Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron en la madrugada de este viernes de madrugada un acuerdo sobre las bases del primer presupuesto para la eurozona, un instrumento destinado a engrosar el arsenal de medidas para prevenir y afrontar futuras crisis. Además del presupuesto, el acuerdo incluye cambios en el tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate de la eurozona- para darle un papel más relevante, así como un acuerdo final para que éste proporcione el cortafuegos para el fondo encargado de financiar las resoluciones bancarias en la eurozona, según indicaron a Efe fuentes europeas.

El pacto llegó tras una reunión maratoniana, que comenzó a las 13.00 horas (11.00 GMT) del jueves y se prolongó durante más de quince horas, pese a que los titulares económicos de la eurozona -el Eurogrupo- y los del resto de la UE llevan desde diciembre trabajando en las líneas maestras de este presupuesto. "El Eurogrupo terminó a las 4.30 de la mañana con un acuerdo", ha anunciado en la red social Twitter el portavoz del presidente de este foro, Mário Centeno.

En diciembre los líderes de la UE habían dado luz verde a sus ministros para trabajar en estas medidas, dentro de la reforma de la eurozona destinada a mejorar la preparación de los países del euro, si se repite una crisis económica o financiera como la que durante la última década obligó a rescatar a varios miembros. El acuerdo sobre el presupuesto fija solo los elementos clave del mismo, en particular, el uso que podrán dar los países a los futuros fondos, pero deja abierta la cuestión de cómo se financiará y cuál será el volumen disponible, según las fuentes consultadas.

Los Estados de la eurozona podrán recurrir a la ayuda de este presupuesto para financiar reformas estructurales o inversiones y deberán costear parte de los proyectos en cuestión, en una proporción que podría variar. El objetivo en general es mejorar la competitividad y reducir las divergencias económicas entre los países del euro.

Los ministros no han logrado ponerse de acuerdo, sin embargo, sobre el modo de financiar este instrumento, que debería nutrirse al menos en parte de fondos del presupuesto plurianual de toda la Unión Europea, según lo acordado en diciembre pasado. Países como Francia y Alemania habían puesto sobre la mesa durante la negociación la posibilidad de que esta dotación se complementase con aportaciones adicionales de los Estados de la eurozona.

La idea no había generado simpatías entre los socios, entre otros factores, porque requeriría que el presupueste fuese dirigido a través de un acuerdo intergubernamental solo entre los diecinueve socios del euro, que quedaría fuera de los tratados comunitarios. Como se preveía, tampoco se ha plasmado la cuantía que tendrá el presupuesto, que deberá ser fijada en las negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el primer trimestre del año los 1.200.258 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico al elevarse en 27.149 millones de euros (+2,3%) respecto al anterior trimestre, con lo que se situó en el 98,7% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

En concreto, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 98,7% en el primer trimestre del año, igual que en el mismo trimestre de 2018, pero 1,5 puntos porcentuales por encima del 97,1% del cuarto trimestre del año pasado y alejado del objetivo marcado por el Gobierno para este año, del 95,8% del PIB.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,2 billones de euros, por encima del ejercicio 2017 (1,144 billones de euros), 2016 (1,107 billones de euros) y 2015 (1,073 billones de euros). De hecho, el saldo de deuda se elevó un 3,3% en términos interanuales y un 2,3% en términos trimestrales.

Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y la Seguridad Social, mientras que descendió en las corporaciones locales. En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.069.790 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento interanual del 4% y del 2,1% a nivel trimestral. La cifra representa el 87,9% del PIB, el máximo histórico alcanzado por el Estado.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 296.658 millones de euros, el 24,4% del PIB, con un aumento del 2,4% interanual y del 1,2% trimestral. Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 25.979 millones de euros, lo que supone un 10,4% menos que hace un año y casi 200 millones de euros menos que el trimestre previo, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1% del PIB.

De su lado, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social marcó también nuevo máximo histórico, al alcanzar los 43.068 millones de euros, un 57,2% más a nivel interanual por los préstamos y un alza del 4,5% trimestral. En términos de PIB, marca también récord al situarse en el 3,5% del PIB.

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (78.831 millones de euros), Comunidad Valenciana (46.922 millones), Andalucía (35.504 millones) y Madrid (35.150 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.763 millones), Galicia (11.587 millones), Castilla y León (12.448 millones), País Vasco (10.251 millones), Murcia (9.536 millones) e Islas Baleares (9.248 millones). Cierran la tabla Aragón (8.260 millones), Canarias (6.438 millones), Asturias (4.626 millones), Extremadura (4.845 millones), Navarra (3.393 millones), Cantabria (3.220 millones) y La Rioja (1.636 millones).

