La innovación tecnológica despunta en el norte de Europa, China y Estados Unidos pero no, desde luego, en España. Los resultados del Global Innovation Index –uno de los rankings más prestigiosos del mundo que miden la innovación tecnológica de un país– reafirman esta realidad un año más. España queda en la posición 29 de 129, una menos que el año anterior, dos menos que en el 2015 y tres menos que en el 2013. Una clara tendencia a la baja que sitúa la innovación del Estado por debajo de países como Chipre, Malta o Estonia.

El Global Innovation Index mide decenas de parámetros y España queda en la cola en varios de ellos. Destacan: la falta de colaboración entre la universidad y la empresa, el bajo gasto en educación –especialmente en alumnos de secundaria– la dificultad de las empresas para obtener créditos, los bajos niveles de exportación de productos y servicios tecnológicos y creativos, la burocracia para crear una empresa, los costes de despido de un trabajador y la poca movilidad internacional de los estudiantes.

“España evoluciona según las expectativas: ni mejor ni peor de lo previsto. Puede que la tendencia a la baja de los últimos años refleje los estragos de la crisis económica. En inversiones que se destinan a innovación tecnológica, los resultados tardan un mínimo 5 o 6 seis años en empezar a dar sus frutos”, apunta Rafael Escalona, investigador principal del Global Innovation Index.

En España, los datos del Global Innovation Index se leen en clave pesimista. “No estamos tan bien como parece. Las políticas de innovación son débiles y sigue sin resolverse la cuestión de la transferencia al mercado”, lamenta el economista Xavier Ferràs. “Entre el colectivo, reina la sensación de auténtica dejadez. Creemos que la innovación tecnológica nunca ha sido una prioridad estratégica para ningún gobierno de España. Nos hemos bajado del tren de la innovación mientras el resto de países se ha puesto las pilas”, comenta con preocupación Carmen Iglesias, experta en transferencia tecnológica de la fundación Cotec y directora de transferencia al mercado al centro IK4-Tekniker.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reclasificó como asalariados a 143.500 trabajadores que inicialmente se declararon independientes o empresarios sin asalariados y que después aseguraron desarrollar su actividad para un empleador en el segundo trimestre de 2019.

Así se desprende de datos del INE en los que se detalla que entre abril y junio de 2019, un total de 143.500 ocupados fueron reclasificados como asalariados por declararse inicialmente en la entrevista como trabajadores independientes o empresarios sin asalariados, pero posteriormente señalar en la misma entrevista que desarrollaban su actividad para un empleador.

Esta cifra es inferior en 9.200 personas a la registrada en el primer trimestre, cuando el INE detectó 152.700 falsos autónomos. En suma, en el primer semestre se cifraron casi 300.000 personas en esta situación.

Si se compara el dato del segundo trimestre de este año con el del mismo periodo del año anterior, los autónomos reclasificados como asalariados descendieron un 26,5%, puesto que en 2018 totalizaron 195.200 personas.

Mientras, el INE contabilizó entre abril y junio de este año 98.700 trabajadores independientes o empresarios sin asalariados que trabajan casi en exclusiva para un cliente, aunque atienden a otros cuando surgen. Esta cifra es inferior tanto a la del trimestre anterior, cuando eran 104.400 personas, como a la registrada en el segundo trimestre de 2018 (112.300).

De esta manera, a la luz de los datos del INE, son más numerosos aquellos que figuran como autónomos pero que reconocen trabajar para un solo cliente y, como consecuencia de ello, han sido considerados por Estadística como asalariados, que aquellos que dependen casi en exclusiva de un solo cliente.

El Gobierno aprobó el año pasado el 'Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020', que entró en vigor el 1 de agosto de 2018 y que, entre otras actuaciones, preveía intensificar las acciones para detectar falsos autónomos.

Según el balance de este plan, el año pasado se regularizaron 32.067 falsos autónomos, de los que la mayoría se encontraban en el sector cárnico.

