El Gobierno, sin embargo, ha sido más moderado en materia tributaria, optando por una moratoria fiscal para pymes y autónomos frente a la extensión generalizada de plazos orquestada por los estados vecinos y el grueso de comunidades autónomas.

Así lo ha puesto de relevancia este martes el Consejo General de Economistas en un detallado informe que revela que al menos 22 países europeos y 15 comunidades autónomas han aprobado ya ampliaciones masivas de los plazos de liquidación tributaria, opción a la que el Ejecutivo central se ha resistido de momento.

“No se entiende esta renuencia del Gobierno a alinearse con las políticas fiscales que se están implementando en todos los países de nuestro entorno y en muchas de nuestras comunidades autónomas”, ha manifestado en un comunicado el presidente de los economistas, Valentín Pich, que ha solicitado a Hacienda que actúe en este sentido.

El documento recoge que buena parte de los países vecinos ha optado por ampliar los tiempos de presentación de impuestos o ha aplazado el pago de los mismos (como es el caso de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria y Dinamarca), mientras que solo un puñado de ellos ha optado por demorar temporalmente el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Algo que sí ha hecho Francia, por ejemplo, que ha diferido los pagos, mientras que el otro país europeo más afectado por la pandemia, Italia, directamente ha suspendido las cotizaciones de marzo y abril para los sectores afectados.

De momento, España se ha contentado con un aplazamiento fiscal de seis meses para el pago de hasta 30.000 euros en IRPF, IVA y Sociedades para pymes y autónomos con una facturación inferior a los seis millones de euros; facilitar el cese de actividad de los autónomos que han cerrado su negocio o han visto reducidas sus rentas en un 75% y ultima para hoy una moratoria de cotizaciones. Por ahora, no obstante, el Ejecutivo mantiene el calendario de la campaña de la renta que arranca este miércoles 1 de abril y acabaría el 30 de junio.

Mientras tanto, 15 comunidades han ampliado el plazo de presentación de autoliquidaciones del pago de impuestos propios (sobre establecimientos turísticos o medioambiente, por ejemplo), y cedidos, como Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídico Documentados y Tributos sobre el Juego.

Ésta es posiblemente la medida más aclamada desde el inicio de la crisis del coronavirus. Finalmente, tras varias semanas negando un trato desfavorable para estos colectivos, el Gobierno ha aceptado aprobar una moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de pymes y autónomos, aunque con algunas condiciones.

Así, el Ejecutivo ha decidido aprobar este aplazamiento de pago de cuotas así como el del pago de sus deudas hasta el 30 de junio de este año, y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo. Todo ello, sin intereses.

Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, que habían enviado una carta conjunta al Gobierno reclamando la medida, han celebrado la decisión. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado en un tuit a los autónomos que se han sumado a la petición de aplazar cuotas, al ser "muy coherente" porque "sin ingresos no se puede pagar las cuotas". Ha lamentado, eso sí, que la cuota de marzo se cobrará.

Por otro lado, el Real Decreto aprobado hoy establece que se facilitará a las empresas y autónomos la realización de gestiones con la Seguridad Social, lo que permite a empresas y gestorías utilizar el sistema de remisión electrónica de datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos de la Seguridad Social.

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad y por conceptos de recaudación conjunta.

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los diez primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo pertinentes, "sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud".

También se establece que los autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la prestación por cese de actividad y que no haya ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de marzo podrán abonarlas fuera del plazo sin recargo.

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo este martes el establecimiento de un subsidio excepcional para los trabajadores temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima.

La duración de esta ayuda será de un mes, ampliable si así se decide, y su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 438,88 euros mensuales.

El único requisito que se exigirá para percibir este subsidio es que la duración mínima del contrato que se extingue sea de al menos dos meses, excluyéndose así las relaciones contractuales esporádicas.

Con esta medida se da protección a los temporales que no hayan sido incluidos durante el estado de alarma en expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs), pues estos sí cobraban prestación por desempleo, aunque no reunieran el periodo de carencia, en virtud de la nueva regulación para ERTEs que aprobó el Gobierno para agilizar su presentación durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Así lo prevé el Real Decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Expansión.com, que también desarrolla ayudas al alquiler y una moratoria de cuotas para pymes y autónomos. Además, aclara cuestiones relativas al despido del trabajador temporal que anunció el pasado viernes pero que finalmente no estaban recogidas en el Decreto que prohibió el despido. El trabajador cuyo contrato finalice como estaba previsto antes del Covid-19 será despedido pero tendrá derecho a un subsidio extraordinario.

