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A la ceremonia inaugural, que empieza a las 10:30 horas, han confirmado asistencia más de cincuenta jefes de Estado o de Gobierno y los máximos responsables de numerosos organismos internacionales. Estarán hoy en Madrid veinte primeros ministros europeos; los presidentes de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana; el primer ministro de Marruecos, Saadeddine Othmani; el Príncipe Alberto de Mónaco o la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nanci Pelosi.

Asisten también hoy a la inauguración de la cumbre los responsables de las principales instituciones europeas (Comisión, Consejo Europeo y Parlamento) y los presidentes o primeros ministros de numerosos países africanos y asiáticos.

Antes de la apertura oficial, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y con el secretario general de la ONU, António Guterres, y por la tarde lo hará con los responsables de los Gobiernos de América Latina.

Sánchez ofrecerá además un almuerzo "ecológico" a los jefes de Estado y de Gobierno -elaborado por los propietarios del restaurante "El Celler de Can Roca"- y la agenda oficial se completará por la tarde con la recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

La ley obliga a determinados colectivos, fundamentalmente a las empresas, a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. En una reciente sentencia, sin embargo, el Tribunal de Justicia de Castilla y León acaba dictaminar que la entrega a tiempo de un recurso presencialmente que luego sea complementado con el envío electrónico requerido, aunque sea ya fuera del plazo oficial para hacerlo, no debe invalidar la actuación, lo que abre la puerta a que el contribuyente no pierda la oportunidad de recurrir algunas decisiones del fisco u otras autoridades si olvida su obligación de hacerlo digitalmente.

La ley 39/2015 reforzó la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a las personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; los profesionales liberales, incluyendo a notarios y registradores de la propiedad; los representantes de cualquiera de estos grupos; los empleados públicos; y ciertas personas físicas o colectivos a los que se les exija específicamente.

A partir de ahí, el artículo 68.4 de la norma establece que, si alguno de ellos “presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica”. Acto seguido la regulación advierte de que “se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación” por vía electrónica, no aquella en la que se realizó el trámite presencial en un primer momento.

Este ha sido el motivo del litigio analizado por el alto tribunal castellanoleonés. Sus magistrados abordaron concretamente el pulso entre la Junta de dicha región y una empresa privada a cuenta del deslinde de los terrenos de un monte en el que la Administración incluyó “indebidamente”, sostiene la compañía, una finca rústica de su propiedad, como demostraría la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Ante su desacuerdo con la decisión oficial, la empresa presentó un recurso presencial el 9 de noviembre de 2017, el último día en que podía hacerlo. El día 23 de aquel mes, la Junta le advirtió de que su escrito debía presentarse telemáticamente, para lo que tenía 10 días de plazo. Aunque la empresa así lo hizo, el 1 de diciembre, la Administración concluyó que al ser esa última fecha la que se debe tomar como referencia de presentación del recurso este llegaba 21 días fuera del plazo legal para interponerlo. La empresa decidió entonces recurrir judicialmente la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le ha acabado dando la razón.

El Consejo General de Economistas (CGE) ha elevado en una décima su previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,9%, por el buen comportamiento del consumo, el gasto público, la inversión empresarial y la industria, si bien mantiene una estimación de la tasa de paro en el 13,9%, y el crecimiento del PIB en el 1,6% en 2020.

Así figura en el observatorio financiero elaborado por los economistas y correspondiente al mes de noviembre, en el que tras haber revisado una décima a la baja su pronóstico el mes anterior por los ajustes de la Contabilidad Nacional, ha mejorado su previsión por unos indicadores más positivos de lo previsto en consumo, gato público, inversión empresarial e industria.

Los economistas consideran que se mantendrá la tendencia del consumo en estos últimos meses del año por compras navideñas, pagas extras y baja inflación, lo que propicia un aumento de la capacidad adquisitiva. Asimismo, la inversión empresarial se ha adelantado al presente ejercicio, ante las incertidumbres fiscales del próximo año, a lo que tampoco se debe sustraer la industria.

De esta forma, el CGE prevé un crecimiento inferior en dos décimas a lo estimado por el Gobierno para este año, y dos décimas por debajo del cálculo del Ejecutivo para 2020 (1,8%), ya que los economistas sitúan el avance en el 1,6%. En detalle, los economistas proyectan un alza del consumo del 1,2% este año y del 1% en 2020, en tanto que las exportaciones se intensificarán al crecer un 3% y un 4%, respectivamente.

