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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy que el dato ya adelantado de la inflación de junio, que fue del 0,4% tras situarse en mayo en el 0,8%, un mes en el que se desplomó siete décimas respecto a abril. El INE señala que el transporte tuvo en junio una tasa cero, casi dos puntos inferiores a la de mayo, debido a la disminución de los precios de los carburantes y lubricantes. También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo.

También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo. Por el contrario, la temporada veraniega impulsó el precio de los paquetes turísticos, lo que elevó ocho décimas la tasa anual del ocio y la cultura, que pese a ello continúa en el 0,4% negativo. En junio, el precio de los hoteles, cafés y restaurantes avanzó un 2,2% en tasa anual; el de la enseñanza, un 1%, y el vestido y el calzado, un 0,9%.

A un nivel más desagregado, el precio de los productos energéticos bajó un 2,6% en junio en tasa anual y el de los alimentos sin elaboración, un 1,4%, mientras que el mayor repunte lo registraron los servicios con un índice del 1,4%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos por ser los más volátiles, se situó en el 0,9%, dos décimas más que en mayo y cinco décimas por encima de la tasa general.

De esta manera, en junio la inflación subyacente superó al IPC general por primera vez desde enero de 2018. En términos mensuales, los precios bajaron un 0,1% en junio con respecto a mayo, con lo que pusieron fin a cuatro meses consecutivos de subidas. Los grupos que presionaron a la baja los precios mensuales fueron el transporte -influido por los carburantes-, el vestido y el calzado -por el impacto de las rebajas- y la vivienda -por la bajada de los precios de la electricidad y el gas-.

Por el contrario, impulsaron los precios el ocio y la cultura, sobre todo por los paquetes turísticos, y los alimentos y bebidas no alcohólicas ante el aumento del precio de la fruta y la carne.

España debería aprovechar el momento de bonanza que vive la economía, a pesar de la desaceleración, para emprender reformas que la blinden ante las amenazas que ya se divisan en el horizonte. Pero la parálisis que impera en la política española desde hace casi un lustro lo está impidiendo, y pronto podría ser demasiado tarde.

La amenaza de bloqueo político y de nuevas elecciones vuelve a inquietar. Incluso con investidura en el horizonte, un escenario de aprobación de Presupuestos se antoja muy complicado. Esta falta de capacidad legislativa ha sido avisada por los principales organismos internacionales, a los que ahora se suman agencias de rating y banca de inversión. "Las implicaciones crediticias de las elecciones dependerán de si el futuro Gobierno es capaz de conformar una mayoría legislativa y el consenso necesario para avanzar en una agenda de reformas estructurales macroeconómicas y fiscales", advierte Moody's.

Casi tres meses después de las elecciones generales, España sigue sin gobierno a la vista y con unos presupuestos prorrogados. La fragmentación política que arrastra el país desde 2015, después de tres resultados electorales sin mayorías estables abona esta realidad que ha venido para quedarse. "La incapacidad acumulada de las autoridades de dirigir los retos pendientes puede lastrar el comportamiento de la economía en el medio-largo plazo", avisa la agencia S&P, con la que coincide Antonio Madera, jefe de rating soberano y subsoberano de Axesor, que avisa de que "esa incertidumbre acabará afectando negativamente al crecimiento potencial".

España lleva desde 2013 sin efectuar reformas de calado. Cansado de esperar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los primeros organismos en dar un toque de atención. "En España hace falta un nuevo ímpetu para impulsar una agenda de reformas estructurales", advirtió en noviembre el informe anual sobre España del organismo, que pedía aprovechar el momento de crecimiento para reducir el déficit y la deuda y disponer así de un colchón frente a posibles sustos.

El problema es que cada vez son más las amenazas que sobrevuelan la economía, y España no está preparada para afrontarlas. "España se vería forzada a un ajuste procíclico si la economía es golpeada por un shock", avisó el FMI. A los riesgos externos, con el posible impacto de una guerra comercial o el golpe que supondría un Brexit caótico, se suman los internos. España convive con un agujero de 18.500 millones en la Seguridad Social en un entorno de envejecimiento demográfico y desempleo juvenil. Además, pese a que acaba de salir del procedimiento de déficit excesivo, la economía posee el déficit estructural más elevado de la Unión Europea. Esto dificulta la reducción de la deuda, actualmente en el 98,7% del PIB, y significa que, en caso de shock, el déficit podría volver a dispararse. "Esta situación hace a España especialmente vulnerable ante la próxima desaceleración", avisa Moody's.

