El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social manifestó que la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco puede afectar a la 'caja única' y romper la solidaridad del sistema y la "igualdad de todos los españoles".

En un comunicado, este sindicato se alineó con la postura de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que advirtieron de que el traspaso que el Gobierno central y el vasco van a negociar puede afectar a la 'caja única'.

Los inspectores de Trabajo señalaron en su comunicado que el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado, según la Constitución española, que precisa que lo es "sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas", y que dos sentencias del Tribunal Constitucional inciden en que el Estado mantiene las competencias ejecutivas sobre Seguridad Social.

El sindicato defendió que, en base a la legislación española, la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de la Seguridad Social queda sometida a criterios de gestión "únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera".

Lo contrario, es decir, que las comunidades autónomas tengan la facultad de reconocer pensiones y prestaciones sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio, "abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del Sistema", según el sindicato.

Del mismo modo, advirtió de que ceder los actos de encuadramiento, afiliación, el sistema de liquidación de cuotas, el régimen de aplazamientos en las obligaciones o la implementación del plan de lucha contra el fraude "no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial".

El avance del coronavirus durante el fin de semana en Corea del Sur y en Italia, con la amenaza económica que lleva consigo, causó este lunes un desplome bursátil inédito desde el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE. En España, el Ibex se anotó una caída del 4,07%, la mayor desde el histórico hundimiento del 12,35% de junio de 2016. Peor fue en Italia, donde el MIB se dejó un 5,43%, mientras Londres, París o Fráncfort cayeron entre el 3% y el 4%. El temor al impacto del virus en la economía mundial también hundió el petróleo más de un 4%, mientras que el valor refugio por excelencia, el oro, subió un 1%. Wall Street tampoco ayudó, con una caída del 3,56%.

“Los inversores de renta variable abrieron los ojos al riesgo que supone el coronavirus”, explica a EL PAÍS Nuria Álvarez, analista de Renta 4. “Los mercados de deuda, que llevaban días bajando, decían una cosa y la Bolsa, al alza las últimas semanas, otra”, resumía. Hasta este lunes. Las noticias sobre el avance de la Covid-19 llegadas durante el fin de semana desde Corea del Sur (siete muertos, más de 800 contagios), Irán y, especialmente, desde Italia, con siete fallecidos, cierre de colegios y restricciones de movimientos en varias regiones del norte del país, terminaron por expandir entre los inversores el temor a que la epidemia suponga un riesgo importante para la economía mundial.

“Hoy por hoy, tras el acuerdo entre EE UU y China sobre la guerra comercial, el coronavirus es la mayor amenaza a corto plazo”, señala Álvarez. La analista asume que la evolución e impacto real que pueda tener son muy difíciles de prever, máxime cuando todavía no hay datos sobre su efecto en el crecimiento mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el domingo de que podría lastrar una décima el crecimiento de la economía mundial, dejándolo en el 3,2% este año. Gilles Moëc, economista de AXA Investment, recordaba en un análisis que “Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña [las regiones italianas más afectadas] representan por sí solas el 40% del PIB en Italia y el 6% del PIB de la eurozona”.

Con todo esto, las Bolsas europeas se despertaron este lunes en pánico. Si bien Shanghái contuvo la caída al 0,28%, con jornada festiva en Tokio, el Hang Seng de Hong Kong ya cayó un 1,8% y el índice Kospi de Seúl se hundió un 3,87%, anticipando la debacle en Europa. Finalmente, las Bolsas europeas se dejaron entre el 3,3% de Londres y el 5,4%, de Milán. Wall Street no ayudó, con una caída del 3,56% del Dow Jones.

Mientras, el Ibex se dejó un 4,07%, la mayor caída desde el 24 de junio de 2016, con los valores relacionados con el turismo entre los más castigados. El consorcio de aerolíneas IAG y la hotelera Meliá fueron los peores, con caídas del 9,3% y del 7,5%, respectivamente. Aena perdió un 5%. También se colaron entre las más bajistas las acereras ArcelorMittal y Acerinox, con golpes del 6,9% y el 5,1%.

“Tiene sentido que caigan los valores relacionados con los recursos básicos por el temor a una ralentización de la economía china y mundial, o los turísticos”, señaló Susana Felpeto, directora de renta variable de ATL Capital. La analista expresó su sorpresa por que las Bolsas, ya en niveles muy altos, no reflejaran la semana pasada el aviso lanzado por Apple de que sus cuentas se verían afectadas por problemas de suministro en China.

