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El ministerio de Justicia espera que a partir de septiembre se pueda recuperar la “normalidad” en los juzgados y tribunales, dependiendo siempre de la evolución de la emergencia sanitaria. Así se lo ha comunicado hoy dos altos cargos del departamento que dirige Juan Carlos Camp o a las cuatro asociaciones de jueces y a las tres de fiscales en un reunión mantenida este miércoles por videoconferencia.

Tal y como ya había adelantado el ministerio, se ha confirmado a las asociaciones que a partir del día 1 de junio se levanta la suspensión de los plazos administrativos y para el día 4 los plazos procesales. Esto significa que será a partir de ese momento cuando en la práctica se reactivarán todos los procesos paralizados desde marzo, cuando se acordó por real decreto el estado de alarma y junto a este la paralización de los plazos.

Los funcionarios de justicia se han ido incorporando a sus puesto desde hace quince días, Concretamente, estaba fijado la vuelta del 40% de las plantillas. Ahora el ministerio ha comunicado que la fase 2 del plan de desescalada de Justicia se podría activar la semana que viene tras la reunión de la comisión de coordinación mantenida entre el departamento de Campo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas prevista para el próximo viernes.

Ello implicará una incorporación del 60 o 70% de la plantilla con turnos de tarde, y tendrá una duración de dos semanas. La fase 3 se prevé para el 8 de junio. Se garantizará la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías, tal y como han explicado las siete asociaciones en un comunicado conjunto.

En la reunión han concretado que en estas primeras semanas se recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos. A partir del mes de septiembre están previstos planes de choque y de refuerzo, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía General junto con los órganos judiciales asociados a la Covid-19 y la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales.

El ministerio ha explicado que se está estudiando la manera de proceder a la cita previa y la videoidentificación. Asimismo, a fin de garantizar la publicidad de las vistas orales se quieren realizar retransmisiones en “streaming” de los juicios, empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En la primera semana de junio se presentará un anteproyecto de ley de eficiencia procesal “en el que, entre otras medidas, hay una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos”.

Por su parte, las asociaciones han insistido en que deben garantizarse las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales. “Y mostramos nuestro rechazo a que los jueces y juezas en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, por vulnerar claramente la independencia judicial”, concluyen en el comunicado.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro hoy que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron ayer junto a EH Bildu. "Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Catalunya Radio en la que se ha mostrado muy duro con la rectificación realizada por los socialistas a última hora de este jueves, tan solo unas horas después de hacer público el acuerdo a tres con EH Bildu y Unidas Podemos.

"En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el Gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo", ha dicho. "Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, en el acuerdo entre tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Luego, que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado es eso", ha recordado.

En respuesta al rechazo de CEOE y Cepyme al acuerdo de ayer del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, Iglesias ha comentado que "a nadie le puede sorprender que la patronal desee que gobierne el PP con Vox, pero tienen que entender que hay algo que se llama soberanía popular" y "el poder legislativo, en las democracias, está en el Parlamento". El vicepresidente ha dicho "entender" que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "tiene muchas presiones" y a veces tiene que "salir con dureza, porque representa lo que representa", pero "luego ya nos sentaremos a negociar".

El vicepresidente segundo del Gobierno cree que el Ejecutivo de coalición tiene "la obligación de recomponer" la "mayoría parlamentaria" de la investidura de Pedro Sánchez, que se ha "visto dañada". "A lo mejor como Gobierno no hemos hecho todas las cosas bien", ha reconocido, y ha agradecido a Ciudadanos "haber actuado como una derecha responsable" al apoyar una nueva prórroga del estado de alarma.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este jueves que "suspende" la presencia de la patronal en las mesas de diálogo social, tras conocer el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral, sobre el que ha dicho que espera "una explicación". En una entrevista en RNE, Garamendi ha dejado claro que considera dicho acuerdo "un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula", que puede tener "consecuencias incalculables" en la confianza en la economía española para empresas nacionales y extranjeras.

"Me parece muy grave lo firmado", ha dicho Garamendi sobre el pacto, que dice que "ha cogido por sorpresa a empresarios y sindicatos", y ha señalado que el Gobierno "tendrá que aclarar muy bien lo que significa". De momento, ha comunicado que no asistirá a la reunión de diálogo social convocada para esta tarde con el Ministerio de Seguridad Social para abordar el ingreso mínimo vital. "Primero nos tendrán que explicar qué significa esto", ha apuntado.