No en vano, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno un ajuste de 7.800 millones de euros en 2020. "Cada vez va a ser más difícil esconder" que a España le quedan por ajustar tres puntos estructurales del PIB, advierte Rubén Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America Merril Lynch, que considera "más fácil hacer los deberes en la parte alta del ciclo". En la misma línea se pronunció el viernes pasado la OCDE en un informe titulado El momento para las reformas es ahora, sin dejar lugar a la imaginación.

Ahora que España despunta entre sus socios europeos, siendo la única gran economía de la eurozona para la que la Bruselas revisó al alza el crecimiento en 2019, al 2,3%, el Gobierno debería ponerse manos a la obra. Un ímpetu reformista podría incluso mejorar su rating. "Continuar con la consolidación fiscal con una apuesta reforzada por medidas estructurales y permanentes sería positivo para el crédito", considera Moody's.

Los registradores españoles detectaron el año pasado casi 22.600 inscripciones con sospechas de ocultar operaciones de blanqueo de capitales, lo que supuso un fuerte incremento del 46% sobre el número de alertas detectadas en el año 2017, según la información facilitada por el propio Colegio de Registradores.

El mayor incremento se detectó en los registros de la propiedad, donde se lanzaron casi 10.000 alertas ante la posible existencia de que pudieran ocultar alguna forma de lavado de dinero procedente de origen delictivo. El incremento en este apartado fue cercano al 65%, poniendo sobre aviso a las autoridades responsables de perseguir este tipo de delitos. En los registros mercantiles se emitieron 12.700 alertas a lo largo del año pasado, con un incremento anual del 34%.

Todos esos avisos fueron lanzados por los registradores desde sus respectivos registros y comunicados al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB), donde fueron tratados y remitidos, en su caso, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El Colegio de Registradores tan sólo remite al Sepblac aquellos casos que, después de una depuración informática, presentan muy serios indicios de ocultar algún delito, y viene a representar en torno al 1% del número total de alertas.

Así pues, aunque el elevado volumen de alertas se traduzca en unos cientos de procesos judiciales, sí es indiciario de cómo evoluciona la realización de operaciones mercantiles o inmobiliarias de dudoso cometido y de cómo la compra de propiedades inmobiliarias puede estar ocultando en cientos de casos la forma en que organizaciones criminales lavan el dinero que obtienen de sus negocios ilegales.

La decana del colegio, María Emilia Adán, ha explicado a La Vanguardia que “los registradores tienen la obligación legal de remitir esas alertas cuando los datos que obtienen les inducen algún tipo de sospecha, pues sólo de esta forma pueden poner sobre la pista en primer término al Sepblac y, en segundo, a las fuerzas de seguridad del Estado”.

El CRAB fue creado oficialmente a finales del 2015, por lo que el 2018 fue su tercer ejercicio completo de funcionamiento. Su juventud hace que incluso los primeros casos detectados en el 2016 que han supuesto la apertura de investigaciones y procesos judiciales todavía están en trámite o pendientes de ser juzgados, por lo que no es posible establecer ni el volumen ni el resultado final del sistema. No obstante, sí es útil para establecer un sistema de detección temprana de posible instrumentación de propiedades y empresas para la comisión de delitos.

En los últimos años se vienen realizando unas 2.500 actuaciones inspectoras al año dentro del “programa socio-sociedad”, en el que se enmarcan en buena medida este tipo de irregularidades. Su persecución, coinciden los expertos consultados, ha crecido porque las prácticas detectadas son siempre muy similares y el fisco optó por intensificar su vigilancia en este campo cuando percibió que se generalizaban. Hay por tanto una estrategia, pero en Gestha descartan que a los famosos se les esté cazando gracias a un cambio normativo o de criterio. Este tipo de prácticas siempre han sido fraudulentas.

