Los asesores fiscales consideran que el sistema tributario español arrastra importantes desequilibrios y abogan por modificar algunos aspectos, como los relativos a la tributación de la riqueza, o contemplar los efectos adversos de determinadas alzas de impuestos, mientras denuncian que están sufriendo una sobrecarga de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria desde que culminó la parálisis que supuso el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Así lo han manifestado este martes varios expertos del ramo, reunidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la encuesta realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en la presentación de una encuesta al colectivo sobre el modelo fiscal español.

“La pandemia fue una situación difícil y complicada para todos porque era una situación absolutamente novedosa”, ha expuesto Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aseverando que, si bien inicialmente el fisco tuvo una respuesta “adecuada, correcta y válida” a los problemas surgidas, “en la desescalada y la vuelta a la normalidad, la Agencia Tributaria está retomando actuaciones pendientes” que han disparado la carga de trabajo de los asesores fiscales.

“Los compañeros del colectivo cuentan que están recibiendo demasiadas actuaciones de comprobación y verificación, una sobrecarga de requerimientos enviados por la Agencia. Cada uno tiene que hacer sus funciones, pero se están produciendo situaciones de saturación”, ha denunciado Fernández.

“La sensación que tenemos es que la recaudación está yendo mejor de lo previsto, dentro de la caída del PIB”, ha anticipado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, sosteniendo que las empresas que se beneficiaron de aplazamientos fiscales “están cumpliendo” y haciendo frente a sus obligaciones transcurrido el periodo de gracia. A partir de ahí, ha reclamado que “las agencias tributarias no quieran recuperar el tiempo perdido de golpe” porque eso puede generar importantes tensiones en un momento económicamente delicado.

Para el presidente del REAF, el incremento de actuaciones tiene la doble explicación de que al fisco le urge tanto ponerse al día en las actuaciones aparcadas durante las semanas más duras de pandemia como lograr ingresos adicionales para sufragar sus costes.

“Cuando la situación era crítica, respondieron muy bien”, ha aceptado el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, aseverando que sus asociados tienen ahora “una opinión negativa” de las actuaciones de la administración fiscal –basada, ha admitido, en la evaluación sesgada que arrojan las críticas de quienes se quejan- debido a una “acumulación de requerimientos que desde luego ha traído de cabeza a los despachos desde el mes de julio para acá”.

En paralelo, los responsables del REAF han presentado una encuesta realizada a 700 asesores fiscales –el 95% de los cuáles respondió antes del decreto de estado de alarma- que indican que el 43% asume que el sistema fiscal español es hoy peor que hace cinco años, y otro tanto asume que sigue igual.

“La encuesta pone de relieve algo que ya intuíamos en la organización de los economistas: que contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema tributario y con las Administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”, ha expuesto Pich, manifestando que “hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”.

La encuesta indica que más del 85% de los asesores fiscales considera que el impuesto sobre el patrimonio y el sucesiones o donaciones no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados y abogan por un rediseño que podría pasar por revisar los métodos de cálculo o las fuertes diferencias de tributación entre comunidades autónomas, aventuran los autores del estudio.

A su vez, el 80% considera que elevar los tipos de IVA incrementa el fraude; y que este impuesto, dice el 77%, provoca elevados costes de cumplimiento a las empresas declarantes pese a estar pensado como un tributo finalista. De otra parte, el 77,1% cree que el sistema de módulos del IRPF eleva el fraude fiscal y casi el mismo porcentaje asume que quien está acogido tributa menos que lo que realmente le corresponde.

Los asesores encuestados rechazan además que el sistema de incentivos fiscales a I+D+i sea efectivo y abogan por reducir la diferencia entre los tipos de IPRF y Sociedades, rebajando los marginales de renta, para desincentivar el uso de sociedades como método para tributar menos.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha augurado que habrá "muy pronto" un borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y también "medidas de justicia social" como algunas orientadas a articular mayor carga fiscal a las rentas altas. Además, se ha mostrado confiado en sacar adelante las cuentas públicas con el bloque que apoyó la moción de censura al expresidente Rajoy.

En declaraciones a TVE, ha avanzado que las negociaciones entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han logrado "avances muy interesantes" y "pronto va a haber buenas noticias". Una vez que esté listo el borrador, Iglesias ha detallado que se iniciará el diálogo con las fuerzas políticas, priorizando a los partidos que apoyaron la investidura, pasando luego a los que se abstuvieron y, por último, lugar, a los que votaron en contra.

