El Tribunal de Justicia de la UE estrecha el margen para los abusos a los clientes que solicitan un préstamo. Los jueces europeos dieron este martes respaldo legal a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre los intereses de demora, el dinero extra que las entidades financieras cobran cuando se produce un impago. La Corte de Luxemburgo sentenció que la doctrina del Supremo, que declara ilegal aplicar intereses de demora que superen en más de dos puntos porcentuales el interés normal del crédito, no contraviene la directiva europea sobre cláusulas abusivas. De haber decidido lo contrario, los jueces habrían abierto la puerta a una subida de dichos intereses por parte de los bancos.

El dictamen tiene su origen en una pregunta del Supremo al TJUE por la denuncia de un cliente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy integrada en el Banco Sabadell. La entidad le concedió una hipoteca a un interés que ese año se situó en el 4,75%, pero al retrasarse en pagar, se activó la cláusula que fijaba en el 25% los intereses de demora. El afectado pidió su nulidad ante la justicia alegando que era abusiva.

Pese a darle su apoyo, los magistrados comunitarios recelan de la fragilidad de la protección que brinda la jurisprudencia del Supremo a los consumidores, dado que “no parece tener fuerza de ley ni constituir una fuente del Derecho”. Aun así, reconoce que su objetivo último es proteger a los ciudadanos que pidan un préstamo de tener que abonar una cantidad desproporcionadamente elevada, una meta que está en línea con las normas comunitarias.

El tribunal coincide con el Supremo en que cuando los intereses de demora son declarados abusivos, han de quedar suspendidos. Ello se traduce en que los jueces no pueden modificar su cuantía para reducirla, sino que simplemente dejan de abonarse al quedar la cláusula sin efecto. Y el cliente solo está obligado a devolver los intereses ordinarios con los que remunera al banco por la concesión del préstamo.

El fallo europeo llega tres años después de que el Supremo limitara los recargos máximos de los intereses de demora a dos puntos respecto a los ordinarios. Desde entonces, ese criterio se aplica a los casos similares que acaban en los juzgados. Los 4.942,13 euros en concepto de intereses de demora al 21,80% que el Banco Santander exigió entonces a un cliente por un préstamo personal abrieron una caja de pandora que a largo plazo puede costar millones a los bancos y otras firmas de créditos al consumo, y dar alivio a los consumidores. Solo un año después, en junio de 2016, el Supremo extendió esa barrera a los préstamos hipotecarios, hasta entonces con intereses de demora mucho más elevados.

Los tribunales europeos también se pronunciaron este martes sobre la pregunta de un juzgado de Barcelona. El juez español dudaba sobre si puede considerarse abusiva la venta de un crédito por parte de una entidad financiera a un tercero sin que una cláusula recoja esa posibilidad ni el deudor esté informado previamente ni tampoco pueda recomprar su deuda.

La sentencia considera que la cesión o compra de créditos es una práctica empresarial, y por tanto no entra dentro del ámbito de la directiva sobre cláusulas abusivas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pide que los autónomos estén exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 30 de su baja por enfermedad, ya que su abono constituye "un verdadero problema". La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha declarado que únicamente el 0,96% de los autónomos se dio de baja por enfermedad en 2017, frente al 1,95% de los trabajadores asalariados, lo que muestra que los autónomos se dan de baja la mitad que los trabajadores asalariados y únicamente cuando están "enfermos de verdad" para un periodo de tiempo prolongado.

Con este pretexto, ATA ha solicitado que los trabajadores autónomos queden exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 30 de la baja, "porque son bajas largas en las que tienen que seguir pagando su cuota a la Seguridad Social y en ocasiones esto se convierte en un verdadero problema", ha señalado el presidente de la organización, Lorenzo Amor. Además, durante el año pasado los autónomos que estuvieron de baja por enfermedad lo hicieron por una media de 92 días. Esta cifra es casi el triple de tiempo que la media de días de los asalariados que pasaron de baja por enfermedad una media de 39 días. Según ATA, los datos revelan que los autónomos solo se dan de baja cuando la enfermedad requiere cesar completamente su actividad y saben que van a estar largo tiempo enfermos.

