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El debate parlamentario sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se convirtió el martes en un plebiscito político en el que el Gobierno asumió que este miércoles ERC y PDeCat bloquearán las Cuentas y las medidas que contienen, entre ellas, la generación de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% para grandes empresas y de un 18% para los sectores de la banca y de los hidrocarburos y la subida del IRPF a clases altas.

Las Cuentas, cuya vía libre se antoja improbable, recogen además acabar con la exención fiscal del 100% a los dividendos de filiales de empresas españolas en el extranjero – que pasaría a ser del 95% – y el incremento del IRPF en dos puntos para rentas superiores a los 130.000 euros y en cuatro puntos para rentas superiores a los 300.000. A ello hay que sumar otras medidas que ya no podrían ver la luz, como la bajada de dos puntos del tipo nominal de Sociedades para pymes, el destope de las cotizaciones máximas, el alza del precio del diésel para equipararlo fiscalmente a la gasolina y el aumento del gravamen de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) en un 15%.

A pesar de que estas medidas se podrían sacar adelante todavía por real decreto ley (RDL), el Gobierno duda de esta estrategia. Moncloa alberga incertidumbres legales sobre hasta dónde puede estirar el chicle fiscal sin abrir potenciales contenciosos legales empleando esta herramienta legislativa. Con todo, para prosperar el RDL tiene que ser ratificado por el Congreso, algo que a día de hoy está muy lejos de los 84 diputados que tiene el PSOE en la Cámara Baja.

Sin embargo, el fracaso de los Presupuestos no implica que todas las medidas económicas del Gobierno queden bloqueadas… todavía. La tramitación de las tasas Google y Tobin se mantiene, ajenas al desarrollo de las Cuentas. Sin embargo, su aprobación parece improbable si se adelantan elecciones. Tramitar un proyecto de ley dura, de media, unos seis meses y la legislación obliga a disolver las Cortes 54 días antes de unos comicios generales. Plazos imposibles de cumplir si las elecciones se celebraran en abril o mayo.

Así, la aprobación de los impuestos solo sería posible si los comicios se celebraran en otoño, y aun así el calendario sería muy apretado.

El secretario general del sindicato CC OO, Unai Sordo, se ha mostrado hoy a favor de que el Gobierno convoque elecciones si no logra el apoyo de los nacionalistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año. Si bien, ha dicho que, aun convocando elecciones en abril –la fecha más temprana posible– al Gobierno "le daría tiempo a desmontar" la reforma laboral y la de las pensiones.

"Hay seis viernes antes del 14 de abril" ha dicho hoy durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Forum Europa, en referencia a la celebración de los correspondientes Consejos de Ministros, donde el Ejecutivo podría aprobar sendos decretos para modificar la reforma del mercado de trabajo de 2012 y la de pensiones de 2013.

En concreto, Sordo ha dicho que su sindicato seguirá exigiendo al Gobierno fundamentalmente dos rectificaciones de la reforma laboral: la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos "sin límites y con independencia de lo que diga el propio convenio"; y la vuelta a la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa".

Junto a esto, ha citado otras dos exigencias que reclamarán al Ejecutivo para que se aprueben por decreto, aunque no haya presupuestos: la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años y la implantación de un registro diario de jornada en las empresas. Y también pelearán por la derogación de la reforma de las pensiones y la incorporación de la revalorización de las pensiones según el IPC en la Ley General de la Seguridad Social.

Finalmente, Sordo ha descartado "la unión orgánica" entre CC OO y UGT, "porque la competencia entre los dos sindicatos es sana bien entendida". Aunque, dicho esto, ha defendido la unidad sindical entre ambas centrales como base para su supervivencia.

Pero más allá de estas reivindicaciones "urgentes", Sordo se ha mostrado a favor de "modificar los incentivos de contratación en las empresas". Estos cambios irían orientados a incentivar que, ante una nueva crisis, los empresarios optaran por reducir las jornadas de trabajo en lugar de despedir a trabajadores. Para ello, ha demandado "una prestación (pública) que compensara el salario que dejarían de recibir los trabajadores a los que les redujeran la jornada, como en Alemania".

