La presidenta madrileña anuncia una nueva batería de incentivos fiscales para el acceso a la vivienda

Isabel Díaz Ayuso está finalizando la implementación de nuevos incentivos para la compra y el alquiler de viviendas que supondrán un ahorro de 118 millones de euros para los contribuyentes. Se otorgará una deducción de 1.000 euros a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler.

Durante su participación en el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció una serie de medidas fiscales destinadas a mejorar el acceso a la vivienda en la región. Entre estas medidas, Díaz Ayuso mencionó una deducción de 1.000 euros en el IRPF para los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler. "Si se transmite la idea de que alquilar tu casa es sinónimo de problemas, la oferta disminuirá", advirtió la presidenta.

Asimismo, se establecerá una deducción en el IRPF de 1.000 euros para aquellos que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que hayan estado vacías durante al menos un año y se incorporen al mercado del alquiler con contratos de más de 3 años de duración. Esta deducción se aplicará a propietarios o usufructuarios que no posean más de cinco propiedades inmobiliarias y se espera que alcance a unos 20.000 ciudadanos, generando un ahorro de 20 millones de euros.

Además, se creará una bonificación del 25% en los préstamos hipotecarios para vivienda habitual sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían pagado con el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros al año. Esta medida beneficiará a unos 450.000 contribuyentes y generará un alivio fiscal de alrededor de 90 millones de euros.

Díaz Ayuso también mencionó un nuevo paquete de reducciones fiscales para combatir la despoblación en los municipios rurales. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes menores de 35 años a establecer su residencia habitual en municipios con menos de 2.500 habitantes, ya sea mediante compra o alquiler. Se estima que beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros en el primer año.

Por último, se establecerá una deducción por traslado de residencia a estos municipios de 1.000 euros en el año en que se produzca el cambio, siempre y cuando el contribuyente mantenga la residencia durante los tres años siguientes. Además, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en estos pueblos podrán deducirse el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez años fiscales. Se aplicará una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en caso de vivienda nueva.

Díaz Ayuso también destacó la situación económica de España, señalando que "no pinta bien", aunque destacó que Madrid vive un buen momento. Criticó las políticas del Gobierno central y aseguró que Madrid siempre estará del lado de quienes generan riqueza y empleo.

(Expansión, 09-05-2024)

15/05/2024|

El Supremo exime a un trabajador de devolver el paro que recibió por un error de la Administración durante un ERTE

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido que los desempleados no están obligados a devolver el dinero recibido por un error de la Administración en el pago del paro, siempre y cuando dicho error no sea atribuible al ciudadano y la devolución del dinero represente una carga excesiva para él.

El caso en cuestión se remonta a abril de 2020, durante la pandemia. Una empresa presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que implicó una reducción del 75 por ciento en la jornada laboral de un trabajador.

Posteriormente, la empresa modificó el porcentaje de reducción de la jornada al 37,5 por ciento. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cometió un error al reconocer una base reguladora y una reducción de jornada diferentes a las acordadas, lo que resultó en un pago indebido de 1.349 euros al trabajador.

A pesar de que la Administración reconoció parcialmente el derecho del trabajador a recibir el paro a partir de cierta fecha, aún le exigía devolver la cantidad incorrectamente percibida. Tras agotar la vía administrativa, los tribunales fallaron inicialmente en contra del empleado, pero el Tribunal Supremo ha revocado esta decisión.

Los magistrados consideraron que el error fue exclusivamente atribuible al SEPE, ya que la resolución inicial reconoció al trabajador la prestación por desempleo sin advertir sobre los límites legales. Además, la reducción de jornada no fue una decisión del trabajador, sino un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores en el periodo de consultas del ERTE.

La sentencia también tuvo en cuenta el derecho al disfrute pacífico de los bienes del trabajador y la naturaleza del paro, que busca satisfacer necesidades básicas de subsistencia. Por lo tanto, se determinó que no era razonable cargar al trabajador con el error, reconociendo su derecho a conservar los 1.349 euros recibidos indebidamente.

