El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado ligeramente sus estimaciones sobre el déficit de España para el presente año y proyecta que cerrará en el 3,1 %, una décima más de lo previsto en octubre pasado. En su nuevo informe de vigilancia fiscal (Monitor Fiscal) publicado este miércoles, el FMI ha revisado al alza las previsiones de déficit de España para los próximos años. Para 2025, estima un déficit del 3 %, cuatro décimas menos que su proyección anterior.

Para el año 2026, el FMI ahora prevé un déficit del 3,2 % (dos décimas menos), mientras que para 2027 lo sitúa en el 3,3 % (una décima menos), y para 2028 y 2029 lo estima en el 3 %. En términos globales, el informe del FMI advierte que, a pesar de un ajuste fiscal mundial gradual en 2024, existen riesgos de desviaciones fiscales especialmente agudos durante este "gran año electoral", con elecciones en numerosos países.

También señala que las economías avanzadas con poblaciones envejecidas deben concentrarse en contener las presiones del gasto en salud y pensiones mediante reformas. El informe, presentado en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, eleva las proyecciones de deuda para España este año, hasta el 106,3 % del PIB (frente al 104,7 % calculado en octubre), y exhorta al gobierno de Pedro Sánchez a realizar mayores esfuerzos para reducir la deuda pública.

"Reducir de forma significativa la elevada deuda pública requeriría esfuerzos fiscales más ambiciosos", señaló Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Presupuestarios del FMI, en una entrevista con EFE. Gaspar indicó que aunque la deuda en España sigue siendo alta, ha mostrado una tendencia a la baja desde 2021 debido a los sólidos ingresos fiscales y una inflación persistente que ha contribuido a una reducción constante.

Aunque se espera una disminución continua, el FMI ha aumentado también las proyecciones de deuda para 2025, año en el que alcanzará el 104,9 % del PIB (frente al 103,9 % anteriormente estimado). "A pesar de la mejora en las finanzas públicas, la deuda pública sigue siendo alta y se prevé que se mantenga estable en torno al 104 % del PIB para 2029", destacó Gaspar. El FMI considera que, dado que España está operando "cerca de su capacidad máxima" y está beneficiándose de las subvenciones de los fondos Next Generation de la Unión Europea, la expectativa del Fondo de una reducción anual de 0,6 puntos porcentuales del PIB es manejable.

En su informe de perspectivas de crecimiento mundial publicado recientemente, el FMI indicó que España será la economía que más crecerá entre las cuatro mayores de la zona euro, con un 1,9 % en 2024, cuatro décimas más de lo estimado en sus previsiones anteriores.

(Cinco Días, 18-04-2024)

Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, ha demandado la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo con motivo del Día de la Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril.

Sanz ha expresado su preocupación por la demora en la resolución de casos de accidentes laborales mortales, señalando que las familias afectadas a menudo deben esperar siete años para obtener una sentencia, lo cual considera inaceptable. Propone que la agilización de los procesos judiciales contribuiría a reconocer más rápidamente el origen laboral de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

"Estos juzgados especializados evitarían que las víctimas tengan que esperar, como sucede actualmente, siete u ocho años para que haya una sentencia que haga justicia frente a la falta de medidas preventivas", ha afirmado el sindicalista durante la presentación de un estudio sobre estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2023.

CCOO también aboga por mejorar la calidad de los servicios de prevención en las empresas, en su mayoría externalizados, así como incorporar la perspectiva de género y abordar los riesgos para la salud mental en el entorno laboral. Además, solicita un mayor control del cumplimiento normativo, la creación de un registro de exposición a agentes cancerígenos y la designación de delegados de prevención a nivel sectorial y territorial para apoyar la labor preventiva en las pequeñas empresas.

El sindicato ha instado al Gobierno a reforzar las políticas públicas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo, argumentando que la prevención ha perdido prioridad política y hay menos sensibilidad social en este ámbito.

"Llevamos siete años esperando que se abra una mesa para abordar estos temas. No vamos a perder la esperanza, pero necesitamos margen de maniobra para aprobar normativas que requieren mayorías parlamentarias", ha destacado Sanz. CCOO considera esencial actualizar la legislación sobre prevención de riesgos laborales, que data de 1996, y corregir los efectos negativos de legislaciones orientadas a fortalecer el mercado único y la flexibilidad laboral, especialmente la reforma laboral de 2021, para fortalecer los servicios preventivos y facilitar el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

(Cinco Días, 18-04-2024)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir un dictamen sobre la capacidad de los Estados miembros para establecer ciertos beneficios fiscales a través de los denominados "tax rulings", que son acuerdos fiscales entre países y empresas diseñados para atraer inversiones y multinacionales. La Abogada General de la Unión Europea, Laila Medina, ha respaldado firmemente este sistema y ha rechazado la postura de la Comisión Europea y del Tribunal General de la UE.

