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Aunque el Gobierno no ha hecho público el gasto estimado para este año en prestaciones por desempleo, las cifras disponibles hasta la fecha y las cuantías con las que trabaja el Ejecutivo apuntan a que esta factura rozará los 45.000 millones de euros, más del doble de lo gastado en 2019, cuando las ayudas a los desempleados y afectados por ERTE costaron 19.000 millones de euros. En el año pasado se registró, además, la primera subida del gasto en desempleo en siete ejercicios.

De momento, en el primer semestre de este año, el uso intensivo de los ERTE por parte de las empresas hizo que 3,4 millones de asalariados hayan llegado a estar inmersos en uno de estos ajustes y cobrando el seguro contributivo. Esto ha elevado el coste de dichas ayudas a 20.120 millones de euros entre enero y junio. A esto habrá que añadir el coste del segundo semestre. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuantificó este martes el coste de esta herramienta alternativa al despido de los trabajadores en “más de 4.000 millones al mes”.

Aunque en la actualidad ya solo quedan 1,1 millones de trabajadores en ERTE, se trata de aquellos que más difícil tienen su reincorporación y muchos de ellos podrían seguir en esta situación más allá del 30 de septiembre (fecha en la que decaen las actuales condiciones legales para estos ajustes) ya que la propia Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de prolongarlos. A esto habrá que añadir un previsible aumento de los despidos en empresas que no logren recuperar su actividad previa a la pandemia.

En definitiva, el coste citado por Sánchez llevaría a que entre julio y diciembre la factura del desempleo podría sumar otros 24.000 millones de euros. Esta cantidad, agregada a los 20.130 millones gastados en la primera mitad del año da como resultado los casi 45.000 millones antes citados para todo 2020.

Este volumen de dinero no se había alcanzado nunca en España para pagar prestaciones a parados y es incluso muy superior a los cerca de 32. 000 millones que se abonaron en 2010 por la crisis financiera de 2008 o los 31.000 de la crisis previa a esta última, en 1993.

De hecho, hay pocas partidas presupuestarias que sumen cantidades superiores, salvo la factura de las pensiones (alrededor 150.000 millones) o los salarios del sector público, que superan los 100.000 millones.

Si bien hay que recordar que la factura del desempleo no solo cubre a los ERTE, sino que también incluye el pago de las prestaciones de los que sí están en paro. Si se atiende solo al coste de las suspensiones de empleo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cuantificado estos ajustes entre los 15.000 y casi 18.000 millones de euros solo para el pago de prestaciones.

Pero este organismo añade otras cuantías que no se pagan habitualmente con la partida del desempleo como los cerca de 6.900 millones en exoneraciones de cotizaciones a las empresas en ERTE y alrededor de 6.000 millones en prestaciones por cese de actividad y exoneraciones a los autónomos.

La Seguridad Social precisa de ayuda para poder pagar las pensiones. Desde hace tres años, el Estado le presta miles de millones cada año para que pueda atender esta obligación. Pero no siempre ha sido así. De hecho, durante mucho tiempo fue al revés: se recurrió a las cotizaciones sociales para atender gasto que no le correspondía al instituto público. El Tribunal de Cuentas ha estimado que esa factura ascendería a 103.690 millones por el periodo comprendido entre 1989 y 2013. El auditor pide que se compense a la Seguridad Social, a la que, por su parte, le calcula una deuda con el Estado de 50.273 millones hasta 2018.

Las fuentes de financiación de las prestaciones que atiende la Seguridad Social están separadas desde 2013. Esto supone que las pensiones contributivas –aquellas que recibe quien ha cotizado para ello- se pagan con lo recaudado por cotizaciones y las demás con transferencias de Hacienda al instituto público. Pero hasta entonces el departamento que ahora dirige José Luis Escrivá estuvo asumiendo gasto impropio. No es que no se cumpliera la ley: el Tribunal de Cuentas deja claro que se cumplió. Pero también señala que no se respetaron las declaraciones de separación de fuentes que han aparecido en los presupuestos desde 1989 y se consagraron en la primera edición del Pacto de Toledo, en 1995.