En este punto, ha manifestado su temor a que "como vuelva a haber una ralentización de la economía o una crisis, el ajuste se va a volver a hacer con el despido de la masa de trabajadores temporales". Esta situación se vería agravada, además, por la mayor presencia del empleo a tiempo parcial involuntario en el mercado laboral.

Sordo también ha defendido, como ya hicieron CC OO y UGT el pasado año, la convocatoria de paros parciales, en lugar de huelga general, para reivindicar el día de la Mujer el próximo 8 de marzo. "No procede convocar una huelga general al uso, porque no se persigue parar la producción ni que baje el consumo de energía, sino facilitar una jornada de movilización.

Actualmente, los dos sindicatos mayoritarios están negociando, no obstante, hacer una convocatoria de huelga completa en algunos sectores concretos donde la presencia de la mujer sea menor o la brecha salarial sea mayor. Si bien aún no han cerrado cuáles serán esas actividades.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados en enero se situó en el 2,16%, más de un punto por encima del dato adelantado del IPC interanual de enero (1%) y del alza salarial registrada un año antes (1,49%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El incremento de enero de este año, que se sitúa en niveles no observados desde el ejercicio 2009, está en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2%, más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

En el primer mes de 2019 se registraron 2.007 convenios colectivos con efectos económicos en 2019. De ellos, 1.998 se firmaron en ejercicios anteriores y 9 en enero. Los primeros registraron una subida salarial media del 2,16%, mientras que los firmados en el arranque de 2019 presentan un alza media del 2,14%. Sumando ambos, el aumento salarial medio de todos los convenios con efectos económicos en 2019 fue del 2,16% en enero.

Estos 2.007 convenios daban amparo a 5,6 millones de trabajadores. Del conjunto de convenios, 1.510 eran de empresa, con efectos sobre 315.000 trabajadores y una subida salarial media del 1,45%, y 497 eran convenios sectoriales, que daban cobertura a más de 5,3 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,20%. En cuanto a las nuevas unidades de negociación firmadas en enero, seis eran convenios de empresa, con un incremento salarial medio del 0,83%, mientras que tres eran convenios sectoriales, que reflejaban un aumento salarial del 2,17%.

La jornada media pactada en convenio se situó en enero en 1.762,9 horas anuales por trabajador (1.728,9 horas en los convenios de empresa y 1.764,9 en los convenios de ámbito superior).

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, abogó este martes por reformar las normas de competencia de la Unión Europea (UE) tras el veto de Bruselas a la fusión de Alstom y Siemens. Le Marie sostuvo que los Estados miembros deberían estar facultados para cuestionar y revertir las decisiones de la Comisión Europea (CE) en la materia.

A su llegada al Consejo de ministros económicos de la UE, Le Maire indicó que pondrá esta idea sobre la mesa cuando se reúna la próxima semana en Berlín con los titulares alemanes de Economía, Peter Altmaier, y de Finanzas, Olaf Scholz, para elaborar las propuestas de reformas de las reglas de Competencia que presentarán ambos países.

París y Berlín anunciaron que plantearán en las próximas semanas cambios en estas normas para "adaptarlas al siglo XXI" a raíz del veto de la Comisión Europea a la fusión de la gran firma ferroviaria francesa Alstom con la alemana Siemens, una operación que ambos gobiernos consideraban importante para competir globalmente, en particular frente a China.

En este contexto, el ministro de Economía francés abogó este martes por la introducción del "derecho de avocación, que permitiría al Consejo (es decir, los representantes de los países) a poner en cuestión una decisión de la Comisión en materia de Competencia".

En la práctica, este derecho supone que los países podrían reclamar la potestad de decidir por sí mismos en aquellos casos donde no estén de acuerdo con el veredicto del Ejecutivo comunitario, que según las normas actuales es el único responsable de dirimir las cuestiones de Competencia como la autorización de fusiones u otras operaciones empresariales.