Con el tiempo, eso sí, se han ido dando novedades legislativas que restan armas a la elusión fiscal. Algunas datan de 1996, cuando se detectó que muchos deportistas pasaban a recibir más remuneración en forma de derechos de imagen que como sueldo sujeto a IRPF, lo que llevó al legislador a limitar que la primera pesara más de un 15% sobre la retribución total que les ofrecían los clubs. Diez años después, a su vez, se regularon a fondo las operaciones vinculadas, las que hace el propietario de una firma con su sociedad, para exigir que se hagan a precios de mercado. Hace un lustro, de otra parte, se cambió la llamada Ley Beckham, pensada para atraer a talentos científicos ofreciéndoles baja tributación, para evitar que, como ocurría, se aprovechase para fichar a deportistas de élite.

En cualquier caso, Hacienda viene ganando la batalla fiscal a los famosos por unas irregularidades que están sujetas a diferentes grados de castigo. Así, solo se considera delito fiscal cuando la cuantía reclamada supera los 120.000 euros y se aprecia dolo, por intención de ocultación, como en los entramados enclavados en delitos fiscales. Estas causas pasan a la justicia penal.

Sin embargo, son los recursos de los afectados los que a menudo llevan el asunto a manos de un juez pues los casos de sociedades interpuestas en España se suelen saldar administrativamente con una infracción leve, detallan en Gestha. Se multan con el 50% de la cuota defraudada; del 50% al 100% si hay ocultación; y del 100% al 150% en casos muy graves. A su vez, en muchos casos judicializados el contribuyente y Hacienda acaban llegando a un pacto antes del fallo, lo que rebaja esas multas por debajo, al 25% del monto, critican desde Gestha.

El contribuyente, responsable directo, es el objeto tradicional de estas causas. Últimamente, sin embargo, van cobrando peso los procesos en que se imputa también al asesor fiscal, después de que el Tribunal Supremo echara en falta su presencia en el juicio a Messi. Como consecuencia, estos asesores han pasado a formar parte de causas como la del jugador de fútbol Xabi Alonso o la de la asesoría Nummaria, que también implica a clientes suyos como los actores Imanol Arias y Ana Duato.

A falta de ver si esta tendencia se consolida, Hacienda promete mantener su cruzada contra la elusión fiscal de los famosos pues evitar estas irregularidades es ya un punto habitual del plan anual de la Inspección y ha permitido al fisco recuperar decenas de millones en los últimos años.

La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España advierte de que se debe comunicar que la sociedad está inactiva a la Agencia Tributaria. Para ello hay que hacer una modificación de la declaración censal, en concreto del modelo 036 y 037. A continuación, se darán de baja las obligaciones tributarias como las declaraciones mensuales, trimestrales, anuales, etc.

Pero sí habrá que presentar la referente al Impuesto de Sociedades. En este modelo tendrán que marcar la casilla 026 que es la que informa de la inactividad de la empresa, lo que permitirá que se pueda hacer el balance sin acceder a la cuenta de pérdidas y ganancias porque desde la baja no se admiten resultados positivos ni negativos en la sociedad.

Asimismo, a partir de la fecha de inactividad el IVA soportado no será deducible y los administradores podrán darse de baja de la Seguridad Social siempre y cuando no desempeñen más actividades. En cuanto al Registro Mercantil, la sociedad sí tendrá la obligación de realizar todos los trámites como si ejerciera la actividad, por lo que tendrá que llevar la contabilidad, legalizar los libros y formular las cuentas anuales. En el caso de que no se depositen los documentos en los plazos legales establecidos, los administradores de la sociedad podrían tener sanciones de 1.200 euros a 60.000 euros.

La Agencia Tributaria no va a quitarle el ojo a estas sociedades, pues sospecha que la mayoría de estos negocios ‘fantasma’, sobre todo aquellos que son de pequeño tamaño esconden negocios no declarados. Según datos recogidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en España hay registradas 1,42 millones de empresas, aunque solo 361.000 de ellas acaban pagando el impuesto de Sociedades.

