La nómina de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.852,78 millones de euros a 1 de mayo, lo que supone un 2,5% más que en el mismo mes de 2019, Sin embargo, si se compara con el mes de abril, el gasto descendió un 0,27%, el primer retroceso mensual de la serie. ¿Por qué se ha producido este cambio de tendencia? Principalmente, se debe a la combinación de dos factores. Por un lado, al descenso del número de altas por el confinamiento a causa del estado de alarma por el coronavirus, que ha hecho caer la tramitación de pensiones. Por otro, al incremento de las bajas por los efectos de la pandemia sobre la mortalidad, con mayor incidencia en las personas de mayor edad.

Así, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema contaba a 1 de mayo con un total de 9.754.137 pensiones contributivas, 38.508 menos que el mes anterior.

La práctica paralización del país en abril a raíz del estado de alarma contribuyó al descenso de la cifra de altas, debido al cierre de las oficinas públicas. Con datos de abril, el número de altas de pensión registradas fue de 31.232 pensiones, un 32,2% menos o 14.519 menos respecto al mismo mes del año pasado (46.051). En comparación con marzo de este año (36.274), la caída fue del 13,9%, esto es, 5.042 nuevas altas menos.

Si se considera el acumulado anual desde enero hasta el inicio de mayo de 2020 han causado alta 157.896 nuevas pensiones, un 22,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Según argumenta el Ministerio, el descenso en el número de altas del sistema se debe en parte al cierre de oficinas y a la situación de confinamiento, que ha llevado a muchas personas a retrasar el trámite de incorporación al sistema. El número de nuevas altas se ha recortado en 28.579.

A raíz del decreto del estado de alerta, las oficinas de la Seguridad Social dejaron de prestar atención presencial. Los ciudadanos deben presentar las solicitudes de prestaciones y realizar el resto de trámites con el organismo exclusivamente por vía telemática o telefónica. Esto ha motivado que una parte de los ciudadanos opten por retrasar las gestiones con el organismo. En lo que va de año, se ha registrado una reducción del 33,8% en el número de expedientes iniciados en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En paralelo, la estadística refleja, acentuándose la tendencia del mes anterior, un descenso en el número de pensiones y de pensionistas. En el caso de las bajas ha influido que la mortandad por el Covid-19 ha afectado en mayor medida al colectivo de mayor edad. Ha causado baja entre enero y mayo 205.638 pensiones, un 17,5% más que el año pasado, unas 20.000 bajas más que en 2019. El Ministerio no ha dado el dato de bajas de abril, pero sobre el acumulado se puede calcular que fueron 69.857, el 61% más que en marzo (43.370) y el dato más alto desde enero de 2015.

Del total de la nómina de pensiones, más de dos tercios se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.049,44 millones de euros. Esta cuantía creció un 3,02% en los últimos 12 meses. A las pensiones de viudedad se destinaron 1.698,64 millones, un 1,28% más que hace un año. El crecimiento de la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente fue del 1,15%, hasta situarse en 940.17 millones. A prestaciones de orfandad se dedicaron 139.1 millones (1,39%) y a las prestaciones a favor de familiares, 25,3 millones, un 3,62% más.

La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanzó los 1.010,11 euros mensuales, lo que supuso un aumento interanual del 2,03%. La pensión media de jubilación ascendió a 1.160,6 euros, un 2,02% más respecto al año pasado, y la media de viudedad fue de 724,6 euros al mes, un 1,79% más.

La transparencia vuelve a ser el mantra de los supervisores. Las empresas de la Bolsa están sometidas al permanente escrutinio de los inversores y han de ser fiables y leales al proporcionar información. El coordinador de las comisiones de valores europeas, Esma, ha lanzado un aviso a navegantes. Las empresas deberán ser especialmente cuidadosas al contar todos y cada una de las consecuencias de la crisis derivada del Covid-19 en sus cuentas semestrales. Entre ellas, ayudas, deterioros de activos y previsiones de futuro.

El objetivo de ESMA, que hace suyo la CNMV, es que las compañías elaboren las cuentas con información actualizada "de utilidad para los inversores, a fin de reflejar debidamente el impacto actual y previsto de la situación causada por el Covid-19 en la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo". Y no solo de lo que ha pasado, sino también de lo que puede pasar: deben proporcinar los principales riesgos e incertidumbres a los que se exponen los emisores.

