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La expresión es una declaración de intenciones: “dominio energético”. Es de Dan Brouillette, el vicesecretario de Energía de Estados Unidos. Empleó estas palabras en la última conferencia del sector en Abu Dabi, cuando se le preguntó sobre la política energética de su país.

Los datos más recientes confirman que este dominio es real. Pocos habrían podido preverlo hace poco más de una década, pero la realidad es que los norteamericanos, que ya se convirtieron este año en el mayor productor de oro negro del mundo, con 12,3 millones de barriles diarios, tras duplicar su producción en diez años, ahora pueden presumir de ser también el mayor exportador de petróleo del planeta.

Lo consiguieron (si bien el dato sea bruto e incluya productos refinados y gas licuados) el pasado mes de junio, de manera fugaz según informó la Agencia Internacional de la Energía (IEA). “El auge de la producción de esquisto ha permitido que EE.UU. se acerque y supere brevemente a Arabia Saudí como el principal exportador mundial de petróleo en bruto, después de que las exportaciones de crudo aumentaron más de 3 millones de barriles por día”, afirmó este organismo.

Estados Unidos desde siempre ha producido petróleo, pero gran parte del crudo que se sacaba en su territorio se dedicaba al consumo interno, para satisfacer la sediente demanda nacional (además había límites a las exportaciones). Sin embargo, en los últimos cuatro años las ventas al exterior se han incrementado un 80% y ahora hay excedente.

Es cierto que, en el resto del verano, debido al efecto de los huracanes, los norteamericanos volvieron a ceder su liderazgo a los saudíes, pero todo apunta que el camino está marcado. “La instalación de las tuberías y terminales necesarias continúa a buen ritmo, lo que garantizará que la tendencia continúe”, asegura la IEA. En concreto, la agencia asegura que las exportaciones de crudo de EE.UU. podrían aumentar un 33% más desde los niveles de junio a hasta 4 millones de barriles por día, mientras que se construya una nueva infraestructura en el cuarto trimestre de este año.

Desde el pasado siglo hemos visto a delegaciones de Washington viajando a Oriente Medio buscando acuerdos comerciales con Riad para asegurarse el suministro de petróleo, pero el cuadro ha cambiado de forma radical. De hecho, cada vez menos petróleo viaja desde Arabia Saudí a EE.UU. La semana pasada cayó hasta el equivalente de 270.000 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde 1985.

La explicación es sencilla y se resume, en una palabra: fracking, la técnica de extracción petrolera en base a perforación de las rocas. Inicialmente requería inversiones costosas, pero el período de precios elevados del barril en los años anteriores pudo sostener el desarrollo de esta tecnología. Hoy la eficiencia ha mejorado y hay instalaciones que son rentables incluso con un precio en 50 dólares, por debajo de las cotizaciones actuales (que están los 60).

Este empuje del fracking representa un dolor de cabeza para la OPEP, el cartel de los países exportadores de petróleo. La IEA alerta de que en la actualidad la oferta, por efecto del poderío norteamericano supera con creces a la demanda, lo que puede tener un impacto significativo en los precios (a la baja). “La organización se enfrenta a un superávit abrumador”, afirmó esta institución.

El Banco de España descarta una sobrevaloración del mercado inmobiliario en su tercer informe trimestral de 2019 sobre la situación de la economía española. El informe señala que el precio de la vivienda en España se encuentra, en promedio, cerca de su valor de equilibrio, aunque el país se enfrenta a un crecimiento moderado del crédito hipotecario por sus altos niveles de deuda.

De acuerdo con el Banco de España, el precio de la vivienda no presenta "signos de sobrevaloración con respecto a sus niveles de equilibrio", como sí ocurre en Luxemburgo, Austria o Bélgica. En el caso español, el precio de la vivienda no está "en promedio" alejado de su valor de equilibrio. El informe advierte de que las estimaciones a escala nacional pueden encubrir "situaciones divergentes" del mercado de la vivienda en los ámbitos regional o local.

