Anfac propone un ‘plan Renove’ de 600 millones en tres años para actualizar el parque móvil

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha propuesto al próximo Gobierno que surja tras las elecciones que ponga en marcha un plan de incentivo a la adquisición de vehículos de combustión, con un presupuesto anual de 50 millones de euros y que se complemente con uno de impulso a la movilidad alternativa, con 150 millones de euros anuales.

En el marco de la presentación del plan de Movilidad de Anfac, el vicepresidente ejecutivo de la organización, Mario Armero, afirmó que desde la organización han propuesto a los partidos un plan de renovación del parque de tres años, con un presupuesto anual de 200 millones de euros.

Este monto se dividirá, según Armero, en "un mínimo" de 150 millones de euros para impulsar la movilidad de vehículos de cero y de bajas emisiones, y en otro programa anual de 50 millones de euros en este período, que se destinarán a incentivar la adquisición de vehículos con sistemas de propulsión de combustión.

El directivo afirmó que este plan orientado a los motores de combustión se ha convertido en necesario, a raíz de la caída de las ventas de automóviles que se está experimentando en los últimos meses y por la incertidumbre generada por la campaña contra el diésel o la gasolina. "El cliente no sabe qué vehículo comprarse", indicó.

Asimismo, Armero apuntó que los planes de incentivo a la adquisición de vehículos en España "son autosuficientes", ya que generan mayor recaudación de lo que cuestan, tal y como se ha demostrado con iniciativas anteriores como los planes Pive o 2000E.

Al mismo tiempo, destacó que la propuesta de Anfac de suprimir el impuesto de matriculación para crear uno de circulación vinculado al uso y no a la compra tendría un efecto "neutro" sobre la recaudación fiscal nacional, pero ayudaría a mejorar la calidad del aire y a aumentar la seguridad vial.

Por otro lado, el presidente de la organización, José Vicente de los Mozos, aseguró que sin que haya un mercado fuerte en España de movilidad de cero emisiones, no tiene sentido que se fabriquen vehículos eléctricos en el territorio nacional.

"Hay que avanzar en las infraestructuras, hay que generar confianza en el cliente, sin eso no es posible que el mercado sin emisiones sea potente y si no es potente, ¿para qué se van a fabricar coches eléctricos en España?", ha preguntado De los Mozos.

Por otro lado, el directivo subrayó que, respecto al diésel, los modelos actuales tienen unas emisiones mucho menores que los antiguos, por lo que demandó un apoyo "más comprometido" por parte de las administraciones para una movilidad eficiente de bajas y cero emisiones, pero reforzando una "neutralidad tecnológica", sin que se penalice ninguna.

25/04/2019|

Cataluña pierde 155 empresas hasta marzo

Cataluña tiene un balance negativo de pérdidas de sede social, de 155 empresas, entre enero y marzo, algo mayor que el de Madrid, con un saldo negativo de 84 sociedades. También obtienen saldos negativos Murcia, Castilla y León, y Cantabria. Así lo muestran los datos de cambios de sede social del primer trimestre de 2019 que publicaron ayer los Registradores. La pérdida de empresas de Madrid es también menos pronunciada que la de Cataluña si se tiene en cuenta que la comunidad que preside Pedro Rollán tuvo 616 salidas, frente a 349 de la que lidera Quim Torra, que compensó con 532 entradas, por 194. Desde el 1-0, 5.916 empresas se han ido de Cataluña.

El resto de comunidades presenta resultados más o menos equilibrados, aunque se pueden observar saldos positivos en Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Navarra y Baleares. En el primer trimestre del año, 2.094 sociedades mercantiles trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma. Por detrás de Madrid y de Cataluña, las comunidades con más salidas son Andalucía (198), la Comunidad Valenciana (178) y Castilla y León (156).

A su vez, las autonomías que registraron más entradas de empresas fueron Madrid, Andalucía (238), Comunidad Valenciana (226) y Cataluña. Cataluña vuelve a encabezar el ránking de fuga de empresas que lidera desde octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal. Así, en el cuarto trimestre de 2018, se llevaron su sede social fuera de Cataluña 214 sociedades, un total de 2.359 en todo el año. Un total de 2.359 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras comunidades en 2018. Desde el referéndum ilegal del 1-O de 2017, la salida de sociedades de Cataluña asciende a fuga asciende a 5.916 salidas.