Ningún valor se salvó de la quema en el Ibex. Los bancos cedieron todos más del 3%; Repsol un 5,6%; Naturgy, un 4,1%; Inditex, con cientos de tiendas y casi dos millares de proveedores en China y que tiene en Italia uno de sus mercados más importantes, un 6,2%. Las operadoras Telefónica y MásMóvil se quedaron, con Viscofan o Ence, con las menores caídas. Felpeto se mostró optimista sobre la evolución bursátil a medio plazo, “pero no esta semana”. “Todavía puede bajar un poco más”, advirtió.

La sentencia del Tribunal Supremo avalando el uso del índice hipotecario IRPH por parte de la banca española a finales de 2017 no zanjó la polémica ni siquiera entre las instancias judiciales inferiores. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dicte el próximo martes un pronunciamiento que sí se espera que fije un criterio judicial definitivo, la justicia española sigue emitiendo fallos contradictorios.

Así, de las 45 audiencias provinciales que han acabado abordando denuncias de consumidores contra el uso del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), la inmensa mayoría, un total de 36, vienen fallando a favor de la banca, siguiendo los argumentos establecidos por el alto tribunal español. Sin embargo, otras nueve (las de Madrid, Baleares, Asturias, Vizcaya, Álava, Tarragona, Salamanca, Almería y Cádiz) vienen decantándose por anular la aplicación de este índice hipotecario por abusivo, según los datos recopilados por la asociación de usuarios financieros Adicae.

Para emitir este tipo de fallos, en contra de la voz del Supremo, los jueces se están aferrando a la jurisprudencia europea sobre cláusulas abusivas. Algunos echan mano también del contenido del voto particular con el que contó el fallo del alto tribunal.

Ante semejante controversia, el titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona acabó elevando a la Corte de Luxemburgo el caso de una hipoteca de Bankia en la que el cliente acabó pagando entre 18.000 y 21.000 euros más al estar sujeto a IRPH de lo que hubiera abonado de estar su crédito ligado al euríbor.

El asunto ya fue abordado el pasado mes de septiembre por el abogado general del TJUE Maciej Szpunar, una suerte de fiscal general que abrió la puerta a tumbar su uso por falta de transparencia. Alegó que, dada su complejidad, ligar una hipoteca al IRPH exige informar debidamente al cliente de su método de cálculo, evolución y potenciales repercusiones, algo que pocas entidades cumplieron durante su comercialización.

Solo la gran banca se juega unos 17.000 millones de euros con la decisión del TJUE, monto que el gigante de la banca de inversión Goldman Sachs eleva a 44.000 millones en el caso de que se tengan en cuenta los efectos de una anulación totalmente retroactiva para el conjunto del sector financiero. El Gobierno español ha solicitado al TJUE que limite el impacto de un posible fallo negativo para la banca española, si bien Luxemburgo ya hizo caso omiso a este tipo de peticiones en el caso de las cláusulas suelo.

En el fallo europeo de la próxima semana, Adicae espera que el TJUE aclare “si los jueces en España pueden valorar la transparencia del IRPH y determinar su nulidad; qué aspectos deben considerarse para valorar la falta de transparencia; si es susceptible de ser considerado abusivo incluso aunque hubiese habido transparencia en la contratación; y finalmente, qué efectos conlleva la declaración de nulidad del IRPH”, si así se decide.

Las cancelaciones de deudas hipotecarias por la vía de la entrega de la vivienda o daciones en pago ascendieron a 5.863 durante el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 11,4% respecto al año anterior. Según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores publicada este lunes, el mayor número de daciones se localizó en Andalucía, con 1.358; seguido por la Comunidad Valenciana, con 1.250; Cataluña, con 1.157; la Región de Murcia, con 446; Castilla-La Mancha, con 408, y la de Madrid, con 362.

La estadística revela, por otro lado, que durante el pasado ejercicio se registraron 27.065 certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca, lo que supone un incremento del 7,1% frente a las 25.269 contabilizadas el ejercicio anterior. Conforme a sus datos durante el pasado ejercicio el endeudamiento medio por hipoteca creció un 1,5% trimestral en el cuarto trimestre del año y se situó en un importe medio de 130.310 euros.

