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La llamada Tasa Tobin. En concreto, el departamento que lidera la ministra María Jesús Montero ha impulsado una consulta pública sobre la regulación del cobro del nuevo tributo en la que propone eximir a los contribuyentes de tener que presentar una declaración anual de la tasa a cambio de aportar una mayor cantidad de información en su liquidación mensual.

El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras recibió este verano el visto bueno del Congreso de los Diputados y su tramitación continúa ahora en el Senado. De momento, el texto contempla que la entrada en vigor de la tasa arranque a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez sea aprobado definitivamente por el Parlamento, lo que hace prever que el primer cobro no llegue hasta enero de 2021.

La norma, sin embargo, deja para el desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la declaración y el pago del impuesto, así como de los supuestos en los que un depositario central de valores establecido en territorio español, en referencia a Iberclear, sea quien, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, efectúe la declaración y el ingreso de la deuda tributaria. A fin de tener listos estos detalles antes de la entrada en vigor del nuevo impuesto, Hacienda ha sometido a consulta pública un proyecto de real decreto al que los interesados podrán hacer aportaciones hasta finales de este mes.

“Se prevé que las autoliquidaciones mensuales contengan una información muy completa, lo que hace innecesario la presentación de una declaración anual. De esta forma se libera a los sujetos pasivos de obligaciones formales”, expone el documento, al que ha tenido acceso este diario. El texto indica que los sujetos pasivos del tributo deberán proporcionar al depositario central de valores datos completos “de cada operación sujeta (exenta o no exenta) respecto de las adquisiciones sujetas al impuesto”.

En definitiva, la idea es facilitar a los sujetos pasivos y al depositario central de valores el proceso de liquidación, ahorrándoles el trámite de una farragosa declaración anual, a cambio de exigir un mayor volumen de datos mes a mes que el depositario tendrá además la obligación de conservar por si la Agencia Tributaria requiere información adicional sobre determinadas operaciones.

En un discurso en la Asamblea Parlamentaria franco alemana, Christine Lagarde recordó que "si miramos a los últimos seis meses, el BCE no ha sido la única alternativa". "Nuestras medidas han sido complementadas por respuestas fiscales enérgicas a nivel nacional y europeo. Este ha sido un crítico factor importante en aliviar el impacto de la pandemia en el mercado laboral y en el préstamo bancario", apostilló Lagarde en el discurso.

"Consideramos que la economía todavía necesita ese apoyo para que la recuperación continúe y se fortalezca más", según la presidenta del BCE. También destacó que "por primera vez, se puede usar un instrumento presupuestario común a nivel europeo para complementar los estabilizadores fiscales a nivel nacional, incluso, si es sólo temporal en estos momentos".

Por ello, Lagarde también considera que "Europa se ha fortalecido durante esta crisis" y que es necesario seguir profundizando en la unión. "Necesitamos completar finalmente la unión bancaria y crear una unión de los mercados de capital genuina", afirmó Lagarde.

La Asamblea Parlamentaria franco-alemana está presidida por el alemán Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, y el francés Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional francesa. El grupo de amistad más antiguo del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, es el franco-alemán, que se remonta al año 1957.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido canalizar los fondos europeos a través de desgravaciones fiscales, que son, según su vicepresidente, Íñigo Fernández de Mesa, "más efectivas que las subvenciones, porque siguen criterios más objetivos, apoyan más a las empresas y son más simples para ellas su gestión".

"Se evita que vaya a empresas zombis", ha dicho Fernández de Mesa, quien ha añadido que recomendarán al Gobierno que utilice los incentivos fiscales como fórmula para canalizar las ayudas a las compañías. Asimismo, la patronal ha anunciado que está pensando elegir 15 "grandes proyectos tractores" de empresas para usar los fondos europeos.