Si bien el saldo negativo de Madrid en el primer trimestre de 2019 es menor que el de Cataluña, hasta ahora registraba muchas salidas, pero saldos positivos. La salida de empresas de Cataluña alcanzó su punto más alto en octubre de 2017, con 1.976, seguida de enero de 2018, con 1.350. En noviembre de 2017 se fueron 894, y en diciembre, 338. En el cuarto trimestre de 2018, el resto de comunidades mostró saldos más o menos equilibrados, aunque se observan saldos más positivos en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Navarra y Aragón. Por el contrario, Andalucía, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Cantabria y Galicia presentaron saldos negativos.

La Comunidad de Madrid es la región donde ha decidido instalarse más del 60% de las empresas que han dejado Cataluña entre el 1-O y diciembre de 2018, un total de 2.424. Además, estas empresas suman unas ventas de más de 64.981 millones de euros, el 78% del total de las sociedades que han abandonado Cataluña. Entre las empresas que han cambiado su sede social de Cataluña a Madrid, se encuentran Gas Natural, Naturgy Energy Group y Naturgy Iberia SA, Endesa Distribución Eléctrica, Vida-Caixa, Mitsubishi Electric, Torraspapel, Manpower, Abertis, Servihabitat, Catalana Occidente o Ricoh. En segundo y tercer lugar se sitúan la Comunidad Valenciana, con 439 empresas, el 10%, y Aragón, con 293 y un 7%. Las empresas catalanas que se han trasladado a estas regiones cuentan con una facturación de más de 12.992 millones, el 16%, y de más de 1.894 millones, el 2%, respectivamente.

25/04/2019|

El banco llevará a la lista de morosos a los que deban más de 100 euros

Los bancos tendrán que calificar como morosidad "significativa" cualquier deuda impagada de un cliente particular desde 100 euros, lo que podría conllevar un aumento de las provisiones y un refuerzo de su solvencia por el tratamiento contable de las insolvencias. Este hecho, además, llevará a las entidades a tener que hacer hincapié en todos los procesos legales a su alcance para poder recuperar el dinero y mitigar las consecuencias, como la ejecución de garantías si las hubiera o alcanzar acuerdos con los usuarios, además de incluirlo en el fichero de morosos o de iniciar una reclamación por la vía judicial.

El Banco de España ha puesto a consulta hasta el próximo 26 de abril la circular en la que se fijan las reglas sobre los umbrales de significatividad de las obligaciones crediticias en mora para las entidades bajo su supervisión directa, es decir aquellas con menos de 30.000 millones de activos, siguiendo los pasos al reglamento aprobado por el Banco Central Europeo (BCE) a finales del año pasado para los grupos financieros de más tamaño.

En ambos casos se establece que como tarde los bancos tendrán que gestionar los impagos como relevantes desde 100 euros para los clientes minoristas y a partir de 500 euros para las empresas. La legislación abre la puerta a que esta consideración se tome cuando el dinero insolvente sea al menos el 1% de la exposición total con ese deudor sobre el balance de la entidad de crédito, su empresa matriz o cualquiera de sus filiales, excluidos riesgos de renta variable.

Las entidades deberán aplicar el umbral de significatividad y tendrán que notificar al Banco de España antes del 31 de diciembre de 2019 la fecha exacta en la que empezarán a aplicarlo, según sostiene la circular. En el caso de las entidades bajo supervisión del BCE, tendrán que notificar en qué momento iniciarán el nuevo tratamiento antes de finales de junio de este año.

Con la fijación de estos niveles se pretende garantizar una aplicación coherente de los requisitos prudenciales referidos al cálculo del riesgo de crédito y mejorar la comparabilidad de los requerimientos de fondos propios. El sector financiero considerará, como hasta ahora, que se ha producido un impago cuando se hayan dejado de pagar las cuotas durante 90 días consecutivos.

