Las asociaciones empresariales, portales inmobiliarios y distintos expertos del sector han advertido de posibles efectos negativos sobre el mercado del alquiler si salen adelante los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Entre sus principales preocupaciones figuran un aumento de la incertidumbre regulatoria, una reducción de la oferta de viviendas destinadas al alquiler, una posible subida de las rentas y un menor interés por desarrollar nuevas promociones residenciales destinadas al arrendamiento. Estas valoraciones se producen antes de la votación de las medidas en el Congreso.

Desde el ámbito de la inversión inmobiliaria se apunta a una posible pérdida de atractivo del mercado residencial español. Antonio de la Fuente, responsable de Living de Colliers, considera que los cambios normativos transmiten a los inversores institucionales una percepción de inestabilidad regulatoria y advierte de que las nuevas medidas podrían dificultar la resolución judicial de determinados procedimientos de desahucio. En su opinión, las restricciones al capital privado pueden reducir la creación de nueva oferta y contribuir a agravar el déficit de vivienda existente.

También desde el sector promotor se señala un posible impacto sobre los proyectos destinados al alquiler. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), asegura que algunos asociados con promociones de built-to-rent ya estarían valorando trasladar estos proyectos al mercado de compraventa. Según su valoración, las nuevas reglas pueden frenar el desarrollo de promociones destinadas específicamente al alquiler. El representante de los promotores considera además que las medidas se centran en problemas inmediatos y lamenta que el texto finalmente aprobado no incorpore determinadas modificaciones de la Ley del Suelo que, según el sector, podrían haber facilitado la puesta en marcha de viviendas actualmente bloqueadas.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también alerta de una posible reducción de la inversión, que podría afectar no solo a grandes fondos sino también a pequeños inversores. Su presidente, José María Alfaro, señala que algunas de las limitaciones previstas alcanzan a entidades cuya actividad incluye la adquisición de inmuebles, con las excepciones contempladas en la norma. Desde su perspectiva, esta situación podría desincentivar operaciones destinadas a rehabilitar viviendas y reincorporarlas posteriormente al mercado del alquiler estable.

Otra de las principales preocupaciones del sector es el posible descenso de la oferta procedente de propietarios particulares, que constituyen la mayor parte del parque de viviendas en alquiler. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, sostiene que el aumento de las obligaciones para los arrendadores y los cambios regulatorios pueden hacer que algunos propietarios se planteen abandonar el alquiler residencial. Según estudios citados por la experta, una parte de los propietarios con contratos próximos a finalizar contempla vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de alquiler.

Desde Idealista también cuestionan que medidas como la ampliación de la duración de los contratos o las limitaciones sobre la actualización de las rentas puedan contribuir por sí mismas a incrementar el número de viviendas disponibles. Francisco Iñareta sostiene que estas disposiciones podrían tener el efecto contrario al buscado si reducen los incentivos de los propietarios para mantener sus inmuebles en el mercado residencial. El portal inmobiliario vincula esta situación con experiencias anteriores de regulación de los alquileres, aunque se trata de una interpretación del sector sobre los posibles efectos de la nueva normativa.

En cuanto a los precios, los representantes del mercado inmobiliario advierten de que una eventual reducción de la oferta podría aumentar la competencia entre los demandantes por las viviendas disponibles. María Matos señala que, si disminuye el número de inmuebles en alquiler mientras la demanda se mantiene elevada, aumentaría la presión sobre las rentas y sobre las condiciones de acceso. A ello se añadiría, según esta interpretación, el efecto de unos costes de financiación más elevados, que podrían dificultar el acceso a la vivienda en propiedad y mantener parte de la demanda en el mercado del alquiler.

Las organizaciones que representan a propietarios y empresas del sector también cuestionan el grado de seguridad jurídica de las nuevas medidas. Asval, que agrupa a distintos perfiles de propietarios e inversores residenciales, considera que determinadas disposiciones pueden afectar al derecho de propiedad, la libertad de empresa y otros principios jurídicos. Estas afirmaciones constituyen la valoración de la asociación sobre la compatibilidad y los efectos de las medidas.

También existen dudas sobre la aplicación práctica de algunos mecanismos previstos en los decretos, especialmente las compensaciones económicas vinculadas a la suspensión de determinados desahucios. Desde el sector inmobiliario se plantea cómo se tramitarán estos pagos, qué Administración asumirá el coste, qué presupuesto se utilizará y cuánto tiempo tendrá que esperar el propietario para recibir la compensación. Estas cuestiones serán relevantes para determinar el impacto efectivo de las nuevas medidas sobre los arrendadores.