Esto lleva al Tribunal de Cuentas a afirmar en su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018: “La demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema [por la Seguridad Social], puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos (fundamentalmente cotizaciones sociales) la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.

El Levante español fue la zona que más sufrió el desplome económico que el conjunto del país registró en el segundo trimestre. Y Cataluña, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, tres comunidades con no pocas similitudes, mediterráneas y muy dependientes del turismo, fueron las que más acusaron el golpe.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su estimación de composición del Producto Interior Bruto (PIB) por comunidades, y las tres mencionadas sufrieron una caída que en todos los casos superó un ya notable 22% en términos intertrimestrales que en el caso de las Islas Baleares llegó a un extraordinariamente negativo 26%.

Las caídas de estas regiones es superior incluso a la de Canarias, región que todas las previsiones incluían entre las dos que más castigo recibirían junto a Islas Baleares. La diferencia, en todo caso, es muy limitada ya que la comunidad canaria se desplomó un 21%. Llama asimismo la atención que, según los datos de la AIReF, Aragón, Navarra y La Rioja también sufrieron retrocesos superiores a la media y que oscilaron entre el 20,9% de la comunidad foral y el 19% de la región aragonesa.

La comunidad que registró un menor decrecimiento fue Extremadura, cuya economía decreció un 12,5%. La Región de Murcia se desmarcó de la caída del resto de regiones mediterráneas, en gran medida dada su menor dependencia del turismo, y cayó un 13,5%. Y en Galicia, el desplome se quedó levemente por debajo del 15%.

La Comunidad de Madrid, gran locomotora de la economía nacional junto a Cataluña, perdió un 18% de su PIB, y País Vasco, otro gran polo económico, la caída ascendió a un 16,7%.

El Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Efe.

"No ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar" la inyección de recursos por "una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos", ha advertido la ministra.

Por eso insta a analizar "con una mirada distinta" el proyecto presupuestario de 2021, que arrancará en septiembre con la aprobación de una nueva senda de estabilidad y un techo de gasto adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia.

El proyecto en sí se presentará en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre "o principios de octubre", con el objetivo de que su tramitación esté avanzada y los apoyos parlamentarios "bastante acordados" con los grupos políticos cuando se envíe a Bruselas el plan presupuestario, antes del 15 de octubre.

El objetivo del Gobierno es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-, lo que alterará el techo de gasto, para iniciar así cuanto antes la implementación de los proyectos.

La ministra confía en "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar", siempre que sean gestionables por las diferentes administraciones.

Montero explica que estos proyectos se incluirán en el plan de inversión y reformas que enviará a Bruselas en octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial porque los proyectos serán "compartidos" con comunidades autónomas y ayuntamientos.

La pandemia de coronavirus ha trastocado todos los planes del primer Gobierno de coalición de la democracia. Apenas dos meses después de comenzar la legislatura, que arrancó gracias a un acuerdo programático pactado por PSOE y Unidas Podemos, las prioridades cambiaron por completo para enfocarse en la crisis sanitaria. El impacto de este contratiempo hace que el Gobierno decida posponer algunos de los puntos clave acordados en la investidura, como las reformas en materia fiscal, que, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estarán condicionadas a la evolución de la economía.

En concreto, Montero afirmó en una entrevista con Efe que la situación económica podría retrasar algunas subidas de impuestos, aunque se buscará la “progresividad” del sistema fiscal. Ello partiendo de que el consenso al que se llegó para investir a Pedro Sánchez contemplaba, entre otras cosas, la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y la reforma del impuesto de Sociedades, con el objetivo de implementar un tipo mínimo del 15%, que se ampliaría hasta el 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos.

Así, parece que estos cambios tributarios tendrán que esperar, también por la necesidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas que garanticen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, lo que supone otro condicionante para cumplir el programa de investidura. La ministra y portavoz del Ejecutivo avanzó que como “carta de presentación” a las formaciones se expondrá el acuerdo económico pactado con Unidas Podemos, pero también aseguró que “hay que ser inteligentes” y acompasar ese pacto al ritmo que marque la economía para llevar acabo las medidas en el momento más adecuado, “de aquí a 2021 o más adelante”.

