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Trabajo busca hoy el acuerdo para el SMI

El Ministerio de Trabajo busca cerrar esta tarde un acuerdo definitivo para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI). La propuesta liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, plantea un incremento de 50 euros mensuales para los 2,5 millones de beneficiarios, una cifra que no convence ni a las patronales, que la consideran "inasumible" para las pequeñas empresas, ni a los sindicatos, quienes aspiran a alcanzar los 1.200 euros mensuales. Además, sigue pendiente que el Gobierno defina si el SMI quedará exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La reunión con los agentes sociales está programada para las 16:30, y desde el equipo de Díaz confían en alcanzar un consenso que permita aprobar el aumento con carácter retroactivo al 1 de enero. La propuesta, alineada con la recomendación del comité de expertos, situaría el SMI en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Desde 2020, las negociaciones sobre el SMI se han desarrollado principalmente entre el Gobierno y los sindicatos, ya que la CEOE y Cepyme han rechazado las subidas anteriores, argumentando que representan un esfuerzo insostenible para muchos empresarios. Aun así, ambas organizaciones han continuado participando en el diálogo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, tiene previsto reunir a su comité y junta directiva mañana para evaluar la propuesta, mientras que Cepyme, liderada por Gerardo Cuerva, ya lo hizo ayer.

La postura de las patronales sigue siendo de escepticismo. Garamendi critica que el Ministerio de Trabajo no evalúe si las empresas, especialmente los autónomos y pequeños negocios, pueden asumir el incremento. Este desacuerdo ha intensificado las tensiones entre el líder de la CEOE y Yolanda Díaz, quien le ha acusado de "desconexión con la realidad" al señalar que su salario es 25 veces superior al SMI. Díaz también ha instado a la CEOE a recuperar su tradición de acordar "por el bien de España".

Cepyme calcula que un aumento de 50 euros en el SMI supone un incremento de más de 80 euros mensuales para las empresas, considerando las cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En total, el coste salarial por trabajador se situaría entre 1.816 y 1.903 euros, dependiendo de las cotizaciones por accidentes laborales.

Por otro lado, los sindicatos, liderados por CCOO y UGT, consideran insuficiente la propuesta del Ministerio. Argumentan que, para alcanzar el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, el SMI debería situarse entre 1.200 y 1.225 euros, superando el incremento del 4,4% planteado por Trabajo. Además, la posición de los sindicatos está condicionada por la incertidumbre sobre la tributación del SMI en el IRPF. Mientras CCOO adopta una postura más flexible, señalando que no rechazan una eventual tributación, UGT insiste en que el SMI debe quedar exento por razones de "justicia fiscal". Trabajo, aunque apoya esta exención, recuerda que la decisión depende del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, las tensiones iniciales con el Ministerio de Economía parecen resueltas. Aunque Economía defendía inicialmente una subida del 4% y mostraba reservas sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas pactada con los sindicatos, en los últimos días han expresado su conformidad con el aumento de 50 euros propuesto por Trabajo.

(El Economista, 22-01-2025)

28/01/2025|

¿De qué sirve una oficina pública de empleo?

A punto de cumplirse dos años desde la aprobación de la Ley de Empleo, que buscaba mejorar la coordinación de las oficinas públicas de empleo, los datos sobre su eficacia muestran resultados desalentadores. En diciembre, se registraron 1,5 millones de contrataciones, de las cuales un 48% (730.325) correspondían a demandantes de empleo. Sin embargo, solo 29.587 se lograron a través de ofertas gestionadas por estos servicios públicos, lo que representa apenas el 0,7% de los 4,4 millones de personas inscritas en estas oficinas. Si consideramos únicamente a los 2,56 millones de parados, la cifra apenas llega al 1,2%.

Esta escasa efectividad vuelve a poner en el centro del debate la utilidad de las oficinas de empleo, cuestionada desde hace años. A esta problemática se suman los constantes conflictos entre administraciones, la gestión de miles de millones de euros que parecen diluirse en un complejo entramado burocrático y la falta de transparencia en los datos, lo que refuerza la desconfianza de los usuarios hacia estas instituciones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no mejora esta percepción con su manera de reportar los datos, ya que solo informa sobre colocaciones de demandantes de empleo, sin especificar cuántos de ellos son desempleados. Este matiz es importante, dado que más de un millón de demandantes tienen algún tipo de ocupación o relación laboral, como los fijos discontinuos inactivos. Aunque estos usuarios también buscan mejorar sus oportunidades laborales, los desempleados son el grupo prioritario. No obstante, incluso entre ellos, las colocaciones con oferta previa no superan el 1,2%.

