La economía china crece el 6,2% el segundo trimestre, el menor ritmo en casi tres décadas

La economía China avanza como la ruleta de los concursos: cada vez más despacio mientras el público contiene el aliento, pero todavía lejos de detenerse. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística, publicados en la mañana de este lunes, han revelado un crecimiento del 6,2% en el segundo trimestre del año. Esta cifra, en línea con las predicciones, representa la tasa más baja desde que empezaron a publicarse los datos trimestrales en 1992.

En términos anuales, si se mira todo el primer semestre, el PIB chino ha crecido un 6,3%. De esta manera, la segunda economía mundial sigue en la senda de cumplir el objetivo de crecimiento anual marcado por el gobierno, entre el 6% y el 6,5%, y de doblar su tamaño en 2020 con respecto a una década atrás.

Dos tendencias han conducido a este resultado. En primer lugar, la desaceleración que corresponde a una economía cada vez más madura. El 6,2% de este lunes, a pesar de ser un guarismo sólido al alcance de pocos países desarrollados, acentúa la frenada progresiva: cae con respecto al 6,4% del primer trimestre de 2019, al 6,6% de 2017, al 6,8% de 2016… En su perfil de Twitter, el diario oficial Global Times calmaba las aguas: “Un PIB más lento es una situación normal mientras China atraviesa una transición económica”.

A este proceso se suman las sombras de la guerra comercial con Estados Unidos. Las relaciones bilaterales entre las dos potencias alcanzaron su punto más amargo en mayo de este año cuando ambas partes elevaron el envite tras romper las negociaciones. La tregua que Xi Jinping y Donald Trump acordaron durante su reunión cara a cara en el marco del G20 ha servido para ganar tiempo. Todavía no hay plan de acción y el camino hacia la resolución del conflicto será tortuoso. Algunos escenarios apuntan a que, dependiendo de los intereses republicanos, las conversaciones podrían bloquearse durante la campaña electoral estadounidense y no retomarse hasta que haya un nuevo jefe de estado en Washington, lo que retrasaría el calendario hasta el final del año que viene.

La prueba de que esta situación tardará en resolverse ha sido la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ha conocido estos datos. En un par de tuits, el mandatario ha defendido su decisión de subir los aranceles a los productos chinos: "Los aranceles de EE UU están teniendo gran impacto en las compañías que quieren dejar China para irse a países sin aranceles. Miles de empresas se están yendo […]."

18/07/2019|

Foment del Treball reclama una inversión de 10.000 millones en infraestructuras

La patronal catalana Foment del Treball ha exigido a todas las administraciones este lunes un plan de 10.000 millones de euros para terminar infraestructuras estratégicas estancadas en Cataluña para el periodo 2019-2013. Además, la organización ha cifrado en 28.000 millones de euros el déficit inversor en infraestructuras catalanas en los 10 últimos años.

Entre estas obras a medio camino se encuentran el Corredor Mediterráneo, Rodalies de Catalunya, la B-40 entre Abrera y Terrassa y la ampliación y finalización de la L-9 de metro. Estas y muchas más se agrupan en el registro CAT-100, un catálogo con 100 infraestructuras pendientes por acabar en Cataluña que la patronal ha presentado.

El vicepresidente de Foment y presidente de la Cámara Oficial de CCOC, Joaquim Llansó, ha recordado que hace cinco años ya se presentó un catálogo con las 100 infraestructuras básicas por terminar como el citado y que, a día de hoy, además de sumarse 11 nuevos proyectos, solo se han finalizado cuatro.

Para poder revertir el déficit, Foment ha demandado que se destine el 2,2% del PIB catalán, 5.000 millones de euros anuales para el conjunto de las administraciones, a la licitación de obras para seguir el ritmo del resto de países en Europa, reclamación que la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) pide desde hace años.

Respecto al ministerio de Fomento, la patronal pide que se priorice la lanzadera al Aeropuerto de El Prat, la estación de la Sagrera, paralizada desde hace tres años, y los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, ha expresado que es una “auténtica vergüenza” que haya obras licitadas inacabadas desde hace más de 10 años y ha pedido a todas las administraciones un acuerdo sobre infraestructuras estratégicas para recuperar la competitividad de la economía española y catalana.