Para Fernández de Mesa, este dinero es una oportunidad "única" para mejorar el sector empresarial y el tejido productivo español y evitar que este se destruya. Además, cree que la colaboración público-privada es "fundamental". Desde su punto de vista, estos 15 proyectos tienen que tener en cuenta la transición ecológica y digitalización. "Creemos que desarrollar quince grandes proyectos tractores y presentarlos con la Administración a Bruselas para su aprobación es una buena utilización de los recursos", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que la CEOE quiere presentar proyectos "que sean buenos para la economía española, que cambien la estructura productiva y sean generadores de empleo". "Ese es el objetivo y ya veremos cuánto dinero absorben. Queremos presentar buenos proyectos, que tengan impacto. No absorber por absorber", ha dejado claro.

No obstante, también ve necesario que el dinero que dé Bruselas a España "mejore la productividad de la economía española, genere creación de empleo y haga que las empresas sean más intuitivas". La patronal estima que cada año se desembolsarán unos 20.000 o 30.000 millones de los 140.000 millones, según sus cálculos.

Además, ha señalado que la propuesta que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas tiene que estar antes del 15 de octubre, que está previsto que el reglamento se apruebe en enero y que, a partir de entonces, comience la Comisión a estudiar la propuesta española. CEOE cree que tardará unos meses en aprobarse, posiblemente hasta abril o mayo, según la patronal.

Por otro lado, ha señalado que el Gobierno tiene que presentar también un plan de reformas y que este, según Fernández de Mesa, debe focalizarse en que la empresa mejore. "Creemos que sería un grave error un aumento de la imposición en la situación tan crítica en la que se encuentra la economía española", ha resaltado.

Por todo ello, CEOE ha presentado este lunes su plataforma digital 'CEOEXEuropa' para dar soporte a la oficina técnica de apoyo a proyectos europeos. Esta iniciativa, según la patronal, busca ofrecer información completa y actualizada sobre los fondos europeos y su aplicación en España y así aglutinar y dinamizar las potenciales demandas empresariales.

Esta plataforma está dirigida a todo el tejido productivo, desde pymes y autónomos hasta grandes empresas. En ella, las compañías podrán informarse en detalle de los distintos instrumentos que integran el Plan Europeo de Recuperación, la explicación de las prioridades de la Unión Europea y los pilares definidos por España.

Los responsables técnicos del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT han cerrado finalmente en la tarde de ayer lunes un preacuerdo para regular el teletrabajo. Está previsto que el texto sea ratificado mañana a primera hora por las organizaciones sindicales y empresariales y para que, después, reciba el visto bueno del Consejo de Ministros a mediodía, según han confirmado distintas fuentes de la negociación.

Se trata de un preacuerdo que se ha alcanzado a contrarreloj debido a la prisa que tienen en Trabajo por aprobar esta normativa, debido a que hoy mismo vence la regulación que se aprobó el pasado 17 de marzo para frenar la pandemia de Covid-19 que declaraba el “carácter preferente” del teletrabajo en las empresas.

Actualmente, la ley española no desarrolla legalmente el trabajo a distancia ya que solo menciona su existencia en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, si no se aprobara esta norma –que debido a la urgencia de la situación tendrá forma de Real Decreto-Ley– existiría un cierto vacío legal para todos aquellos que sigan teletrabajando por motivos del Covid-19.

Aunque la norma, que entre otras novedades recoge la obligación empresarial de costear los gastos del teletrabajador, será de obligado cumplimiento desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, también incluye algunas excepciones en su aplicación. Así, por ejemplo, las empresas que hayan optado por teletrabajar como medida de contención sanitaria por la pandemia de Covid-19 y no como decisión organizativa, no tendrán que formalizar el acuerdo de teletrabajo que obliga a firmar esta ley a la empresa y al trabajador.

El texto, a falta de conocerse los últimos cambios de redacción, indica que en dicho acuerdo que deberá formalizarse por escrito (salvo el teletrabajo por Covid) se incluyen horarios, reglas de disponibilidad y de prevención de riesgos, pero también “el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles”. Asimismo, este acuerdo debe incluir “la enumeración de los gastos, que pudiera tener la persona trabajadora (…) así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación”. Si bien la redacción de esta excepción legal en el último borrador dejaba la puerta abierta a que las empresas pudieran eludir los costes del teletrabajo por la pandemia, por lo que su redacción final determinará esta posibilidad o no.