La nueva regla, que procede de un mandato del Parlamento Europeo de 2013, es una vuelta de tuerca más sobre el tratamiento de los riesgos de los bancos, que durante la crisis han sufrido los efectos de la crisis económica y de las insolvencias.

El año pasado entró en vigor la denominada IFRS 9, por la que los bancos tuvieron que hacer provisiones para pérdidas esperadas a futuro, en vez de para pérdidas reales ya sufridas. Esta normativa tuvo un impacto mayor del esperado, ya que sólo para la gran banca española tuvo un coste de 4.400 millones de euros. El mayor impacto de la normativa se debe principalmente, según el Banco de España, al cambio introducido en el cálculo de provisiones para los activos normales en vigilancia. Si hasta entonces se provisionaba teniendo en cuenta las pérdidas incurridas con una presunción de doce meses, desde principios de 2018 se debe dotar con una probabilidad de impago para toda la vida de la operación.

Las nuevas exigencias se producen en un momento en que la desaceleración económica puede provocar un aumento de la morosidad por parte de empresas y familias, tras varios años de bajada de los impagos en nuestro país. Todo dependerá del frenazo que experimente la economía y de la incertidumbre política.

De momento, la banca ya ha dado la primera voz de alarma sobre el parón en la demanda de crédito por parte de empresas y familias que se ha vivido en el primer trimestre del año por la incertidumbre económica, el frenazo de las inversiones y la menor confianza de los consumidores. BBVA advierte en su último informe sobre la situación de España de este nuevo escenario, en línea con otras advertencias ya procedentes del Banco de España y la Asociación Nacional de Entidades Financieras (Asnef) que también han señalado una menor demanda de los préstamos al consumo en los tres primeros meses de 2019.

25/04/2019|

Particulares y pymes, la apuesta para ganar cuota de mercado en el renting de vehículos

Ahora los fabricantes de coches entran directamente en el negocio del alquiler, ofreciendo productos y servicios sin intermediación, propiciando una fuerte competencia a las empresas tradicionales, sus históricas aliadas.

Dos factores influyen. Por un lado, el auge de esta actividad: las matriculaciones subieron un 7,7% en 2018 respecto al año anterior, hasta las 267.732 unidades. En tanto, la flota se situó en 629.260 automóviles, un 14,05% más frente a 2017. Unas cifras que superan los niveles precrisis de 2008. Y por el otro, los nuevos hábitos del consumidor, que hoy día prefiere compartir o alquilar en vez de tener un vehículo en propiedad.

“Con el renting, los fabricantes se aseguran la renovación de coches cada poco tiempo y, en consecuencia, tienen una mayor rotación de autos. Así, mientras que con esta fórmula se adquieren tres, en propiedad solo compran uno”, explica Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Pero además de ser interesante para el negocio, son conscientes de ese cambio de mentalidad que experimenta la sociedad. “Las personas ya no buscan poseer el bien, sino disfrutar de la experiencia de hacer uso del mismo, con el mínimo de ataduras y de una manera sencilla. Los tiempos exigen una modificación del modelo para adaptarse a estas nuevas necesidades”, añade García. Es una fórmula para garantizar la compra de vehículos en un entorno regulatorio cambiante, explican en la patronal AER

De hecho, para la patronal, la participación de nuevos jugadores en esta carrera que apenas empieza “es una excelente noticia” para el sector. “La competencia siempre es sana y cuanto más actores, mejores condiciones podrás encontrar el usuario. También incrementa la notoriedad y el conocimiento sobre el renting”, opina García. Incluso, desde la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR) creen que tendencias como el carsharing, el cobro por minutos o el pago por uso abren otras oportunidades, con contratos más personalizados. “Suponen un plus para el mercado que ya atendemos”.

25/04/2019|

El Supremo exonera a la empresa ante la imprudencia temeraria del trabajador

Si el accidente laboral se produce por la "imprudencia temeraria" del encargado del trabajador que lo sufre, no procede imponer a la empresa empleadora el recargo por falta de medidas de seguridad. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que absuelve a una compañía de esta condena, si bien determina que debe responder civilmente por los actos del responsable del equipo en concepto de responsabilidad vicaria o culpa in vigilando (de acuerdo con el artículo 1.903 del Código Civil).