Una de las cuestiones clave es que sean transparentes con las ayudas de los gobiernos. ESMA insta a los emisores que detallen si han hecho uso de ellas. Por ejemplo, en España, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con bonificaciones en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga la empresa entre el 30% y el 100%. O un crédito con el aval del ICO, que blinda para las empresas que no son pymes entre el 60% y el 70% del importe.

El jefe de los supervisores señala también que puede haber surgido un riesgo significativo de que se produzcan ajustes importantes en el valor contable de los activos y los pasivos. En estos casos, ESMA insta a actualizar la evaluación llevada a cabo al final del ejercicio acerca de las hipótesis de futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación.

ESMA espera que, al evaluar su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento, los emisores tengan en cuenta toda la información disponible sobre el futuro (como mínimo, 12 meses), incluida la rentabilidad prevista y las restricciones para acceder fácilmente a los recursos financieros. También asegura que las renegociaciones de la deuda, nuevos acuerdos financieros o el incumplimiento de los convenios de deuda deben señalarse.

En un documento de ELFA (las siglas en inglés de European Leverage Finance Association), que agrupa a 30 fondos de deuda de toda Europa, se explica que ESMA también pide a los órganos de gestión, administración y supervisión, incluidos los comités de auditoría de los emisores y sus auditores, que tengan debidamente en cuenta sus recomendaciones.

El objetivo, según la asociación de fondos de deuda, es asegurar que estos proporcionen información comparable, pertinente y fiable y un nivel adecuado de divulgación y transparencia a los participantes en el mercado. "Dadas las complejidades del entorno actual, ESMA alienta a los comités de auditoría a que mejoren su función de supervisión, fundamental para contribuir a la elaboración de informes financieros semestrales de alta calidad", añade ELFA.

Por otra parte, el Gobierno ha ampliado a cuatro meses (un mes más) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamiento tributarios motivados por el impacto de la Covid-19, según el nuevo real decreto con medidas urgentes en materia económica aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Así lo ha trasladado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha indicado que se trata de un decreto que prorroga algunas normas ya aprobadas, como la ampliación del aplazamiento de impuestos sin intereses, y que adopta medidas "transversales" en cinco ámbitos económicos diferentes.

En cuanto al aplazamiento fiscal, Montero recordó que el Gobierno ya aprobó el aplazamiento de impuestos de hasta 30.000 euros para pymes y autónomos durante seis meses, los tres primeros sin pago de intereses, que ahora se amplían a cuatro. "Se trata de una medida de alivio importante", indicó la ministra.

Asimismo, apuntó que hasta el día de ayer se habían presentado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento de impuestos, que han beneficiado a 638.652 autónomos y pymes, por un importe conjunto que supera los 3.031 millones de euros.

En materia fiscal, junto con la ampliación a cuatro meses del plazo para pagar impuestos sin intereses, el decreto contempla también distintas aclaraciones sobre la presentación del Impuesto sobre Sociedades, de tal manera que las sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de acabar el plazo como consecuencia del Covid-19, lo puedan presentar con las cuentas anuales disponibles en ese momento.

Las sucesiones de empresas familiares y de grandes patrimonios tendrán a partir de ahora un sustancial alivio fiscal. El Tribunal Supremo acaba de emitir dos importantes sentencias que sientan jurisprudencia, con el fin de modificar en beneficio de los herederos la valoración que se daba de las acciones, participaciones, inmuebles y tesorería en las herencias. Hasta ahora, la Ley del Impuesto de Sucesiones valoraba en concepto de "ajuar doméstico" el 3% del valor total de las herencias, incluyendo las acciones, participaciones y activos mobiliarios e inmobiliarios citados, que tributaban sobre la cuantía que suponía dicho 3%.

Pues bien, el Supremo estipula ahora estas sentencias que estos activos deben excluirse del 3%, lo que tendrá un impacto muy relevante en numerosas empresas familiares y grandes patrimonios, que se ahorrarán importantes cantidades a la hora de tributar por la herencia. Además, la propia sentencia abre la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la devolución de los importes pagados (indebidamente) durante los últimos cuatro años. De esta forma, a modo de ejemplo, en una empresa familiar valorada en 1.000 millones puede obtenerse a partir de ahora un ahorro de unos 10 millones de euros en la sucesión.

En el Impuesto sobre Sucesiones, además de calcular el valor de mercado de bienes y derechos menos la deuda, hay que añadirle el 3% en concepto de ajuar doméstico, que en general se refiere a bienes de uso habitual doméstico (mantelería, cubertería, muebles, enseres, etc.). En el caso de la empresa familiar, con una bonificación en base del 95%, se le suma la tributación del 3% del ajuar doméstico.