(Expansión, 01-10-2026)

Las asociaciones empresariales, portales inmobiliarios y distintos expertos del sector han advertido de posibles efectos negativos sobre el mercado del alquiler si salen adelante los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Entre sus principales preocupaciones figuran un aumento de la incertidumbre regulatoria, una reducción de la oferta de viviendas destinadas al alquiler, una posible subida de las rentas y un menor interés por desarrollar nuevas promociones residenciales destinadas al arrendamiento. Estas valoraciones se producen antes de la votación de las medidas en el Congreso.

Desde el ámbito de la inversión inmobiliaria se apunta a una posible pérdida de atractivo del mercado residencial español. Antonio de la Fuente, responsable de Living de Colliers, considera que los cambios normativos transmiten a los inversores institucionales una percepción de inestabilidad regulatoria y advierte de que las nuevas medidas podrían dificultar la resolución judicial de determinados procedimientos de desahucio. En su opinión, las restricciones al capital privado pueden reducir la creación de nueva oferta y contribuir a agravar el déficit de vivienda existente.

También desde el sector promotor se señala un posible impacto sobre los proyectos destinados al alquiler. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), asegura que algunos asociados con promociones de built-to-rent ya estarían valorando trasladar estos proyectos al mercado de compraventa. Según su valoración, las nuevas reglas pueden frenar el desarrollo de promociones destinadas específicamente al alquiler. El representante de los promotores considera además que las medidas se centran en problemas inmediatos y lamenta que el texto finalmente aprobado no incorpore determinadas modificaciones de la Ley del Suelo que, según el sector, podrían haber facilitado la puesta en marcha de viviendas actualmente bloqueadas.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también alerta de una posible reducción de la inversión, que podría afectar no solo a grandes fondos sino también a pequeños inversores. Su presidente, José María Alfaro, señala que algunas de las limitaciones previstas alcanzan a entidades cuya actividad incluye la adquisición de inmuebles, con las excepciones contempladas en la norma. Desde su perspectiva, esta situación podría desincentivar operaciones destinadas a rehabilitar viviendas y reincorporarlas posteriormente al mercado del alquiler estable.

Otra de las principales preocupaciones del sector es el posible descenso de la oferta procedente de propietarios particulares, que constituyen la mayor parte del parque de viviendas en alquiler. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, sostiene que el aumento de las obligaciones para los arrendadores y los cambios regulatorios pueden hacer que algunos propietarios se planteen abandonar el alquiler residencial. Según estudios citados por la experta, una parte de los propietarios con contratos próximos a finalizar contempla vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de alquiler.

Desde Idealista también cuestionan que medidas como la ampliación de la duración de los contratos o las limitaciones sobre la actualización de las rentas puedan contribuir por sí mismas a incrementar el número de viviendas disponibles. Francisco Iñareta sostiene que estas disposiciones podrían tener el efecto contrario al buscado si reducen los incentivos de los propietarios para mantener sus inmuebles en el mercado residencial. El portal inmobiliario vincula esta situación con experiencias anteriores de regulación de los alquileres, aunque se trata de una interpretación del sector sobre los posibles efectos de la nueva normativa.

En cuanto a los precios, los representantes del mercado inmobiliario advierten de que una eventual reducción de la oferta podría aumentar la competencia entre los demandantes por las viviendas disponibles. María Matos señala que, si disminuye el número de inmuebles en alquiler mientras la demanda se mantiene elevada, aumentaría la presión sobre las rentas y sobre las condiciones de acceso. A ello se añadiría, según esta interpretación, el efecto de unos costes de financiación más elevados, que podrían dificultar el acceso a la vivienda en propiedad y mantener parte de la demanda en el mercado del alquiler.

Las organizaciones que representan a propietarios y empresas del sector también cuestionan el grado de seguridad jurídica de las nuevas medidas. Asval, que agrupa a distintos perfiles de propietarios e inversores residenciales, considera que determinadas disposiciones pueden afectar al derecho de propiedad, la libertad de empresa y otros principios jurídicos. Estas afirmaciones constituyen la valoración de la asociación sobre la compatibilidad y los efectos de las medidas.

También existen dudas sobre la aplicación práctica de algunos mecanismos previstos en los decretos, especialmente las compensaciones económicas vinculadas a la suspensión de determinados desahucios. Desde el sector inmobiliario se plantea cómo se tramitarán estos pagos, qué Administración asumirá el coste, qué presupuesto se utilizará y cuánto tiempo tendrá que esperar el propietario para recibir la compensación. Estas cuestiones serán relevantes para determinar el impacto efectivo de las nuevas medidas sobre los arrendadores.

