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El Ministerio de Hacienda estima que la recaudación se situará en 460.391 millones de euros en 2020, lo que supondría una caída del 5,6% menos respecto a 2019, debido fundamentalmente al descenso de la actividad económica ocasionada por la crisis del Covid-19. Así se refleja en el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado jueves, en el que el Ejecutivo prevé que la ratio de ingresos públicos sobre PIB ascienda al 41,65% del PIB en 2020, lo que supone un ligero incremento respecto a la tasa de 39,19 % alcanzada en el 2019.

Este incremento de la ratio, sin embargo, se explica por una caída del PIB, estimada en el 11,2%, mayor a la caída de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. Por tributos, el departamento dirigido por María Jesús Montero prevé que los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzará los 127.398 millones de euros, lo que supone una reducción de 10,81% respecto a 2019. Dentro de los distintos impuestos que conforman esta rúbrica la mayor caída la experimentan los Impuestos sobre los Productos, con un descenso del 12,8%, pasando a ser su recaudación de 121.299 millones de euros en 2019 a estimarse en 105.755 millones de euros en 2020.

En cambio, espera un ligero repunte en la evolución de los Impuestos sobre la Producción de un 0,47%, lo que supone una ligera ralentización respecto a la de 2019, donde la tasa de variación fue de un 1,76%. En lo que respecta a los impuestos sobre la renta y la riqueza, Hacienda estima que su recaudación ascenderá a 124.619 millones de euros, un 3,51% menos frente a los 129.157 millones de euros de 2019. En concreto, calcula que la recaudación por los Impuestos sobre la renta de los hogares alcanzará los 102.264 millones de euros, lo que implica una caída esperada del 1,10%.

Sobre el Impuesto sobre la renta de Sociedades, la previsión del Gobierno es que alcance los 22.355 millones de euros, frente a los 25.757 millones de euros del 2019, lo que supone una caída de un 13,21%. Los ingresos tributarios incluyen también los resultados recaudatorios de la prevención y lucha contra el fraude tributario y aduanero obtenidos por la Agencia Tributaria (AEAT), sobre los que Hacienda destaca que en el primer semestre del año ascendieron a 9.454 millones de euros, un 11,89% más respecto a 2019.

Por otro lado, en el Plan Presupuestario el Gobierno indica a la Comisión Europea que, pese a la bajada generalizada de la recaudación, "hay una serie de factores que han incidido positivamente en la estimación de ingresos del 2020 y que lastraron la recaudación del año pasado". Se trata de "las devoluciones extraordinarias de la prestación por maternidad, la devolución de un acta del Impuesto sobre Sociedades a una gran compañía o la exención de dos trimestres del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica".

De cara a 2021, Hacienda estima que los ingresos en términos absolutos se incrementen en 33.447 millones y que la ratio sobre PIB se sitúe en el 40,3%, debido a un mayor aumento del PIB, que según el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas podría ser de hasta el 9,8%.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.

Según han informado distintas fuentes parlamentarias, las recomendaciones que aprobará la Comisión que preside la exministra socialista Magdalena Valerio reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.

En un primer momento, los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones, pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y le llama a determinar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a estas penalizaciones.

Esta será una de las recomendaciones que verán la luz en los próximos días, pues según han reconocido varias fuentes, el texto definitivo está prácticamente atado, a falta de tan solo una reunión, fechada para el próximo viernes 23 de octubre, con la previsión de votarlas ya en Comisión cuatro días después, el martes 27. Tras celebrar esta semana dos reuniones, los grupos concluyeron la última revisión de las recomendaciones, y quedaron en celebrar un último encuentro más para comprobar en papel el redactado final de los letrados con los últimos cambios.

Esta reunión estaba prevista para el pasado viernes cuando, según varias fuentes de la Comisión, Vox solicitó postergar los trabajos a la moción de censura que defenderá a partir del próximo miércoles, una solicitud aceptada por Valerio. Otras fuentes señalan que no fue el único grupo que solicitó más margen. En todo caso, todas las fuentes consultadas por Europa Press coinciden que, a partir del próximo viernes, los grupos están emplazados a trabajar en sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

El Gobierno se ha servido del plan presupuestario remitido este jueves a Bruselas para preparar el terreno en la pugna por conseguir hasta el último euro de las subvenciones económicas que la Unión Europea concederá para paliar los efectos de la crisis del Covid-19. El Ejecutivo, que aspira a recibir unos 72.000 millones de euros en transferencias comunitarias entre 2021 y 2023 para impulsar su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, asegura a la Comisión Europea que el país será capaz de crear “unos 15 empleos por cada millón de euros invertido” de las ayudas europeas.