En el caso enjuiciado, el empleado, instalador y reparador de equipos eléctricos, sufrió una fuerte descarga mientras se encontraba operando en una torre eléctrica, debido a que el jefe del equipo se olvidó de desconectar las fuentes de tensión de la línea. El accidente causó lesiones al trabajador y conllevó el despido de su superior (que fue declarado procedente). Asimismo, la Seguridad Social impuso un recargo de las prestaciones del 30% a la compañía por falta de medidas de seguridad. Una resolución administrativa que fue impugnada por la sociedad.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aceptó las alegaciones que la empresa interpuso en su recurso de suplicación. La sentencia, sin embargo, que fue recurrida por el trabajador accidentado, que presentó, como resolución de contraste, otra de TSJ de Galicia en la que, en un supuesto muy similar (pero en el que el empleado había fallecido a consecuencia de la descarga eléctrica), la sociedad había resultado condenada.

La resolución en casación del Supremo recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud de sus empleados en el trabajo y a realizar toda la actividad preventiva necesaria, a través de medidas "razonables y factibles". Asimismo, la legislación europea permite a los Estados a adoptar regulaciones que minoren o excluyan la responsabilidad de los empresarios "por hechos y circunstancias que les sean ajenas o anormales de imprevisibles, o que no se hubieran podido evitar pese a la diligencia empleada". Todo ello, concluyen los magistrados, determina que no existe la responsabilidad objetiva, sino que debe existir culpa para poder actuar contra el empleador. No obstante, es él quien debe probar que actuó con la diligencia debida.

25/04/2019|

Bruselas corrige a la baja el déficit de España y lo sitúa en el 2,5%

La oficina estadística Eurostat corrigió a la baja los números que le remitió Madrid. El Gobierno anunció que cerró el año pasado con un desfase presupuestario equivalente al 2,63% del PIB, pero Bruselas lo recortó al 2,48% al considerar que ciertos gastos deberán imputarse a 2019. Si nada se tuerce, España, que deja de ser el país de la UE con más déficit, saldrá en junio del brazo correctivo.

España será el último país de la UE en abandonar la UCI de Bruselas, por la que en 2011 llegaron a pasar 24 países. La salida se producirá previsiblemente, según fuentes comunitarias, el próximo junio. Si en las previsiones económicas de mayo la Comisión Europea constata que España no rebasará en los próximos dos años el sacrosanto límite del 3%, dará luz verde para que salga de la estricta vigilancia a la que ahora está sometida.

Como ya anunció poco después de tomar cargo de su cartera la ministra de Economía, Nadia Calviño, España no cumplirá con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Estos pasaban por drenar el déficit del 3,1% de 2017 hasta el 2,2% del PIB en 2018. Calviño consideró entonces que eso implicaba un “ajuste de gran magnitud”. Sin embargo, al final no ha quedado lejos de esa meta. Y paradójicamente, Bruselas ha acabado mejorando el saldo final que estimó el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo anunció en marzo que rebajó el déficit al 2,63% del PIB gracias a una enorme subida de la recaudación fiscal y pese al aumento del gasto y la desaceleración económica. Sin embargo, en las cuentas se anotaron varios gastos extraordinarios —que no se repetirán— y que, según le advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no tenían por qué ser imputados a ese ejercicio.

El Banco de España concretó que, en parte, el saldo se reduce por el registro de 890 millones de euros por contratos de concesiones de autopistas, en relación a la reclamación que ha formulado Abertis al Estado por unas obras en la AP-7 que aún se halla en los tribunales. Hacienda también cargó al déficit de 2018 los 702 millones que debe devolver a Telefónica por el impuesto de sociedades, a pesar de que la sentencia se dictó este año. En una nota, Hacienda afirmó que “los datos comunicados inicialmente por la Intervención General del Estado” contemplaban un mayor gasto” en 2018 “basándose en el principio de prudencia”. Eso se cambió tras un “proceso habitual de consultas e intercambio de información” con Eurostat.

