A partir de este martes, 1 de octubre, la medida del Gobierno que fijaba el IVA en el 0% para productos básicos como el pan, los huevos, las verduras, la fruta y el aceite de oliva deja de aplicarse. Desde ese día, el tipo de IVA subirá al 2% y se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Esta decisión forma parte de un real decreto aprobado en junio, en el que el Gobierno extendió las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que han provocado un incremento en los precios. Según Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, "el IVA sobre los alimentos tiene un efecto acelerador en un contexto de alza de precios".

El aceite de oliva ha sido el producto con mayor incremento de precio en el último año, de acuerdo con los datos del IPC de agosto. Las altas temperaturas registradas en los últimos dos años, con olas de calor de más de 35 grados en primavera, han reducido la producción de los olivos a la mitad, lo que ha llevado a un aumento sin precedentes en su precio, afectando tanto al mercado local como internacional. En términos interanuales, el precio del aceite de oliva subió un 25,1% en agosto de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, acumulando un alza del 170,5% desde enero de 2021. Por lo tanto, no basta con una simple reducción del IVA para aliviar el gasto de los consumidores; solo una mejora en las cosechas podría frenar la escalada de precios.

El decreto también introdujo cambios en el IVA del aceite de oliva, que ya había pasado del 10% al 5%, y luego al 0% desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que este producto sería considerado parte de la cesta de productos básicos, por lo que su tipo impositivo será siempre superreducido, lo que en España equivale al 4%. Esto significa que, una vez finalice la medida temporal, el IVA del aceite de oliva será del 4% en lugar del 10%, como lo fue anteriormente.

Además, productos como la pasta y los aceites de semilla también se beneficiaron de esta medida, que comenzó en enero de 2023 y ha sido prorrogada cada seis meses. La reducción del 5% en el IVA para estos productos se extendió hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo impositivo se elevará al 7,5%, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la retirada gradual de las medidas anticrisis.

Según Balado, la inflación fue responsable de más de la mitad del aumento del IVA soportado por los hogares en 2022. También señaló que Hacienda alcanzó cifras récord de recaudación por este impuesto, con un incremento del 13,4%, debido al aumento del consumo y a una reconfiguración de la cesta de la compra, donde los productos con IVA normal ganaron protagonismo frente a aquellos con tipos superreducidos o reducidos. "Así, las rebajas en el IVA mitigaron solo en parte el impacto fiscal del aumento de precios", comenta el académico.

Los últimos datos de inflación en España indican una mejora significativa, situándose en un 1,5% en septiembre, su nivel más bajo en tres años y medio (desde marzo de 2021), marcando además cuatro meses consecutivos de descensos interanuales, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, también cayó tres décimas, hasta el 2,4%.

Para Balado, la moderación de la inflación provoca un aumento progresivo del IVA. Además, el recargo de equivalencia -el impuesto adicional que los comerciantes minoristas deben pagar cuando adquieren productos para su venta final- se establecerá en un 0,26%. Esto afectará a productos como el pan, las harinas de panificación, la leche, los quesos, los huevos y frutas, verduras y cereales en su estado natural. Por lo tanto, aunque la inflación esté disminuyendo, los consumidores podrían no notar su efecto debido al impacto del aumento del IVA en los precios finales, concluye el experto.

(El País, 01-10-2024)

El debate sobre la escasez de mano de obra resulta llamativo, dado que España tiene la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. Sin embargo, este asunto continúa ganando relevancia en el ámbito económico. Según el Banco de España, el 42,8% de las empresas consideran que las dificultades para encontrar trabajadores amenazan su actividad. Esta percepción contrasta con los datos de Eurostat, que indican que el 19,4% de la fuerza laboral en nuestro país está desaprovechada, lo que equivale a 4,9 millones de personas.

Desde el fin de la crisis financiera, España ha logrado reducir significativamente este indicador, que alcanzó su máximo histórico del 37% en 2013. La cifra registrada en el segundo trimestre de 2023 es la más baja desde que se tiene registro (a partir de 2009), pero esta mejora no es suficiente para que España deje de liderar en "holgura laboral", un indicador que mide la cantidad de trabajadores potenciales que una economía no aprovecha.