Además, la nueva norma se aplicará a todos los trabajadores que teletrabajen al menos el 30% de su jornada. Con este porcentaje, la patronal ha conseguido dejar fuera de esta regulación, por ejemplo, a todos los empleados que teletrabajen solo un día a la semana (20% de la jornada) como medida de flexibilidad laboral.

La ley también “garantizará tanto el derecho voluntario del trabajador a teletrabajar como su derecho a volver si así lo quisiera, a realizar su trabajo de forma presencial”, según destacaban ayer desde UGT.

Dicho todo esto, las empresas que ya tuvieran regulado el teletrabajo en sus convenios colectivos de referencia sin límite de caducidad, podrán seguir con lo pactado durante un año. Desde la patronal han defendido tanto esta medida como la de no formalizar el acuerdo en el teletrabajo por el Covid para que no se genere un caos burocrático ni se tengan que abrir en canal los convenios ahora.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este lunes la necesidad de centrar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en empresas necesitadas que sean viables más que en sectores específicos. "No se trata tanto de una cuestión de sector como de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan", ha argumentado la vicepresidenta en una entrevista en TVE al ser preguntada sobre las negociaciones para extender los ERTE extraordinarios más allá del 30 de septiembre.

"Tenemos que asegurarnos de que se cubre a las empresas que verdaderamente eran solventes antes, están en una situación transitoria" y van a poder reactivarse en el futuro "en lugar de cubrir demasiado y no tener un impacto", ya que se trata de una medida con un "importante coste presupuestario".

A ese respecto y ante las críticas de los agentes sociales, Calviño ha insistido en que hay "una transparencia total" sobre el coste de las medidas, que además han sido "tremendamente eficaces" para proteger el empleo, como prueba que cada día entre 4.000 y 5.000 personas salen de los ERTE para incorporarse a sus puestos de trabajo.

Con respecto a los futuros presupuestos de 2021, Calviño ha instado a lograr una amplia mayoría parlamentaria y ha admitido que "se pueden producir ajustes en tipos impositivos" o bonificaciones que no estén siendo efectivas para lograr un sistema fiscal "más justo". No obstante, ha asegurado que "no hay ninguna decisión tomada" sobre la posibilidad de subir el IRPF, así como el Impuesto de Patrimonio a las rentas más altas, como se persigue desde Unidas Podemos.

"Nuestra prioridad es que los Presupuestos acompañen la recuperación económica y la creación de empleo", ha insistido Calviño, que también ha expresado su deseo de que las cuentas públicas de 2021 salgan adelante con el mayor apoyo parlamentario posible. La vicepresidenta ha indicado además que el objetivo del Gobierno es que el techo de gasto se apruebe "en las próximas semanas", en todo caso antes del 15 de octubre, que es la fecha en la que el Ejecutivo debe remitir a Bruselas el borrador del plan presupuestario.

"Lo deseable y lo ideal es que el techo de gasto esté aprobado antes del 15 de octubre. Tanto la ministra de Hacienda como yo estamos revisando el cuadro macroeconómico, terminando la arquitectura básica del Presupuesto y preparando la propuesta del techo de gasto para que la apruebe el Consejo de Ministros en las próximas semanas", ha explicado.

Durante julio y agosto se llevaron a cabo en España 2,6 millones de contratos de trabajo, cifra que contrasta con los 3,7 millones del mismo periodo del año anterior. El número de nuevas contrataciones se desplomó un 28,2 % este verano, respecto al pasado, pese al tirón de la restauración y la agricultura, que siguieron siendo una vez terminó el estado de alarma las actividades en las que más se contrató, aunque bastante menos que un año antes.

Según los últimos datos de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) recogidos por Efe, durante julio y agosto se llevaron a cabo en España 2,6 millones de contratos de trabajo, cifra que contrasta con los 3,7 millones del mismo periodo del año anterior. Todos los sectores económicos registraron descensos en sus contrataciones, con caídas del 14,5 % en industria, con 332.732 contratos; del 11,9 % en agricultura, con 318.405, y del 5,9 % en construcción, con 184.297, mientras que el sector servicios registró el mayor recorte, del 33,9 %, con 1,8 millones de contratos.

