Los juzgados aprueban su protocolo para proteger los secretos empresariales

El Mobile World Congress (MWC) vuelve a aterrizar en Barcelona el próximo mes de febrero y los juzgados de lo mercantil ya preparan toda su artillería para evitar el colapso y poder atender de forma rápida y eficaz los pleitos en materia de propiedad intelectual e industrial.

Tras la aprobación de la ley que lo regula, la novedad de este año es la creación de un Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los juzgados de la Ciudad Condal. En forma de proyecto piloto del Poder Judicial del futuro Tribunal de Protección del Secreto Empresarial, el texto pretende adoptar una serie de prácticas procesales homogéneas de acuerdo a la nueva norma, siempre que esté en riesgo la revelación de información confidencial de las compañías (especificaciones técnicas, información comercial, estrategias, etc.).

Al proyecto, que nace con vocación de extenderse a todos los juzgados mercantiles y civiles del país, así como a cualquier otro que trate información sensible, se suma el régimen de guardia de los juzgados barceloneses y los de marca europea y diseño comunitario de Alicante.

Las nuevas medidas han tenido muy buena acogida entre los juristas. Rosario Echeverría, abogada y directora de servicios jurídicos de ClarkeModet, cree que la iniciativa es “encomiable” porque hace que “todas las empresas implanten protocolos internos para lograr el adecuado tratamiento de la información secreta”. De esta forma, “cumplen la ley y los jueces van a saber qué hacer”, explica.

Según señala, a partir de ahora, lo primero que tiene que hacer el letrado que solicite la absoluta confidencialidad de cierta información será fundamentar lo suficiente que los datos secretos de su cliente no son conocidos, que aporta a la empresa una ventaja competitiva y que han aplicado las medidas adecuadas para protegerlo. Además, tendrá que concretar qué información aporta y en qué soporte, el lugar donde se encuentra esa información y sugerir las medidas que se pueden aplicar. Todo ello, “respetando los principios de proporcionalidad, adecuación y ponderación de los intereses de las partes”.

07/12/2019|

El paro aumentó en noviembre en 20.525 personas, el peor dato desde 2016

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 20.525 desempleados en noviembre (+0,6%), y registra peor dato que el año pasado. El total de desempleados registrados en las oficinas públicas alcanza los 3.198.184 personas. También sube el paro en términos desestacionalizados en 4.113 personas más.

El paro baja en agricultura e Industria y aumenta en el resto de los sectores, en especial en Servicios, 24.000 desempleados más. En cuanto a la Seguridad Social, también hay malos datos, puesto que la ocupación retrocede en 53.515 personas. La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en los 19.378.878 trabajadores. En el último año se suman 431.250 afiliados más. La afiliación creció en Educación y Comercio especialmente, y descendió con fuerza en Hostelería con 105.000 afiliados menos. Se firmaron 1,7 millones de contratos, de los cuales 171.000 fueron indefinidos.

El desempleo masculino contabiliza 1.317.686 personas, al subir en 13.549 (1,04%) y el femenino en 1.880.498, al incrementarse en 6.976 (0,37%) en relación al mes de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2018, el desempleo masculino baja en 25.255 (-1,88%) personas, y el femenino desciende en 29.428 (-1,54%).

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se reduce en noviembre en 704 personas (-0,26%) en relación con el mes anterior. Entre los que tienen 25 y más años el paro se incrementa en 21.229 (0,73%).

El paro registrado ha bajado, respecto a octubre de 2019, en 5 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, principalmente en Comunidad Valenciana (-3.807), Madrid (-2.855), y País Vasco (-1.564) y Castilla – La Mancha (-1.228). Sube, por el contrario, en las doce restantes, encabezadas por Illes Balears (11.557) y Andalucía (7.501).

Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en relación con octubre en Agricultura en 1.715 personas (-1,15%); en Industria baja en 607 (-0,23%); en Construcción se incrementa en 1.738 (0,68%); en Servicios sube en 23.934 (1,07%). Por último, se reduce el colectivo de Sin Empleo Anterior en 2.825 personas (-1,04%).

El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.764.169. Supone una reducción de 103.003 (-5,52%) sobre el mismo mes del año 2018. Del total de contratos registrados en noviembre, 171.612 son de carácter indefinido y 1.592.557 contratos temporales. En cuanto a duración de la jornada en noviembre se han celebrado 101.384 contratos indefinidos a tiempo completo y 70.228 a tiempo parcial.

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el mes de octubre del 62,4%, lo que supone un aumento de 5,3 puntos respecto al mismo mes de 2018 (57,1%). Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en octubre han sido 1.879.345, un 6,96% más respecto al mismo mes del año anterior. El importe de la nómina ha sido de 1.639 millones de euros, un 14,5% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.