En cuanto al empleo, mantiene su pronóstico de finalizar el año con una tasa de paro del 13,9%, ya que cree que diciembre será más positivo para el empleo de lo previsto inicialmente. Tampoco varía su proyección sobre el paro en 2020, dejándolo en el 13,25%. El Gobierno es más optimista y augura un desempleo del 13,8% y el 12,3%, en cada ejercicio. Igualmente, CGE mantiene que la tasa de ahorro será del 6% en ambos ejercicios.

Por último, las previsiones de aumento de la tasa de inflación vuelven a ajustarse en dos décimas menos con respecto a meses anteriores, pasando del 0,9% previsto al 0,7% a final de año. En este comportamiento ha ayudado la estabilidad de los precios de los carburantes, los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la ralentización del crecimiento del comercio exterior. Para 2020 augura que se duplique, hasta el 1,5%.

La agencia de calificación Moody's asegura que "sólo algunas regiones lograrán un equilibrio financiero en 2020". Sin embargo, el sector regional en conjunto "no alcanzará el objetivo de déficit cero establecido por el gobierno central". En un informe sobre las comunidades autónomas, Moody's sostiene que la consolidación fiscal de las regiones españolas continuará en 2020, pero a un ritmo más lento a medida que disminuye el crecimiento de los ingresos.

Entre las que considera que pueden registrar equilibrio fiscal o superávit están la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias y País Vasco. "Los gobiernos regionales de España seguirán beneficiándose del aumento de los ingresos operativos, aunque estos disminuirán al 2% en 2020 desde el 3,2% en 2019 debido a una caída del rendimiento económico a nivel nacional", afirma Marisol Blázquez, Moody's Assistant Vice President – Analyst y coautora del informe.

Además, prevé que los gobiernos regionales aumentarán la financiación externa mediante emisiones de bonos a medida que vuelven gradualmente a los mercados de capitales, beneficiándose de los bajos tipos de interés. "Es poco probable que el gobierno en minoría de España apruebe una reforma del sistema de financiación autonómica en 2020, lo que significa que no habrá ingresos adicionales para los gobiernos regionales españoles", añade la agencia de calificación.

El Govern, y en concreto la parte republicana del Executiu, y los ‘comuns’ están negociando de cara a los Presupuestos de la Generalitat 2020 crear un nuevo tramo del IRPF para las rentas superiores a los 90.000 euros, a las que se les aplicaría un tipo del 23,5%. De este modo, según Europa Press, se quiere reducir el salto que existe actualmente entre las rentas de a partir de los 53.000 euros, a las que se le aplica un tipo del 21,5%, y las de 120.000, para las que se está negociando aumentar el tipo aplicable del 23,5% actual al 25,5%, según las mismas fuentes.

Por su parte, no se realizaría ninguna modificación del tramo correspondiente a las rentas de a partir de los 175.000 euros, a las que actualmente se aplica un tipo del 25,5%. Fuentes del Govern explicaron que siguen trabajando en este «preacuerdo», y que también se quiere actuar sobre los tramos bajos del IRPF para reducir la presión fiscal. A finales de octubre, el Govern y los ‘comuns’ empezaron a materializar algunos avances en la negociación de las cuentas en el capítulo de fiscalidad, abordando entonces la modificación del IRPF y también la del impuesto de sucesiones y donaciones. Este fue el principal escollo que impidió el acuerdo en los últimos presupuestos, negociados en primavera, ya que la propuesta del Ejecutivo de Quim Torra no satisfizo las reivindicaciones de los comuns.

Esquerra vuelve, así, a la propuesta que ellos mismos defendieron en la negociación presupuestaria del 2017, es decir, las últimas cuentas aprobadas. En aquella ocasión, ERC remó a favor del aumento del tipo impositivo de los tramos más elevados, pero los posconvergentes (unos y otros, integrados en Junts pel Sí), con Carles Puigdemont a la cabeza, lo vetaron. La CUP, con quien al fin pactarían los presupuestos plantearon crear nuevos tramos, con más gravamen, a partir de 60.000 euros de renta. ERC ya había propuesto, con ocasión del debate de los presupuestos del 2016, aumentar el IRPF de quien declaraba más de 90.000.