Otro factor relevante es la edad de los demandantes. Los servicios públicos de empleo priorizan a colectivos con mayores dificultades para encontrar trabajo, como los jóvenes y las personas mayores de 45 años. Entre los beneficiarios de ofertas gestionadas, destacan los demandantes y parados de entre 20 y 25 años, con tasas del 0,9% y 1,6% respectivamente, seguidos por los de 50 a 54 años, con porcentajes del 0,8% y 1,3%.

Todos los demandantes de empleo, estén o no desempleados, deben cumplir un compromiso de actividad que incluye renovar su inscripción periódicamente. En el caso de los parados que reciben prestaciones, el compromiso se amplía a no rechazar ofertas laborales consideradas adecuadas.

La gestión de las políticas activas de empleo, dirigidas tanto a desempleados como a otros demandantes, recae en las comunidades autónomas, excepto en Ceuta y Melilla, donde es competencia estatal. Este reparto competencial genera tensiones entre los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Trabajo, con ambos atribuyéndose los éxitos y responsabilizando al otro de los fallos.

Desde principios de siglo, cuando el antiguo INEM fue sustituido por el SEPE, este organismo estatal se encarga de gestionar las prestaciones por desempleo y recopilar información de las comunidades autónomas, incluyendo quiénes son considerados parados registrados. Aunque el SEPE y las entidades autonómicas son interdependientes, juntos conforman el Sistema Nacional de Empleo (SNE), creado para coordinar políticas y acciones que faciliten la inserción laboral. Este sistema fue objeto de la reforma de la Ley de Empleo de 2023, que también transformó al SEPE en la Agencia Nacional de Empleo.

(El Economista, 22-01-2025)

28/01/2025|

Garamendi presentará un candidato alternativo a Cuerva para presidir Cepyme y le ofrece una ‘salida’ en CEOE

La tensión en el seno de la patronal sigue en aumento, con un enfrentamiento latente entre Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Gerardo Cuerva, líder de Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas. Garamendi parece decidido a impulsar un cambio en la presidencia de Cepyme, forzando la salida de Cuerva, quien, sin embargo, está dispuesto a presentar batalla una vez que se formalice una candidatura alternativa en el próximo proceso electoral.

Aunque las diferencias entre ambos líderes no son nuevas, la proximidad de las elecciones en Cepyme, previstas por la finalización del mandato de Cuerva (elegido en marzo de 2021 por un periodo de cuatro años), ha acelerado los movimientos para reorganizar el liderazgo. Cabe recordar que el presidente de Cepyme asume automáticamente una de las vicepresidencias de la CEOE, lo que resalta la importancia estratégica del cargo.

Según fuentes empresariales consultadas por Expansión, el martes pasado tuvo lugar una reunión clave entre Garamendi y Cuerva en la que se abordó el tema del relevo. Durante este encuentro, Garamendi comunicó su intención de apoyar una candidatura alternativa para la presidencia de Cepyme. A pesar de ello, Cuerva confirmó que competirá en el proceso electoral para intentar renovar su mandato, enfrentándose a un rival aún no anunciado pero respaldado por el líder de la CEOE.

Este enfrentamiento augura meses de tensión, a la espera de que la junta directiva de Cepyme convoque oficialmente las elecciones. En una reunión reciente del Comité de Cepyme, Cuerva podría haber manifestado públicamente su intención de presentarse como candidato, fortaleciendo su posición frente a la presión interna.

Garamendi, según las mismas fuentes, habría ofrecido a Cuerva un puesto en la CEOE con proyección internacional si acepta dejar la presidencia de Cepyme. No obstante, el actual líder cuenta con un sólido respaldo entre las organizaciones que integran la confederación, lo que refuerza su decisión de luchar por mantener el cargo. En julio de 2024, Cuerva presentó el "Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa", un documento que reflejaba el descontento de las pymes con las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, especialmente en relación con la reducción de la jornada laboral. Este posicionamiento crítico marcó un punto de ruptura con las políticas gubernamentales y consolidó el liderazgo de Cuerva dentro de Cepyme.