(Expansión, 01-10-2026)

El segundo decreto de vivienda publicado hoy en el BOE establece una prórroga forzosa e indefinida de los contratos de alquiler una vez superado el periodo mínimo de cinco años de duración, o de siete años cuando el propietario sea una persona jurídica. La norma contempla, además, que los propietarios que decidan no renovar el contrato, ya sean pequeños o grandes arrendadores, deberán indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a doce mensualidades de la renta, incluso cuando hayan comunicado correctamente su voluntad de no prorrogar el contrato. La única excepción se produce cuando el propietario necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar hasta segundo grado.

La nueva regulación establece que, una vez cumplida la duración mínima del contrato, este se irá prorrogando por periodos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes comunique con seis meses de antelación su decisión de no continuar. El impacto económico de la medida puede ser relevante para los propietarios. Por ejemplo, tomando como referencia los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), el dueño de un piso de 80 metros cuadrados con ascensor situado en una segunda planta del barrio madrileño de Puerta del Ángel, fuera de la M-30, podría tener que afrontar una indemnización de entre 7.000 y 10.000 euros si decide no renovar el contrato al llegar a su vencimiento.

El contenido del decreto también introduce diferencias respecto al primer texto aprobado por el Gobierno. Entre ellas figura el plazo de preaviso, que pasa a ser de seis meses frente a los cuatro meses contemplados en el otro decreto, además de ampliar la protección de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Estas diferencias han generado críticas entre distintos grupos parlamentarios y han añadido incertidumbre sobre la tramitación de las medidas.

Junts, una de las formaciones cuyo apoyo resulta relevante para la convalidación de los decretos, ha expresado su preocupación por el contenido de las normas. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha manifestado su "decepción y preocupación" y ha reclamado mayor rigor y solvencia en el texto. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado las diferencias entre ambos decretos, ha anunciado el rechazo de su grupo y ha criticado que las medidas no incorporen actuaciones destinadas a incrementar la construcción de vivienda. Desde Podemos también se ha reclamado la retirada de los dos decretos para sustituirlos por un único texto que incluya sus propuestas, entre ellas la prórroga indefinida de los alquileres. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido a la formación responsabilidad para respaldar las medidas, mientras Podemos todavía no había concretado el sentido de su voto.

(Expansión, 01-10-2026)

El segundo decreto de vivienda publicado hoy en el BOE establece una prórroga forzosa e indefinida de los contratos de alquiler una vez superado el periodo mínimo de cinco años de duración, o de siete años cuando el propietario sea una persona jurídica. La norma contempla, además, que los propietarios que decidan no renovar el contrato, ya sean pequeños o grandes arrendadores, deberán indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a doce mensualidades de la renta, incluso cuando hayan comunicado correctamente su voluntad de no prorrogar el contrato. La única excepción se produce cuando el propietario necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar hasta segundo grado.

La nueva regulación establece que, una vez cumplida la duración mínima del contrato, este se irá prorrogando por periodos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes comunique con seis meses de antelación su decisión de no continuar. El impacto económico de la medida puede ser relevante para los propietarios. Por ejemplo, tomando como referencia los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), el dueño de un piso de 80 metros cuadrados con ascensor situado en una segunda planta del barrio madrileño de Puerta del Ángel, fuera de la M-30, podría tener que afrontar una indemnización de entre 7.000 y 10.000 euros si decide no renovar el contrato al llegar a su vencimiento.

El contenido del decreto también introduce diferencias respecto al primer texto aprobado por el Gobierno. Entre ellas figura el plazo de preaviso, que pasa a ser de seis meses frente a los cuatro meses contemplados en el otro decreto, además de ampliar la protección de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Estas diferencias han generado críticas entre distintos grupos parlamentarios y han añadido incertidumbre sobre la tramitación de las medidas.

Junts, una de las formaciones cuyo apoyo resulta relevante para la convalidación de los decretos, ha expresado su preocupación por el contenido de las normas. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha manifestado su "decepción y preocupación" y ha reclamado mayor rigor y solvencia en el texto. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado las diferencias entre ambos decretos, ha anunciado el rechazo de su grupo y ha criticado que las medidas no incorporen actuaciones destinadas a incrementar la construcción de vivienda. Desde Podemos también se ha reclamado la retirada de los dos decretos para sustituirlos por un único texto que incluya sus propuestas, entre ellas la prórroga indefinida de los alquileres. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido a la formación responsabilidad para respaldar las medidas, mientras Podemos todavía no había concretado el sentido de su voto.

