30.871 personas perdieron su trabajo en un despido colectivo el pasado año

El ministerio de Trabajo y Economía Social hizo ayer públicos nuevos datos que respaldan este empeoramiento del mercado de trabajo. Por tercer año consecutivo, en 2019 volvió a incrementarse el número de trabajadores que se vieron afectados por alguno de los tres tipos de expedientes de regulación de empleo (ERE) que existen.

Estos ajustes pueden ser de extinción (despidos colectivos en una empresa), de suspensión temporal de empleo (los trabajadores llegan a un acuerdo con la empresa para trabajar menos días con recorte proporcional de sueldo y cobro parcial del desempleo), o de reducción de la jornada diaria de trabajo y salario.

Concretamente, hubo 88.927 empleados afectados por alguno de estos ERE, un 22% más que en 2019. Pero el dato más preocupante de los incluidos ayer en esta estadística es el fuerte aumento del número de trabajadores que fueron despedidos en un ERE de extinción y que, por tanto, perdieron su empleo definitivamente. Este grupo sumo 30.871 trabajadores, los que supuso un incremento del 55% respecto a los despedidos por este método en 2018. Se trata del primer incremento de estas extinciones colectivas desde 2012.

Junto a ellos, casi 60.000 trabajadores experimentaron una suspensión temporal de su empleo, un 12% más que el año anterior. Y solo el mecanismo de reducir las jornadas registró un descenso del 23%, con apenas 2.771 trabajadores afectados.

Esta evolución indica que, a pesar de que las empresas han optado mayoritariamente por suspensiones temporales de empleo, los ajustes que más se incrementaron el pasado año fueron claramente los despidos. Si bien, la inmensa mayoría de estos ERE se produjeron con el acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En el caso de los despidos, el 88% fueron pactados y en el de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, el 90% y 89%, respectivamente.

Otro dato preocupante de esta estadística lo arroja el hecho de que la industria manufacturera sea la que más despidos ha ejecutado, casi uno de cada tres (8.719 despedidos). A este sector le siguió el comercio y la reparación de vehículos, con 5.713 afectados por despidos colectivos y, en tercer lugar, las actividades financieras y de seguros (4.844 despedidos). Dentro de las bajas del sector industrial destacaron los casi 2.000 despedidos en la fabricación de otro material de transporte.

Aunque fue el sector de la construcción donde más se incrementaron estas extinciones colectivas, pasando de 689 despidos en 2018 a 1.387 en 2019, lo que significa haberse multiplicado por dos. Más de un tercio de los despedidos trabajaba para empresas de 1.000 empleados o mayores. En estas grandes compañías los ERE de extinción afectaron a 12.452 personas, un 41% más que en el año anterior. Solo en las empresas de entre 250 y 400 trabajadores hubo menos despidos en 2019 (1.470) que en 2018 (2.006).

Entre los grandes ERE acometidos el pasado año en la economía española destacan en el sector financiero los de Santander, tras su compra del Banco Popular, y CaixaBank, que suman recortes de más 4.000 empleos. En el área de las telecomunicaciones, Vodafone despidió a algo más de 900 trabajadores, en su tercer ERE desde 2013. Asimismo, la tercera cadena de supermercados del país en cuota de mercado, Dia, aplicó un despido colectivo a 1.604 trabajadores y otro en las tiendas MaxDescuento a otros 186 empleados. Mientras que las automovilísticas como la Ford de Almussafes llevó a cabo un nuevo ERTE (expediente de suspensión temporal) para más de 6.000 empleados mientras que Nissan acordó la salida de 600 trabajadores.

29/02/2020|

El Gobierno prohíbe la ‘venta a pérdidas’ en el campo y reduce a 20 el número de peonadas

El Gobierno ya ha dado forma a la batería de medidas con las que pretende calmar las protestas que, desde hace semanas, llevan a cabo los trabajadores del campo de toda España ante su precaria situación económica. Medidas que forman parte de la reforma de la ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013 y que será actualizada a través del real decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros y que ahora deberá pasar por el Congreso de los Diputados.