El Banco de España pone la lupa en una característica del actual ciclo expansivo de la vivienda que puede entrañar riesgos: el alto endeudamiento de algunos países (España, Países Bajos, Chipre, Irlanda o Portugal), que ha activado "procesos de desapalancamiento". En estos países, aunque han aumentado las nuevas operaciones, esto "está limitando el incremento del stock de crédito", reza el documento. Esto quiere decir que los esfuerzos para reducir el alto endeudamiento están ahogando la expansión del crédito hipotecario, más moderado que el que sugieren las "pautas históricas".

El precio de la vivienda en España cayó durante los años de la crisis un 40% para después retomar una senda alcista. En el primer trimestre de 2019 los precios aumentaron un 6,8% interanual, pero en el segundo trimestre lo hicieron a un ritmo de menos del 6%, que es el umbral fijado por la Comisión Europea para examinar la presencia de desequilibrios en el mercado inmobiliario. Según el Banco de España, en el promedio de los cuatro últimos trimestres, Alemania, los Países Bajos, Portugal, Irlanda y Eslovenia superan un crecimiento interanual del 6%. Para la institución el mercado inmobiliario en la eurozona presenta un "notable" dinamismo, con alzas sostenidas de los precios en numerosos países.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado una revisión de la Contabilidad Nacional desde 1995, donde cifra el crecimiento del PIB en 2018 en el 2,4%, dos décimas menos de lo anunciado con la metodología anterior.

El organismo estadístico ha realizado una revisión en su manera de medir el comportamiento de la economía española, que supone actualizar las fuentes, los métodos y seguir las recomendaciones de Eurostat, la oficina de estadística europea, para elaborar las cuentas de la Contabilidad Nacional. El INE ha explicado que esta revisión extraordinaria de los datos estaba prevista y se realiza cada cinco años.

"Se trata de renovaciones periódicos y supone una estadística de mejor calidad, más consistentes y más adaptadas a los estándares internacionales", han asegurado fuentes del organismo, que han confirmado que otros países (entre ellos Grecia o Italia) han realizado o realizarán próximamente cambios parecidos.

La economía creció el año pasado, por tanto, un 2,4%, dos décimas menos de lo anunciado con la anterior metodología y antes de la revisión. En volumen, el PIB de 2018 a precios corrientes ha sido de un 0,5% más reducido al anunciado anteriormente. Alcanza así los 1.202.193 millones de euros de euros, unos 5.000 millones de euros menos. La demanda externa contribuyó un -0,3%, al igual que lo avanzado inicialmente, pero la demanda nacional sumó un 2,6%, tres décimas que la primera estimación del PIB con la anterior metodología.

El gasto de los hogares ha aumentado un 1,8%, frente al 2,3% anunciado con anterioridad, mientras que la inversión (formación bruta de capital) ha crecido un 6,1%, cinco décimas más de lo anunciado. Con esta revisión, el crecimiento de 2017 fue del 2,9% (una décima menos de lo anunciado), el de 2016, del 3% (dos décimas menos) y el de 2015, del 3,8% (dos décimas más). Es decir, la recuperación de los tres últimos años ha sido más moderada de lo que se creía.

Esta nueva metodología podría influir en los resultados del déficit público y de deuda pública, que se mide en función del PIB de los años pasados. "Toda la serie desde 1995 está afectada por este cambio estadístico, pero es verdad que en 2018 no se había hecho la revisión tradicional de septiembre, con toda la información. Es decir, incluye una revisión extraordinaria hasta 2015 y la ordinaria que se hace de los tres últimos años", han indicado estas fuentes.

Esta revisión tiene un impacto promedio del 0,4% del PIB a precios corrientes respecto del total de la serie respecto a la serie anterior, siendo el impacto negativo en la mayoría de los periodos. En cuanto a la variación anual del PIB a precios corrientes es de 0,1 puntos, al igual que el promedio de las tasas de variación en volumen.