Francia aboga por que las decisiones en materia de Competencia "puedan ser dinámicas", de modo que la Comisión "en lugar de bloquear una fusión desde el principio" vigile año tras año las medidas adoptadas por las empresas para asegurar que la operación no plantea problemas de Competencia. Si la situación cambia, Bruselas podría pedir nuevos compromisos, dijo Le Maire.

Por último, París quiere que la Comisión tenga en cuenta la situación en el mercado mundial y no solo europeo a la hora de evaluar una operación. "Esto debería permitir crear campeones capaces de competir con Estados Unidos y China", afirmó Le Maire, quien insistió en que también se necesita una política industrial europea "mucho más ambiciosa" e invertir "masivamente" en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Después de quedar desierto en un primer intento el pasado enero, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (Frob) ha formulado un nuevo pliego de condiciones de su licitación para adjudicar a algún banco el servicio de una cuenta corriente con la que realizar sus gestiones ordinarias.

Desde 2014, el banco de cabecera del fondo presidido por Jaime Ponce ha sido Sabadell, si bien la duración máxima del contrato firmado entonces se fijó en cuatro años, lo que ha obligado a abrir una nueva licitación. Por ello, en diciembre de 2018 el Frob lanzó el concurso público para contratar un nuevo proveedor que le proporcione el servicio de cuenta corriente con la que liquidar impuestos y pagar nóminas y seguros sociales, entre otras actividades ordinarias.

Entre las condiciones fijadas inicialmente en el pliego estaban la imposición de un presupuesto base de cero euros o que los tipos de interés tuvieran un suelo para no ser nunca negativos, de forma que el dinero depositado por el Frob en ningún caso obligara al organismo público a tener que pagar.

Si, con el actual entorno de tipos, la captación de grandes volúmenes de pasivo por parte de los bancos españoles ha dejado de ser una prioridad por su escasa rentabilidad, la existencia de estas condiciones previas podría haber desincentivado aún más la presentación de ofertas al concurso por parte de los bancos, según fuentes financieras. Otras fuentes consultadas añaden además que para el sector bancario español la contratación con la Administración pública no supone una parte sustancial de su negocio (como sí ocurre en otros sectores) y algunas entidades ni siquiera hacen seguimiento de las licitaciones que se lanzan desde el Frob, lo que provoca que la concurrencia a este tipo de contratos no sea alta.

Los responsables del Frob han revisado las condiciones específicas del pliego para tratar de avivar el interés de los bancos. Así, a pesar de que mantiene la gratuidad obligatoria del contrato, así como el suelo a los tipos de interés negativos, la autoridad de resolución española ha flexibilizado algunos criterios con la intención de abrir el abanico a una mayor competencia. Uno de los cambios más relevantes reflejados en el nuevo pliego es que los bancos que opten a trabajar para el Frob no tendrán que asignar obligatoriamente, como hasta ahora, una oficina presencial para atender a este organismo estatal. Es decir, que se podrá prestar el servicio a través de medios remotos.

Otra de las facilidades adicionales está relacionada con las divisas. En el nuevo pliego de condiciones se especifica que, en el caso de haber algún movimiento de monedas extranjeras (un servicio que supone un coste para el banco), la entidad podría consultar preventivamente al Frob con el fin de que éste decida asumir o no ese coste a través de una comisión.

Una cifra que, en comparación con el mismo mes del pasado año, es menor. La caída representa un 3,33%, para ser más exactos. No obstante, si se compara con el mes de diciembre obtenemos un incremento del 8,18%, según datos extraídos de un informe publicado por Gedesco.

De este modo se pone freno a tres meses en los que la constitución de sociedades se había incrementado de manera interrumpida en relación al mismo mes del año anterior. A pesar de los ruidos políticos, Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con mayor ratio de creación de empresas durante el mes de enero. Han sido 1.638 nuevas sociedades las que se han originado en Cataluña.

