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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló este miércoles que hay medidas que "tenemos que derogar inmediatamente" citando el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que posibilita el despido por absentismo laboral, aunque sea justificado, mientras que en la elaboración del nuevo Estatuto se trabajará sobre las indemnizaciones por despido.

Así lo dijo la nueva ministra en una entrevista en 'La Sexta' en la que fue preguntada si la reforma laboral del PP se derogará parcial o totalmente. Díaz respondió diciendo que se producirá en dos fases. Primeramente, señaló que hay medidas que "tenemos que derogar inmediatamente" citando el artículo que posibilita el despido por bajas médicas, aunque sean justificadas, y que se incluyó en el marco de la reforma laboral. "Hay que derogarlo y con urgencia", afirmó la nueva ministra.

Asimismo, señaló otros aspectos normativos a modificar como la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa para "reequilibrar" las posiciones de la negociación colectiva. Díaz explicó que la segunda fase consiste en elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, puesto que "tenemos un mundo del trabajo masculinizado, envejecido, que responde legislativamente a un modelo casi fordista; esta sociedad no existe".

"Merece la pena que en esa nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores redefinamos todo el marco legislativo; el despido -y su indemnización- es un aspecto clave, lo vamos a trabajar, lo vamos a hacer en el marco del diálogo social", afirmó.

En lo que respecta a la creación de empleo, la ministra abogó por "retornar a la causalidad en los contratos temporales" y usarlos "de manera puntual y con una causa que lo justifique". Según Díaz, ésta junto a otras como la modificación de la subcontratación para limitarla son "pequeñas modificaciones" que "pueden mejorar en un corto lapso temporal la precariedad".

En cuanto a sus diferencias sobre las pensiones con el ministro del ramo, José Luis Escrivá, Díaz señaló que en el Gobierno hay "diferentes voces" pero "una posición común" y que los planes privados de pensiones son "complementarios" al sistema público.

"El ministro -Escrivá- ha hablado de la suficiencia de las pensiones, cinco millones de pensionistas están casi en la exclusión social, hay que actuar en los ingresos y creo que estamos de acuerdo. Es factible que mejoremos y demos certeza a los pensionistas", afirmó.

La tasa de desempleo española se redujo una décima respecto a octubre, mes en el que se situó en el 14,2%. Asimismo, la OCDE recoge la tasa trimestral, situándola en el 14,3% para España entre los meses de julio y septiembre. El registro mensual supone la tasa más elevada de la OCDE a falta de actualizar el dato de Grecia, que en octubre registró una tasa del 16,6%. En términos absolutos, en España había 3.255.000 parados en el undécimo mes del año.

Si se atiende a las siete mayores economías de la OCDE, la media de paro fue del 4,2% en noviembre, la misma tasa que en los tres meses anteriores. En el caso de la UE, el porcentaje de parados se situó en el 6,3%, tasa que se viene manteniendo desde mayo, y la Eurozona reflejó un 7,5% de desempleo, el mismo que en octubre.

Por género, en España la tasa de paro entre las mujeres es superior a la de los hombres, de un 16,3% para ellas frente a un 12,2% para ellos. Los datos también reflejan que en cada caso se produjo un descenso de una décima respecto a octubre. En el tercer trimestre, la tasa de paro femenina se situó en el 16,3% y la masculina fue del 12,5%. En cualquier caso, estas tasas son superiores a la media de la OCDE, que sitúa el paro femenino en el 5,2% y el masculino en el 5,1% en noviembre.

Atendiendo a la edad, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en España alcanzó una tasa del 32,1%, muy por encima de la media de la OCDE (11,1%), y para los mayores de 25 años fue del 12,8%, también muy superior a la de la OCDE (4,4%). Comparado con el mes anterior, el paro juvenil español se redujo en cinco décimas, y el paro entre el resto de trabajadores lo hizo en una décima.

Un mes después de que Washington y Pekín acordaran un alto el fuego para poner freno a la escalada arancelaria, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceprimer ministro y máximo negociador chino, Liu He, procedieron hoy a firmar la primera fase del pacto. La cita, que se celebró en la Casa Blanca, contó con la presencia de una docena de empresarios estadounidenses y funcionario chinos.