El manifiesto, presentado en la última Asamblea General de Cepyme, criticaba el alza de costes, particularmente laborales, derivados de medidas legislativas promovidas por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Aunque este posicionamiento respondía a las demandas de las pymes, su tono independiente y contundente habría generado incomodidad en el seno de la CEOE, donde se percibió como un desafío a la cohesión de la patronal.

En este contexto, el intento de relevo impulsado por Garamendi parece ser una respuesta a las fricciones internas y a la búsqueda de un liderazgo más alineado con la estrategia global de la CEOE. Sin embargo, el desenlace dependerá del respaldo que Cuerva logre movilizar en el próximo proceso electoral, que se vislumbra como un escenario de choque entre ambas figuras.

(El País, 22-01-2025)

28/01/2025|

Díaz confía en llevar la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros a principios de febrero

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, prevé que la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales llegue al Consejo de Ministros a inicios de febrero, tras superar el próximo día 27 el trámite en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

En declaraciones a TVE, Díaz explicó que, una vez pase por la Comisión Delegada, el anteproyecto de ley avanzará hacia la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada de preparar los temas que serán debatidos en el Consejo de Ministros.

"Es necesario que pase por esta comisión para activar el trámite de urgencia, que resulta fundamental para poder aprobar el anteproyecto de ley dentro de este ejercicio y, así, cumplir con el acuerdo de gobierno que establece que, para finales de 2025, todas las empresas deberán haber reducido la jornada laboral", señaló la ministra, agregando que "una semana después, podría ser llevado al Consejo de Ministros".

Díaz confía en que se respete el acuerdo establecido en el Gobierno y que, el día 27, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos apruebe esta norma. Según afirmó, esta medida no solo beneficia a los trabajadores al otorgarles "media hora más de vida diaria", sino que también mejora la productividad y la eficiencia empresarial.

Al ser preguntada sobre su relación con el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, con quien tuvo desacuerdos sobre la reducción de jornada, Díaz aseguró que mantiene una "magnífica relación personal" con él, pero enfatizó que el debate no trata sobre relaciones personales, sino sobre políticas públicas.

"La oposición al cumplimiento del acuerdo de gobierno no es solo del señor Cuerpo, sino del Partido Socialista en su conjunto, algo que no entiendo del todo y que ellos deberían explicar", puntualizó Díaz, reiterando que, a nivel personal, su relación con Cuerpo es buena.

Asimismo, aclaró sus declaraciones previas, en las que afirmó que era "casi de mala persona" negar la reducción de media hora en la jornada laboral diaria. Explicó que esas palabras surgieron tras conversar con trabajadoras que consideraban que rechazar ese derecho era una actitud insensible, aunque no se referían a ningún ministro en particular, sino a ciertas empresas.

Finalmente, la ministra criticó a la patronal española por su inacción durante las negociaciones, destacando que, tras 11 meses de diálogo social, se había mostrado inoperante y reacia a participar en los debates más relevantes de la actualidad. Díaz subrayó que tanto las patronales como los sindicatos tienen la responsabilidad de cumplir con la institucionalidad del diálogo social.

(La Razón, 22-01-2025)

28/01/2025|

EE UU asegura que planea llenar las reservas estratégicas de crudo del país “hasta el tope”

Donald Trump prioriza un petróleo más barato y no permitirá que las preocupaciones por el cambio climático ni la transición hacia energías sostenibles frenen su apuesta por incrementar la producción en Estados Unidos. Durante su campaña electoral y en su discurso de investidura de este lunes, reiteró su lema "Perforar, perforar, perforar". En respuesta, el precio del crudo cayó cerca del 1,5%, situándose nuevamente por debajo de los 80 dólares, revirtiendo el impacto alcista que habían provocado las sanciones de la administración de Joe Biden a la industria petrolera rusa, que impulsaron el precio a máximos de cinco meses a inicios de este año. A pesar del riesgo geopolítico que genera su mandato, los analistas prevén que el aumento de la producción petrolera bajo su administración podría abaratar aún más el precio del crudo, que se proyecta alcance niveles más bajos en 2025.