Por aquel entonces, los republicanos ya manejaban un estudio que desvelaba que la presión fiscal en Catalunya se halla un poco por encima de la media española, en el noveno lugar. Y, en el último debate de política general, las dos fuerzas en el Govern votaron a favor de una propuesta de resolución de los ‘comuns’ que reclamaba al Govern «impulsar una reforma fiscal progresiva» que modifique la fiscalidad en el IRPF y el impuesto de Sucesiones.

La subida del IRPF, y la bajada a los tramos más bajos, sería la segunda gran señal que ERC manda a los ‘comuns’ a lo canto de sirena para atraerlos. Hace unas semanas, Pere Aragonès ya avanzó que el nuevo proyecto de presupuestos incluiría una rebaja del 30% de las tasas universitarias, una rebaja que sería lineal, es decir, que se aplicará en todos los tramos.

Europa quiere bancos implicados en la sostenibilidad del planeta. Un reglamento europeo en fase de consultas, que podría tardar dos años en entrar en vigor y que invade competencias del BCE, contempla ventajas para incentivar la financiación verde. Las entidades financieras podrán ahorrarse hasta un 25% del consumo de capital que implica su actividad crediticia, siempre y cuando dicha financiación sea sostenible y ayude a una transición hacia una economía menos intensiva en carbono.

Así lo establece una directiva comunitaria aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y que exige ser traspuesta por cada uno de los países miembros. Esta directiva lleva aparejado un reglamento. El artículo 501 dice que los requisitos de fondos propios exigibles por cada crédito se multiplicarán por un factor de 0,75%, siempre que el banco acredite que la actividad que está financiando contribuye a cumplir determinados objetivos medioambientales. Entre ellos, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; la prevención y control de la contaminación; y la protección de ecosistemas saludables.

Este reglamento se encuentra en fase consultiva. Se calcula que entrará en vigor, en el mejor de los casos, en abril de 2021, si bien debe aún superar el proceso legislativo. Para poder beneficiarse de esta bonificación del 25% en el consumo de capital del crédito, las entidades deberán demostrar que disponen de un procedimiento robusto de evaluación que determine si la financiación concedida contribuirá a conseguir los objetivos medioambientales previamente mencionados.

El reglamento no concreta qué es o no es financiación sostenible. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) tampoco ha publicado guías al respecto. Existen estándares publicados sobre qué se considera o no bono sostenible -green bonds principles-, pero no son de obligado cumplimiento. Lo único que dice el reglamento es que el crédito debe contribuir a mitigar los riesgos medioambientales. Las directivas no suelen legislan en materia de requisitos de capital, que son competencia del supervisor europeo, el BCE, y del Comité de Basilea.

Se calcula que en todo el mundo hay 30.000 millones de dólares, unas 27 veces el PIB español, invertidos en activos considerados como sostenibles. De ellos, el 50% en Europa. Las autoridades supervisoras obligan a los bancos europeos a que incluyan los riesgos de gestión medioambiental en su información pública, pero no existe un mandato claro en cuanto a la metodología. Se recomienda la creación de un comité específico para gestión de riesgos ESG [sostenibles], con dependencia jerárquica directa del comité de dirección, que también debe implicarse en estas políticas.

Existe una elevada posibilidad de que el riesgo climático se incorpore a los test de estrés que realiza la EBA. Son varias las voces, entre ellas la de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, que se han pronunciado públicamente a favor. No se descarta que esta variable se incluya en las próximas pruebas, cuyos resultados se publicarán en noviembre de 2020. Desde este año, el cambio climático está entre los principales factores de riesgo a seguir por el BCE desde la perspectiva supervisora.

Desde hace casi un año medio, la querencia de Donald Trump por las barreras comerciales es el principal dolor de cabeza de los inversores. Ayer el presidente estadounidense anunció una nueva oleada de aranceles: sobre Francia, por la tasa Google, y sobre Argentina y Brasil, como castigo porque su divisa está barata. El hecho de que los dos países latinoamericanos gasten sus reservas de dólares para evitar esta caída no cambia los planes de Trump. Las medidas despertaron las ventas de un mercado temeroso de que la guerra comercial se agrave, y el Ibex sufrió su mayor caída en dos meses.