La crisis les ha afectado, y tanto los que tienen una formación baja como los más formados ingresan menos que los que tenían hace diez años su edad. El Banco de España ha llegado a esta conclusión en un estudio que está preparando con datos de los últimos 30 años, y que presentó en un reciente discurso en Cunef el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En él se observa que cada nueva generación fue siempre superando los ingresos laborales de las previas. Incluso se aprecia que la crisis de los noventa apenas se notó.

Sin embargo, esta trayectoria se truncó con la Gran Recesión. Entonces todos los grupos vieron cómo se redujeron sus retribuciones anuales. Pero hay un grupo que lo ha sufrido especialmente: los de menor edad. Y entre ellos, “el colectivo de los jóvenes menos formados fue el que sufrió una mayor caída en sus ingresos anuales totales”, explicó Hernández de Cos en su intervención.

Para hacer esta afirmación, el gobernador parte de datos: ahora los nacidos en 1987 con pocos estudios tienen, en promedio, un 20% menos de ingresos laborales que quienes tenían 30 años en la anterior década. Y eso ocurre por primera vez con datos de tres décadas tomados de la Seguridad Social.

Lo mismo les ha sucedido a los poco formados que ahora ya no son tan jóvenes: aquellos que tienen 40 años y nacieron en 1977. Este grupo gana ahora menos que los que habían nacido diez años antes cuando estaban en los 40. En su caso se ve cómo ha les ha perjudicado la crisis, pues en la década anterior ingresaban más que la generación precedente de 1967. En estos resultados son decisivos el elevado paro y la alta rotación, que hace que los trabajadores hagan menos horas y, por tanto, cobren menos. Las cifras incluyen a todos los que han trabajado a partir de un solo día en el año.

Esta evolución de las rentas salariales está en consonancia con lo sucedido en el PIB per cápita una vez restada la inflación. De estos datos se desprende que el español medio es en torno a un 13% menos rico de lo que hubiese sido de no haber padecido la crisis. Hasta el punto de que han vuelto a niveles del año 2000. Según el Banco de España, en los jóvenes sin formación incluso se retrocede algo más y se desciende a cotas de finales de los noventa. Ahora a los 30 ganan menos de lo que se ganaba 10 años antes y prácticamente lo mismo que 20 años antes. Han perdido dos décadas medido por el poder de compra. Y a esto se suma que los jóvenes tienen que dedicar en la actualidad más recursos a la vivienda en alquiler, un hecho que ha denunciado el organismo.

En los sueldos de trabajadores formados también se detecta un retroceso similar: un individuo de 40 años con estudios altos consigue ahora unos ingresos salariales en torno a un 20% menores que lo que ganaba hace una década alguien de la misma edad. Entre las razones de este deterioro en la situación de los jóvenes, el gobernador apuntó al papel que desempeña la regulación laboral. Esta hace que para las empresas sea más fácil despedir al temporal y joven antes que abordar un ajuste de salarios, que suele afectar más al indefinido con más experiencia, más años y mayor sueldo. El gobernador está intentando despertar la conciencia en los jóvenes de que la legislación brinda un reparto intergeneracional muy desigual.

El Gobierno ha decidido finalmente impulsar un nuevo organismo que luchará contra la manipulación de las competiciones deportivas e hípicas y contra el fraude en las apuestas. Se trata de una Comisión Nacional que el Ejecutivo ha impulsado a través de una orden ministerial del departamento de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, de la mano de los Ministerios de Interior, y Cultura y Deporte.

La iniciativa del Gobierno se en marca en un momento en el que este tipo de engaños van ganando relevancia. Después de todo, los datos indican que los españoles han triplicado en un lustro el dinero destinado al juego online, donde una de las principales actividades son las apuestas deportivas.

La institución contará con la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación con los tres ministerios responsables de la misma, con el objetivo de “elaborar planes de actuaciones, recomendaciones o diagnósticos para detectar, prevenir y combatir las actuaciones ilícitas en el ámbito de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas”, según ha detallado Hacienda en un comunicado.

“La corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y al fraude en las apuestas relacionadas con estas, tanto las deportivas como las hípicas, constituye una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atenta contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores”, defiende Hacienda en su nota.