Por otra parte, en los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social constan solamente 9.394 autónomos económicamente dependientes a cierre del segundo trimestre.

El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo -que podría llegar en septiembre- para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.

Una medida, sin embargo, que ya fue solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso, y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España -documento elaborado a petición del propio Consejo de Ministros- supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales. Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista, "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura.

Sin embargo, y aunque estas mismas fuentes reconocen haber mantenido encuentros con la AIReF para el diseño de la medida, la propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT. La más importante es la del nivel de las cuantías previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Concretamente, si la alternativa del organismo auditor partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.

De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.

El despido objetivo por absentismo podría desaparecer de la legislación española y será el Tribunal Constitucional (TC) el que lo decida. El pasado 27 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la decisión de este tribunal de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Dicho recurso solicita que los magistrados del Constitucional se pronuncien acerca de si la regulación del despido por absentismo en España es lícita o no. Y en el caso de resultar contraria a la Constitución debería desaparecer de la normativa laboral.

En concreto, el Juzgado barcelonés solicita que el Constitucional se pronuncie sobre si el despido por absentismo contraviene los artículos de la Carta Magna número 15 –que garantiza la integridad física y moral–; el 35.1 –que recoge el derecho al trabajo, libre elección de oficio y a una remuneración suficiente sin discriminación por sexo–; y el 43.1, que recoge el derecho de protección a la salud.

El despido por absentismo está regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Permite al empresario extinguir el contrato de un trabajador por causas objetivas (con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad), ante faltas de asistencia al trabajo, que aunque estén justificadas sean intermitentes. Si bien estas ausencias deben alcanzar el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No obstante, para justificar un despido por absentismo la ley excluye que computen las ausencias por huelga legal; por actividades sindicales; accidente de trabajo; cualquier baja relacionada con la maternidad; permisos y vacaciones; bajas por enfermedad o accidente no laboral cuando dure más de veinte días consecutivos; las derivadas por violencia de género acreditadas; o las ausencias por tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Esta regulación se endureció, además, en la pasada reforma laboral de 2013, con la intención de facilitar a la empresa la utilización de este tipo de despido. Si bien, distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran que, en la práctica, no es nada común que los empresarios recurran a esta modalidad de despido.

“El cómputo de las ausencias es extraordinariamente complicado, lo que hace que rara vez salga adelante”, aseguran estas fuentes. De hecho, recientemente, el Tribunal Supremo tuvo que unificar doctrina en torno al cómputo de las faltas para justificar estos despidos. En su sentencia –donde reiteraba lo fallado en diciembre de 2010– indicaba que los cuatro meses han de computarse de fecha a fecha, no por meses naturales.

Si el Constitucional decidiera que el despido por absentismo es contrario a los derechos fundamentales consultados por el Juzgado de Barcelona, podría anular directamente la regulación de este tipo de extinción laboral. Aunque no parece que la resolución del Constitucional vaya a ser pronta, dado que no es probable que esta cuestión se considere como urgente.

En cualquier caso, si el despido por absentismo desapareciera de la normativa laboral, las empresas podrían utilizar otra vía para extinguir el contrato de un trabajador con elevadas ausencias reiteradas injustificadas. Lo explica el socio del Área Laboral de Pérez-Llorca, Daniel Cifuentes: “Si el Constitucional llegase a anular el despido por absentismo, el empresario podría recurrir al artículo 52.1.a que justifica un despido objetivo por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva”.

Asimismo, Cifuentes explica que, si se anulara este despido, los trabajadores afectados, que hayan sido objeto de una extinción objetiva por absentismo, podrían llegar a reclamar en los tribunales la responsabilidad patrimonial del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó este lunes que el Gobierno apruebe el techo de gasto estando en funciones, ya que considera que no puede hacerlo puesto que se trata de una medida que afectaría a un futuro Ejecutivo.

"No podemos aprobar el techo de gasto porque no podemos asegurar ni que vamos a tramitar los Presupuestos", afirmó Montero en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, donde explicó que su departamento ya tiene "un esqueleto técnico" de cómo serían los Presupuestos de 2020.