El responsable de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que gran parte de las reivindicaciones del campo “son legítimas, tienen razón de ser y deben ser atendidas”, y se felicitó de haber dado forma al real decreto en un “tiempo récord”. Las novedades que introduce el Gobierno, que aprovecha para incluir la directiva europea de prácticas comerciales desleales que estaba pendiente de transponer, pueden resumirse en cuatro puntos principales.

El principal, una demanda histórica del campo, es la prohibición de la venta a pérdidas. Es decir, los operadores de cualquiera de los eslabones de la cadena deberán pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de ese bien. Si un supermercado lo vende por debajo de ese valor deberá repercutirlo en su propia estructura de costes Si, en cambio, adquiere el producto por debajo de coste ese operador será sancionado con hasta 100.001 euros al ser una falta grave.

Si hay reiteración será muy grave, pudiendo llegar a ser sancionadas con un millón. “De esta forma prohibimos la destrucción de valor en cada elemento de la cadena”, analizó Planas. Esta medida cuenta con la excepción de ciertos productos perecederos que, por su caducidad, podrán ser vendidos a un precio inferior para evitar el despilfarro alimentario. “Nunca se podrá imputar al vendedor aquel precio por el que el siguiente eslabón de la cadena comercializa un producto”, recalcó Planas.

Medidas que fuentes de FIAB, la patronal de la industria de la alimentación y bebidas, valoraron positivamente al “impedir la destrucción del valor en la cadena” e incorporar “obligaciones respecto a las promociones comerciales”.

Estas, anunciadas ayer por Planas, pasan sobre todo por la prohibición de lo que llamó “ofertas engañosas” que “banalizan” los productos o “llevan a error sobre su precio”. Este puso dos ejemplos concretos: “La venta del litro de leche por debajo de los 60 céntimos o promociones que regalan una botella de aceite por la compra de dos botellas de detergente. Eso es una devaluación del producto y del trabajo que no se puede permitir.

Estas prácticas quedarán prohibidas”, remarcó Planas, que no cree que esto implique una subida de los precios al cliente final: “Es compatible que los precios no suban y que, al mismo tiempo, pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos”, afirmó. Las principales patronales de los supermercados, Asedas y ACES, prefirieron no valorar el real decreto hasta conocer todo su contenido.

Desde la industria sí se cuestiona una de las medidas principales del real decreto: la obligatoriedad de incluir en los contratos que firmen agricultores y ganaderos con los primeros compradores que el precio pactado cubre los costes de producción. Para determinar estos se deberá tener en cuenta elementos como el coste de semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices de precios como los que publica Agricultura. Desde FIAB expresaron sus “dudas” sobre la “efectividad de la aplicación” de estas cláusulas y “la compatibilidad con las normas de Competencia”.

La cuarta de las medidas principales de la reforma también tiene que ver con los contratos. La inexistencia de estos pasa a ser una infracción grave (antes era leve), y estas serán públicas. Otras claves del nuevo real decreto afectan directamente a las condiciones laborales de los trabajadores del campo. En concreto, reduce a 20 las peonadas o jornadas de trabajo en el campo mínimas para acceder a los subsidios de desempleo y a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

También incluye bonificaciones para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos. Además, permitirá que la tributación del IRPF de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva pueda ser pagadas en cuatro ejercicios y no solo en uno.

29/02/2020|

La UE adopta el mandato para negociar su relación con el Reino Unido

Los equipos de la Comisión Europea (CE) y del Gobierno británico comenzarán el próximo lunes la primera ronda de negociaciones para definir su relación tras el Brexit, informó hoy el jefe negociador comunitario, Michel Barnier. En una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Generales en el que se han aprobado las directrices negociadoras de este proceso, Michel confirmó que esta primera ronda, que se celebrará en Bruselas, comenzará el próximo 2 de marzo y se prolongará hasta el jueves 5.

Será la primera ocasión de Barnier y su equipo para reencontrarse con los negociadores británicos, liderados por David Frost, desde que se produjo el Brexit, ya que ambas partes habían cerrado el acuerdo de retirada el pasado mes de octubre, antes de que los respectivos parlamentos concluyeran su ratificación en enero.