Iglesias ha desgranado que está claro que existen "dos bloques" en el hemiciclo del Congreso, el progresista y el conformado por la derecha y la ultraderecha. Por tanto, ha asegurado que no hay que excluir a nadie del diálogo, pero sin generar "expectativas absurdas", en referencia a la posibilidad de incluir a Ciudadanos en un acuerdo de presupuestos.

El vicepresidente ha confiado también en tener los presupuestos "en tiempo y forma" para evitar prorrogar las cuentas públicas diseñadas por el exministro Cristóbal Montoro y tiene "razones para el optimismo", al apreciar que las fuerzas "progresistas" que apoyaron la investidura han "mostrado claramente su disponibilidad para negociar los presupuestos". "Nadie da nada gratis en política y hay que negociar, pero creo que vamos a conseguir las dos cosas: tener los presupuestos en tiempo y forma y con la mayoría de la investidura", ha desgranado.

Iglesias ha garantizado que habrá medidas de "justicia fiscal" y de reducir la "desventaja competitiva" de España respecto a la UE en esta materia, dado que en este país hay una minoría que en un contexto de crisis es importante "que se esfuerce un poquito más". "Es verdad que no estamos en el momento más difícil en materia de ingresos por las ayudas que vienen de Europa, pero hay avances que se pueden producir ya y se van a producir ya", ha comprometido el vicepresidente y líder de Podemos.

Por otro lado, Iglesias ha avanzado que se aprobarán en el Consejo de Ministros medidas para acelerar los trámites para la concesión del Ingreso Mínimo Vital frente a ese "cuello de botella" que se genera ahora con esta prestación, algo que ha tildado de "inaceptable".

Lo ha hecho tras un acuerdo entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo cerrado el lunes por la noche. El principal escollo, que ha estado a punto de hacer encallar la negociación, se ha centrado en cómo quedan las empresas que implantaron el trabajo forzadas por el estado de alarma por el Covid-19 y actualmente están afectadas por "medidas de contención sanitaria".

En una redacción alambicada y confusa, se determina que estas empresas están obligadas a dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles en un plazo de 20 días, cuando entrará en vigor la norma. También, debe abrir una negociación con los trabajadores para establecer la forma de compensar los gastos mediante negociación colectiva.

No obstante, en la nueva redacción del texto aprobado por el Consejo de Ministro, confusa como ya decimos, se establece que mientras que "haya medidas de contención sanitarias derivadas de la Covid-19, y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinario".

Sobre el papel, de esta redacción del RDL se deduce, según reconocen fuentes que han partido en la negociación, que estas empresas afectadas por medidas de contención se quedarían al margen de la norma, salvo en las obligaciones de dotar de equipos a sus trabajadores y cubrir los gastos, tal y como han exigido desde la CEOE y Cepyme.

En la anterior versión, la redacción se limitaba a excluir la obligación de establecer un acuerdo con los representantes de los trabajadores para que los empleados que los deseen de forma voluntaria puedan acogerse voluntariamente al teletrabajo.

Sin embargo, a pesar de que la disposición transitoria tercera matiza que "serán reguladas por la normativa laboral ordinaria", a continuación, establece que "en todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario".

Para el caso de la compensación de los gastos que el teletrabajo ocasione al empleado, determina que "en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados".

Por lo demás, el texto aprobado mantiene las grandes líneas que ya se alcanzaron a principios de septiembre en la mesa negociadora. Para que sea considerado trabajo a distancia, y por tanto regulado por el Real Decreto-Ley que tras su convalidación en el Congreso será tramitado como Ley, se establece que al menos se desarrolle fuera del puesto de trabajo el 30% de la jornada semanal; es decir más de un día dejando fuera los viernes que en muchas empresas se han implantado ya.

El teletrabajo tiene carácter voluntario, tanto para las empresas como para cada uno de los empleados de la plantilla y reversible A tal fin, se exige que la empresa firme con cada trabajador un acuerdo, que puede incluirse dentro del contrato, que debe dar respuesta al menos a 12 elementos como el inventario de los medios que debe usar el empleado en casa, la enumeración de los gastos que se deriven o el horario y reglas de disponibilidad. Este acuerdo individual se regirá por un convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Una novedad del RDL es la exigencia de que en los contratos de trabajo con menores y en los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a distancia que garantice al menos un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

La negativa de un empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles.

Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Respecto al periodo transitorio para las empresas que ya tienen implantado el teletrabajo con antelación a la pandemia y regulado por acuerdos o convenios colectivos, el RDL establece que mantendrán los pactos alcanzados hasta que éstos perdieran su vigencia. Este ha sido uno de los puntos más polémicos en la negociación, hasta el último minuto.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración, la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes acuerden por negociación una prórroga que no debe ser superior a dos años.

En ningún caso, la aplicación de la norma podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que trabajaban a distancia antes de la nueva ley.

El RDL que se aprueba hoy regula exclusivamente el trabajo a distancia en las empresas privadas. No obstante, el Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con sindicatos y con CCAA y corporaciones locales para desarrollarlo entre los trabajadores de la función pública tanto funcionarios como personal laboral.

El Consejo de Ministros ha aprobado también una serie de modificaciones en la normativa que regula el ingreso mínimo vital (IMV) para dotar de agilidad su tramitación, "dando respuesta en un menor plazo de tiempo". Montero ha explicado que estas modificaciones se completarán con otras medidas en próximos Consejos de Ministros.

En concreto, el Gobierno va a extender el periodo de retroactividad, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, de forma que a todos los solicitantes hasta fin de año se les abone la prestación desde el 1 de junio.

También ha ampliado el plazo para resolver y notificar las solicitudes garantizando la tramitación, eliminando el requisito de estar dado de alta en los servicios públicos de empleo (SEPE) a la hora de solicitar el IMV, de forma que se pueda cumplimentar en los seis meses siguientes.

Asimismo, las modificaciones aprobadas permitirán un cruce de datos de la Administración con el padrón para que la información se autentifique de forma automática, eliminando un trámite que dificulta la entrega de documentación.

Montero ha añadido que se va a facilitar que los beneficiarios actuales de IMV de las comunidades autónomas "pasen a serlo de IMV, reconociendo así las resoluciones de funcionarios autonómicos".

El gabinete de Sánchez también ha dado luz verde este martes la prórroga del plan 'MeCuida' hasta el 31 de enero de 2021, justo en el mismo día en que terminaba su vigencia, el 22 de septiembre. Además, se desvincula de la negociación para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la que se había insertado inicialmente.

El plan 'MeCuida' fue aprobado en marzo, al inicio de la pandemia y está dirigido a aquellos trabajadores que acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad para evitar la transmisión del Covid-19, según recoge la actual regulación.

En estos casos, los trabajadores tienen derecho a adaptar su jornada y/o reducirla cuando, por consecuencia directa del coronavirus, sea necesaria su presencia para atender cuidados por razones de edad, enfermedad o discapacidad.

Los trabajadores que se reduzcan jornada tendrán la consiguiente reducción en su salario y podrán incluso acogerse a una reducción del 100%.

Mientras, la adaptación de jornada puede referirse a distribuir el tiempo de trabajo de otra forma a la habitual y puede consistir en modificaciones de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida o continuada, un cambio de centro de trabajo, de funciones, de forma en la que se realizan las tareas o "cualquier otro cambio" que pueda implantarse "de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional" de la norma.

Por otra parte, para los casos de padres que tengan que cuidar de sus hijos por encontrarse en cuarentena, aunque no estén contagiados, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando una ampliación de la incapacidad temporal de la que se benefician quienes se contagian o tienen que aislarse. Esta prestación supone el 75% de la base reguladora y la abona desde el primer día la Seguridad Social.

El nuevo fondo de la Unión Europea contra el paro, conocido como SURE, que tendrá hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos a los Estados para sufragar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), está listo para ser activado, dijo este martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

"He escrito al ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Olaf Scholz y a la presidencia alemana del Consejo de la UE para confirmar que todos los Estados miembros han dado garantías bilaterales, de forma que el instrumento SURE está ahora disponible y listo" para ser utilizado "en las próximas semanas", dijo el comisario hoy en su cuenta en Twitter.

Ello supondrá "100.000 millones de euros en apoyo de los trabajadores de la UE", añadió el comisario. España ha solicitado una financiación de más de 20.000 millones de euros a este instrumento. Uno de cada cuatro trabajadores europeos, 42 millones en total, está afectado por un ERTE a causa de la pandemia de la covid-19, una medida que ha evitado los despidos a corto plazo.