Trump dejó claro su enfoque estratégico durante su investidura, comprometiéndose a reducir los precios, llenar las reservas estratégicas de petróleo al máximo y exportar energía estadounidense a nivel global. Este incremento de las reservas, actualmente en 394,4 millones de barriles y con una capacidad máxima de 700 millones, implicaría un aumento del 75%. Durante el gobierno de Biden, estas reservas alcanzaron niveles mínimos históricos tras la venta de 180 millones de barriles para frenar el alza de los precios de la gasolina provocada por la guerra en Ucrania. Aunque Biden inició la reposición del depósito con 60 millones de barriles, Trump buscaría aumentar significativamente este volumen, algo que requeriría la aprobación del Congreso, aunque no parece que enfrentará grandes obstáculos para lograrlo.

Desde su llegada al poder, Trump ha comenzado a desmontar lo que llama las "políticas de extremismo climático" de Biden. Ha firmado la salida de EE. UU. del Acuerdo de París y eliminado restricciones al arrendamiento de petróleo y gas en alta mar, permitiendo nuevas perforaciones en aguas costeras. Además, ha señalado su intención de fomentar que la Unión Europea compre más crudo estadounidense y de limitar la expansión de las energías renovables, atacando los grandes parques eólicos que, según él, perjudican los paisajes y no benefician a los consumidores estadounidenses. Estas medidas buscan allanar el camino para un incremento significativo de la producción de petróleo, favoreciendo a las empresas del sector.

La postura de Trump representa un factor clave para el descenso del precio del crudo. Bank of America proyecta un precio medio del Brent de 65 dólares por barril, mientras que Citi prevé una caída a 60 dólares hacia mediados de 2025. También influye la disminución de la demanda de petróleo de China, la segunda mayor economía del mundo, que alcanzará un pico de 770 millones de toneladas este año, según la China National Petroleum Corporation (CNPC), para luego comenzar a descender.

No obstante, el precio del petróleo seguirá expuesto al riesgo geopolítico. Las sanciones de EE. UU. contra la industria petrolera rusa han generado picos de precios recientemente, y las posibles restricciones de Trump a las exportaciones de crudo iraní podrían añadir volatilidad. Además, la intención del nuevo presidente de imponer aranceles del 25% a México y Canadá, principales exportadores de petróleo a EE. UU., amenaza con encarecer la gasolina y la energía en el país. Sin embargo, Trump planea compensar estas posibles subidas con un incremento de la producción nacional, una medida que el mercado parece respaldar por ahora.

(Cinco Días, 22-01-2025)

28/01/2025|

El Gobierno aprueba una reforma de la carrera judicial que modifica las oposiciones a juez y fiscal

El Gobierno ha dado luz verde hoy a un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) durante el Consejo de Ministros, con el objetivo de "adaptar la Administración de Justicia a las necesidades de la sociedad actual y garantizar tanto la igualdad de oportunidades como la excelencia en su acceso", según ha informado Moncloa. Entre las medidas destacadas, se incluye la creación de un sistema público de becas de cuatro años de duración, con un valor equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), para quienes deseen opositar a la carrera judicial.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado esta reforma como "un paso crucial para modernizar el servicio público de la Justicia" y la ha señalado como "la primera transformación significativa desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985". Tras la reunión del gabinete, Bolaños detalló que el texto introduce un examen escrito anónimo como parte del proceso de selección para la carrera judicial y fiscal, además de incrementar las plazas disponibles para jueces y fiscales.

El nuevo sistema de selección combinará una prueba escrita en la que se evaluará la capacidad para redactar y conectar conceptos jurídicos, un examen tipo test (como el actual) y una única prueba oral, en lugar de las dos orales que se realizaban anteriormente. Asimismo, el programa de becas ya anunciado por el Ejecutivo ofrecerá a los aspirantes una ayuda económica equivalente al SMI durante un periodo de cuatro años.

Además, se crearán centros de estudio específicos para que los opositores puedan prepararse, incluyendo la posibilidad de utilizar instalaciones públicas como el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para ensayar sus temas. El anteproyecto también establece nuevas normas sobre la financiación de las asociaciones judiciales, prohibiendo las aportaciones de origen privado.

Según Bolaños, esta reforma se centra en cinco prioridades: fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal; garantizar la excelencia y captar a los mejores talentos para la Justicia del siglo XXI; aumentar el número de profesionales en estas carreras; promover el desarrollo profesional de jueces y magistrados; y mejorar la transparencia de las estructuras legales actuales.

