La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno aprobará por decreto ley la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 que pactó con Podemos, y no ha descartado que el próximo paso sea elevar la cifra a 1.000 euros ya en 2020.

Tras inaugurar el seminario 40 aniversario de la Constitución del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Montero ha señalado que "las organizaciones sindicales tenían la intención de que para 2020 se pudiera llegar a mil euros vía convenios colectivos", y que el incremento es una reivindicación que "sigue intacta y a la que hay que prestar atención". Además, la intención de Podemos era que se alcanzase esa cifra de 1.000 euros ya en 2019, por lo que si se producen futuras negociaciones de Gobierno es probable que el partido liderado por Pablo Iglesias vuelva a poner sobre la mesa esta demanda.

Asimismo, Montero ha recordado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer una subida del SMI francés de 100 euros, medida ante la que ningún organismo internacional "se ha llevado las manos a la cabeza". Estas palabras suponen una referencia directa a las estimaciones realizadas por Banco de España, Comisión Europea y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que han apuntado que la subida del salario mínimo en España podría tener un coste de entre 190.000 y 40.000 puestos de trabajo.

La responsable de Hacienda ha llegado a afirmar que hubo muchos "agoreros" que pronosticaron que la subida del salario mínimo destruiría empleo, pero que en su opinión y en la del Gobierno el incremento del 22% del SMI "puede ser una oportunidad de estímulo del consumo".

La ministra también ha transmitido "tranquilidad" a los transportistas que puedan temer subidas en el gasóleo, al asegurar que, en este punto, la propuesta del Gobierno francés es "radicalmente distinta" a la del español. En Francia se planteaba una subida general de los carburantes, mientras que en España se busca quitar de forma progresiva la discriminación positiva que tenía el diésel respecto de la gasolina, una propuesta "bastante razonable" para ayudar a que la fiscalidad medioambiental sea una seña de identidad española.

Evitar los trasvases de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es uno de los objetivos en los que ahora trabaja el Gobierno con el objetivo de evitar la “picaresca fiscal”.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha informado que el Ministerio se ha dado percatado de que en la ley general sobre infracciones no existe una pena que castigue como delito o falta los falsos encuadramientos en un régimen u otro de la Seguridad Social. Tal y como ha anunciado, el Gobierno va a perseguir esta situación para evitar que se generen "situaciones imposibles".

Según el actual Gobierno, la anterior Administración toleró que algunos trabajadores estuvieran toda la vida "mal encuadrados" y ahora la Inspección de Trabajo está levantando actas por las que se están pidiendo a las empresas hasta cuatro años de cotización atrasadas, lo que supone una petición que puede llegar a unos 7 o 10 millones de euros.

"Vamos a ver cómo salimos de este embrollo. De momento, hemos conseguido garantizar derechos de trabajadores y de la Seguridad Social que es esencial", ha apuntado Granado. Según consideran, el hecho de que los trabajadores autónomos tengan una base de cotización por debajo de la base general del sistema "puede generar incentivos" para que los empresarios con trabajadores, que ahora están en el Régimen General, pasen a buscar "una forma de reducir cotizaciones encuadrándolos en el RETA".

"Esta Administración no va a permitir que se produzca un trasvase del Régimen General al RETA", ha dejado claro el secretario general de la Seguridad Social, que también ha apuntado que de momento la Tesorería General de la Seguridad Social ya tiene mandato para desarrollar un protocolo de vigilancia. "Tenemos que iniciar un proceso muy claro para evitar que se produzcan esas anomalías", ha añadido.

Montero ha confirmado también que el Gobierno presentará sus Presupuestos para 2019 en enero sobre el objetivo del déficit del 1,3 % del PIB establecido en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, cinco décimas inferiores a lo que le gustaría. Montero ha calificado de "mero trámite" la aprobación el pasado viernes por parte del Gobierno de la senda de déficit para 2019-2021 que ya propuso en su día y fue rechazada por el Parlamento.