(Cinco Días, 09-05-2024)

15/05/2024|

El Gobierno sortea la prórroga presupuestaria con ampliaciones de crédito de 10.000 millones de euros

A mediados de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó suspender las negociaciones de los presupuestos generales del Estado. La razón principal fue el adelanto de las elecciones en Cataluña, que comprometía la posibilidad de obtener el respaldo de Esquerra y Junts a las cuentas públicas. Esta decisión generó preocupación, especialmente expresada por Sumar, cuya vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentó la determinación del presidente. Aunque es inusual que el presidente desista sin intentarlo, en este caso la causa no era tan crucial.

Los presupuestos, desde una perspectiva práctica, son relevantes solo estéticamente, ya que un gobierno puede llevar a cabo su política fiscal sin dificultad mediante ampliaciones de créditos en los presupuestos vigentes. Este año, el Gobierno ha aprobado ampliaciones por un total de 10.000 millones de euros en los primeros tres meses, según datos publicados por la Intervención General de Estado hasta marzo. Esto ha aumentado el margen de gasto del Estado a 391.000 millones para este año, sin considerar las actualizaciones necesarias de las transferencias a otras administraciones públicas ni el aumento salarial de los empleados públicos. Estas ampliaciones de crédito no requieren aprobación parlamentaria, lo que significa que la fragilidad de los apoyos del Gobierno no obstaculiza la ejecución del presupuesto deseado.

Estas ampliaciones de crédito han permitido al Gobierno incrementar el gasto del Estado sin necesidad de unos nuevos presupuestos generales. En el primer trimestre del año, el gasto del Estado aumentó un 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se refleja en el incremento de los gastos de personal en un 6,6%, así como en los pagos realizados por el Ministerio de Defensa, que aumentaron un 45%, y en los 240 millones destinados a los partidos políticos para financiar campañas electorales.

La Autoridad Fiscal ha advertido sobre esta tendencia, que está cada vez más presente, de gobernar sin presupuestos. Esto se debe a que esta forma de ejercer el poder ejecutivo es menos transparente, ya que el Gobierno no está obligado a detallar el destino de las ampliaciones de crédito ni necesita la aprobación del Parlamento. Por lo tanto, el principal valor de los presupuestos no radica tanto en facilitar la ejecución de la política fiscal como en permitir la supervisión del Gobierno.

En resumen, los presupuestos son fundamentales para la disciplina y la rendición de cuentas del Gobierno. Por lo tanto, hay pocos incentivos para que un gobierno se arriesgue a presentar unos presupuestos si existe el riesgo mínimo de ser rechazados en la votación parlamentaria. La mitad de los 10.000 millones destinados a las ampliaciones de crédito presupuestario se utilizará para transferencias de capital, es decir, para inversiones.

Esto incluye un aumento significativo en la inversión en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, así como en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Además, se han asignado fondos adicionales para subvenciones al transporte y políticas de protección social, lo que sugiere que las modificaciones presupuestarias continuarán durante el resto del año para ejecutar la política fiscal del Gobierno.

(El Confidencial, 09-05-2024)

15/05/2024|

El Consejo Económico y Social sugiere aumentar los recursos propios de la UE emitiendo deuda pública conjunta

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un informe en el que critica las nuevas reglas fiscales europeas aprobadas a principios de año, señalando que no resuelven completamente los problemas del sistema anterior debido a su complejidad, prociclicidad y falta de protección para la inversión. Para abordar estas deficiencias, el informe propone varias recomendaciones, entre las cuales destaca la importancia de lograr la Unión Bancaria, profundizar en la integración financiera mediante la Unión del Mercado de Capitales, definir una política industrial específica por sectores y emitir eurobonos para reforzar los recursos propios de la UE y financiar inversiones tecnológicas y ambientales.

Aunque las nuevas reglas fiscales se centran en el medio plazo y permiten una mayor implicación de los Estados, el CES considera que el sistema sigue siendo complejo y utiliza variables poco claras. Además, algunas previsiones son poco realistas según el informe elaborado por el organismo, que destaca la necesidad de reformar los mecanismos europeos comunes y reforzar la inversión a nivel europeo para hacer frente a las particularidades macroeconómicas del momento.

El CES también subraya la importancia de equilibrar el nuevo marco fiscal con la política monetaria, prestando atención a la coexistencia de una posición fiscal más estricta con los efectos retardados de la restricción monetaria. Además, insta a completar la Unión Bancaria para evitar situaciones de inestabilidad financiera y contribuir a la resiliencia económica de la Unión Europea.