Para Garamendi, tras cuarenta años sentándose a la mesa "a dialogar con lealtad", no tiene sentido sentarse ahora "con las cartas marcadas". "Si el menú del día está preparado, que lo lleven", ha dicho el líder de los empresarios. A su juicio, España se enfrenta a una crisis económica "importantísima y no conocida", por lo que no se pueden aplicar "recetas antiguas y erráticas", sino que hay que ver "cómo somos capaces de aguantar el empleo y las empresas.

El presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, ha defendido este jueves un "gran pacto" para sacar adelante a España tras la crisis derivada de la emergencia sanitaria del coronavirus, porque se necesita "una estrategia urgentemente a medio y largo plazo, de crecimiento sostenible e inclusivo".

En la inauguración de la jornada 'Reflexiones políticas, económicas y sanitarias en torno a una pandemia', organizada por el Círculo de Economía, su presidente ha advertido que uno de los problemas de España es la visión cortoplacista con que se toman las decisiones y ha reclamado una visión a medio y largo plazo para una verdadera política industrial y ha recomendado tanto administraciones como empresas deben poner "luces largas", ya que la salida de la crisis requerirá "generosidad y solidaridad" por parte de todos.

Desde el Círculo se insiste en una de sus históricas reivindicaciones: el fomento de la colaboración público-privada. Ambos aspectos deberían centrar el plan de recuperación económico del Gobierno y desde el Círculo de Empresarios se insiste en que "sin más inversión pública no saldremos adelante, pero solo con inversión publica tampoco", "por ello es el momento de priorizar y activar la colaboración público privada, con unas reglas de juego que funcionen para ambos. Pensar a largo plazo y juntos ha dado buenos resultados en el pasado y también puede ser en el futuro".

La entidad solicita actuaciones "decididas" ante la emergencia social y económica, y en defensa de la economía productiva. "Defendemos las medidas fiscales y de incentivos que se están adoptando a fin de evitar el cierre empresarial, pero pedimos un esfuerzo que sean más flexibles y mantenidas durante un tiempo prudencial hasta la total reapertura de la economía", ha puntualizado.

En materia fiscal, Faus ha dicho que ara alcanzar los objetivos marcados, el Círculo apoya una política fiscal expansiva a corto plazo, pero sin perjuicio de que se deberá volver en el medio plazo a la senda de la consolidación fiscal. En cuanto al largo plazo, el Círculo pide sellar "un verdadero pacto de Estado entre todos los actores (administraciones, empresas y sindicatos, entre otros) para lograr que España recupere el crecimiento "sostenible e inclusivo".

Los empresarios creen que esta crisis dejará atrás a muchos ciudadanos una vez más, por lo que "ante esta emergencia social queremos resaltar la importancia de impulsar valores de generosidad, que reduzcan el nivel de conflicto y la crisis social ante el empobrecimiento generalizado que va a sufrir el país".

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, zanjó este jueves el debate sobre la derogación de la reforma laboral. Según resaltó, es un planteamiento "absurdo" y "contraproducente" en plena crisis del coronavirus y que además, choca con el principio de seguridad jurídica, por lo que dio por finalizada esta polémica. "Cualquier modificación se hará de forma dialogada", por lo que descartó el acuerdo que, ayer a última hora de la tarde, alcanzaron los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu.

"Este gobierno demuestra con hechos que escucha, hemos adoptado medidas de forma dialogada y en el futuro esta filosofía no cambia", señaló la ministra, en la jornada anual del Círculo de Economía, que este año ha tenido que hacerse virtualmente a raíz de la pandemia del coronavirus. El Círculo de Economía aglutina a empresarios, académicos y directivos catalanes y su presidente, Javier Faus, también cuestionó implícitamente el fin de la normativa, y abogó por los grandes acuerdos, tanto en este asunto con todas las cuestiones relacionadas con la lucha contra el Covid-19 y la recesión económica.

"Los contribuyentes nos pagan para soluciona problemas" y no para generar nuevos desafíos, dijo Calviño, quien trazó cuáles son las prioridades del Ejecutivo: "recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y también a los trabajadores". La intervención de Calviño en la jornada anual del Círculo de Economía era muy esperada, después del pacto que alcanzaron ayer a última hora de la tarde el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu y que, al filo de la medianoche, los socialistas matizaron.