La cuantía es superior en cuatro comunidades autónomas: en Islas Baleares alcanzó los 200.511 euros; en la Comunidad de Madrid se situó en 194.479 euros; en el País Vasco en 150.956 euros y Cataluña, en 150.256 euros. Los préstamos se contrataron por un tipo de interés inicial medio del 2,3%, siendo del 2,7% medio en las operaciones a tipo fijo y del 2,0% en la financiación variable. Hasta el 45% de las nuevas operaciones se firmaron a tipos de interés fijo y el 55% restante a precios variables vinculados en todos los casos al euríbor.

Según las estadísticas, la cuota hipotecaria media se situó en el cuarto trimestre del pasado ejercicio en 604,1 euros, con un incremento trimestral del 1,7%, y dicha cuantía alcanzó al 31% del coste salarial.

El Ejecutivo va a lanzar un paquete importante de medidas que aprobará hoy en el Consejo de Ministros. “Intentamos que los agricultores y ganaderos sean rentables y sostenibles económicamente. Para que tengan presente y futuro”, aseguró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo se ha visto en una encrucijada con la crisis del campo. La calle presiona. Y de ahí la premura de Agricultura para lanzar hoy la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, la primera medida del Gobierno para aliviar la situación. Esta iniciativa pretende forzar a que se mejoren los precios en origen o, al menos, a que se cubran los costes para evitar la venta a pérdidas. “La reforma permitirá un refuerzo de la posición negociadora de los productores agrícolas y ganaderos, así como un mayor equilibrio en la cadena alimentaria”, resaltó este lunes Planas.

Para lograr una formación de precios más transparentes se buscarán mecanismos de presión. En especial a las grandes superficies y otros conglomerados que negocian a la baja los precios con unos productores que en España apenas están agrupados en cooperativas que tengan fuerza para imponer sus condiciones.

Planas, que confirmó en el Congreso la nueva norma, rechazó dar más detalles pese a la insistencia de la oposición. Se limitó a explicar que el texto pretende controlar de alguna forma los precios que los distribuidores y las grandes cadenas pagan. Esto es, para evitar que se le impongan condiciones, pagando por debajo de los costes. “No creo en las medidas de arriba abajo. Los agricultores y ganaderos son gente adulta y se les puede aconsejar, pero no imponer nada”, incidió el ministro.

Para conseguir esto, el Gobierno se encuentra con una maniobra de difícil ejecución. Por un lado, no puede regular los precios por ley. Y tampoco puede obligar a los distribuidores y grandes cadenas a pagar un precio mínimo por los productos. Para ello, según adelantó este lunes Efe, el borrador recoge que los costes de producción deberán estar incluidos en los contratos y que el Gobierno podrá hacer pública la identidad de las empresas que no respeten estos términos como medida disuasoria. Desde el ministerio no confirmaron estos detalles, ya que aseguran que el texto ha tenido nuevas modificaciones.

En la cumbre europea celebrada el pasado fin de semana, España luchó para que no se redujeran las ayudas agrarias y rechazó el recorte previsto (del 14%, según la propuesta del Consejo), por lo que no hubo acuerdo. Al finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que tuvo al campo y la PAC como gran protagonista, Sánchez ya confirmó que esta reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros de hoy. El presidente habló abiertamente de “control de precios”. Pero Planas ha insistido en varias ocasiones en que el control de precios es inviable y no sería permitido por la UE. Las medidas que ultima el Gobierno van destinadas a nadar en el equilibrio de forzar subidas de precios en origen, pero sin regularlos directamente.

En el Gobierno ha triunfado la tesis de los que creen que hay que intervenir en el mercado porque la situación es insostenible y muy desigual en contra de los productores. En La Moncloa y en los ministerios afectados son conscientes de que para cambiar el mercado hace falta tiempo, y lograr que los productores se asocien en cooperativas y se modernicen, algo que llevará años.

Pero de momento quieren aprobar esta primera reforma para lograr una incidencia rápida, aunque sea menor, sobre todo para dar una respuesta política y aplacar la crisis del campo. El ministro incidió este lunes en que habrá cambios más adelante con un proyecto de ley sobre esta materia tomando como base la Ley de la Cadena Alimentaria.

El Banco de España cree que el mayor precio de los nuevos vehículos que incorporen tecnologías para reducir las emisiones para cumplir con los nuevos estándares regulatorios "podrían hacer que persistiera la debilidad de las ventas" acusada desde finales de 2018.

Así lo augura en un artículo de su próximo Informe Trimestral de la Economía Española adelantado por el organismo este lunes y donde constata que las últimas caídas de las ventas han estado influidas precisamente por la entrada en vigor, en septiembre de 2018, de la normativa sobre emisiones contaminantes conocida por su acrónimo, WLTP.