El Decreto establece que durante seis meses se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en aportaciones a planes de pensiones, incluidos los planes de previsión social empresaria, asegurados y de mutualidades, para afectados por ERTE causado por el Covid-19, tanto trabajadores como empresarios y autónomos, con el límite de salarios dejados de percibir durante el ERTE y el cese de actividad. Además, las cotizaciones de formación profesional podrán aplicarse a la financiación de la protección por desempleo.

La norma también incluye ayudas a la industria, en concreto, a la exportación y al turismo, en forma de ampliaciones de préstamos SGIPYME y Emprendetur, en los que se suspende el pago de intereses y amortizaciones. Se habilita al ICEX a la devolución a empresas de gastos no recuperables y se regulan las donaciones por Covid-19. Asimismo, se establece el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización para consumidores y usuarios, como en el caso de viajes.

También se flexibilizan los contratos de electricidad y gas de autónomos y empresas. A su vez, se amplía el gasto que pueden acometer los ayuntamiento de su superávit, con controles añadidos, se agilizan los concursos, se aclaran algunas de las suspensiones de plazos afectadas por el estado de alarma y se faculta el desarrollo de un plan de agilización procesal cuando se levante el estado de alarma

Los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus podrán solicitar retrasos en el pago del alquiler a sus propietarios. Si el arrendador tiene menos de 10 viviendas en propiedad, hará falta un acuerdo para el retraso y, de no haber acuerdo, el inquilino podrá solicitar préstamos sin intereses o ayudas al Estado. Si el arrendador posee más de 10 viviendas, deberá elegir entre conceder una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler, a devolver en 3 años; o rebajar el 50% del alquiler al inquilino durante cuatro meses.

El Consejo de Ministros aprobó un decreto para mitigar el impacto del coronavirus en el mercado del alquiler. Se trata de un paquete de medidas a iniciativa del ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que cuenta con el apoyo de Economía (Nadia Calviño). La propuesta, que tendrá un coste de 700 millones de euros, da la posibilidad a los inquilinos de pedir a sus propietarios retrasos en el pago de los alquileres. Pero mientras que si el arrendador es un pequeño propietario, éste podrá negarse a conceder esa moratoria; si se trata de un gran tenedor, no tendrá más remedio que correr con los gastos de un retraso en los pagos o, incluso, quitas del 50% del alquiler durante cuatro meses.

La propuesta del decreto incluye una prórroga automática de todos los contratos de alquiler durante seis meses; créditos a interés cero y ayudas directas para inquilinos con dificultades para pagar los alquileres, y la paralización de los desahucios por impago de las rentas, también durante seis meses.

El apoyo de Unidas Podemos al paquete, formación que ya ayer manifestó "su satisfacción", no ha salido gratis. La medida más polémica del decreto, de hecho, surge de la voluntad de distinguir entre propietarios. Quienes posean más de 10 viviendas en alquiler serán considerados grandes tenedores (segmento demonizado por Podemos) y deberán hacer frente a moratorias y, en algunos casos, quitas.

El problema es que el del alquiler es uno de los pocos mercados donde a un lado hay particulares (inquilinos) y, al otro… más particulares. Que el 96% de los pisos están en manos de pequeños propietarios que se mantienen con esas rentas es un hecho del que ha avisado hasta la propia Calviño, y que los socios de coalición han tardado en asimilar. Digerirlo, sin embargo, ha pasado por centrar el tiro en el 4% que quedaba. Los morados presumen de que el decreto incluya, "tal y como quería Unidas Podemos, una distinción expresa entre los pequeños propietarios y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda".

¿Qué medidas incluye el decreto? Si el arrendador es un pequeño propietario (menos de 10 viviendas en propiedad): El inquilino en situación de vulnerabilidad económica podrá pedir a su casero un "aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta". El propietario, persona física, tendrá 7 días para comunicar al inquilino su decisión o posibles alternativas.

¿Qué pasa si el propietario se niega? Al ser considerado pequeño propietario, no se le obliga a afrontar la moratoria. El inquilino tendrá entonces la posibilidad de solicitar al Estado un préstamo sin intereses o ayudas directas para afrontar el pago del alquiler.