En cuanto a la integración financiera, el CES aboga por avanzar en la Unión del Mercado de Capitales para crear mercados financieros más competitivos y movilizar el capital privado necesario para impulsar la innovación y respaldar las inversiones. Esto podría lograrse mediante la emisión de deuda pública conjunta y la creación de nuevos impuestos europeos.

Otra recomendación importante del informe es la definición de una política industrial común que permita a la UE competir a nivel internacional y promover la cohesión económica y territorial. Finalmente, el CES destaca la importancia de valorar las inversiones en capital humano y considerar la perspectiva de género y la infancia en las políticas económicas y sociales de la Unión Europea.

(El País, 09-05-2024)

15/05/2024|

Sánchez pide a los empresarios que suban los salarios aprovechando la bonanza económica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó al Instituto de la Empresa Familiar, compuesto por un centenar de grandes empresas, a aumentar los sueldos y mejorar las condiciones laborales de sus empleados, aprovechando la actual prosperidad económica.

Sánchez clausuró la reunión anual del Instituto de la Empresa Familiar en Madrid y aprovechó la ocasión para solicitar a las principales empresas del sector que "incrementen los salarios y mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores", incluyendo "la reducción de la jornada laboral". Después de seis años de desencuentros, Sánchez asistió a un evento del Instituto de la Empresa Familiar.

El presidente hizo esta petición a los empresarios en el contexto del favorable momento económico actual, con un crecimiento interanual del 2,5% y un 0,7% en el primer trimestre. Por ello, Sánchez llamó la atención de los empresarios para que aprovechen esta coyuntura favorable. "Os insto a aprovechar la bonanza para invertir en España, en nuestro tejido productivo".

En una solicitud inusual al sector privado, el presidente pidió a las empresas que le ayuden a "defender la democracia, que está siendo cuestionada a nivel internacional". Esta también es una clara referencia de Sánchez al presunto acoso personal que, en su opinión, está sufriendo debido a una supuesta campaña del PP y algunos medios de comunicación.

"Las empresas son fruto de la democracia", afirmó Sánchez, "y les pido que contribuyan al crecimiento y desarrollo de España. Hablo desde una convicción socialdemócrata, ya lo sé", añadió el presidente. Por tanto, mostró su convencimiento sobre la importancia de la colaboración entre el sector público y el sector privado.

(Expansión, 09-05-2024)

15/05/2024|

En 2050 habrá 6 millones más de pensionistas y los mismos ocupados que hoy

Hoy en día, con 21 millones de personas empleadas (contribuyentes) y algo más de 9 millones de jubilados, el sistema de pensiones públicas en España (parte exclusivamente contributiva) ya enfrenta un déficit real, es decir, el gasto en pensiones contributivas supera los ingresos por cotizaciones sociales, con un déficit que supera los 50.000 millones de euros. Imaginen un escenario en el que los jubilados aumentaran en seis millones (un 60% más) y el número de empleados siguiera siendo el mismo que hoy: sería una verdadera pesadilla para la Seguridad Social, ¿verdad? Pues bien, esta pesadilla es el escenario base que la Comisión Europea prevé para España en 2050.

El desafío de pagar las pensiones de seis millones de jubilados adicionales con prácticamente el mismo número de empleados que en la actualidad es considerable. Este es el gran desafío (y agujero) al que se enfrentará el sistema de pensiones de España, cuya solución no será fácil ni indolora, a menos que ocurra algún tipo de milagro. El último informe sobre pensiones publicado por la Comisión Europea, el Ageing Report 2024, ha revelado este creciente desequilibrio, que se ha agudizado desde la 'reforma Escrivá' del sistema, evidenciando la necesidad de tomar medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.

En un apartado 'oculto' dentro del extenso informe de Bruselas, se puede observar la evolución prevista del número de empleados y jubilados en España. En 2022, el sistema mantenía a más de 9 millones de jubilados con 20,5 millones de empleados. Es decir, por cada dos empleados (aproximadamente) había un jubilado que 'mantener'. Desde 2022 hasta 2050, se proyecta un crecimiento vertiginoso del número de jubilados, que alcanza los 15,6 millones en 2050, mientras que el número de empleados se mantiene en 21,3 millones, un nivel muy similar al del mercado laboral español actual. En tres décadas, habrá un 60% más de jubilados que mantener con el mismo número de empleados que hoy, es decir, menos de 1,4 cotizantes por cada jubilado. Esto significa que la tasa de dependencia aumentará significativamente hasta alcanzar el 74%, frente al 49% actual.