Por otro lado, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores en el caso de los autónomos es del 9,22, es decir, sólo nueve de cada mil trabajadores autónomos se dan de baja por enfermedad cada mes. Si lo comparamos con los asalariados, éstos se dan de baja tres veces más, hasta un 22,77. Para el presidente de ATA, un autónomo siempre está pendiente de su negocio y únicamente cuando la enfermedad es lo "suficientemente complicada y larga" como para impedirle atenderlo, es decir, solo cuando está "enfermo de verdad", solicita esa baja por incapacidad temporal.

Por esta causa, Amor ha resaltado que es tan "importante" que los autónomos adecuen en cada periodo su base de cotización a lo máximo que puedan. "Porque cuando estén de baja, va a ser para largo tiempo y necesitan poder recibir lo máximo posible", ha declarado el presidente.

El ecosistema emprendedor español parece estar de enhorabuena. En apenas una semana se ha cerrado la venta de cuatro startups españolas a otro número idéntico de compañías extranjeras. Dos de los protagonistas de estos exits han sido Pernod Ricard, que ha adquirido el ecommerce catalán Uvinum, especializado en vino, espumosos, cervezas y destilados, y creado en Barcelona en 2009 por Nico Bour, Albert García y Albert López. Los otros seis protagonistas son Wizink, que el 1 de agosto anunció la compra del 100% de la fintech española Aplazame; la suiza Zur Rose Group, que un día después reveló la compra del marketplace vertical español de farmacias PromoFarma, y MailUp, que tras haber adquirido hace tres años el 70% de la española Acumbamail, dedicada al email marketing, cerraba el 31 de julio la compra del 30% restante.

Este número de exits en tan poco tiempo no es algo habitual entre las startups españolas, pero tampoco es fruto de la casualidad aunque François Derbaix, un reconocido inversor en el ecosistema emprendedor español y accionista de Aplazame, advierta de un factor de temporalidad: “En algunos casos se intentan cerrar deals (operaciones) antes de meterse en agosto cuando todo se paraliza; se cierran la última semana de julio y se anuncian la siguiente”, dice.

Derbaix coincide con los fundadores del fondo de venture capital K Fund, en que hay otros factores más de fondo. Uno de ellos, Jaime Novoa, dice rotundo: “No creo que sea casualidad que cada vez veamos más exits en España, sino un síntoma más de la maduración del sector. Si nada se tuerce, vamos camino de que 2018 sea el primer año en el que España supere la barrera de los 1.000 millones de euros invertidos en empresas tecnológicas, y los exits que estamos viendo son síntoma de que las compañías creadas hace 5-10 años han sido capaces de generar suficiente valor como para ser interesantes para gigantes de sus respectivos sectores, como Pernod Ricard (Uvinum), Zur Rose Group (PromoFarma) o Wizink (Aplazame)”.

Aunque ninguno de los protagonistas de estos exits citados han revelado el importe de sus respectivas operaciones, por razones de confidencialidad, en el sector se especula con que la venta de las cuatro ascendería a un total de entre 40 y 60 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores. Los recursos se han presentado ante los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas comunidades autónomas, han explicado a Efe fuentes del organismo regulador.

Previamente, la CNMC había enviado requerimientos a los ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad de las restricciones impuestas al alquiler de apartamentos turísticos o, en caso contrario, anularan los requisitos exigidos. El organismo regulador pretendía evitar de esta forma la presentación de los recursos ante los tribunales, pero, según la CNMC, las respuestas de los consistorios no han sido satisfactorias.

La CNMC considera que las normas aprobadas por los tres ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios. En su opinión, las medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados.

A juicio del organismo regulador, este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación. La CNMC cree que las medidas adoptadas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos.

En el caso de Madrid, la norma del Ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Además, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos.

La normativa de Bilbao sólo permite utilizar como viviendas turísticas los inmuebles situados en plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle. En San Sebastián, también se limitan las viviendas turísticas a plantas bajas o primeras, excepto si tienen acceso independiente. Además, la norma prohíbe nuevas viviendas turísticas en zonas del centro de la ciudad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores. Los recursos se han presentado ante los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas comunidades autónomas, han explicado a Efe fuentes del organismo regulador.

Previamente, la CNMC había enviado requerimientos a los ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad de las restricciones impuestas al alquiler de apartamentos turísticos o, en caso contrario, anularan los requisitos exigidos. El organismo regulador pretendía evitar de esta forma la presentación de los recursos ante los tribunales, pero, según la CNMC, las respuestas de los consistorios no han sido satisfactorias.