Aunque el texto no lo detalle, el cálculo está realizado tomando como referencia los 59.168 millones de euros que aspira a recibir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pues plantea que la inversión permitirá generar “880.000 puestos de trabajo” en los próximos tres años, 80.000 más de los que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar la estrategia de recuperación para el país hace unos días.

El Gobierno estima además que con cada euro comunitario se inyectarán 1,2 euros a la economía española, y se acelerará la recuperación de los niveles precrisis a “inicios de 2022”. Para ello, cuenta con incrementar un 15% la inversión pública en 2021, tras un retroceso del 18,3% en la formación bruta de capital fijo en 2020.

En paralelo, el Ejecutivo cuenta con ingresar otros 12.436 millones de euros del programa React-EU, otra de las patas del nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU, si bien ya ha avanzado que el destino de estos recursos no será el impulso de la economía y la generación de empleo, sino que dedicará 10.000 millones a prestar apoyo a las comunidades autónomas en el ámbito sanitario y educativo, y dejará los 2.436 millones restantes en manos del Ministerio de Sanidad para el refuerzo de la atención primaria y la adquisición de vacunas contra el virus.

Además, España tendrá a su disposición casi otros 70.000 millones en créditos, hasta alcanzar el máximo de 140.000 millones de la asistencia ofrecida por la UE, si bien agotará el plazo para pedirlos, que vence a mediados de 2023, antes de decidir qué parte aprovecha. Los esfuerzos del Gobierno se centran ahora, por lo tanto, en conseguir el máximo de ayudas posibles del MRR. Aunque el Ministerio de Economía tiene pendiente remitir un documento específico a Bruselas detallando en qué piensa gastar los fondos, a fin de que el Consejo Europeo y los socios comunitarios valoren qué cuantía merece recibir finalmente, el departamento que dirige Nadia Calviño esperará hasta tener un plan más detallado que pueda maximizar la consecución de ayudas.

Tiene para hacerlo hasta el próximo 30 de abril. Mientras tanto, sin embargo, además de publicitar su Plan de Recuperación ante los embajadores europeos, el Ejecutivo ha ofrecido algunos pormenores de su estrategia de inversiones en el plan presupuestario. “Con esta cantidad de recursos sin precedentes, el Gobierno elaborará unos Presupuestos Generales expansivos que permitirán proteger a las familias con el fortalecimiento del Estado de Bienestar y ayudar a las empresas reactivando la economía, así como garantizar el sistema de protección social, de manera que se tratará de reconstruir los daños económicos, sociales y sanitarios provocados por la pandemia”, promete el documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, que avanza que las nuevas cuentas también “otorgarán el correspondiente encaje presupuestario” a “diversos planes sectoriales que potenciarán actividades estratégicas de nuestro tejido productivo”.

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha avanzado que su partido estaría dispuesto a retirar la proposición de Ley que ha registrado con Unidas Podemos en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP se aviene a llegar a un pacto. En declaraciones a los medios de comunicación vía telemática, Narbona ha reiterado la oferta de negociación que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, para renovar el CGPJ, aunque signifique "incluso concesiones".

"Como ha dicho el presidente estamos dispuestos a que exista una aprobación que signifique incluso concesiones, pero en ningún caso pueden deslegitimar a un Gobierno plenamente legítimo…y quien lleva la negociación es el ministro de Justicia", ha puntualizado. Narbona ha apelado al diálogo y ha pedido a Casado que "esta vez sí" se pueda acabar con el bloqueo y abrir un espacio de diálogo para llegar a un acuerdo -que ha insistido- "estuvo a punto de producirse antes de este verano y que por razonas que desconocemos abandonó el PP".

"Esperamos que esta vez Casado sea capaz de alcanzar un acuerdo con el PSOE que supondría retirar la proposición de Ley presentada hace unos días (en el Congreso)", ha anunciado. Por otra parte, la presidenta del PSOE ha instado al líder del PP a no generar inquietud y recelos hacia la democracia de España en Europa y ha criticado que Casado pretenda deslegitimar el país precisamente cuando están pendientes de desbloquearse los fondos de reconstrucción europeos que son fundamentales.

"Que en lugar de hacer esta acción tan poco patriótica se dedique a hacer limpieza dentro de su propio partido", ha dicho tras señalar que aún están pendientes las sentencias de la operación Kitchen y de la Gürtel en su vinculación con la existencia de una posible caja B en el PP.

