Noticias

Sube el IVA del aceite de oliva y otros alimentos básicos por el fin de las ayudas del Gobierno

A partir de este martes, 1 de octubre, la medida del Gobierno que fijaba el IVA en el 0% para productos básicos como el pan, los huevos, las verduras, la fruta y el aceite de oliva deja de aplicarse. Desde ese día, el tipo de IVA subirá al 2% y se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Esta decisión forma parte de un real decreto aprobado en junio, en el que el Gobierno extendió las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que han provocado un incremento en los precios. Según Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, "el IVA sobre los alimentos tiene un efecto acelerador en un contexto de alza de precios".

El aceite de oliva ha sido el producto con mayor incremento de precio en el último año, de acuerdo con los datos del IPC de agosto. Las altas temperaturas registradas en los últimos dos años, con olas de calor de más de 35 grados en primavera, han reducido la producción de los olivos a la mitad, lo que ha llevado a un aumento sin precedentes en su precio, afectando tanto al mercado local como internacional. En términos interanuales, el precio del aceite de oliva subió un 25,1% en agosto de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, acumulando un alza del 170,5% desde enero de 2021. Por lo tanto, no basta con una simple reducción del IVA para aliviar el gasto de los consumidores; solo una mejora en las cosechas podría frenar la escalada de precios.

El decreto también introdujo cambios en el IVA del aceite de oliva, que ya había pasado del 10% al 5%, y luego al 0% desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que este producto sería considerado parte de la cesta de productos básicos, por lo que su tipo impositivo será siempre superreducido, lo que en España equivale al 4%. Esto significa que, una vez finalice la medida temporal, el IVA del aceite de oliva será del 4% en lugar del 10%, como lo fue anteriormente.

Además, productos como la pasta y los aceites de semilla también se beneficiaron de esta medida, que comenzó en enero de 2023 y ha sido prorrogada cada seis meses. La reducción del 5% en el IVA para estos productos se extendió hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo impositivo se elevará al 7,5%, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la retirada gradual de las medidas anticrisis.

Según Balado, la inflación fue responsable de más de la mitad del aumento del IVA soportado por los hogares en 2022. También señaló que Hacienda alcanzó cifras récord de recaudación por este impuesto, con un incremento del 13,4%, debido al aumento del consumo y a una reconfiguración de la cesta de la compra, donde los productos con IVA normal ganaron protagonismo frente a aquellos con tipos superreducidos o reducidos. "Así, las rebajas en el IVA mitigaron solo en parte el impacto fiscal del aumento de precios", comenta el académico.

Los últimos datos de inflación en España indican una mejora significativa, situándose en un 1,5% en septiembre, su nivel más bajo en tres años y medio (desde marzo de 2021), marcando además cuatro meses consecutivos de descensos interanuales, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, también cayó tres décimas, hasta el 2,4%.

Para Balado, la moderación de la inflación provoca un aumento progresivo del IVA. Además, el recargo de equivalencia -el impuesto adicional que los comerciantes minoristas deben pagar cuando adquieren productos para su venta final- se establecerá en un 0,26%. Esto afectará a productos como el pan, las harinas de panificación, la leche, los quesos, los huevos y frutas, verduras y cereales en su estado natural. Por lo tanto, aunque la inflación esté disminuyendo, los consumidores podrían no notar su efecto debido al impacto del aumento del IVA en los precios finales, concluye el experto.

(El País, 01-10-2024)

07/10/2024|

Los países suben impuestos a hogares y empresas tras el fin de la crisis inflacionista

La pandemia de la covid-19 y la posterior crisis inflacionaria llevaron a muchos gobiernos a implementar medidas fiscales de alivio para reducir el impacto en hogares y empresas. Sin embargo, según el informe anual de la OCDE sobre reformas fiscales, ese ciclo de reducciones ha llegado a su fin. El informe, que analiza las políticas fiscales de 90 países, entre ellos España, muestra un cambio en la tendencia hacia un aumento de impuestos, particularmente en el ámbito empresarial y del consumo, y un incremento de las cotizaciones sociales.