"El promedio de las revisiones positivas es de más 0,2%, mientras que el de las revisiones negativas es de menos 0,5%", explican fuentes del INE, que han asegurado que "estas mejoras estadísticas han tenido un impacto menor que la anterior revisión".

Ante la situación económica actual, los españoles son más partidarios de hacer recortes para ajustar las cuentas públicas que el resto de sus principales socios europeos. También son más pesimistas ante el desempeño económico del país y demandan una mayor presencia del Estado del Bienestar para cubrir los servicios y prestaciones básicos. Estas son solo algunas de las conclusiones del Estudio Europeo de Valores 2019 publicado este lunes por la Fundación BBVA, que examina un amplio conjunto de valores y actitudes de la población de los cinco mayores países de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, realizado entre abril y julio.

Una amplia mayoría de la sociedad española (67%) es favorable de hacer ajustes en el gasto para equilibrar las cuentas públicas, un porcentaje que es 10 puntos superior a la media de los otros cuatro países comunitarios, y solo superado por Francia (72%). También contrasta con Alemania, país que abandera un estricto control de déficit, donde apenas un 49% de la población respalda esta premisa y un 37% que prefiere aumentar el gasto, aunque ello implique un desfase presupuestario, un porcentaje que baja al 15% en el caso español.

Ello a pesar de que hace apenas tres meses Bruselas sacó finalmente a España del procedimiento de déficit excesivo, lo que le convirtió en el último país comunitario en abandonar el brazo correctivo de las cuentas públicas de la UE al que estuvo sometido durante una década. Para este año, el Gobierno sigue comprometido en cerrar las cuentas con un desfase presupuestario del 2% de PIB, si bien Bruselas cree que el déficit alcanzará el 2,3%.

En España, el apoyo a los recortes es mucho más evidente por parte de quienes se consideran de derechas (82%) que por quienes se posicionan en la izquierda (58%), aunque conviene destacar que el respaldo de la izquierda española está más cerca del que da la derecha europea (64%), de lo que lo hace la izquierda europea (49%).

Según detalla la Fundación BBVA, el mayor respaldo a los recortes está ligado con una visión más pesimista del desempeño económico del país. Así, solo un 20% de la sociedad española considera que la situación económica nacional es buena o muy buena, si bien ese porcentaje dobla cuando se trata de valorar en esos mismos términos positivos su situación personal (42%).

Solo los italianos perciben peor la situación de su país (apenas un 8% tiene una visión favorable), frente 26% de Francia, el 48% de Reino Unido (pese a la incertidumbre del Brexit) y el 68% de Alemania (a pesar de los temores de una posible recesión). Unos datos que también contrastan con las buenas previsiones de la Comisión Europea para España, que calcula que este año seguirá creciendo a ritmo bastante sólido (en el 2,3% del PIB), muy por encima del resto de sus socios comunitarios: Alemania (0,5%), Francia (1,3%), Italia (0,1%) o Reino Unido (1,3%).

Otro aspecto que diferencia a España del resto de socios europeos es el papel que atribuye al Estado del Bienestar. Una inmensa mayoría de españoles (76%) considera que es el Estado quien tiene la responsabilidad principal de garantizar unas condiciones de vida dignas a sus ciudadanos, mientras que apenas un 20% considera que es responsabilidad del propio individuo. A España le sigue de cerca Italia (64% cree que es el deber del Estado) y, a cierta distancia, Francia (54%). Mucho más lejos se sitúan Reino Unido (44%) y Alemania (41%).

Los españoles también demandan un mayor nivel de prestaciones al Estado (especialmente cobertura sanitaria y pensiones de jubilación) que el resto de sus socios, y comparten además una mayor expectativa de intervención estatal en el control de diferentes facetas del mercado (precios, salarios o beneficios de las empresas).

