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El Gobierno y Unidos Podemos, su principal socio parlamentario, ultimaban anoche un acuerdo sobre las líneas maestras del plan presupuestario de 2019, que el Ejecutivo debe remitir a Bruselas el lunes. Pactado el marco fiscal que permitirá incrementar los ingresos en al menos 5.000 millones de euros, las partes debatían los últimos detalles de gasto. Ambos líderes tienen previsto reunirse esta mañana en el Palacio de la Moncloa para cerrar el pacto presupuestario.

Aunque las conversaciones a alto nivel continuaban al filo de la medianoche, ambas partes destacaron a este diario los avances logrados y confiaban en sellar un acuerdo en cuestión de horas o, en el peor de los casos, días. Aunque tienen de plazo hasta el lunes, la premura respondía a que las cifras del plan van a ser revisadas por el Consejo de Ministros de hoy, anticipado un día por la Fiesta Nacional de mañana.

La negociación entre las partes, liderada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, reunidos ayer mientras el líder de este partido, Pablo Iglesias, se veía con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, ha sido fluida durante las últimas semanas. El lunes, sin embargo, la formación morada dio un ultimátum al Gobierno al que advirtió que se opondría a las cuentas públicas si no actúa para contener el precio de los alquileres, dota fondos para los 300.000 beneficiarios de la ayuda de dependencia que aún no la han cobrado y sube el salario mínimo interprofesional (SMI) de 735 a 1.000 euros.

Fuentes de la negociación admiten que este último punto ha sido el que más ha enconado el debate en las últimas horas. Aunque el Gobierno es partidario de impulsar un alza salarial, respeta el reciente acuerdo sobre la materia firmado por sindicatos y patronal, para elevarlo un 5% en 2019 y un 10% en 2020, con la recomendación de fijar los 1.000 euros en los convenios.

Por lo demás, Podemos ya dejó caer al Ejecutivo que, ante los 2.500 millones pendientes en ayudas a la dependencia, aceptarían una primera dotación de 1.500 millones en 2019. Más allá, la propia ministra de Hacienda anunció ayer que el plan presupuestario recoge medidas específicas para garantizar el acceso a la vivienda, lo que casa con la pretensión de Podemos en materia de alquileres.

Ayer, finalmente, se acercaron posturas y el pacto parecía inminente. Después de todo, a ambas partes les conviene un acuerdo. El Gobierno lo necesita para seguir adelante pese a su minoría parlamentaria mientras que para Podemos supone la primera oportunidad de plasmar su marca en un paquete de medidas estatal que introduzca mejoras sociales concretas y apacigüe a las facciones internas que critican la alianza con el PSOE.

Por el lado fiscal, el paquete que se dibuja incluye un incremento del IRPF y la fiscalidad del ahorro para rentas altas (ver despiece); establecer un tipo mínimo de Sociedades del 15% para grandes empresas (18% para banca y petroleras), rebajarlo del 25% al 23% para pymes y gravar el 5% de los dividendos de las filiales en el extranjero; reducir el IVA de productos de higiene femenina y actividades como las veterinarias; crear una tasa sobre las transacciones financieras y otra sobre las actividades digitales, así como mejorar la lucha contra el fraude. De la parte del gasto, destaca la vinculación de las pensiones al IPC o el incremento paulatino de los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad.

En paralelo, Hacienda estudia estos días qué cifras remitir el lunes a la Comisión Europea. De momento, sigue vigente la senda fiscal del Gobierno anterior, con 6.000 millones menos de capacidad de gasto, por lo que previsiblemente el Ejecutivo deba presentar un escenario consecuente y jugar con el alza de impuestos para compensar un cierto aumento del gasto. Sin embargo, el Ejecutivo prevé también informar de un plan más ambicioso bajo la tesis de que, en unos meses, acabará aprobando su nueva senda fiscal. Hacienda viene preparando los dos borradores y apura las horas para consensuar el detalle con Podemos.

La economía europea ha dejado de volar y ha arrancado una etapa de crecimientos más moderados. Y si bien todos los países entran en esa fase con unas cuentas más saneadas, no han sido capaces de aprovechar la bonanza para soltar lastre. El Consejo Fiscal Europeo, un organismo independiente de la Comisión Europea, lamenta en su informe anual que los países con mayores cargas “perdieron una oportunidad” para rebajar su elevado endeudamiento. El documento señala sobre todo a Italia y Bélgica, pero también a Francia y España por haber rebajado el déficit con los vientos de cola de estos años en lugar de hacer ajustes.