18/07/2019|

El alquiler se encarece un 2,8% en España durante el segundo trimestre

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se situó en 11 euros mensuales en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 2,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según datos publicados por el portal inmobiliario idealista.

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en los precios de sus alquileres durante el segundo trimestre, destacando los avances de Murcia (+9,2), Baleares (+9%), Navarra (+6,6%), Castilla y León (+5,9%) y La Rioja (+5,4%). Los menores aumentos corresponden a Madrid (+1,9%) y Asturias y País Vasco (+2% en ambos casos).

Entre las comunidades más caras para alquilar una vivienda se encuentran Madrid y Cataluña, con un precio medio por metro cuadrado de 14,8 euros y de 14,3 euros, respectivamente. Por el contrario, las comunidades más baratas son Extremadura (5,2 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (5,3 euros) y La Rioja (6,2 euros).

Para el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, los datos confirman que el mercado del alquiler "ha venido para quedarse". "La demanda es muy alta y continúa al alza, especialmente en los grandes mercados que son motor de empleo o destinos turísticos", ha añadido.

El funcionario ha sido sancionado por la vía administrativa con 3 años sin empleo y sueldo por un delito de tráfico de influencias. Encinar cree que para contener los precios en este escenario de demanda creciente son necesarias políticas que favorezcan un nuevo producto en el mercado.

Por el contrario, ha advertido, medidas "coercitivas" como una posible limitación de precios reducen el mercado y encarecen el alquiler. Asimismo, Encinar ha subrayado que la situación política española tampoco está ayudando a contener de las rentas del alquiler.

18/07/2019|

Crece el número de abogados que denuncia el acoso de sus clientes

Además de los problemas económicos, los profesionales del turno de oficio también tienen que enfrentarse a estas dificultades en su día a día. Y, como en muchos otros trabajos, la mujer es quien más padece las agresiones o la intimidación de los clientes (o los clientes de la parte contraria).

No obstante, y con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que se celebró el pasado viernes, Luis Álvarez, abogado de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), advierte que, de no tomarse medidas de protección, cualquiera de los 46.100 profesionales que ejercen de oficio (uno de cada tres), puede convertirse en víctima o sufrir consecuencias mayores.

Una de las situaciones que propicia las amenazas y las demandas de los clientes contra sus abogados es el no haber ganado su caso. Algo que, además, según Álvarez, sale gratis porque lo hacen a través del servicio de justicia gratuita con el fin de lucrarse o simplemente pleitear. “Hay quienes tienen hasta 50 abogados designados porque quieren asustar a los letrados que les han defendido antes”, explica, ante la ausencia de límites en la concesión de justicia gratuita en casos de amenazas a juristas.

A esta situación se suma otro problema. El nuevo Código Deontológico de la Abogacía, aprobado en mayo, incluye la obligación de los letrados de entregar a sus clientes, si ellos lo piden, toda la información que tengan de su caso, ya sean grabaciones, autos o documentos donde puede aparecer la dirección, el teléfono o los datos de la otra parte.

Muchos profesionales están preocupados por este cambio (ante el que no se les ha preparado) porque facilita su localización. “Es como darle la cerilla al pirómano”, explican algunos abogados que creen que así se pone en riesgo a testigos protegidos, víctimas de violencia de género o, incluso, menores.

18/07/2019|

Se abre la puerta a la exoneración real de todas las deudas en autónomos

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. ATA quiere que en ella se contemple la inclusión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Esto es, los créditos públicos, tal y como se establece en una sentencia del Tribunal Supremo.