La medida, en la línea apuntada por el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, supone crear una institución a escala nacional que permita centralizar el diálogo y cooperación entre autoridades públicas, federaciones y organizaciones deportivas, organizadores de competiciones deportivas y representantes del sector del juego. La Comisión propondrá a estos actores la firma de un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la prevención de amaños y otros engaños.

Esta Comisión Nacional estará presidida de forma rotatoria por el responsable de la Dirección General de Ordenación del Juego y el de la Dirección General de Deportes, que se alternarán cada año, y funcionará a través de un Pleno –que se reunirá al menos dos veces al año- y de una Comisión Permanente, que realizará análisis periódicos.

El organismo, que también se dedicará a impulsar la formación como medida preventiva de este tipo de fraudes, recibirá información del Sistema de Alertas sobre apuestas, gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego, y de los casos tramitados por el Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte, Juegos y Apuestas.

Hacienda asevera que su creación y mantenimiento no supondrá un incremento del gasto público porque se nutrirá del presupuesto y personal con el que ya cuenta la Dirección General de la Ordenación del Juego.

Más de un millón de niños y niñas (1.078.249) se beneficiarán de la mejora de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social que se abonará mañana 16 de julio. El incremento de las cuantías de estas prestaciones y de los umbrales para acceder a ellas fueron incluidos en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo.

La prestación familiar por hijo a cargo estaba congelada desde el año 2000, cuando su cuantía se estableció en 291 euros. La nueva cuantía de 341 euros anuales implica un incremento del 17,18%. Además, este Real Decreto-Ley incluyó un nuevo supuesto, el de pobreza severa, por el que las familias con menos recursos reciben una prestación de 588 euros anuales por cada hijo o menor a su cargo. En estos casos, el aumento es del 102,06%.

Para acceder a la prestación económica por hijo a cargo de 341 euros, el límite de ingresos familiar es de 12.313 euros/año, y alcanza los 18.532 si se trata de familias numerosas. El límite de ingresos se incrementa en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. En la actualidad, 384.974 familias se benefician de esta asignación, de forma que se protege a 498.040 niños y niñas.

En el caso de las familias con menos recursos, aquellas que se benefician de la prestación de 588 euros al año, el límite de ingresos oscila entre los 4.679,99 euros o menos para las unidades familiares compuestas por un adulto y un menor de 14 años, y los 6.839,99 euros para las familias de un adulto y tres menores. En esta situación se encuentran 381.728 unidades familiares, en total, 580.209 niños y niños, de acuerdo con los datos de que dispone la Seguridad Social y una vez actualizadas las rentas con la información proporcionada por la Agencia Tributaria.

Las prestaciones familiares están destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos.

Por un lado, está la asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o mayor de dicha edad y que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

Mientras no supere el salario mínimo interprofesional, el hijo o menor a cargo puede realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena. Además, de esta, la Seguridad Social cubre una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad; y una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

La riqueza financiera neta de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en España se situó en 1,45 billones de euros a finales de marzo de 2019, lo que supone un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas financieras de la economía española correspondientes al primer trimestre del año publicadas hoy por el Banco de España, en las que refleja información sobre operaciones financieras y de activos y pasivos de los sectores de la economía.

En relación con el PIB, los activos financieros netos de los hogares representaron el 119,3%, una ratio que es 0,8 puntos porcentuales superior a la de un año antes. El saldo de activos financieros de los hogares alcanzó en el primer trimestre del año un importe de 2,231 billones de euros, un 2,9% superior al de un año antes. Este aumento fue el resultado de una adquisición neta de activos financieros de 18.000 millones durante los últimos cuatro trimestres y de unas revalorizaciones netas de 45.000 millones, debidas, fundamentalmente, al incremento del precio de los activos de renta variable.

En relación con el PIB, los activos financieros totales de los hogares representaron un 183,5% a finales del primer trimestre de 2019, lo que significa 0,7 puntos porcentuales menos que un año antes. Por componentes, el grueso de los activos financieros se encontraba en efectivo y depósitos (el 40% del total), seguido de participaciones en el capital (27%), seguros y fondos de pensiones (16%) y participaciones en fondos de inversión (14%).