Le siguen la Comunidad de Madrid y Andalucía, mientras que en Ceuta y Melilla solo se crearon 9 empresas. La Rioja y Navarra completan el ranking de comunidades a la cola de la creación de empresas durante el mes de enero. En tan solo seis de las diecisiete regiones españolas se ha mejorado la cifra con relación al enero de 2018. Éstas han sido Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha, entre otras.

Por el contrario, en Asturias, Extremadura y Canarias la constitución de sociedades disminuyó en más de un 20%. Las empresas relacionadas con el sector inmobiliario se mantienen liderando el ranking. En enero se crearon un total de 462, aunque ésta cifra es menor que en enero de 2018. Del informe también cabe destacar que las sociedades disueltas durante enero de 2019 fueron 3.412, lo que se traduce en una disminución del 5,38% con respecto a enero de 2018.

El Gobierno de Pedro Sánchez se juega hoy su futuro en la votación en la que el Congreso de los Diputados decidirá si acepta o no tramitar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Tras un bronco debate en la sesión de ayer, PP, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, ERC y PDeCAT mantuvieron sus enmiendas a la totalidad de las cuentas, dejando ya casi sin esperanzas al Ejecutivo pese a los llamamientos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo ayer a la “responsabilidad” de los grupos para permitir que se discutan unas cuentas “buenas para los ciudadanos”.

“Todo indica que el independentismo votará en contra de unos Presupuestos buenos para Cataluña, y que la derecha votará en contra de unos Presupuestos sociales y buenos para España. Son unos y otros los que votan en contra para rechazar la recuperación de derechos que merece la ciudadanía. ¿No será que viven mejor en la confrontación?”, arrancó Montero, instando a unos y a otros a “aparcar la calculadora electoral”.

Montero lamentó que la coincidencia con el inicio del juicio del procés secesionista catalán pudiera “crispar” el debate de las cuentas públicas, pero advirtió a las fuerzas independentistas de que el Gobierno no puede aceptar el “chantaje” de condicionar su apoyo presupuestario a incluir la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en el diálogo abierto sobre el conflicto catalán.

“No hay letra pequeña en estos Presupuestos Generales del Estado que pretenda contentar al independentismo o favorecer más a una comunidad que a otra. No hay nada que reciba Cataluña que no sea homologable a lo de Andalucía o Extremadura”, replicó, de otra parte, al ala derecha del hemiciclo que le acusa de hacer concesiones a la Generalitat.

El debate se agrió con fuerza cuando se convirtió en un pulso dialéctico entre Montero, que se entregó a fondo durante toda la sesión, y el líder del PP, Pablo Casado, que protagonizó las intervenciones más duras contra el Ejecutivo sin leer una sola línea.

“El Gobierno ha intentado quitarle la espada a la justicia para clavársela a la Constitución por la espalda”, arrancó Casado, cargando contra el diálogo abierto con el secesionismo. Acto seguido criticó el alza de impuestos, asegurando que castiga a las clases medias, y un aumento del gasto público que, teme, se acabaría superando. “Estos Presupuestos son los más nefastos de la historia de la Democracia. Afortunadamente ni ustedes tienen confianza en sacarlos adelante”, llegó a decir, reclamando “elecciones cuanto antes”, para dar paso a las soluciones económicas del PP.

“No se lo iba a decir, pero, ¿sabe dónde está el milagro económico del PP, señor Casado? En la cárcel”, replicó Montero en referencia a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del PP, que cumple condena por el caso de las tarjetas black. “Ustedes están pendientes de las banderas de los balcones, nosotros estamos pendientes de resolver la situación dentro de los hogares”, añadió, recordando a Casado que el “hachazo fiscal” que le achaca es un alza de impuestos a solo el 0,5% de las empresas y el 0,7% de contribuyentes del IRPF, las grandes corporaciones y rentas altas, mientras que la subida del diésel es inferior a la de todas las gasolinas que preveían PP y Cs para 2019.