La media de la UE se sitúa en el 11,7%, mientras que en la zona euro es del 12,7%. En Alemania, uno de los países con mayor tasa de vacantes, el índice es del 7,1%, en Francia del 14,1% y en Italia del 16,1%. Finlandia y Suecia registran tasas del 18% y 17,5%, respectivamente. Para entender mejor estos datos, es fundamental conocer cómo se elaboran.

La holgura laboral se basa en el concepto de "fuerza laboral ampliada", que incluye no solo a los ocupados y desempleados que buscan activamente empleo, como lo hacen las encuestas de población activa (EPA) del INE o la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, sino también a los desempleados que no cumplen con los requisitos de búsqueda activa o disponibilidad inmediata, así como a los subempleados a tiempo parcial, es decir, aquellos que trabajan menos horas de las que desearían.

En España, el 19,4% de holgura se distribuye en un 11,2% de desempleo, un 4,4% de subempleo (el segundo más alto de la UE después de Países Bajos), un 2,8% de personas que quieren trabajar pero no buscan activamente empleo, y un 1% de aquellos que sí buscan empleo pero no están disponibles de inmediato. Estas dos últimas categorías, conocidas como "parados ocultos", suman 958.000 personas, un porcentaje que se encuentra en la media de la UE.

A pesar de esto, el total de mano de obra no clasificada como desempleada aporta 8,2 puntos porcentuales a la holgura adicional, lo que coloca a España en el cuarto lugar más alto de la UE, después de Finlandia, Suecia e Italia.

La reducción de este indicador en España en los últimos años se debe principalmente a la caída del desempleo según su definición tradicional, y en menor medida, a la disminución de los desempleados desanimados y los subempleados. En este contexto, sigue siendo sorprendente que las empresas españolas continúen reportando una falta de mano de obra.

(El Economista, 01-10-2024)

La pandemia de la covid-19 y la posterior crisis inflacionaria llevaron a muchos gobiernos a implementar medidas fiscales de alivio para reducir el impacto en hogares y empresas. Sin embargo, según el informe anual de la OCDE sobre reformas fiscales, ese ciclo de reducciones ha llegado a su fin. El informe, que analiza las políticas fiscales de 90 países, entre ellos España, muestra un cambio en la tendencia hacia un aumento de impuestos, particularmente en el ámbito empresarial y del consumo, y un incremento de las cotizaciones sociales.

En 2023, se observó un giro en la política fiscal global. Durante los años anteriores, muchos países optaron por recortes impositivos para mitigar los efectos de la crisis, con reducciones temporales en impuestos como el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. España, por ejemplo, redujo el IRPF para las rentas más bajas y bajó el IVA de productos básicos, al tiempo que aumentó las cotizaciones sociales.

No obstante, desde el año pasado, esta tendencia se ha revertido. El informe señala que hay una desaceleración en la reducción de impuestos observada durante la pandemia y la crisis inflacionaria. En su lugar, se ha incrementado el uso de medidas que amplían la base impositiva y suben las tasas en diferentes categorías fiscales.

Uno de los cambios más notables se ha dado en el impuesto sobre sociedades, que había experimentado una disminución constante desde el año 2000, pasando del 28,2% al 20% en 2022. Sin embargo, en 2023 esta tendencia cambió, y la tasa promedio subió al 21,1%. Aunque este aumento no fue uniforme, algunos países relevantes lo implementaron. Además, otros países, como los Emiratos Árabes Unidos y Barbados, que no tenían impuesto sobre sociedades, lo introdujeron en respuesta a la presión internacional para combatir la evasión fiscal.

En el ámbito de las cotizaciones sociales, muchos países han incrementado estas aportaciones debido al envejecimiento de la población, que demanda mayores recursos para los sistemas de protección social. La OCDE apunta que hay una tendencia creciente a ampliar y aumentar estas cotizaciones para asegurar la sostenibilidad de estos sistemas.

El informe también destaca un aumento en la progresividad del IRPF en varios países. En respuesta a la inflación y el aumento del coste de vida, muchas jurisdicciones han reformado sus sistemas fiscales para reducir la carga sobre los hogares de ingresos bajos y medios, al tiempo que aumentan las tasas para las rentas más altas. Las presiones sobre los ingresos también impulsaron a muchos gobiernos a reducir los impuestos sobre la energía en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, algunos países han aumentado el impuesto al carbono en 2023 para apoyar la transición hacia una economía verde.