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la vulneración de la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante casi un año y medio cuando se incorporó a un nuevo puesto.

Tras una larga batalla judicial, el TC afirma en la sentencia que el funcionario merece “la protección constitucional debida frente a un trato degradante y/o lesivo de su integridad moral” por haber sido marginado laboralmente durante un largo periodo de tiempo sin que la Administración hiciera nada para remediarlo”. Además, valora especialmente la “intencionalidad, menoscabo y vejación, así como también la larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo”.

Según consta en los hechos probados, el funcionario del cuerpo de administradores civiles del Estado, tras cesar como Director del Gabinete del Presidente del Consejo de Estado, solicitó su reincorporación a la Secretaría de Estado de Seguridad, donde tenía derecho a una reserva de puesto de trabajo. El Ministerio del Interior promueve la creación de un nuevo puesto de “vocal asesor” en la Gerencia para que pueda ocuparlo, pero este no recibe ninguna información sobre las atribuciones de su puesto ni el encargo de ninguna tarea, más allá de una simple gestión informativa. Además, no es convocado a reuniones de trabajo y se refieren a él públicamente como “funcionario invitado”.

Así, el demandante denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral. El informe emitido apreció que, efectivamente, no tenía funciones asignadas, pero no constató la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica (hostigamiento o agresiones verbales), o por no dar muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, su situación era “normal” después de elecciones o en contexto de crisis, y que en todo caso, podría acceder a información sobre la Gerencia en espacios “tan peculiares como la cafetería”.

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acudió al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, este establece que el reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. Finalmente, con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista una situación violenta para que sea acoso laboral ante el Tribunal Supremo, pero éste no considera que exista un interés casacional objetivo.

Por tanto, la sentencia determina que siendo esta la situación “resulta inadmisible” que la excusa de la Administración sea solo la “disminución de la carga laboral”, pese a que en este contexto, se creó un nuevo puesto de “vocal asesor”. Por tanto, afirma, “no puede equipararse” la total postergación laboral del recurrente en amparo con la simple reducción de trabajo de los funcionarios restantes. Así, no es un hecho casual o imprevisto, sino que responde, según el fallo, a una actuación administrativa “premeditada”.

“La Administración, deliberadamente, sin una finalidad u objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo, sometiéndole a un grave agravio comparativo y a un claro menosprecio y ofensa a su dignidad, conducta idónea para desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, zanja.

En definitiva, el Constitucional anula las resoluciones administrativas y judiciales que han incurrido en la vulneración de su integridad moral o no la han remediado.

España recibió en el año 2018 inversiones extranjeras directas por valor de 44.000 millones de dólares (unos 38.000 millones de euros), más del doble que en 2017, y se situó como noveno principal destino mundial de capitales, en contraste con la tendencia mundial a la baja (13 %).

Según el informe anual del Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo presentado ayer miércoles, España esquivó el fuerte descenso de inversión hacia Europa, que fue prácticamente del 50% y totalizó 172.000 millones de dólares (151.000 millones de euros). De este modo, España se convierte en el tercer mayor receptor europeo, tras Holanda y Reino Unido.

A nivel global, las inversiones extranjeras directas bajaron un 13% en 2018, hasta los 1,3 billones (1,14 billones de euros), afectadas sobre todo por las políticas fiscales de Estados Unidos, que promovieron una masiva repatriación de las utilidades de sus multinacionales.

Este descenso global se dio por tercer año consecutivo, aunque si en 2017 la razón de la bajada fue la relativa ausencia de fusiones y adquisiciones, en 2018 el principal factor fue la reforma tributaria estadounidense.

Europa fue una de las grandes perjudicadas por la política fiscal de Trump frente a las empresas, aunque unos países de la región más que otros, lo que permitió a España registrar un ascenso de la entrada de capitales frente a la tendencia continental. "Los países que acumulaban activos fiscales de empresas estadounidenses, y que los perdieron en la primera mitad del año pasado, fueron sobre todo Suiza, Holanda e Irlanda, así que España quedó fuera de esas estadísticas", destacó el secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi.