El mundo anglosajón acierta a definir el consejo como el watchdog de Bruselas. Y ayer ese joven organismo ejerció como tal al señalar las debilidades de la economía de los últimos ejercicios, en los que Europa se ha repuesto de la Gran Recesión. La expansión ha permitido que siga bajando el desempleo, el déficit del conjunto de la zona euro está alrededor del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y el peso de la deuda ha disminuido. Y buena parte de esas mejoras se debe al crecimiento extra que no recogían las proyecciones de los gobiernos y los organismos internacionales.

El consejo presidido por Niels Thygesen reprende a los países más endeudados por no haber aprovechado esos “vientos de cola” para reducir su deuda pública. El documento expone que la revisión de las perspectivas de crecimiento a raíz de la mejora económica produjo una “sensación de seguridad injustificada”. Y ello llevó a que muchos países decidieran usar el dinero extra que llegaba a sus arcas para elevar el gasto público en lugar de crear un colchón fiscal o rebajar la deuda que acumulaban.

El consejo asesor resalta que en ese comportamiento incurrieron los países más endeudados, entre ellos Italia (con una deuda del 131,8% del PIB), Portugal (125,7%), Bélgica (103%), España (98,3%) y Francia (97%). Ese organismo destaca el caso de Italia, que se halla en pleno desafío a Bruselas con los números que ha puesto sobre la mesa para elaborar el Presupuesto del año que viene y que fuentes del consejo coincidieron en considerar fuera de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El documento señala que la Comisión fue muy “generosa” con Italia el año pasado al realizar una lectura muy benévola de sus cuentas, siguiendo adelante con la “flexibilidad” que ya le había otorgado en ejercicios anteriores. Y añade que al no haber puesto en marcha ningún procedimiento a raíz de una “interpretación amplia” de las reglas, Italia —como Bélgica— ha llevado a cabo una “reducción de deuda insuficiente”.

La autoridad fiscal europea también apunta a Francia y España, que el año pasado estaban dentro del procedimiento de déficit excesivo al haber cerrado el anterior ejercicio con un desfase en las cuentas públicas superior al 3% del PIB. En ambos casos, el documento critica que se siguiera una “estrategia nominal”. Es decir, como la economía creció por encima de lo esperado en los dos países, sus ejecutivos decidieron aparcar las medidas estructurales —“políticamente costosas”, añade no en vano— y fiar la reducción del déficit a la expansión económica. Y para rematarlo, el documento agrega que los dos países reincidían en esa táctica fiscal: “Ese asunto ya se destacó en el informe del año pasado”.

“No nos podemos permitir el lujo de tener paralíticos cerebrales que están trabajando con las bonificaciones de sistema de Seguridad Social, y luego seguir dando pensiones de incapacidad permanente a la gente por lumbalgias”. Esta fue la queja manifestada este martes por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Granado hizo este reproche en el momento de enumerar qué medidas deberían tomarse para aumentar los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social y, primero atajar el abultado déficit del sistema y, después, hacerlo financieramente sostenible en el medio y largo plazo.

Así, tras admitir que su Departamento deberá ejercer una mejor gestión del gasto en bajas laborales por incapacidad temporal, que lleva años disparado, Granado también apuntó que existe “un problema” con la incapacidad permanente (aquella que invalida al trabajador a más largo plazo o para siempre para desempeñar su profesión y permite llegar hasta la jubilación sin volver a trabajar).

“Se sigue jubilando a la gente con pensiones de incapacidad, sin partir de que lo que debe hacerse, en todo caso, como bien dice la normativa sobre enfermedades profesionales, es reclasificar a la gente y darle otra ocupación”.

Por ello consideró que el hecho de que haya gente con graves discapacidades trabajando y otros, no tan graves, que cobran una pensión de incapacidad permanente hasta que acceden a la jubilación, es “una auténtica contradicción, que yo intentaré, en la medida de lo posible, reducirla.

Las cifras oficiales de la Seguridad Social indican que el pasado 1 de septiembre había prácticamente un millón de personas cobrando una pensión por incapacidad permanente. Y anualmente se destinan algo más de 12.000 millones de euros anuales. Esto representa más del 10% del gasto anual en pensiones contributivas y un 2% más que lo que se gastaba hace un año, tras las últimas subidas de pensiones.

