Alemania esquiva la recesión técnica por segunda vez en menos de un año. El producto interior bruto (PIB) del país creció un 0,1% en el tercer trimestre del año respecto al anterior. Por tanto, no suma dos trimestres a la baja, tal y como esperaban los analistas.

La economía germana, la mayor de la Eurozona, se contrajo 0,1% entre abril y junio. Y los expertos pronosticaban que volvería a retraerse en la misma medida entre julio y septiembre. Sin embargo, la locomotora germana vuelve esquivar la recesión técnica, como ya hizo a finales de 2018.

El PIB creció un 0,1% en el tercer trimestre en términos desestacionalizados, según la primera lectura del dato publicado este jueves por el organismo oficial de estadística de Alemania (Destatis). El porcentaje puede variar el mes que viene, cuando sea revisado, pero todo apunta a que no indicará una recesión técnica.

Estos cálculos provisionales muestran que las mayores contribuciones a la economía alemana entre los meses de julio y septiembre vinieron desde el consumo, según explica la institución en nota de prensa. "El gasto de consumo final de los hogares aumentó, al igual que el gasto de consumo final del Gobierno", indica. Además, Destatis recuerda que las exportaciones germanas aumentaron respecto al segundo trimestre, mientras las importaciones al país se mantuvieron prácticamente al mismo nivel.

Alemania esquiva la decisión a pesar de que se encuentra en el epicentro de la crisis industrial. Por un lado, las tensiones comerciales está golpeando a las exportaciones de las fábricas alemanas y, por otro lado, la poderosa industria del automóvil está sufriendo una reconversión histórica al coche eléctrico, además de sufrir el impacto del cambio de regulación para los motores a combustión, a raíz del dieselgate.

Sin embargo, los últimos datos ya reflejaban un cambio en los vientos de cara para la economía alemana. La última encuesta entre los inversores germanos, elaborada por el Instituto ZEW, apunta a un creciente optimismo. El índice registró el mayor repunte desde diciembre de 2014 al pasar de -22,8 puntos en septiembre a -2,1 en octubre. Aunque la referencia se mantiene en negativo por séptimo mes consecutivo, refleja un sentimiento entre los inversores de que lo peor para la economía ya ha pasado. "Hay una creciente esperanza de que el entorno político para la economía internacional mejorará en un futuro próximo", indica el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach, para explicar la fuerte mejora del indicador.

La mejora del ZEW coincidía además con una rebaja de la tensión internacional. En verano, la industria se vio muy perjudicada con los preparativos de las empresas para un Brexit desordenado, previsto para el 31 de octubre. Este peligro ha quedado desterrado con la convocatoria de elecciones para Reino Unido y el escenario central que se maneja es una salida británica pactada en caso de una mayoría para Boris Johnson el próximo 12 de diciembre. Reino Unido es el quinto socio comercial de Alemania. En 2018, más del 6% de las exportaciones fueron para el miembro díscolo europeo.

Además, la guerra comercial entre EEUU y China ha entrado en una fase de entendimiento con un enfrentamiento de las hostilidades. Sobre la mesa entre los dos países hay por lo menos el compromiso de que no seguirán subiendo los aranceles. Asimismo, todavía quedaba en el aire la amenaza de nuevas tasas comerciales para los coches europeos. Desde Bruselas se respira que habrá una nueva prórroga por parte Washington, aunque no hay todavía confirmación oficial por parte de la Administración Trump, tras la oferta del sector del automóvil de trasladar parte de la producción a EEUU.

El presidente de la Reserva Federal. Jerome Powell, hace todo lo que está en sus manos por garantizar la independencia de la institución. El responsable del banco central estadounidense ha confirmado que no baraja más cambios en los tipos de interés si el crecimiento de EE UU se mantiene. Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente, Donald Trump, volviera a exigir más recortes en el precio del dinero.

"Prevemos que la actual posición de política monetaria es la apropiada de acuerdo a nuestras perspectivas de crecimiento económico moderado, la fortaleza del mercado laboral y la inflación cerca a nuestro objetivo del 2%", señaló Powell en el discurso pronunciado ante el Congreso.