España, pues, acabó 2018 mejor de lo que esperaba. Pero a la vez tendrá menos margen para este año al tener que afrontar más extraordinarios. Los compromisos con Bruselas pasan por ir cerrando ya el boquete de los Presupuestos y dejarlo en el 1,3% del PIB. No obstante, Calviño avisó de que su meta sería el 1,8%, al considerarla más realista para desplegar las políticas sociales a las que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez.

Ya liberada del corsé del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión examinará cada año el saldo estructural de España. Es decir, la situación de las cuentas públicas descontando los efectos del ciclo económico. Bruselas le exige un ajuste del 0,65% del PIB anual, con un margen de incumplimiento del 0,5% que puede repartir en los dos primeros años.

25/04/2019|

Los seis grandes bancos pagaron un 31% a Hacienda en 2018

Los seis grandes bancos pagaron en 2018 un 31,2% de media, más de seis puntos por encima del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, del 25%. Este tipo es también superior al tipo medio efectivo del Ibex, que fue del 27,8% en 2018. Así se desprende de su resultado contable mundial, considerando tanto los resultados obtenidos en los países en los que operan como el gasto por impuestos sobre beneficios en el extranjero.

Expansión elabora el cálculo del tipo efectivo a partir de la información publicada por las compañías trimestralmente, datos que están disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la sección de Inversores de las webs de las compañías. Así, Santander tuvo un tipo del 35,4%, seguido de BBVA, con un 27,2%; Bankinter, con un 27%; CaixaBank, con un 25,4%, Bankia, con un 24,2%, y Sabadell, con un 20%. Todos ellos, por encima del tipo mínimo que quería imponer el PSOE, del 15%, del 18% para la banca y petroleras. Y por encima o en el mismo porcentaje que pretende establecer Podemos, del 20%.

En el conjunto del Ibex, las empresas que más han tributado en 2018 han sido Siemens Gamesa, un 58,3%; Repsol, un 41,6%; Técnicas Reunidas, un 36,4%; Santander, un 35,4%; Mapfre, un 32,5%, y Acerinox un 30,6%. Estas sociedades tributaron de media en 2018 casi cuatro puntos por encima del tipo nominal del impuesto e, incluso, seis de ellas pagaron impuestos por encima del 30%.

25/04/2019|

Los cotizantes extranjeros han crecido en los últimos meses

La Seguridad Social ganó una media de 41.677 cotizantes extranjeros en marzo (+2,1%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.026.957 personas, informó este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este repunte, la afiliación de extranjeros encadena dos meses consecutivos de ascensos tras haber ganado en febrero algo más de 18.500 inmigrantes.

Además, en marzo el total de inmigrantes ocupados volvió a superar los dos millones de afiliados por primera vez desde octubre del año pasado. Del total de afiliados extranjeros, 1.690.470 cotizan en el Régimen General; 332.096 en Autónomos; 4.329 en el Régimen del Mar, y 62 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 153.144 cotizantes en marzo, un 8,17% más.

Al finalizar el tercer mes del año, un total de 1.187.001 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (839.956) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (347.033), Marruecos (259.893), Italia (115.771) y China (104.183). Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (72.025), Reino Unido (67.880), Colombia (65.234), Bulgaria (61.887) y Portugal (53.400).

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de marzo, al sumar entre ambas el 44,4% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 484.706 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 416.698. Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar marzo fueron Cantabria, con 11.645 extranjeros; Extremadura, con 11.759, y Asturias, con 13.731.

En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros subió en 15 comunidades autónomas, especialmente en Cataluña (+8.898 cotizantes) y Andalucía (+8.256), y bajó en Castilla-La Mancha (-1.012 extranjeros) y La Rioja (-64 cotizantes). En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en marzo en todas las comunidades. Los mayores avances, en valores absolutos, los registraron Cataluña (+40.992 cotizantes) y Madrid (+34.020 ocupados).

25/04/2019|

El Supremo reconoce el derecho a percibir las vacaciones sin disfrutar tras una larga baja temporal

El trabajador tiene derecho a percibir la compensación por las vacaciones no disfrutadas durante los años que estuvo en situación de incapacidad transitoria, una vez que se le reconoce la incapacidad permanente total para la profesión habitual, lo que da lugar a la extinción del contrato de trabajo.