(Expansión, 01-10-2026)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asumió el cargo en agosto de 2024 con el objetivo de recuperar la estabilidad institucional en Cataluña y normalizar las relaciones con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas. Paralelamente, su Ejecutivo presentó un plan de inversiones de 18.500 millones de euros hasta 2030 con el propósito de reforzar la posición económica de Cataluña. Sin embargo, los últimos datos de la Contabilidad Regional del INE muestran que la distancia respecto a Madrid, que superó a Cataluña como primera economía regional en 2017, continúa aumentando.

En 2025, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 2,7%, frente al 2,5% registrado en Cataluña, según la información más reciente del INE. El PIB madrileño alcanzó los 337.216 millones de euros, mientras que el catalán se situó en 319.985 millones, una diferencia de 17.231 millones. De esta forma, Madrid concentró cerca del 20% del PIB nacional, frente al 18,9% de Cataluña.

La evolución de los últimos años ha consolidado esta diferencia, aunque los factores que explican el comportamiento de ambas economías son diversos y no pueden atribuirse a una única causa. Entre los elementos señalados habitualmente en el debate económico figuran la evolución de la inversión empresarial, la estructura productiva, la fiscalidad, la regulación y la capacidad de atraer nuevas actividades. En el caso de Cataluña, el traslado de empresas iniciado durante el proceso independentista de 2017 continúa formando parte del análisis sobre la evolución de la inversión y la actividad económica, mientras que Madrid ha mantenido una fuerte capacidad de atracción de empresas e inversión.

En cualquier caso, Madrid y Cataluña siguen teniendo un peso determinante en la economía española, al concentrar conjuntamente una parte muy significativa del PIB nacional. El liderazgo en crecimiento regional durante 2025 correspondió, sin embargo, a otras comunidades. Murcia registró el mayor aumento, con un 3,8%, seguida de Extremadura, con un 3,2%, y La Rioja y Castilla y León, ambas con un 3%. En el extremo contrario se situaron Cantabria, con un crecimiento del 1,7%, y Asturias y País Vasco, con un 1,9% cada una.

La evolución de estas cifras deberá analizarse además teniendo en cuenta que la Contabilidad Regional incorpora revisiones estadísticas y que las posiciones relativas de las comunidades pueden variar en función de si se atiende al tamaño absoluto de sus economías, al crecimiento anual o al PIB por habitante. El INE señala que la serie regional ha sido actualizada dentro de la Revisión Estadística 2024, por lo que las comparaciones con datos de ejercicios anteriores deben realizarse con las series revisadas.

La economía española acumula cinco años consecutivos de crecimiento y todo apunta a que cerrará 2026 sumando un sexto ejercicio en positivo. Esta evolución también se ha trasladado al PIB per cápita, tanto del conjunto del país como de sus comunidades autónomas, aunque las diferencias entre territorios continúan siendo muy significativas. Todas las autonomías han mejorado su PIB por habitante en los últimos años, pero España todavía se encuentra por debajo de la media de la UE-27: 34.237 euros por habitante frente a los 41.700 euros del promedio comunitario. La diferencia alcanza así los 7.463 euros por persona.

Al cierre de 2025, únicamente dos comunidades superaban el promedio de PIB per cápita de la Unión Europea. Madrid encabezaba la clasificación, con 47.220 euros por habitante, seguida del País Vasco, con 42.492 euros. El número de autonomías que se situaban por encima de la media española era algo mayor, aunque se limitaba a siete. Navarra ocupaba la tercera posición, con 40.421 euros por habitante, mientras que Cataluña se situaba en cuarto lugar, con 39.199 euros.

En el extremo contrario, Melilla y Ceuta registraban los niveles más bajos, con 22.302 y 24.662 euros por habitante, respectivamente. Entre las comunidades peninsulares, Andalucía y Extremadura se encontraban también en la parte inferior de la clasificación, con algo más de 26.000 euros por habitante, mientras que Canarias alcanzaba los 27.190 euros. Los datos reflejan, por tanto, una mejora generalizada del PIB por habitante, pero también una considerable distancia entre los territorios con mayor nivel de renta y aquellos que continúan alejados tanto de la media nacional como del promedio europeo.

(Expansión, 01-10-2026)

El Plan de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para impulsar las economías tras la pandemia encara sus últimos meses. España ha presentado este miércoles ante la Comisión Europea la séptima y última solicitud de desembolso de fondos Next Generation, por un importe cercano a los 26.000 millones de euros, apurando hasta el último momento el plazo establecido por Bruselas para solicitar esta financiación.

El nuevo desembolso asciende a 25.862 millones de euros y se divide entre 4.400 millones en préstamos en condiciones ventajosas y 21.462 millones en transferencias a fondo perdido. La cantidad está vinculada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación español. El Ejecutivo ha remitido la solicitud apenas unas horas antes de que expirara el plazo, después de que la Comisión Europea dejara claro que no contemplaba una nueva ampliación más allá de septiembre.