Estados Unidos se mantuvo en 2018 como el principal receptor de inversión extranjera, al atraer 252.000 millones de dólares o 222.000 millones de euros, aunque descendió un 9 % respecto a 2017. China ocupó el segundo lugar, con 139.000 millones de dólares (122.000 millones de euros), un ascenso del 3,7 %

La tasa de desempleo de la población con estudios superiores en España se mantiene estable en un 8,9%, pero supera incluso el doble de la media europea, que se encuentra en un 4,1%, según ha revelado EAE Business School en su estudio 'Empleabilidad de la población cualificada'. La población cualificada total representa el 30% de la población española mayor de 16 años, aunque las mujeres cuentan con un mayor porcentaje de población con estudios superiores, concretamente un 29,3% frente al 28,1% de los hombres.

No obstante, en cuanto al desempleo, la tasa de las mujeres es del 9,96% en el primer trimestre de 2019, frente a la de los hombres, que se sitúa en el 7,57%. Por tanto, la empleabilidad de la población cualificada masculina es mayor que la femenina, según EAE.

Por comunidades autónomas, País Vasco cuenta con el mayor porcentaje de población cualificada, con un 38,9%, seguido por Madrid, con un 38,3%; y Navarra, con un 36,3%. Las comunidades con menor porcentaje de población con estudios superiores son Extremadura, con un 21%; y Castilla-La Mancha, con un 22,5%.

Desde la perspectiva de género, destaca la superioridad en porcentaje de mujeres cualificadas en Navarra, con un 38,9%, superando a los hombres, cuya cuota alcanza el 33,9%. Únicamente en la Comunidad de Madrid, Asturias y el País Vasco la tasa relativa de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, el resto de las comunidades autónomas coinciden con Navarra pero con una menor diferencia.

Respecto a la tasa de ocupación de la población con estudios superiores en función de los géneros, la masculina más elevada se sitúa en el País Vasco, con un 53%, seguido de la Comunidad de Madrid, con un 48,7%; y Asturias, con un 47,6%. La población femenina cualificada encuentra su mayor tasa de ocupación en el País Vasco, con un 61%, Navarra, que se sitúa en el 59,4%; y Asturias, con un 47,6%.

En cuanto a la calidad del empleo, la temporalidad se situó en el 26,9% en el último trimestre de 2018, siendo superior a la de 2017 y 2016, con un 26,7% y un 26,5%, respectivamente. Por comunidades autónomas, Andalucía lideraba la tabla de contratos temporales con un 35,4%. Extremadura (33,1%) y Murcia (32,3%) le seguían de cerca.

Respecto a los sectores, la jornada parcial en el sector privado triplicó a finales de 2018 la del sector público (18,1% respecto al 6,9%). Un 4,3% de los hombres del sector público trabajaban a tiempo parcial, frente al 7,9% de los trabajadores del sector privado. Los porcentajes de las mujeres, en cambio, eran del 9% en el sector público y del 30,2% en el privado.

La inflación, que se había instalado en una inusual moderación en Europa y en Estados Unidos, pierde fuelle a pesar de años de recuperación económica y creación de empleo, y de las políticas de bajos tipos de interés y liquidez abundante adoptadas por los principales bancos centrales. La globalización, la digitalización, la atonía de la demanda en países clave como Alemania y la precariedad laboral están detrás de este comportamiento, unos factores a los que se añaden ahora la desaceleración de la economía mundial y, de forma coyuntural, la contención de los precios del petróleo y las materias primas, según los expertos consultados.

La inflación interanual se situó en mayo en España en el 0,8%, siete décimas menos que en abril, por el descenso del precio de la electricidad y la menor subida de los carburantes. Si se eliminan esos elementos coyunturales, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, los productos más volátiles- se desinfló dos décimas, hasta el 0,7%. En la zona del euro, los precios también se moderaron en mayo, ya que subieron una media del 1,2%, cinco décimas menos que en abril.

Incluso sin contar la evolución de la energía, la inflación en Europa está claramente por debajo del 2 % recomendado por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación también es moderada en EE.UU., donde los precios subieron en mayo un 1,8%, dos décimas menos que en abril. La inflación subyacente se desaceleró una décima, hasta el 2%. La atonía de los precios no es una novedad en los países desarrollados, pero, al margen de Japón -que es un caso aparte-, suele coincidir con periodos de crisis.

En los últimos años, incluso antes de que la economía global empezara a frenar, la moderación de los precios ha sido la norma, a pesar de la conjunción de factores que en otras circunstancias habrían disparado la inflación: bajos tipos de interés, crecimiento sostenido y pleno empleo en muchos países.