Si en un primer momento, el acuerdo por escrito contemplaba la derogación de la reforma laboral que impulsó Mariano Rajoy en su totalidad, luego el PSOE precisó que afectaría únicamente a algunos puntos en concreto, que es la tesis que viene defendiendo Calviño desde que tomó posesión. En cualquier caso, la reforma laboral ha reabierto un agrio debate en las filas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y Calviño hizo todo lo posible para intentarlo zanjar.

"Hago una constatación de la realidad en la que nos encontramos: estamos ante la mayor recesión de nuestra historia por una pandemia que ya ha causado 27.000 muertos" y se salda ya con una caída del 9% del PIB según las previsiones, resaltó la vicepresidenta tercera.

Las consecuencias económicas del coronavirus para las cuentas públicas son devastadoras. Pero si hay un organismo afectado por la pandemia, este es el SEPE, cuyo presupuesto ha sido completamente desbordado. Hasta el punto de que el servicio público de empleo estatal ya ha consumido en apenas cuatro meses —últimas cifras oficiales— el 41,34% del presupuesto inicial con el que contaba para el conjunto del año. O el 44,26% si se incluyen las obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores. Y eso que todavía no ha contabilizado el grueso de los ERTE. Hasta ahora, solo lo ha hecho de forma marginal, porque a 30 de abril muchas prestaciones estaban sin pagar.

En cuatro meses, el SEPE ha gastado algo más de 7.198 millones de euros de los 17.410 millones que tenía previsto destinar a desempleo contributivo en todo el año, y cuyo presupuesto, al tratarse de un crédito ampliable, tendrá que aumentar de forma automática sin necesidad de reclamar un incremento del gasto. De esos casi 7.200 millones de euros, alrededor de 6.800 millones corresponden a las prestaciones ‘ordinarias’ que paga el SEPE a los parados, y que son anteriores al covid-19.

Eso quiere decir que aunque en abril se reconoció la inmensa mayoría de las prestaciones, tantas como les dio tiempo a los funcionarios del servicio público de empleo, el desembolso, en un número muy importante, no se realizó. Simplemente, porque el SEPE paga a mes vencido, entre el 10 y el 15 de cada mes, lo que explica que, por razones extraordinarias, la mayoría de los bancos anunciara que adelantaría el pago unos días. Hay que recordar que el reconocimiento de la prestación (que se tarda apenas un día y medio) no significa que se pague inmediatamente, ya que eso depende de los plazos legalmente tasados.

Los pagos del actual mes de mayo, por lo tanto, corresponden a prestaciones reconocidas entre la segunda quincena de marzo y la parte del mes de abril que dio tiempo a resolver a medida que entraban los expedientes. En abril, por lo tanto, muy pocos parados cobraron el subsidio. El gasto adicional, de hecho, apenas asciende a poco más de 400 millones de euros respecto de lo que es una nómina ‘ordinaria’ del SEPE. Es decir, la diferencia entre los 7.200 millones ya gastados en términos de caja (las obligaciones reconocidas son muy superiores) y los 6.800 millones que corresponden a los parados de antes de la pandemia.

Así, en el nuevo escenario, en el que el Estado tendrá que hacer frente a importantes gastos por las medidas aprobadas y verá reducidos los ingresos por la contracción económica, el Tesoro calcula unas necesidades de financiación bruta para este año de 297.657 millones de euros. De ellos, 185.969 millones se prevén financiar mediante bonos y obligaciones, y 111.688 millones, a través de letras.

En términos netos -descontando las amortizaciones del ejercicio en curso-, las necesidades de financiación alcanzan los 130.000 millones, de los que el 77,7 % (101.000 millones) se obtendrán a través de emisiones a medio y largo plazo, y el 22,3 % restante (29.000 millones), con instrumentos a corto plazo. A principios de año, la emisión neta prevista era de 32.500 millones y la bruta, de 196.504 millones.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han explicado que la nueva estimación neta de 130.000 millones se puede cubrir íntegramente mediante subastas del Tesoro o con otras alternativas de financiación como el SURE, el nuevo fondo europeo contra el paro, del que, según calculan, España puede obtener unos 15.000 millones.