El pasado 30 de octubre la Fed acometió el tercer recorte de tipos en lo que va de año, hasta situarlo en la horquilla del 1,5%-1,75%, niveles de diciembre de 2018. La última vez que el banco central de EE UU había acometido tres rebajas consecutivas fue en 2008, en plena crisis económica. En la rueda de prensa ofrecida por Powell, el presidente de la Fed remarcó que mientras las previsiones económicas se mantengan, los actuales tipos de interés son “los apropiados”.

La decisión del banco central se conoció el mismo día de la publicación de la primera lectura del PIB del tercer trimestre de EE UU. Entre julio y septiembre su economía creció un 1,9%, tres décimas más de lo previsto. Aunque batió las expectativas, el dato, que es el más bajo desde comienzos de 2017, queda lejos del alza del 3,1% registrado a comienzos de año. Es decir, pese a que la economía estadounidense sigue siendo sólida, es indudable que la desaceleración ha llegado y avanza con fuerza.

El mercado teme el impacto en la banca de las propuestas de PSOE y Podemos para subirles el tipo mínimo en el impuesto de sociedades más que a otras empresas y crear un gravamen por las ayudas al sector. El anuncio del preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha costado, por el momento, 6.327 millones de euros de valor de mercado a los ocho bancos españoles cotizados.

La depreciación está siendo especialmente significativa en Bankia: cae un 7,78% en los dos últimos días, equivalente a 462 millones de capitalización. La intención de Podemos de transformar la entidad, controlada por el Estado, en un banco público está pensado sobre el valor, aunque en el sector descartan que esto llegue a materializarse.

Sobre todo, el sector planea la sombra de un incremento de la presión fiscal, defendido por ambas formaciones. Si bien el recorte de las acciones del lunes fue relativamente moderado, de entre el 4,55% de Bankia y el 0,55% de BBVA, ayer los descensos fueron contundentes: oscilaron entre el 6,78% de Unicaja y el 2,12% de CaixaBank (ver ilustración).

"Muchos institucionales, estudiando la situación en frío, están deshaciendo posiciones. Este tipo de inversores son menos flexibles a la hora de tomar decisiones, que en ocasiones deben pasar por comités de inversión y al ser más rígidos han tenido que vender hoy (por ayer) y no el martes", comenta Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4, reconoce que la amenaza de las posibles medidas que puede tomar un gobierno de izquierda radical está detrás de los descensos de las acciones de los bancos. Pero apunta también al contexto del mercado. De hecho, el sector europeo en conjunto registró retrocesos, como consecuencia de la salida de los inversores de las compañías más sensibles al ciclo ante las dudas sobre el progreso real de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Commerzbank se dejó un 6,14%; Deutsche Bank, un 4,44%; ABN Amro, un 3,79%; y AIB Group, un 3,76%.

"El mercado duda ahora de que se pueda firmar la primera fase del acuerdo comercial a primeros de diciembre, lo que vuelve a pesar en las expectativas económicas. Por otro lado, los bancos habían recuperado bastante desde mediados de agosto, en medio de una mayor complacencia de los inversores gracias, en parte, al giro expansivo de los bancos centrales", argumenta Álvarez.

La producción industrial creció un 0,1% en la eurozona el pasado septiembre en comparación con agosto, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el avance fue del 0,2%, según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En la comparación interanual, la producción industrial disminuyó un 1,7% en la zona euro y un 1,2% en el conjunto de la UE en relación con 2018.

En septiembre de 2019, en los diecinueve países que comparten el euro la producción aumentó en septiembre un 1% en los bienes de consumo perecederos y un 0,6% en los bienes de inversión respecto a agosto, mientras que cayó un 0,7 en la producción de bienes de consumo duraderos, un 0,8% en la energía y un 0,9% en los bienes intermedios.

En los Veintiocho Estados miembros de la UE, la producción aumentó un 0,9% en los bienes de consumo perecederos y un 0,6% en los bienes de inversión, mientras que decreció un 0,1 % en los bienes de consumo duraderos, un 0,4% en la energía y un 0,7% en los bienes intermedios. La producción industrial en España aumentó un 0,4% respecto a septiembre de 2018 y cayó un 0,9% respecto a agosto de 2018.