España ha seguido estas tendencias globales. Ha prorrogado la reducción del IVA en electricidad y gas hasta junio de 2024 para aliviar el coste energético en los hogares, y ha aplicado un IVA reducido en alimentos básicos. Sin embargo, algunas de estas medidas comenzarán a revertirse desde octubre. Además, el país ha implementado un nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para aumentar las cotizaciones sociales con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población. También se han creado incentivos fiscales para promover la compra de vehículos eléctricos y la instalación de estaciones de recarga.

En cuanto al IRPF, España aumentó las deducciones para las rentas del trabajo y las desgravaciones por alquiler, y subió ligeramente los impuestos a las rentas del ahorro y el capital para aquellos con ingresos superiores a 200.000 euros anuales. Además, se ha implementado un impuesto mínimo del 15% sobre sociedades, y se crearon nuevos impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas, que se han beneficiado de la subida de precios.

(El País, 01-10-2024)

A finales de 2013, RREEF presentó una demanda de arbitraje contra España, reclamando una compensación por las pérdidas sufridas tras los recortes a las subvenciones para proyectos de energías renovables implementados por el gobierno de Mariano Rajoy. Este fondo de inversión, vinculado a Deutsche Bank, ganó un laudo de 59,6 millones de euros, siendo el primero de muchos inversores internacionales que decidieron acudir a tratados internacionales para solicitar compensaciones por la eliminación de las primas.

Desde entonces, numerosas empresas y fondos que financiaron proyectos renovables han recurrido en masa a arbitrajes de inversión, la mayoría de ellos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad de arbitraje del Banco Mundial. España ha acumulado una deuda total que supera los 1.880 millones de euros debido a los laudos ya perdidos. De esta cantidad, 1.560 millones corresponden a indemnizaciones y 320 millones adicionales a intereses por demora y condenas en costas, según los datos del portal Spanish Renewable Debt.

El episodio más reciente en esta serie de arbitrajes ocurrió el jueves pasado, cuando un tribunal federal de Estados Unidos autorizó, por primera vez, la ejecución de un laudo favorable a la empresa japonesa JGC. Este fallo obliga a España a pagar una indemnización de 23,5 millones de euros, más 5,5 millones en intereses por demora y casi 2 millones en costas. JGC presentó su demanda de arbitraje en 2015 ante el Ciadi, alegando perjuicios en un proyecto conjunto con Abengoa para construir dos centrales termosolares en El Carpio (Córdoba).

Esta decisión del tribunal estadounidense para el Distrito de Columbia permite a la empresa nipona, que ha sido asesorada por los despachos Cuatrecasas y Nagashima Ohno & Tsunematsu, iniciar procedimientos para recuperar el dinero pendiente, incluso mediante el embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense.

Según fuentes del sector, "estos arbitrajes se han convertido en el principal conflicto jurídico internacional para España", que ya ha recibido 25 laudos en contra. Las ejecuciones de estos laudos y los procesos legales están en marcha en varios países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo e Israel.

Algunos de los casos más importantes implican compensaciones superiores a los 100 millones de euros, como en los arbitrajes presentados por NextEra, una de las mayores compañías eléctricas del mundo, y el fondo francés Antin. Bufetes como Freshfields, A&O Shearman y Cuatrecasas tienen un rol destacado en estos procesos, asesorando a los demandantes.

En otros casos, como los de las compañías japonesas Eurus y E.On, ya se han dictado laudos, pero España ha presentado solicitudes de anulación que están pendientes de resolución. E.On, por ejemplo, recibió en enero de este año una sentencia que ordenaba a España indemnizarla con casi 300 millones de euros, y ha sido representada por el despacho alemán Luther.

A pesar de la avalancha de fallos en contra, España aún no ha pagado ninguna indemnización. Un portavoz de uno de los despachos implicados señaló que "la estrategia de la Abogacía del Estado ha sido seguir litigando" para defender los intereses del país, argumentando que los arbitrajes entre empresas europeas y Estados de la UE no son válidos, basándose en precedentes como los casos Achmea y Komstroy, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que estos arbitrajes al amparo del Tratado de la Carta de la Energía son incompatibles con la legislación comunitaria.