“¿Y qué propuesta trae para Cataluña, una intervención permanente?”, preguntó la ministra. “No podemos pasar 40 años intentando integrar a aquellos que quieren romper España. Se acabó. La nación española ha dicho basta. El PP va a ser la contención al chantaje independentista y a la rendición socialista”, concluyó Casado.

“Toca hablar de los ciudadanos. Estos son malos Presupuestos para la economía española”, expuso el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, alegando que son poco fiables y pidiendo que Sánchez convoque elecciones hoy mismo si pierde la votación. Montero le afeó tener “ansia” por llegar a La Moncloa y dejarse llevar por Vox, con cuyo líder apareció en la “foto de la vergüenza” de la manifestación del domingo contra Sánchez. La ministra defendió que su previsión de ingresos es más fiable que la de las cuentas de 2018, pactadas por PP y Cs, que aspiraban a elevar un 6% los ingresos con un alza menor del PIB nominal y sin los nuevos impuestos con los que ella busca recaudar un 7,3% más (descontando el mes extra de IVA).

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá admitió que solo la mitad de Cataluña quiere la independencia, pero aseveró que un 60% quiere un referéndum y pidió hablarlo al Gobierno, al que recordó que ha apoyado desde su investidura por su apuesta por el diálogo. “Tienen tiempo”, adujo el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, aseverando que su grupo retirará la enmienda si Sánchez acepta “hablar de todo”.

“Este Gobierno no puede ni quiere debatir extramuros de la Constitución española”, respondió Montero, que recordó que las cuentas inyectan 2.200 millones a Cataluña, 900 más que en 2018.

El pasado mes de septiembre, la firma española Jausas anunció su integración en la británica Fieldfisher. La operación, aunque afecta a dos bufetes de la franja intermedia del sector (middle-market), pone en evidencia que España sigue siendo una plaza atractiva para los despachos internacionales; en especial, los anglosajones.

El de Fieldfisher no es el único desembarco que se ha producido recientemente. En los últimos dos años también se ha materializado la llegada de la estadounidense Andersen Tax & Legal y la británica Pinsent Masons. La primera hizo su entrada en nuestro país incorporando a su estructura a Olleros Abogados. La segunda apostó por la apertura de una oficina propia, que nutrió incorporando un equipo procedente del despacho Ramón y Cajal.

Matrimonios como el de Fieldfisher-Jausas o el de Andersen-Olleros satisfacen intereses complementarios. Por un lado, la firma extranjera logra introducirse en una nueva jurisdicción sin tener que afrontar el costosísimo proceso de abrir oficinas y fichar abogados locales. Además, arranca heredando la reputación y la cartera de clientes de la organización adquirida, dos factores clave para el éxito en el sector.

¿Qué gana el bufete local? “La conexión y la venta cruzada con otros países; formar parte de una marca más conocida y reconocida; y, además, dar una carrera internacional a nuestros profesionales”, responde Jaime Olleros, socio director de Andersen en España. Aunque pueda parecer menor, el último aspecto es muy relevante porque el buen abogado es muy difícil de retener.

La aridez de emprender la aventura en solitario también tiene sus ventajas, como apunta Diego Lozano, socio director de la oficina en Madrid de Pinsent Masons. “Integrar dos estructuras es muy complejo. Partir de cero hace más sencillo definir la estrategia, los sectores de actividad o el tipo de profesional que buscas”. Y es que la adaptación a la disciplina y exigencias que imponen las matrices anglosajonas suele crear fricciones con las organizaciones locales habituadas a la autonomía en su funcionamiento y toma de decisiones.

Más allá de la fórmula de entrada, lo cierto es que en el sector legal se impone la idea de que aún quedan despachos por venir. “Los que más preocupan son los estadounidenses, más aún que los ingleses”, asevera Eduardo Berché, decano de ESADE Law School. Un diagnóstico que comparte Carlos de la Pedraja, vicedecano de IE Law School, para quien el aterrizaje de nuevas firmas anglosajonas “es no solo posible, sino previsible”. Y lo justifica con el dato de que, de los 15 mayores bufetes norte­americanos por facturación, los que tienen presencia en nuestro país son menos de la mitad. De entre los británicos, prácticamente todos los grandes disponen ya de oficina en España. No obstante, ambos creen que el Brexit puede empujar la llegada de alguno más, por la necesidad de reforzar su posición en la Europa continental.