Montero explicó que en materia fiscal se acometerán novedades a dos velocidades. Por un lado, cambios tributarios a corto plazo que contemplarán los Presupuestos y que perseguirán la progresividad del sistema, para los que se negociará con la oposición; y por otro, cuando el crecimiento esté asentado, una profunda reforma fiscal centrada en la revisión del impuesto de Sociedades, del IVA y de las deducciones de algunos impuestos, así como en “figuras tributarias nuevas” adaptadas a la transformación ecológica y a la nueva economía.

En este sentido, aprobar los Presupuestos no será fácil, puesto que la filosofía tanto del PP como de Ciudadanos se centra en bajar impuestos, y conseguir el apoyo del principal partido de la oposición será fundamental para sacar adelante con facilidad las cuentas públicas. Por ello, el Gobierno, además de buscar su conformidad en materia fiscal, podría atraer al PP renunciando a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral a corto plazo, ya que, según declaraciones previas de la ministra, el proceso de acometer la contrarreforma también se adaptará a las circunstancias motivadas por la crisis.

La reactivación de los trabajadores autónomos se ha dejado atrás casi 135.000 empleos, un 10% del empleo que sostienen este colectivo, bien a través de la contratación de personal, bien por los propios autónomos. Durante el último año el número de trabajadores asalariados contratados por un autónomo ha pasado de 928.022 en junio de 2019 a 834.010 registrados el mes pasado, lo que representa una caída del 10,1%, el doble de la media en el total del sistema, y una pérdida neta de 94.012 empleos. A esos 94.000 empleos habría que añadir 40.982 autónomos que se ha dado de baja en los registros al no continuar su actividad, según un análisis realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, a partir de datos del Ministerio de Trabajo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, interpreta estos datos como la prueba de que a los trabajadores autónomos les cuesta cada vez más sostener el empleo que generan. Amor ha indicado que a partir del fin de agosto se puede anticipar una caída importante del empleo y del número de empresas, por lo que reclama un refuerzo de los apoyos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permita ampliar los periodos de carencia para la devolución de préstamos más allá de abril del año que viene. La alternativa, asegura, podría trasladar problemas de morosidad a los balances de los bancos y entidades financieras.

En términos de generación de empleo, los autónomos con menos asalariados son los que más han logrado sostener esos puestos de trabajo que estaban hace un año y que la irrupción de la pandemia y la hibernación económica decretada para combatirla han amenazado. En el lado contrario, han sido los autónomos con cinco o más asalariados los que más empleo han dejado caer.

Entre los primeros, el número de trabajadores ha descendido un 6,2% en el último año al pasar de 227.730 personas en junio de 2019 a 213.710 en junio de 2020, lo que supone un descenso de 14.020 personas. Entre los segundos, los que cuentan con plantillas de más de cinco trabajadores, el descenso ha alcanzado el 16%, y cuenta con 41.499 asalariados menos que hace un año.

Al igual que el resto de la economía española, el negocio de los trabajadores autónomos se ha visto duramente golpeado en los últimos meses, especialmente el de aquéllos vinculados a sectores muy vulnerables a las medidas sanitarias de choque, como es el caso del turismo o la hostelería. El impacto sobre el colectivo ha sido, con todo, inferior al sufrido por los asalariados del Régimen General, que acumula la pérdida de más de 700.000 afiliados en el último año. En el mismo periodo, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha pasado de sumar 3.287.449 afiliados a los 3.246.557 actuales, un 1,2% menos.

Los hogares españoles son los que más sufrieron en el primer trimestre del año el impacto económico de la pandemia. Su renta disponible per cápita retrocedió un 3,22% entre enero y marzo, la mayor caída de todas las registradas en la base de datos de países de la OCDE. Es más: la media de las familias de la OCDE incluso aumentó sus rentas un 0,1%. Estos datos pueden en parte explicarse por la mayor dureza de las medidas de confinamiento tomadas y porque el virus se expandió antes por España e Italia.