El primer encuentro tendrá lugar en Bruselas y la siguiente ronda, también en marzo, pero sin fecha específica, en Londres. Esta alternancia se mantendrá durante todas las negociaciones. Barnier subrayó que la UE está "preparada" para empezar esta nueva etapa, pero avisó de que el acuerdo final no llegará "a cualquier precio", un aviso muy similar al que ha planteado Francia al pedir "no ceder a la presión del calendario".

"El próximo 31 de diciembre, el Reino Unido dejará la unión aduanera y el mercado único. Los plazos son ajustados, pero esto es una decisión británica y no de la UE. Cada una de las partes debe asumir la responsabilidad que le corresponde", recordó. El negociador europeo mantuvo que en el "poco tiempo" del que disponen "no se va a poder lograr absolutamente todo", pero afirmó que se hará "lo que se pueda" y pidió un "clima de confianza en el seno de la UE". "Es el Gobierno británico, y no la UE, el que ha exigido unos plazos tan ajustados", insistió.

El mandato aprobado sigue apostando por establecer una asociación económica con el Reino Unido "ambiciosa, equilibrada y que cubra múltiples áreas, siempre que haya garantías suficientes para la igualdad de condiciones", de forma que se garantice la competencia abierta y justa. En ese sentido, el texto menciona que la UE debería tener la posibilidad de aplicar medidas "autónomas, incluidas las interinas, para reaccionar con rapidez a disrupciones de las condiciones de competencia igualitarias en áreas relevantes, con los estándares de la Unión como punto de referencia".

29/02/2020|

No es posible presentarse al examen para ejercer la profesión de abogado o procurador sin haber obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho

Los aspirantes que ingresen al curso sin tener convalidado el título obtenido en otro país no pueden, por tanto, realizar la prueba. Así lo avala la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, en la que rechaza el recurso interpuesto por la Universidad Antonio de Nebrija contra la convocatoria de la segunda prueba de evaluación de 2017, en la que, por primera vez se incluía esta exigencia.

La universidad entiende que este requisito temporal "restrictivo" es nulo de pleno derecho por ser un añadido que no está contemplado expresamente en la ley. Por otra parte, razona, perjudica a los alumnos que han ingresado en el máster antes de convalidar la titulación obtenida en el extranjero. Según denuncia, las memorias "verificadas" de los planes de estudio de muchos de estos cursos admiten expresamente esta posibilidad, "conforme a la legislación vigente". Esta nueva orden, señalan, obliga a "incumplir" lo dispuesto en dichas memorias.

La condición vulnera, en su opinión, varios principios constitucionales, entre ellos el de "confianza legítima", provocando con ello una "absoluta inseguridad jurídica". Además, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de todos los estudiantes. La Sala niega, en cambio, que se trate de un nuevo requisito, sino más bien, la aclaración de una condición implícita en la normativa que regula la profesión (ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y reglamento de 2011).

El proceso para conseguir las competencias específicas para ejercer la abogacía o procuraduría se divide en tres fases, ordenadas como una secuencia "lógica". "El itinerario comienza con la acreditación del primer ciclo de estudios", afirma el abogado del Estado, que se ciñe al literal de la exposición de motivos del reglamento que habla de "requisito previo". Así, los alumnos que no hayan obtenido el título de licenciado o graduado en Derecho, o su homologación, no pueden inscribirse en el máster para cursar los estudios preparatorios y realizar las prácticas concertadas. En consecuencia, tampoco podrán presentarse a la prueba de evaluación estipulada para iniciar el ejercicio de la profesión.

La Sala interpreta que dicha puntualización se produce en 2017 "a la vista de las irregularidades detectadas en anteriores ocasiones", al comprobar el "gran número de candidatos, principalmente procedentes de sistemas educativos extranjeros", que accedían a la formación especializada sin estar en posesión de los títulos o su correspondiente credencial de homologación.

Rechaza, así mismo, que se haya cambiado de criterio y recuerda que ya rechazó el recurso interpuesto por una universidad de La Rioja por la misma cuestión. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que se acogen los recurrentes, aclara, dio la razón a un alumno que había participado en una prueba de aptitud anterior, en la que no se aplicaba el requisito de titulación previa establecido en la convocatoria de 2017.