Coincidiendo con la aprobación del anteproyecto, hoy se ha celebrado en Barcelona la entrega de despachos a los 137 integrantes de la 73ª promoción de la Carrera Judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el perfil predominante entre los nuevos jueces es el de una mujer de 30 años, sin familiares juristas, que ha dedicado cinco años y dos meses a preparar la oposición.

El 67,15% de los opositores tienen una edad media de 30 años, y el 70% no cuenta con familiares cercanos relacionados con profesiones jurídicas. Solo el 5,84% tiene algún juez o magistrado en la familia, y un 34,3% proviene de familias donde ninguno de los padres posee estudios superiores. En cuanto a su procedencia geográfica, Andalucía lidera el aporte de nuevos jueces con 34, seguida por Madrid (12), Castilla y León (9), y Cataluña y Galicia (8 cada una).

En términos de elección de jurisdicciones, seis de cada diez han optado por la jurisdicción penal, seguida de la civil. Cataluña será el destino de la mayoría de los jueces recién incorporados, con 48 asignados a esta comunidad autónoma, representando el 35% del total.

El jueves, los nuevos jueces recibirán sus credenciales en un acto oficial que contará con la presencia del Rey, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Clara Carulla, directora en funciones de la Escuela Judicial.

(El País, 22-01-2025)

28/01/2025|

Las claves del portazo de los inversores al ‘megaconcurso’ de Sareb

El pasado jueves, Sareb informó que no recibió ninguna oferta durante la primera fase del Plan Viena, el ambicioso proyecto de colaboración público-privada con el que el conocido como "banco malo" pretendía desarrollar hasta 3.770 viviendas destinadas al alquiler asequible en varias regiones de España. Factores como la situación política, la incertidumbre sobre el futuro de Sareb, las ubicaciones de los terrenos y la posible demanda han sido determinantes en la decisión de los fondos de inversión y promotores de no participar en la iniciativa.

La entidad, controlada mayoritariamente por el Frob, lanzó en octubre la primera etapa de este plan, que proponía ceder a empresas privadas el derecho de superficie de 50 terrenos durante 80 años. Estas empresas serían responsables de construir las viviendas y alquilarlas a precios asequibles, obteniendo su rentabilidad a través de las rentas. Aunque al menos diez inversores analizaron la propuesta, concluyeron que no resultaba lo suficientemente rentable. Según algunos de los consultados, "los números no cuadraban" o el proyecto "no era atractivo".

Este revés ocurrió a pesar de contar con una línea de financiación "blanda" de 600 millones de euros, garantizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El interés inicial fue significativo, con 40 consultas registradas en el Portal de Contratación del Estado. Incluso, PwC, encargada del diseño del plan, organizó un "road show" en Londres para captar inversores, aunque sin éxito.

El Plan Viena incluía 50 terrenos con capacidad para unas 3.770 viviendas distribuidas en 39 municipios y agrupadas en siete lotes según su ubicación geográfica. El lote más pequeño, que abarcaba Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, requería una inversión mínima de 39 millones de euros, mientras que el más grande alcanzaba los 109 millones. Según varias fuentes, el tamaño de los lotes era demasiado elevado, lo que dificultó la participación de promotores locales y pequeños inversores.

Otro obstáculo fue la ubicación de algunos terrenos, que no garantizaban una demanda suficiente para lograr la ocupación total de las viviendas, algo imprescindible para garantizar la rentabilidad. Además, en ciertas regiones, los inversores temían problemas como la morosidad o la ocupación ilegal, sin garantías de cobro efectivas.

Algunos inversores han señalado que parte del fracaso se debe al diseño del plan realizado por PwC, que percibirá 468.194 euros por su trabajo pese a los resultados negativos. Los márgenes de rentabilidad propuestos eran tan ajustados que la diferencia entre participar o no fue mínima.

La incertidumbre política y la situación de Sareb también influyeron. En los próximos meses, el Ministerio de Vivienda asumirá las viviendas propiedad del "banco malo". Además, la reciente decisión de traspasar las 40.000 viviendas de Sareb a la Empresa Pública de Vivienda (actual Sepes) y la paralización de la venta de Árqura Homes, que incluye terrenos para 15.000 viviendas más, han añadido más dudas entre los inversores.

