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Transcurridos 15 días desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 1.200 millones de euros a 2,042 millones de contribuyentes, lo que supone un incremento del 32% en el número de beneficiarios y del 42% sobre el monto abonado en el mismo plazo del año anterior.

En este tiempo, 3,248 millones de contribuyentes han presentado su declaración, 613.000 más que un año antes, frente a los más de 20,35 millones de personas que se espera que participen en la campaña que culmina el próximo 1 de julio.

Hacienda estima que 14,13 millones de contribuyentes obtendrán un resultado a devolver tras presentar sus declaraciones, con lo que la administración deberá compensarles con unos 10.468 millones de euros. La cifra supone un 4,5% más que lo abonado el año pasado, mientras que 5,161 millones de contribuyentes tendrán que abonar unos 10.160 millones de euros al fisco.

La Agencia Tributaria ha celebrado la aceleración en el ritmo de declaraciones que achaca, en un comunicado, a las mejoras de su sistema de declaración online, a su mejorada aplicación web y al refuerzo de la atención que presta telefónicamente. Como resultado, a estas alturas se han presentado 168.000 declaraciones con la aplicación móvil, un 49% más, lo que supone que se ha alcanzado el 84% de usos de toda la campaña anterior.

A su vez, 245.000 contribuyentes han concertado ya cita telefónica mediante el plan “Le llamamos”, lo que ha permitido confeccionar hasta ahora 45.000 declaraciones por este canal, un 80% más que el año anterior. En cuanto a la nueva herramienta web de gestión de carteras de valores, 154.000 contribuyentes ya la han utilizado.

El Gobierno español anunció ayer que protegerá los intereses españoles en Cuba, que son principalmente negocios hoteleros. Pero ¿qué ha pasado exactamente? Pues que Donald Trump ha asestado el enésimo golpe al orden establecido, en lo que parece ser la tónica de su controvertido mandato. Después de más de 20 años, el mandatario estadounidense decidió, de forma unilateral, romper el estatus quo en Cuba.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles de forma oficial la activación por primera vez en la historia del título III de la ley Helms-Burton, que permitirá denunciar ante tribunales estadounidenses a empresas que operen en Cuba en propiedades expropiadas por el castrismo.

Pompeo confirmó que entrará en vigor el 2 de mayo. La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aseveró que “no habrá excepciones” a ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea. Además, el gobierno Trump confirmó nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, al que prohibirá el acceso a dólares de EE UU.

Precisamente la Unión Europea, que ya había amenazado con denunciar a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas ilícitas, elevó ayer el tono, una vez confirmada la ejecución de la medida. En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la ministra de exteriores canadiense Chrystia Freeland, aseguraron que estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Ambas mostraron su intención de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Bruselas de recurrir al uso del “estatuto de bloqueo”.

Esta herramienta prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el título III de la ley Helms-Burton dentro del territorio europeo. Además, abre la puerta a que las compañías que sean demandadas en tribunales estadounidenses, puedan ser indemnizadas por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en los tribunales europeos.

“La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba que son contrarias al derecho internacional”, explican las representantes de la UE. Se estima que en la actualidad existen 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del gobierno estadounidense, por un importe estimado de 9.000 millones de dólares.

El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, expresó “su tajante rechazo” a la decisión de la administración estadounidense. “Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”, afirma el comunicado, en el que se destaca el compromiso de defender los intereses “y el futuro de las empresas españolas en Cuba”.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, aseveró que la demanda de la UE ante la OMC contra EE UU es “casi obligada”.

Así lo determina la Audiencia Nacional (AN) en una reciente sentencia en la que estima que, al tratarse de una costumbre que se lleva haciendo los últimos quince años, la decisión de suprimirla no corresponde únicamente a la compañía, sino que “debe ser consultada con los representantes de los trabajadores”.