En lo referente al resto de Estados miembros, la producción industrial en septiembre de 2019 respecto al mes anterior en Irlanda logró un avance del 8,8 %, Malta (-3,7%), Hungría (3,1%), Croacia (2,5%) y Dinamarca (2,5%), mientras que los descensos más pronunciados se los adjudicaron Portugal (-2,3%), Estonia (-1,5%), Finlandia (-1,2%) y Alemania (-1%).

En comparación con septiembre de 2018, la producción sufrió caídas significativas en Alemania (-5,3%), Portugal (-5%), Estonia (-4,8%), Rumanía (-4%) y Eslovaquia (-2,5%) y notables avances en Hungría (9%), Lituania (7,8%), Letonia (7,2%), Irlanda (5,1%) y Dinamarca (5%).

Empresas e inversores están "preocupados" e "inquietos" y están planteando un alud de preguntas a los despachos sobre los cambios laborales que se avecinan con un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo. Así lo trasladan los abogados de Laboral a los que ha preguntado este diario, que también muestran su preocupación por el impacto en el mercado de trabajo de las medidas que defiende la formación de Pablo Iglesias, entre ellas, la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, y también la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010.

Desde que se anunció el preacuerdo el martes, las empresas están analizando e, incluso, decidiendo, adelantar ajustes de plantilla y prejubilaciones, realizar subcontrataciones y frenar la contratación. El parón se debe en algunos casos a que se están aparcando inversiones que iban a suponer más contratos, cuentan los bufetes consultados.

El PSOE ha repetido hasta la saciedad su intención de "derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral", lo que nunca ha quedado claro ni se ha concretado en el año que ha estado en el poder, pero que un gobierno de coalición con Podemos, en el que se está valorando que la formación morada lleve el Ministerio de Trabajo, obligaría a definir y a acercar posturas con un partido que preconiza la derogación sin ambages.

Podemos plantea además en su programa seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al final de la legislatura y mantener la prestación por desempleo hasta el final en el 70% de la base reguladora, sin recortes, y subir las cuantías máximas y mínimas. Promete una jornada de 34 horas y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, "poner orden" en la subcontratación y prohibir los contratos temporales de menos de un mes.

Eliminará, asimismo, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, a lo que se suman otras medidas que, a juicio de los abogados consultados, imposibilitarían la viabilidad del sistema de pensiones. Martín Godino, socio director de Sagardoy, explica que "hay preocupación": "Partimos de un marco laboral mejorado. Podemos defiende modificaciones en la flexibilidad interna, las condiciones concretas de trabajo (jornada, salario), y externa (contratos y despidos), lo que no hace el PSOE.

Hay preocupación con que vuelva el marco anterior a 2012 y que se haga prácticamente imposible modificar las condiciones laborales y se dificulte mucho el despido", advierte. También constata "mucha preocupación con que se vuelva a la autorización obligatoria de la autoridad laboral en los ERE", cuando cree que "el funcionamiento desde la reforma laboral ha sido muy bueno. Sería un retroceso volver a la intervención política, lo que supondrá un freno a la creación de empleo y un incentivo a la contratación temporal. En estos años, los ERE con acuerdo han sido más del 90%, con lo que se ve que el marco vigente no es irracional y que ha contribuido a solucionar crisis".

Con este argumento, el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia ha confirmado la sanción de 2.050 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a una compañía de envasado de fruta, por una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tras el accidente del que fue víctima una empleada.

Según el relato de hechos probados, la trabajadora sufrió la amputación de dos de sus dedos después de que una de sus manos quedara atrapada en la máquina cortadora de frutas. Según el informe de la Inspección y los testigos que presenciaron los hechos, la afectada se acercó demasiado al aparato y, al no estar colocada la pantalla que protegía la zona de entrada de las piezas al mismo, en un descuido, sufrió el percance.

La compañía recurrió la sanción administrativa alegando que la trabajadora había actuado con imprudencia temeraria. Sin embargo, el juez rechaza este extremo porque, aunque la misma estuviera probada, el empresario "está obligado a prever, no solo la conducta más cumplidora del trabajador, sino también la conducta imprudente".

Según describe la sentencia, aunque hubiera estado colocada la pantalla protectora de la máquina cortadora, el accidente seguía siendo posible porque el orificio por el que entraba la fruta era de un tamaño por el que también cabía una mano. Además, la boca de entrada a las cuchillas del aparato estaba tan cerca de esa misma ranura que si alguien introducía una extremidad podía producirse el atrapamiento. Todo ello, explica el juez, constituye un grave fallo en el diseño de la máquina y el sistema de trabajo porque permite la posibilidad de que ocurran accidentes como el analizado.