Dentro de este, los servicios de comidas y bebidas, aunque siguieron tirando del empleo con 319.878 contratos durante julio y agosto pasados, recortaron sus contrataciones el 46,8 % respecto a los 600.000 del año anterior. Junto a la restauración, los servicios de alojamiento contabilizaron 70.562 contratos, el 66 % menos, de forma que las contrataciones de la hostelería se quedaron en la mitad de los 808.000 del verano de 2019.

Por detrás, la actividad que mayor número de contratos realizó fue la agricultura, ganadería y caza, con 306.208, aunque también se redujeron, un 12 %, respecto a julio y agosto de 2019. Asimismo, destacan los 186.805 contratos del comercio minorista (25,6 % menos), los 131.037 de los servicios a edificios y actividades de jardinería (16,5 % menos), los 120.390 de la industria de la alimentación (12,6 % menos) o los 113.148 de almacenamiento y actividades anexas al transporte (7,6 % menos).

Las actividades que más recortaron, a la mitad o más, sus contrataciones durante este verano fueron las agencias de viajes (86,7 %), el transporte aéreo (82,4 %), las actividades de creación, artísticas y espectáculos (71,6 %), los servicios de alojamiento (65,9 %) y las actividades de juegos de azar y apuestas (65,7 %). También la publicidad y estudios de mercado (61,4 %), las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (59,7 %), la extracción de crudo de petróleo y gas natural (56,2 %) y las actividades de alquiler (51,4 %).

Por el contrario, unas pocas actividades registraron incrementos en el número de contrataciones este verano, como las telecomunicaciones, que realizaron 5.662 contratos laborales, el 16,8 % más. Le siguieron las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, que incrementaron sus contratos un 11,7 %, hasta 38.497; la fabricación de material y equipo eléctrico, un 11 %, hasta 7.021, y las actividades postales y de correos, un 10,8 %, hasta 47.232.

Pese al recorte en el número de contrataciones registrado este verano respecto al anterior, la tasa de temporalidad se mantiene, de forma que nueve de cada diez contratos realizados fueron temporal, con 2,4 millones eventuales frente a 237.380 indefinidos. Los sindicatos siguen reclamando cambios para terminar con esta dualidad del mercado laboral que permanece al margen de las caídas en las contrataciones derivadas de los confinamientos y restricciones por la pandemia del covid-19.

El Banco de España ha informado a los clientes bancarios de las repercusiones que puede tener para ellos una fusión bancaria, como la que tienen previsto acometer CaixaBank y Bankia. En el portal del cliente bancario, el organismo ha publicado una comunicación dirigida a los clientes financieros en la que explica que las fusiones pueden suponer repercusiones prácticas para las gestiones del día a día, ya que es posible que se reordenen les redes comerciales y se reasignen los clientes en las zonas donde las oficinas se solapan.

En cuanto a las condiciones de los productos que los clientes tengan contratados, el Banco de España ha recordado que las fusiones no suponen por sí mismas cambios automáticos, pues no pueden cambiarse las condiciones que se pactaron en productos de una duración determinada, como es el caso de un préstamo hipotecario o personal, de manera que los clientes seguirán pagando las mismas cuotas, tal como se habrían abonado a la entidad con la que contrataron en un inicio.

Sin embargo, el organismo ha recordado que, si el cliente es titular de un producto de duración indefinida o de renovación automática, como puede ser una cuenta o una tarjeta, las condiciones podrían ser modificadas por la nueva entidad, aunque esto no es consecuencia necesariamente de la fusión, pues cualquier entidad puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida de la operación.

El Banco de España ha apuntado que, en dicho supuesto, el cambio de condiciones tiene que respetar unas reglas. Así, si no es favorable para el cliente, como por ejemplo si se eleva el importe de alguna comisión, la entidad tendrá que avisar con la antelación suficiente al usuario, que tendrá derecho a cancelar la cuenta sin penalización antes de que el cambio sea efectivo.