Desde 2002, la empresa ofrecía a sus empleados un detalle navideño que iba desde una taza con el logo de la empresa hasta cajas de juegos de madera, imanes o cargadores para el teléfono. El valor de los regalos no era mucho: oscilaba entre dos y cinco euros. Cifra relevante teniendo en cuenta que la plantilla estaba formada por 4.500 trabajadores, por lo que el coste que asumía la organización con este gesto superaba los 20.000 euros. No obstante, en el año 2018 la empresa decidió unilateralmente dejar de entregar ese obsequio simbólico y, en su lugar, repartir el importe entre varias ONG.

La Audiencia Nacional recuerda que el artículo 10 del convenio colectivo por el que se rige la empresa establece la obligación de respetar las condiciones que vinieran satisfaciendo “bien por imperativo legal, contrato individual, uso o costumbre”.

Para los magistrados, el tiempo que se alargó la tradición y la voluntad de la compañía de consolidarla convierten el regalo navideño en una “condición más beneficiosa de naturaleza colectiva”. Es decir, una concesión que va más allá del mínimo que establece la ley y que, por su uso continuado, se incorpora al contrato. Por lo tanto, la empresa no puede suprimirla o cambiar por decisión propia, sino que “necesita consultarlo con la representación legal de los trabajadores y acreditar las causas”, aseveran.

Asimismo, la Sala califica de “prepotente” la actuación de la organización, ya que no puede privar de forma unilateral a los trabajadores de un obsequio que viene otorgando quince años y destinar su valor a otras causas, “por muy dignas que estas sean”.

El próximo día 12 de mayo entra en vigor la obligatoriedad para las empresas de instalar sistemas de registro y control horario de los trabajadores. Hay sanciones por los incumplimientos y la gran mayoría de las empresas desconocen lo que tienen que hacer. Un panel de abogados analiza la nueva normativa, en el que destaca el consenso que hay sobre que la empresa española no está preparada para aplicar la medida. Además, subraya que para las medianas y pequeñas empresas supondrá un aumento de la carga de trabajo administrativo, y podrá ocasionar un aumento de gasto y molestias.

El registro diario del horario se incluye en un paquete de reformas para luchar contra la precariedad en el ámbito laboral. Se ha modificado el artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y añadido un nuevo apartado 9.

La norma obliga a registrar la hora de inicio y finalización de la jornada de todos los trabajadores; a almacenar los registros cuatro años; y a que éstos sean accesibles a trabajadores, a sus representantes legales y a la Inspección.

Según un amplio reportaje que publica la revista 'Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC' en el que un nutrido plantel de abogados explica las claves de esta nueva obligación, las empresas piensan que es complicado controlar a quienes trabajan fuera de la sede de la empresa, desconocen los métodos de control que pueden aplicar y miran con recelo las sanciones que conllevará incumplir la norma.

Según un estudio de la jurisprudencia dictada desde 2015 (año en que entra en vigor el nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas) hasta finales de 2018, elaborado por Wolters Kluwer, el total de las mismas supera los 2.400 millones de euros. En todo caso, para una correcta interpretación de esta cifra es necesario tener en cuenta que la práctica totalidad de esa cantidad responde a un único proceso penal, en el que se impuso a tres empresas una multa de 775 millones de euros a cada una, al considerarlas culpables de varios delitos de tráfico de drogas.

De las 48 sentencias condenatorias dictadas contra personas jurídicas, 19 corresponden a delitos contra la Hacienda pública y el conjunto de sus sanciones asciende 43,3 millones de euros. Con el paso del tiempo se aprecia, además, una mayor severidad en la persecución de las infracciones de tipo fiscal. De las 19 condenas, 13 fueron dictadas el año pasado. El segundo delito que más multas acapara es la estafa, con siete.

Conviene recordar que, para proteger específicamente de los riesgos fiscales se ha aprobado recientemente la norma UNE 19602, cuyo certificado pretende servir para a las empresas para un doble fin. Por un lado, poner en marcha un sistema que minimice el peligro de cometer algún tipo de infracción tributaria (no solo delitos); y, por otro, servir de prueba ante Hacienda y los tribunales de que no ha existido voluntad defraudatoria.