El Supremo aclara qué ocurre cuando hay otros bienes como títulos mobiliarios, acciones, inmuebles o tesorería, ya que la Ley del impuesto no lo distingue, y había que calcular el 3% sobre todo, el criterio que aplica la Agencia Tributaria e interpretaba hasta ahora el propio Supremo y que arrojaba tributaciones muy elevadas.

Una de las sentencias afecta a la sucesión de una empresa familiar de la construcción en Madrid en la que el 99,97% del valor de la herencia está constituido por acciones de una sociedad mercantil. Los recurrentes solicitaron que se dijera cómo calcular el citado ajuar. La interpretación que ofrece el Supremo pretende integrarlo con el Código Civil y la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y lo reintegra en Sucesiones. Se trata de una interpretación armonizada, en la que el gravamen del 3% sólo afecta a los bienes de uso particular, y lo novedoso es que se excluyen los bienes susceptibles de producir renta, dinero, títulos y valores, entre los que destacan acciones y participaciones.

"Consideramos que el ajuar doméstico sólo comprende una determinada clase de bienes y no un porcentaje de todos los que integran la herencia. No podemos compartir el concepto expansivo", señala el Supremo. En concreto, en una empresa de 250 millones, el ajuar estaba valorado en 7 millones, por los que tributar 3, gravamen que el Supremo elimina ahora. En este caso, en el que "el 99,97% del valor de la herencia está constituido por acciones de una sociedad mercantil y, por ende, afecto al desarrollo de una actividad económica, que además es inmobiliaria", el Supremo interpreta que "no parece que la voluntad de la ley sea la de incluir tales bienes entre los que conforman el ajuar doméstico", lo que podría tener "un posible efecto de doble cómputo de los mismos activos para la cuantificación de la base imponible".

El Supremo también apunta a una posible doble imposición en la consideración de las acciones y participaciones también en el cómputo del ajuar. David Yagüe, socio de PwC Tax & Legal que ha ganado la sentencia que se refiere al caso de Madrid, tras un pleito de 12 años, subraya que no será necesaria prueba alguna a cargo del contribuyente, la Administración lo debe excluir, y cuando se reciba una herencia con valor de bienes y acciones, el heredero se evita calcular el 3%.

La segunda sentencia atañe a la sucesión de un patrimonio con varios inmuebles en un municipio rural en Asturias valorados en 1,5 millones. El fallo del Supremo consigue una rebaja del ajuar de 47.000 a 3.000 euros, caso que ha ganado Luis Tuero, de Luis Tuero Abogados.

Las dos sentencias contienen un voto particular de tres magistrados parcialmente discrepantes. Por una parte, van más lejos incluso que la propia sentencia y plantean la inconstitucionalidad del concepto de ajuar. Pero a la vez plantean dudas sobre si en el concepto de ajuar habría que contar las acciones y participaciones. A juicio de los magistrados, "como dice la sentencia, las acciones y participaciones sociales no pueden integrar, ni aun analógicamente, el concepto de ajuar doméstico, lo que no tiene discusión posible, pero también es cierto que dichas acciones y participaciones forma parte del caudal relicto, al igual que el ajuar doméstico y al igual que el resto de bienes y derechos que conforman el patrimonio".

El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 14.002 millones de euros a la Seguridad Social para hacer frente a las necesidades que ha generado la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha dicho que ha sido necesario este crédito para pagar prestaciones como las del cese de actividad de los autónomos o las bajas laborales por motivos de aislamiento.

Además, el Ejecutivo también ha contemplado la concesión de un préstamo máximo de 16.500 millones con el objetivo de lograr una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social. El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros ya aprobó un préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.

Se aprueba un "préstamo máximo 16.500 millones sin intereses" para que la Tesorería General de la Seguridad Social haga frente al incremento del pago de prestaciones por desempleo generadas por los ERTE que afectan a más de 3,4 millones de trabajadores.

La Seguridad Social se encontraba ahora en una delicada situación financiera, tras la merma de ingresos y aumento de gasto generados por el impacto económico, social y sanitario de la pandemia. Esto se suma a la mala salud que arrastraba el sistema que volvió a obtener números rojos en 2019 por octavo año consecutivos. El déficit del sistema ascendió a 16.793,3 millones de euros, el 1,34% del PIB, un porcentaje que con toda seguridad se verá desbordado este año.