La CNMC considera que las normas aprobadas por los tres ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios. En su opinión, las medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados.

A juicio del organismo regulador, este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación. La CNMC cree que las medidas adoptadas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos.

En el caso de Madrid, la norma del Ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Además, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos.

La normativa de Bilbao sólo permite utilizar como viviendas turísticas los inmuebles situados en plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle. En San Sebastián, también se limitan las viviendas turísticas a plantas bajas o primeras, excepto si tienen acceso independiente. Además, la norma prohíbe nuevas viviendas turísticas en zonas del centro de la ciudad.

El Tribunal de Justicia de la UE estrecha el margen para los abusos a los clientes que solicitan un préstamo. Los jueces europeos dieron este martes respaldo legal a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre los intereses de demora, el dinero extra que las entidades financieras cobran cuando se produce un impago. La Corte de Luxemburgo sentenció que la doctrina del Supremo, que declara ilegal aplicar intereses de demora que superen en más de dos puntos porcentuales el interés normal del crédito, no contraviene la directiva europea sobre cláusulas abusivas. De haber decidido lo contrario, los jueces habrían abierto la puerta a una subida de dichos intereses por parte de los bancos.

El dictamen tiene su origen en una pregunta del Supremo al TJUE por la denuncia de un cliente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy integrada en el Banco Sabadell. La entidad le concedió una hipoteca a un interés que ese año se situó en el 4,75%, pero al retrasarse en pagar, se activó la cláusula que fijaba en el 25% los intereses de demora. El afectado pidió su nulidad ante la justicia alegando que era abusiva.

Pese a darle su apoyo, los magistrados comunitarios recelan de la fragilidad de la protección que brinda la jurisprudencia del Supremo a los consumidores, dado que “no parece tener fuerza de ley ni constituir una fuente del Derecho”. Aun así, reconoce que su objetivo último es proteger a los ciudadanos que pidan un préstamo de tener que abonar una cantidad desproporcionadamente elevada, una meta que está en línea con las normas comunitarias.

El tribunal coincide con el Supremo en que cuando los intereses de demora son declarados abusivos, han de quedar suspendidos. Ello se traduce en que los jueces no pueden modificar su cuantía para reducirla, sino que simplemente dejan de abonarse al quedar la cláusula sin efecto. Y el cliente solo está obligado a devolver los intereses ordinarios con los que remunera al banco por la concesión del préstamo.

El fallo europeo llega tres años después de que el Supremo limitara los recargos máximos de los intereses de demora a dos puntos respecto a los ordinarios. Desde entonces, ese criterio se aplica a los casos similares que acaban en los juzgados. Los 4.942,13 euros en concepto de intereses de demora al 21,80% que el Banco Santander exigió entonces a un cliente por un préstamo personal abrieron una caja de pandora que a largo plazo puede costar millones a los bancos y otras firmas de créditos al consumo, y dar alivio a los consumidores. Solo un año después, en junio de 2016, el Supremo extendió esa barrera a los préstamos hipotecarios, hasta entonces con intereses de demora mucho más elevados.

Los tribunales europeos también se pronunciaron este martes sobre la pregunta de un juzgado de Barcelona. El juez español dudaba sobre si puede considerarse abusiva la venta de un crédito por parte de una entidad financiera a un tercero sin que una cláusula recoja esa posibilidad ni el deudor esté informado previamente ni tampoco pueda recomprar su deuda.

La sentencia considera que la cesión o compra de créditos es una práctica empresarial, y por tanto no entra dentro del ámbito de la directiva sobre cláusulas abusivas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pide que los autónomos estén exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 30 de su baja por enfermedad, ya que su abono constituye "un verdadero problema". La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha declarado que únicamente el 0,96% de los autónomos se dio de baja por enfermedad en 2017, frente al 1,95% de los trabajadores asalariados, lo que muestra que los autónomos se dan de baja la mitad que los trabajadores asalariados y únicamente cuando están "enfermos de verdad" para un periodo de tiempo prolongado.