La sentencia, que data del 2 de julio, indica que los juzgados de lo mercantil pueden actuar sobre las deudas que se han contraído con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Todo surge a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca sobre una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

Según dicho fallo, los juzgados de lo mercantil podían decidir sobre si eximían de la obligación del pago del crédito público concedido y si al deudor se le condonaba más de la mitad de la deuda que tenía con la administración pública. A su vez, la sentencia también abría la puerta a que el resto de la deuda se pudiera abonar de manera fraccionada hasta los cinco años siguientes.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaba solicitando unas conclusiones similares a las de esta sentencia desde el año 2015, fecha en la que se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad. ATA reclamaba que el deudor pudiera abonar de manera fraccionada el pago de intereses y sanciones contraídas con la Administración.

En ese sentido, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, desde la Asociación recuerda que de esta manera son los tribunales los que pueden exonerar hasta un 70% de las deudas que se han contraído tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Y decidir, por tanto, en cuánto se fraccionan los pagos.

Según su presidente, que reclama que se corrija la Ley para incluir este detalle en ella, “ha tenido que llegar el Tribunal Supremo para decir lo que desde ATA llevamos diciendo años, que no podía existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos”.

18/07/2019|

El Gobierno se plantea retomar la ‘tasa Google’ española si no hay acuerdo en la UE

La ministra de Economía en funciones Nadia Calviño ha señalado hoy que España no descarta una ‘tasa Google’ española si no se logra un acuerdo a nivel europeo o global. En concreto, ha indicado que el Gobierno apoya que se establezca un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero deja la puerta abierta a establecer un impuesto de forma unilateral en España si no prospera a nivel comunitario o en el marco de la OCDE.

Calviño ha asegurado en declaraciones a los medios durante la inauguración de DigitalES Summit 2019 que el fenómeno de las grandes plataformas digitales es algo mundial. “Lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo, pero si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa”. Las palabras de la ministra se producen después de que en el documento elaborado por el PSOE remitido a Unidas Podemos para negociar la investidura se abogara porque dicho impuesto se aprobara a nivel europeo, y también tras anunciar Francia la semana pasada que va a implantar su propia Tasa Google.

La ministra ha remarcado, sin embargo, que esto último “no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsado el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o mundial”. Calviño ha añadido que el Gobierno español tiene una participación “muy activa” en temas relacionados con la modernización de la fiscalidad para adaptarla a la realidad del siglo XXI en todas las reuniones de la OCDE y del G20.

Calviño ha vuelto a destacar que uno de los retos que plantea la revolución digital y, sobre todo, la creación de estas nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente donde se produce el valor añadido, porque tradicionalmente estaba donde se producían los bienes, pero ahora resulta que el valor añadido se deriva de los datos y, por tanto, nosotros como ciudadanos que proporcionamos datos somos también generadores de valor añadido, y por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal y adaptarlo a esta nueva realidad.

La ministra también ha anunciado que tendrá liberado y adjudicado mediante subasta antes del 30 de junio de 2020 el espectro radioeléctrico que ocupará el 5G. Calviño no quiso cifrar el objetivo de recaudación que persigue el Gobierno español cuando se le preguntó si la meta es aproximarse a los 6.550 millones de euros que ha recaudado el Estado alemán en su subasta. “Como en las subastas anteriores, no tenemos un objetivo recaudatorio porque el criterio es impulsar la innovación y la inversión. Nuestra prioridad es lograr un adecuado equilibro entre una recaudación que refleje el valor de ese espectro que se está poniendo a disposición de los operadores y los adecuados incentivos al despliegue de las redes, la innovación y la inversión”.

18/07/2019|

Hacienda no tiene que indemnizar al contribuyente perjudicado por una inspección errónea

Los contribuyentes deben soportar las consecuencias de una inspección de Hacienda, aunque tengan razón, siempre que la actuación de la Agencia Tributaria se mantenga dentro de los límites razonables y no resulte arbitraria. En otras palabras, pese a que los tribunales tumben la decisión de la AEAT (anulando la liquidación practicada y la multa), los ciudadanos no pueden repercutir los gastos y perjuicios ocasionados (abogados, etc.), ni reclamar los daños morales porque, dentro de unos márgenes, Hacienda tiene derecho a equivocarse.