La inflación, que se había instalado en una inusual moderación en Europa y en Estados Unidos, pierde fuelle a pesar de años de recuperación económica y creación de empleo, y de las políticas de bajos tipos de interés y liquidez abundante adoptadas por los principales bancos centrales. La globalización, la digitalización, la atonía de la demanda en países clave como Alemania y la precariedad laboral están detrás de este comportamiento, unos factores a los que se añaden ahora la desaceleración de la economía mundial y, de forma coyuntural, la contención de los precios del petróleo y las materias primas, según los expertos consultados.

La inflación interanual se situó en mayo en España en el 0,8%, siete décimas menos que en abril, por el descenso del precio de la electricidad y la menor subida de los carburantes. Si se eliminan esos elementos coyunturales, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, los productos más volátiles- se desinfló dos décimas, hasta el 0,7%. En la zona del euro, los precios también se moderaron en mayo, ya que subieron una media del 1,2%, cinco décimas menos que en abril.

Incluso sin contar la evolución de la energía, la inflación en Europa está claramente por debajo del 2 % recomendado por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación también es moderada en EE.UU., donde los precios subieron en mayo un 1,8%, dos décimas menos que en abril. La inflación subyacente se desaceleró una décima, hasta el 2%. La atonía de los precios no es una novedad en los países desarrollados, pero, al margen de Japón -que es un caso aparte-, suele coincidir con periodos de crisis.

En los últimos años, incluso antes de que la economía global empezara a frenar, la moderación de los precios ha sido la norma, a pesar de la conjunción de factores que en otras circunstancias habrían disparado la inflación: bajos tipos de interés, crecimiento sostenido y pleno empleo en muchos países.

El mercado inmobiliario espera impaciente la entrada en vigor este domingo de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Tras años de idas y venidas, negociaciones y cambios respecto al proyecto inicial, la nueva ley hipotecaria (como se le conoce popularmente) echa a andar con tantas expectativas como interrogantes alrededor. ¿Están preparadas las entidades y los notarios para los nuevos procedimientos? ¿Se encarecerán las hipotecas? ¿Cómo afectará a los clientes? ¿Y a los bancos?

Todas las partes coinciden en la buena fe que subyace en la norma, al colocar en el centro a los consumidores y pretender darles mayor seguridad y protección. Para eso, entre otros mecanismos, se han elevado las exigencias y los requisitos del estudio de solvencia previo, pero esto podría tener también una cara b. "La nueva ley podría dificultar la compraventa y actuar como freno, aunque sea temporal, de las operaciones", apunta Ferran Font, director de Estudios del portal Pisos.com.

Tras varios años con el mercado digiriendo el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, el año 2013 comenzó a gestarse una remontada que ha permitido recuperar parte del terreno perdido en la etapa anterior, pese al descenso del 3,1% que se registró en abril. Según los datos del INE, ese mes cambiaron de manos 41.049 casas, frente a las 42.649 de marzo o las 43.695 de febrero.

Las cifras aún están lejos de los registros del boom, pero la tónica es positiva y algunos actores del mercado temen que ahora pueda quedar interrumpida. En esta línea advierte también Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), que pone el foco en las dificultades que podrían encontrar los ciudadanos con rentas más bajas o con una situación laboral más inestable, especialmente los jóvenes. "En el camino de la transparencia y de los análisis de solvencia más exigentes, las rentas más bajas tenderán a tenerlo un poco más difícil", apunta.

En muchos de estos casos los consumidores serán empujados al mercado del alquiler, ya de por sí tensionado, con el consiguiente impacto sobre los precios. Alquileres más altos e… ¿hipotecas más caras? Es otra de las incógnitas sobre la mesa. La nueva ley establece que sean los bancos quienes asuman la totalidad de los costes de notaría, registro, gestoría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, mientras que los clientes tendrán que pagar los gastos de tasación. Los consumidores temen que ese aumento para las entidades se compense con unas hipotecas más caras. "Habrá bancos que se sientan tentados de trasladar los costes al precio de las hipotecas, pero la competencia del mercado determinará en último término las ofertas que más interesan al consumidor", añade Santos González.

El papel de los bancos en la etapa de esplendor inmobiliario en España fue muy cuestionado. La concesión casi indiscriminada de hipotecas durante años acabó generando una bolsa de crédito impagado que dejó a cientos de miles de familias desahuciadas y un volumen de activos tóxicos en los balances de las entidades que terminó asestando el golpe de gracia a muchas de ellas. Al amparo de esa eclosión crediticia se rubricaron contratos con condiciones abusivas que, años después, derivaron en costosos litigios judiciales a cuenta de los intereses de demora, los vencimientos anticipados o las cláusulas suelo.

