menos 1.500 euros. Esta circunstancia obligará a hacer la declaración a 327.000 afectados por ERTE que, si solo fuera por sus ingresos, no tendrían que hacerla, estima la Agencia Tributaria.

En esos casos, Hacienda exige la declaración para ajustar cuentas porque el empleado que cobra solo de su empresa ve sujeta su nómina a retenciones mensuales, pero estas son inferiores cuando hay más de un pagador porque cada uno aplica solo el porcentaje que corresponde a la parte que abona o incluso no retiene nada, como ocurre de serie con el SEPE.

Así, un trabajador que percibe 21.000 euros de su empresa sufre retenciones por 2.578 euros, pero el que cobra 16.000 de su empresa y 5.000 del SEPE solo ve retenidos 859,2 euros por parte de su compañía mientras que con la declaración acaba alcanzando el pago de 2.504 euros. Eso en general, si bien los tipos autonómicos le harán pagar más si declara en Aragón, Baleares, Asturias, Navarra, Extremadura o Murcia (y en Cataluña, pero ha tomado medidas para evitar esta penalización). Dada la situación, Gestha insta a Hacienda a facilitar a todo el colectivo, y no solo a los afectados por ERTE, la posibilidad de fraccionar en seis meses el pago de la deuda a pagar.

La AIReF estima que el PIB crecerá un 6,6% en 2021 y el déficit público bajará al 7,6% del PIB, algo más de tres décimas menos respecto a lo estimado en el informe publicado el pasado mes de noviembre. No en vano, las dos revisiones producidas en esta semana para el desempeño de la economía española en este ejercicio, parecen haber puesto a Moncloa en la línea del consenso de las estimaciones, tal y como apuntaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, este mismo jueves: "Dejamos atrás un duro primer trimestre que es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño", apuntaba.

De este modo, el nuevo escenario macroeconómico de la AIReF supone una revisión a la baja del crecimiento esperado para 2021 hasta el 6,6%, desde el 8,2% del escenario central elaborado en otoño de 2020. Esta revisión se explica principalmente por dos factores: la severidad que sigue mostrando la crisis sanitaria y la revisión del impacto macroeconómico del plan de recuperación y de reformas, que tardará más en implementarse de lo previsto inicialmente. En concreto, el auditor público señala que la información más reciente revela que la recuperación se truncó en el último trimestre de 2020 y avanza que la información disponible sugiere una contracción del PIB en el primer trimestre de 2021. Por su parte, el impacto macroeconómico del plan de recuperación este año se rebaja desde los 2,7 puntos del PIB, hasta 1,6 puntos a falta de conocer los proyectos concretos.

En materia presupuestaria, la AIReF estima un déficit de las administraciones públicas de 7,6% del PIB en 2021 en su escenario central, reduciendo su previsión algo más de tres décimas respecto al informe de noviembre. La revisión se explica por el nuevo escenario macroeconómico, que supone un deterioro del déficit de un punto; las nuevas medidas de los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia que, junto a las modificaciones en la tramitación de los Presupuestos implican un deterioro de un punto adicional; y la incorporación de nueva información presupuestaria, que compensa los otros dos factores con una reducción del déficit en 2,3 puntos respecto al informe anterior. Mientras que se asume un efecto neutral sobre el déficit de la implementación del plan de recuperación y de reformas en 2021.

Así y tras cerrar 2020 con un déficit del conjunto de las administraciones del 11% del PIB, la AIReF estima que la recuperación económica, la retirada progresiva de las medidas contra la pandemia, la ausencia de elementos no recurrentes relevantes como la reclasificación de la Sareb y las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de los Presupuestos Generales impulsan una reducción del déficit de 3,3 puntos del PIB en 2021.

En este escenario, la AIReF prevé que los ingresos crezcan un 5,8% en 2021, situándose en el 40,4% del PIB, 43,3 % incluyendo los ingresos del plan de recuperación. Este nivel sería 7 décimas superior a lo previsto en el informe anterior. Por su parte, los gastos se situarán en el 48,0% en 2021, sin incluir este plan, frente al 47,6% previsto en el informe anterior. Además, la AIReF continúa asumiendo la ejecución de los gastos vinculados a los fondos europeos según lo recogido en los PGE, lo que impulsará el crecimiento del gasto al 5,3% según la AIReF, hasta situarse en el 50,9% del PIB.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continuarán a partir del 31 de mayo "en una fórmula similar a la actual". Así lo ha señalado la titular de Trabajo en la clausura de los VII Premios Cepyme, donde ha apuntado que "en breve" se abrirá la negociación en el seno de la comisión tripartita.

"Los asalariados de pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección", ha apostillado Díaz. La ministra ha resaltado que uno de los grandes logros de los ERTE ha sido que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos hayan podido acogerse, por vez primera, "a este sistema de protección del empleo y de las empresas, democratizando un mecanismo que hasta ahora se había reservado a las grandes empresas".