Sareb, que debe disolverse antes de finales de 2027, enfrenta un futuro incierto debido al volumen de activos tóxicos que aún gestiona. Sin embargo, el Plan Viena no debería haberse visto afectado por esta cuestión, ya que los terrenos previstos serían transferidos a Sepes una vez adjudicados.

En un comunicado, Sareb ha anunciado que abrirá un periodo de análisis y diálogo con el sector para identificar las causas del fracaso y realizar los ajustes necesarios para relanzar el proyecto. El tiempo dirá si esta iniciativa logra materializarse y si los actores implicados consiguen alinear sus intereses para sacar adelante el primer gran proyecto estatal de colaboración público-privada en vivienda asequible.

(El Periódico, 22-01-2025)

28/01/2025|

El Supremo fija jurisprudencia sobre la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una relevante aclaración sobre la compensación de bases imponibles negativas (BIN) en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Con esta resolución, el Supremo profundiza en su doctrina, estableciendo que "los procedimientos de regularización tributaria deben realizarse de forma integral y global".

Una de las novedades de esta interpretación es que la Administración tiene la obligación de respetar las decisiones y hechos que ella misma haya establecido en relación con las consecuencias fiscales derivadas de la imputación a los socios. Asimismo, permite que la base imponible atribuida a un socio pueda ser automáticamente incorporada a su propia situación fiscal.

En este contexto, los magistrados enfatizan que "la comprobación de una entidad considerada sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades debe generar efectos sobre las situaciones jurídicas vinculadas o dependientes de esta. Así, las bases imponibles reconocidas en favor de la Agrupación de Interés Económico (AIE) deben beneficiar también a los socios que tributan por ellas".

El Supremo establece que "el sujeto pasivo tiene derecho a aplicar, para su compensación, una base imponible negativa que haya sido reconocida a otro obligado tributario, vinculado con él a través de su participación en dicha agrupación (AIE), siempre que esta base haya surgido como resultado de una regularización practicada a la AIE".

El fallo concluye que la vulneración del principio de regularización íntegra implicaría, de igual forma, una transgresión del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto. Esto se debe a que la comprobación realizada a la AIE, que genera bases imponibles que esta no puede utilizar, perdería sentido si se impidiera a los socios aprovechar dichas bases.

(Expansión, 23-01-2025)

28/01/2025|

Luz verde a la reforma que permite cobrar un salario y el 100% de la pensión

Se ha validado el decreto que introduce mejoras en los incentivos para el retraso voluntario de la jubilación, además de incorporar cambios en la jubilación parcial y activa. Asimismo, se restablece el coeficiente multiplicador para calcular las prestaciones de los empleados fijos discontinuos.

De los tres decretos aprobados a finales del pasado año, este es el único que ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados, gracias al apoyo del Partido Popular. Este decreto forma parte de la tercera etapa de la reforma de las pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social, que fue previamente negociada con la patronal y los sindicatos en la mesa de diálogo social en julio pasado. Sin embargo, su tramitación mediante decreto se debió a las discrepancias de algunos partidos políticos, incluyendo socios del Gobierno. De hecho, Bildu, Podemos, BNG y Vox votaron en contra.

El decreto está enfocado en ampliar las opciones del sistema de Seguridad Social para compatibilizar trabajo y jubilación, buscando prolongar de manera voluntaria la edad efectiva de retiro. Entre las medidas aprobadas, se incluyen modificaciones en la jubilación parcial, la jubilación activa y los incentivos para retrasar el retiro. También se mejoran las condiciones de jubilación de los empleados fijos discontinuos, quienes recuperan el coeficiente multiplicador de 1,5 que se aplica para calcular el periodo de carencia necesario para acceder a pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

Estas medidas son clave, ya que el retraso voluntario de la jubilación, y por ende el aumento de la edad efectiva de retiro, representa la única vía de ahorro en pensiones contemplada en el balance financiero de la Seguridad Social tras la reforma.

La jubilación parcial permite una transición gradual del mercado laboral al retiro. Hay dos modalidades: con contrato de relevo y sin él. En el primer caso, el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo se amplía a tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, en lugar de los dos años actuales. Así, una vez que la edad de jubilación legal llegue a los 67 años en 2027 (o 65 años con 38 años y 6 meses cotizados), los trabajadores podrán acceder a esta modalidad hasta tres años antes, siempre que la empresa contrate a un trabajador para sustituir al jubilado.