Esta última petición incorpora además tres hitos vinculados al sexto desembolso que fueron reformulados durante la revisión del Plan presentada por el Gobierno este verano. El objetivo de estos cambios, según el Ministerio de Economía, era precisar su contenido para facilitar su incorporación a la solicitud del séptimo pago. Los compromisos están relacionados con el desarrollo de un sistema de formación profesional bilingüe, proyectos destinados a personas vulnerables y emprendedores y el despliegue de servicios de teleasistencia, cuya ejecución había provocado anteriormente la suspensión de 537 millones de euros correspondientes al sexto tramo.

El calendario fijado por Bruselas establece que agosto era la fecha límite para que los Estados miembros completaran los hitos y objetivos comprometidos en sus respectivos planes. Septiembre, por su parte, marcaba el final del plazo para presentar la última solicitud de pago. El proceso concluirá definitivamente a finales de diciembre, fecha límite para que la Comisión Europea realice los últimos desembolsos del programa.

Con el sexto pago, recibido este verano, España había obtenido ya cerca de 78.000 millones de euros, asociados al cumplimiento de 338 hitos y objetivos. De esta cantidad, unos 61.000 millones corresponden a transferencias y alrededor de 17.000 millones a préstamos en condiciones favorables. El Plan de Recuperación español contaba inicialmente con una asignación de 163.000 millones de euros, la segunda mayor de la Unión Europea, solo por detrás de los 193.000 millones correspondientes a Italia. Esa dotación inicial incluía 79.900 millones en transferencias y 83.200 millones en préstamos.

Si la Comisión Europea aprueba esta última solicitud, España habrá recibido finalmente unos 103.800 millones de euros del programa. La cuantía definitiva dependerá, no obstante, de la evaluación que Bruselas realice sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El país llega a este último examen después de que algunos incumplimientos hayan tenido ya consecuencias económicas: las dificultades relacionadas con la reforma de las condiciones laborales de los trabajadores interinos y con la reforma fiscal vinculada al impuesto sobre el diésel han supuesto hasta ahora una pérdida de unos 1.400 millones de euros de financiación.

(El Economista, 01-10-2026)

El Plan de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para impulsar las economías tras la pandemia encara sus últimos meses. España ha presentado este miércoles ante la Comisión Europea la séptima y última solicitud de desembolso de fondos Next Generation, por un importe cercano a los 26.000 millones de euros, apurando hasta el último momento el plazo establecido por Bruselas para solicitar esta financiación.

El nuevo desembolso asciende a 25.862 millones de euros y se divide entre 4.400 millones en préstamos en condiciones ventajosas y 21.462 millones en transferencias a fondo perdido. La cantidad está vinculada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación español. El Ejecutivo ha remitido la solicitud apenas unas horas antes de que expirara el plazo, después de que la Comisión Europea dejara claro que no contemplaba una nueva ampliación más allá de septiembre.

Esta última petición incorpora además tres hitos vinculados al sexto desembolso que fueron reformulados durante la revisión del Plan presentada por el Gobierno este verano. El objetivo de estos cambios, según el Ministerio de Economía, era precisar su contenido para facilitar su incorporación a la solicitud del séptimo pago. Los compromisos están relacionados con el desarrollo de un sistema de formación profesional bilingüe, proyectos destinados a personas vulnerables y emprendedores y el despliegue de servicios de teleasistencia, cuya ejecución había provocado anteriormente la suspensión de 537 millones de euros correspondientes al sexto tramo.

El calendario fijado por Bruselas establece que agosto era la fecha límite para que los Estados miembros completaran los hitos y objetivos comprometidos en sus respectivos planes. Septiembre, por su parte, marcaba el final del plazo para presentar la última solicitud de pago. El proceso concluirá definitivamente a finales de diciembre, fecha límite para que la Comisión Europea realice los últimos desembolsos del programa.

Con el sexto pago, recibido este verano, España había obtenido ya cerca de 78.000 millones de euros, asociados al cumplimiento de 338 hitos y objetivos. De esta cantidad, unos 61.000 millones corresponden a transferencias y alrededor de 17.000 millones a préstamos en condiciones favorables. El Plan de Recuperación español contaba inicialmente con una asignación de 163.000 millones de euros, la segunda mayor de la Unión Europea, solo por detrás de los 193.000 millones correspondientes a Italia. Esa dotación inicial incluía 79.900 millones en transferencias y 83.200 millones en préstamos.