La Audiencia Nacional considera, por tanto, que los motivos alegados "carecen de justificación" y concluye que el requisito temporal es “plenamente conforme” con la legislación sectorial y la "secuencia lógica" en la formación de los aspirantes a abogados. Por otro lado, resulta totalmente compatible con que algunas universidades permitan el acceso directo al máster de alumnos que aún están en proceso de convalidación del título correspondiente.

29/02/2020|

Teletrabajo y restricción de viajes, primeras medidas de los bufetes ante el coronavirus

Como el resto de empresas, los despachos de abogados han comenzado a adoptar protocolos y medidas de precaución ante la expansión del coronavirus. En Madrid son varias las oficinas que ya han dado instrucciones a sus trabajadores en este sentido. Es el caso de Clifford Chance, que a comienzos de semana notificó a sus empleados que, aquellos que hubieran estado en el norte de Italia en los últimos 14 días, debían trabajar en remoto hasta que transcurriera ese lapso de tiempo. En todo caso, desde el despacho explican que siguen muy de cerca la evolución de la enfermedad y las recomendaciones de las autoridades sanitarias para actualizar estas medidas.

En la misma línea, han actuado Allen & Overy o Linklaters. Esta última ha solicitado al personal que haya estado, "ya sea por trabajo o por placer" en la parte norte de Italia, en la China continental o en otras áreas afectadas "que trabajen desde casa" durante dos semanas. "Seguimos monitorizando de cerca la situación y ajustando las recomendaciones y el apoyo a nuestros profesionales a medida que la situación evoluciona", explican desde el bufete.

Desde EY Abogados aseveran que han adoptado el mismo protocolo y han restringido los viajes a las zonas más afectadas. PWC, por su parte, remitió a comienzos de semana un correo a su plantilla en el que recomendaba que, "en la medida de lo posible", se evitara viajar "a cualquier territorio que suponga un foco de infección". Desde Baker McKenzie, por su parte, remarcan que han implantado en sus oficinas "protocolos de trabajo remoto y limitando los viajes que no sean esenciales o urgentes".

Las firmas internacionales llevan la iniciativa en la implantación de medidas contra el coronavirus, según explican, por la alta movilidad internacional de sus trabajadores. Las nacionales consultadas, si bien aseguran estar muy atentas a las recomendaciones sanitarias, aún no han adoptado normas y criterios en esta materia.

Estas últimas medidas se suman a las restricciones de hace ya unas semanas en relación a los viajes a China. De hecho, algunos despachos no solo han establecido criterios sobre su propia plantilla, sino también sobre el personal externo y las visitas que pudieran recibir sus abogados en sus sedes de gente que hubiera estado en ciudades o regiones con especial incidencia del virus.

En el entorno de las firmas reina la cautela, pero sin restar un ápice de importancia a las medidas para evitar la expansión del covid-19. De hecho, de cara al Pre-Moot, competición de arbitraje que se celebra mañana en Madrid, la mayoría de bufetes patrocinadores han solicitado a sus equipos de Italia que no viajen a España o que lleven a cabo su participación a través de Skype.

A la espera de la incidencia que finalmente tenga el coronavirus en España, muchos bufetes se fijan en lo sucedido en Italia, en donde un buen número de organizaciones han cerrado sus oficinas durante unos días y han impuesto a sus plantillas el teletrabajar. Las firmas mencionadas y otras de gran tamaño subrayan que, desde hace tiempo, tienen unos equipos y unos servidores que permiten a los abogados trabajar perfectamente en remoto.

No obstante, fuentes del sector apuntan que un posible cierre de las oficinas puede dejar en evidencia a algunos bufetes de la zona media-alta que, o bien no cuentan con auténticos sistemas de trabajo a distancia (la documentación que manejan los despachos requiere importantes barreras de seguridad ante el acceso externo), o bien carecen de servidores con la potencia suficiente para soportar que toda la plantilla de la firma trabaje desde el exterior.

29/02/2020|

El Gobierno lleva hoy al Congreso su senda fiscal y techo de gasto

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta este jueves un hito fundamental en su objetivo primordial de impulsar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020 al someter al voto del Congreso de los Diputados su propuesta de senda fiscal y techo de gasto.