Las rentas de los hogares italianos perdieron un 1,8%. Aunque se trata de una pérdida menor que la de España, también supuso una caída importante. El estado de alarma se declaró en el territorio español el 14 de marzo. Es decir, bastó con una quincena de hibernación de la actividad para que los bolsillos de los ciudadanos españoles acusasen el mazazo. Y a pesar de que la pandemia se propagase en Italia unos días antes, las restricciones se circunscribieron en esas fechas al norte del país transalpino. También ha podido influir en el hecho de que España se comportase peor la capacidad de las empresas para hacer teletrabajo y la composición de la estructura productiva. Básicamente, allá donde hay más necesidad de contacto para trabajar es donde la economía puede resentirse más. Y la economía española depende más que la italiana del turismo, la hostelería y las actividades de ocio.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya elaboró un informe en el que apuntó que España es el país con una mayor proporción de puestos de trabajo que conllevan riesgo de contagio por coronavirus. El organismo estimaba que el 56% de sus empleos requieren contacto físico o proximidad al público frente a una media de la OCDE ligeramente inferior al 50%.

Dicho esto, en otros países también menguaron las rentas de los hogares, pero bastante menos: en Alemania, un 1,2%; en Reino Unido, un 0,7%; en Francia, un 0,3% y en Canadá, un 0,2%. “Todas las siete grandes economías vieron caídas en el primer trimestre salvo Estados Unidos”, señala la nota de la OCDE.

No obstante, el think tank de las economías avanzadas subraya que otros países registraron crecimiento de los ingresos de las familias en el mismo periodo: Australia (0,5%), Bélgica (0,7%), Finlandia (1,2%), Grecia (0,8%), Irlanda (0,7%), Holanda (1,6%), Eslovenia (1,5%) y Suecia (1,3%). Estos datos de renta por hogar ponderan los miembros de la unidad familiar, restan los impuestos y suman las ayudas sociales.

Por otra parte, el organismo también destaca que las caídas de rentas de las familias fueron bastante menores que las anotadas en PIB per cápita. Y eso lo achaca sobre todo a los planes que adoptaron los Gobiernos para proteger las rentas de los trabajadores. En Francia, por ejemplo, el PIB por habitante cayó un 6%, muy por encima del 0,3% que perdieron las familias. En la media de la OCDE, mientras que el PIB per cápita descendió un 2%, las rentas por cabeza de las familias crecieron un 0,1%. En España el PIB por habitante se hundió un 5,6% entre enero y marzo. En cambio, la renta per cápita de los hogares solo se desplomó un 3,22%.

Según se desprende de estos datos, parece que los españoles consiguieron paliar el golpe para las economías familiares con un resultado no muy distinto al de la media de la OCDE. Entre otras medidas, el Gobierno aprobó en esos días facilitar y financiar los ERTE, que en muchos casos han cubierto al menos un 70% del sueldo. Eso sí: Francia destaca como el país que mejor logró contener el impacto para los hogares. Italia también figura mejor que España en estos números al perder un 5% en PIB y solo un 1,8% en ingresos.

Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por "trabajo a distancia regular". El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece "un mínimo del 20% de la jornada", el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador "teletrabaja" y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días.

Se trata de una línea roja marcada por la patronal que justifica su posición en que ya en la actualidad muchas empresas permiten a sus trabajadores que los viernes cumplan su jornada desde casa. En estos casos, supondría que las empresas estarían obligadas a compensar los gastos y dotar de equipos informáticos a sus trabajadores o incurrir en otros costes como analizar las condiciones de seguridad del sitio donde trabajan.

Un segundo punto de fricción entre los agentes sociales es el periodo transitorio que se aplicará a aquellos acuerdos o convenios colectivos que ya regulan el trabajo a distancia. El borrador establece un periodo de tres años que, según las fuentes consultadas por eE, ha pedido la CEOE. En esta ocasión son los sindicatos los que no están de acuerdo con la redacción del borrador del anteproyecto presentado el viernes por el Ministerio de Trabajo por entender que es un plazo excesivo. Entienden que un año o año y medio es suficiente para que se adapten. El abono de los costes y otras medidas están en el trasfondo de la pelea. Durante el periodo transitorio, todas las empresas amparadas por acuerdos anteriores podrían zafarse de cumplir con las exigencias de la futura normativa.