Las conclusiones de la Abogada General, que suelen coincidir con la sentencia final del Tribunal en más del 90% de los casos, respaldan la exención de ciertos ingresos por financiación, específicamente los pagos de intereses por préstamos, de grupos multinacionales con actividad en el Reino Unido entre 2013 y 2018.

La Justicia europea profundiza en su llamado a las autoridades europeas para que, en primer lugar, examinen el marco fiscal de referencia antes de pronunciarse en contra de estos "tax rulings". "De la jurisprudencia se puede deducir que el Tribunal europeo ha confirmado un enfoque que busca identificar el conjunto completo de normas que influyen en la carga fiscal que recae sobre las empresas", señala la Abogada General.

"Esto garantiza que la selectividad de una medida fiscal se evalúe dentro de un marco que incluye todas las disposiciones pertinentes, y no dentro de un conjunto de disposiciones que han sido extraídas artificialmente de un marco normativo más amplio", añade.

(Expansión, 18-04-2024)

El Tribunal Supremo ha confirmado que el suicidio de un trabajador en una cadena de supermercados que tuvo lugar en abril de 2021 en Cantabria fue un accidente laboral. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad autónoma interpuso un recurso que consideraba el suicidio como un accidente laboral e impuso a la mutua el pago de una indemnización y de las pensiones de viudedad y orfandad a la esposa e hija de 16 años del fallecido.

Esta resolución fue dictada hace más de un año y ahora adquiere fuerza, el Juzgado número 3 de Santander en verano de 2022 concluyó que el suicidio no estaba ligado a los problemas que sufría el hombre en el trabajo sino a problemas conyugales y a la enfermedad de su padre. La Inspección de Trabajo, por su parte, sí halló nexo causal entre el trabajo y el suicidio, así como falta de evaluación de riesgos psicosociales y de adopción de medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos por parte de la empresa.

El empleado fue sancionado por la empresa para la que trabajaba desde 2011 −primero como encargado en un centro en Vitoria y desde 2020 como responsable de una de las tiendas de la cadena en Santander− tras recibir una denuncia anónima por acoso laboral a una compañera, lo que motivó su traslado a otro supermercado en Laredo.

"La preocupación por las posibles consecuencias derivadas del ejercicio de una acción penal contra él le acompañó hasta el día de su fallecimiento y esta preocupación no tiene otra causa que la puramente laboral", sentenciaron los jueces del TSJ, que aludieron a varias búsquedas que hizo en internet sobre condenas por acoso. Así, a su juicio, era "evidente que existió una clara conexión o relación de causalidad relevante entre la acción suicida y el trabajo". Es decir, que el trabajo o las circunstancias en las que se desarrollaba la prestación de servicios laborales estaba "en la base de la decisión de quitarse la vida".

Los magistrados incidían, en este sentido, en que los problemas laborales iniciados en enero de 2021, como consecuencia de la denuncia por acoso, "persistieron casi hasta la fecha de la defunción". Y entendían que no tenían relevancia en este caso la enfermedad que sufría el padre del trabajador ni los problemas con su mujer, que "carecían de la entidad necesaria para poner fin a la relación entre los cónyuges".

Pero "lo realmente relevante" para la Sala del alto tribunal cántabro que examinó el recurso es que no constaban antecedentes psiquiátricos o patologías psíquicas previas que pudieran desvincular el fallecimiento del hombre con la problemática laboral que sufría. Por todo ello, concluyó que "la decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y más que directa con su trabajo y, en concreto, con la situación derivada de la demanda por acoso laboral y las consecuencias de esta".

El Supremo, que impone el pago de 300 euros a la recurrente, destaca que el TSJC consideró que se trata de "hechos contundentes a favor del accidente laboral" y declara la inadmisión del recurso de casación de la cadena de supermercados contra ese fallo. La empresa planteó si las prestaciones de muerte y supervivencia causadas por el trabajador que se suicidó derivan de accidente de trabajo o de enfermedad común.

Para alegar sus pretensiones, la recurrente ha presentado una sentencia del TSJ de Santa Cruz de Tenerife sobre el suicidio de un director de un banco que fue trasladado de oficina, lo que le provocó una crisis de ansiedad a la que se sumó otra cuando su esposa dio a luz y motivó su ingreso hospitalario. Tras el alta, disfrutó del permiso de paternidad pero no llegó a incorporarse a su puesto porque se quitó la vida.