En todo caso, y tras los argumentos aportados por la defensa, el magistrado concluye que no se han aportado pruebas suficientes que permitan acreditar que la trabajadora obró con imprudencia. Es más, sospecha que la actuación de la compañía no fue del todo correcta, dado que esta no activó el protocolo de accidente grave ni tampoco dio cuenta del mismo a la Inspección de Trabajo.

El proyecto de Presupuesto contempla un escenario económico de crecimiento del PIB en Madrid del 2,3%, una décima por debajo de la comunidad, cuatro décimas por encima de España y se ajusta, por un lado, a los límites establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por el otro, a la última senda de déficit aprobada hasta la fecha. En este sentido, Hidalgo presumió de que la deuda se situará a final del ejercicio por debajo de los 2.000 millones.

El regidor madrileño confió en que antes de que concluya el año estén aprobados estos presupuestos "imprescindibles y necesarios", ante la más que posible" desaceleración que se prevé, por lo que Madrid "seguirá liderando la economía española". Almeida valoró que gracias a la aprobación de estos presupuestos harán de contrapeso contra las políticas del PSOE y de Unidas Podemos. Además, "permitirán que Madrid siga creciendo por encima de la media nacional".

Por ello, el alcalde de la capital remarcó que los presupuestos para la ciudad de Madrid en 2020 serán "justos y razonables" y "aumentarán la inversión". "Son los presupuestos que necesitan los madrileños", aseguró. Por su parte, la vicealcaldesa comentó que, "dentro de un escenario donde parece muy complicado sacar presupuestos, donde todos arrastran presupuestos", el Ayuntamiento de Madrid ha sido capaz de presentar el proyecto.

Por ello, Villacís puso en valor el esfuerzo del PP y Cs para hacer posible la conformación de estos presupuestos, porque "no hay hoja de ruta sin presupuestos". En este sentido, destacó que son los primeros de esta corporación, por lo que "estamos muy orgullosos de demostrar que es posible reducir la deuda con bajar los impuestos".

Además, "hemos demostrado que se puede aumentar la inversión siendo austeros donde había que serlo y manteniendo los servicios públicos de Madrid, que gozan de muy buena salud", destacó la portavoz de Ciudadanos.

Sumadas las cifras de negocio de las filiales en España de Airbnb (Airbnb Martketing Services), Amazon (Amazon Data Services Spain, Amazon Online Spain, Amazon Spain Fulfillment y Amazon Spain Services), Apple (Apple Marketing Iberia y Apple Retail Spain), Facebook (Facebook Spain), Google (Google Spain), HBO (Home Box Office), Netflix (Los Gatos Entretenimiento España), Microsoft (Microsoft Ibérica), Tripadvisor (Tripadvisor Spain) y Twitter (Twitter Spain), alcanzaron en el ejercicio de 2018 ventas por 1.382 millones, un 37,3% más que en 2017.

El beneficio neto después de impuestos se elevó un 23,8% hasta los 45,55 millones. No obstante, destinaron a impuesto de sociedades 29,52 millones a Hacienda, un 9,6% menos que el año anterior. Esto se debe a que, a pesar de ganar más, las filiales se acogen a deducciones fiscales, tienen mayores gastos pagados a las matrices, o, en algunos casos, por el pago de multas a Hacienda.

El volumen de negocio que generan los gigantes tecnológicos en España es en realidad muchísimo mayor que esas cifras, pero varias de ellos facturan la mayor parte de sus ingresos desde otros países (sobre todo Irlanda) con una fiscalidad favorable para sus intereses.

La presión internacional, las iniciativas para gravar esa actividad que escapa de tributar y las inspecciones fiscales están provocando que algunas compañías reconsideren sus estrategias fiscales. La paradoja que muestran los resultados de 2018 de las filiales de los gigantes tecnológicos es que el hecho de pasar a facturar más en España no garantiza un aumento de los impuestos que pagan.