¿Y si el propietario posee más de 10 viviendas? Si el arrendador tiene en propiedad más de 10 viviendas, la cosa cambia, porque se le considera gran tenedor. "Pedimos a los grandes tenedores el esfuerzo de afrontar una moratoria de cuatro meses", explican fuentes del Ministerio de Agenda Urbana. Éste es el escenario central. Podemos, sin embargo, filtró ayer que también habría condonaciones de la deuda, algo que Ábalos se apresuró a desmentir. El secretario general de Vivienda, David Lucas, matiza que, si hay acuerdo entre propietario e inquilino, lo que habrá es una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler.

¿Y si no hay acuerdo? Entonces, el arrendador se verá obligado a escoger entre, o una reestructuración de la deuda en tres años (retrasar el pago de esos cuatro meses en mora durante tres años), o una quita del 50% de la deuda de hasta un máximo de cuatro meses, lo que viene siendo una rebaja del 50% en el importe del alquiler durante cuatro meses. A la formación morada no le ha bastado el gesto de grandes fondos y Socimi que, mientras el gobierno debatía, anunciaron retrasos en los pagos del alquiler para sus inquilinos. Podemos, que lleva días clamando por una suspensión de pagos, siguió presionando ayer para embutir las quitas en la propuesta final.

¿Cómo funcionan los créditos y las ayudas directas que pueden pedir los inquilinos? El Gobierno anuncia en el decreto el lanzamiento de una línea de créditos que concederá el Instituto de Crédito Oficial. Los inquilinos en situación de vulnerabilidad podrán pedir al ICO un préstamo sin intereses a devolver en hasta 10 años (el plazo de devolución es de seis años, prorrogaba excepcionalmente por otros cuatro) y cubrirán un máximo de seis meses de alquiler.

¿Y si el inquilino no puede devolver el préstamo debido a una situación de grave vulnerabilidad? En casos de hogares que ni siquiera puedan afrontar la devolución de esos préstamos, el Estado les concederá ayudas directas. El programa de ayudas se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y se llamará "Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual".

Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la posibilidad de solicitar microcréditos públicos a interés cero, que podrán devolverse en un plazo de seis años ampliable a 10 años en caso de dificultades económicas.

Estos microcréditos estarán avalados al 100% por el Estado. Si después de la crisis estas personas mantienen las condiciones de vulnerabilidad y no pueden saldar la deuda, se hará cargo de ella el Estado, ha garantizado Iglesias.

Así, si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno también ha concretado que las condiciones de vulnerabilidad para acogerse a las ayudas son tan amplias que permitirán beneficiarse a un "gran número" de personas, entre las que ha citado a los desempleados, afectados por ERTE y por reducciones de jornada y a autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.

Por último, el Gobierno ha extendido el derecho a acogerse al bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus.

En concreto, el Real Decreto-ley de medidas complementarias para combatir el Covid-19 amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad al que podrán acogerse, "de manera excepcional y temporal", a todas aquellas personas físicas con derecho a contratar el PVPC (la tarifa regulada), que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten "encontrarse afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75% en promedio respecto al semestre anterior".

En el caso de los umbrales del IPREM van desde 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar; a 3 veces el índice de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar, según consta en el borrador de Real Decreto.

La condición de consumidor vulnerable por la crisis del coronavirus para el derecho a percibir el bono social se extinguirá cuando dejen de concurrir esas circunstancias, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. No obstante, en ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por este hecho se extenderá más de seis meses desde su devengo.

Ya no solo están vetadas de antemano las compras de inversores de terceros países, también las efectuadas por aquellos que, aunque sean residentes en la UE, en realidad estén controlados por inversores de fuera. “Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término […] un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor”, señala el borrador.

El Ejecutivo impide así argucias por parte de inversores que abran una filial en algún país de la Unión con el objetivo de adquirir una empresa española entre las señaladas estratégicas. El Gobierno, sin embargo, abre la mano a inversiones de poca cuantía: ”Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones de inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de autorización previa”, señala el borrador.

Hasta que la pesadilla comenzó, los inversores extranjeros podrían invertir libremente en las cotizadas españolas y solo debían notificarlo a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio una vez se haya efectuado la operación. Ahora la aprobación será previa. Los sectores en los que la nueva reglamentación tendrán efectos son los siguientes:

a) Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras.

b) Tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

c) Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.

d) Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, Además, el Gobierno se reserva la modificación del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en aquellos otros sectores "cuando puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública".

e) Medios de comunicación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy que el PIB español acabó 2019 con un crecimiento interanual del 2%, tras avanzar un 0,4% en el cuarto trimestre. Este crecimiento del 2% en 2019 supone una moderación respecto a los cuatro últimos años, debido a una demanda interna más débil y pese a la recuperación del sector exterior. Concretamente, en los ejercicios anteriores el PIB creció: un 2,4% , en 2018; un 2,9%, en 2017; un 3%, en 2016; y un 3,8%, en 2015.