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha abierto un proceso de consulta pública para actualizar las tablas que el sector asegurador utiliza para estimar la mortalidad a la hora de comercializar pólizas de Vida y la supervivencia en productos de pensiones, y cuya antigüedad es superior a los 20 años.

Su revisión se hace necesaria ante realidades como el aumento de la esperanza de vida, toda vez que la longevidad o supervivencia incide en el diseño de esos productos, su comercialización y hasta en la fijación de los precios. Se hace necesaria, además, "teniendo en cuenta los parámetros cuantitativos, de gobierno y transparencia establecidos en el marco de Solvencia II", explica en un comunicado el Ministerio de Economía y Empresa.

Esta herramienta, conocidas en el argot financiero como tablas biométricas, se utilizan para el cálculo de la prima en los seguros con cobertura de fallecimiento o de vida cuando, por ejemplo, se suscriben como garantía añadida a una hipoteca, y donde se tienen en cuenta las probabilidades de mortandad para un colectivo de personas en función de parámetros como la edad o sexo.

En los productos de ahorro a largo plazo, como son los destinados a la jubilación, se usan tablas similares que miden, en contraste, las probabilidades de supervivencia igualmente para colectivos definidos en razón de edad y sexo, entre otros factores. El organismo dependiente de Ministerio de Economía ha comenzado a tal efecto el proceso de consulta pública para la renovación del marco regulador de estas tablas biométricas.

El objetivo es dotar a la industria aseguradora de un entorno "estable y de referencia para los próximos años, con el objetivo de proteger los intereses de tomadores y asegurados y garantizar la estabilidad y solvencia del sector", refiere Economía en un comunicado.

El repunte del precio del crudo va a tener un impacto directo en el bolsillo del consumidor si el petróleo se mantiene en los niveles alcanzados ayer. Aunque en el precio de gasolina y gasóleo influyen numerosos factores (margen de refino, impuestos, cotizaciones internacionales de la gasolina…), las subidas del petróleo acaban por trasladarse al precio de los carburantes. Esa confluencia de factores hace difícil cuantificar el impacto en el bolsillo de los consumidores, pero manteniendo estables los demás factores, una subida como la de ayer se traduciría aproximadamente en un incremento del 5%.

La subida de ayer lleva al Brent a situarse en niveles de finales de mayo. Según los datos del boletín petrolero de la UE, el precio medio de la gasolina en España se situaba entonces en los 1,36 euros el litro y el del diésel en los 1,26 euros, en torno a 6 céntimos más que en la actualidad, según la misma fuente. En base a estas cifras, si llenar un depósito de un coche de 55 litros con gasolina cuesta en la actualidad unos 71,5 euros, la subida actual del crudo elevaría el importe final a los 74,8 euros. En el caso del gasóleo el importe final a desembolsar para un depósito de la misma capacidad pasaría de los 66 euros los 69,3.

La duda está ahora en si las subidas registradas ayer son una sobrerreacción de los inversores al ataque sufrido por Arabia Saudí o sí se mantendrá en el tiempo. Los expertos señalan que "el precio del petróleo será más elevado a partir de ahora que en los últimos meses, pues se pondrá en precio una prima de riesgo geopolítico que hasta el momento se había ignorado" No obstante, la analista puntualiza que no prevén "un repunte sostenido" y cree "que la producción de shale [oil] continuará equilibrando los precios a medio plazo”.

En EE UU el presidente Trump no se siente cómodo con un precio más alto, pues como señalan desde la firma sería un impuesto sobre los consumidores, un pilar sólido de la economía de EE UU. El momento actual no es ideal para Trump, "así que esperamos que haya más comentarios desde EE UU sobre la producción para rebajar los temores sobre restricciones del suministro añaden.

La pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los diecisiete casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes. Es decir, en el 58,8% de las sentencias dictadas. De esas diez sentencias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hasta el 31 de julio de 2019, una se dictó en el año 2017; cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso.