Una reciente resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (cuyo texto puede consultar aquí), así lo establece. En su resolución, el tribunal niega la compensación de algo más de 51.000 euros que solicitaba una contribuyente por el perjuicio patrimonial y anímico que, según alegó, le causó una inspección tributaria que impugnó y terminó ganando cinco años y medio después. La mujer cuantificó el daño moral en 48.000 euros, avalando su petición con documentos médicos que acreditaban que estuvo tratada por depresión durante año y medio.

Las actuaciones tributarias que originaron esta situación se retrotraían a unas actuaciones de comprobación referidas al IVA de 2015 sobre la actividad de transporte que realizaba la contribuyente. Hacienda consideró que debía declarar de forma conjunta con su marido, ya que existía, según su opinión, una única actividad empresarial. La Agencia Tributaria le liquidó algo más de 31.000 euros y 13.000 euros más de multa, que los cónyuges recurrieron, primero en vía administrativa, y después ante los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León terminó dándoles la razón, y anulando la liquidación y la multa de Hacienda, pero la mujer no se quedó conforme. Antes de que transcurriera el plazo que da la ley, exigió la responsabilidad patrimonial de la Administración, solicitando 51.000 euros por los daños patrimoniales y morales. La reclamación administrativa fue rechazada porque, a pesar de que la actuación, como defendía la mujer, no fue correcta, la existencia de resoluciones divergentes respondía a la "interpretación razonable" de las normas jurídicas.

Tal y como establece la ley reguladora del régimen del sector público, los ciudadanos tienen derecho a resarcirse de aquellos perjuicios patrimoniales ("toda lesión que sufran en sus bienes y derechos") que les haya causado la actuación de un organismo público salvo casos de fuerza mayor.

La reclamación por daños a la Administración está, por tanto, limitada por ley. Se exige una serie de requisitos para que los tribunales puedan acoger la pretensión reparadora, como la individualización del daño, y la prueba de la existencia del perjuicio y su conexión causal con la actuación del organismo.

En el caso de las actuaciones tributarias, uno de estos requisitos hace casi imposible la probabilidad de que el contribuyente sea indemnizado por una inspección errónea o "no correcta". Como explica en su sentencia el tribunal, el daño producido solo es resarcible si trae causa de una actuación injustificada. En este sentido, continúa la Sala, no puede entenderse que la actividad administrativa inspectora impugnada haya traspasado los límites de "una actuación razonada y razonable". Según exponen los magistrados, los contribuyentes deben soportar las consecuencias de una inspección tributaria siempre que se produzcan dentro de los "márgenes ordinarios" o los "estándares esperables" de una "organización pública que debe servir los intereses generales", siempre con plena objetividad y legalidad.

18/07/2019|

El Tribunal Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude fiscal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal. El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo que deniega el recurso de amparo solicitado por el ingeniero Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, a partir de datos contenidos en la lista Falciani.

Delgado aparecía en la lista que el exempleado de la filial de HSBC Hervè Falciani sustrajo de la entidad, en la que trabajó de 2001 a 2008, para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales. Esa obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías, según la decisión del Constitucional, que respalda el fallo del Supremo cuando en febrero de 2017 admitió la lista como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

Al respecto, el Supremo basó entonces la validez de la prueba, precisamente, en el hecho de que el acceso a la lista fuera a través de un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener lucro. Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

El nombre y cuentas del condenado figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por Falciani que llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones extraditar a Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir cinco años de cárcel por filtrar estos datos bancarios.

Primero, en 2012 cuando fue arrestado en España, al considerar el tribunal que no existía el requisito de la doble incriminación que requiere una extradición porque el delito de espionaje financiero agravado no tiene encaje en el Código Penal español. Después, en septiembre de 2018 cuando Suiza volvió a reclamarle la Justicia española negó su entrega al entender que los hechos por los que se volvió a pedir eran los mismos por los que ya se le denegó en 2012.