Hoy el mercado intenta recomponerse; por más que la sesión en Asia haya sido de pérdidas, éstas han sido más moderadas que en Europa, al igual que lo fueron en Wall Street. De este modo, los futuros sobre el Eurostoxx 50 suben en torno a un 0,4% y también avanzan los derivados sobre el S&P 500.

El mercado, en este contexto, tampoco es optimista sobre la relación con China, visto el gatillo fácil del ex magnate. Ayer Pekín rechazó el atraque de barcos de la Armada estadounidense en Hong Kong, tras la legislación aprobada en Washington en apoyo de las protestas. Y, aunque el PMI en China fue ayer muy positivo a primera hora de la mañana, el de Estados Unidos fue peor de lo previsto, quedando en apenas 48,1 puntos cuando se esperaban 49,2

Con el modo de corrección activado, los tipos de la deuda volvieron a caer en Estados Unidos y Europa, aunque sin movimientos de gran violencia. En las divisas, el dólar se vio ayer muy castigado, con una caída del 0,56% hasta los 1,1075 dólares por euro que marca esta mañana. Los datos económicos y el riesgo de guerra comercial hacen caer la divisa, que cotiza a 109,18 yenes.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que impondrá aranceles de 2.400 millones de dólares a hasta el 100% del valor de ciertos productos franceses, en respuesta a la imposición por parte de Francia de una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de tecnológicas estadounidenses, como Google y Facebook.

La Oficina del Representante de Comercio Exterior de EE UU (USTR, en sus siglas en inglés) explicó en un comunicado que la medida "incluye aranceles adicionales de hasta el 100% sobre ciertos productos franceses", informa Efe. EE UU estudia imponer aranceles también a productos de Italia, Austria y Turquía por sus impuestos digitales.

La lista de bienes franceses que estarán sujetos a estos gravámenes engloba 63 categorías diferentes con un valor comercial aproximado de 2.400 millones de dólares y en ella aparecen productos como varios tipos de quesos, bolsos, vino espumoso y varios artículos de maquillaje.

El anuncio de hoy es el resultado de una investigación que el Gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo durante cinco meses sobre el impuesto digital de París y que concluye que esa tasa "discrimina a las compañías estadounidenses, es incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional y es inusualmente oneroso para las empresas de EE UU afectadas".

A pesar de que por ahora es una recomendación de la USTR y no existe aún una fecha oficial de entrada en vigor, se espera que Trump dé luz verde a la iniciativa impulsada por esta oficina gubernamental próximamente.

En el comunicado, el responsable de Comercio Exterior de EE UU, Robert Lighthizer, destacó que "la decisión de USTR de hoy envía una señal clara de que Estados Unidos tomará medidas contra los p regímenes fiscales digitales que discriminan o imponen cargas indebidas a las empresas estadounidenses".

Lighthizer advirtió además de que la USTR está evaluando si abrir investigaciones del mismo tipo sobre los impuestos a los servicios digitales de Austria, Italia y Turquía.

"La USTR se enfoca en contrarrestar el creciente proteccionismo de los Estados miembros de la UE, que se dirige injustamente a las compañías estadounidenses, ya sea a través de impuestos a los servicios digitales u otros esfuerzos que apuntan a las principales compañías de servicios digitales de Estados Unidos", agregó.

Arrancó la Cumbre climática de Madrid (COP25) con un objetivo claro: alcanzar un compromiso más ambicioso en la reducción de emisiones contaminantes de aquí a 2050. "O marcamos un punto de inflexión, o alcanzaremos un punto de no retorno", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la ceremonia de apertura del evento organizado por Naciones Unidas, que se celebra en Ifema hasta el viernes, 13 de diciembre.

Europa tiene vocación de estar a la cabeza en esta carrera por la descarbonización. "Si fue Europa quien lideró la revolución industrial y el capitalismo fósil, ha de ser Europa quien lidere la descarbonización", ha subrayado Sánchez en su discurso. El objetivo es llegar a la Cumbre de Glasgow, el año que viene, con contribuciones nacionales mucho más ambiciosas que las ya pactadas en el Acuerdo de París. Este tratado adoptado en la Cumbre del Clima de 2015, establecía que los países debían revisar en 2020 sus planes de reducción de emisiones con objetivos más estrictos.