No obstante, han precisado que aún están por ver las condiciones de dicho fondo, que tendrá hasta 100.000 millones, el importe que se repartirá a cada país y si se podrá acceder este mismo año o de forma gradual. Si finalmente España recibe los 15.000 millones del SURE, podría casi completar el gasto presupuestado para este año correspondiente a las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE, que alcanza los 17.894 millones, según el Programa de Estabilidad 2020-2021.

Otro instrumento que podría ayudar a reducir las necesidades de financiación del Tesoro sería el fondo de reconstrucción para Europa, aunque también dependerá de si finalmente se estructura en forma de transferencias o de préstamos a los diferentes países. Las transferencias no contarían como deuda y supondrían más ingresos de los previstos, por lo que el Tesoro podría ahorrase la emisión de más deuda.

Fuentes del Gobierno han asegurado que la revisión llevada a cabo por el Tesoro es conservadora y ha tenido en cuenta tanto las medidas ya aplicadas para hacer frente a la crisis como las posibles nuevas. Desde hace ya unos meses, tras el estallido de la crisis sanitaria, España ha acelerado sus emisiones y ya ha captado 143.491 millones, el 48,6 % del nuevo objetivo establecido para 2020, y casi el 55 % del anterior.

Las entidades financieras han conseguido ya que se recojan las especificaciones técnicas en el convenio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre la concesión de las ayudas al alquiler avaladas por el Estado y destinadas a los inquilinos que no pueden afrontar el pago de la renta de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a raíz de la situación generada por el coronavirus.

El convenio definitivo se firmará la semana que viene, aunque inicialmente se esperaba este viernes, ya que el documento debe pasar por los consejos de administración de estas entidades. Los principales bancos del país habían mostrado sus reticencias a poner en marcha esta medida al no contar con una serie de aclaraciones técnicas que habían solicitado al Ejecutivo, ya que consideraban que las peticiones eran excesivas para poder aplicar el acuerdo, según han explicado a Cinco Días fuentes financieras.

El escollo que se había producido estaba relacionado con la necesidad de que se clarificaran ciertos detalles que permitiesen fijar un procedimiento estándar en un producto tan complejo como son estas líneas de avales. No obstante, algunas entidades pequeñas como Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Bankoa, Laboral Kutxa, Unicaja, Abanca o Liberbank sí que habrían suscrito el convenio hace unos días dado su carácter más bien regional y local.

El sector asegura que ha estado comprometido desde un principio con adherirse al convenio porque son conscientes de la necesidad social, aunque también es cierto que no han constatado una demanda excesiva. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana estimaba que se podrán beneficiar de esta medida unos 450.000 inquilinos.

En cualquier caso, los plazos se han demorado también debido a que el Departamento que gestiona las ayudas tardó más de un mes en publicar la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su anuncio, que finalmente vio la luz el pasado sábado 2 de mayo, y el ICO requirió otros diez días para su proceso de valoración.

Así, la banca se queja de que hasta hace una semana no habían recibido noticias del ICO sobre el convenio, momento a partir del cual necesitaban realizar las pertinentes adaptaciones en sus sistemas y en la red. "Todo esto no se hace en un día", apostillan desde una entidad.

El Gobierno habilitó hace ya casi dos meses una línea de créditos de un máximo de 1.200 millones de euros avalada por el Estado destinada a los inquilinos que no pueden afrontar el pago del alquiler de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a causa de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma.

El Tesoro Público ha colocado este jueves 6.938 millones de euros en deuda a largo plazo, prácticamente en el rango alto previsto, y ha vuelto a contener e incluso disminuir los tipos de interés, volviendo a cobrar por los bonos a 3 años.

Además de volver a adjudicar rozando el rango máximo previsto, la demanda conjunta de las cuatro referencias ofrecidas ha superado los 12.941 millones de euros, lo que supone 1,8 veces por encima de lo finalmente adjudicado en los mercados, por lo que los inversores siguen confiando en los títulos de deuda pública española.

El organismo ha vuelto a testar a los mercados después de haber conseguido abaratar el coste de financiación en las emisiones de las últimas semanas pese a la crisis del Covid-19, en buena medida gracias a la intervención realizada por el BCE en marzo, y tras el anuncio el lunes de la propuesta realizada por Francia y Alemania de un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a los países y los sectores más golpeados vía transferencias.