A este respecto, la titular de Hacienda se mostró convencida de que habría tiempo de aprobarlos si finalmente el Gobierno consigue los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura en el mes de septiembre. A este respecto, volvió a pedir la abstención del PP y Ciudadanos, si bien indicó que Unidas Podemos falta a la verdad cuando dice que el PSOE prefiere la abstención de los partidos de la derecha, porque sabe que los socialistas siempre han considerado a la formación morada como su socio preferente.

También confirmó la intención del Gobierno sigue siendo revisar al alza su previsión de crecimiento del PIB en 2019, "como mínimo al 2,3%".

Además, confirmó su intención de aprobar por real decreto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas una vez que haya Gobierno, desvinculando su tramitación de la elaboración de los Presupuestos, tras lograr el visto bueno de la Abogacía del Estado, y aseguró que no se "da por vencida" en cuanto a la posibilidad de hacerlo en funciones.

Sobre este asunto, tras recordar que supone unos 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas, agregó que su bloqueo es consecuencia de la negativa del PP y los independentistas a aprobar los Presupuestos, por lo que espetó a la formación dirigida por Pablo Casado que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

"Aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden pedir cuenta de las consecuencias de esa decisión", lamentó Montero, quien recordó además que su posición ha sido siempre que las entregas a cuenta no pueden depender de los Presupuestos del Estado, que fue siempre la postura de Cristóbal Montoro. "Yo no defendía eso ni cuando era consejera ni ahora", sentenció.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el incremento de la inflación, que ha marcado en julio una tasa interanual del 0,5%, una décima más que en junio.

Los precios comenzaron el año con un alza del 1% en enero para subir al 1,1% en febrero, el 1,3% en marzo y el 1,5% en abril. En mayo, la tasa de inflación bajó al 0,8% y en junio recortó cuatro décimas más, situándose en mínimos de hace casi tres años.

Las principales causas del aumento del IP son: la evolución de los precios de las frutas, que bajaron menos de lo que lo hicieron en julio de 2018, y el encarecimiento de los carburantes. Por el contrario, la vivienda ha frenado los precios, debido sobre todo al precio del gas.

En cuanto a la inflación subyacente, que es un indicador más estable y excluye alimentos frescos y energía, se ha mantenido en una tasa interanual del 0,9%, con lo que se sitúa cuatro décimas por encima de la del IPC general.

En el séptimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (que se utiliza para comparar los precios con otros países de la Union Europea) ha registrado una tasa del 0,6%, la misma que en junio.

Si se comparan los precios respecto a junio, el índice general ha retrocedido un 0,6%, que supone la mayor caída desde enero. El vestido y el calzado (por las rebajas de verano) y las frutas han sido los principales impulsores a la baja.

Las comunidades más inflacionistas han sido Navarra (con una tasa del 1%), Cataluña, Madrid y País Vasco (con una tasa del 0,8% cada una). En el lado contrario, Baleares, Canarias y Murcia ha registrado un nivel del 0,2% interanual.

Desde que empezó el año 2000, el índice Bloomberg Barclays Global Agg, que pondera deuda de todo el mundo, sube un 140%, y solo ha habido cuatro años en los que se ha cerrado con pérdidas, a pesar de que los inversores, según la encuesta que Bank of America Merril Lynch hace cada trimestre a gestores de fondos, han estado negativos con la renta fija casi en todo momento durante las últimas décadas. En Europa, el control de los alcistas sobre la deuda soberana es aún más claro: en los últimos 19 años solo ha habido dos, 2008 y 2018, en los que el índice de Bloomberg de deuda pública europea no ha terminado en verde. En 2008, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera, el índice perdió un 5,3%. El año pasado las pérdidas fueron del 0,69%, y todo apuntaba a que era el inicio de una mala racha para la renta fija que, al menos de momento, no ha sido así.