Conforme al estudio, las matriculaciones de vehículos a particulares crecieron a tasas interanuales del orden del 5% entre comienzos de 2016 y mediados de 2018, cuando empezaron a resentirse para caer un 11% durante el año 2019.

Su contracción fue, de hecho, "más intensa que la observada en el consumo de otros bienes duraderos", según constata el organismo, que ve una relación clara entre dicho comportamiento y la incertidumbre generada con la entrada en vigor de la nueva normativa.

"La incertidumbre en el sector del automóvil se incrementó de manera muy notable a mediados de 2018, cuando la normativa WLTP estaba a punto de entrar en vigor", señala el artículo, que también observa una reacción "ante la entrada en vigor de distintas formas de restricciones a la circulación en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades".

El Banco de España estima que dicha incertidumbre debería tener un "carácter transitorio" y "se disiparía cuando los agentes internalicen completamente los cambios normativos" permitiendo que las matriculaciones "recuperen un mayor dinamismo en el futuro". En apoyo de esta tesis indica que los indicadores de opinión más recientes de la Comisión Europea revelan que los consumidores no han cambiado su intención de comprar un automóvil nuevo.

Sin embargo, advierte que "otros factores podrían hacer que persistiera la debilidad en las ventas de coches" y, en concreto, se refiere a "la falta de asentamiento de un paradigma tecnológico que reemplace al basado en el motor de combustión" y a que "las modificaciones regulatorias y los cambios tecnológicos podrían conllevar aumentos de precios" en los nuevos vehículos.

La Seguridad Social destinó en febrero 9.872,3 millones de euros al pago de 9,8 millones de pensiones contributivas (cerca de un millón de pensionistas cobran dos prestaciones). Se trata de un nuevo récord de gasto en pensiones, algo que se produce todos los meses, pero también representa cierta desaceleración del avance de este gasto que creció un 3,2% respecto al mismo mes de 2019, frente a un incremento gasto mucho mayor, del 7%, anual que se registraba hace un año.

Así lo ha indicado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también ha facilitado otro dato significativo: la pensión media del sistema (que incluye las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares) ascendió en febrero 1.006,85 euros al mes, superando por primera vez en la historia los 1.000 euros mensuales.

El crecimiento de la nómina de las pensiones este mes incluye la revalorización del 0,9% aprobada para 2020 y aplicada por primera vez en febrero. Si bien el avance del gasto en pensiones es menor este año porque en 2019 la subida aplicada a todas las prestaciones fue del 1,7% y del 3,1% a las mínimas (incluida en ambos casos la paguita para compensar la inflación).

No obstante, cuando el Gobierno anunció la revalorización del 0,9% para este año, según la inflación prevista para el ejercicio, también se comprometió a acometer un mayor incremento de las prestaciones en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, si bien se desconoce si este punto es compartido por el nuevo equipo de la Seguridad Social, que todavía no ha hecho públicas sus líneas de actuación, algo que hará su ministro, José Luis Escrivá este próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Siete de cada diez euros de la nómina mensual que desembolsa la Seguridad Social para el pago de prestaciones lo destina a pagar pensiones de jubilación (7.056 millones) y, en segundo lugar, se sitúa lo destinado a las de viudedad, que, con 2,36 millones de beneficiarios, requiere el pago de 1.706 millones de euros. Si bien, este colectivo está totalmente estancado y el número de perceptores ni crece ni disminuye, tras diez años de incrementos muy bajos.

Según esta misma estadística, la pensión media de jubilación asciende a 1.156,26 euros al mes tras incrementarse un 2,16% anual, por efecto de la revalorización y de las mejores carreras de cotización de los jubilados que entran en el sistema. La cuantía media de las prestaciones de incapacidad temporal se eleva un 1,6% hasta los 986,30 euros al mes; la pensión media de viudedad queda fijada en 722,65 euros anuales (un 2% más que hace un año); y las de orfandad y en favor de familiares, en un promedio de 409 y 586 euros, respectivamente.

La Agencia Tributaria ha lanzado un nuevo canal de ayuda para aclarar dudas fiscales que permitirá a los contribuyentes con un solo 'clic' llamar al servicio de Información Tributaria Básica desde el portal del organismo tributario en Internet. Esta nueva herramienta, a poco más de un mes para que se inicie la Campaña de la Renta 2019 el próximo 1 de abril, permitirá a los ciudadanos llamar a este servicio de ayuda desde el icono del portal de Internet de la Agencia Tributaria '¿Dudas? Clic aquí Información Tributaria Básica'.