Si la Comisión Europea aprueba esta última solicitud, España habrá recibido finalmente unos 103.800 millones de euros del programa. La cuantía definitiva dependerá, no obstante, de la evaluación que Bruselas realice sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. El país llega a este último examen después de que algunos incumplimientos hayan tenido ya consecuencias económicas: las dificultades relacionadas con la reforma de las condiciones laborales de los trabajadores interinos y con la reforma fiscal vinculada al impuesto sobre el diésel han supuesto hasta ahora una pérdida de unos 1.400 millones de euros de financiación.

(El Economista, 01-10-2026)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asumió el cargo en agosto de 2024 con el objetivo de recuperar la estabilidad institucional en Cataluña y normalizar las relaciones con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas. Paralelamente, su Ejecutivo presentó un plan de inversiones de 18.500 millones de euros hasta 2030 con el propósito de reforzar la posición económica de Cataluña. Sin embargo, los últimos datos de la Contabilidad Regional del INE muestran que la distancia respecto a Madrid, que superó a Cataluña como primera economía regional en 2017, continúa aumentando.

En 2025, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 2,7%, frente al 2,5% registrado en Cataluña, según la información más reciente del INE. El PIB madrileño alcanzó los 337.216 millones de euros, mientras que el catalán se situó en 319.985 millones, una diferencia de 17.231 millones. De esta forma, Madrid concentró cerca del 20% del PIB nacional, frente al 18,9% de Cataluña.

La evolución de los últimos años ha consolidado esta diferencia, aunque los factores que explican el comportamiento de ambas economías son diversos y no pueden atribuirse a una única causa. Entre los elementos señalados habitualmente en el debate económico figuran la evolución de la inversión empresarial, la estructura productiva, la fiscalidad, la regulación y la capacidad de atraer nuevas actividades. En el caso de Cataluña, el traslado de empresas iniciado durante el proceso independentista de 2017 continúa formando parte del análisis sobre la evolución de la inversión y la actividad económica, mientras que Madrid ha mantenido una fuerte capacidad de atracción de empresas e inversión.

En cualquier caso, Madrid y Cataluña siguen teniendo un peso determinante en la economía española, al concentrar conjuntamente una parte muy significativa del PIB nacional. El liderazgo en crecimiento regional durante 2025 correspondió, sin embargo, a otras comunidades. Murcia registró el mayor aumento, con un 3,8%, seguida de Extremadura, con un 3,2%, y La Rioja y Castilla y León, ambas con un 3%. En el extremo contrario se situaron Cantabria, con un crecimiento del 1,7%, y Asturias y País Vasco, con un 1,9% cada una.

La evolución de estas cifras deberá analizarse además teniendo en cuenta que la Contabilidad Regional incorpora revisiones estadísticas y que las posiciones relativas de las comunidades pueden variar en función de si se atiende al tamaño absoluto de sus economías, al crecimiento anual o al PIB por habitante. El INE señala que la serie regional ha sido actualizada dentro de la Revisión Estadística 2024, por lo que las comparaciones con datos de ejercicios anteriores deben realizarse con las series revisadas.

La economía española acumula cinco años consecutivos de crecimiento y todo apunta a que cerrará 2026 sumando un sexto ejercicio en positivo. Esta evolución también se ha trasladado al PIB per cápita, tanto del conjunto del país como de sus comunidades autónomas, aunque las diferencias entre territorios continúan siendo muy significativas. Todas las autonomías han mejorado su PIB por habitante en los últimos años, pero España todavía se encuentra por debajo de la media de la UE-27: 34.237 euros por habitante frente a los 41.700 euros del promedio comunitario. La diferencia alcanza así los 7.463 euros por persona.

Al cierre de 2025, únicamente dos comunidades superaban el promedio de PIB per cápita de la Unión Europea. Madrid encabezaba la clasificación, con 47.220 euros por habitante, seguida del País Vasco, con 42.492 euros. El número de autonomías que se situaban por encima de la media española era algo mayor, aunque se limitaba a siete. Navarra ocupaba la tercera posición, con 40.421 euros por habitante, mientras que Cataluña se situaba en cuarto lugar, con 39.199 euros.

En el extremo contrario, Melilla y Ceuta registraban los niveles más bajos, con 22.302 y 24.662 euros por habitante, respectivamente. Entre las comunidades peninsulares, Andalucía y Extremadura se encontraban también en la parte inferior de la clasificación, con algo más de 26.000 euros por habitante, mientras que Canarias alcanzaba los 27.190 euros. Los datos reflejan, por tanto, una mejora generalizada del PIB por habitante, pero también una considerable distancia entre los territorios con mayor nivel de renta y aquellos que continúan alejados tanto de la media nacional como del promedio europeo.