Asimismo, el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 30 de septiembre las contrataciones agrarias extraordinarias aprobadas el 7 de abril y que permiten compatibilizar prestaciones con un salario en el campo, para "garantizar el aprovisionamiento de los mercados" de alimentación.

Además, este Real Decreto-Ley amplía la cobertura de los trabajadores que prestan atención en los centros sanitarios o sociosanitarios. Concretamente, reconoce que las prestaciones a este colectivo, cuando haya contraído la COVID-19 se considerarán derivas de accidente de trabajo y, en los casos de fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca en los cinco años siguientes al contagio.

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas de accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, lo que supone una mayor cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.

Las empresas y los empleados tienen que apretarse el cinturón para hacer frente a esta crisis. Si hace un par de semanas un estudio concluía que más de la mitad de las compañías aplazará o reducirá las subidas salariales previstas y un 40% confirmaba que paralizaba dichos incrementos, en esta ocasión el último análisis de PeopleMatters coincide en que el 60% de las empresas congelará o bajará el sueldo a su plantilla.

Las consecuencias de este parón económico provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19 salen a la luz cada día. El sondeo semanal que realiza dicha consultora, en colaboración con Ceszinkin, refleja que sólo el 28% de las 126 organizaciones consultadas -con una plantilla de más de 500 personas y el 30% cotizadas- han realizado un ERTE un porcentaje que aumenta cada semana.

Predominan los ERTE por causa mayor (60% del total) y, entre éstos, gana peso el de reducción de jornada (42%). Se observa un desplazamiento progresivo hacia expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que suponen un 40% de todos los Erte. El 49% de las empresas no está complementando el salario de sus trabajadores. Las que sí, lo hacen sobre el salario fijo. No obstante, se ha incrementado el porcentaje de compañías que complementan sólo la prestación.

Un 72% de las organizaciones ha puesto en marcha medidas salariales para evitar un ERTE. Entre ellas destacan el teletrabajo, adelanto de las vacaciones, la bolsa de horas y la distribución irregular de la jornada. Estas políticas de flexibilidad laboral que, en principio, no tienen impacto negativo en el salario, suponen el 80% de las medidas, frente al 20% que si lo tienen (ajustes y congelaciones salariales).

Según este análisis de PeopleMatters, las empresas son cada vez más conscientes de que deberán adoptar medidas respecto a su política retributiva, de hecho, más del 60% se plantea realizar algún tipo de ajuste o congelación retributiva para toda o parte de la plantilla; el 100% en el caso de las empresas que han realizado un ERTE.

A lo largo de estos sondeos semanales, la consultora observa un incremento de las compañías que están optando por la transformación de beneficios (24%) y la modernización de los acuerdos y convenios de empresas (17%). Victoria Gismera, directora de PeopleMatters, cree que esto puede anticipar una tendencia en la revisión general de los diferentes elementos retributivos para toda la plantilla.

Los profesionales no son los únicos que tendrán que estrechar su cinturón. Comparado con las encuestas anteriores, el porcentaje de empresas que ha reducido la retribución de los primeros directivos sigue aumentado aunque, todavía, no parece ser una práctica generalizada. El 40% de estas rebajas se da en empresas que no han aplicado ERTE.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido ya 462.614 operaciones a empresas y autónomos por un montante total de 44.096 millones de euros en avales y que han permitido movilizar 57.852 millones de euros de financiación a través de entidades financieras, según datos actualizados a 24 de mayo facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Las pymes y los autónomos, con un aval del 80%, concentran el mayor número de operaciones aprobadas y financiación concedida, con 454.258 transacciones, (98% del total), y un importe avalado de 31.707 millones de euros. Gracias a las mismas ha llegado a dichos colectivos 39.700 millones de euros para cubrir sus necesidades de liquidez y circulante.

El resto de empresas, con aval del 70% para nuevos préstamos y del 60% para las renovaciones, han protagonizado 8.356 operaciones. El importe avalado asciende a 12.388 millones y la financiación derivada a 18.152 millones. El uso de esos fondos es para atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias; excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas preexistentes.

Su aval cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.

El Consejo de Ministros ha decidido conceder un año más de plazo a las fundaciones bancarias que hubiesen optado por constituir un fondo de reserva en lugar de sacar a Bolsa a la entidad para reducir su participación en la misma. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La decisión la ha justificado en las circunstancias actuales generadas por la expansión del coronavirus.

El plazo para la constitución de este fondo se fijó en cinco años a contar desde 2015, pero dos años después se amplió a ocho, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2023. El Ejecutivo se guardaba la posibilidad de prorrogar el plazo por un año más y así lo ha hecho este mismo martes. La normativa española sobre las antiguas cajas de ahorros establecía que las participaciones de las fundaciones en las entidades debían reducirse por debajo del 50% este mismo año.