A poco más de 15 días de 2020, la COP25 se convierte en la antesala de estos objetivos. La cita llega a Madrid como una cumbre de tránsito, pero cualquier modificación a partir de este momento puede suponer un gran avance o un enorme paso atrás.

"Espero que todos los gobiernos sean capaces de revisar durante este año – de camino a la COP26 en Glasgow- sus contribuciones nacionales con la ambición necesaria para afrontar la emergencia climática", ha advertido el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la inauguración de la cita. Actualmente, ha señalado Guterres, "alrededor de 70 países han anunciado su intención de elevar la ambición en los compromisos nacionales en 2020, y 65 países se han comprometido a trabajar para lograr la neutralidad carbónica en 2050".

"Pero todavía estamos esperando un movimiento transformador de la mayoría de las economías del G20", ha advertido Guterres. Las economías avanzadas representan tres cuartos de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En la Unión Europea, la mayoría de países se ha comprometido con reducir a cero las emisiones de carbono para 2050, pero no todos. "España está liderando este consenso para 2020. El objetivo es que se pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo de la próxima semana", explican fuentes del Gobierno. Bruselas se comprometió en 2015 a reducir sus emisiones en un 40% hasta 2030.

El nuevo objetivo pasa por incrementar los esfuerzos para elevar los recortes en 15 puntos porcentuales, hasta un 55%, y alcanzar la neutralidad carbónica en 2050. La meta de 2030, explican fuentes del gobierno, es clave: "Hay que fijar un objetivo intermedio ambicioso. Si lo dejamos todo para 2050 nos podemos encontrar con que apenas hemos reducido un 2% en 2040". Actualmente, Polonia, República Checa y Hungría forman el bloque de países más escépticos respecto a esta meta.

"Nuestro objetivo es ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050.Si queremos alcanzar ese objetivo, debemos actuar ahora, tenemos que aplicar nuestras políticas ahora", ha dicho la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su primer discurso en un evento multilateral desde que tomó posesión de su cargo, ayer. Dentro de diez días La Comisión Europea presentará el Pacto Verde Europeo, uno de los ejes vehiculares de la nueva política comunitaria.

La mesa de líderes irá seguida por un almuerzo al que asistirá el presidente y los jefes de Estado y de Gobierno de medio centenar de países, además de líderes de organismos internacionales y empresas. En total, casi 300 comensales divididos en tres salas. "Los primeros ejecutivos de las principales empresas donantes a la COP25 han sido invitados por el Gobierno a la jornada de inauguración de la COP25, así como al almuerzo", ha informado Moncloa.

La lista de donantes y patrocinadores, que en total han contribuido con unos 15 millones de euros al evento, está formada por Iberdrola, Endesa-Enel, Suez, Acciona, Santander, MAPFRE, BBVA, Sabadell, Tango, Abertis, Gestamp, Indra, Iberostar, Iberia, Siemens-Gamesa, SEAT y Telefónica.

España superó los 74,7 millones de turistas internacionales en los diez primeros meses del año, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos provisionales de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hasta octubre, el gasto de los turistas internacionales en sus viajes a España alcanzó los 82.197 millones de euros, con un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo con la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicada también este lunes por Estadística.

En octubre, tras estallar la crisis del touroperador británico Thomas Cook, visitaron España 7,6 millones de turistas internacionales, un 0,3% menos que en el mismo mes del año pasado, que efectuaron un gasto de 8.367 millones de euros, un 2,5% más.

El gasto medio por turista en el décimo mes del año fue de 1.097 euros, con un repunte anual del 2,8%, mientras que el gasto medio diario creció un 6,5%, hasta los 161 euros.

De enero a octubre, Reino Unido, con 16,4 millones de turistas, se mantuvo como el primer mercado emisor, con un 1,9% menos de visitantes respecto al mismo periodo de 2018. Le siguió Alemania, con 10,1 millones de turistas y un descenso del 1,9%, y Francia, con 10 millones de visitantes, un 2,3% menos.

Cataluña es el primer destino principal de los turistas extranjeros llegados a España, con 17,3 millones de visitantes, un 0,7% más que en los diez primeros meses de 2018. A continuación, figuran Baleares, con casi 13,4 millones (-0,8%) y Andalucía, con más de 10,9 millones de turistas (+3,6%).