Por tribunales, el mayor número de condenas (36) proviene de las audiencias provinciales; por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro; la Audiencia Nacional y los juzgados, tres, respectivamente; y los tribunales superiores de justicia, dos.

Conviene recordar que las empresas no pueden ser condenadas por cualquier delito que cometan sus empleados, sino que es necesario que el Código Penal especifique, expresamente, que ese tipo puede provocar su responsabilidad criminal.

Además de por los delitos mencionados, se han dictado sanciones por blanqueo, asociación ilícita, delitos medioambientales, infracciones urbanísticas, contrabando, insolvencias punibles y apropiación indebida. En otros casos, como en los delitos contra los derechos de los trabajadores, si bien no puede declararse a la empresa penalmente responsable, sí cabe imponerle "accesoriamente" las mismas sanciones (artículo 129 del Código Penal).

Un total de 3.135.378 pensiones por jubilación en España, el 52,2% del total de estas pensiones, son inferiores a 900 euros, y, por tanto, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en dicha cuantía para este año.

Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social actualizados a 1 de marzo de 2019. Por tramos de cuantía, hasta los 899,99 euros mensuales en los que se encuadran estas algo más de tres millones de pensiones de jubilación destaca el tramo de 600,01 a 650 euros, que concentra el mayor número de pensiones, con 754.219.

Le sigue la horquilla de 650,01 a 700 euros, en la que se contabilizan 516.254 prestaciones de este tipo, y la de 800,01 a 850 euros, donde se encuadran 408.948. A partir de los 900 euros de pensión, cifra en la que está fijada el SMI, se engloba el 47,8% restante, equivalente a 2.875.599 prestaciones.

En esta parte destacan por concentrar las mayores cifras el tramo de 1.000,01 a 1.100 euros, en el que se encuadran 262.422 prestaciones, y el tramo de 2.659,4 a 2.659,42 euros, con 251.149 pensiones. Por su parte, en los extremos se contabilizan 89.217 pensiones de jubilación de hasta 150 euros mensuales, y 39.123 superiores a 2.659,42 euros.

Esta es la principal conclusión de un estudio sobre Las finanzas autonómicas en 2018 y entre 2003 y 2018 elaborado por Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica de Fedea y el Instituto de Análisis Económico (CSIC). Según el análisis de tallado del último ejercicio presupuestario de las comunidades, estas presentan "una situación similar en muchos aspectos a la observada en 2003 pero también bastante más frágil ante un posible cambio de ciclo".

Esta fragilidad, radica según De la Fuente, en el elevado stock de deuda que han acumulado la mayor parte de las autonomías y el hecho de que la mejora del saldo presupuestario autonómico que se ha registrado en los últimos años "se apoya en factores anómalos y difícilmente sostenibles". Se refieren con ello a una inversión atípicamente baja y fuertes subvenciones a los intereses a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y otros mecanismos estatales de liquidez.

Así, este trabajo alerta, por ejemplo, de que las partidas de inversión, aunque muestran síntomas de recuperación, "continúan en un nivel insosteniblemente bajo". Por ello, su elevación futura presionará al alza los déficits autonómicos de los próximos ejercicios.

Si bien, dicho esto, es cierto que se ha producido una normalización de las finanzas autonómicas, lo que ha supuesto un "alivio" tras los años de la crisis económica. Pero precisamente, esos ejercicios de recesión han dejado a las autonomías "en una situación bastante más frágil" que la de partida de este estudio (2003). Esto –advierte De la Fuente– que existe un margen de maniobra limitado si los síntomas de desaceleración que se observan en los últimos meses se confirman y acentúan en los próximos trimestres".

Para De la Fuente "quizás lo más preocupante a medio y largo plazo es que la deuda autonómica, medida en relación con la renta nacional, se ha multiplicado por cinco en menos de una década". Aunque en los últimos años de recuperación se ha estabilizado en el entorno del 25%.