Los condenados a la pena de prisión permanente revisable en las diez sentencias analizadas son 10 hombres; de las 16 víctimas asesinadas en total, 10 eran mujeres (62,5 por ciento), cinco de ellas niñas; y 6 eran varones, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8 por ciento del total.

En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó la agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco, la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de esos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual).

El tiempo medio de respuesta de los tribunales (los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado) fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En esos procedimientos intervinieron órganos judiciales situados en las provincias de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.

Además de esas 10 resoluciones, se dictaron otras siete sentencias en las que la pena de prisión permanente revisable fue solicitada por alguna de las partes pero el tribunal no la impuso: una en 2016 (la petición fue de la acusación particular); dos en 2017 (en ambos casos fue la acusación popular la que formuló la solicitud de pena máxima); tres en 2018 (las peticiones las realizaron bien las acusaciones particular y popular bien la Fiscalía); y una última sentencia en 2019 (con petición de la acusación particular).

En estos siete casos resultaron condenados 10 hombres. Las víctimas fueron 6, cuatro hombres y dos mujeres. En el periodo temporal que abarca el informe se han detectado tres sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores de justicia: dos, de 2018, de los TSJ de País Vasco y Canarias; y la tercera, de 2019, del TSJ de Galicia. Las tres sentencias confirmaron las penas de prisión permanente revisable impuestas por el tribunal del jurado y el tiempo medio de respuesta (el transcurrido entre las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia) fue de 90 días.

En 2019, hay una única sentencia del Tribunal Supremo relacionada con un procedimiento en el que se impuso al acusado la pena de prisión permanente revisable. La Sala Segunda revocó la sentencia del TSJ de Canarias (que había sido confirmatoria) y fijó la pena en 24 años de prisión. Entre el día en que se produjeron los hechos y la sentencia dictada en casación transcurrieron 1.098 días.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

La economía española no se contrajo durante la crisis tanto como se pensaba, pero tampoco durante la recuperación ha crecido tanto como se había calculado. Además, la actual desaceleración del PIB español –que marcó su máximo avance en 2015– está mostrando desde sus inicios, en 2016, una intensidad más profunda de lo que se estimaba.

Es más, estos cambios también han afectado a las cifras del primer trimestre de 2019, rebajando el avance del 0,7% trimestral publicado al 0,5% (igual que en el segundo trimestre), lo que pone en jaque el cumplimiento de la previsión de crecimiento del Gobierno del 2,2% para este año.

Estas nuevas cifras certifican, por tanto, que la producción de la economía española, además de haber sido inferior en 2018, también arrancó el año a un menor ritmo del estimado inicialmente. Con ello, el avance interanual del PIB ha quedado fijado en el 2,1% tanto en el primer trimestre como en el segundo. Todas las previsiones apuntan a que la actividad no va a mejorar en lo que resta de año, lo que podría poner en duda que la economía logre crecer el citado 2,2%.

De momento, y a la luz de esta revisión del primer trimestre, el panel de expertos de Funcas rebajó ayer una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2019, hasta el 2,2%, en línea con la estimación del Gobierno, por la menor aportación de la demanda nacional. Y lo mismo hicieron desde Analistas Financieros Internacionales (AFI), quienes recortaron dos décimas, también al 2,2%, sus estimaciones de avance de la economía para el presente ejercicio.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la revisión completa de las series de los datos de Contabilidad Nacional entre 1995 y 2018 que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística INE y cuyas nuevas cifras fueron hechas públicas ayer.

La segunda tentativa frustrada de investir como nuevo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tras su victoria en las elecciones generales del 28 de abril aboca a España de nuevo a las urnas con consecuencias económicas que van más allá de los 140 millones de euros que costará la repetición electoral. Mantener al Gobierno en funciones, hasta que de la votación del próximo 10 de noviembre salga un nuevo Ejecutivo, dejará bloqueados unos 7.000 millones de la financiación autonómica e impedirá iniciar el diseño de unos Presupuestos Generales para 2020, lo que previsiblemente limitaría su efecto el próximo ejercicio.