Con este pretexto, ATA ha solicitado que los trabajadores autónomos queden exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social a partir del día 30 de la baja, "porque son bajas largas en las que tienen que seguir pagando su cuota a la Seguridad Social y en ocasiones esto se convierte en un verdadero problema", ha señalado el presidente de la organización, Lorenzo Amor. Además, durante el año pasado los autónomos que estuvieron de baja por enfermedad lo hicieron por una media de 92 días. Esta cifra es casi el triple de tiempo que la media de días de los asalariados que pasaron de baja por enfermedad una media de 39 días. Según ATA, los datos revelan que los autónomos solo se dan de baja cuando la enfermedad requiere cesar completamente su actividad y saben que van a estar largo tiempo enfermos.

Por otro lado, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores en el caso de los autónomos es del 9,22, es decir, sólo nueve de cada mil trabajadores autónomos se dan de baja por enfermedad cada mes. Si lo comparamos con los asalariados, éstos se dan de baja tres veces más, hasta un 22,77. Para el presidente de ATA, un autónomo siempre está pendiente de su negocio y únicamente cuando la enfermedad es lo "suficientemente complicada y larga" como para impedirle atenderlo, es decir, solo cuando está "enfermo de verdad", solicita esa baja por incapacidad temporal.

Por esta causa, Amor ha resaltado que es tan "importante" que los autónomos adecuen en cada periodo su base de cotización a lo máximo que puedan. "Porque cuando estén de baja, va a ser para largo tiempo y necesitan poder recibir lo máximo posible", ha declarado el presidente.

El ecosistema emprendedor español parece estar de enhorabuena. En apenas una semana se ha cerrado la venta de cuatro startups españolas a otro número idéntico de compañías extranjeras. Dos de los protagonistas de estos exits han sido Pernod Ricard, que ha adquirido el ecommerce catalán Uvinum, especializado en vino, espumosos, cervezas y destilados, y creado en Barcelona en 2009 por Nico Bour, Albert García y Albert López. Los otros seis protagonistas son Wizink, que el 1 de agosto anunció la compra del 100% de la fintech española Aplazame; la suiza Zur Rose Group, que un día después reveló la compra del marketplace vertical español de farmacias PromoFarma, y MailUp, que tras haber adquirido hace tres años el 70% de la española Acumbamail, dedicada al email marketing, cerraba el 31 de julio la compra del 30% restante.

Este número de exits en tan poco tiempo no es algo habitual entre las startups españolas, pero tampoco es fruto de la casualidad aunque François Derbaix, un reconocido inversor en el ecosistema emprendedor español y accionista de Aplazame, advierta de un factor de temporalidad: “En algunos casos se intentan cerrar deals (operaciones) antes de meterse en agosto cuando todo se paraliza; se cierran la última semana de julio y se anuncian la siguiente”, dice.

Derbaix coincide con los fundadores del fondo de venture capital K Fund, en que hay otros factores más de fondo. Uno de ellos, Jaime Novoa, dice rotundo: “No creo que sea casualidad que cada vez veamos más exits en España, sino un síntoma más de la maduración del sector. Si nada se tuerce, vamos camino de que 2018 sea el primer año en el que España supere la barrera de los 1.000 millones de euros invertidos en empresas tecnológicas, y los exits que estamos viendo son síntoma de que las compañías creadas hace 5-10 años han sido capaces de generar suficiente valor como para ser interesantes para gigantes de sus respectivos sectores, como Pernod Ricard (Uvinum), Zur Rose Group (PromoFarma) o Wizink (Aplazame)”.

Aunque ninguno de los protagonistas de estos exits citados han revelado el importe de sus respectivas operaciones, por razones de confidencialidad, en el sector se especula con que la venta de las cuatro ascendería a un total de entre 40 y 60 millones de euros.

Los productores de aceituna negra en España van a librar su propia batalla contra los aranceles a las exportaciones de este producto impuestos por Estados Unidos. Aunque la Unión Europea trabaja para tratar de dar marcha atrás a esta medida que ya se está aplicando, el sector va a emprender sus acciones de manera paralela y recurrirán esta tasa ante la justicia norteamericana, según confirmó ayer el presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora. Además de los aranceles que se dictaron en enero, la subida aprobada posteriormente entró en vigor el pasado 1 de agosto y ya eleva la tasa al 34,95%. El sector tiene un mes para denunciar la medida y espera que «la Unión Europea haga lo mismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)», señala Antonio de Mora. Ni el Gobierno de España ni la UE han conseguido de momento frenar la puesta en marcha de estos aranceles que suponen un varapalo para el sector, pues España es el principal exportador mundial de aceituna de mesa y Estados Unidos es su principal mercado.