El fallo más reciente del tribunal federal de Estados Unidos en el caso de JGC rechazó los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción y la incompatibilidad con la legislación de la UE, y determinó que el laudo debe ser reconocido y ejecutado como una sentencia emitida por la justicia estadounidense. Como resultado, algunos demandantes han iniciado procesos legales para embargar bienes del Estado español en el extranjero. Aunque los tribunales reconozcan la validez de los laudos, esto no significa que puedan ejecutarse de inmediato, ya que requiere procedimientos adicionales que España puede bloquear. En países como Reino Unido y Bélgica, estos procesos han avanzado.

En agosto de 2023, el Tribunal Superior de Londres ordenó el embargo provisional del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un edificio histórico propiedad del Estado español en la capital británica. Este embargo está relacionado con la ejecución del laudo en el caso Antin, que reclama 120 millones de euros a España.

Meses antes, la misma corte emitió una orden preliminar que permitiría a Antin reclamar 120 millones de los 855 millones que España debería recibir como compensación por el desastre del Prestige, si gana el litigio contra la aseguradora del petrolero. Además, la justicia británica también bloqueó las cuentas de todos los Institutos Cervantes en Reino Unido.

(Expansión, 01-10-2024)

"Si yo ya estaba allí y hacía todo el trabajo, ¿para qué iban a contratar a alguien más?" se pregunta con una mezcla de indignación y tristeza H.T.M., un funcionario del Ayuntamiento de León. A sus 66 años, y a punto de jubilarse, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León le ha concedido una indemnización de 150.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la sobrecarga laboral que sufrió durante años, al asumir en solitario el trabajo destinado para tres personas.

La situación de "carga de trabajo inasumible", descrita en la sentencia, comenzó en 2014. H.T.M., abogado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento con 43 años de servicio, era uno de los tres letrados del departamento de servicios jurídicos. Aquel año, uno de sus compañeros se dio de baja por incapacidad temporal, que luego se convirtió en permanente, hasta que falleció. Esta plaza no fue repuesta, dejando solo a dos abogados. Entre 2016 y 2019, el otro letrado estuvo de baja en varias ocasiones, sin ser sustituido, lo que dejó a H.T.M. como único abogado durante largos periodos.

En 2020, ese compañero pasó a una situación de servicios especiales y su puesto fue cubierto durante solo ocho meses. En 2022, H.T.M. cayó de baja durante dos meses, lo que llevó al ayuntamiento a contratar finalmente a dos abogados interinos. Estos siguen ocupando sus puestos junto a él.

Según el fallo judicial, entre 2014 y 2022, H.T.M. asumió en solitario las tareas de tres personas, debido a la falta de reposición de personal. El juez calificó esta situación como un caso de "daños continuados" y responsabilizó al Ayuntamiento por su "pasividad" al no resolver el exceso de trabajo hasta que se contrató a los interinos. Además, señaló que H.T.M. había advertido repetidamente de la situación, tanto verbalmente como por escrito, sin que se tomaran medidas durante nueve años.

El juez determinó que la sobrecarga de trabajo afectó la salud de H.T.M. y vulneró su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. También afirmó que la Administración incumplió su deber de proteger la integridad física del trabajador, según lo estipulado en el artículo 15 de la Constitución española.

La indemnización se calculó en función del salario y las retribuciones complementarias de los puestos no cubiertos, excluyendo el complemento de productividad. H.T.M., que se representó a sí mismo, explicó que la compensación (unos 150.000 euros más intereses) es aproximadamente la mitad de lo que había solicitado inicialmente, ya que parte de las reclamaciones se consideraron prescritas. A pesar de ello, lamenta que el ahorro para el ayuntamiento por no cubrir las vacantes sea mayor que la indemnización.

El Ayuntamiento de León ha recurrido la sentencia, por lo que el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se espera se pronuncie en unos 9 o 10 meses. H.T.M. se mostró especialmente molesto con la defensa del Ayuntamiento, que alegó que él asumió voluntariamente la sobrecarga de trabajo. Rechaza esta afirmación, argumentando que su labor incluye atender juicios y plazos legales, lo que de no hacer, dejaría a la Administración sin defensa.

También criticó la actitud del Ayuntamiento cuando, al cumplir 65 años, solicitó una prórroga en su puesto y se la denegaron alegando que había actuado de "mala fe". Esta decisión fue posteriormente revocada y H.T.M. pudo regresar al trabajo tras un mes. La sentencia calificó el informe que justificaba la negativa como "aberrante e inadmisible". A pesar de todo, H.T.M. asegura que mantiene una buena relación con sus compañeros y superiores, y que seguirá trabajando hasta su último día, comprometido con la defensa de los intereses municipales.