En este caso, el fallecimiento estuvo motivado por factores estresantes de tipo familiar y laboral, como un proceso judicial contra su hermano, el nacimiento de su primer hijo y el esfuerzo asociado al cambio de oficina, pero no quedó acreditado que la "causa exclusiva" del fallecimiento fuese el trabajo. Así, para el Supremo hay falta de similitud entre las sentencias comparadas, ya que se trata de supuestos distintos "con diferencias relevantes en cuanto a la auténtica causa del fallecimiento".

(El País, 18-04-2024)

En el análisis de los datos, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, ha destacado los avances reflejados en las estadísticas de 2023. "Se ha reducido la siniestralidad tanto en términos absolutos como relativos, lo cual es una buena noticia, ya que esta disminución se ha observado prácticamente en todos los sectores", ha afirmado.

Los accidentes laborales con baja disminuyeron un 1,1% en 2023 y aquellos ocurridos durante la jornada laboral descendieron un 2,3%. Aunque estas cifras puedan parecer modestas, es importante considerar que el año pasado se incorporaron al mercado laboral 730.000 personas, lo que influye en el análisis.

Sin embargo, a pesar de esta reducción, Sanz ha pedido cautela debido al desajuste estadístico en el año analizado, cuando las afecciones relacionadas con la COVID-19 dejaron de considerarse como enfermedades profesionales. Por otro lado, preocupa el aumento de los accidentes in itinere desde 2021, que en 2023 aumentaron un 7,3%, una tendencia que el sindicato atribuye a la disminución gradual del teletrabajo.

Respecto a los accidentes laborales mortales en 2023, que ocasionaron la muerte de 721 trabajadores, Sanz ha destacado que hubo 105 fallecimientos menos que en 2022. Sin embargo, se necesita esperar para obtener conclusiones precisas hasta que se incorporen los fallecidos en los 12 meses posteriores al siniestro, como estipula la normativa europea. "Es importante destacar que los accidentes mortales han disminuido en los índices de incidencia en los cuatro principales sectores productivos", ha subrayado el sindicalista.

No obstante, según el responsable de salud laboral del sindicato, más allá de las fluctuaciones coyunturales, es crucial prestar atención a las tendencias en la prevención de riesgos laborales y identificar las deficiencias en los sistemas de prevención para mejorar la protección tanto física como mental de los trabajadores.

En este sentido, Sanz ha señalado el deterioro en la calidad de la prevención en las empresas, la atención insuficiente que el sistema nacional de salud brinda a las enfermedades laborales (con una infradeclaración notable), especialmente el cáncer de origen laboral, y la aparición de "nuevos riesgos derivados del cambio climático y de la relación de las personas con las nuevas tecnologías", que se suman a los riesgos tradicionales.

El informe sindical revela un perfil mayoritariamente masculino en los accidentes laborales, ya que el 71% de los casos afecta a hombres, llegando al 94% en el caso de los accidentes mortales. Las actividades con mayor índice de siniestralidad están fuertemente masculinizadas, aunque hay cuatro sectores donde la incidencia es mayor entre las mujeres: actividades financieras y de seguros, actividades sanitarias y sociales, educación y actividades de organizaciones extraterritoriales.

Por otro lado, los accidentes laborales in itinere muestran un perfil principalmente femenino, ya que el 54% de ellos corresponden a mujeres, una tendencia que se observa desde 2009. Además, los accidentes tienden a aumentar entre colectivos con menores ingresos y cualificaciones profesionales, con una diferencia significativa en la incidencia entre distintos grupos, por ejemplo, entre los profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas (41 incidentes) y los peones de las industrias manufactureras (16.565 incidentes), cuya incidencia se multiplica por 486.

(Cinco Días, 18-04-2024)

La tasa de inflación en la zona euro se situó en marzo en el 2,4% interanual, descendiendo dos décimas desde el aumento del 2,6% registrado en febrero, según confirmó hoy Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. Este dato representa el menor incremento del costo de vida en la región desde noviembre pasado, cuando la referencia marcó mínimos desde el verano de 2021.

Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se moderó en marzo hasta el 2,6% desde el 2,8% de febrero, siendo la menor subida de precios entre los Veintisiete desde julio de 2021. Entre los países de la UE, las menores lecturas interanuales de inflación en marzo correspondieron a Lituania (0,4%), Finlandia (0,6%) y Dinamarca (0,8%), mientras que las subidas de precios más intensas se registraron en Rumanía (6,7%), Croacia (4,9%), Estonia y Austria (ambos 4,1%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada alcanzó en marzo el 3,3%, frente al 2,9% de febrero, ampliando a nueve décimas el diferencial desfavorable respecto al promedio de la eurozona. En la zona euro, la caída interanual de los precios de la energía se moderó al 1,8% desde la baja del 3,7% en febrero, mientras que los alimentos frescos se abarataron un 0,5%, después de subir un 2,1% en febrero.

