Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías.
Resolución de 18 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
La agencia de calificación crediticia Scope cree que la nueva regulación bancaria aprobada el pasado mes por el Parlamento Europeo y el Consejo (y que entrará en vigor de forma escalonada a lo largo de los próximos tres años) facilitará el surgimiento de operaciones de fusión transfronterizas entre los grandes bancos del Viejo Continente. Así lo defienden los analistas de esta firma alemana en un reciente informe.
El argumento principal esgrimido por los autores del documento sostiene que, como resultado del nuevo paquete regulatorio, los considerados bancos de importancia sistémica europeos (G-SII, por sus siglas en inglés) gozarán de un régimen «menos punitivo» en cuanto a sus requerimientos de capital respecto al actual marco. Esto podría empujar a las entidades en la dirección de buscar posibles operaciones de integración con las que abordar los problemas de sobrecapacidad, altos costes y cambios en los hábitos de los consumidores, generalizados para todo el sector.
Los analistas de Scope creen que la UE exigirá unos colchones de capital más laxos para los bancos de importancia sistémica europea debido a los avances en la armonización regulatoria registrados en el Viejo Continente.
Una de las patas sobre las que se sustenta la unión bancaria es la resolución. Aunque ya existe un mecanismo europeo, todavía quedan flecos por cerrar. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha recibido, en este sentido, el mandato de elaborar una nueva metodología con la que calificar las entidades de importancia sistémica en el Viejo Continente. La intención de los legisladores es que esta nueva metodología ha de tener en cuenta todos los avances logrados en los últimos años en la unión bancaria: reglas comunes de capital, mecanismo único de resolución y supervisión…
Al existir por fin un marco regulatorio común para toda Europa, aun incompleto, desde la agencia de rating alemana dan por hecho que la EBA elaborará una metodología de entidades de importancia sistémica europea que no penalizará las actividades de éstas dentro de la UE.
En opinión de Scope, uno de los principales obstáculos que explican por qué no se han realizado fusiones bancarias en el ámbito europeo hasta ahora estriba precisamente en la ausencia, hasta muy recientemente, de unas reglas comunes que armonicen aspectos como la resolución bancaria, por ejemplo.
“Las reclamaciones y deudas en distintas jurisdicciones nacionales son un factor clave que preocupa al hablar de las entidades de importancia sistémica debido a los grandes desafíos que existen alrededor de coordinar la resolución de un banco con actividades transfronterizas”, explica el informe.
Hasta ahora, distintos países de la UE han aplicado diversos regímenes con los que abordar el salvamento de sus bancos en crisis. Unos han optado por imponer pérdidas a sus acreedores para salvaguardar a los contribuyentes; otros han optado por soluciones en las que se ha requerido el uso de dinero público para rescatar una entidad.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en mayo en relación al mes anterior y recortó siete décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, su nivel más bajo desde enero de 2018, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.
Estadística ha atribuido el descenso de la tasa interanual del IPC de mayo a la bajada de los precios de la electricidad y de los paquetes turísticos y al hecho de que los carburantes y algunos alimentos, como las frutas, subieron menos el mes pasado de lo que lo hicieron en mayo de 2018.
La tasa interanual de mayo es la trigésimo tercera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,8% superiores a los de hace un año. Con el dato de mayo, el IPC interanual pone fin a tres meses consecutivos de ascensos y vuelve a bajar del 1% por primera vez desde principios de 2018.
La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, retrocedió dos décimas en mayo, hasta el 0,7%, con lo que se sitúa una décima por debajo del IPC general. En el quinto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,9%, siete décimas menos que en abril.
El Banco de España considera que la política que lleva desarrollando el Banco Central Europeo (BCE) desde 2014 con las operaciones para que la banca obtenga liquidez barata cuyo objetivo es que revierta a la economía real es positiva. El supervisor nacional mantiene, en un artículo de Miguel García-Posada Gómez, que las operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO, en sus siglas en inglés) llevada a cabo por el BCE sobre la oferta de crédito de los bancos del área del euro consigue expandir su oferta crediticia “gracias a los menores costes que propician estas operaciones”.
El supervisor asegura que este menor coste no solo se produce en las entidades que acuden a financiarse al BCE a través de las subastas de las TLTRO en mayor o menor medida, sino también en aquellas entidades que prácticamente no participan, ya que aumenta la competencia entre las diferentes firmas bancarias. Los efectos indirectos de estos programas de política monetaria operan también, según el Banco de España, a través de los cambios en la competencia entre las entidades en los “mercados de crédito y de depósitos”.
El estudio indica que la competencia en el mercado de depósitos se debilita porque los bancos que han participado en estas subastas sustituyen parte de sus depósitos por fondos provenientes de las TLTRO. “La menor demanda de depósitos por parte de estos bancos conlleva menores tipos de interés en este mercado, lo que se traduce en menores costes de financiación también para los bancos que no participan”. “Esta externalidad positiva de las TLTRO sobre los bancos que no participan llevaría a una expansión de la oferta de crédito de estas entidades”, reitera el informe.
Para llegar a estas conclusiones se han analizado las muestras de los 130 bancos de 13 países que son supervisados por el BCE. En sus respuestas confidenciales a la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del BCE estas entidades financieras demuestran que las TLTRO contribuyeron directamente a reducir los márgenes aplicados a los préstamos con menor nivel de riesgo y a relajar los criterios de aprobación en el segmento de grandes empresas.
Sobre los efectos indirectos, se observa que estos programas de liquidez provocaron una relajación de los criterios de aprobación de préstamos también en los bancos no participantes, principalmente en aquellos expuestos a altas presiones competitivas, por lo que, también a través de este canal indirecto, estas operaciones habrían estimulado la oferta crediticia bancaria.