Las prestaciones por ERTE van desde el 100% del sueldo en Holanda o Dinamarca hasta el 50% en Polonia, aunque en la mayoría se sitúa entre el 70% -como en España, Francia o Bélgica- y el 80% -en Italia, Alemania o el Reino Unido-. La cobertura dura en general entre tres meses y un año y en la mayoría de países, como en España, las empresas no pueden despedir a los trabajadores hasta pasado un cierto periodo tras el ERTE.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que no se podrá alegar como causa de despido objetivo, los que tienen una menor indemnización de 20 días por año, las dificultades en el desarrollo del teletrabajo. "No puede existir despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades (…) de trabajo", ha afirmado Díaz tras la reunión del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto ley que regirá el teletrabajo en España tras el acuerdo cerrado anoche con patronal y sindicatos.

Díaz ha vuelto a agradecer el esfuerzo de los agentes sociales para lograr un acuerdo que ha sido "el más difícil y complejo" y del que sale una norma que "preserva los derechos fundamentales" y rellena "un vacío legal". Para la ministra de Trabajo, con esta legislación se inaugura "una ola de reformas del siglo XXI", y ha destacado el carácter voluntario, tanto para la empresa como para el trabajador, así como la reversibilidad de la decisión.

La norma, que se quiere tramitar como proyecto de ley según señalan fuentes parlamentarias, establece la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir.

El trabajo a distancia será voluntario y reversible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, y no supondrá un menoscabo en los derechos de quienes lo realicen respecto al resto de trabajadores en condiciones como la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional.

El Gobierno también ha aprobado este martes la prórroga del programa MeCuida hasta el 31 de enero de 2021. Este programa permite adaptar o reducir jornada, con la consiguiente merma de salario, para el cuidado de menores o dependientes durante la pandemia.

Los bancos españoles registraron pérdidas atribuidas agregadas de 11.531 millones de euros en el primer semestre de 2020, tras realizar un esfuerzo en provisiones y saneamientos de 26.518 millones de euros para anticipar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, según recogen los estados financieros publicados por la Asociación Española de Banca (AEB).

El margen bruto de los bancos se redujo un 5,9% en el primer semestre, debido a la disminución del margen de intereses y, en menor medida, de los ingresos netos por comisiones, pese a los mayores resultados por operaciones financieras. De su lado, los gastos de explotación cayeron un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permitió situar la ratio de eficiencia en el 48,8%, 70 puntos básicos más que en el primer semestre de 2019.

Todo ello situó el margen neto (magnitud que no incorpora las provisiones) por encima de 20.000 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 4,5% inferior a un año antes. La AEB ha constatado que el elevado volumen de dotaciones y los saneamientos de activos intangibles realizados para reforzarse ante el coronavirus, por 17.000 millones de euros más que en el ejercicio precedente, motivaron el resultado negativo de 11.531 millones de euros hasta junio.

El balance consolidado de los bancos españoles superó por primera vez los 2,75 billones de euros, lo que representa un aumento interanual del 5,3% y refleja el aumento de los saldos de créditos y depósitos hasta niveles récord. Por un lado, el crédito otorgado a la clientela se incrementó un 2,5%, hasta alcanzar 1,6 billones de euros, mientras que los depósitos de la clientela aumentaron un 4,8%, superando los 1,5 billones de euros. Así, la ratio de préstamos sobre depósitos disminuyó dos puntos porcentuales, hasta el 106%.

También mejoró la ratio de morosidad, reduciéndose en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 3,6%. Tras el esfuerzo en provisiones para insolvencias realizado, la ratio de cobertura se elevó al 74% de los activos dudosos, seis puntos porcentuales por encima de junio de 2019. El saldo neto agregado con bancos centrales e intermediarios financieros cambió de signo, con una posición neta prestamista cercana a los 18.000 millones, frente a los casi 4.000 millones netos tomados de un año antes. El patrimonio neto se redujo un 12% anual, hasta 170.000 millones de euros.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 fully loaded se aumentó hasta el 11,7%, frente al 11,4% de un año antes, por la falta de distribución de dividendos y la disminución de los activos ponderados por riesgo, ha señalado AEB

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado una normativa francesa que exige autorizaciones para el alquiler turístico como medida para resolver el problema de acceso a la vivienda, al entender que se trata de una "razón imperiosa de interés general".