A menos que ocurra un milagro de productividad, los caminos a seguir son bien conocidos: drásticos recortes en la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la pensión pública de jubilación respecto al último salario recibido), aumentos de impuestos y cotizaciones, o una combinación de ambos. "O logras una tasa de productividad que no se ha visto en España en los últimos 40 años, o el esfuerzo necesario para pagar las pensiones absorberá todos los recursos públicos", explica Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea. Un informe reciente de Enrique Devesa publicado por la Fundación BBVA señala que sería necesario incorporar a 2 millones más de personas al mercado laboral solo para 'contener' el déficit y evitar un agujero mayor.

La situación financiera del sistema se ha deteriorado notablemente en los últimos años debido al aumento natural del número de jubilados, pero también debido al efecto discrecional de las medidas adoptadas en la última 'reforma Escrivá'. El Ageing Report señala que "las medidas adoptadas en 2021 y 2023 (indexación de pensiones al IPC en detrimento del índice de revalorización de las pensiones, retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad…) han aumentado el gasto público en pensiones". Con el desaparecido Factor de Sostenibilidad, y la vinculación de las pensiones al IPC, el gasto podría superar incluso el 18% del PIB para mediados de siglo, lo que representaría el mayor esfuerzo en toda Europa.

España es, con diferencia, el país de la UE donde más ha aumentado el gasto en pensiones en comparación con el escenario de 2021. La reforma aumenta el gasto en pensiones en 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y en 5 puntos en 2070, lo que equivale a aproximadamente 1 punto porcentual más de gasto en pensiones por década. Por lo tanto, las reformas recientes no solo no han solucionado el problema, sino que además han abierto un nuevo frente: ahora se podría cuestionar incluso la sostenibilidad del sistema más allá de 2050. Antes de la 'reforma Escrivá', se consideraba que el sistema experimentaría un notable alivio a partir de 2050, pero Bruselas ya cuestiona ese punto. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo el de las próximas décadas: el sistema debe absorber a la generación del baby boom.

(El Economista, 09-05-2024)

15/05/2024|

El 85% de los empleados no está comprometido con su trabajo

La falta de respaldo, un alto nivel de exigencia o el escaso control sobre las labores laborales son algunos de los elementos que alimentan la propagación de los zombis laborales. Presentes pero desconectados, estos empleados hace tiempo que no muestran compromiso con su trabajo y la mayoría ni siquiera son conscientes, y si lo son, no les importa en absoluto, de que están atrapados en una rutina que obstaculiza su desarrollo profesional y perjudica su vida personal. Algunos muestran su desinterés deambulando por la oficina sin rumbo, mientras que otros trabajan sin más, sumidos en la apatía de un puesto que no les motiva más allá de completar su jornada. Caer en esta indiferencia es tan fácil como perjudicial tanto para el trabajador como para la empresa.

Que el 85% de los empleados no esté comprometido con su trabajo, según datos de Gallup, significa que la gran mayoría de trabajadores están presentes pero ausentes, es decir, tienen un alto riesgo de convertirse en zombis. Jesús Alcoba, director creativo en La Salle Campus Madrid, hace esta reflexión en voz alta para resaltar hasta qué punto es crucial actuar con precaución. En primer lugar, recomienda estar alerta ante hábitos y costumbres en apariencia inofensivos: "El odio a los lunes, la celebración de los viernes o el uso de expresiones como desconectar o escapada indican que quienes las emplean no desean estar en la empresa. Son señales de alerta que nos indican que es mejor no participar en esas conversaciones si queremos evitar contagiarnos". También aconseja evitar otro foco de zombis: los grupos de quejas. "Se critica despiadadamente a unos, se hacen cumplidos a otros y, como norma no escrita, se evidencia el rechazo o el desagrado hacia el trabajo en general y hacia algunas personas en particular. Hay que alejarse de esos lugares porque la presión para conformarse es abrumadora".