Los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la Justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83%- cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99% de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces/zas y magistrados/as en activo -la muestra supone casi el 20% de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales. Según explica una nota remitida por el CGPJ, la encuesta revela que los jueces españoles comparten un mismo sentido de la profesión: el 92% cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98% siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

En cualquier caso, el 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales. El porcentaje desciende hasta el 72% cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9% responde que "con frecuencia" se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Aun así, el 84% de los integrantes de la Carrera Judicial dice que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles. La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90 %) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción. Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la Seguridad Social ingresará unos 2.000 millones de euros al año adicionales con el nuevo sistema de cotización para los autónomos en función de los ingresos reales. Así lo indicaron fuentes de la organización después de que esta semana se haya producido la primera reunión entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones ATA, UPTA y Uatae para presentar la propuesta del nuevo sistema.

En concreto, el Ministerio plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia con rendimientos de actividades económicas elijan su base de cotización en función de sus previsiones de ingresos y regularizar sus cuotas un año después, de manera que podrán recibir el exceso de cotización pagado o abonar si hay defecto. Además, los autónomos podrán cambiar de tramo hasta cuatro veces al año para ajustarlo a sus rendimientos.

Actualmente, la mayor parte de los autónomos (sin perjuicio de tener acceso a determinadas deducciones) eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, con independencia de sus ingresos. Según los cruces que ha realizado el Ministerio con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE) y más de la mitad de ellos tuvieron unos rendimientos menores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que su cuota sería menor que la actual con el nuevo sistema.

En cambio, aproximadamente a un 30% de los autónomos se le incrementaría su base mínima de cotización actual, según los cálculos de UPTA. Del nuevo sistema quedarían excluidos los autónomos societarios, familiares colaboradores y religiosos. Desde UPTA apuntan que hay margen para negociar el cambio en el sistema y que entre en funcionamiento entre 2021 y 2022.

Más allá del terrible peaje a nivel de muertes, la pandemia de la Covid-19 también ha provocado una enorme montaña de deuda pública global, que los países deberán hacer frente en el medio plazo, debido a la continua presión de liquidez y el alto gasto público para contener los efectos de la crisis sanitaria. La situación ha ocasionado que, por primera vez en la historia, la deuda soberana global haya igualado el tamaño de la economía mundial, creando un nivel de incertidumbre "desconocido", según expertos.

"La crisis de la COVID-19 ha devastado la vida de las personas, sus trabajos y negocios. Los Gobiernos han tomado medidas enérgicas para amortiguar el golpe, por un total de 12 billones de euros en todo el mundo", apuntó esta semana el Fondo Monetario Internacional, que dijo que estas medidas fiscales "han salvado vidas" y empresas, pero también han resultado muy "costosas".

Pese a la contracción de la economía mundial, que caerá un 4,4 % en 2020, la pandemia no ha generado un cambio de ciclo en cuanto a deuda, sino que ha exacerbado la fase de endeudamiento y la ha convertido en más densa. Pero a este escenario se ha llegado después de una década en la que "la recaudación de impuestos a nivel global se ha estancado, se han reducido algunos tributos y las regiones con tasas más bajas de colecta impositiva se han mantenido estables o planas", según Jaime Atienza, responsable de políticas de deuda de Oxfam Internacional.

Esto se ha sumado al alto nivel de endeudamiento, que se debe principalmente al factor oferta, con un embolsamiento de liquidez "muy grande" en el sistema financiero global, y a las continuas emisiones de deudas en países emergentes y economías de ingresos bajos. "Algunos países que ya estaban en tensión han tenido problemas inmediatos, como los más pobres; y otros, como los europeos o EE.UU., tienen márgenes para seguir endeudándose, pueden emitir moneda y mantener un escenario de tipos bajos", detalló Atienza.

Por otro lado, los países más pobres del mundo enfrentan una situación común: la devaluación de su moneda provoca que el coste de sus bonos crezca, creando un escenario "muy complicado" en el medio plazo. Un informe publicado este lunes por el Banco Mundial (BM) revela que la deuda entre los países más pobres aumentó un 9,5% hasta los 744.000 millones de dólares en 2019 con respecto al año anterior, lo que, a juicio del presidente de la multilateral, David Malpass, evidencia la necesidad "urgente" de actuar, especialmente con la crisis provocada por la pandemia.

Más de 300.000 trabajadores se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre al decaer el compromiso de empleo de seis meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros ERTE por la pandemia, según cálculos del presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago.

"Prevemos que haya una gran cantidad de despidos en los próximos meses porque está empezando a decaer ese compromiso, abriéndose la veda del despido", afirma Santiago, que indica además que un porcentaje elevado de los trabajadores que se irán al paro hasta fin de año se debe al vencimiento de dicha limitación jurídica y otro porcentaje obedece a que la última prórroga de los ERTE no mantuvo las exenciones para todas las empresas que ya se encontraban en un procedimiento de fuerza mayor, sino sólo a las de determinados sectores.