Además, la emisión ha tenido lugar después de la reunión del Eurogrupo del viernes, tras la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que tiene la intención de recurrir al fondo europeo de 100.000 millones contra el desempleo para financiar parte del coste de los ERTE, aunque por ahora no tiene previsto demandar el instrumento precautorio del MEDE al no presentar aún problemas de financiación.

En concreto, ha emitido 1.311 millones en bonos a 3 años y 2 meses, frente a una demanda de 4.974 millones, y ha registrado un tipo de interés marginal del -0,146%, por lo que ha empezado a cobrar por este tipo de papel, ya que la referencia era el interés del 0,154% de la emisión del 7 e marzo de 2019.

Asimismo, ha colocado 1.746 millones, frente a una demanda de 3.186 millones, con los bonos a 5 años, papel con el que también ha disminuido el coste de financiación, ya que el marginal ha pasado del 0,283% registrado en la subasta del 7 de mayo al 0,070%, muy cerca de empezar a cobrar de nuevo.

En cuanto a las obligaciones, ha emitido 2.532,2 millones a 10 años, frente a unas peticiones de 3.277 millones, y en este caso se ha mantenido el tipo de interés marginal en el 0,728, en línea con el registrado el pasado 2 de abril. Por último, con las obligaciones a 50 años ha colocado 1.348 millones, frente a una demanda de 1.503 millones, disminuyendo el interés al 1,701%, en este caso ligeramente algo mayor que el tipo del 1,637% de la subasta del 21 de noviembre del año pasado.

El pasado martes el Tesoro captó 2.485 millones de euros en letras, en el rango alto previsto, y ha ahondado en los tipos negativos en el caso del papel a 3 meses y ha vuelto a cobrar pos las letras a 9 meses. Con la emisión de este jueves el Tesoro cierra el calendario de subastas del mes de mayo, en el que ha conseguido abaratar el coste de financiación de todas las emisiones realizadas pese a la crisis del coronavirus.

El Ejecutivo no está dispuesto a acelerar el proceso de desescalada, pese a la presión que están metiendo otros países competidores, como Italia o Grecia, que ya han puesto fecha para la vuelta del turismo extranjero. Italia lo hará el 3 de junio y Grecia el 1 de julio. España lo hará cuando decaiga el estado de alarma, fecha en la que las restricciones a la movilidad y al tránsito de viajeros de otros países acabará, algo que no sucederá probablemente hasta julio. "Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local. Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio", sostuvo Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró que una prematura apertura masiva sería una "irresponsabilidad" que podría poner en riesgo a la población española. Y para ello puso como ejemplo los rebrotes que se han vivido en otros países en los que supuestamente se había controlado la pandemia como China, Corea del Sur o Singapur, como consecuencia de los casos importados. "Eso no lo queremos para nuestra población. Los datos que son extraordinarios en las islas Canarias, Baleares o Andalucía nos ofrecen seguridad hoy, cuando no hay movilidad entre provincias, cuando no vienen personas que pudieran estar potencialmente contagiadas. Si se abre masivamente podríamos estar incurriendo en una irresponsabilidad", advirtió.

Un escenario que no es compartido por las grandes organizaciones empresariales, que presionan para acelerar la vuelta a la normalidad, siempre tratando de garantizar la salud de trabajadores y clientes en hoteles, bares, restaurantes, agencias de viajes u ocio. Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, en la que están representados 48 socios (entre ellos Iberia, Palladium, Alsa, Politours, Globalia, Value Retail, CEAV, Ifema, Balearia o Binter), ha reclamado esta mañana en un comunicado que la llegada de la nueva normalidad se adelante al 15 de junio. "Perder la temporada de verano sería una completa calamidad", recalca.

En su opinión, España debe tener la posibilidad de activarse, "dando las máximas posibilidades a sus ciudadanos para retomar los viajes y a todos los turistas extranjeros de disfrutar nuevamente de sus vacaciones en España como están acostumbrados a hacerlo. Lo hemos dicho antes e insistimos: con todas las garantías sanitarias que estamos en perfectas condiciones de ofrecer, debemos volver a la actividad sin más dilación", aseguró.