De 2008 a 2018, una de cada cuatro salidas de profesionales del sector financiero se ha producido en España, según datos del BCE. Como consecuencia del rescate de las cajas de ahorros y del ajuste de la red de sucursales, el sector ha periodo 97.442 puestos de trabajo. La plantilla total se ha reducido de 276.497 a 179.055 empleados. Sólo el año pasado salieron 3.998 trabajadores.
En la última década, el número de empleados ha encogido un 37%, frente al 17,65% de la media europea. En Alemania, el ajuste ha sido del 18%. Una parte muy importante de las salidas se han producido por la vía de las prejubilaciones y de las bajas incentivadas, con condiciones más o menos generosas, dependiendo del caso.
El mayor ajuste de la crisis, con diferencia, lo acometió Bankia tras recibir 22.424 millones en dinero público a finales de 2012. Salieron de la entidad 6.000 empleados, 4.500 de ellos a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). Como consecuencia de la absorción de BMN, en 2018 salieron 2.000 personas más. Durante la crisis, España ha cerrado 19.899 sucursales, a un ritmo de cinco al día. Esta cifra representa el 39% del ajuste de red que se ha hecho en toda Europa.
El año pasado los españoles desistieron de recibir 46.679 herencias, un 8,6% más que un año antes, según los datos del Consejo General del Notariado, que apunta que desde 2007, año en el que arrancó esta estadística, la cifra de desistimientos se ha multiplicado por cuatro y bate año a año récords. La información que aportan los notarios no da pistas de los motivos que llevan a los españoles a desistir de heredar el patrimonio de sus familiares tras su fallecimiento.
Sin embargo, los expertos consideran que detrás de estas decisiones están las deudas, en su mayoría hipotecarias, que pesan sobre los bienes inmuebles y la imposibilidad de hacer frente a la factura fiscal. Y es que las propiedades inmobiliarias siguen concentrando la gran mayoría del patrimonio de los hogares y los estragos de la crisis económica todavía se dejan sentir, pudiendo producirse el caso de que el valor de la deuda contraída sea mayor que el del activo. Así, en el cómputo nacional son rechazadas ya una de cada diez herencias.
La celebración de las elecciones generales, autonómicas y municipales este año ha vuelto a poner en el foco de los partidos políticos el impuesto de sucesiones y donaciones y las bonificaciones, mayores o menores, que tienen algunas comunidades autónomas. Formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox acudieron a las urnas con la promesa de abolir este tributo en las comunidades en las que gobernaran. Un impuesto que en el conjunto de autonomías recaudó 2.573 millones de euros en el ejercicio 2017.
Asturias fue la comunidad donde más creció la renuncia a herencias el año pasado, un 28,6% más que en 2017, y ello a pesar de que el ejercicio anterior el Ejecutivo regional elevó el mínimo exento de tributación a 300.000 euros para hijos, cónyuges y padres. Tras ella se sitúan Castilla-La Mancha, con un aumento del 25,4% en el rechazo de legados, Galicia (17,5%) y Cantabria, con un repunte del 16,4% frente al ejercicio previo.
En el lado opuesto, Navarra, Aragón y País Vasco registraron una reducción en el número de desistimientos. Se trata de las tres comunidades autónomas donde además la cifra de renuncias ha experimentado un menor crecimiento en los últimos 11 años, frente a Murcia, donde se ha disparado un 555% o Andalucía, con un 521%.
En el caso andaluz, la estadística previsiblemente registrará un cambio de tendencia a partir de este año después de que el nuevo Gobierno de coalición formado por PP, Cs y Vox acordara bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para padres, hijos, cónyuges y nietos. Se trata de una de las medidas estrella del Ejecutivo andaluz que, según sus datos, supondrá un ahorro para 10.000 contribuyentes. Esa previsible reducción no se ha reflejado en Murcia, donde en 2018 el Gobierno del PP aprobó bonificar este tributo al 99%. Pese a ello, el 15,4% de las herencias de la región fueron rechazadas.
La patronal Foment de Treball ha pedido a la Generalitat que rebaje los tipos del IRPF para equiparar la tributación en Catalunya a la existe en Madrid y al Estado central la supresión del impuesto de patrimonio. En un informe elaborado por la institución se propone tanto una reducción del tipo mínimo de la renta como el máximo. Como el IRPF es un impuesto compuesto en el caso de que se diera esa reducción, los más beneficiados serían los contribuyentes con más ingresos puesto que disfrutarían de doble rebaja.
En concreto, la propuesta es que el tipo marginal más bajo pasará del 21,5% actual al 18,5% mientras que el más alto se reduciría del 48% al 43,5%. El secretario general adjunto de la patronal, Salvador Guillermo, ha explicado esta mañana de manera gráfica que el objetivo es que “los ricos paguen como los ricos de Madrid y los contribuyentes pobres como los pobres de Madrid”. En relación con patrimonio, Foment aseguró que el impuesto “disuade y distorsiona la actividad económica y su efecto redistributivo es menor”.
El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, situó como la primera y más importante medida la reducción de la economía sumergida que algunos estudios sitúan en el 25% del PIB. El presidente pidió a la Generalitat un plan a cuatro años para reducir esa economía sumergida en 10 puntos. “Se podrían llegar a recaudar 40.000 millones más”, ha calculado Sánchez Llibre.
Para atraer talento extranjero, la patronal propuso también una fiscalidad similar a la que se da en Portugal donde pagan menos impuestos durante un periodo temporal. La propuesta es que esa fiscalidad blanda para los extranjeros se prolongue durante 10 años.