El déficit comercial alcanzó los 7.880 millones de euros hasta el mes de julio, lo que supone un descenso del 54,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajan un 14,6% en los siete primeros meses del año por el impacto del Covid-19 en la economía, hasta los 147.487 millones; como de las importaciones, que, con 155.367 millones, se reducen un 18,2% en el mismo periodo.

Según ha indicado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, después del impacto que la Covid-19 supuso en los flujos comerciales, las exportaciones "se han ido recuperando progresivamente desde mayo hasta ahora y es el tercer mes consecutivo con crecimientos intermensuales", con un alza del 3,3% en julio respecto a junio.

"Estos indicios de recuperación del comercio exterior vienen a confirmar que nuestras empresas exportadoras son muy competitivas y están en buena posición para aprovechar las oportunidades que ofrezcan los mercados internacionales a medida que se vaya consolidando la recuperación de la economía mundial", ha destacado Méndez.

La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en los siete primeros meses en el 94,9%, por encima del 90,9% del mismo periodo de 2019. Comercio destaca que el descenso de las exportaciones españolas "está en línea" con el de otras economías europeas, aunque superior a la zona euro (-12,7%) y la UE-27 (-12%). En este contexto, se redujeron las exportaciones de Francia (-21,1%), Reino Unido (-15,8%) Italia (-14,0%) y Alemania (-13,1%).

En la zona euro, las exportaciones se redujeron un 12,7% entre enero y julio, mientras que en la UE cayeron un 12%. Fuera de Europa, también bajan las ventas de EE.UU. (-16,3%), China (-4,1%) y Japón (-15,9%). Por sectores, la única contribución positiva a las exportaciones de enero a julio de 2020 provino del sector de alimentación, bebidas y tabaco, mientras que las principales aportaciones negativas las protagonizaron el automóvil, los bienes de equipo, los productos energéticos y las manufacturas de consumo.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (60,6% del total) descendieron un 12,6% en los siete primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (53% del total) decrecieron un 12,4% y las destinadas al resto de la Unión Europea (7,5% del total), disminuyeron un 14,6%. Por su parte, las ventas a terceros destinos (39,4% del total) se redujeron un 17,4% en este periodo, con disminución de las exportaciones a Oceanía (-25,2%), América Latina (-28,3%), África (-23,1%), Oriente Medio (-14,7%), América del Norte (-11,1%) y Asia excluido Oriente Medio (-9,5%).

Por comunidades autónomas, las exportaciones crecieron en Extremadura (+6,8% interanual), mientras que los mayores descensos se dieron en Canarias (-32%), el Principado de Asturias (-23,6%) y el País Vasco (-21,6%).

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé presentar el proyecto presupuestario de 2021 a lo largo del mes de octubre para tenerlo aprobado definitivamente a finales de este año "o principios de enero" del próximo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha apuntado que si las negociaciones van como está previsto, el techo de gasto llegará al Congreso a finales de septiembre, de manera que a lo largo de octubre se presentará el proyecto presupuestario.

De esta manera, tras la tramitación parlamentaria -que suele demorarse unos tres meses- las cuentas estarían aprobadas definitivamente a finales de diciembre o principios de enero. Montero ha vuelto a hacer un llamamiento "a todas las fuerzas políticas" y en particular al líder de la oposición para aprobar unas cuentas que permitan atender a las necesidades más urgentes "en el horizonte más cercano" de la población.

España traviesa "un momento crítico" y por ello necesita salir del "bloqueo presupuestario" porque el país "no se puede permitir el lujo de afrontar esta crisis con unos presupuestos que no se adapten a la situación económica". "España se juega con estas cuentas públicas su presente y su futuro", ha insistido, ya que tienen que ser el vehículo para aprovechar al máximo los recursos obtenidos del fondo de recuperación europeo.