La pensión media de incapacidad permanente asciende actualmente a 953 euros mensuales (851 euros de media las mujeres y 1.011 euros los hombres). Así son las segundas pensiones de carácter contributivas más altas después de las de jubilación, que ascienden a 1.103 euros mensuales de media. Del total de beneficiarios que cobran estas pensiones un tercio son mujeres y los dos tercios restantes, hombres.

La normativa actual establece cuatro grados de incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa: permanente parcial y permanente total –ambas para la profesión habitual–; incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. Todas ellas tienen distintos niveles de compatibilidad con el trabajo. Pero, en cualquier caso, la mejoría del trabajador en la mayoría de estos casos no impide su clasificación como pensionista de incapacidad permanente, si los facultativos consideran que dicha recuperación es incierta o a largo plazo.

La subida salarial media pactada en los convenios rubricados en los nueve primeros meses del año fue del 1,93%, un incremento que se situó por debajo en los convenios de empresa (1,59%) y por encima de los de ámbito superior (1,95%), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Este aumento recoge ya los efectos del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado a principios de julio por la patronal CEOE y Cepyme y por los sindicatos CCOO y UGT, que recomienda un alza salarial de en torno al 2%, más un 1% variable en función de la evolución del sector.

No obstante, teniendo en cuenta también los convenios colectivos firmados antes de 2018 pero que extienden sus efectos económicos durante este año, el incremento salarial medio es del 1,67%. En este caso, los convenios de empresa con efectos económicos en 2018 registraron un incremento salarial medio del 1,34% y los de ámbito superior, del 1,69%. Por sectores, la subida salarial de los convenios con efectos económicos en 2018 ha sido superior a la media en la construcción (1,98%), mientras que se ha mantenido en línea en la industria (1,68%) y los servicios (1,66%) y ha sido inferior en la agricultura (1,13%).

En total, hay 3.088 convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta septiembre, que afectan a 1.029.588 empresas y 7.761.169 trabajadores. Sólo en los nueve primeros meses del año, se han firmado 732 convenios, que afectan a 344.490 empresas y 2.198.243 trabajadores. La jornada media pactada por convenio se situó en 1.743,9 horas anuales por trabajador, que se redujo a 1.716,7 horas en el caso de los de empresas, mientras que para los de ámbito superior ascendieron hasta las 1.745,8 horas.

En los nueve primeros meses de este año se depositaron en el Registro de las Autoridades Laborales un total de 764 inaplicaciones de convenios, que afectaron a 13.545 trabajadores, aunque la mayoría (el 91,2%) se resolvió como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el período de consultas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar unas nuevas proyecciones demográficas para los próximos 50 años, hasta 2068. Según estos cálculos, solo en los próximos 15 años España ganará 2,37 millones de habitantes, incrementando su población desde los actuales 46,65 millones de personas a algo más de 49 millones en 2033.

Una buena parte de esta ganancia de población se deberá al comportamiento del saldo migratorio (diferencia entre las personas que llegan al país y las que se marchan) que según sus cálculos aportará 3,4 millones de personas, de los cuales 1,3 millones se ganarán en los primeros cinco años (hasta 2022). A esta ganancia de población habría que restarle el saldo del crecimiento vegetativo de la población (nacimientos menos defunciones), que según estas nuevas cifras seguirá siendo negativo durante todos los años proyectados hasta 2068. Así, en los próximos 15 años España perderá casi un millón de habitantes por el mayor número de fallecimientos que de nacimientos.

Esta evolución natural de los que nacen y mueren en España se corresponde con una evolución de la tasa de fecundidad de las mujeres residentes en el país que pasará del actual 1,31 hijos por mujer a 1,41 hijos dentro de quince años. Al mismo tiempo, la esperanza de vida en el momento de nacer en 2033 alcanzará los 82,9 años en los hombres y 87,7 años en las mujeres, lo que supondrá 2,5 y 1,9 años más que ahora, respectivamente. Además, los que en 2033 cumplan 65 años tendrán una esperanza de vida de 24,4 años más en el caso de las mujeres (frente a los 23 años actuales) y de 20,7 años para los hombres (19,1 años en la actualidad).

Estas proyecciones poblacionales del INE son algo más optimistas que las últimas que había realizado este organismo en 2016. El motivo de esta corrección es que para las anteriores proyecciones utilizaron de referencia el flujo migratorio de 2015 que era negativo (salía de España más gente de la que entraba), mientras que en los nuevos cálculos han empleado el flujo de 2017, que fue positivo en 164.604 personas.