(El País, 01-10-2024)

La Seguridad Social ha presentado su informe mensual sobre la ejecución presupuestaria, en el cual se detallan los ingresos y gastos de la administración. El gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) ha aumentado un 17,6% en los primeros ocho meses del año, alcanzando los 10.422 millones de euros. Este gasto ya representa el 86% del presupuesto estimado para todo el año, lo que ha obligado a la Seguridad Social a incrementar en 3.200 millones la partida asignada para cubrir estas bajas laborales.

En los primeros ocho meses del año, la Seguridad Social ha registrado un saldo positivo de 1.619 millones de euros, lo que equivale al 0,1% del PIB, con unos ingresos totales de 145.585 millones de euros (un 6,6% más que el año anterior) frente a unos gastos de 143.966 millones, que han aumentado un 7,6% interanual.

Este balance positivo se debe en parte a las transferencias del Tesoro y al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. El sistema ha recaudado 109.740 millones de euros en cotizaciones, lo que supone un 7,9% más que en el mismo periodo de 2023 y un 33,4% más que en 2019, antes de la pandemia. Además, la Seguridad Social ha recibido más de 34.000 millones en transferencias del Tesoro.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde enero de 2023, ha recaudado 2.443 millones de euros hasta agosto, lo que representa un aumento del 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento en los ingresos por cotizaciones se ha visto impulsado por las aportaciones de los trabajadores ocupados, que han aumentado un 7,8% interanual, sumando 103.604 millones de euros. Las cotizaciones de los desempleados también crecieron un 8,5%, alcanzando los 6.137 millones de euros.

Hasta el mes de julio, los Fondos de Seguridad Social, que incluyen los datos del sistema, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), arrojaron un saldo positivo de 4.033 millones de euros. En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 144.059 millones de euros hasta agosto, un 7,6% más que en el año anterior, mientras que los pagos aumentaron un 7,7%, situándose en 143.694 millones de euros.

En cuanto a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 135.330 millones de euros hasta agosto, un 8,2% más que en 2023, representando el 94% del gasto total del sistema de Seguridad Social. La mayor parte de este gasto, 124.236 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento del 8%. El gasto en pensiones contributivas, que incluyen las de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y otras, ascendió a 110.461 millones de euros, un 7,3% más, impulsado por el aumento del número de pensionistas (+1,4%), la subida del 5,1% en la pensión media y la revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas en 2023.

Por otro lado, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores, lactancia, riesgos durante el embarazo y enfermedades graves en menores crecieron un 7,6%, alcanzando los 2.859 millones de euros.

El gasto en pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos, se incrementó un 9,8%, llegando a 11.094 millones de euros, impulsado por la revalorización del 6,9% aplicada este año. De esta cifra, 7.148 millones corresponden a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,6%), mientras que el resto se destinó a subsidios y otras prestaciones no contributivas, que aumentaron un 14,2%, alcanzando los 3.946 millones de euros. Dentro de esta última categoría, 3.669 millones se destinaron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, lo que supone un aumento del 12,3% respecto a 2023.

(El Economista, 01-10-2024)

En el segundo trimestre, los hogares en España alcanzaron una tasa de ahorro del 21,2% de su renta disponible bruta, comparado con el 19,6% registrado en el mismo periodo de 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Durante este trimestre, los hogares gastaron menos de lo que ingresaron, lo que llevó a un aumento del 8,7% interanual en su renta disponible, alcanzando los 278.195 millones de euros. Por otro lado, el gasto en consumo ascendió a 219.807 millones de euros, lo que representó un incremento del 6,7%.

Como resultado, los hogares lograron ahorrar 59.031 millones de euros en este periodo, lo que supone un aumento del 17,6% respecto al segundo trimestre de 2023. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro ajustada alcanzó el 13,1% de la renta disponible, un punto por debajo del trimestre anterior.

Este nivel de ahorro permitió a los hogares financiar sus inversiones en el segundo trimestre, generando una capacidad de financiación de 41.212 millones de euros, un aumento del 20,3% en comparación con los 34.265 millones del mismo trimestre de 2023. Entre abril y junio, la economía española registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 16.664 millones de euros, lo que equivale al 4,2% del PIB, superando los 11.245 millones de euros de hace un año.