Según ha explicado, con ese paso se busca ganar "seguridad jurídica" con un segundo rechazo y tratar de garantizar así que PP y Cs no podrán bloquear los Presupuestos en la Mesa del Congreso en la que suman mayoría. "La Ley Orgánica ha ido lenta en su tramitación -probablemente de forma deliberada porque no se quería cambiar el veto en el Senado para boicotear la senda-, por lo que no vamos a llegar a tiempo para que se apruebe la nueva senda en los términos que el Gobierno quería", ha explicado.

"Vamos a pasar el trámite de rechazar de nuevo estos objetivos para incorporar la senda anterior, y cuando se apruebe la Ley Orgánica a lo largo del año podremos actualizar los objetivos de estabilidad", ha añadido. "Los ritmos del Gobierno está claro que no se apoyan por parte del Congreso y, por tanto, nos vemos obligados a construir el Presupuesto con la senda anterior", ha resumido la ministra. "Cuando se apruebe la nueva senda tendremos que adaptar algunas cifras", ha reconocido.

La senda socialista supone una flexibilización de los objetivos de déficit vigentes para el conjunto de las Administraciones Públicas, de cinco décimas para 2019 (hasta el 1,8 % del PIB), de seis décimas para 2020 (1,1 %) y de cinco décimas para 2021 (0,4 %).

Siete comunidades autónomas han crecido en este último trimestre de año por encima de la media nacional (2,4%), según la previsión del avance regional del PIB del Centro de Predicción Económica (Ceprede) del tercer trimestre del año. Murcia, con un avance del 3%, es la autonomía que más subió, seguida de Andalucía (2,7%), Comunidad Valenciana (2,6%) y Aragón, Baleares, Madrid y el País Vasco, las tres con un aumento de su PIB del 2,5%. Los datos muestran una dispersión de crecimiento de 1,1 puntos porcentuales de diferencia en el avance regional, con dos regiones por debajo del 2% y solo una con una estimación del 3%.

En este sentido, tras la última incorporación de los datos mensuales, Ceprede ha señalado que Murcia se sitúa como la autonomía más dinámica en 2019, con un avance previsto del 3%. Seguidamente, se encuentran Andalucía (2,7%), Comunidad Valenciana (2,6%), Aragón (2,5%), Baleares (2,5%), Madrid (2,5%) y País Vasco (2,5%). Con un crecimiento estimado igual a la media nacional (2,4%), se sitúan Asturias y Extremadura. Por debajo de esta media, están el resto de comunidades autónomas, con avances de entre el 1,9% y el 2,3%.

Para obtener sus predicciones, Ceprede ha tenido en cuenta 15 indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el Índice de Producción Industrial (IPI), el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones. Esta información está modelizada considerando la base de datos oficial del INE para la contabilidad regional (CRE).

Tras la parálisis del mercado laboral que trajo la crisis, la recuperación económica ha hecho que los españoles cambien cada vez más de comunidad autónoma por motivos de trabajo. El año pasado, un total de 139.556 asalariados se desplazaron a una región diferente a aquella en la que estaban empleados en 2016 por cuestiones laborales. Así lo reflejan los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria sobre la movilidad del mercado de trabajo resultante de la estadística de impuestos, que revelan un incremento interanual del 11,2% en el número de desplazados. Se trata del cuarto incremento interanual consecutivo, si bien las cifras siguen lejos de los niveles de movilidad previos al estallido de la recesión.

Hace una década, en 2008, el número de asalariados que se desplazaba a otra comunidad autónoma por razones laborales era un 60% superior a la actual, superando los 224.000 trabajadores, según el registro de la Agencia Tributaria. La reactivación económica ha ido mejorando las cifras de movilidad si bien hay que tener en cuenta que esta estadística se centra únicamente en los trabajadores por cuenta ajena que estando activos cambian de región, sin reflejar los parados que se mudan de comunidad autónoma en busca de empleo. Al tratarse de una estadística tributaria, los datos no incluyen a País Vasco y Navarra, que cuentan con su sistema fiscal propio.

En 2017, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la comunidad autónoma que más interés laboral despertó es Madrid. A la región llegaron un total de 41.369 trabajadores procedentes de otras autonomías. Así, aunque también fue la región de la que más asalariados se marcharon durante el ejercicio, un total de 23.942, el saldo culminó siendo positivo. De hecho, el incremento neto de la fuerza laboral llegada a Madrid procedente de otras regiones fue el más alto de todas, con 17.427 personas. El año anterior, en todo caso, la cifra fue incluso mayor, superando las 18.000 personas.