Y es que cuando empezó el ejercicio encontrar un analista que defendiese la renta fija como buena idea de inversión de cara a 2019 era casi misión imposible. Sin embargo, a mediados de agosto la deuda no solo no deja pérdidas, sino que está generando retornos que en muchos casos rivalizan con los que se consiguen en la renta variable. No hay una sola categoría de deuda, entre las 20 más importantes que destaca Bloomberg, que deje pérdidas al inversor en el año. El índice de deuda soberana europea de Bloomberg, que recoge deuda pública con distintos vencimientos de países de la región, sube un 8% en el ejercicio. De media, los bonos de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Portugal, Holanda y Reino Unido dejan una rentabilidad del 11,14% en el año, por encima del 10,8% que se consigue con el EuroStoxx 50 en el mismo periodo.

El caso de España es uno de los más significativos de cómo la renta fija está funcionando mejor que la variable: el Ibex 35 está siendo el patito feo de la bolsa europea, con una subida del 1,6% en el ejercicio (las bolsas italiana, francesa y alemana suben más del 10% en el año), mientras que con el bono español el inversor gana más de un 12% en precio en 2019. Las subidas de los otros soberanos europeos son similares, del 19,5% en el caso del griego; del 14% en el portugués; 9,95% en el francés y del 8,8% en el caso del italiano y del holandés.

El Gobierno en funciones ya tiene “bastante avanzado el esqueleto técnico” de los posibles Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020. Así lo ha avanzado hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una entrevista a la Cadena SER, en la que precisó que los técnicos de su departamento tienen bien diseñado el capítulo de los ingresos, pero “faltaría resolver la parte política (de los gastos), es decir, la que depende de las negociaciones con otras formaciones políticas”.

Entre esas políticas de gasto que los miembros del Ejecutivo en funciones calculan que tendrían que negociar con sus hipotéticos socios de Gobierno están, por ejemplo, la decisión de cuanto subirán inicialmente el próximo año las pensiones de 8,84 millones de pensionistas y los sueldos de 2,57 millones de empleados públicos.

Ambas cuestiones requieren ser aprobadas por un Real Decreto que el actual Gobierno en funciones no puede aprobar, porque ninguna de estas subidas se incluye en el ámbito de cuestiones “ordinarias” que un Ejecutivo en funciones puede aprobar, según la situación jurídica que explicó ayer Montero.

De ahí que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el de Política Territorial y Función Pública tengan las manos atadas y no puedan proponer la aprobación de los correspondientes decretos que determinarían la elevación de las rentas de estos dos colectivos.

Atendiendo a las declaraciones de distintos ministros y a los compromisos del anterior Ejecutivo, si Pedro Sánchez lograra formar Gobierno, aplicaría una subida inicial a las pensiones igual a la previsión de inflación con la que se diseñaran los Presupuestos y, después, se ajustaría al alza, si el IPC real que resultara a finales de año fuera superior al incremento inicial, como ya se hizo a principios de 2019.

Mientras que en el caso de los empleados públicos, el acuerdo que alcanzaron el último Gobierno del PP y los sindicatos de la función pública preveía un aumento salarial fijo del 2%, a lo que habría que sumar otro 1% variable si el PIB subiera un 2,5% o más el próximo año. En caso de que fuera inferior, la parte variable disminuiría proporcionalmente hasta un mínimo del 2,1% de avance del PIB. Además, si el próximo año se cumpliera el objetivo de déficit público, se sumaría un 0,55% adicional.

Pero sin la formación de un Gobierno, ambas subidas –que afectarían a las rentas de 11,4 millones de personas–, están a fecha de hoy en el aire.

Y este mismo vacío afecta a la aprobación del techo de gasto para la elaboración de los próximos Presupuestos; y al pago de unos 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Montero detalló ayer que una de las primeras decisiones del futuro Ejecutivo socialista si llega a materializarse, será actualizar estas entregas a cuenta y hacer que no vuelvan a depender “nunca más” de los Presupuestos Generales del Estado.