Este resultado se debe principalmente a la capacidad de financiación de los hogares y las instituciones financieras, en contraste con la necesidad de financiación de las sociedades no financieras y las administraciones públicas (AAPP).

Las administraciones públicas registraron un déficit de 27.800 millones de euros en el segundo trimestre, 4.444 millones menos que en el mismo periodo de 2023, cuando su necesidad de financiación alcanzó los 32.244 millones de euros. Ajustando por estacionalidad, la necesidad de financiación de las AAPP representó el 3,2% del PIB, una décima más que en el primer trimestre.

Por otro lado, las instituciones financieras mostraron una capacidad de financiación de 11.603 millones de euros entre abril y junio, frente a los 7.720 millones del año anterior (+50,3%). En cambio, las sociedades no financieras presentaron un saldo negativo de 8.351 millones de euros, en contraste con el saldo positivo de 1.504 millones de euros en el segundo trimestre de 2023. Ajustando por efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía española en el segundo trimestre se situó en el 4,2% del PIB, dos décimas más que en el trimestre anterior.

(El Periódico, 01-10-2024)

La integración del mercado único, preservando los valores europeos y promoviendo el crecimiento empresarial e innovación, son algunas de las claves que destacó el ex primer ministro italiano, Mario Draghi, en su informe para mejorar la competitividad de la Unión Europea. Sin embargo, el también expresidente del Banco Central Europeo advierte que el bloque no debe implementar medidas proteccionistas debido a su alta dependencia comercial y defiende la necesidad de renegociar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"No podemos construir un muro proteccionista, ni seríamos capaces de hacerlo aunque quisiéramos, porque nos perjudicaría", señaló Draghi en un evento del think tank Bruegel en Bruselas. Añadió que la economía de la UE es más abierta que la de cualquier otra región, con un 50% de su PIB proveniente del comercio, frente al 37% de China y el 27% de Estados Unidos. Esto hace que aplicar medidas similares a las de Washington sería contraproducente para Europa.

En medio de crecientes tensiones geopolíticas, donde la UE busca reducir su dependencia en sectores clave para evitar situaciones como las derivadas del conflicto con Rusia o las disputas con China, Draghi subrayó la importancia de "restaurar el respeto por las normas de la OMC". Para él, es crucial actualizar estas normas en un marco multilateral que permita al bloque seguir siendo competitivo.

Draghi también recordó que la primera violación significativa de las reglas de la OMC ocurrió en 2003 por parte de China, y aunque en ese momento no se hizo nada al respecto por conveniencia económica, la vulnerabilidad de la UE ante prácticas comerciales injustas ha quedado en evidencia.

Según el exmandatario, los países europeos, actuando de manera individual, son demasiado pequeños para competir con potencias como Estados Unidos y China. Por ello, abogó por promover el crecimiento empresarial dentro de un mercado único integrado, lo que fortalecería la productividad y la competitividad de la región.

Para Draghi, la "primera línea de defensa" de la UE no debe centrarse en tarifas o subsidios, sino en el crecimiento y la innovación. Aunque sí reconoció la necesidad de apoyar a la industria de tecnologías limpias europea, que actualmente no está en igualdad de condiciones con China. Destacó además que la dependencia con Pekín no se limita a productos finales o tecnologías, sino que incluye materias primas esenciales. En este sentido, instó a que la UE evite verse atrapada en una situación energética similar a la que sufrió con Rusia.

El informe también enfatiza la importancia de facilitar fusiones empresariales, especialmente en el sector de telecomunicaciones, donde Europa cuenta con 35 grandes operadores y 370 más pequeños, en contraste con los pocos operadores de Estados Unidos y China. Para Draghi, será clave invertir en infraestructuras, especialmente en banda ancha y 5G, y reducir la fragmentación regulatoria en Europa.

Draghi sostiene que las fusiones empresariales deben impulsarse bajo un marco armonizado que equilibre los intereses del consumidor y la competencia. Uno de los puntos más destacados del informe es la necesidad de invertir 800.000 millones de euros anuales para mejorar la competitividad de la UE, cifra que él considera "conservadora" ya que no incluye aspectos como la adaptación climática. En este sentido, insistió en la urgencia de actuar rápidamente: "cuanto antes lo hagamos, mejor".