Además, estas nuevas proyecciones incluyen una “mejora metodológica” consistente en haber tenido en cuenta las conclusiones de un grupo de trabajo de expertos en demografía para realizar las estimaciones de los componentes migratorios. De esta forma, el INE introduce ciertos elementos cualitativos que no aplicaba anteriormente.

De hecho, estas proyecciones se conocen una semana después de que la Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal (Airef) hiciera públicas sus propias “previsiones” que no “proyecciones” demográficas, que reflejaban un comportamiento de la población española también mucho más optimistas que las hechas por el INE en 2016 , y que calculaban que España no perdería población en edad de trabajar en los próximos treinta años, frente a una predicción de un recorte de población de entre 7 millones según lo calculado por el INE hace dos años o 5 millones, según la Oficina de estadística europea (Eurostat).

Aun así, desde el INE precisan que sus proyecciones demográficas “muestran la evolución que seguiría la población de España en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales”. E insisten en que no constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen como objetivo determinar cuál es la evolución más probable. Esa es, aunque el INE no lo cite expresamente, la principal diferencia entre las proyecciones de este organismo y las “previsiones” de la Airef.

En cualquier caso, pese a que las nuevas cifras del INE son algo más optimistas que las anteriores, el organismo estadístico español sigue proyectando un fuerte envejecimiento de la población, que la Airef no observaba debido, sobre todo, a mejoras en el campo de la natalidad –llegaba a prever dos hijos por mujer dentro de 30 años— y a una llegada sostenida de entre 250.000 y 270.000 inmigrantes netos cada año hasta 2050. Así, el INE indica que, de mantenerse la tendencia demográfica actual, la pérdida de población se concentraría en el tramo de edad de entre 30 y 49 años, que se reduciría en 2,7 millones de personas en los próximos 15 años (un 19% menos). Además, el descenso de la natalidad provocaría que en 2033 hubiera 1,1 niños menores de 15 años menos que en la actualidad (un 17% menos).

El Gobierno propone un permiso de paternidad de nueve semanas en 2019, 13 en 2020 y 16 en 2021. Parte de esa baja será compartida con la de la madre y el resto deberá ser empleado por el padre cuando la mujer acabe la suya o si la interrumpe: permiso intransferible. Así, la fórmula obliga al padre a cuidar a solas a su hijo durante una parte de su permiso para "acabar con los factores sociales y culturales que perpetúan un modelo tradicional y desequilibrado de asunción de roles y responsabilidades entre hombres y mujeres".

Según la documentación, la propuesta afecta, de momento, a los funcionarios y empleados laborales públicos. Sin embargo, podría extenderse al sector privado, ya que sostiene que la "Administración General del Estado debe servir de ejemplo" a la hora de implantar la equiparación progresiva de los permisos. El plan del Gobierno está desarrollado en dos folios que fueron entregados el pasado lunes a los sindicatos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Otras dos páginas del departamento de Meritxell Batet diseñan una "bolsa de horas de libre disposición". En concreto el 5% de la jornada anual, o sea, 80 horas al año. Serán horas destinadas "al cuidado de mayores, discapacitados o hijos menores" y deberán ser recuperadas por el trabajador.

Los permisos de paternidad y maternidad actuales establecen 16 semanas para la madre y cinco para el padre. De las 16 de la mujer, las seis primeras tras el parto son obligatorias y las 10 restantes son voluntarias y transferibles. Y las cinco del hombre deben tomarse tras el parto.

El nuevo texto del Ejecutivo indica que el permiso de paternidad "tendría un número de semanas fijo a disfrutar de manera ininterrumpida e inmediatamente posteriores al nacimiento". Es decir, durante unas semanas, la madre y el padre compartirán el cuidado del bebé a la vez. Pero el Gobierno no dice cuántas. A partir de ahí, "el resto de semanas hasta 16" podrán utilizarse de dos maneras: "De forma continuada, en cuyo caso el permiso de maternidad seguiría al de paternidad. O bien tras finalizar el otro progenitor su permiso de maternidad".

El carácter no transferible de la proposición queda claro en este párrafo del Gobierno: "En ningún caso, salvo las primeras semanas fijas, se podría disfrutar el permiso de paternidad de forma simultánea al de maternidad, pues sería contrario al fin último de esta medida, que es el fomento de la corresponsabilidad".