El socio director de la consultora Legal Reputation, Carlos García León, confirma que en la actualidad hay “muchos despachos norteamericanos y británicos sondeando el mercado español”. Y sugiere que los movimientos no tienen por qué provenir necesariamente de las firmas más grandes.

El pleno del Parlamento ha tumbado este miércoles los recortes que la Comisión Europea (CE) quería establecer a los fondos de desarrollo de la UE y que hubieran afectado a regiones como Galicia. El Parlamento ha aprobado con 460 votos a favor, 170 en contra y 47 abstenciones, una resolución vinculante que impide que la inversión en los proyectos de desarrollo de la UE se reduzca un 14% para el período 2021-2027 como proponía la CE. Los eurodiputados han decidido mantener el nivel actual, que es de 378.100 millones de euros.

“Las regiones menos desarrolladas deben continuar beneficiándose de un apoyo sustancial de la UE”, destaca el texto aprobado por el Parlamento. De esta manera, los diputados europeos han determinado que las tasas de cofinanciación para proyectos de desarrollo de los países más postergados sean del 85%, en vez del 70% que había propuesta la CE.

En el caso de los Estados con economías “en transición”, el Parlamento ha dispuesto que la financiación llegue al 65%, frente al 55% que había planteado la Comisión, mientras que para las economías desarrolladas han decidido que sea del 50%, un 10% más que la propuesta inicial de la CE.

A pesar de que el PIB per cápita continuará siendo el principal criterio para el reparto de los fondos por países, se tendrán en cuenta nuevos elementos como la tasa de desempleo juvenil, el nivel de escolarización, el compromiso con el cambio climático y la integración y acogida de refugiados.

En ese sentido, la inversión, según ha establecido el Parlamento, deberá centrarse en proyectos de innovación, de modernización industrial, de transición energética y de lucha contra el cambio climático, entre otras áreas, para que también garanticen la inclusión social y la creación de nuevos empleos.

Una de las reformas más celebradas por los eurodiputados españoles ha sido la decisión del pleno de rechazar la condicionalidad macroeconómica, por la que la financiación podía ser suspendida si el Estado que recibe las inversiones no alcanza los objetivos macroeconómicos fijados por Bruselas. En 2016, la Comisión amenazó con congelar los fondos a Portugal y España, pero finalmente desistió de hacerlo.

157 enmiendas después, el proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario o lo que es lo mismo, le Ley Hipotecaria tiene nuevo texto. La pasada semana, la Comisión de Economía y Empresa del Senado discutió el nuevo documento en el que se han introducido varias modificaciones para que ahora sea ratificado en el Congreso de los Diputados. Del total de las enmiendas, destacan cinco puntos, que, de aprobarse, sí afectarían directamente a los futuros hipotecados. El resto de las modificaciones se engloban más en una reedición en la forma del texto que en el fondo de los artículos.

Uno de los cambios más significativos en el texto es el referente a la amortización en el caso de las hipotecas fijas. De esta manera, el decreto ley aprobado en el Congreso en diciembre de 2018 establecía un pago máximo del 2% en los 10 primeros años de vida del préstamo hipotecario y un máximo del 1,5% en los siguientes años. El nuevo texto aumenta estas cuantías hasta el 4% en el primer caso y el 3% en el segundo caso.

El pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido una de las grandes batallas de la banca y los juzgados españoles durante el 2018. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez intervino en la polémica y mediante una ley estableció que los bancos deberían ser los pagadores de este impuesto. Esta medida se incluía en el Decreto Ley del crédito inmobiliario de 2018.

La enmienda suprime este impuesto por lo que no lo tendrán que pagar ni los bancos ni los clientes, simplemente dejaría de existir en caso de su aprobación.