Lo hace solo unas horas después de poner en marcha este miércoles la mesa de diálogo con la Generalitat sobre el conflicto secesionista catalán. Un “primer paso” que confía en que le aporte este jueves los avales necesarios para apuntalar el gasto y el déficit previstos de cara a unas cuentas cuyo éxito dependerá también en buena medida de la negociación que acaba de arrancar.

En el caso del déficit, el Gobierno propone suavizar los objetivos legados por Mariano Rajoy para rebajar el agujero fiscal al 1,8% este año, al 1,5% el próximo ejercicio, el 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, renunciando a lograr el superávit durante la legislatura. A su vez, apuesta por elevar el techo de gasto un 3,8% este año, de 122.899 a 127.609 millones de euros.

Aunque el Gobierno parece tener los apoyos para sacar ambas propuestas adelante, la débil mayoría que llevó a Sánchez a la presidencia hace necesaria la abstención de ERC, que pondrá nota con su voto al resultado de la cita de este miércoles. Una victoria del Ejecutivo abrirá la puerta a la presentación de unos nuevos Presupuestos para 2020.

29/02/2020|

Bruselas reprocha a España la falta de avances en pensiones e impuestos

La Comisión Europea ha instado al Gobierno a evaluar de forma "cuidadosa" el impacto potencial que tendría cualquier modificación de la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a "preservar" los aspectos más positivos de la misma, que "apoyó una sólida creación de empleo" durante la fase de recuperación.

Así consta en el informe sobre la economía española que el Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles. "Será importante que sólo se adopten nuevas medidas tras una cuidada evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de pasadas reformas", dice el texto.

La Comisión Europea dio este miércoles varios tirones de orejas a España en materia económica. El primer y reiterado reproche tiene que ver con el elevado nivel de deuda pública que equivale actualmente al 96% del PIB, lo que otorga a la economía española un alto grado de “vulnerabilidad”. Pero, el Ejecutivo comunitario también ha criticado la total ausencia de avances en materia de pensiones y tributaria, que la Comisión recomendó hacer a España en mayo pasado.

Así lo recoge el último informe emitido este miércoles por Bruselas para evaluar los desajustes de las economías comunitarias y los avances realizados en las reformas encomendadas a los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, respecto a este último punto resaltan que “no ha habido ningún progreso” en la adopción de medidas para fortalecer el sistema fiscal”, ni para hacer sostenible el sistema de pensiones. De hecho, Bruselas critica que el Gobierno haya acabado con el factor de revalorización y haya suspendido el de sostenibilidad, al tiempo que ha actualizado las prestaciones con el IPC, “acelerando el crecimiento del gasto en pensiones”.

La actual situación del mercado laboral español, “con una tasa de paro aún muy elevada y gran dependencia del empleo temporal, con contratos de muy corta duración, incluso en sectores poco estacionales como la industria, la educación o la sanidad” es uno de los principales puntos negros de su economía, según este informe. Si bien, en Bruselas reconocen que la tasa de conversión de contratos temporales en fijos al cabo de un año en el empleo ha mejorado, pasando del 14,6% en 2017 al 17,4% en 2018. En materia laboral, consideran que “el empleo a tiempo parcial involuntario y los falsos autónomos que trabajan en las plataformas digitales son otros elementos de preocupación”.

Si bien dicho esto, y ante los anuncios del Gobierno de desmontar la reforma laboral de 2012, abordar la contratación y el coste del despido y hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, la Comisión aconseja a Pedro Sánchez que “será importante que toda nueva medida sólo se adopte tras una cuidadosa evaluación de su posible impacto y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Es más, la Comisión defiende que la reforma laboral de 2012 “ha desempeñado un papel importante en la promoción de la recuperación económica basada en una elevada creación de empleo”.

Este documento también es escéptico respecto a la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes, al señalar que “todavía no hay pruebas suficientes para evaluar qué parte de esa desaceleración del empleo iniciada en 2019 se debe al aumento del salario mínimo”. Añaden que los datos de la Seguridad Social “sugieren algún impacto en grupos, regiones o sectores específicos, pero aún se necesitan más datos para realizar una evaluación en profundidad”. Y añade que solo tres Estados miembros tienen salarios mínimos mayores que el español, “pero tienen tasas de paro mucho más bajas”.