A Madrid van sobre todo castellanomanchegos (8.661); andaluces (8.492) y castellanoleoneses (5.795), mientras que los madrileños suelen partir hacia Andalucía (3.491) y Castilla-La Mancha (5.961).

Del lado contrario, Andalucía volvió a figurar como la región que mayor pérdida de asalariados sufrió en favor de otras regiones. En total se marcharon de la comunidad 22.891 trabajadores. Semejante cifra, solo superada por Madrid, impidió que el saldo pudiera ser compensado por la llegada de 13.505 empleados de otras zonas, pese a que solo Madrid y Cataluña superan dicha cota de recepción. Así, el balance final arroja 9.386 asalariados menos respecto a 2016, frente a los 8.567 en que descendió el saldo el ejercicio previo.

Los andaluces parten mayoritariamente hacia Madrid, como se ha visto, así como Cataluña (3.837) y Baleares (2.060), mientras que reciben sobre todo madrileños y catalanes (3.491).

Otro caso reseñable es, de hecho, el de Cataluña, que el año pasado recibió un saldo positivo de 5.410 trabajadores procedentes de otras regiones tras acoger a 18.965 nuevos y perder a 13.555. El balance arroja un incremento superior al de 2016, cuando el saldo positivo fue de 4.775 asalariados, pese a que el último trimestre de 2017 estuvo marcado por el traslado (al menos de sede social) de miles de empresas a otras comunidades autónomas españolas ante las tensiones y la inseguridad jurídica que suscitó el proceso independentista en Cataluña.

En términos generales, la migración laboral entre regiones españolas solo arroja seis comunidades autónomas con un saldo positivo. Además de las mencionadas, Madrid y Cataluña, se trata de Baleares (que gana 3.843 empleados tras recibir 7.917 y perder 4.074); Canarias (con un balance positivo de 1.212 que proviene de restar las 5.294 salidas a las 6.506 entradas); Murcia (que logra el saldo positivo por 331 personas con 4.944 llegadas y 4.613 abandonos); y La Rioja (que recibe 1.244 asalariados y pierde 1.158 con un incremento neto de solo 86 personas).

A su vez, las comunidades con un saldo de asalariados negativo son nueve, lideradas por Andalucía en un listado en el que le siguen Castilla-La Mancha (con 4.785 trabajadores menos); Castilla y León (-4.726); Extremadura (-2.995); la Comunidad Valenciana (-2.629); Galicia (-2.096); Asturias (-1.072); Aragón (-535); y Cantabria (-85).

CC OO y UGT presionan al Gobierno para que derogue ya la reforma laboral de 2012. Tienen casi cerrado con el Ministerio de Trabajo un acuerdo para que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los sectoriales, obligar a las empresas a llevar un registro con la jornada de sus empleados o limitar la degradación de condiciones laborales en las subcontratas. CEOE no entraría en ese acuerdo. Pero eso lo dan por descontado y piden cambios ya. Este martes tanto Unai Sordo, líder de CC OO, como Pepe Álvarez, de UGT, reclamaron que al Ejecutivo que apriete el paso y lleve a un decreto ley lo hablado. Antes de acabar este año.

Los sindicatos han mostrado que se les agota la paciencia. Quieren que el Gobierno derogue ya la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013. Sobre la primera están hablando con el Ministerio de Trabajo casi desde que firmaron el pacto salarial en verano. En él, UGT, CC OO, CEOE y Cepyme acordaron, además de la subida de sueldos, negociar sobre varios temas que apuntaban hacia una clara reforma, e incluso una derogación, de aspectos centrales de la reforma laboral.

Las conversaciones han avanzado y en este tiempo ha quedado claro, apuntan fuentes de las tres partes, que CEOE no se sumará. Esto se evidenció, de nuevo, en la reunión de este martes, en la que la patronal pidió cuidado en la redacción legal para evitar incertidumbres. Las otras dos partes llegaron a un principio de acuerdo. Los sindicatos esperan a ver el texto final para descartar empezar 2019 con movilizaciones. CC OO planea aprobarlo el jueves en su consejo federal.