Se prevé que esta tendencia de desaceleración tenga un cambio abrupto este ejercicio al entrar la economía española en el terreno negativo tras la crisis del coronavirus. Hay que señalar que en el conjunto del año 2019, el PIB a precios corrientes se situó en 1.245.331 millones de euros, un 3,6% superior al de 2018.

El cuarto trimestre de 2019 terminó con una tasa de crecimiento del 0,4%, similar a la registrada en el tercer trimestre y una décima inferior a la avanzada a finales de enero. Esto se debe, fundamentalmente a la recuperación de las exportaciones, ya que el consumo de los hogares se moderó y la inversión registró una caída significativa, sobre todo la empresarial.

El empleo repuntó un 0,9% en el cuarto trimestre, lo que supone una aceleración de ocho décimas respecto al incremento registrado en el tercero. El crecimiento interanual del PIB se situó en el 1,8% en el cuarto trimestre, frente al 1,9% del trimestre precedente, cifra similar a la avanzada.

El INE ha explicado que la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB fue de 1,3 puntos en el cuarto trimestre, dos décimas inferior a la del tercer trimestre. Por su parte, la demanda externa presentó una aportación de 0,5 puntos, una décima superior a la del trimestre pasado. El empleo aumentó a un ritmo del 2,0% interanual, tasa dos décimas superior a la del tercer trimestre, lo que supone un incremento de 358.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.

En el sector servicios, el empleo subió el 2,4% interanual, y en la industria, el 1,9%, mientras que en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca los ocupados cayeron un 4,5%. La variación del coste laboral unitario se situó este trimestre en el 2,1 % interanual, cuatro décimas superior a la variación experimentada por el deflactor implícito de la economía, en tanto que la remuneración por asalariado creció el 1,9 %.

El número de horas efectivamente trabajadas en el cuarto trimestre subió seis décimas, hasta el 1,4% interanual, con lo que la variación de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo cayó el 0,2% interanual, mientras que la productividad por hora efectivamente trabajada se incrementó el 0,4%, seis décimas menos que el trimestre anterior.

La tardanza en publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 10/2020 que regula el permiso retribuido para los profesionales por cuenta ajena que no presten servicios esenciales desató los nervios de más de un abogado. Y es que el sector legal se ve afectado en una doble vertiente: como trabajadores, pero también como asesores jurídicos de sus clientes. En lo que respecta al colectivo profesional, la redacción de la norma, ideada para reforzar la lucha contra el coronavirus a través de una drástica reducción de la movilidad, sin embargo, no deja claro en qué circunstancias puede considerarse el trabajo de los letrados como "servicio esencial".

En primer lugar, hay que señalar que el texto afecta al "personal laboral por cuenta ajena", lo cual ya excluye del ámbito de aplicación del permiso a quienes ejerzan como autónomos o con un tipo de relación distinta de la laboral. También a quienes tengan ya su contrato suspendido o se hayan visto afectados por un ERTE (aunque, de momento, no se conoce ninguno en ningún despacho relevante), o quienes "puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios".

Al margen de estas referencias generales, el texto hace dos menciones expresas a los abogados o bufetes. En primer lugar, el apartado 15 del anexo, que especifica los excluidos del régimen del permiso retribuido por considerarse "servicios esenciales", menciona a las personas "que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas" por el Real Decreto del estado de alarma, lo que incluye a los letrados del turno de oficio.

Asimismo, el punto 16 excluye también a quienes "prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes".

Junto con el retraso en la publicación del decreto-ley en el BOE, la referencia a las "cuestiones urgentes" ha desatado críticas en las redes sociales entre los profesionales del sector. ¿Qué asuntos o materias se incluyen dentro de esta definición? Para muchos no está claro. Algún letrado, en Twitter, se preguntaba quién debía decidir que era una cuestión urgente, si el propio profesional, el cliente o "el policía que te para".

Por su parte, la disposición adicional tercera especifica que "jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas" por el Real Decreto del estado de alarma. Asimismo, continúa, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.