07/12/2019|

España mantendrá la tasa Google pese a las amenazas arancelarias de EE UU

La decisión anunciada este lunes por Estados Unidos de castigar los productos franceses con aranceles por valor de 2.400 millones de dólares por la tasa Google aprobada por el Gobierno galo ha sorprendido a propios y extraños, máxime teniendo en cuenta que el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo galo Emmanuel Macron habían llegado a un acuerdo para que este castigo no se produjera. Con todo, esta sanción no provocará que España cambie el ritmo en cuanto a este tributo. Moncloa mantiene sus planes para lanzar un impuesto español sobre determinados servicios digitales.

El argumento esgrimido desde la Casa Blanca para activar las citadas tasas, que serán del cien por cien, viene de que se considera que la tasa francesa es discriminatoria y está dirigida a afectar a empresas particularmente estadounidenses como Google, Facebook o Amazon.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda replican que "se trata de un impuesto que no es discriminatorio por países, sino que responde a criterios objetivos como son los de carácter económico", tales como que las empresas gravadas tengan una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial, que es como está diseñado el impuesto español. "Es decir, que puede afectar a multinacionales de diversas nacionalidades" y no solo las radicadas en suelo estadounidense.

Además, España participa de forma activa en las reuniones internacionales para que este tributo sea consensuado a nivel global. En este sentido, desde el departamento ministerial recuerdan: "siempre hemos señalado que hay sectores de actividad que no están bien reflejados en el sistema fiscal actual. Por ese motivo defendemos la implantación de una tasa digital en línea con la propuesta de la Comisión Europea".

También indican que la tasa española, cuando se apruebe, se adaptará a imagen y semejanza al marco fiscal que a día de hoy se está debatiendo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una serie de reuniones internacionales en las que "España participa de forma activa para que esta tasa sea consensuada a nivel global".

Este asunto pareció solucionarse durante la pasada reunión del G-7, celebrada este verano en Biarritz. En ella, Francia y EEUU llegaron a un acuerdo sobre la tasa que el Gobierno de París había impuesto a las grandes empresas tecnológicas, de manera que el sistema impositivo galo será revisado en 2020 y retirado cuando existiera un impuesto internacional a estas empresas. De ahí que, con la implicación activa de Washington, se decidiera impulsar un acuerdo global para gravar a las grandes multinacionales tecnológicas.

Se trató de una solución que gustó, y mucho, en Moncloa. Sentaba un precedente que permitía que el tributo se extendiera al resto de los países sin temor a las contramedidas de Donald Trump. De hecho, por entonces existía el planteamiento de darle una vuelta a la tasa Google patria, para hacerla todavía más parecida a la fórmula gala.

La tasa Google es una de las principales apuestas del Gobierno socialista dentro de su estrategia para adaptar la fiscalidad española al siglo XXI y a los entornos digitales, encontrándose en el foco de esta iniciativa también las grandes empresas de la economía colaborativa surgidas los últimos años tales como Airbnb y Uber.

De hecho, el impuesto -que impactaría en las empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones-está incluida en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, aspirantes a formar un gobierno de coalición. Una medida con la que el Ejecutivo español espera recaudar unos 1.200 millones de euros anuales.

07/12/2019|

Bruselas advierte de que responderá “unida” a la amenaza de Washington

La Comisión Europea (CE) y Francia coordinan la respuesta a Estados Unidos después del anuncio de que impondrá aranceles de hasta el 100% a productos franceses por valor de 2.400 millones de dólares tras concluir que la tasa digital francesa discrimina a las tecnológicas estadounidenses. "La Unión Europea (UE) actuará y reaccionará como una y seguirá unida. Estamos coordinado con las autoridades francesas los próximos pasos", dijo este lunes el portavoz comunitario Daniel Rosario.

Este rehusó, no obstante, anticipar si la UE tomará represalias en caso de que Washington llegue a imponer efectivamente los aranceles. El portavoz comunitario recalcó que el anuncio de Estados Unidos no supone que los aranceles se apliquen de forma inmediata, sino que "abre varias vías posibles para materializar esa acción". "Si ocurre y cuándo ocurra, trabajaremos a partir de ello", dijo.

La UE considera que la situación debe resolverse en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y buscará "negociaciones inmediatas (con EEUU) para resolverlo de forma amistosa" con el fin de evitar recurrir a un procedimiento de resolución de disputas, explicó el portavoz.

El anuncio de EEUU de ayer lunes es el resultado de una investigación que el Gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo durante cinco meses sobre el impuesto digital de París y que concluye que esa tasa "discrimina a las compañías estadounidenses, es incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional y es insólitamente onerosa para las empresas de EE.UU. afectadas".

La Oficina del Representante de Comercio Exterior de EEUU (USTR, en sus siglas en inglés) anunció en consecuencia los "aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre ciertos productos franceses". La lista de bienes que estarían sujetos a estos gravámenes engloba 63 categorías con un valor comercial aproximado de 2.400 millones de dólares y en ella aparecen productos como varios tipos de quesos, bolsos, vino espumoso y varios artículos de maquillaje.