“Esta es una ocasión muy importante. Juntos estamos enderezando los errores del pasado”, señaló Trump tras la rúbrica del pacto, un documento de 86 páginas cuyos detalles se conocen con cuentagotas, pero que, como ya adelantaron los funcionarios americanos, no se hará público. “Tan pronto como empiecen a implementarse las medidas, comenzaremos a negociar la fase dos”, apuntó el presidente de EE UU.

Aunque las posturas entre ambos países se han acercado en los últimos meses, Washington mantendrá los aranceles del 15% sobre 120.000 millones productos chinos. “Estaré de acuerdo en quitarlos si avanzamos hacia una segunda fase, de lo contrario no tendremos nada con lo que negociar”, remarcó.

A pesar de que las dos potencias mantendrán en secreto el documento, las autoridades dieron a conocer algunos de los aspectos claves. Entre los compromisos adquiridos por China se encuentran las compras adicionales de 200.000 millones de dólares (180.000 millones de euros) para cerrar el desequilibrio comercial que mantiene con la primera economía del mundo. De esta cuantía, 77.700 millones irán destinados a los productos manufactureros, incluidos aviones; 32.000 millones se concentrarán en productos agrícolas; 52.400 millones en energía (gas natural y petróleo) y los 37.900 millones restantes en servicios.

Durante la negociación que han mantenido, las delegaciones de ambos países se han centrado en los productos agrícolas, especialmente en el hecho de si las importaciones de China podrán alcanzar los 50.000 millones que prometió Trump. Este punto es especialmente importante para la reelección del presidente de EE UU, que concentra en el sector agrícola una parte importante de los votos que lo llevaron a la Casa Blanca en noviembre de 2016. Si se cumplen estas previsiones los cálculos de Bloomberg prevén en un incremento adicional del PIB de EE UU del 0,2% al 0,3%.

El acuerdo exige a Pekín acabar con el robo de la tecnología estadounidense y de los secretos corporativos por parte de las empresas y entidades asiáticas. El pacto obliga a la segunda economía del mundo a detener la venta de productos pirateados y a aplicar sanciones penales a todos los que estén implicados en la ocultación de secretos comerciales. Asimismo, insta a China a dejar de presionar a las compañías estadounidenses que invierten en el país para compartir tecnología.

Por último, está la cuestión de no manipulación de la divisa. El pasado lunes EE UU sacó a China de la lista de países que alteran de manera artificial su moneda, un paso que demuestra el compromiso de ambos con la paz comercial.

El índice de precios de consumo (IPC) terminó diciembre de 2019 en el 0,8 % interanual impulsado por el alza de los carburantes y con electricidad como el grupo que más lo frena, según el dato que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general volvió a terreno negativo con una caída del 0,1%.

El dato, adelantado por el INE en diciembre, supone un repunte de cuatro décimas frente a noviembre y cerrar el año con una tasa más moderada que la de 2018 (1,2%). El grupo con mayor influencia positiva en el aumento de la tasa anual fue transporte, que incrementa su variación casi cuatro puntos, hasta el 4%, a causa de la subida de los precios de los carburantes y lubricantes, frente al descenso registrado en diciembre de 2018.

También influye, aunque en menor magnitud, la subida de los precios del transporte aéreo de pasajeros, mayor este mes que en 2018. En el lado negativo destaca Vivienda, cuya tasa cae el 5%, casi un punto inferior a la de noviembre, es debida a que los precios de la electricidad bajan este mes, mientras que aumentaron en 2018.

En cuanto a la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 1,0%, con lo que se sitúa dos décimas por encima de la del IPC general.

En la tasa mensual, pesó la caída de la vivienda, un 1,1%, debido al descenso de los precios de la electricidad, y vestido y calzado, con un descenso del 2,1%, debido a las primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. En el lado positivo, ocio y cultura, con una variación del 2%, que se explica fundamentalmente por el incremento de los precios de los paquetes turísticos.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reiteró ayer en la clausura de un foro de inversores que el Gobierno de Pedro Sánchez “derogará los aspectos más lesivos de la última reforma laboral del PP”. Entre los que citó “los que causan abusos contra los trabajadores”.