Por otro lado, el aumento anual del costo de los servicios se mantuvo en el 4%, mientras que la subida del precio de los bienes industriales no energéticos se atenuó al 1,1%, medio punto porcentual menos que en febrero. De este modo, la tasa de inflación de la zona euro al descontar el impacto de la energía fue del 2,9%, frente al 3,3% de febrero de 2024, mientras que al excluir también los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa subyacente bajó al 2,9% desde el 3,1%.

(Expansión, 18-04-2024)

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al comité de empresa de una compañía de Barcelona que eliminó la subvención de comida a los teletrabajadores. El Alto Tribunal, en un fallo del pasado 12 de marzo del que fue ponente la magistrada Concepción Rosario Ureste García, señala que la subvención por comida, de 4,17 euros al día, se entregaba por día efectivo trabajado y que su abono cesó cuando se implementó el sistema de teletrabajo con la pandemia. "Sin embargo, los empleados asignados a este sistema, aunque dejaron de percibir el complemento, continuaban trabajando, que era el requisito pactado", dice.

La sentencia declara que esa situación supuso un cambio real en las retribuciones y que se aleja de lo pactado pues la única exigencia es el trabajo efectivo, pero no la de acudir al centro de trabajo y fichar, condiciones que no realizan los empleados que teletrabajan.

Por tanto, señala, "no cabe sino concluir que la medida ha significado una modificación sustancial de condiciones de trabajo" que, por el número de afectados -el 33% de una plantilla de más de 300 personas- debió seguir los trámites que marca el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y, "y habiéndose éste obviado, la medida ha de ser declarada nula". El artículo 41 del ET obliga a negociar con los representantes de los trabajadores cualquier modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo. Algo que, en el caso del litigio la empresa no hizo y tomó la decisión de manera unilateral.

El Supremo ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la suspensión de la subvención por comedor a los teletrabajadores y obligó a la compañía al abono de esta subvención con efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020, día que estalló la pandemia y comenzó el trabajo a distancia.

(El Economista, 18-04-2024)

Los líderes de los Veintisiete debatieron las propuestas del 'informe Letta', el cual aboga por abordar la "fragmentación fiscal" en la UE mediante la creación de una base imponible común para el Impuesto de Sociedades, así como la homogeneización del IVA y los Impuestos Especiales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la armonización fiscal, a pesar de la oposición de países como Irlanda.

Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de fortalecer el mercado único europeo para competir con las economías estadounidense y china, este objetivo se vio desafiado durante el Consejo Europeo extraordinario en Bruselas debido a diferencias en torno a propuestas como la supervisión bursátil centralizada y la armonización fiscal. El informe identifica la "fragmentación fiscal" como uno de los principales obstáculos y aboga por una mayor homogeneización en áreas clave como el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales. Estas propuestas fueron respaldadas por países como España pero cuestionadas por estados con menor presión fiscal, como Irlanda, lo que impidió llegar a un consenso en este punto.

Pedro Sánchez expresó su decepción al afirmar que hubiera preferido unas conclusiones más ambiciosas en relación con la armonización fiscal. Destacó que España siempre ha abogado por la profundización del mercado único, y considera que la armonización fiscal es fundamental para este propósito. En contraste, algunos países, como Irlanda, Luxemburgo y Estonia, defendieron la importancia de mantener cierto margen de actuación en materia fiscal para ofrecer ventajas competitivas a las empresas frente a otros territorios.

El informe Letta enfatiza que un marco fiscal armonizado en la UE es esencial para facilitar la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, así como para respaldar el crecimiento y la inversión privada. Insta a realizar reformas tributarias sistémicas que promuevan condiciones equitativas de competencia, evitando la competencia fiscal perjudicial y fomentando la productividad.

El proyecto de establecer una base imponible común en el Impuesto de Sociedades para los Veintisiete se basa en la experiencia del tipo mínimo global societario del 15% adoptado por la Unión Europea en el marco de acuerdos internacionales. Además, el informe plantea la necesidad de eliminar barreras fiscales en inversiones transfronterizas, modernizar el IVA y abordar el fraude fiscal, entre otras medidas.

El informe Letta aboga por una mayor integración fiscal en la UE para promover un mercado único más robusto y equitativo, aunque persisten diferencias entre los Estados miembros respecto a la dirección a seguir en este ámbito.