A falta de aclarar detalles de la redacción última, Trabajo y los sindicatos han pactado que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa en todas las materias que regulan (salarios, jornada, categorías…). También hay coincidencia en recuperar la prórroga automática sin límite de tiempo de los convenios hasta su renovación u obligar a las empresas a que registren cada día las horas trabajadas por sus empleados. Otro elemento importante es la nueva regulación de la subcontratación: Trabajo y sindicatos quieren evitar la degradación de las condiciones laborales, pero los empresarios piensan que con las condiciones que se pretenden imponer será casi imposible subcontratar cualquier actividad.

“Ya han acabado los tiempos de decir y son los tiempos de hacer”, reclamó Unai Sordo, líder de CC OO, al acabar una jornada en el Consejo Económico y Social, en la que antes habían intervenido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el presidente de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi. “Algunas cuestiones tienen que aparecer en el mes de diciembre”, apremió Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

El Gobierno es sensible a esta petición y se plantea plasmar lo acordado con los sindicatos a un decreto ley. Pero esto no garantiza su aprobación final en el parlamento. Ya hace muchos meses que el PSOE está tratando de utilizar varias proposiciones de ley que presentó en el Congreso cuando era oposición para llevar adelante su propósito de derogar parcialmente la reforma laboral. Sin embargo, en las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas se está encontrando con muchas dificultades para encajar las demandas de todos, de Podemos a PNV y PDECat.

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en octubre en el 5,212%, frente al 5,219% del mes anterior, lo que representa el nivel más bajo de toda la serie histórica, según los datos facilitados por la institución con sede en París que agrupa a las economías más desarrolladas. No obstante, el número de desempleados entre las economías de la OCDE se incrementó en octubre a 33,179 millones desde los 33,15 millones del mes anterior.

Las menores tasas de desempleo entre los países de la OCDE correspondieron en octubre a República Checa (2,2%), por delante de Japón (2,4%) e Islandia (2,6%), mientras los mayores niveles de paro se observaron en Grecia (18,6% en septiembre) y España (14,8%). En la eurozona, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 8,1%, mientras que en EEUU el paro repitió en el 3,7%, su nivel más bajo desde diciembre de 1969.

La tasa de paro entre los jóvenes de la OCDE se situó en octubre en el 11%, una décima por debajo de la lectura del mes anterior, mientras que la correspondiente al desempleo entre los mayores de 24 años se mantuvo estable en el 4,5%. Únicamente Grecia, con el 36,6% en septiembre, España, con el 34,9%, e Italia, con el 32,5%, superaron el nivel del 30% de paro juvenil en octubre.

La paz comercial entre Estados Unidos y China ha superado un nuevo obstáculo después de que el Gobierno de Pekín accediera a rebajar del 40% al 15% las importaciones de vehículos procedentes de Estados Unidos, según han publicado medios como The Wall Street Journal.

China elevó las tasas al sector americano del motor a comienzos de año, como parte de la pugna abierta por el Ejecutivo de Donald Trump para reequilibrar la deficitaria balanza comercial de Estados Unidos con el gigante asiático, que superó los 370.000 millones de dólares el año pasado. La batalla entre las dos primeras economías del mundo se ha traducido en aranceles multimillonarios cruzados y mantiene en vilo a los mercados.

La reducción de las tasas a los coches es la primera medida que se concreta después de la tregua que pactaron Trump y el presidente chino, Xi Jinping, cuando se reunieron hace diez días en Buenos Aires. La medida provocó una subida de las acciones de grandes fabricantes automovilísticos alemanes como Daimler y BMW, que producen algunos de sus modelos en sus fábricas de Estados Unidos.

El acuerdo se produjo tras una llamada telefónica que mantuvieron el viceprimer ministro chino, Liu He, con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y el jefe negociador comercial de Washington, Robert Lighthizer.