La contrarreforma laboral prometida por el Gobierno de Sánchez es uno de los puntos que más dudas despierta entre los inversores extranjeros. Preguntada por este asunto, la vicepresidenta de Economía y Transformación Digital ha ratificado la apuesta del nuevo Ejecutivo por compatibilizar el ataque a los “abusos” —una palabra que ha pronunciado hasta en dos ocasiones en menos de media hora de alocución— que se producen en el mercado de trabajo con el crecimiento económico y la creación de empleo.

“Es una prioridad, como se ha señalado en el programa de Gobierno de coalición. [Pero] existe también un amplio acuerdo sobre la necesidad de ajustar algunos elementos de la legislación laboral que están llevando a abusos que deben ser atajados para asegurar un mercado de trabajo más justo”.

Calviño, figura clave en la relación con Bruselas —donde llegó a ser directora general, el puesto más alto en la jerarquía administrativa europea— ha vinculado la apuesta por reformar las leyes laborales a escala española con el impulso de la Comisión Europea para fijar un salario mínimo a escala comunitaria y la creciente importancia de la desigualdad en la agenda económica y social internacional, y ha mostrado su convencimiento en que será posible “alcanzar un equilibrio entre el crecimiento de la economía y del empleo y la eliminación de los abusos” laborales.

“El desempleo”, ha completado, sigue en niveles “intolerablemente altos, con un alto grado de paro estructural” y la desigualdad debe ser atendida “no solo por razones de justicia social sino porque una sociedad cohesionada y equilibrada son clave para la estabilidad política, económica y social”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y siete en contra. Tras una reunión de hora y media, tan solo se ha votado la propuesta presentada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, que se limitaba a afirmar que la candidata cumple con lo establecido, sin pronunciarse sobre su idoneidad. Este es el primer paso para que la exministra de Justicia acceda al cargo, ya que todavía debe de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. En la propuesta enviada este jueves por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a los miembros del pleno, Lesmes evita afirmar la idoneidad de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado.

El escrito enviado por Lesmes, admite que Delgado cumple "los requisitos exigidos" para el puesto, pero elimina una frase empleada en las propuestas para la elección de los últimos cuatro fiscales en la que el presidente del órgano de gobierno de los jueces señalaba que los méritos reflejados en el currículum del candidato “determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento”.

El CGPJ siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos últimos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepción Sáez (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.

La oposición ha criticado a lo largo de la semana el nombramiento de la exministra de justicia. El Partido Popular, horas antes de que comenzase la reunión del CGPJ, se mostraba confiado porque se desautorizara ese nombramiento. El Gobierno de coalición, en cambio, defiende la "idoneidad" de Delgado para ocupar el cargo.

La economía española frenará tres décimas su crecimiento y el PIB nacional aumentará un 1,9 % en 2020 y 2021 tras subir un 2,2 % en 2019, según el informe de perspectivas globales presentado hoy por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Pese a la ralentización, el crecimiento español en 2020 será superior a la media europea en este año y también al de economías como la francesa (con perspectivas de crecimiento del 1,5 %), alemana (1,3 %) o británica (1,2 %), según el organismo de Naciones Unidas.

El estudio prevé una inflación en España del 1,6 % este año y del 1,9 % en el próximo, tras registrarse una subida de precios en 2019 del 1,3 %, y espera un progresivo descenso de la tasa de paro (del 12,8 % en 2020, un punto menos que el pasado año), aunque seguirá siendo la segunda mayor de la Unión Europea (UE) sólo por detrás de Grecia.

A nivel global, Naciones Unidas estima que la economía mundial se recuperará ligeramente tras registrar su peor ritmo de crecimiento de la década en 2019 (del 2,3 %) y crecerá un 2,5 % en 2020. Aunque las tensiones comerciales entre países como China y Estados Unidos o las fricciones geopolíticas seguirán siendo factores de riesgo que amenacen tal crecimiento, la ONU confía en que la aceleración también continúe en 2021, con un ascenso del PIB global del 2,7 %.

Sin embargo, la UNCTAD advierte de que en un escenario negativo (en el que por ejemplo China y EEUU no alcancen la paz comercial, o si tras el "brexit" no se alcanzan acuerdos positivos entre la UE y el Reino Unido) el crecimiento económico mundial en este año podría reducirse a sólo el 1,8 %. El informe prevé que la Unión Europea crezca un 1,6 % en 2020, tras hacerlo un 1,4 % en 2019, y que Japón pasará del 0,7 % del pasado año al 0,9 % en el actual, quizá beneficiada de las sinergias que acompañen a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por contra, China y EEUU ralentizarán su crecimiento: mientras el gigante asiático bajaría su ritmo del 6,1 % de 2019 al 6 % en 2020, el freno de un EEUU en "constante incertidumbre política", según UNCTAD, sería más acentuado, ya que pasaría de un aumento del PIB del 2,2 % el pasado ejercicio al 1,7 % en el que acaba de empezar.