Precisamente este miércoles un informe de la multinacional Adecco recordaba que en el cuarto trimestre de 2019 el salario medio en España se situó en 1.695 euros, tras crecer un 2,2% interanual. Este es el mayor incremento desde marzo de 2010 y marca un nuevo máximo histórico, informa Ixone Arana.

En cuanto a la recaudación tributaria, Bruselas también echa de menos mayores avances. El informe pone de manifiesto que la presión fiscal en España asciende al 34,7% del PIB, con datos de 2018. Se trata de un porcentaje inferior a los promedios de la UE y de la zona del euro, que son del 39,2% y el 40,6%, respectivamente.

Concretamente, en la Comisión ven margen para una mayor recaudación por IVA, sacando artículos gravados con tipos reducidos y superreducidos al tipo general. Asimismo, apuntan que también ha recorrido para aumentar los impuestos verdes, cuya recaudación era del 1,8% del PIB en 2018, comparado con el promedio de la UE de cerca del 2,4%. Y ponen de manifiesto que el presupuesto en I+D, “aunque es generoso, está produciendo resultados relativamente limitados”.

29/02/2020|

El salario medio se sitúa en los 1.695 euros, con un incremento del 2,2%

La tendencia al alza del salario medio en España, que empezó en la segunda mitad de 2017, se mantiene. Los últimos datos de Adecco revelan que en el cuarto trimestre de 2019 se situó en los 1.695 euros, con un crecimiento interanual del 2,2%. Este es el mayor incremento desde marzo de 2010 y convierte la cifra en un nuevo máximo histórico.

Lo mismo ocurre en 13 autonomías, menos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Aun así, todas presentaron incrementos en sus respectivos salarios medios por tercer trimestre consecutivo, algo que no sucede desde hace diez años.

El País Vasco y Madrid comparten la primera posición con una remuneración media de 1.990 euros mensuales, lo que implica un crecimiento interanual del 1,5% en el caso de Madrid y del 1,4% en el vasco. Les siguen Navarra (+2% y 1.848 euros), Cataluña (+2,4% y 1.811 euros) y Asturias (+2,6% y 1.704 euros). Extremadura se mantiene en último lugar con 1.375 euros mensuales y una subida interanual del 2,3%. Murcia y las Islas Canarias permanecen como segunda y tercera por la cola, con 1.450 euros (+1,4%) y 1.477 euros (+2,2%) respectivamente.

Por tanto, sigue existiendo una importante brecha regional, que oscila entre los casi 2.000 euros de media de País Vasco y Madrid y los menos de 1.400 euros mensuales de Extremadura. Así, la distancia entre estas comunidades se situó al finalizar el año pasado en 615 euros, frente a los 619 euros de un año antes.

Al descontar la inflación de la evolución del salario medio, Adecco concluye que todas las regiones ganaron poder adquisitivo en el último año. De hecho, algunas de las que hace un año mostraban un deterioro en el poder de compra del salario medio, ahora presentan un aumento del mismo, como Galicia, que ha registrado un incremento del 2,9%, el mayor a nivel autonómico.

El movimiento ascendente de la siniestralidad laboral también continúa en marcha. En el cuarto trimestre de 2019 se han registrado 70,2 accidentes con baja por cada 10.000 ocupados, lo que supone la mayor proporción de accidentes desde junio de 2011. Además, el incremento interanual (+4,4%) es el más alto en tres años.

La proporción de accidentes crece en 15 autonomías, con Baleares, Navarra y El País Vasco encabezando la lista. En la situación opuesta están Cantabria, Madrid y la Comunidad Valenciana, que pese al aumento interanual son las que menor siniestralidad presentan. Asimismo, las únicas que muestran un descenso son Madrid y Canarias.

Por otro lado, el informe de Adecco refleja un aumento de los perceptores de prestaciones por desempleo. Al final de 2019 cobraban esa prestación en toda España 1,9 millones de personas, 123.000 más que un año antes. Según el centro de estudios, la reducción del total de parados y la subida en la cantidad de quienes cobran la prestación deriva en el incremento de la proporción de parados alcanzados por la misma. Así, un 68,8% de los desempleados la percibe, la mayor proporción desde junio de 2011 y un 7,6% más que hace un año.