18/07/2019|

El empleado no está obligado a probar que no puede conciliar al solicitar la jornada a la carta

En mitad del revuelo ocasionado por la incorporación del derecho a la adaptación de jornada, la justicia se pone del lado del trabajador y aumenta su protección a la hora de solicitar la jornada a la carta. Este derecho permite a los trabajadores adaptar su horario laboral (ya sea en términos de flexibilidad horaria, cambio de turnos o, incluso, teletrabajar) en caso de necesitarlo por cualquier circunstancia personal, que debía explicar debidamente a la compañía. Ahora, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia perfila este requisito y determina que, en el momento de la petición, el empleado no está obligado a demostrar que no puede conciliar su vida personal y laboral por otros medios.

Para el TSJ, la conciliación es un "derecho personalísimo" de los trabajadores que solo admite restricciones en caso de que ambos progenitores presten servicios en la misma empresa, lo que no ocurría en este caso. Así, rechaza que la demandante, una empleada de una compañía eléctrica, deba probar que los abuelos no podían hacerse cargo del menor o que este no podía ir a clases extraescolares por las tardes para ejercitar su derecho a la adaptación de jornada.

Como detallan los hechos probados, la empresa se negó a ajustar el horario de trabajo de la demandante a la hora de entrada y salida al colegio de su hijo porque esta no demostró si el menor podía quedarse a comer en el centro, realizar actividades extraescolares o quedarse al cargo de sus abuelos o terceras personas.

El tribunal rechaza estos argumentos y fija que para ejercitar el derecho a la adaptación de jornada no importa si el centro escolar al que acude el menor tiene comedor o actividades extraescolares que puedan suplir la necesidad de conciliar del empleado. Así, al recibir una petición de concreción horaria, la compañía debe "ceñirse a lo que es simplemente el horario lectivo" y no entrar a valorar otras circunstancias personales. Además, estos servicios no son gratuitos, por lo que el tribunal debería tener en cuenta otros factores como la economía familiar, lo que "excede de lo que es ponderable por un órgano jurisdiccional".

Por otro lado, los magistrados descartan que la empleada deba probar que su marido lo tiene más fácil para conciliar, y menos aún alegar que sean los abuelos quienes puedan hacerse cargo del menor. Aunque estos últimos tienen un peso importante en nuestra sociedad actual, "la patria potestad corresponde a los padres", aseveran, por lo que ellos son los encargados de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y, para ello, "necesariamente tienen que poder conciliar su vida laboral, con la personal y familiar".

Además, el tribunal recuerda que este derecho está ejercitado mayoritariamente por mujeres, por lo que negar directamente la reducción de jornada propuesta por la trabajadora "sin entrar a valorar y ponderar los derechos en juego" supone una vulneración al derecho a la no discriminación por razón de sexo.

18/07/2019|

La CNMV afila sus armas para vigilar a las entidades financieras

Ha lanzado el concurso para contratar la empresa que se encargará de espiar a las entidades financieras y vigilar así cómo comercializan entre el público los productos financieros. Los empleados de la firma se harán pasar por clientes y realizarán visitas o llamadas telefónica sin revelar su actuación por cuenta de la CNMV (en la jerga, esta fórmula se denomina mystery shopping).

La licitación fue publicada el pasado 9 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en ella se detalla que el importe base de la licitación es de 65.600 euros para un plazo de dos años. Si bien, este es ampliable por un año adicional, lo que podría elevar el valor estimado del contrato a 98.400 euros. La presentación de ofertas concluirá el próximo jueves 25 y la adjudicación se realizará en septiembre. Será a partir de entonces cuando arranque el proceso de mystery shopping.

Durante el periodo del contrato, la entidad realizará al menos una comprobación del proceso de comercialización de productos financieros con un mínimo de 100 visitas. El número máximo de comprobaciones será de cinco y el de visitas, de 1.200. En una misma investigación, la CNMV podrá solicitar la realización de “visitas a las sucursales u oficinas de atención al público de un máximo de ocho entidades diferentes a la vez, distribuidas por todo el territorio nacional”, señala el pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

El supervisor explicó a inicios de año que contrataría una firma para que le ayudara en investigaciones concretas, por ejemplo, en la obtención de información sobre la actividad de chiringuitos financieros. La CNMV efectuó el primer mystery shopping en 2016 y publicó sus resultados en febrero de 2017.

18/07/2019|