Díaz ha puesto en valor la respuesta puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, "que ha permitido variar el comportamiento habitual ante la crisis". "Mientras en la anterior crisis financiera 402.203 autónomos tuvieron que cerrar sus negocios, en la actualidad no solo se ha mantenido el empleo autónomo, sino que este ha aumentado en 19.604 personas", ha remarcado. "Pero sois mucho más que el tejido empresarial preponderante", ha resaltado la vicepresidenta, que ha afirmado que las pymes están comprometidas con la calidad, con el empleo, con la internacionalización, con la innovación, la inclusión o la sostenibilidad".

Según Díaz, las pymes representan "una filosofía de superación, responsabilidad y de solidaridad que contribuye, sin duda, a la mejora del ecosistema social" español. Así, ha aprovechado para agradecer a sus empresas su labor de "estímulo y resistencia, pese a las restricciones y a los malos momentos". "Gracias por creer que se podía hacer y que merecía la pena hacerlo", ha apuntado.

La vicepresidenta ha trasladado a las compañías que las tiene "muy presentes" en las estrategias para la recuperación y transformación del país tras la crisis sanitaria, pero también en la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo, "que despliega unas políticas activas aliadas de las empresas, con servicios específicos para pymes, orientadas a sus necesidades en materia de empleo, de formación y de mejora de la productividad y transformación productiva".

El Ministerio de Trabajo ha añadido a la agenda de la mesa de diálogo social para la modernización del mercado laboral debatir sobre "fórmulas de flexibilidad interna" para las empresas que no afecten ni a salarios ni a derechos de trabajadores. En la reunión de este miércoles se ha emplazado a patronal y sindicatos a que lleven sus propuestas sobre este tema a la reunión de la próxima semana. Hasta ahora, en la mesa se habían planteado temas relacionados con la negociación colectiva -restaurar la prioridad del convenio sectorial respecto a salarios y jornada, y abordar la vigencia de los convenios-, así como modificar algunos aspectos de la subcontratación.

Fuentes del dialogo social han señalado a EFE que no se ha hablado aún de fórmulas concretas y que el tema empezará a desarrollarse en la siguiente reunión de la mesa, a la que las partes se han comprometido a llevar también aportaciones sobre la propuesta planteada por el Gobierno en la cita del pasado martes 30 de marzo. En esa propuesta, el Ministerio de Trabajo trasladó a patronal y sindicatos su intención de retomar la negociación sobre la reforma laboral de 2012 en el punto donde se quedó antes de que se iniciara la pandemia, con una propuesta que incluía restaurar la prioridad del convenio sectorial respecto a salarios y jornada.

Desde CCOO han señalado que, a pesar de la resistencia de la CEOE, "que insistía en definir antes el perímetro de los temas a tratar", se ha entrado en los contenidos y se seguirá profundizando en ellos en la próxima. Desde UGT apuntan que no ha habido "ningún avance" y que seguirán la próxima semana. Desde la CEOE han insistido en que la propuesta de modificación de la reforma laboral de 2012 presentada por el Gobierno "no va en la dirección que solicita Europa y al restar flexibilidad a las empresas podrían acentuar la difícil situación actual y la pérdida de empleo".

Sin embargo, ahora se ha añadido a los temas a tratar la flexibilidad interna, que es la capacidad que tiene la empresa de modificar las condiciones laborales para evitar recurrir al despido, como ha sido el caso de los ERTE en esta pandemia. En los últimos meses, se ha venido señalando la necesidad de desarrollar un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá de la pandemia, que sirva de alternativa a las empresas en lugar de los despidos y que, para evitar, una merma de salarios debería contar con algún tipo de compensación adicional en las prestaciones.

El líder de CC OO, Unai Sordo, durante una intervención en el Colegio General de Economistas, ha desvelado que una mayor penalización de estos retiros podría, entre otras cosas, dificultar enormemente los procesos de reestructuración de sectores enteros como la banca, la distribución o el turismo que ya se están dando y que seguirán en el corto y medio plazo. En estos procesos, los sindicatos negocian salidas masivas anticipadas del mercado de trabajadores que tiene una difícil reinserción laboral.

Así, ha explicado que su sindicato está de acuerdo con la necesidad de retrasar la edad efectiva de jubilación "pero no obstruyendo la jubilación anticipada, que a veces se le llama voluntaria de manera muy alegre". Es más, ha recordado que para todo retiro anticipado "ya existen coeficientes penalizadores de la cuantía de la pensión y la reforma de pensiones no tiene que estar pensada para dificultar el acceso a las personas que se van a ver abocadas al desempleo de forma dramática".

Por eso, Sordo ha advertido a Escrivá que el acuerdo de pensiones "no va por ahí" y que para retrasar la edad de jubilación el sindicato es más partidario de crear nuevos incentivos para que los trabajadores sigan en activo más tiempo. Asimismo, ha dicho que el pacto por las pensiones debe incluir medidas que garanticen un aumento de los ingresos, como la reforma del sistema de cotización de autónomos o el aumento de las bases y pensiones máximas, "ya se verá si en la misma proporción o no". Mientras que, por el contrario, el líder sindical ha reiterado que si el Gobierno retoma la idea de ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (25 años a partir de 2023), "la negociación se bloqueará", ha dicho.