Para cumplir con la regulación, tenían dos opciones: salir a Bolsa (la opción elegida por Ibercaja) o constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participada en situaciones de dificultades (medida acordada por las fundaciones accionistas de Unicaja y de Kutxabank).

No obstante, La Fundación Bancaria Unicaja cuenta ya con su protocolo por el que constituirá un fondo de reserva de unos 152 millones de euros que le permita hacer frente a posibles necesidades de recursos propios del banco que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.

Tras la salida a Bolsa de Unicaja el 20 de junio de 2019, la Fundación mantuvo el 49,7% del capital social de la entidad bancaria, una posición que mantiene en la actualidad y que se considera de control al superar el 40%. La Fundación podría optar por la venta de un paquete del 10% para evitar la constitución del fondo, si bien el protocolo manifiesta su vocación por mantenerse en la entidad. En cualquier caso, la idea era destinar al menos un 30% de los dividendos percibidos de Unicaja para constituirlo y, dada la situación generada por la pandemia del coronavirus, podría retrasarse.

Precisamente hace casi un mes el Gobierno también alivió la presión para las entidades que optaron por la vía de la salida a Bolsa, extendiendo el tiempo dispuesto hasta dos años. Esta medida afectaba a Ibercaja, que debía debutar en Bolsa este mismo 2020 para cumplir con la legislación.

La Comisión Europea presentará este miércoles su borrador con la propuesta del nuevo presupuesto europeo con vistas al marco 2021-2027, en el que estará integrado el fondo de recuperación que luche contra los efectos a largo plazo que la crisis sanitaria y económica del coronavirus deje en la Unión. En este contexto, el Banco de España exige un fondo que se mueva entre el billón y los 1,5 billones de euros, y que dé forma a una herramienta “eficiente, solidaria, equilibrada y con una condicionalidad de uso ligada a la recuperación”. En este sentido, la institución pone el énfasis en que esta herramienta no puede basarse en "transferencias permanentes" inducidas por "comportamientos oportunistas de los miembros". Su uso, además, estaría sujeto "a la puesta en marcha de políticas y planes nacionales de reconstrucción de la capacidad de crecimiento tras la pandemia".

Hasta la fecha, las respuestas dadas por el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo y el Eurogrupo “han sido efectivas para mitigar la incidencia de la crisis en el corto plazo y reducir los riesgos de su propagación”. No obstante, la dimensión de la crisis “ha puesto en evidencia la falta de instrumentos clave de política económica comunes”.

Existe el riesgo, confirma el supervisor, de que aunque la crisis ha afectado de forma más o menos simétrica a todos los socios, no ocurra lo mismo con la recuperación. “Ante el riesgo de que esta crisis ahonde, de manera incluso permanente, las divergencias en los niveles de bienestar entre los países de la UE, urge disponer de medios comunes para facilitar la financiación de la reconstrucción de las economías de todos los miembros y evitar, durante este proceso, episodios de desestabilización”, explica el Banco de España. Para corregir este desequilibrio a largo plazo, el Banco de España cree que los "países más vulnerables" deben avanzar en una ambiciosa agenda de "reformas estructurales".

El debate entre un fondo que se articule a través de préstamos y otro que lo haga a través de transferencias directas, así como la obligatoriedad de llevar a cabo reformas estructurales y macroeconómicas, han sido dos elementos presentes desde el comienzo en las negociaciones de los socios. También han sido dos aspectos que han enfrentado a los países más ortodoxos con los del sur de Europa.

La entidad cree que “es el momento” de que la UE articule los medios necesarios para activar la capacidad conjunta de toda la Unión a fin de “traer recursos del futuro al presente”, en una cantidad acorde con la magnitud del reto de la reconstrucción económica tras la pandemia, y a un coste que refleje adecuadamente los bajos niveles de tipos de interés de equilibrio a largo plazo que, en el caso de la eurozona, se estimaba que se encontraban en valores muy bajos (incluso, posiblemente, negativos) ya antes de la actual crisis. La puesta en común de la capacidad de crédito de la UE debe venir acompañada de un esquema de utilización de esa capacidad, “que conjuntamente configure un Fondo de Recuperación europeo”.