Para 2019, el Ministerio de Batet plantea nueve semanas, "con una parte fija y otra a disfrutar antes o después del permiso de maternidad del otro progenitor". Y con las mismas condiciones, 13 semanas para 2020 y 16 para 2021.

Tanto la baja de paternidad como la bolsa de horas son hijas de la negociación entre los sindicatos y el Gobierno. Pero, en el caso de los permisos, surge un agravio comparativo nacido en el propio partido de Pedro Sánchez: la Junta de Andalucía de Susana Díaz firmó en julio con los sindicatos un acuerdo que implica 10 semanas este año, 15 en 2019 y 20 (para el padre y la madre) en 2020.

Por eso, el CSIF, la mayor central sindical en el sector público, aplaude la medida, pero a medias. "Valoramos este avance. CSIF siempre ha defendido la equiparación, congelada por la crisis, un tema que incluso llevamos al Defensor del Pueblo. Pero hemos pedido a la ministra Batet que tome como base el acuerdo de Andalucía. No puede ser de otra forma. No son sólo derechos de los padres y madres, sino de los hijos a ser protegidos como marca el Código Civil. No puede ser que en un mismo país haya hijos que disfruten de sus padres 40 semanas y otros sólo 32".

Habla Miguel Borra, presidente del CSIF, uno de los sindicatos que se sentó con Susana Díaz y pactó la zancada andaluza. "La Administración, la empresa más grande de este país, es clave para trasladar nuevos derechos. La sociedad pide horarios flexibles y jornadas más humanas que nos den más tiempo con nuestros hijos. Por eso hay que avanzar en medidas como la bolsa de horas o el teletrabajo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) "se ha vuelto loca" tras la notable caída registrada en Wall Street, a la que la Casa Blanca trató de restar importancia. Preguntado por si está preocupado por la sesión en el parqué neoyorquino, Trump consideró que se trata de una "corrección que se esperaba desde hace mucho tiempo", y continuó sus críticas a la Reserva Federal.

"La Fed está cometiendo un error. Están demasiado ajustadas (las tasas de interés). Creo que la Fed se ha vuelto loca", dijo en declaraciones a los periodistas en Erie (Pensilvania), donde planea dar un mitin. "Hay gente que dirá que (la subida de las tasas de interés) da mucha seguridad, y sí, da mucha seguridad y mucho margen, pero creo que la Fed se ha vuelto loca", agregó.

El Dow Jones se dejó hoy más de 830 puntos por el camino, lo que se traduce en un descenso del 3,15%, y el S&P 500 cedió un 3,29% en su peor día desde febrero. El golpe más duro se lo llevó el Nasdaq, que bajó un 4,08%, una caída registrada por última vez en noviembre de 2016.

La jornada es una continuación de la tendencia negativa que se inició en el mercado la semana pasada como consecuencia del temor que despertó en los inversores un ascenso de la rentabilidad de la deuda pública, combinada con la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed.

Trump ya criticó duramente hace dos semanas la tercera subida de tipos de interés en lo que va de año, que los situó entre el 2 % y el 2,25 %, lo que puso el precio del dinero en su nivel más alto desde 2008. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, intentó hoy restar peso a la caída bursátil y subrayó que "la base y el futuro de la economía de EE.UU. siguen siendo increíblemente fuertes", al destacar el bajo desempleo y los recientes recortes de impuestos a las empresas.

"Las políticas económicas del presidente Trump son las razones de estos éxitos históricos, y han creado una base sólida para que el crecimiento continúe", señaló Sanders en un comunicado.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de toda España han pedido "lealtad" a los poderes públicos. Los magistrados asumen la crítica de las actuaciones judiciales, que consideran "legítima y positiva en una sociedad democrática". Sin embargo, piden que "siempre que se realice con respeto y ponderación, especialmente cuando se efectúa por quienes ejercen cargos públicos, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático".

Así lo han subrayado en las Jornadas Nacionales de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que durante tres días han congregado en Burgos a los 17 máximos representantes de los tribunales autonómicos, han finalizado con un documento de conclusiones fruto de las mesas de trabajo celebradas. Los presidentes de los TSJ subrayan la importancia que en un Estado democrático tiene el Poder Judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho y la necesidad de que sea reforzado institucionalmente.