Aunque estos dos puntos serían los de mayor enjundia, no son las únicas discrepancias. La aplicación de la prevención de riesgos laborales también implica puntos de desacuerdo; en concreto, la evaluación del puesto del trabajo en casa. El borrador establece que solo se evaluará "la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose esta obligación al resto de las zonas de la vivienda". CCOO quiere que el análisis incluya el conjunto de la vivienda, aunque en CEOE y UGT consideran adecuado que se limite al habitáculo donde se realiza el trabajo.

En cualquier caso, la norma puntualiza que en caso de que el análisis de las condiciones de seguridad (que incluye factores psicosociales, ergonómicos y organizativos) exija la visita de algún experto, el trabajador le podrá negar la entrada a su vivienda. En este caso, no se podría cumplir con la exigencia de evaluar los riesgos laborales que exige el borrador del anteproyecto.

El cálculo del agujero presupuestario que debe asumir este año el conjunto de las Administraciones Públicas (Central, Autonómicas, Locales y Seguridad Social) sigue creciendo según se van sumando nuevas medidas contra el coronavirus y se van reduciendo las previsiones de la economía española. Según los cálculos de algunos expertos y de la propia AIReF ya superaría los 125.000 millones de euros (un déficit del 11,15% sobre un PIB estimado de 1,125 billones de euros).

Lo que deja desfasada la previsión del 10,34% de déficit (115.875 millones de euros) anunciado por el Gobierno en mayo. La AIReF elevó hace una semana el déficit para el conjunto del año al 11,9%, lo que colocaría el agujero presupuestario público en 133.870 millones de euros, que en caso de que la economía evolucione a un escenario adverso podría subir hasta el 14,4% o 162.000 millones, según la AIReF.

Una cifra que encaja más con las previsiones que manejan los economistas. Enrique de Areba, vicepresidente de IBC & Partners, calcula el déficit para el presente 2020 en un 11,5% (129.375 millones) al estimar que el PIB se reducirá en el año un 14%, lejos del 9,2% de caída del Ministerio de Economía que podría haberse quedado desfasado y que es el sustento de sus previsiones del déficit fiscal de este año.

Más allá de las previsiones del déficit, De Areba explica que, desde su consultora, sobre la base de los datos prorrogados del Presupuesto de 2018, hacen una previsión de desfase de 122.300 millones de euros. Por la parte de los ingresos, IBC & Partners calcula con el descenso del PIB del 14,1% que ellos vaticinan, que los ingresos fiscales del conjunto de las Administraciones Púbicas se derrumbarían en casi 54.000 millones de euros.

Muy superior a las previsiones que maneja el Gobierno que cifró la caída de la recaudación para el conjunto de las Administraciones Públicas para todo 2020 en 25.770 millones de euros, según consta en el documento de Actualización del Programa de Estabilidad de 2020 que remitió el Ministerio de Economía a Bruselas el 1 de mayo. Unas estimaciones que se hicieron bajo la premisa de que el PIB descendería este año un 9,2%, cifra superada por gabinetes internacionales.

Las previsiones que España entregó a la Comisión Europea prevén una caída de los ingresos del 5,3%, con descensos del 2,4% en el Impuesto de la Renta o del 5,2% en el IVA, a pesar de que el consumo se ha derrumbado durante el segundo trimestre y podría seguir al ralentí en el tercer y cuarto trimestres. O el Impuesto de Sociedades, cuyo descenso cifra el Gobierno en un 8,7% a pesar de que un gran número de empresas ha permanecido sin ingresos durante el confinamiento y los ritmos de recuperación están siendo muy lentos.

A esas cantidades hay que contabilizar la caída de los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social que el Gobierno establece en un 5,75%, aunque en este caso, el mayor montante de la bajad proviene de las exoneraciones que el Gobierno ha aprobado para los Ertes de fuerza mayor o para los autónomos acogidos a las prestaciones extraordinarias (que se imputan también como gastos por parte de la AIReF).