El efectivo y depósitos fue el componente que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares (en 0,5 puntos porcentuales) con respecto a un año antes, mientras que el peso de las participaciones en fondos de inversión fue el que más cayó (-0,5 puntos).

Por su parte, el flujo neto de financiación consolidada recibida por empresas y hogares fue de 9.100 millones a finales de marzo de 2019, equivalente a un 0,8% del PIB. La financiación nueva captada por las sociedades no financieras representó un 0,6% del PIB, mientras que la recibida por los hogares fue un 0,2%.

Las operaciones financieras netas de los sectores residentes (empresas, hogares, instituciones financieras y administraciones públicas) registraron en marzo de 2019, en términos acumulados de los últimos cuatro trimestres, un superávit de 14.000 millones de euros, equivalente al 1,2% del PIB, frente al 1,5% observado en el conjunto de 2018. Obtuvieron un saldo positivo las empresas (0,9% del PIB), las instituciones financieras (2,6%) y los hogares (0,1%), mientras que las administraciones públicas mostraron un déficit del 2,4% del PIB.

La deuda consolidada de las empresas y los hogares alcanzó 1,615 billones a finales del primer trimestre de 2019, un 132,8% del PIB y 4,1 puntos porcentuales por debajo de la ratio registrada un año antes. La deuda consolidada de las sociedades no financieras representó un 74,4% del PIB (si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio sería un 94%), mientras que para los hogares fue un 58,4%.

A partir del 21 de julio, cuando entrará en vigor un nuevo reglamento sobre folletos, la CNMV dejará de exigir esa valoración independiente. "Se trata de un requisito que no consta se haya aplicado por otras autoridades de la Unión Europea y que en consecuencia ha afectado únicamente a valores españoles (y no a valores europeos similares comercializados entre minoristas con base en el denominado pasaporte europeo)", señala la CNMV en una nota. Uno de los mantras de Sebastián Albella al frente del supervisor ha sido el de eliminar las eñes [las excepciones que solo se aplican en España] respecto a la normativa de valores. Esto implicaba costes adicionales para las emisiones en España y no afectaban a las compras en el mercado secundario.

El supervisor, pese a que elimina esta exigencia, asegura que esto "no redundará en un nivel inferior de protección de los inversores minoristas". Para razonar esta afirmación señala con el dedo una batería de medidas que así lo evitarán. Por ejemplo, la normativa que obliga a incluir advertencias en caso de productos complejos, que entró en vigor en junio del año pasado, tras un largo proceso de aprobación que arrancó en 2016 bajo la iniciativa de Elvira Rodríguez.

Así, el folleto deberá incluir en cualquier caso una advertencia cuando la diferencia entre el precio de compra y el valor razonable del instrumento financiero estimado por la entidad –eso sí, estimado por la entidad en lugar de por un experto independiente– no supere el 5% en términos absolutos o el 0,6% multiplicado por el número de años restantes de vida del instrumento.

La CNMV invoca también las nuevas normas Mifid 2 y Priips. Están las nuevas advertencias relativas a los costes de los productos financieros, incluidos costes implícitos, derivadas de Mifid 2, y también el reglamento europeo que obliga a alertar al cliente cada vez que las entidades le vendan un producto vinculado a un subyacente (Priips). Igualmente, la CNMV menciona los deberes de gobernanza y control de su distribución que implica Mifid 2.

También se mantiene la obligación, en el caso de emisiones de valores subordinados u otros computables como recursos propios de entidades de crédito, la necesidad de que al menos el 50% de los valores se adquiera por un mínimo de 50 inversores profesionales y que el valor nominal unitario de los mismos supere determinados umbrales.

En la oleada de venta de productos subordinados entre pequeños inversores la CNMV elaboró, posteriormente, una guía con las instrucciones para evitar abusos. "En ausencia de un tramo profesional, se ha de presentar, al menos, un informe de experto independiente con el fin de determinar si las condiciones de la emisión son equiparables a las que debería de tener una emisión similar dirigida al mercado profesional".