Sordo ha sido también preguntado por el punto en el que está la negociación para la modernización del mercado de trabajo, después de que ayer, en una nueva reunión de los técnicos patronales y sindicales con el Ministerio de Trabajo, los empresarios rechazaran una vez más los planes del Gobierno para revertir algunos aspectos de la reforma laboral.

Sordo se ha referido a la dicotomía entre abordar el desmontaje de la reforma laboral en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que es por donde quieren empezar el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y la erradicación de la excesiva dualidad del mercado laboral y el abuso de la temporalidad, que prioriza la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Hay que hacer todas las cosas que se están diciendo", ha explicado Sordo. Pero también ha insistido en dar prioridad a la negociación para revertir el desequilibrio en la negociación colectiva, "porque ya teníamos mucho avanzado con los empresarios desde la legislatura pasada".

De hecho, ha justificado esta prioridad para comenzar devolviendo la prioridad aplicativa de los convenios de sector sobre los de empresa en materia salarial y acotando el poder unilateral del empresario en la modificación sustancial de las condiciones laborales con un objetivo: evitar una bajada de salarios masiva ya en 2021.

"CC OO va a ser muy beligerante en la corrección de los aspectos de la negociación colectiva que atacan la autonomía de los sindicatos y que puede provocar una importante devaluación salarial en la segunda mitad del año", ha advertido también Sordo.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado este jueves que el Gobierno va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico para este año, que apuntan a un aumento del PIB del 7,2 % que podría llegar al 9,8 % con los fondos europeos. "Podría ser algo más bajo", ha señalado la ministra en una entrevista en Bloomberg TV, debido al impacto de la tercera ola de la pandemia de coronavirus en la economía en los primeros meses del año, que ha retrasado un trimestre la recuperación.

A pesar de ello, Calviño asegura que se ha producido una mejora "muy rápida" de la economía en marzo, lo que llevará a un segundo trimestre "de transición" seguido de un fuerte rebote en la segunda mitad de 2021. A esto contribuirá un "cambio en la dinámica del turismo" tras el levantamiento del Estado de alarma, ya que la vicepresidenta es "bastante optimista" de que en verano una "buena parte" de la población europea esté vacunada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el pasado martes de una actualización de las previsiones macroeconómicas para incorporar el "considerable" impacto de la tercera ola de la pandemia y la borrasca Filomena.

Las vulnerabilidades de los mercados financieros se han incrementado, según ha advertido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para quien los recientes episodios de volatilidad subrayan las incertidumbres y los riesgos de cambios abruptos en las valoraciones de activos, por lo que ha insistido en que los bancos mantengan sus dividendos por debajo de un umbral conservador.

"Las vulnerabilidades de los mercados financieros han aumentado", ha afirmado Lagarde en un discurso pronunciado con motivo de la reunión del Comité Internacional Monetario y Financiero, donde ha subrayado que el optimismo en los mercados financieros "está en desacuerdo con los balances corporativos debilitados". En el caso de los bancos de la zona del euro, la francesa ha destacado que cuentan con reservas sólidas de capital y liquidez, pero ha reconocido que se enfrentan a crecientes riesgos en la calidad de los activos a la vez que su rentabilidad sigue siendo baja, mientras que en el sector financiero no bancario ha señalado el incremento de las vulnerabilidades por la evolución reciente del mercado en un contexto de prolongada asunción de riesgos y deterioro de los colchones de liquidez.

De este modo, ante la importancia de mantener las medidas de apoyo a empresas y hogares, aunque, en la medida de lo posible, temporales y cada vez más selectivas, la banquera central ha considerado fundamental que las autoridades prudenciales se aseguren de que los colchones de capital se puedan utilizar, si es necesario, para absorber pérdidas y respaldar préstamos y así evitar las limitaciones de la oferta crediticia, mientras ha pedido a los bancos ser proactivos en la identificación y gestión del riesgo.

"Mientras la incertidumbre siga siendo alta, alentaremos la prudencia y pedimos a los bancos que sean extremadamente cautos y mantengan las distribuciones en forma de dividendos, recompra de acciones y remuneración variable por debajo de un umbral conservador", ha apuntado. Asimismo, a pesar de que las perspectivas macroeconómicas en general son hoy mejores que hace unos meses, Lagarde ha expresado la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada para abordar el desafío de la pandemia, por lo que ha advertido que resulta fundamental "abstenerse de retirar las medidas de apoyo de forma prematura, ya sea en el aspecto monetario o fiscal".

A este respecto, la presidenta del BCE ha reiterado que la entidad seguirá centrada en mantener unas condiciones de financiación favorables sin la obligación de agotar completamente el volumen previsto de su programa de compras contra la pandemia (PEPP), pero con la disposición de recalibrar dicho alcance si fuera necesario para alcanzar su objetivo.