No obstante, las arcas de la Seguridad Social también se resentirán de la caída del empleo que el propio Gobierno cree que descenderá casi un 10%, elevando la tasa de paro del 14,1% con que terminó el pasado año al 19% a diciembre de este.

Por la parte de los gastos, las cifras no hacen más que crecer. En este apartado, el documento remitido a Bruselas cifraba en 28.400 millones de euros el impacto que tendría que soportar la Administración Central por el Covid. La cifra, sin embargo, ha ido en aumento según se han ido aprobando nuevas medidas para hacer frente al efecto sanitario y económico de la pandemia.

La semana pasada, la AIReF elevaba el coste para la Administración Central de todas las medidas aprobadas hasta ahora a 35.320 millones de euros (8.000 millones de euros más). Y eso, en el mejor de los escenarios, pues en uno más negativo (rebrotes masivos, por ejemplo) el gasto para la Administración Central se podría elevar a 39.900 millones de euros.

A lo que se debe sumar los gastos en los que incurrirán este año las administraciones autonómicas y las locales que según la AIReF se colocan en 10.740 millones de euros en el escenario benévolo y 14.110 millones en el más desfavorable. Es decir, el Covid ha incrementado el gasto de las administraciones públicas, según la Autoridad Independiente, en un mínimo de 46.065 millones de euros y un máximo de 54.001 millones, según dos escenarios que maneja (el positivo y el negativo). Una cifra que la Autoridad Independiente ha ido incrementando según pasan los meses. En junio, con las medidas aprobadas hasta entonces, la horquilla estaba 7.000 millones por debajo (39.833 y 48.367 millones).

La organización de autónomos UPTA ha urgido al Gobierno a recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad que finalizó el 30 de junio para aquellos negocios, como el ocio nocturno, que están obligados a cerrar por orden administrativa y que se ven abocados a una falta de ingresos permanente.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que es "urgente un plan de contingencia antes de otoño porque ya hay sectores de autónomos que están en situación de vida o muerte" y ha recalcado la necesidad de retomar la primera ayuda extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno durante el estado de alarma y que posteriormente fue sustituida por otra prestación ordinaria.

"Es necesario retomar esta ayuda para proteger a los autónomos con actividades que tengan suspensión administrativa obligatoria, con cierres obligados", ha dicho tras advertir de que han aumentado las zonas de España que están en confinamiento y la situación puede ir a peor.

Abad ha incidido en un plan de contingencia que también incluya flexibilizar los requisitos de la prestación extraordinaria para los autónomos de temporada porque de lo contrario la situación "llevará a la absoluta desesperación" y ha avisado de que el cierre ha empezado con los locales de ocio nocturno pero irá evolucionando hacia otros sectores.

"Presuntamente julio y agosto eran los meses en los que muchos negocios podían hacer caja, pero ante el confinamiento no va a ser así", ha señalado tras recordar que los autónomos no están protegidos con el cese de actividad extraordinario como los empresarios y los trabajadores por el ERTE de fuerza mayor, que sí contempla poder retomar las condiciones de los primeros ERTE en caso de cierre administrativo.

El 30 de junio la Seguridad Social abonó la última paga por cese extraordinario de actividad pagada durante tres meses y medio y que supuso un importe de 3.700 millones de euros y una ayuda mensual de unos 723,50 euros de media, además de la exoneración temporal de las cotizaciones sociales, por otros 313,21 euros de media.

La prestación extraordinaria fue aprobada el pasado mes de marzo para los trabajadores autónomos que se vieron obligados a cerrar por el estado de alarma y para quienes, pudiendo continuar con su actividad tuvieron una caída de la facturación del 75 % respecto al promedio de los seis meses anteriores a la solicitud.

A partir del 30 de junio el Gobierno aprobó nuevas ayudas que sustituyen a la prestación extraordinaria hasta el 30 de septiembre y que suponen reducciones de las cotizaciones sociales del 50 % en agosto y del 25 % en septiembre.