El actual equipo del Ministerio de Trabajo que está en funciones, tiene la intención, si sigue el frente de este departamento, de reactivar la creación y publicación de una lista de empresas morosas con la Seguridad Social.

Se trataría, en principio, de hacer públicos los nombres de las compañías que no estén al corriente de pago de las cotizaciones sociales de sus empleados, según han confirmado fuentes de Trabajo.

La publicación de esta lista, similar a la que ya publica el Ministerio de Hacienda con los nombres de los morosos con el fisco, fue anunciada por primera vez en octubre de 2018 por el secretario de Estado de la Seguridad Social, hoy en funciones, Octavio Granado.

La intención primera del equipo de Trabajo fue incluir esta nueva lista de morosos en los Presupuestos Generales para 2019, ya que requería hacer cambios en la Ley General de Seguridad Social. Sin embargo, estos presupuestos no vieron la luz por falta de apoyos parlamentarios. Y, en el caso de esta medida, se descartó llevarla a cabo por real decreto, algo que también se habían planteado en un primer momento.

Según los planes que tenían quienes diseñaron esta lista desde la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el umbral de deuda por impago de cotizaciones que llevaría a las empresas a aparecer quedaría fijado por regla general en un millón de euros.

No obstante, la medida debería desarrollarse posteriormente en un reglamento que precisaría asuntos como si se podría descender del umbral de un millón de deudas en algún caso para ser incluido en la lista, o si además del nombre de la empresa morosa se haría también público el nombre de sus administradores, por ejemplo.

De momento, la Seguridad Social ya detectó más de 1.100 empresas que adeudaban más de un millón de euros al sistema por impagos de cotizaciones sociales.

Pero, en general, la tasa de morosidad de la Seguridad Social es baja y el pasado año se situó en el entorno del 1%, muy cerca del mínimo histórico del 0,96%.De una cota que en este organismo creen que será difícil de mejorar.

La desaceleración de la economía internacional ha impactado en España más tarde que en los principales países del entorno comunitario, si bien parece estar mostrando sus primeros efectos en el mercado de trabajo en el periodo transcurrido del presente año. Ello, sumado a la incertidumbre local generada por los procesos electorales y a las decisiones del Gobierno socialista en torno al mercado laboral previas a la disolución de las Cortes, como la subida de un 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros.

En este sentido, un informe elaborado por Randstad y Cepyme da cuenta de la destrucción de 27.672 empleos en las grandes empresas en España -las que cuentan con más de 250 empleado en plantilla- en el primer trimestre de 2019, coincidiendo con los primeros meses de aplicación del alza salarial.

El Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes señala que las grandes compañías de nuestro país han experimentado un retroceso en la creación de empleo del 0,6%, es decir, que entre los meses de enero y marzo se destruyeron casi 30.000 empleos. Como consecuencia, su aportación trimestral al crecimiento del PIB es negativa en 0,19 puntos porcentuales, inflamado por la moderación del comercio minorista -un 60,6% de la caída se ha concentrado en esta actividad-.

A ello se une la desfavorable evolución de las actividades industriales, con excepción de la automotriz, y de un nutrido grupo de servicios. Consecuencia de esta pérdida de empleo, el segmento de gran empresa pierde el nivel de los 4,3 millones de empleados, aunque mantienen su aportación anual en 1,4 puntos porcentuales.

Cabe recordar que atendiendo al tamaño, en este segmento empresarial se concentra el 30 por ciento del total de la afiliación. En este punto resulta llamativo que la mayor parte de los trabajadores afiliados que ejercen su actividad en el ámbito público (Sanidad, Administración Pública y Educación) registra variaciones anuales positivas.

Así, a pesar de la evolución negativa de 2019, el empleo generado en el último año por las empresas de más de 250 trabajadores se ha incrementado en más de 187.400 puestos de trabajo, en gran parte propi-ciado por el aumento de las afiliaciones en estos sectores.

Con todo ello, el Banco de España había estimado antes de su aprobación que la subida del SMI podría generar una destrucción de unos 124.000 puestos de trabajo. Esta estimación fue fuertemente contestada por la secretaria de Estado en funciones, Yolanda Valdeolivas, a raíz de los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo publicados por el Ministerio de Trabajo en los que se arrojó una caída del desempleo de 172.639 personas respecto al mismo mes de 2018, un descenso del 5,31%, situándose en 3.079.491 parados, el nivel más bajo de un mes de mayo de los últimos diez años.