(Expansión, 01-10-2026)

El Consejo Fiscal Europeo, organismo asesor independiente encargado de supervisar la evolución de las finanzas públicas comunitarias, ha puesto en cuestión la forma en que España ha gestionado sus desviaciones presupuestarias y el recurso a la cláusula de escape para las inversiones en Defensa, que permitió al Gobierno evitar el análisis previo a una posible apertura de un procedimiento por déficit excesivo.

El organismo considera que el caso español constituye una prueba para el nuevo marco de reglas fiscales de la UE. Según sus cálculos, la desviación de España respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada alcanzó el 0,4% del PIB en 2025 y podría situarse en el 0,6% en 2026. Ambos porcentajes superan el margen anual del 0,3% establecido por las normas comunitarias, de modo que la previsión para este año duplicaría ese límite.

La situación resulta especialmente relevante porque España mantiene una deuda pública por encima del umbral europeo del 60% del PIB. En circunstancias ordinarias, una desviación de estas características habría podido llevar a la Comisión Europea a examinar el cumplimiento del criterio de deuda dentro del procedimiento por déficit excesivo.

El informe también analiza el momento en que España solicitó acogerse a la excepción vinculada al incremento del gasto en Defensa. El Gobierno presentó la petición el 13 de abril, apenas dos semanas antes de remitir su informe anual de progreso, mientras que la mayoría de los países que recurrieron a esta posibilidad lo habían solicitado un año antes. A juicio del Consejo Fiscal Europeo, el momento elegido fue determinante para que España quedara fuera de ese análisis.

El organismo pone además el foco en la relación entre el aumento del gasto militar y la desviación presupuestaria registrada. El incremento de la partida de Defensa entre 2024 y 2025 representó alrededor del 0,1% del PIB, mientras que el exceso de gasto respecto a la trayectoria recomendada fue cuatro veces superior. El Consejo Fiscal considera, por tanto, que la mayor parte de la desviación tuvo su origen en partidas distintas de Defensa y cuestiona que la cláusula de escape pueda utilizarse como cobertura cuando el incremento del gasto militar explica solo una parte reducida del desequilibrio.

El análisis también señala el comportamiento de la economía española. El país ha registrado un crecimiento del PIB nominal superior al previsto al mismo tiempo que el gasto neto ha evolucionado por encima de la senda recomendada. El Consejo Fiscal califica esta combinación de procíclica, al considerar que el aumento del gasto público durante una fase de crecimiento económico reduce el margen disponible para afrontar futuras situaciones adversas.

Las reglas comunitarias mantienen asimismo el control sobre la evolución de la deuda y sobre el cumplimiento de los compromisos presupuestarios destinados a reducirla. El procedimiento por déficit excesivo constituye el principal mecanismo correctivo de la UE y puede activarse, entre otros motivos, cuando un Estado incumple el criterio de deuda.

La flexibilidad concedida a España fue respaldada por el Consejo de la UE el 12 de junio. La autorización se extiende durante cuatro años y permite un margen adicional de gasto de hasta el 1,5% del PIB. No obstante, esta excepción está limitada a las necesidades vinculadas a Defensa y no supone una suspensión general de las reglas fiscales europeas. El resto del gasto público continúa sujeto a los compromisos presupuestarios establecidos en el nuevo marco comunitario.

El Consejo Fiscal Europeo también reclama un seguimiento más exhaustivo de las reformas asociadas a los planes nacionales. España se encuentra entre los ocho Estados miembros a los que se ha permitido una adaptación más gradual a cambio de ejecutar determinadas inversiones y reformas estructurales. El presidente del organismo, Pieter Hasekamp, considera necesario que la Comisión Europea compruebe con mayor detalle que esos compromisos se incorporan efectivamente a la legislación y se aplican en la práctica, más allá de una revisión centrada principalmente en aspectos procedimentales.

En este contexto, el organismo reclama mayor transparencia sobre las previsiones de ingresos, las desviaciones del gasto y los criterios utilizados para decidir cuándo procede abrir un expediente. Su planteamiento incide en la necesidad de que las excepciones previstas en las reglas fiscales mantengan condiciones claras y verificables para preservar la credibilidad de los compromisos asumidos por los Estados miembros.

Por otro lado, el Consejo Fiscal Europeo ha pedido a los gobiernos de la eurozona que eviten repetir las políticas de apoyo generalizado aplicadas durante la crisis energética de 2022. Ante el nuevo encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán, el organismo considera que la respuesta presupuestaria en 2027 debería centrarse en cumplir los ajustes previstos en el nuevo marco fiscal europeo, en lugar de recurrir nuevamente a programas generales de ayudas dirigidos a consumidores y empresas.