(Expansión, 19-04-2024)

El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña ha enviado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que plantea la eliminación de la prescripción para que los consumidores puedan reclamar al banco la devolución del dinero por cláusulas abusivas en sus hipotecas, como los gastos hipotecarios, según el caso del litigio. Un auto del 12 de marzo marca un giro en el debate actual sobre cuándo comienza a contar el plazo de prescripción -que es de cinco años- para solicitar al banco la restitución de las cantidades pagadas de más, y plantea abiertamente la posibilidad de eliminar dicho plazo.

El caso del litigio se refiere a una consumidora con una hipoteca en la que el banco le cargó el 100% de los gastos asociados. El auto aclara que no está cuestionando el inicio del cómputo de la prescripción ni tampoco qué plazo de prescripción sería razonable.

El tribunal pregunta si es compatible con el Derecho europeo declarar nula una cláusula abusiva en cualquier momento sin establecer un plazo de prescripción, pero sí establecer un plazo de prescripción para la devolución del dinero cobrado de más al cliente por esta cláusula abusiva, especialmente cuando la normativa española no contempla que la nulidad y sus efectos tengan plazos de prescripción diferentes, como tampoco existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. "Es en el análisis de nuestra legislación y doctrina jurisprudencial donde encontramos elementos para poner fin a la división entre la acción de nulidad y la acción restitutoria", destaca el magistrado.

El auto critica que una cláusula hipotecaria pueda ser declarada nula de oficio por un juez, pero que esto no implique automáticamente una devolución para el cliente debido a la prescripción de su derecho a reclamar. Así, cuestiona la paradoja de que la nulidad absoluta de la cláusula no esté sujeta a prescripción, pero los efectos para compensar al consumidor sí lo estén. "Si la nulidad absoluta no está sujeta a caducidad ni prescripción, tampoco deberían estarlo sus efectos", afirma. "Llegaríamos al absurdo de que la nulidad absoluta operara en el vacío […], ya que incluso después de declararse su existencia -sin estar sujeta a caducidad ni prescripción-, no se podrían devolver las prestaciones si se considera prescrito o caducado este aspecto de la acción", agrega.

Esta cuestión prejudicial llega al TJUE en medio del debate sobre la prescripción para reclamar los gastos hipotecarios. El TJUE emitió una sentencia el 25 de enero en la que estableció que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de estos gastos comienza cuando el consumidor tiene conocimiento de la abusividad de la cláusula de su contrato y de sus derechos. Aún está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que también remitió una cuestión prejudicial sobre este tema. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona determinó después de la sentencia europea que el periodo de prescripción para reclamar los gastos comenzó en enero de 2017, cuando varios despachos y asociaciones de consumidores empezaron a informar públicamente sobre la posibilidad de recuperar dichos gastos. Aún queda por establecer jurisprudencia al respecto.

(El Economista, 18-04-2024)

Un total de 2,1 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según los datos de este lunes facilitados por la Agencia Tributaria, y a los que elEconomista.es ha tenido acceso, el importe total de estas devoluciones alcanza los 1.170 millones de euros.

Según la información proporcionada por el fisco, un total de 4,7 millones de contribuyentes han cumplido con sus obligaciones y presentado sus respectivas declaraciones del IRPF. De ese total, se han emitido 3,7 millones de solicitudes de devolución, de las cuales aún quedan por ingresar en cuenta bancaria 1,6 millones de solicitudes. Las previsiones de Hacienda estiman que un total de 23,2 millones de personas presentarán la declaración de la Renta.

La campaña comenzó el 3 de abril con la apertura del plazo para presentaciones telemáticas. Por otro lado, el 7 de mayo se abre el plazo para presentar las declaraciones de forma telefónica y el 3 de junio será el turno para aquellos que deseen solicitar cita para presentarla de manera presencial en una oficina de la Agencia Tributaria.

El plazo límite para presentar las declaraciones con resultado a ingresar en cuenta bancaria es el 26 de junio. El 1 de julio será la fecha límite para todas las personas físicas que deseen o estén obligadas a presentar la declaración de la renta en cualquier modalidad.

Por último, la Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de enero de 2024 para ingresar las cantidades a devolver en las cuentas de los contribuyentes. A partir de esa fecha, Hacienda está obligada a pagar intereses de demora por no haber realizado la devolución solicitada por parte del contribuyente a tiempo. En el ejercicio de 2022, estos intereses eran del 3,75%, mientras que para el ejercicio actual de 2023 han ascendido al 4,06%.

(El Economista, 19-04-2024)