Pese a los avances, la amenaza de un recrudecimiento de la guerra comercial sigue latente. Si acabada la tregua de noventa días no hay un acuerdo definitivo, los aranceles impuestos por Washington a las importaciones chinas, que ya ascienden a 200.000 millones de dólares, podrían subirse del 10% actual al 25%, según amenazan desde la Casa Blanca.

En el primer semestre de este año, solo han nacido en España 179.794 bebés, la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en 1941, y un 5,8% menos que los alumbramientos registrados un año antes.

En el mismo periodo fallecieron 226.384 personas, un 2,1% más que en el primer semestre de 2017, con lo que el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) presentó un saldo negativo de 46.590 personas, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). Supera además el balance del mismo periodo del año anterior (-32.132).

El número de nacimientos continúa a la baja por décimo año consecutivo, sólo interrumpida esta tendencia en el año 2014. Concretamente, de enero a julio de 2018 respecto a los mismos meses de 2017 se han reducido los nacimientos en un 5,8%, lo que se traduce en 11.168 bebés menos. El número de alumbramientos de madre extranjera supuso el 20% del total frente al 18,8% del año pasado.

Mientras, en este periodo fallecieron en España 226.384 personas, un 2,1% más que en el primer semestre de 2017. Este aumento se debió, fundamentalmente, a la alta mortalidad registrada en el mes de enero.

Airbnb, la mayor plataforma de pisos de alquiler para turistas en España (se estima que cuenta con una base de 140.000 caseros) va a firmar la paz con el Fisco y presentará el próximo lunes una aplicación que deberán cumplimentar todos los anunciantes de forma obligatoria y cuyo contenido, donde se incluirán los ingresos que ha obtenido por el alquiler de la vivienda, compartirá con Hacienda.

Desde Airbnb ni confirman ni desmienten. "Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en medidas para ayudar a los anfitriones a compartir sus hogares y seguir las reglas. Queremos ser buenos socios de las administraciones en el ámbito de los impuestos y trabajar juntos en soluciones de sentido común para ayudar a los anfitriones a pagar su parte justa. No tenemos nada más que compartir en este momento ", recalcó un portavoz de la compañía.

Los 140.000 caseros con los que cuenta Airbnb tendrán que compartir, entre otros datos, la identidad del titular de la vivienda, los datos censales del inmueble (dirección completa y referencia catastral), el número de días de alquiler, el importe percibido en la transacción y la fecha de inicio de la cesión. Con este gesto, Airbnb rectifica con respecto a lo planteado en el pasado más inmediato y cruza una línea roja que no había traspasado en su relación con Hacienda.

La plataforma se había negado hasta ahora a proporcionar datos de sus clientes, al interpretar que era un mero intermediador entre oferta y demanda, e incluso se había mostrado dispuesta a llegar a los tribunales para evitar esa cesión de datos. Una postura que lleva soliviantado en los últimos años a la industria hotelera, que siempre se ha mostrado disconforme con el fraude fiscal que, en su opinión, se estaba produciendo, ya que una parte sustancial de los caseros no pagaba impuestos.

El próximo anuncio en España se enmarca en la política de colaboración de la plataforma con los organismos fiscales de otros países. A finales de noviembre, Airbnb anunció el primer acuerdo en su historia para ceder los datos de sus clientes en Dinamarca. A cambio, los caseros podrán beneficiarse de exenciones o reducciones en lo que tributen por los beneficios obtenidos por el alquiler de su vivienda en el IRPF. Hace una semana, la compañía comunicó públicamente en Estonia lo que va a presentar la semana que viene en España: un acuerdo de colaboración con Hacienda que permite a los anfitriones informar automáticamente sus ganancias a las autoridades fiscales con solo hacer clic en un botón.

De esta manera, Airbnb cumplirá con el decreto ley impulsado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para tratar de evitar el fraude fiscal, aprobado con carácter de urgencia a finales de diciembre de 2017. Posteriormente, una orden ministerial que entró en vigor el 31 de mayo de 2018 establecía los plazos y los datos que se debían consignar en el denominado modelo 179. “Que para 2018 la declaración informativa tenga carácter anual y su plazo de presentación sea el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019. A partir de 2019, la periodicidad de la declaración será trimestral”, remarcaba la citada orden.