(El Economista, 02-10-2026)

El Consejo Fiscal Europeo, organismo asesor independiente encargado de supervisar la evolución de las finanzas públicas comunitarias, ha puesto en cuestión la forma en que España ha gestionado sus desviaciones presupuestarias y el recurso a la cláusula de escape para las inversiones en Defensa, que permitió al Gobierno evitar el análisis previo a una posible apertura de un procedimiento por déficit excesivo.

El organismo considera que el caso español constituye una prueba para el nuevo marco de reglas fiscales de la UE. Según sus cálculos, la desviación de España respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada alcanzó el 0,4% del PIB en 2025 y podría situarse en el 0,6% en 2026. Ambos porcentajes superan el margen anual del 0,3% establecido por las normas comunitarias, de modo que la previsión para este año duplicaría ese límite.

La situación resulta especialmente relevante porque España mantiene una deuda pública por encima del umbral europeo del 60% del PIB. En circunstancias ordinarias, una desviación de estas características habría podido llevar a la Comisión Europea a examinar el cumplimiento del criterio de deuda dentro del procedimiento por déficit excesivo.

El informe también analiza el momento en que España solicitó acogerse a la excepción vinculada al incremento del gasto en Defensa. El Gobierno presentó la petición el 13 de abril, apenas dos semanas antes de remitir su informe anual de progreso, mientras que la mayoría de los países que recurrieron a esta posibilidad lo habían solicitado un año antes. A juicio del Consejo Fiscal Europeo, el momento elegido fue determinante para que España quedara fuera de ese análisis.

El organismo pone además el foco en la relación entre el aumento del gasto militar y la desviación presupuestaria registrada. El incremento de la partida de Defensa entre 2024 y 2025 representó alrededor del 0,1% del PIB, mientras que el exceso de gasto respecto a la trayectoria recomendada fue cuatro veces superior. El Consejo Fiscal considera, por tanto, que la mayor parte de la desviación tuvo su origen en partidas distintas de Defensa y cuestiona que la cláusula de escape pueda utilizarse como cobertura cuando el incremento del gasto militar explica solo una parte reducida del desequilibrio.

El análisis también señala el comportamiento de la economía española. El país ha registrado un crecimiento del PIB nominal superior al previsto al mismo tiempo que el gasto neto ha evolucionado por encima de la senda recomendada. El Consejo Fiscal califica esta combinación de procíclica, al considerar que el aumento del gasto público durante una fase de crecimiento económico reduce el margen disponible para afrontar futuras situaciones adversas.

Las reglas comunitarias mantienen asimismo el control sobre la evolución de la deuda y sobre el cumplimiento de los compromisos presupuestarios destinados a reducirla. El procedimiento por déficit excesivo constituye el principal mecanismo correctivo de la UE y puede activarse, entre otros motivos, cuando un Estado incumple el criterio de deuda.

La flexibilidad concedida a España fue respaldada por el Consejo de la UE el 12 de junio. La autorización se extiende durante cuatro años y permite un margen adicional de gasto de hasta el 1,5% del PIB. No obstante, esta excepción está limitada a las necesidades vinculadas a Defensa y no supone una suspensión general de las reglas fiscales europeas. El resto del gasto público continúa sujeto a los compromisos presupuestarios establecidos en el nuevo marco comunitario.

El Consejo Fiscal Europeo también reclama un seguimiento más exhaustivo de las reformas asociadas a los planes nacionales. España se encuentra entre los ocho Estados miembros a los que se ha permitido una adaptación más gradual a cambio de ejecutar determinadas inversiones y reformas estructurales. El presidente del organismo, Pieter Hasekamp, considera necesario que la Comisión Europea compruebe con mayor detalle que esos compromisos se incorporan efectivamente a la legislación y se aplican en la práctica, más allá de una revisión centrada principalmente en aspectos procedimentales.

En este contexto, el organismo reclama mayor transparencia sobre las previsiones de ingresos, las desviaciones del gasto y los criterios utilizados para decidir cuándo procede abrir un expediente. Su planteamiento incide en la necesidad de que las excepciones previstas en las reglas fiscales mantengan condiciones claras y verificables para preservar la credibilidad de los compromisos asumidos por los Estados miembros.

Por otro lado, el Consejo Fiscal Europeo ha pedido a los gobiernos de la eurozona que eviten repetir las políticas de apoyo generalizado aplicadas durante la crisis energética de 2022. Ante el nuevo encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán, el organismo considera que la respuesta presupuestaria en 2027 debería centrarse en cumplir los ajustes previstos en el nuevo marco fiscal europeo, en lugar de recurrir nuevamente a programas generales de ayudas dirigidos a consumidores y empresas.

(El Economista, 02-10-2026)