Los datos que utiliza este experto provienen de las cuentas regionales que elabora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 2019 y en particular de las series desagregadas por comunidades autónomas que publica este organismo. La elección del año 2003 para hacer el balance obedece a que fue el primer año en el que todas las comunidades fueron responsables de la gestión de la sanidad durante un ejercicio concreto. Y, posteriormente, no ha habido grandes traspasos de competencias que hayan condicionado la financiación.

Las cuentas públicas han mejorado sus resultados respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana. Además, trece de ellas cumplieron el objetivo de déficit y dos más se quedaron a solo unas centésimas de hacerlo, dejando solo a la Comunidad Valenciana y Murcia con déficits muy superiores al objetivo.

En términos generales, la mejora del saldo presupuestario proviene en primer lugar del fuerte crecimiento de los ingresos con la recuperación económica, pero hay también una contribución significativa de las partidas de gasto, que crecen a un ritmo inferior al PIB y por lo tanto pierden peso en este agregado, según Fedea.

En cuanto a su endeudamiento, entre 2003 y 2018 todas las autonomías han incrementado su deuda, en especial durante la crisis económica, pero hoy en día se mantienen grandes diferencias entre ellas. Así, las regiones menos endeudadas respecto a su PIB son Madrid, Canarias, Navarra y País Vasco. Mientras que la más endeudada es, con diferencia, la Comunidad Valenciana, cuya deuda se sitúa "por encima de un preocupante 40%", advierte este experto.

De hecho, el 77,2% de los contribuyentes afirma que ha recibido información suficiente sobre este importante documento a través del cual se determina el IRPF que cada uno de ellos debe al erario, y que este año se puede presentar hasta el 26 de junio para declaraciones a ingresar y hasta el 1 de julio para las demás. Pero lo que realmente parece faltar es la formación, ya que más de la mitad admite no tener los conocimientos fiscales necesarios para cumplimentarla. Así, la gran mayoría se fía de los datos que encuentra en el borrador que le entrega Hacienda y cuatro de cada 10 presenta la declaración personalmente, sin pedir ayuda a nadie. Este es el perfil mayoritario del contribuyente frente al acontecimiento tributario anual más trascendente, según una encuesta del comparador bancario iAhorro a más de 3.000 personas en todo el territorio español.

“¿Qué dificultades se encuentra a la hora de hacer la declaración?”, preguntaron a los participantes del estudio. El 56,2% contestó que no tiene suficientes conocimientos fiscales. Por rangos de edad, el porcentaje más alto –65,2%– se encontró entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, seguidos por los de entre 35 y 44 años (63,2%). “Me parece difícil”, respondió otro 33,2%, y “No me fio de los datos de la Agencia Tributaria”, indicó el restante 10,6%.

“Todo ello denota claramente el déficit en formación financiera, incluso en temas básicos como puede ser la cumplimentación de una declaración sencilla”, constata Antonio Gallardo, experto en finanzas. Los encuestados indicaron también cómo o dónde, en su opinión, se debería aprender todo lo relacionado con la Renta. Para casi un tercio de ellos, sería en la educación secundaria, mientras que el 28,2% cree que debería ser la Agencia Tributaria quien se debería encargar de lanzar planes informativos más completos sobre esta materia. El 21,9% considera que esta formación podría ser impartida a sus trabajadores por las empresas. Por el contrario, el quinto remanente sostiene que cada ciudadano es responsable de su propia formación.

Pese a las dificultades que encuentra, el 43% de los contribuyentes presenta personalmente su propia declaración a través del servicio de tramitación del borrador. Es decir, ni pide cita en la Agencia Tributaria (lo que sí hace el 28,8%), ni encarga la declaración a un amigo o un familiar (opción escogida por el 19,6%), ni contrata a un profesional con este objetivo, como dice el 8,2%. Los que más autonomía reivindican son los contribuyentes de entre 45 y 55 años de edad (69,2%), seguidos por los de entre 35 y 44 años (67,2%). En el otro extremo, entre los mayores de 65 años, se dispara al máximo el porcentaje de quienes recurren al apoyo de la Agencia Tributaria (un 63,2%).