En 2023, se observó un giro en la política fiscal global. Durante los años anteriores, muchos países optaron por recortes impositivos para mitigar los efectos de la crisis, con reducciones temporales en impuestos como el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. España, por ejemplo, redujo el IRPF para las rentas más bajas y bajó el IVA de productos básicos, al tiempo que aumentó las cotizaciones sociales.

No obstante, desde el año pasado, esta tendencia se ha revertido. El informe señala que hay una desaceleración en la reducción de impuestos observada durante la pandemia y la crisis inflacionaria. En su lugar, se ha incrementado el uso de medidas que amplían la base impositiva y suben las tasas en diferentes categorías fiscales.

Uno de los cambios más notables se ha dado en el impuesto sobre sociedades, que había experimentado una disminución constante desde el año 2000, pasando del 28,2% al 20% en 2022. Sin embargo, en 2023 esta tendencia cambió, y la tasa promedio subió al 21,1%. Aunque este aumento no fue uniforme, algunos países relevantes lo implementaron. Además, otros países, como los Emiratos Árabes Unidos y Barbados, que no tenían impuesto sobre sociedades, lo introdujeron en respuesta a la presión internacional para combatir la evasión fiscal.

En el ámbito de las cotizaciones sociales, muchos países han incrementado estas aportaciones debido al envejecimiento de la población, que demanda mayores recursos para los sistemas de protección social. La OCDE apunta que hay una tendencia creciente a ampliar y aumentar estas cotizaciones para asegurar la sostenibilidad de estos sistemas.

El informe también destaca un aumento en la progresividad del IRPF en varios países. En respuesta a la inflación y el aumento del coste de vida, muchas jurisdicciones han reformado sus sistemas fiscales para reducir la carga sobre los hogares de ingresos bajos y medios, al tiempo que aumentan las tasas para las rentas más altas. Las presiones sobre los ingresos también impulsaron a muchos gobiernos a reducir los impuestos sobre la energía en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, algunos países han aumentado el impuesto al carbono en 2023 para apoyar la transición hacia una economía verde.

España ha seguido estas tendencias globales. Ha prorrogado la reducción del IVA en electricidad y gas hasta junio de 2024 para aliviar el coste energético en los hogares, y ha aplicado un IVA reducido en alimentos básicos. Sin embargo, algunas de estas medidas comenzarán a revertirse desde octubre. Además, el país ha implementado un nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para aumentar las cotizaciones sociales con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población. También se han creado incentivos fiscales para promover la compra de vehículos eléctricos y la instalación de estaciones de recarga.

En cuanto al IRPF, España aumentó las deducciones para las rentas del trabajo y las desgravaciones por alquiler, y subió ligeramente los impuestos a las rentas del ahorro y el capital para aquellos con ingresos superiores a 200.000 euros anuales. Además, se ha implementado un impuesto mínimo del 15% sobre sociedades, y se crearon nuevos impuestos para gravar los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas, que se han beneficiado de la subida de precios.

(El País, 01-10-2024)

07/10/2024|

España desperdicia el 19,4% de su mano de obra

El debate sobre la escasez de mano de obra resulta llamativo, dado que España tiene la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. Sin embargo, este asunto continúa ganando relevancia en el ámbito económico. Según el Banco de España, el 42,8% de las empresas consideran que las dificultades para encontrar trabajadores amenazan su actividad. Esta percepción contrasta con los datos de Eurostat, que indican que el 19,4% de la fuerza laboral en nuestro país está desaprovechada, lo que equivale a 4,9 millones de personas.

Desde el fin de la crisis financiera, España ha logrado reducir significativamente este indicador, que alcanzó su máximo histórico del 37% en 2013. La cifra registrada en el segundo trimestre de 2023 es la más baja desde que se tiene registro (a partir de 2009), pero esta mejora no es suficiente para que España deje de liderar en "holgura laboral", un indicador que mide la cantidad de trabajadores potenciales que una economía no aprovecha.

La media de la UE se sitúa en el 11,7%, mientras que en la zona euro es del 12,7%. En Alemania, uno de los países con mayor tasa de vacantes, el índice es del 7,1%, en Francia del 14,1% y en Italia del 16,1%. Finlandia y Suecia registran tasas del 18% y 17,5%, respectivamente. Para entender mejor estos datos, es fundamental conocer cómo se elaboran.