Aseguran que la Constitución, como norma suprema del Estado, representa el marco de libertad y convivencia que nos dimos los españoles hace cuatro décadas y preserva nuestra democracia según el modelo elegido por el pueblo español. Por ello, reiteran el llamamiento a todos los poderes públicos a fin de que aseguren los medios y recursos que el Poder Judicial necesita para seguir cumpliendo con aquella misión. La modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia.

Los jueces subrayan que, transcurridos 14 años desde su creación, las Oficinas de Comunicación de los tribunales constituyen una aportación fundamental para satisfacer las exigencias de una auténtica política de comunicación del Poder Judicial. "Las crecientes exigencias de una información rigurosa, de una efectiva protección de datos personales y de una política de transparencia ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el papel y los medios en dichas oficinas, al servicio del derecho de los ciudadanos a una información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil, esencial en una sociedad democrática", aseveran.

"Las diversas cuestiones y dudas que suscita la dinámica de funcionamiento del acceso a esta información exigen revisar y actualizar el régimen normativo, especialmente en los procesos penales de interés público en sus fases de investigación y juicio. Mientras tanto, el Protocolo de Comunicación de la Justicia del CGPJ, constituye un marco de referencia a dichos fines", explican.

A su juicio, es preciso promover la idea de que, si bien la actuación en materia de comunicación en Justicia compete a los Gabinetes de Comunicación, es imprescindible la colaboración proactiva de los jueces y sus órganos de gobierno.

Ofrecen plena colaboración a los letrados de la Administración de Justicia en el cumplimiento de la responsabilidad que la normativa les asigna en la publicidad de las actuaciones y resoluciones judiciales. "Han de tener a su disposición los mecanismos y herramientas adecuados para cumplir con dicha obligación legal y salvaguardar la protección de los datos personales", aseguran.

Tan solo un día después que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidos Podemos anunciaran una subida histórica del salario mínimo como parte del pacto para intentar sacar adelante los presupuestos de 2019, el FMI recomendó este viernes al Gobierno ser “cuidadoso” a la hora de llevar a cabo incrementos salariales, y lamentó que no se haya aprovechado lo suficiente el ciclo expansivo de la economía para ajustar las cuentas.

En plena asamblea anual en Bali (Indonesia), el director del Departamento de Europa del FMI, Poul Thomsen aconsejó al Ejecutivo “ser cuidadoso con los salarios mínimos”, ya que estos pueden desincentivar la contratación y “excluir a la gente del mercado laboral”. Este jueves, el Gobierno y la formación liderada por Pablo Iglesias pactaron la mayor subida del salario mínimo de la democracia, un 22,3% en un año, pasando de los 735,9 euros actuales a los 900 en 14 pagas en 2019. No obstante, Thomsen reconoció que era una medida con “justificación por cuestiones sociales” y llamó a encontrar un equilibrio entre ambas cuestiones.

El responsable del FMI para Europa también criticó que España no hubiera tomado las suficientes medidas de ajuste estructural aprovechando la buena coyuntura económica: “Desafortunadamente, desde 2015, el crecimiento ha sido superior al esperado y el paro ha caído de manera sostenida, pero España no ha reconstruido su espacio fiscal”. El mismo día en el que S&P rebajó una décima su previsión de PIB de España este año –al 2,7%–, el FMI insistió en la necesidad de llevar a cabo políticas fiscales contracíclicas, es decir, aprovechar los periodos económicos expansivos para contraer el gasto. Justo lo contrario de la intención del Ejecutivo, a cuya previsión de déficit del 2,7% del PIB para este año se añade un pacto presupuestario que elevará el gasto público en más de 5.000 millones. El FMI, de hecho, ya anunció a principios de la semana, que no preveía que el déficit español bajara del 2,3% en cinco años, lejos de las estimaciones hechas por el anterior Gobierno y el actual.

Las proyecciones económicas del organismo de inicios de la semana también fueron un toque de atención a las políticas proteccionistas de Estados Unidos: rebajó una décima su previsión de crecimiento para el país hasta el 2,5% en 2019, y dos décimas el PIB mundial, hasta el 3,7%, por la escalada de la guerra comercial. Una advertencia a la que EE UU ha hecho oídos sordos. Este mismo viernes, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, insistió ante la asamblea del FMI que su país continuará “sus esfuerzos para enfrentarse a las prácticas comerciales restrictivas en todo el mundo que impiden el crecimiento más fuerte y equilibrado en EE UU y a nivel global”. Mnuchin alentó a otros países a “examinar sus políticas y dar pasos para ayudar a reequilibrar las relaciones comerciales globales”. Volvió a insistir en que el objetivo de su Administración es “alcanzar un comercio más libre, justo y recíproco y asegurar un campo de juego más equilibrado para las empresas estadounidenses” con “todos nuestros socios, incluida China”, puntualizó.