Este contexto es, según Marta Romo, socia directora de Be-Up, uno de los tres factores que conducen a la indiferencia laboral. Además, menciona "los propios pensamientos arraigados en la falta de protagonismo que nos llevan al victimismo y a la desconexión, y también pensamientos relacionados con la falta de esperanza". Y, por supuesto, una relación mala o tóxica con un compañero o un superior: "No me refiero a una relación conflictiva, sino a una que alimenta la apatía y la desconexión. Identificar a estos 'asesinos de pasión' que ven todo de manera negativa y problemática, para tener la menor relación posible con ellos".

Para evitar estos factores desencadenantes, Manel Fernández Jaria, profesor de dirección y gestión de personas de la UOC y coach de equipos directivos, cree que "es importante establecer límites saludables, practicar el autocuidado y la autoimagen en el trabajo y desarrollar habilidades de gestión del estrés". Sugiere aprender a decir 'no' cuando sea necesario, delegar responsabilidades, establecer prioridades claras y buscar apoyo cuando sea necesario. "Actuar de manera preventiva o reactiva lo cambia absolutamente todo, tanto a nivel personal como organizativo", destaca.

Romo identifica cinco actitudes para combatir esta indiferencia laboral. Al igual que Fernández Jaria, la socia directora de Be-Up menciona la proactividad, es decir, "anticiparse a los pensamientos que conducen a esa indiferencia y contrarrestarlos".

En segundo lugar, habla de la humildad para reconocer que se está entrando en modo zombi y que no se está bien. Romo también menciona el coraje para atreverse a pedir ayuda o dar el paso para salir de ahí; y el optimismo, "cultivando emociones positivas, viendo la realidad desde la perspectiva de las posibilidades". Por último, hace referencia a la exigencia, a no conformarse con estar a medias, a no justificar que las cosas son así, son difíciles o no se pueden cambiar, y a ser exigente con el entorno, las relaciones y uno mismo.

La fórmula de Alcoba para evitar el zombi laboral consiste en no tomarse demasiado en serio el trabajo, considerarlo como una oportunidad, y tener una afición lo suficientemente poderosa como para equilibrar los momentos más oscuros.

La apatía, el aburrimiento y la indiferencia del individuo minan su carrera profesional. "Estas emociones nos quitan energía y nos llevan a la inacción, a evitar la acción y a resistir el cambio", explica Romo. Alcoba coincide en que "el desapego al trabajo es como el gas, porque tiende a llenar todo el espacio disponible. Primero se le toma aversión al puesto de trabajo, luego a los compañeros, después al jefe y, finalmente, a la empresa y al hecho mismo de trabajar".

(Expansión, 09-05-2024)

15/05/2024|

UGT confía en un acuerdo con la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral, pero será tras las elecciones europeas de junio

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado que la CEOE prefiere no llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral antes de las elecciones al Parlamento Europeo, programadas para el 9 de junio. Sin embargo, expresó su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo sobre este tema ese mismo mes.

Álvarez destacó que hay suficientes elementos para que finalmente se llegue a un acuerdo sobre este tema. Aunque no proporcionó detalles sobre la posición de los agentes sociales para no comprometer el proceso, aseguró que junio será el mes en que se defina si habrá un acuerdo o no.

"Después de junio, no tiene sentido prolongarlo, porque hoy las condiciones están muy claras. Tenemos claras las demandas de la CEOE para aceptar la reducción de la jornada laboral, y también sabemos qué podemos ofrecer para llegar a un acuerdo", subrayó Álvarez.

Los sindicatos están negociando junto a la patronal una reducción de la jornada laboral en una mesa bipartita paralela a la tripartita que se está llevando a cabo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El objetivo del Gobierno es reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas sin afectar el salario para 2025. Esta reducción se pretende realizar en dos fases: hasta 38,5 horas semanales en 2024 y finalizar en 2025 con una jornada semanal de 37,5 horas.

(El Economista, 09-05-2024)

15/05/2024|

Un juez rompe con la doctrina de los despidos y concede una indemnización adicional

El primer fallo que aplica la conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales, conocida en marzo, sobre el incumplimiento por parte de España de la Carta Social Europea en materia de despido, al no garantizar una indemnización adecuada o una reparación apropiada al trabajador, ha sido emitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En una sentencia del pasado 23 de abril, el TSJPV aplicó la decisión del Comité Europeo, ordenando a una entidad pagar a un empleado despedido una indemnización adicional de 30.000 euros. El caso resuelto por el magistrado Fernando Breñosa Álvarez de Miranda involucra a un trabajador que dejó un empleo indefinido debido a la promesa de un contrato municipal de al menos un año, con la posibilidad de extenderse hasta tres años. Sin embargo, el ayuntamiento despidió al trabajador un mes después alegando un error en la contratación.