Así, lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de marzo de 2019, que ratifica la doctrina de otra previa, de 28 de mayo de 2013, y en la que la ponente, la magistrada Virolés Piñol, argumenta que hasta el momento en que se declara la incapacidad permanente total y, por tanto, se da por concluida la relación laboral, "no cabe entender que se inicie el plazo para el ejercicio de la acción tendente a exigir tal compensación, pues mientras pervivía la relación laboral, aun en suspenso, no era exigible tal sustitución de la obligación de hacer por una pecuniaria, sin perjuicio del derecho a esta última que ahora no se cuestiona".

Cita la magistrada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 10 de septiembre de 2009, en la que se dictamina que "el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones en otro período que no coincida con su baja por enfermedad, cuando no hubiera podido disfrutarlas durante ésta", o respecto a "la posibilidad de que el ejercicio del derecho al disfrute de las vacaciones que se vieron imposibilitadas por la enfermedad se lleve a cabo fuera del año natural" y "sin excluir a priori que ese período pueda quedar fuera del período de referencia de las vacaciones anuales en cuestión".

Por consiguiente, cita la sentencia previa del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2013, en la que se estableció que "el derecho a vacaciones anuales retribuidas no se extingue al analizar el período de referencia fijado por el Derecho nacional en caso de que el trabajador haya estado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de referencia y no haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar este derecho".

Razona, por tanto, que la acción de sustitución del disfrute vacacional anual efectivo por compensación económica únicamente puede instarse al extinguirse la relación laboral, acaecida en el presente caso tal extinción contractual como derivada de la declaración de incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual de la trabajadora reclamante, y a partir de ese momento se inicia el plazo de ejercicio de la acción y, por ello -presentada papeleta de conciliación extrajudicial-, "no cabe apreciar la excepción de prescripción alegada por la empresa recurrente".

El trabajado declarado en situación de incapacidad permanente reclamaba 3.114,04 euros, en concepto de compensación económica de las vacaciones no disfrutadas por los años 2010, 2011 y 2012.

25/04/2019|

El mercado laboral frenará en 2019 con la menor formación de nuevos empleos en seis años

Recuperar los más de tres millones de empleos perdidos en la crisis llevará más tiempo del que ha sugerido el ritmo de creación de empleo desde la salida de la recesión y los equipos económicos de todos los partidos que aspiran a dirigir el Gobierno en los próximos años tienen en el punto de mira reducir la temporalidad de los contratos.

La revisión a la baja de los objetivos de crecimiento económico hará que en 2019 el número de empleos nuevos que será capaz de crear la economía española este año caerá un 41%. Manuel de la Rocha, director general de Asuntos Económicos de la oficina económica del Gobierno, confirmó así ayer que el año electoral concluirá como el de menor creación de empleo desde 2014, cuando la economía encontró suelo tras varios ejercicios de destrucción de puestos de trabajo.

Hasta el año pasado, la economía recuperó 2,44 millones de empleos de los perdidos en la crisis, que llegó a alcanzar un récord de seis millones de parados en 2012. Pero la veloz recuperación del mercado de trabajo, a un ritmo de 400.000 nuevos empleos anuales truncará su ritmo ya este año con una caída más que notable desde los 566.200 de 2018.

Las pensiones, el segundo gran tema económico de discusión entre los partidos, dejó como propuesta más llamativa la del propio PSOE. De la Rocha defendió que la Seguridad Social, cuyo déficit anual es de 18.000 millones de euros no tiene ningún problema de sostenibilidad financiera y prometió a los casi 10 millones de pensionistas blindar legalmente la revalorización de sus prestaciones con el IPC.

Pero seguidamente adelantó que, con el comienzo de la jubilación de la generación del baby boom a partir de 2025, será necesario crear un impuesto específico durante 20 años para financiar ese gasto y reconoció que no el PSOE «no se opone a reformas paramétricas», en referencia a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, una propuesta en que Ciudadanos no tiene complejos a la hora de proponer.

25/04/2019|