El Gobierno norteamericano ha aprobado sucesivas tasas alegando que los productores españoles reciben subvenciones europeas y esto les permite vender a precios por debajo del coste, perjudicando así a los contados productores de aceituna que hay en California. Éstos fueron, de hecho, los que denunciaron a los españoles acusándoles de competencia desleal.

El Gobierno y la UE consideran que estos aranceles no están justificados y, además, dicen que los argumentos que esgrime el país norteamericano ponen en cuestión el sistema de ayudas comunitarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, también ha reiterado que estos aranceles son «injustos e inaceptables».

Tras la entrada en vigor de la última subida el pasado 1 de agosto, Bruselas dijo que iba a presentar un recurso ante la OMC, aunque todavía no se ha materializado. «Vamos a recurrir ante la justicia americana y es vital que la UE haga lo mismo ante la OMC», defiende el presidente de Asemesa. El último arancel aprobado ya eleva la tasa que tienen que pagar los productores que exportan este producto a EEUU al 34,95%. Estas penalizaciones se dividen en tasas antidumping (que implica la venta de un producto por debajo de su coste de producción) y antisubvención y pretenden compensar esa supuesta ventaja competitiva que, dicen las autoridades estadounidenses, disfrutan los productores españoles.

El sector de la alimentación teme que, con el mismo argumento que se está utilizando con la aceituna de mesa, se repliquen estos aranceles sobre otros productos que se benefician de ayudas comunitarias. Los aranceles ya han provocado una caída de las ventas al mercado estadounidense del 41%. La mayor parte de la aceituna negra española se cultiva en Andalucía, que exporta 100.000 toneladas al año, el 68% de todas las exportaciones estadounidenses.

El ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, tiene sobre la mesa el anteproyecto de ley de servicios de pagos (PSD2 en sus siglas en inglés), norma que tiene a toda la industria financiera revolucionada, ya que supone un cambio radical en la banca. El objetivo del ministerio es tramitarla lo más rápido posible. La considera prioritaria.

El hecho de que las entidades tengan que dar acceso a terceros a su infraestructura para compartir los datos bancarios de los clientes que así lo autoricen, ya supone un drástico cambio para el sector que trastoca la principal línea de flotación de la banca, la protección de la confidencialidad. Esto supone la apertura por parte de los bancos de sus servicios de pagos a proveedores denominados técnicamente TPPs (Third Party Payment Service Providers) desde el pasado 13 de enero, fecha en la que entró en vigor parte de la directiva comunitaria que debe aún trasponerse en España.

Esta normativa tiene como objetivo mejorar la relación financiera con el cliente. Aunque la banca también teme un mayor número de incidencias o ciberataques, que forman parte de las alegaciones a la futura norma de origen europeo que realizaron en enero pasado, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso en consulta pública el anteproyecto. El Banco de España desarrollará una circular para desarrollar algunos puntos de la norma.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) ya ha comenzado a lanzar directrices para el cumplimiento de la PSD2 y Banco de España, de hecho, ya ha comunicado que va a acatar esas directrices que están relacionadas con el reporte de incidentes graves, y el reporte de fraudes.

Pero esta regulación, según explica Juan José Gutiérrez, director de servicios interactivos de Cecabank, supondrá un giro también para las costumbres del consumidor. “La PSD2 tiene muchas implicaciones para la industria y que paulatinamente irá notando el consumidor. La experiencia del usuario va a cambiar, especialmente en lo que afecta a la autenticación”.

Su opinión coincide con la de otros expertos, quienes aseguran que con esta norma, y dependiendo de la entidad, pedirá unos requisitos u otros para que el cliente autentifique su compra cuando la pague con tarjeta o sobre todo con el móvil. “Esto puede despistar al comprador, por lo que no sería extraño que vuelva a optar por pagar nuevamente con efectivo, al no fiarse o no recordar las exigencias de cada entidad para autentificar su compra dependiendo de la cantidad a pagar”, señala un directivo financiero.