Los magistrados de la Sala de lo Social del TSJPV reconocen la influencia de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales en su fallo, destacando que la Carta Social Europea es parte del ordenamiento jurídico español y que introduce el derecho a la protección contra el despido injustificado. El tribunal determinó que la indemnización adicional de 30.000 euros repara el daño del despido, ya que corresponde a la suma que el trabajador hubiera percibido durante el año prometido de trabajo.

La sentencia concluye que la falta de una justificación mínima para el despido hace necesario proporcionar una indemnización adecuada o una reparación apropiada, como establece el artículo 24 de la Carta Social Europea, y que la suma otorgada cumple con este requisito.

(El Economista, 09-05-2024)

15/05/2024|

El dique de contención del petróleo se rompe: la fisura en la OPEP que amenaza con inundar el mercado de crudo

Hay una discrepancia evidente en la estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A pesar de los recortes en la producción desde 2022 para mantener los precios del petróleo, varios países clave del grupo están aumentando su capacidad de producción. Esto significa que, aunque la producción de petróleo esté actualmente limitada, se prevé que en algún momento estos países produzcan más petróleo del que bombeaban antes de los recortes. Sin embargo, estas inversiones para aumentar la producción son costosas y no generarán beneficios mientras los recortes estén vigentes. El nerviosismo dentro del cártel está creciendo, con algunos países produciendo más de lo acordado y otros haciendo sacrificios adicionales. Las grietas en la OPEP son evidentes y cuanto más tiempo duren los recortes, mayor será el riesgo de que estas grietas provoquen una guerra de precios que inunde el mercado de crudo.

Por un lado, países como Irak o Emiratos Árabes Unidos están trabajando para aumentar su producción de petróleo. Es lógico pensar que estas inversiones deben generar beneficios en algún momento. Es decir, si los recortes de producción se mantienen indefinidamente, no tendría sentido que los grandes productores invirtieran millones en producir más petróleo. La fuerte dependencia de los ingresos del petróleo por parte de muchos miembros de la OPEP complica el cumplimiento de los acuerdos de recorte. La tensión se hace evidente, como se refleja en los últimos datos de producción del cártel.

El riesgo para los grandes productores de petróleo es que se repita la guerra de precios que ocurrió en 2020 entre los principales miembros de la OPEP+ (Arabia Saudí y Rusia). Estos dos países compitieron para ver quién podía aumentar más la oferta y resistir mejor el hundimiento de los precios del crudo. El mercado ya muestra signos de nerviosismo con las recientes caídas en los precios del crudo.

Además, en abril la OPEP produjo más petróleo de lo acordado. Según una encuesta de Bloomberg, la producción de petróleo en los nueve países sujetos a los objetivos de la OPEP+ superó el nivel acordado en casi medio millón de barriles por día. Más de la mitad de esta desviación se debió a Irak, que aumentó su producción en abril, lo que elevó su desviación a 220.000 barriles por día. Los datos de Bloomberg también muestran un aumento en las exportaciones de petróleo iraquíes en abril.

La situación se complica aún más con el anuncio del ministro de petróleo iraní de un incremento en la producción de crudo en 400.000 barriles diarios. Aunque Irán no forma parte del acuerdo de recortes, este aumento presionará aún más a la baja los precios del petróleo, lo que obligará a los miembros que sí recortan a asumir mayores costos.

La salida de Angola de la OPEP a finales del año pasado ilustra los conflictos internos en la organización sobre los acuerdos de recorte de la oferta. No se puede descartar que esto se repita con otros miembros del cártel, especialmente teniendo en cuenta los esfuerzos para aumentar la capacidad total de producción. La presión sobre países como Irak para reducir la producción podría aumentar en los próximos meses si no se implementan los recortes acordados, lo que podría provocar un exceso de oferta y presionar aún más a la baja los precios del petróleo.

(El Economista, 09-05-2024)

15/05/2024|