Ambas superpotencias acusarían así los efectos de una guerra comercial que, sin embargo, en opinión del director de Globalización y Estrategias de Desarrollo de la UNCTAD, Richard Kozul-Wright, tuvo un efecto limitado en un mundo donde las finanzas tienen mucho mayor peso que los intercambios de bienes.

El crecimiento global de 2020, en opinión del experto, "dependerá del comportamiento de grandes economías emergentes que han sufrido mucho en los últimos dos años, como Argentina, México, Turquía o Rusia". En esas economías se prevén fuertes alzas del ritmo de crecimiento, como en el caso de México (del 0 % de 2019 al 1,3 % en 2020) y Argentina, para la que se pronostica un cierto alivio de su recesión, con una caída del PIB del 1,3 % este año tras sufrir un descenso del 3 % en 2019.

El informe pide responder a las incertidumbres económicas que persistirán en 2020 con respuestas más equilibradas que las actuales y que combinen política fiscal y monetaria, tras una pasada década en la que se dependió excesivamente de la intervención sobre las divisas nacionales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido al nuevo Gobierno que complete la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reducir y reestructurar las tarifas de peaje con una revisión completa de los otros cargos del sistema eléctrico. Asimismo, ha presentado siete propuestas para abaratar la factura, entre ellas rebajar el IVA que se aplica a la electricidad del 21% (tipo general) al 10% (tipo reducido).

En un comunicado, la organización critica “la falta de transparencia” del Ministerio para la Transición Ecológica sobre los cargos del sistema eléctrico, “más cuando la CNMC ya presentó su propuesta para los peajes”, y considera que esos “retrasos y falta de información” del gabinete dirigido por Teresa Ribera sobre los cambios en la próxima tarifa eléctrica “están generando un clima de confusión e incertidumbre en el consumidor”.

“Justo lo que menos hace falta en un sector caracterizado por su complejidad y que además está entre los más caros de la Unión Europea”, añade. La OCU recuerda que la CNMC, de acuerdo con las nuevas competencias que le fueron atribuidas el año pasado, ya ha presentado su propuesta final sobre los peajes eléctricos, con un recorte planteado en la remuneración de la actividad de transporte y distribución que supondría una rebaja del 1,5% sobre la factura eléctrica de un hogar medio.

Asimismo, la propuesta del regulador incluye una nueva estructura de tarifas con tres tramos (horario valle, llano y punta), así como la posibilidad de contratar dos potencias diferentes, con un precio muy reducido para el horario valle, entre otras medidas. No obstante, OCU estima que esta propuesta “es difícil de valorar” mientras no se conozcan los planes del Ministerio respecto a los cargos del sistema eléctrico.

Según las estimaciones del catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver, que elabora el Índice de empleo 2020 para ManpowerGroup. En este informe sobre la marcha del mercado de trabajo, Oliver, apunta a una clara desaceleración en la creación de empleo en 2020 y algo menor en 2021. Concretamente sus previsiones estiman a una creación de unos 260.000 empleos en el presente ejercicio y otros 270.000 en 2021. Esto representa crecimientos de ocupación, medido por la Encuesta de Población Activa (EPA) del 1,3% y 1,4% anual respectivamente. Estos volúmenes de generación de empleo son la mitad de lo que la economía española viene creando en la etapa de recuperación.

Así, el aumento que prevén para 2020 es notablemente inferior a los 350.000 nuevos puestos con los que los autores de este trabajo calculan que se cerró 2019, tras registrar un crecimiento del 1,8%. Pero las cifras para 2020 y 2021 quedan aún más lejos de los registros de creación de empleo entre 2015 y 2018, ambos inclusive, con aumentos interanuales de empleo de entre el 2,6% y el 2,9% (alrededor de medio millón de nuevos puestos de trabajo cada uno de estos años. “Esos niveles de creación de empleo son una lotería, pero no son ni mucho menos los esperables a partir de ahora”, dijo Oliver, quien explicó los dos motivos por los que el empleo se desacelerará.