La escasez de conocimientos en ámbito fiscal no es óbice a que la confianza en los datos fiscales personales recopilados por Hacienda en el borrador de la declaración sea extremadamente alta. O, tal vez, la aliente. El 71% de los participantes en la encuesta declaró fiarse del borrador y solo el 15,4% consulta a un experto para comprobarlo. El 13,6% prefiere rehacer los cálculos por sí mismo. “Los esfuerzos de la Agencia Tributaria para hacer más accesible la declaración explica que sean sobre todo los mayores y los que presentan declaraciones más complejas, como los autónomos, quienes recurren más a los asesores fiscales”, explica Gallardo. No obstante, para este experto “es vital que a ello se acompañe una mejora del conocimiento general sobre la declaración”.

Si los expertos aconsejan mejorar algunos aspectos de la fiscalidad a lo largo del año o, al menos, revisarla durante el mes de diciembre –el último del ejercicio– con el objetivo de pagar menos IRPF en la siguiente declaración, solo la mitad de los contribuyentes los escucha (el 25,9% y el 27%, respectivamente). Por el contrario, el 47,1% se preocupa por este impuesto solo una vez que la campaña de recaudación ya ha empezado, a toro pasado. Los que más descuidan este aspecto son los jóvenes de 18 a 24 años (tres cuartas partes de ellos declaran mirar cuánto tendrá que pagar de IRPF solo cuando les toca hacer la declaración). Procuran hacerlo a lo largo del año sobre todo los contribuyentes que tienen entre 56 y 64 años (48,2%). El porcentaje más ingente de quienes revisan su fiscalidad a final de año se registra en el rango que va de los 35 a los 44 años (41,7%).

La tasa de empleo temporal en España es, por costumbre, la más alta de Europa. Y la diferencia no se explica solo por la importancia del turismo y otras actividades estacionales. Ese abuso tan extendido se aprecia con claridad en lo sucedido en las conversiones de contratos temporales a fijos en 2018. Se transformaron a indefinidos más de 970.000, y, del total, unos 195.000 se convirtieron tras detectar la Inspección de Trabajo indicios de fraude. Es decir, el 20%. Tanto la cifra absoluta como el porcentaje son los más altos en los últimos 12 años y coinciden con el plan de choque que el Gobierno lanzó el verano pasado.

No es un secreto para nadie que en España se abusa de la contratación temporal. Y se abusa mucho. En teoría, cuando se firma un contrato temporal debe existir una causa justificada: aumento puntual o estacional de la producción, la formación de un trabajador, una sustitución pasajera… El reverso de estas condiciones lleva a que, siguiendo la norma, no se deba emplear a alguien que ya sabe un oficio durante unos meses y tenerlo a examen antes de hacerlo fijo; para eso están los periodos de prueba en los contratos indefinidos. Ni tampoco está permitido que un puesto de trabajo estructural lo cubra un empleado eventual. Pero esto pasa en el mercado laboral español a diario y no solo en las empresas privadas. Las administraciones —especialmente en el sector sanitario— se han llevado más de un bocinazo de los tribunales por abusar.

A la par que la sensación de precariedad creciente que ha acompañado a la recuperación laboral en los últimos años, o quizá por ella, la lucha contra los abusos en la temporalidad injustificada ha cogido cierto impulso en los últimos años. La eficacia de la Inspección de Trabajo para detectarla y forzar la conversión de los contratos temporales en indefinidos ha crecido.

Hace 10 años las transformaciones instadas por la policía laboral tras detectar fraude suponían el 5% del total. Ese porcentaje y la cifra absoluta han aumentado en los últimos años con alguna interrupción hasta llegar al salto de 2018. Pese a esto, no se puede negar que esta lucha no está sirviendo para reducir el exceso de temporalidad en el mercado de trabajo español: el 27% de asalariados a finales de 2018 eran temporales, una tasa creciente desde que empezó a crearse empleo.