Dado que el último intento ha durado cinco meses y que tanto Navidad como todo enero son inhábiles en el Parlamento, es de esperar que cualquiera que sea el resultado de las elecciones el nuevo Gobierno no comience su mandato hasta ya iniciado 2020. Así, de un lado, esta coyuntura impediría definitivamente entregar a las comunidades autónomas la actualización de las entregas a cuenta de 2019, que se realiza cada año para casar sus ingresos con el incremento real de la recaudación. Este año el monto asciende a unos 4.500 millones que, según aclaró a finales de agosto la Abogacía del Estado a una consulta del Ministerio de Hacienda, no pueden ser abonados por un Ejecutivo en funciones.

Aunque el reparto definitivo sería discrecional, y de ahí que los servicios jurídicos consideren que no puede quedar en manos de un Ejecutivo provisional, de mantenerse los porcentajes de 2018, las comunidades más afectadas por el impago serían Andalucía, que dejaría de ingresar 967 millones; Cataluña (861 millones); Madrid (648 millones); Galicia 346 millones o Canarias (261 millones). Dejando de lado el volumen, no obstante, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha reconocido que la pérdida de esta inyección sería especialmente grave para Murcia y la Comunidad Valenciana.

La falta de estos recursos, con los que las regiones contaron para diseñar sus presupuestos de 2019, podría elevar los plazos de impago a proveedores y hacer inviables los objetivos de déficit de estas y otras regiones, especialmente a partir de noviembre. Hacienda, en todo caso, trabaja estos días para buscar vías alternativas para facilitar fondos a las autonomías y ya ha anticipado a algunas como la valenciana que le adelantará fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por ejemplo.

Más complicado es que el Estado abone a los territorios el mes de IVA de 2017 que se perdió al implantarse el nuevo sistema de información SII, otros 2.500 millones que debían liquidarse este año. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez propuso revertir este efecto de la reforma del IVA, la medida se incluyó en las cuentas de 2019, que el Parlamento tumbó, motivando los comicios del 28A.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se redujo en 12.713 millones de euros en julio, hasta situarse en 1,19 billones de euros, con lo que se sitúa en el entorno del 98% del PIB y se aleja del máximo histórico que marcó en el mes de junio, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En concreto, la deuda pública cayó un 1% en julio respecto al mes anterior, pero repuntó un 3% respecto al mismo mes del año pasado, al elevarse en 35.250 millones de euros en el último año.

El Ministerio de Economía destaca que tomando el PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019, el ratio de la deuda sobre el PIB se habría situado en el 97,6% del PIB el pasado mes de julio, por debajo de los datos del mismo mes de años anteriores: 98,03% en julio de 2018; 99,09% en julio de 2017 y 100,3% en julio de 2016. Este dato, añade, es compatible con el objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 95,8% del PIB.

El departamento de Nadia Calviño indica que el saldo mensual tiene una evolución "volátil y muy condicionada" por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre. Por administraciones, la deuda del Estado explica casi todo el descenso de la deuda pública en julio, ya que se redujo a nivel mensual en 13.042 millones, hasta los 1,052 billones de euros. Respecto al ejercicio anterior, aumentó un 3,3%, al sumar 34.106 millones de euros en un año.

La deuda pública de las comunidades autónomas también contribuyó, aunque muy ligeramente, al descenso del endeudamiento total en julio, ya que se redujo en 557 millones de euros, hasta los 299.504 millones de euros. A nivel interanual aumentó un 2,6%. En cambio, las corporaciones locales elevaron su endeudamiento en 134 millones en julio respecto al mes anterior, hasta los 26.468 millones, pero en el último año han recortado su deuda en 2.292 millones, un 8% menos.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,5% en julio y se sitúa ya en 49.944 millones de euros, nuevo máximo, mientras que a nivel interanual registró un alza del 43%, con 15.056 millones de euros más.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones supera actualmente los 9.600 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.