Ha insistido en que la elaboración de las cuentas está muy avanzada y que queda "un 20 %", que es el que se negocia con otros grupos políticos, como va a hacer el grupo del Gobierno dedicado a estas conversaciones, que tiene una "hoja de ruta" para hablar con todos los partidos que no se "autoexcluyan".

Los asesores fiscales consideran que el sistema tributario español arrastra importantes desequilibrios y abogan por modificar algunos aspectos, como los relativos a la tributación de la riqueza, o contemplar los efectos adversos de determinadas alzas de impuestos, mientras denuncian que están sufriendo una sobrecarga de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria desde que culminó la parálisis que supuso el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Así lo han manifestado este martes varios expertos del ramo, reunidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la encuesta realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en la presentación de una encuesta al colectivo sobre el modelo fiscal español.

“La pandemia fue una situación difícil y complicada para todos porque era una situación absolutamente novedosa”, ha expuesto Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aseverando que, si bien inicialmente el fisco tuvo una respuesta “adecuada, correcta y válida” a los problemas surgidas, “en la desescalada y la vuelta a la normalidad, la Agencia Tributaria está retomando actuaciones pendientes” que han disparado la carga de trabajo de los asesores fiscales.

“Los compañeros del colectivo cuentan que están recibiendo demasiadas actuaciones de comprobación y verificación, una sobrecarga de requerimientos enviados por la Agencia. Cada uno tiene que hacer sus funciones, pero se están produciendo situaciones de saturación”, ha denunciado Fernández.

“La sensación que tenemos es que la recaudación está yendo mejor de lo previsto, dentro de la caída del PIB”, ha anticipado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, sosteniendo que las empresas que se beneficiaron de aplazamientos fiscales “están cumpliendo” y haciendo frente a sus obligaciones transcurrido el periodo de gracia. A partir de ahí, ha reclamado que “las agencias tributarias no quieran recuperar el tiempo perdido de golpe” porque eso puede generar importantes tensiones en un momento económicamente delicado.

Para el presidente del REAF, el incremento de actuaciones tiene la doble explicación de que al fisco le urge tanto ponerse al día en las actuaciones aparcadas durante las semanas más duras de pandemia como lograr ingresos adicionales para sufragar sus costes.

“Cuando la situación era crítica, respondieron muy bien”, ha aceptado el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, aseverando que sus asociados tienen ahora “una opinión negativa” de las actuaciones de la administración fiscal –basada, ha admitido, en la evaluación sesgada que arrojan las críticas de quienes se quejan- debido a una “acumulación de requerimientos que desde luego ha traído de cabeza a los despachos desde el mes de julio para acá”.

En paralelo, los responsables del REAF han presentado una encuesta realizada a 700 asesores fiscales –el 95% de los cuáles respondió antes del decreto de estado de alarma- que indican que el 43% asume que el sistema fiscal español es hoy peor que hace cinco años, y otro tanto asume que sigue igual.

“La encuesta pone de relieve algo que ya intuíamos en la organización de los economistas: que contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema tributario y con las Administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”, ha expuesto Pich, manifestando que “hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”.

La encuesta indica que más del 85% de los asesores fiscales considera que el impuesto sobre el patrimonio y el sucesiones o donaciones no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados y abogan por un rediseño que podría pasar por revisar los métodos de cálculo o las fuertes diferencias de tributación entre comunidades autónomas, aventuran los autores del estudio.

A su vez, el 80% considera que elevar los tipos de IVA incrementa el fraude; y que este impuesto, dice el 77%, provoca elevados costes de cumplimiento a las empresas declarantes pese a estar pensado como un tributo finalista. De otra parte, el 77,1% cree que el sistema de módulos del IRPF eleva el fraude fiscal y casi el mismo porcentaje asume que quien está acogido tributa menos que lo que realmente le corresponde.

Los asesores encuestados rechazan además que el sistema de incentivos fiscales a I+D+i sea efectivo y abogan por reducir la diferencia entre los tipos de IPRF y Sociedades, rebajando los marginales de renta, para desincentivar el uso de sociedades como método para tributar menos.