Sin embargo, el año pasado hubo 970.838 conversiones de contratos temporales a fijos. De ellas, 194.295 llegaron después de que los inspectores actuaran. Buena parte de este salto, tanto en números absolutos (en 2017 hubo 102.000 conversiones menos) como en porcentaje (pasa del 11,9% al 20%) se debe al plan de choque contra el abuso de los eventuales puesto en marcha por el Gobierno en verano. La primera acción de ese plan consistió en el envío masivo de cartas en las que se advertía a las empresas de que había indicios de fraude en la contratación temporal que hacía y que de no convertirlos en indefinidos recibirían una visita de la Inspección. Esto provocó una primera oleada de transformación de 61.445 contratos temporales en contratos indefinidos.

A estos hay que sumar las 132.850 conversiones que realizó la propia Inspección con su actuación ordinaria. De la suma de ambas y el cruce hecho por EL PAÍS con los datos del servicio público de empleo, que contabiliza las conversiones del plan de choque del Gobierno, pero no las ordinarias, surge ese porcentaje del 20% de conversiones que resultan de la mano dura de la Inspección.

“No me sorprende ese porcentaje tan alto”. La respuesta que dan Mercedes Martínez, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), y Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo, coincide cuando se les pregunta por estas cifras. Tampoco otros dos inspectores consultados para esta información, que prefieren no dar su nombre, se sorprenden. Incluso señalan que es un porcentaje bajo para lo que ellos se encuentran en el día a día. Lo mismo opinan en CC OO y UGT. Este sindicato llega a hablar de “adicción a la contratación temporal fraudulenta” de los empresarios.

El último informe anual que elaboran los tesoreros de los programas de Seguridad Social y el servicio de salud Medicare en Estados Unidos ofrece un panorama sombrío sobre las finanzas de ambos. Según señalan los autores del documento publicado el lunes, ambos programas enfrentan "un déficit de financiación a largo plazo en virtud de los beneficios y la financiación actual".

Una situación que comenzará a pasar factura tan pronto como el próximo año, en el caso de la Seguridad Social, cuando sus costes superarán los ingresos por primera vez desde 1982, dos años más tarde de lo previsto en el informe anterior. Durante los 84 años de historia, la Seguridad Social estadounidense ha recaudado cerca de 21,9 billones de dólares y desembolsado alrededor de 19 billones de dólares, dejando sus reservas a finales de 2018 en los 2,9 billones de dólares.

A partir de 2020, no quedará más remedio que acceder a la hucha de casi 3 billones de dólares con las que cuentan los dos fondos que componen el sistema a este lado del Atlántico: el Old-Age and Survivors Insurance (OASI, por sus siglas en inglés), centrado en las pensiones, y el Disability Insurance Trust Fund (DI, por sus siglas en inglés) que costea los programas de discapacidad.

Las proyecciones apuntan que, si no se realizan cambios, a partir de 2035 estas reservas se agotarán y ya no se podrá pagar los planes de forma completa. De este modo, el fondo OASI desembolsará a tiempo todos sus compromisos hasta 2034. Por su parte, el fondo DI lo hará hasta 2052, dos décadas más tarde de los previsto anteriormente dada la caída en las aplicaciones e incidentes.

El informe señala que el fondo de seguro hospitalario del Medicare, programa que ofrece atención médica a mayores de 65 años y discapacitados, se agotará en 2026, notando así la bajada de los impuestos sobre la nómina. "A pesar de la suposición de una desaceleración sustancial del crecimiento del gasto en salud per cápita, las proyecciones indican que el Medicare todavía enfrenta un déficit de financiación importante que deberá ser abordado con más legislación", recomiendan los tesoreros que supervisan tanto la Seguridad Social como el Medicare.

Como porcentaje del PIB, el coste anual de la Seguridad Social en EEUU ascenderá del 4,9% en 2019 hasta el 5,9% en 2039 mientras que los costes del Medicare aumentarán del 3,7% al 5,7% en 2035. Este año, el coste combinado será del 8,7%, un porcentaje que incrementará hasta el 11,6% en 2035.