Tras las palabras del responsable del Tesoro, el G20, que también se reúne esta semana junto al FMI en Bali, llamó al diálogo y urgió a EE UU y a China a solucionar sus enfrentamientos comerciales con rapidez, ya que estos están minando la confianza de los mercados y elevando la volatilidad. “El comercio internacional es un importante motor de crecimiento, y necesitamos resolver las tensiones que están afectando de manera negativa a la confianza de los mercados y aumentado la volatilidad financiera”, afirmó Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, país que ocupa la presidencia del G20. La escalada de las tensiones comerciales entre ambas potencias está centrando las cumbres de ambos foros, que se prolongarán hasta este domingo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves que el plan presupuestario calcula unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros debido a las nuevas medidas del Presupuesto de 2019. Este programa se enviará el próximo lunes a Bruselas. La ministra portavoz, Isabel Celaá, aseguró que el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos "es el principio del trabajo", pero que "hay que seguir sumando".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá felicitó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "por llevar la parte más importante de la negociación". Y señaló: "Estamos juntos la segunda y tercera fuerza, pero hay que seguir sumando". La titular de Educación declaró que el Gobierno "ha llegado a un acuerdo con Unidos Podemos, que permite elaborar un plan presupuestario que incide en la agenda del cambio".

Montero aseguró que este documento "cumple con el compromiso con ciudadanos y con los socios europeos y consolidación fiscal". Según señaló, permite enviar el próximo lunes, día 15, el plan presupuestario a Bruselas. La ministra de Hacienda puso de relieve la agenda social de estas cuentas. Aseguró que "buscan dignificar a nuestros mayores", "protegen a los más vulnerables" y que están diseñados "en defensa de la igualdad". En cuanto al incremento del salario mínimo (del 22%), hasta los 900 euros, Montero habló de una "subida histórica" y señaló que "afecta a miles trabajadores y, sobre todo, a miles de mujeres". Montero calculó que la dotación para vivienda asciende a 630 millones, una subida del 20%.

Sobre la eliminación del copago, la ministra aseguró que "beneficiará a cinco millones de pensionistas y a 1,8 personas con rentas bajas". Según afirmó, las cuentas "suponen un punto de inflexión que marque la senda por la que queremos transitar, pero siendo conscientes que no se puede revertir a la sociedad todo el daño que se ha hecho en los últimos 7 años". E insistió en que estas medidas "buscan que la recuperación llegue a los colectivos, a las familias. Algo que es absolutamente compatible con el cumplimiento de las obligaciones comunitarias y la senda de ajuste fiscal. Son posibles por la recuperación económica y también por la nueva fiscalidad del siglo XXI.

En cuanto a los cambios en los impuestos, la ministra aseguró que "la subida del IRPF sólo afecta al 0,5% del total de contribuyentes españoles". "Seguiremos trabajando para que los Presupuestos cuenten con el respaldo de la mayoría de los grupos de la cámara", concluyó Montero, que indicó que PP y Ciudadanos "se han autoexcluido". "Confiamos en que, salvo las que se han autoexcluido, podamos establecer el diálogo con el resto", añadió.

Celaá pidió al presidente catalán, Quim Torra, y al Govern de la Generalitat que se desbloquee la vida política en Cataluña y que los partidos catalanes "apoyen" el acuerdo presupuestario alcanzado con Podemos, porque será "muy beneficioso" para la sociedad catalana. Tras ser preguntada por ello, Montero indicó que el programa presupuestario incluye unos ingresos adicionales, por estas medidas, de 5.678 millones de euros. Mientras que calcula un gasto adicional de 2.082 millones.

El próximo lunes el Gobierno celebrará un Consejo de Ministro extraordinario para trasladar los datos macroeconómicos y el plan presupuestario que se envía a Bruselas. "Se celebra una reunión extraordinaria para mostrar el aval del Gobierno con el compromiso con Bruselas", indicó Montero. La ministra precisó que el lunes se darán a conocer las estimaciones de ingresos totales y de gasto, pero que los acuerdos cerrados este jueves no suponen una modificación sustancial del techo de gasto ya aprobado.