Buen ejemplo de ello es Facebook, que ha comenzado a facturar parte de su publicidad directamente en España a través de su filial Facebook Spain. Eso ha llevado a dicha sociedad a multiplicar por 11 su cifra de negocio, de 10,1 a 112 millones. No obstante, este cambio apenas se ha traducido en el pago de más impuesto de sociedades en España ya que la filial española contabiliza como gasto el pago de 96,7 millones a Facebook Ireland como “costo para la compañía de actuar como revendedor de publicidad”. Al final, el beneficio es pequeño y el pago de impuestos, también.

Amazon fue uno de los primeros gigantes tecnológicos que decidió ir dejando de desviar sus ventas a Luxemburgo para facturarlas en España. A través de cuatro filiales, generó ingresos de 496 millones en España en 2018, pero solo pagó 4,4 millones en impuestos.

Apple tiene un modelo mixto, con dos filiales en España. Apple Marketing Iberia factura todos sus servicios a empresas del grupo en el exterior, que son las que venden al cliente final en España. Los ingresos de la filial son una mínima fracción de los que obtiene el grupo en España por ventas desde el exterior. La otra filial, Apple Retail Spain, gestiona las tiendas, y está por ello obligada a facturar en España. Pero el precio al que compra los productos al grupo hace que sus beneficios sean bajos y, con ello, también el pago de impuestos. Entre las dos sociedades, Apple destinó 10,1 millones a impuestos (un 25% menos).

Google Spain, por su parte, elevó sus ventas un 8% en 2018 hasta 104 millones que proceden, en su mayoría, de las comisiones cobradas a la matriz irlandesa. No obstante, abonó 6,8 millones de impuesto de sociedades, un 25% menos. La razón del recorte es un pago extra que tuvo que afrontar en 2017 para saldar deudas con Hacienda.

Los ingresos que declaran las filiales españolas de Airbnb, Twitter, HBO, Tripadvisor y Netflix son mínimos y el pago de impuestos, casi simbólico. Netflix, por ejemplo, factura a sus abonados desde Holanda y sus dos filiales en España destinaron a impuestos solo 3.246 euros.

Para intentar frenar estas prácticas, que son legales, desde Bruselas se ha trabajado en un nuevo impuesto a determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’. La OCDE también está trabajando en fórmulas para que las grandes tecnológicas y otras multinacionales tributen por sus beneficios allí donde tienen usuarios y clientes, tengan presencia física en ellos o no.

El Tribunal Supremo ha decidido comenzar a sentar jurisprudencia sobre la posibilidad de que la Agencia Tributaria registre el domicilio de un particular o una empresa, cuya privacidad está protegida constitucionalmente, con motivo de una inspección fiscal. Tras admitir a trámite un caso en el que el fisco basaba su registro en la detección estadística de ingresos anómalos de una taberna, como adelantó este diario, el alto tribunal acaba de dictar sentencia en otro caso aclarando que la necesidad de aprovechar “el factor sorpresa” para evitar el riesgo de “destrucción de pruebas” por parte del contribuyente no es justificación suficiente como para que un juez autorice la entrada de Hacienda en un domicilio.

El caso analizado por el alto tribunal es el de la minera Hullera Vasco Leonesa, a la que la Agencia Tributaria sometió a una inspección fiscal centrada en los ejercicios 2002 a 2007 que concluyó, en octubre de 2012, con la detección de algunas anomalías. Hacienda certificó que la firma venía aprovechando un beneficio fiscal del Impuesto de Sociedades conocido como “dotaciones al factor agotamiento”, que permite a las mineras reducir su base imponible realizando reservas a condición de que, en el plazo máximo de 10 años, reinvierta ese importe en gastos, trabajos e inmovilizados en nuevos yacimientos que permitan compensar el agotamiento de los ya explotados.

La conclusión del fisco fue que “buena parte de las reinversiones” realizadas por la compañía a cuenta de esas dotaciones con las que había rebajado el pago de impuestos durante años “no son legalmente aptas” para aprovechar el beneficio fiscal, pues se destinan a otro tipo de inversiones distintas a las contempladas por la norma.