La holgura laboral se basa en el concepto de "fuerza laboral ampliada", que incluye no solo a los ocupados y desempleados que buscan activamente empleo, como lo hacen las encuestas de población activa (EPA) del INE o la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, sino también a los desempleados que no cumplen con los requisitos de búsqueda activa o disponibilidad inmediata, así como a los subempleados a tiempo parcial, es decir, aquellos que trabajan menos horas de las que desearían.

En España, el 19,4% de holgura se distribuye en un 11,2% de desempleo, un 4,4% de subempleo (el segundo más alto de la UE después de Países Bajos), un 2,8% de personas que quieren trabajar pero no buscan activamente empleo, y un 1% de aquellos que sí buscan empleo pero no están disponibles de inmediato. Estas dos últimas categorías, conocidas como "parados ocultos", suman 958.000 personas, un porcentaje que se encuentra en la media de la UE.

A pesar de esto, el total de mano de obra no clasificada como desempleada aporta 8,2 puntos porcentuales a la holgura adicional, lo que coloca a España en el cuarto lugar más alto de la UE, después de Finlandia, Suecia e Italia.

La reducción de este indicador en España en los últimos años se debe principalmente a la caída del desempleo según su definición tradicional, y en menor medida, a la disminución de los desempleados desanimados y los subempleados. En este contexto, sigue siendo sorprendente que las empresas españolas continúen reportando una falta de mano de obra.

(El Economista, 01-10-2024)

07/10/2024|

La Seguridad Social destina 10.400 millones a subsidios por bajas temporales hasta agosto, un 17,6% más

La Seguridad Social ha presentado su informe mensual sobre la ejecución presupuestaria, en el cual se detallan los ingresos y gastos de la administración. El gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) ha aumentado un 17,6% en los primeros ocho meses del año, alcanzando los 10.422 millones de euros. Este gasto ya representa el 86% del presupuesto estimado para todo el año, lo que ha obligado a la Seguridad Social a incrementar en 3.200 millones la partida asignada para cubrir estas bajas laborales.

En los primeros ocho meses del año, la Seguridad Social ha registrado un saldo positivo de 1.619 millones de euros, lo que equivale al 0,1% del PIB, con unos ingresos totales de 145.585 millones de euros (un 6,6% más que el año anterior) frente a unos gastos de 143.966 millones, que han aumentado un 7,6% interanual.

Este balance positivo se debe en parte a las transferencias del Tesoro y al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. El sistema ha recaudado 109.740 millones de euros en cotizaciones, lo que supone un 7,9% más que en el mismo periodo de 2023 y un 33,4% más que en 2019, antes de la pandemia. Además, la Seguridad Social ha recibido más de 34.000 millones en transferencias del Tesoro.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde enero de 2023, ha recaudado 2.443 millones de euros hasta agosto, lo que representa un aumento del 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento en los ingresos por cotizaciones se ha visto impulsado por las aportaciones de los trabajadores ocupados, que han aumentado un 7,8% interanual, sumando 103.604 millones de euros. Las cotizaciones de los desempleados también crecieron un 8,5%, alcanzando los 6.137 millones de euros.

Hasta el mes de julio, los Fondos de Seguridad Social, que incluyen los datos del sistema, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), arrojaron un saldo positivo de 4.033 millones de euros. En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 144.059 millones de euros hasta agosto, un 7,6% más que en el año anterior, mientras que los pagos aumentaron un 7,7%, situándose en 143.694 millones de euros.

En cuanto a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 135.330 millones de euros hasta agosto, un 8,2% más que en 2023, representando el 94% del gasto total del sistema de Seguridad Social. La mayor parte de este gasto, 124.236 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento del 8%. El gasto en pensiones contributivas, que incluyen las de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y otras, ascendió a 110.461 millones de euros, un 7,3% más, impulsado por el aumento del número de pensionistas (+1,4%), la subida del 5,1% en la pensión media y la revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas en 2023.

Por otro lado, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores, lactancia, riesgos durante el embarazo y enfermedades graves en menores crecieron un 7,6%, alcanzando los 2.859 millones de euros.