El organismo precisa que el contribuyente podrá acceder a este nuevo servicio desde su navegador, compatible con Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, y que la llamada se incluirá en la tarifa de datos de Internet contratada. Asimismo, indica que sólo requiere conectar micrófono y altavoz al equipo informático para una comunicación correcta y añade que, según las estadísticas reales de uso de navegadores en España, esta herramienta cuenta con un 98% de compatibilidad.

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 comenzará el próximo miércoles 1 de abril de 2020 para la presentación de declaraciones, y se prolongará hasta el día martes 30 de junio de ese año, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria para el próximo.

En concreto, el 1 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2019, así como para aquellos contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de Renta. Los contribuyentes que opten por la presentación presencial en comunidades autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2019 está prevista que se pueda realizar a partir del miércoles 13 de mayo.

El plazo de la campaña de 2017 finaliza el 30 de junio en general, si bien concluirá con anterioridad, el 25 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono antes del 5 de noviembre.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados dio este martes, de forma unánime, su visto bueno al nombramiento de Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por un mandato de seis años no renovable. Herrero, actual presidenta interina de la autoridad fiscal desde el nombramiento como ministro de su antecesor, José Luis Escrivá, forma parte del equipo de la Airef desde su creación en 2014, cuando se incorporó al frente de la división de Análisis Presupuestario.

Herrero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, interventora y auditora del Estado e Inspectora de Hacienda, ámbitos en los que ha desarrollado su trayectoria profesional. Entre 1993 y 2000 fue jefa de área en la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público dentro de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), momento en el que pasó a ejercer de vocal asesor en la IGAE como coordinadora de la elaboración de las cuentas nacionales del sector de las administraciones públicas.

En noviembre de 2005 fue nombrada subdirectora General de Análisis Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Bajo dicha división realizó funciones de supervisión y seguimiento de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de los procesos de reordenación del sector público autonómico y mecanismos de financiación habilitados por el Estado para el pago a proveedores.

Posteriormente, ya en 2014, se incorporó a la Airef entre el equipo conformado para su puesta en marcha y se situó al frente de la división de Análisis Presupuestario, convirtiéndose en responsable de una de las principales funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio el pistoletazo de salida a la jornada glosando las virtudes de una reforma laboral que dio más margen de maniobra a los empresarios a la hora de contratar y despedir: “Veníamos de una profunda crisis. El nuevo marco fue clave para que muchas empresas arrancaran. Esa es la realidad, mal que pese a la gente”. Ahora, en opinión del representante de los empresarios, el horizonte de los empleadores se nubla y el futuro no está claro.

Y no es su única preocupación: “La formación continua en España es un desastre que ha supuesto para las empresas un gasto de 2.300 millones de euros. Si quiero traer a mi compañía a un japonés que nos enseñe a manejar un dron, el permiso para hacerlo puede tardar dos o tres años. Para entonces, ya ha surgido una tecnología mejor”.

La contrarreforma laboral que plantea el Gobierno, como la definió Garamendi, no llegará en los términos actuales con el apoyo de CEOE: “No consentiremos constreñir la libertad de las empresas. Y recuerdo que el empleo, en España lo crea sobre todo la empresa privada”. Y de libertad habló también Francisco Loscos, profesor de Esade, que resumió las posibilidades que ofrece el nuevo mercado laboral con un dato: “Hay un estudio de McKinsey que dice que solo el 2% de los empleados de una empresa son clave. ¿Por qué retener al 98% restante?”.

Las plantillas tal y como se entienden hoy, opinó el docente, son un concepto sólido derivado del que, bajo su análisis, fue el pecado mortal original de los directores de recursos humanos y de los encargados la gestión de personal: la antigüedad. Pero el modelo está cambiando: “Si nuestros padres tuvieron el mismo empleo toda la vida y ahora tenemos siete, nuestros hijos nos dirán que ellos son nómadas de talento y que, como mucho, quieren dedicar 10 horas a nuestra empresa.

O que solo nos ayudan con un proyecto específico. Habrá quien quiera un contrato y un salario y habrá quien ni quiera oír hablar de eso. Cierren los ojos y sueñen conmigo: ¡se acabaron las plantillas!”. Con esa idea, la de romper con las categorías estancas, trabajan ya los departamentos legales de las empresas.