El primero de ellos es el agotamiento de los sectores que más empleos han estado generando en la reciente recuperación. Concretamente de los 2,9 millones de puestos recuperados casi la mitad (45%) se crearon en tres sectores: turismo y hostelería (573.000 nuevos puestos); los servicios a las empresas –donde se encuadran la limpieza, el mantenimiento de edificios o la asistencia informática entre otros muchos– con 554.000 nuevos empleos; y 192.000 en el transporte. Los avances de empleo por encima de la media en estos tres sectores no se repetirán, augura Oliver, que si bien aún estima que tienen margen para crecer entre el 1,5% y 2,5% este año y el próximo.

El segundo motivo de esta desaceleración es un claro cambio de composición en el empleo. Los sectores como la construcción los servicios públicos o el comercio que tiraron del empleo en la recuperación de anteriores crisis en los ochenta y noventa, hoy solo aportan un 9% del empleo.

En este escenario, el director de la región mediterránea de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, valoró ayer la creación de 261.000 empleos este año en un momento de desaceleración. Pero advirtió que estos nuevos puestos son “más frágiles”. Por ello, alertó de que “cualquier dinámica que cambie respecto a la flexibilidad en la contratación; los costes laborales, especialmente una subida brusca del salario mínimo, especialmente en las pymes, o las modalidades de contratación “podrían reducir incluso a la mitad la proyección de crear en torno a 260.000 empleos cada uno de los próximos dos años”, dijo.

China ha cuadrado su balance económico. En el último año, su PIB creció un 6,1%, según ha anunciado esta mañana la Oficina Nacional de Estadística. Esta cifra supone el ritmo más bajo en 29 años, lo que atestigua tanto la progresiva desaceleración del gigante asiático como lo vertiginoso de la velocidad a la que ha avanzado en las últimas décadas.

El dato correspondiente al cuarto trimestre, publicado hoy, era la pieza que faltaba para completar el mural del año. Entre octubre y diciembre la economía china marcó un 6%, guarismo idéntico al del tercer trimestre, lo que supone una repetición del resultado más bajo desde que en 1992 las autoridades chinas comenzaran a hacer pública la evolución trimestral. No es necesario remontarse muy atrás para encontrar el mínimo anterior: corresponde al segundo semestre de este mismo año, en el que la economía repuntó un 6,2%.

Este 6,1% hace de 2019 el año menos dinámico desde 1990, cuando la inestabilidad política y social posterior a la matanza de Tiananmen redujo el crecimiento al 3,9%. El episodio, que tuvo lugar en mayo de 1989, también afectó al desempeño económico del año anterior (4,2%). Obviando ambos resultados, para encontrar un dato inferior al de hoy es necesario remontarse 38 años, a 1981, cuando el PIB avanzó un 5,1%.

Pese a representar otro peldaño descendente en la serie histórica, la cifra de este viernes cumple con los pronósticos del Gobierno, que el año anterior fijó sus ambiciones entre un 6,5 y un 6%. De este modo, China se mantiene en la senda que le permitirá lograr el objetivo de doblar su tamaño en este 2020 con respecto a una década atrás. Los datos también están en consonancia con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

“Un 6,1% encaja con la tendencia del desarrollo de nuestra economía, que pasa por un decrecimiento gradual del ritmo de crecimiento. No es fácil lograr una tasa del 6,1% mientras el resto del mundo está en proyección negativa”, apunta por teléfono Hongcai Xu, economista jefe del Centro Chino para el Intercambio Económico Internacional. “Además, nuestra eficiencia está avanzando: los datos de empleo son positivos, el IPC y los mercados financieros mantienen la estabilidad, la balanza de pagos está equilibrada… En general, creo que la economía China en 2019 ha seguido progresando de manera sólida”.

Otros datos publicados hoy también muestran una lectura positiva respecto al estado de la economía china. Las ventas al por menor, índice clave para valorar los gastos de los consumidores en un país que busca fomentar la demanda doméstica, creció un 8% en 2019, un punto porcentual menos que en 2018. La producción industrial, calibre de la manufactura china, avanzó un 5,7% en el último año, por encima de las expectativas, pero también menos que el anterior (6,2%).