El gasto en pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos, se incrementó un 9,8%, llegando a 11.094 millones de euros, impulsado por la revalorización del 6,9% aplicada este año. De esta cifra, 7.148 millones corresponden a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,6%), mientras que el resto se destinó a subsidios y otras prestaciones no contributivas, que aumentaron un 14,2%, alcanzando los 3.946 millones de euros. Dentro de esta última categoría, 3.669 millones se destinaron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, lo que supone un aumento del 12,3% respecto a 2023.

(El Economista, 01-10-2024)

07/10/2024|

Un funcionario logra una indemnización de 150.000 euros por sobrecarga de trabajo continuada

"Si yo ya estaba allí y hacía todo el trabajo, ¿para qué iban a contratar a alguien más?" se pregunta con una mezcla de indignación y tristeza H.T.M., un funcionario del Ayuntamiento de León. A sus 66 años, y a punto de jubilarse, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León le ha concedido una indemnización de 150.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la sobrecarga laboral que sufrió durante años, al asumir en solitario el trabajo destinado para tres personas.

La situación de "carga de trabajo inasumible", descrita en la sentencia, comenzó en 2014. H.T.M., abogado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento con 43 años de servicio, era uno de los tres letrados del departamento de servicios jurídicos. Aquel año, uno de sus compañeros se dio de baja por incapacidad temporal, que luego se convirtió en permanente, hasta que falleció. Esta plaza no fue repuesta, dejando solo a dos abogados. Entre 2016 y 2019, el otro letrado estuvo de baja en varias ocasiones, sin ser sustituido, lo que dejó a H.T.M. como único abogado durante largos periodos.

En 2020, ese compañero pasó a una situación de servicios especiales y su puesto fue cubierto durante solo ocho meses. En 2022, H.T.M. cayó de baja durante dos meses, lo que llevó al ayuntamiento a contratar finalmente a dos abogados interinos. Estos siguen ocupando sus puestos junto a él.

Según el fallo judicial, entre 2014 y 2022, H.T.M. asumió en solitario las tareas de tres personas, debido a la falta de reposición de personal. El juez calificó esta situación como un caso de "daños continuados" y responsabilizó al Ayuntamiento por su "pasividad" al no resolver el exceso de trabajo hasta que se contrató a los interinos. Además, señaló que H.T.M. había advertido repetidamente de la situación, tanto verbalmente como por escrito, sin que se tomaran medidas durante nueve años.

El juez determinó que la sobrecarga de trabajo afectó la salud de H.T.M. y vulneró su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. También afirmó que la Administración incumplió su deber de proteger la integridad física del trabajador, según lo estipulado en el artículo 15 de la Constitución española.

La indemnización se calculó en función del salario y las retribuciones complementarias de los puestos no cubiertos, excluyendo el complemento de productividad. H.T.M., que se representó a sí mismo, explicó que la compensación (unos 150.000 euros más intereses) es aproximadamente la mitad de lo que había solicitado inicialmente, ya que parte de las reclamaciones se consideraron prescritas. A pesar de ello, lamenta que el ahorro para el ayuntamiento por no cubrir las vacantes sea mayor que la indemnización.

El Ayuntamiento de León ha recurrido la sentencia, por lo que el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se espera se pronuncie en unos 9 o 10 meses. H.T.M. se mostró especialmente molesto con la defensa del Ayuntamiento, que alegó que él asumió voluntariamente la sobrecarga de trabajo. Rechaza esta afirmación, argumentando que su labor incluye atender juicios y plazos legales, lo que de no hacer, dejaría a la Administración sin defensa.

También criticó la actitud del Ayuntamiento cuando, al cumplir 65 años, solicitó una prórroga en su puesto y se la denegaron alegando que había actuado de "mala fe". Esta decisión fue posteriormente revocada y H.T.M. pudo regresar al trabajo tras un mes. La sentencia calificó el informe que justificaba la negativa como "aberrante e inadmisible". A pesar de todo, H.T.M. asegura que mantiene una buena relación con sus compañeros y superiores, y que seguirá trabajando hasta su último día, comprometido con la defensa de los intereses municipales.

(El País, 01-10-2024)

07/10/2024|