Según explicó la titular de Hacienda, la Abogacía del Estado sí le ha permitido que, en el caso de formar Gobierno, se pueda llevar a cabo esta desvinculación, “pero hacerlo ya desde un Gobierno en funciones era ya imposible”. Aunque añadió que “no se da por vencida”.

Montero también desveló ayer que la intención del Gobierno es elevar la previsión de crecimiento de la economía española del actual 2,2% al 2,3%, en línea con las estimaciones de otros organismos internacionales como la Comisión Europea o el FMI. El Banco de España, por su parte, elevó esta previsión hasta el 2,4%, pero Montero dijo que el Gobierno es “prudente”, por lo que sugirió que su revisión sería de una décima menos.

Dicho todo esto, la titular de Hacienda admitió que existe “preocupación” en el seno del Ejecutivo en funciones acerca de una posible desaceleración de la economía causada por la parálisis gubernamental. Por lo que volvió a instar a Unidas Podemos a que se siente a negociar un acuerdo programático, porque el Gobierno de coalición “ya fue rechazado” por ellos.

El Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la extensa red de autovías del Estado. Aunque la decisión no está tomada, el Ministerio de Fomento baraja el pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, aunque el coste para el usuario sería “simbólico”, en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje, informaron a EL PAÍS fuentes del Ministerio. Parte de esa recaudación se dedicaría a reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas. El modelo, que quiere consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas, se complementaría liberando de peaje las autopistas en la que venza la concesión.

El departamento que dirige José Luis Ábalos sigue dándole vueltas al modelo de financiación de las autovías. El ministro ya aseguró en el Congreso en la legislatura pasada que buscaría un consenso político para establecer una fórmula con la que garantizar financieramente el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros.

Entre esas alternativas cobra fuerza la del pago por uso, con la novedad de que ese pago sería muy inferior al que ahora se abona en las autopistas de peajes de concesionarias privadas porque solo iría destinado a costear el mantenimiento de la infraestructura y el impacto medioambiental, mientras que el peaje de las autopistas también sufraga la construcción.

El pago por uso de las autovías iría acompañado de otras medidas como destinar parte de la recaudación para rebajar los peajes tradicionales de los territorios que tienen autopistas en los que aún está vigente una concesión, informaron las mismas fuentes.

Fomento defiende que, si finalmente la alternativa fuese el pago por uso, el usuario en global no va a pagar más que ahora por la utilización de vías de gran capacidad, ya que las autopistas cuya concesión finalice se van a liberar del actual peaje. Una práctica que ha inaugurado el Gobierno de Pedro Sánchez ya que los anteriores ejecutivos preferían prorrogar las concesiones a las empresas privadas a que la titularidad volviera al Estado.

“El pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada”, precisan fuentes ministeriales.

España es el segundo inversor extranjero en Argentina con más de 300 compañías españolas instaladas principalmente en los sectores financiero, telecomunicaciones, metalurgia y automoción, lo que convierte a nuestro país en uno de los principales socios comerciales.

El stock de inversión acumulada por España es actualmente superior a los 5.800 millones de euros, una cifra solo superada por las inversiones de EEUU en el país. La inversión española en Argentina, eso sí, no vive su mejor momento. El récord de inversiones se produjo hace casi una década, en el año 2010, cuando la cifra superó superó los 9.150 millones de euros. Desde entonces, sobre todo tras la inseguridad jurídica generada en los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El punto de inflexión se produjo en 2012, con la expropiación de YPF a Repsol ordenada por Kirchner, que supuso un duro golpe a las relaciones entre ambos Estados en una crisis que se prolongó durante casi dos años. Este mismo año, en marzo, el Rey Felipe VI visitó Buenos Aires en un intento de relanzar las relaciones entre ambos países tras un viaje de Estado anterior del presidente argentino, Mauricio Macri, a España, que se impulsó durante los encuentros del G-20.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente argentino analizaron en dicha Cumbre celebrada en Buenos Aires a finales de 2018 las oportunidades de inversión que para las empresas españolas tenían las infraestructuras argentinas.