29/02/2020|

“No ha tomado ni tomará decisión alguna” que pueda afectar a la unidad de la Seguridad Social

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, defendió este miércoles que el Gobierno "ni ha tomado ni tomará decisión alguna que pueda afectar a la unidad del Sistema de la Seguridad Social", en referencia al traspaso de competencias en esta materia al País Vasco. Así lo dijo la ministra durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta del diputado del PP Víctor Valentín Píriz, sobre si afectará el traspaso a la caja única de las pensiones.

Darias destacó que se han acordado transferir, por una parte, tres competencias, en el marco del Estatuto de Gernika, que estaban "bien avanzadas", en referencia a los productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a trabajadores que hayan sido objeto de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que serán efectivas a partir del próximo mes de marzo.

Señaló que, por otra parte, se acordó un "cronograma orientativo de traspaso de competencias pendientes entre el año 2020 y 2021", entre las que se encuentra "el inicio de los estudios para el examen de las materias relacionadas con la Seguridad Social en la gestión económica" en la segunda mitad de 2021.

"Éste es el acuerdo y no otro", dijo la ministra, y agregó que, "dada la complejidad" se abordará en el marco del Pacto de Toledo. Además, dijo al diputado del PP que "tendrían que hacerse mirar lo que ustedes voten" porque "hay otros estatutos de autonomía que contemplan la misma competencia y su bancada la ha apoyado". "Lo que vale para unos, vale para otros", aseveró Darias, quien defendió que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vale el consenso, la sostenibilidad y el Pacto de Toledo, ahí es donde nos tenemos que encontrar".

29/02/2020|

El Gobierno presentará antes de verano la ley para limitar el precio del alquiler

El compromiso que adquirió el PSOE con Unidas Podemos en el acuerdo de gobernabilidad, y que prometía establecer un control en el precio del alquiler de la vivienda, empieza a coger forma. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las "zonas tensionadas", aquellas que hayan sufrido "subidas desorbitadas" en los últimos años.

Ábalos, que ha anunciado esta medida en su comparecencia en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura, ha defendido que esta es una medida "oportuna, ponderada, tasada y proporcional". La política de la vivienda, ha defendido, es una asignatura pendiente con más de una década perdida. "Ante una situación tan complicada hacen falta medidas excepcionales. No vamos a mirar hacia otro lado, no vamos a estar ausentes".

De momento no se conoce si esta iniciativa se incluirá en la nueva ley de vivienda estatal en la que trabaja el Gobierno. Así, por ahora, Ábalos no ha aclarado si el proyecto se articulará en la nueva normativa o si se hará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos. Lo que sí ha confirmado el Ministerio es que las "subidas desorbitadas" podrán detectarse gracias al Índice Oficial de precios de alquiler que se publicará a partir del mes de marzo.

La futura Ley de Vivienda Estatal en la que "estamos trabajando desde hace unos meses" tiene el objetivo de garantizar la igualdad de todos los españoles para acceder a una vivienda digna y adecuada. "El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se derivan otros derechos básicos. Lo grave es que algo así se haya gestionado como un bien mercantil, trastocando los planes de miles de jóvenes que no pueden ni independizarse ni crear una familia".

Hace menos de un año, el anterior Gobierno anunció las primeras medidas para atajar la problemática de la vivienda, entre las que se encontraban la ampliación de contratos de tres a cinco años (o siete si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Sin embargo, el índice de precios quedó en suspenso hasta la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

La limitación de precios cuenta con el amplio rechazo de la gran mayoría del sector inmobiliario, entre socimis, fondos, portales y diversos agentes. Los expertos ven con buenos ojos un índice que aporte información y transparencia al mercado, para así tener una visión más amplia que permita tomar mejores decisiones. Sin embargo, no apoyan un control por parte de la Administración. El pasado mes, el propio Banco de España advirtió de que este tipo de medidas "no solucionan de manera duradera los problemas de fondo, y pueden causar aumentos de precios en las zonas no afectadas por la regulación".

29/02/2020|