La jornada laboral para el jubilado parcial será del 25% al 75% (antes era hasta el 50%). No obstante, para anticipaciones superiores a dos años, la reducción de jornada durante el primer año será más limitada, entre el 20% y el 33%. Además, el contrato del relevista deberá ser indefinido y a tiempo completo, con la obligación de mantenerlo al menos dos años tras la extinción de la jubilación parcial. También se permite que los empleados fijos discontinuos actúen como relevistas.

En cuanto a la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, desaparece el requisito de contar con una carrera completa de cotización. Ahora será suficiente cumplir con el periodo mínimo necesario (15 años cotizados, de los cuales 2 deben estar en los últimos 15 años previos a la jubilación). Esta modalidad también es compatible con los incentivos por demora de la jubilación, que se calcularán en función de los años de retraso:

1 año de demora: 45% de pensión.

2 años: 55%.

3 años: 65%.

4 años: 80%.

A partir del quinto año: 100% de la pensión.

El incentivo por retraso también podrá percibirse cada seis meses en lugar de un año completo, con un incremento del 4% por año de demora, lo que permitiría sumar hasta un 10% adicional tras tres años y medio de retraso. Además, los incentivos podrán recibirse en un pago único, que promediaría 12.000 euros anuales por cada año de demora. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas medidas buscan facilitar la compatibilización entre trabajo y pensión de manera voluntaria, sin obligar a nadie a retrasar su retiro.

(Expansión, 23-01-2025)

28/01/2025|

Gobierno y sindicatos rechazan, por insuficiente, el alza del 3% del SMI que plantea la CEOE

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que "un incremento del 3% no es una propuesta adecuada", mientras que los sindicatos mantienen su postura de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe seguir exento de tributar en el IRPF.

En un contexto de inestabilidad política y decisiones legislativas apresuradas, el Gobierno afronta una situación peculiar. Mientras negociaba este miércoles con patronal y sindicatos la subida del SMI para 2025, el decreto ómnibus que prorrogaba el salario mínimo vigente fue rechazado en el Congreso. Esto ha dejado al SMI en un vacío legal, ya que, hasta que no se apruebe el nuevo incremento para 2025, técnicamente no hay un mínimo salarial aplicable en España. Aunque se prevé que este vacío no tenga efectos prácticos inmediatos, refleja el caos que atraviesa la gestión gubernamental, que ahora deberá agilizar la aprobación de la medida.

En este contexto, la reunión entre el Gobierno, CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT concluyó sin un acuerdo definitivo. Los sindicatos rechazaron la propuesta de la patronal de un aumento del 3% (equivalente a 34 euros adicionales sobre los 1.134 euros mensuales vigentes en 2024), que además estaba condicionada a la vinculación del alza del SMI a los contratos públicos y a ayudas específicas para el sector agrícola.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, valoró positivamente que la CEOE haya presentado una propuesta concreta, pero fue tajante al señalar que "un incremento del 3% no es adecuado, ya que no cumpliría con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, asumido por este Gobierno con los ciudadanos".

Pérez Rey también dejó claro que el Ejecutivo no apoyará un aumento inferior al rango recomendado por el Comité de Expertos de Trabajo, que oscila entre el 3,44% y el 4,41%. El Ministerio liderado por Yolanda Díaz se inclina por este último porcentaje, lo que supondría un incremento de 50 euros mensuales, situando el SMI en 1.184 euros por catorce pagas.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT defienden un aumento aún mayor, entre el 5% y el 6%, para alcanzar un SMI de alrededor de 1.200 euros al mes. Aunque no han definido un porcentaje exacto que estarían dispuestos a aceptar, sí han insistido en que el SMI debe permanecer exento de tributar en el IRPF, ya que consideran que estos salarios mínimos son fundamentales para garantizar la dignidad y suficiencia económica de los trabajadores. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda parecen reticentes a renunciar a la recaudación fiscal derivada del incremento del SMI.

Los agentes sociales se reunirán nuevamente la próxima semana, posiblemente el miércoles 29, con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo. Desde Trabajo confían en que la patronal flexibilice su postura y facilite un entendimiento con los sindicatos, aunque lograr un consenso no se vislumbra como tarea sencilla.

(Expansión, 23-01-2025)

28/01/2025|