Estos más de 300.000 trabajadores que pasarán a engrosar las listas del desempleo hasta final de año, incluyen 150.000 empleados a cargo de trabajadores por cuenta propia, ya que, según Santiago, "por cada dos autónomos que caen, se destruye un puesto de trabajo" y la previsión es que desaparezcan hasta 300.000 negocios.

Los Gestores Administrativos apoyan estas cifras en el Barómetro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que alerta de que 300.000 autónomos cerrarán este año, con los sectores del turismo y la hostelería como los más afectados, y de que los cerca de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia facturarán la mitad este 2020 que en 2019.

Pero todo esto, precisa el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, sólo sería el primer tramo de despidos que están por venir, pues, según explica, habrá un segundo tramo de despidos hacia febrero-marzo tras producirse la apertura judicial de los concursos de acreedores que el Gobierno ha ido trasladando en el tiempo y un tercer tramo cuando las empresas que se acogieron a créditos ICO tengan que devolver el principal.

Todo ello, señala, sin contar los efectos sobre el empleo de las restricciones que se están tomando a nivel autonómico para hacer frente a la pandemia, con reducciones de aforo en la hostelería o incluso el cierre de locales.

A estas cifras cabe añadir los despidos que se producirán a principios de año al decaer la prohibición general al despido procedente para todas las empresas, aunque no estén en ERTE, que la última prórroga de los ERTE más allá de 30 de septiembre ha extendido hasta 31 de enero. Se trata del veto al despido procedente por causa económica Covid. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos reúne cerca de 6.000 gestorías en todas las comunidades autónomas, que tramitan el 15% de los ERTE, en gran parte, de pymes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el elevado nivel de deuda global que está provocando la pandemia del Covid-19, y que prevé roce el 100% del PIB mundial a finales de este año, urge a impulsar desde ya medidas como la aprobación de reestructuraciones para aquellos países con niveles de deuda insostenibles. Así lo ha manifestado la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, defendiendo la necesidad de impulsar cuanto antes quitas o condonaciones de deuda en los países donde el volumen a deber alcance umbrales inmanejables.

Georgieva ha subrayado la importancia de acuerdos como el alcanzado esta semana en el seno del G-20 para suspender durante seis meses el cobro de deuda a países en vías de desarrollo, pero ha considerado que estas iniciativas son insuficientes. El acuerdo fue adoptado el pasado miércoles, cuando se prorrogó hasta mediados de 2021 luna moratoria aprobada en mayo hasta finales de año para dar un respiro a las naciones con mayores tensiones de liquidez. El pacto, que beneficia a los 73 países más pobres del mundo, ha sido aprovechado de momento por 42 de ellos.

"Estamos ganando algo de tiempo, pero tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos acciones mucho más decisivas por delante", aseveró, según recoge Reuters, instando a acreedores y deudores a comenzar a negociar reestructuraciones de la deuda sin demora. Las declaraciones de la directora gerente se han producido en un evento online organizado por un grupo de exresponsables políticos y académicos de los países del G-30.

Tomar medidas demasiado tarde, o no llevarlas suficientemente lejos, ha advertido, arrojará una costosa factura para el mundo, cuyos niveles de deuda se sitúan en cotas históricamente altas como consecuencia de la elevada factura de hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Las palabras de Georgieva llegan solo unos días después del que el FMI advirtiese, con motivo de la publicación del informe de situación fiscal internacional de otoño, de que la deuda mundial se encamina a saltar de un tamaño equivalente al 83% del PIB mundial a un 98,7% a cierre de este año. Ya entonces, el FMI reclamó la necesidad de los países comiencen a elaborar planes de consolidación fiscal a medio plazo y se planteen la posibilidad de elevar impuestos a empresas con elevados beneficios y rentas altas para ir pagando la factura de la crisis del Covid.

El déficit comercial alcanzó los 9.616 millones de euros hasta el mes de agosto, lo que supone un descenso del 54,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajan un 14% en los ocho primeros meses del año por el impacto del Covid-19 en la economía, hasta los 165.151 millones; como de las importaciones, que, con 174.767 millones, se reducen un 18,1% en el mismo periodo.

Asimismo, la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 94,5%, frente al 90,1% en enero-agosto de 2019, con datos provisionales. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que el contexto internacional e "complejo" y el impacto de la pandemia se sigue reflejando en algunas regiones y sectores. Aun así, subraya que se sigue reduciendo el déficit comercial y se aprecian algunos "indicios esperanzadores" en la exportación.

Por sectores, la alimentación mantiene su "buen comportamiento" y el sector automóvil acumula ya tres meses de crecimiento", resalta Méndez, que añade que, por destinos, el principal mercado para España, la zona euro, prácticamente han recuperado su nivel de hace un año y continúan creciendo las exportaciones a un mercado con enorme potencial, como es China.