Así, la sentencia del TJUE declara conforme al Derecho de la Unión cualquier normativa nacional que somete a un régimen de autorizaciones el arrendamiento reiterado y durante breves periodos de tiempo de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes "de paso" que no fijan en él su domicilio.

La Justicia europea ha resuelto así las cuestiones prejudiciales que había planteado el Tribunal de Casación de Francia sobre la conformidad del Código de la Construcción y de la Vivienda de este país. En virtud de esta normativa se había condenado a dos propietarios de estudios situados en París al pago de dos multas por haberlos arrendado sin autorización previa de las autoridades locales, de forma reiterada y durante breves periodos de tiempo.

El tribunal de Luxemburgo ha declarado que una normativa que somete a autorización previa determinadas actividades de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda está comprendida en el concepto de "régimen de autorización" de la directiva sobre servicios del mercado interior. Posteriormente, ha señalado que un "régimen de autorización" debe cumplir con una serie de requisitos establecidos también en dicha directiva.

En particular, la norma europea establece que los regímenes de autorización deben estar justificados por una razón "imperiosa" de interés general, así como que el objetivo perseguido por los mismos "no debe poder alcanzarse mediante una medida menos restrictiva".

Con respecto al primero, el fallo considera que establecer un mecanismo de lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración para dar respuesta al "deterioro" de las condiciones de acceso a la vivienda y al "aumento de las tensiones en los mercados inmobiliarios" constituye "una razón imperiosa de interés general".

De la misma forma, los jueces europeos han destacado que el Código francés es "proporcionado" al objetivo perseguido porque está "materialmente circunscrito" a una actividad específica de arrendamiento de inmuebles, excluye de su aplicación a viviendas que son la residencia principal de su propietario y tiene un alcance geográfico restringido.

En relación al segundo requisito, el tribunal de Luxemburgo ha señalado que el objetivo perseguido no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva porque "un control a posteriori no permitiría frenar de forma inmediata y eficaz" el mecanismo que genera una escasez de viviendas para alquiler de larga duración.

La actividad de más de 1,6 millones de autónomos se ha reducido más de un 60% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Así lo adelantó el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que el jueves presenta los resultados del VI Barómetro Autónomos – Crisis Covid-19. Amor destaca las nefastas consecuencias de la crisis para los autónomos y reclama un plan de emergencia para salvar autónomos, empresas y empleos. En este sentido, desde ATA proponen diez medidas urgentes que Gobierno y Administraciones deben impulsar ante la situación de deterioro económico por los rebrotes y restricciones sanitarias.

Entre las propuestas, ATA incluye la prórroga de los ERTES hasta el 1 de abril de 2021 y la prórroga del Cese de Actividad Ordinario "especial", compatible con la actividad, hasta el 1 de abril de 2021. Además, exige restablecer la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para todos los autónomos no beneficiarios de la Ordinaria que se vean afectados por restricciones a su actividad debido a los rebrotes. También apunta a una reducción de la cotización en la cuota de aquellos autónomos con una caída igual o superior al 50% en el tercer trimestre 2020 con respecto al mismo trimestre de 2019 hasta el 1 de abril de 2021, así como a extender las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021 y prolongar el periodo de carencia hasta 24 meses.

Lorenzo Amor pide la reducción temporal de IVA hasta el al 50% del tipo en hostelería, turismo, cultura, peluquería y gimnasios. Apuesta por prorrogar los aplazamientos de automáticos de impuestos hasta el 1 de abril de 2021. Además, ATA recomienda la deducción fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020. También pide la prórroga de los límites de módulos hasta 2022 y mantener la posibilidad temporal de renuncia a módulos durante 2021.

A su juicio, es necesaria la creación de una red de mentores empresarial para la prevención de quiebra y la reorientación de los negocios de autónomos mediante su digitalización y capacitación del autónomo en dicho entorno. Dichas medidas se negociaron en un contexto en el que más del 90% de los autónomos había reiniciado su actividad tras la finalización del estado de alarma

"Si la primera oleada de la pandemia, se saldó con un millón de empleos menos, de los cuales 135 mil estaban bajo el paraguas de los autónomos, esta segunda oleada, sin duda, llevará a muchos autónomos al cierre y, a los que son empleadores, a tener que reducir plantilla, como ya se observaba en junio en los datos de autónomos propiamente dichos de Seguridad Social. De aquí la importancia de estas 10 medidas, que consideramos deben adoptarse y ser tenidas en cuenta de forma inmediata", señala Amor.