(El Economista, 01-10-2024)

La Dirección General de Tributos (DGT) establece que no es posible aplicar el IVA reducido a la electricidad consumida por personas que residen en barcos amarrados en puerto, así como tampoco a cualquier tipo de embarcación. Dicho consumo está sujeto al tipo general del 21%. Esto significa que el uso de electricidad en yates y embarcaciones de recreo no puede beneficiarse del IVA reducido del 5% para la electricidad. Cuando estas embarcaciones están amarradas en puerto, la factura de electricidad emitida por la autoridad portuaria es considerada parte de los servicios de amarre y, por lo tanto, queda gravada al tipo impositivo general del 21%, incluso si el barco se utiliza como residencia habitual.

Esta decisión fue confirmada por la DGT en respuesta a una consulta vinculante reciente. El solicitante, residente en un yate amarrado en un puerto deportivo, recibía facturas diarias con un cargo fijo por el consumo eléctrico, sobre el cual se aplicaba un 21% de IVA. El consultante solicitaba que se le aplicara el tipo reducido del 5% para consumidores minoristas, pero la DGT rechazó dicha petición.

La DGT subraya que la "refacturación de gastos" se considera una prestación de servicios sujeta al IVA, por lo que debe aplicarse el tipo general del 21%. Además, Tributos señala que cuando la refacturación se produce dentro de una prestación de servicios o entrega de bienes relacionada, como en este caso, constituye una operación única.

En este sentido, si los elementos facturados, aunque desglosados, son parte de un servicio principal, deben considerarse accesorios y están sujetos al mismo tipo impositivo. Esto también aplica, según la DGT, en situaciones de arrendamiento donde los servicios adicionales, como el suministro eléctrico, no se pueden separar del contrato principal, como sucede con el alquiler de oficinas.

Esta interpretación de la DGT también afecta a embarcaciones de gran tamaño, como los buques mercantes o cruceros, cuyos costos de electricidad pueden ser elevados. No obstante, estas embarcaciones suelen generar su propia energía y no permanecen atracadas en puerto durante largos periodos. En cualquier caso, la DGT confirma que cualquier factura de electricidad emitida por los puertos a las embarcaciones estará sujeta al IVA general del 21%.

(Expansión, 02-10-2014)

Exenciones fiscales para propietarios y compradores de viviendas son algunas de las medidas que formarán parte del paquete legislativo sobre vivienda que el Partido Popular (PP) pretende presentar esta semana. Según lo adelantado por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, una de las "ventajas" incluidas en el plan será la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares que utilicen el dinero recibido para adquirir una vivienda.

El PP asegura que su propuesta está dirigida a "jóvenes y familias". Para los primeros, promete además una exención fiscal de cuatro años, aunque aún no se han dado detalles sobre cómo se implementaría, parece estar vinculada a la compra de una vivienda.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid, Gamarra también adelantó la intención de introducir una deducción en el impuesto sobre la renta (sin especificar el porcentaje) para aquellos propietarios que pongan en alquiler viviendas que han estado vacías. Según explicó, esta deducción se aplicaría a inmuebles que hayan estado desocupados durante al menos dos años antes de ser alquilados. "Hay viviendas vacías que queremos que se incorporen al mercado", indicó Gamarra, citada por una nota del partido.

El plan, que el PP presenta como alternativa ante lo que consideran un "fracaso del Gobierno", también incluye un compromiso firme contra la ocupación ilegal. "Al okupa no se le protege, se le desaloja", subrayó Gamarra, señalando la necesidad de aumentar la protección a los propietarios, aunque sin detallar los mecanismos específicos que contemplará la propuesta legislativa.

Gamarra criticó la gestión del actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, afirmando que, tras seis años en el poder, no ha cumplido su promesa de construir más de 200.000 viviendas, de las cuales prácticamente no se ha visto ninguna. En contraste, el PP estima que, con sus medidas, en España se podrían construir alrededor de 200.000 viviendas anuales, aproximadamente el doble de lo que actualmente construyen en conjunto los sectores público y privado.

La falta de oferta es una de las causas más señaladas por expertos para explicar el aumento de precios de la vivienda. Además de aumentar la construcción, los especialistas suelen sugerir la necesidad de enfocar más viviendas hacia el mercado de alquiler, que es donde los jóvenes encuentran mayores dificultades de acceso, así como incrementar el parque de viviendas sociales y asequibles, un área en la que España presenta un déficit considerable en comparación con otros países europeos.

(El País, 02-10-2024)