Este fondo, propone el supervisor, dedicaría parte de su capacidad a la financiación de proyectos de naturaleza europea, que aumenten la integración y capacidad de crecimiento sostenible de manera transversal. El tamaño del citado fondo debe ser, por lo tanto, “suficiente para cubrir los objetivos anteriores”. Y es que, recuerda la institución, el aumento de las necesidades de financiación de los socios directamente vinculadas al efecto de la pandemia podría ascender, de acuerdo con las estimaciones actuales, “a más de 8 puntos porcentuales del PIB de la UE en 2020 y a más de 2 puntos en 2021”.

Para financiar estas cuantías, con un respaldo adecuado de los estados miembros, el fondo se debería valer de una “calificación crediticia de la máxima calidad” para realizar emisiones a muy largo plazo, lo que, en la situación actual de bajos tipos de interés, tendría un coste mínimo (o incluso negativo) en términos de los intereses de sus pasivos exigibles. Para ello, reconoce el Banco de España, habría que dotar a la Comisión Europea de la posibilidad de “reclamar a los estados miembros recursos adicionales que respaldaran las nuevas emisiones”.

España podría obtener hasta 140.446 millones de euros del fondo de la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, el segundo país que más dinero recibiría tras Italia, según confirmaron fuentes comunitarias. La financiación que obtendría España se dividiría en 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido y 63.122 millones en forma de préstamos que posteriormente tendrían que devolverse.

La Comisión Europea (CE) propone un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, de los cuales 500.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos, confirmaron a Efe fuentes comunitarias. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se ha adelantado al anuncio que prevé hacer la presidenta de la Comisión Europea a las 13.30 hora local en el Parlamento Europeo al informar del volumen del fondo.

"La Comisión propone un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que se añade a los instrumentos comunes ya en marcha. Un viraje europeo para afrontar una crisis sin precedentes", ha dicho el italiano en la red social Twitter. A España, que le corresponderían 140.446 millones de euros de este fondo, es el segundo país con el montante más elevado de la Unión Europea, solo por detrás de Italia, que recibiría hasta 172.745 millones, y seguida de lejos por Polonia, con 63.838 millones de euros.

Estas cantidades corresponden al primero de los tres pilares con que contará el fondo, que se llevará un 87 % de la dotación total, 655.000 millones de euros, según fuentes comunitarias. Estos se destinarán a ayudar a los Estados a financiar "reformas estructurales e inversiones" para reflotar sus economías. Para recibir el dinero, los gobiernos tendrán que presentar planes de recuperación que muestren que lo gastarán en línea con las recomendaciones económicas que les hace la Comisión y las prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital.

La mayor parte del dinero, 405.000 millones, se desembolsará en forma de subvenciones a fondo perdido, tal y como venían reclamando España o Italia, los países más afectados, pero también Francia o Alemania. La dotación en subvenciones se ha preasignado ya por países, de modo que Italia sería la primera beneficiaria, con 81.807 millones, seguida de España, con 77.324 millones, Francia (38.772 millones), Polonia (37.693 millones) y Alemania (28.806 millones). Los restantes 250.000 millones de este pilar se concederán en forma de préstamos que tendrán que ser devueltos por el país beneficiario. La Comisión ha estimado qué parte estaría disponible para cada uno en función de la renta nacional bruta de los Estados en los que este indicador está por debajo de la media.

Aquí, Italia sería de nuevo la primera beneficiaria, con 90.938 millones, seguida de España (63.122 millones) y Polonia (26.146 millones), en tanto que Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia no podrían recibirlos, según esta estimación. El resto del Fondo de Recuperación, 95.000 millones de euros, se repartirían entre el segundo pilar del mismo, destinado a movilizar la inversión privada y en sectores clave, y un tercer bloque para reforzar programas que la pandemia ha revelado vitales, como la nueva reserva de equipamiento sanitario europea, según ha venido anticipando la Comisión en los últimos días.

Además del fondo de recuperación, la Comisión propone un nuevo presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros vinculado al mismo. En cuanto a la financiación del fondo, la Comisión prevé emitir deuda en el mercado con el respaldo del presupuesto comunitario aprovechando que su calificación triple A asegura bajos tipos de interés. Para ello quiere aumentar el techo de recursos propios del presupuesto comunitario, lo que en la práctica ampliará su margen para emitir sin que los países tengan que elevar ahora su contribución a las arcas comunitarias.

El reembolso del principal y los intereses de esta deuda empezaría a partir de 2028 y para costearlo la Comisión propone introducir nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto, como un tasa al carbono en frontera, una ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones, una tasa digital o a la operación de grandes empresas en la UE.