Bajo la percepción de que la compañía siguió manteniendo esta práctica, en mayo de 2016 la Agencia Tributaria inició una nueva inspección sobre los ejercicios 2011 a 2014, en la que “la primera actuación”, recoge el fallo del Supremo, fue solicitar una orden de entrada y registro en el domicilio de la empresa para recabar la documentación existente sobre el citado beneficio fiscal alegando la necesidad de contar con el “factor sorpresa” a fin de “evitar la desaparición de las pruebas”. Argumentaba el fisco, además, que a cierre de 2014 la empresa había declarado que restaban por reinvertir 2.331 millones de euros de esas reservas, que del periodo 2011 a 2006 estaban pendientes de materializar otros 20,5 millones y que la compañía había sido declarada en concurso de acreedores en febrero de 2016.

La petición de registro del domicilio empresarial fue aceptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León. El fallo considera que “aun aceptando dialécticamente que le contribuyente puede estar efectuando reinversiones que no son aptas”, “nada impedía” a la Agencia Tributaria requerir a la empresa que las acreditara debidamente, o bien le denegara el beneficio, por lo que considera que “la Inspección no necesitaba entrar en el domicilio”.

“No alcanza la Sala a identificar qué pruebas podía hacer desaparecer el contribuyente”, dado que “es él el que tiene que probar” que puede disfrutar del beneficio fiscal con lo que “tampoco comprende en absoluto la relevancia”, admitida por el Superior de Castilla y León, del “factor sorpresa para asegurar el éxito” de la investigación, ni concede importancia alguna a que la firma estuviera en liquidación por lo que estima el recurso y anula el registro.

“La sentencia deja claro que la autorización judicial de entrada es algo excepcional que, por limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, debe acordarse solo cuando se trate de una medida necesaria e imprescindible”, subraya José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico. “Hacienda quiere vía libre para entrar en el domicilio de los contribuyentes y, afortunadamente, los Tribunales están poniendo coto a tan peligrosas intenciones”, asevera, recordando que recientemente el Supremo también ha admitido a trámite analizar “si el hecho de que una empresa declare por debajo de la media del sector de su actividad justifica la entrada en su domicilio”.

El capital riesgo patrio consigue por la vía foral lo que lleva años pidiendo al Gobierno estatal. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno de Navarra preparan sendas reformas de la tributación de la comisión de éxito que se embolsan los gestores de fondos de capital riesgo. Se trata del llamado carried interest por el que en la mayor parte del territorio nacional los fondos de private equity cotizan de forma similar al IRPF, al 49%.

El carry es la cantidad que se reparten los gestores de un fondo de capital riesgo una vez que desinvierten por completo el vehículo y devuelven a sus partícipes la inversión inicial, así como la rentabilidad obtenida. Este bonus funciona como una especie de premio para los mejores gestores, dado que cuanto mayor revalorización consigan en sus carteras, mayor será el remanente que se embolsarán.

En enero de este año la Diputación Foral de Guipúzcoa tomó la iniciativa, aprovechando la independencia tributaria de la que gozan determinados territorios. En una norma emitida por el Gobierno foral, pilotado por el PNV, permitía que estos bonus pasasen a tributar como dividendos, con una retención de entre el 19% y el 23%, y como rentas del trabajo.

"Siguiendo la corriente de los principales países de la Unión Europea, se regula la tributación de la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo, como rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad", reza el documento.

Meses después fue la Diputación Foral de Bizkaia la que tomó una decisión similar. En verano publicó un decreto en el que establecía que los gestores de "fondos de inversión alternativos" podrían beneficiarse de beneficios fiscales que redujesen su factura final. Para ello el fondo debe estar en activo al menos cinco años y debe repartir una rentabilidad mínima a sus partícipes.

Una vez que ambas entidades provinciales han instaurado ya esta medida, las otras dos instituciones con competencias similares trabajan para desarrollar medidas similares. Por el momento, la Diputación Foral de Álava, gobernada también por el PNV, ultima un reglamento, que espera cuente con el visto bueno del consejo de Gobierno de este jueves. Previsiblemente y según indican las fuentes consultadas a este periódico, pivotará sobre lo dispuesto en la normativa vasca.

Más lejos está su implementación en Navarra, si bien la medida está sobre la mesa de la presidenta socialista, María Chivite. Para ello deberá convencer a su socio de Gobierno, Podemos, en general reacio a las bajadas de impuestos. Más fácil parece la aquiescencia de sus otros socios Geroa Bai, partido vinculado por el PNV, quien ha impulsado este cambio normativo en las tres provincias vascas.