Además, la USTR evalúa si abrir investigaciones del mismo tipo sobre los impuestos a los servicios digitales de Austria, Italia y Turquía. Francia promulgó oficialmente en julio la conocida como tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), que fija la imposición del 3 % sobre la facturación del negocio digital de esas empresas para obligarlas a pagar impuestos en Francia por los beneficios que obtienen gracias a los internautas franceses.

La Unión Europea intentó introducir este impuesto en los Veintiocho, pero las reticencias de algunos Estados -precisamente por las potenciales represalias estadounidenses- llevaron a posponer la medida a la espera de que se encuentre una solución global en la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE). La Comisión Europea retomará la iniciativa al nivel comunitario si no hay acuerdo para finales de 2020.

07/12/2019|

La OCDE pide acelerar el acuerdo sobre la tasa digital tras las amenazas de EEUU

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo este martes que confía en que el anuncio de la imposición de aranceles de EEUU a Francia por su tasa a las tecnológicas sirva como "recordatorio" para acelerar la creación de un impuesto a los gigantes digitales en el organismo.

"Yo espero que sea una especie de recordatorio y que nos sirva para apurarnos más. En la OCDE ya nos estamos apurando mucho, pero que el resto de los países acelere, porque si tenemos un esquema y un paquete global esto evitará tensiones como esta", dijo Gurría a medios españoles en la sede del organismo en París.

Gurría explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) trabaja "intensamente" en el proceso de imposición de una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de grandes tecnológicas, como Google o Facebook.

"Esperamos que en enero tengamos los elementos, que en junio podamos tener una claridad mayor en cuanto a la dirección, que en los últimos meses del año podamos armar el paquete y que en lo sucesivo estemos en la implementación de las medidas", añadió.

Recordó además que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el estadounidense, Donald Trump, hablaron de esta imposición en una reunión en agosto durante la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia) donde lograron un entendimiento sobre la cuestión.

El Gobierno estadounidense anunció ayer, lunes, que impondrá aranceles por valor de 2.400 millones de dólares de hasta el 100 % del valor de ciertos productos franceses en respuesta a la imposición de una tasa del Ejecutivo de Macron sobre los ingresos de las grandes tecnológicas.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, calificó este martes de "inaceptable" la decisión estadounidense y dijo, tras hablar con la Comisión Europea, que la Unión Europa responderá con "contundencia" ante cualquier sanción Francia o alguno de sus miembros.

07/12/2019|

España es uno de los países de Europa en los que los trabajadores autónomos tienen el nivel de estudios más bajo

Un estudio elaborado por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, refleja que España se sitúa en tercera posición con un total de 1.102.900 trabajadores por cuenta propia con formación primaria o menor. Estos datos son relativos al segundo trimestre del año 2019. Según se refleja en dicha encuesta España solo es superada por dos países.

Turquía en el número de autónomos con formación primaria o menor. En dicho país hay 3.729.400 autónomos que cuentan únicamente con formación preescolar o primaria. En segundo lugar, en el ranking se sitúa Italia con 1.372.800 trabajadores en dicha situación. A pesar del elevado número de autónomos en estos niveles de estudios, las cifras han mejorado en los dos últimos años, en donde había 35.000 profesionales más en este bajo nivel.

En el lado opuesto se sitúa Islandia. Se trata del país con menos autónomos con bajo nivel de estudios. En concreto en Islandia hay unos 3.800 trabajadores de este perfil. Otros países que tampoco cuentan con un gran número de trabajadores autónomos con baja formación son Letonia, Montenegro y Chipre, donde no se superan los 10.000.

Por otro lado, en cuanto al número de trabajadores autónomos con un nivel de estudios de secundaria, España se sitúa, de acuerdo a dicho informe, en séptimo lugar. En este perfil cuenta con total de 692.000 autónomos. En esta clasificación los países con más autónomos con estudios de Secundaria son Italia, con 2.000.900, Reino Unido, con 1.807.100 y Polonia, con 1.780.600.

Por el contrario, España está en quinto puesto en el ranking de países con autónomos con estudios superiores, esto es, licenciaturas, grados, másteres o doctorados. En total hay en España 1.127.600 autónomos con este tipo de estudios. Por delante tiene a Reino Unido, con 1.846.600 autónomos en esta situación, Alemania, con 1.690.000, Francia, con 1.462.600 e Italia, con 1.289.400.

07/12/2019|

Noviembre termina con el peor dato de empleo en seis años: 53.114 afiliados menos

La Seguridad Social contabilizó el mes pasado 53.114 cotizantes menos. Con ello, el número total de afiliados se redujo a 19,37 millones y el ritmo de avance anual del empleo se frenó al 2,2%, más de medio punto inferior al ritmo de hace un año.

Así lo indican los datos del mercado laboral hechos hoy públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que reflejan también un aumento de 20.525 desempleados en noviembre respecto a octubre. Esto significa que también se ha reducido notablemente el ritmo de reducción interanual del desempleo hasta el 1,6%, con 54.683 parados menos que hace un año.

En términos desestacionalizados, que reflejan mejor la tendencia del mercado, el paro aumentó en 4.113 personas el pasado año. Si bien la cifra de afiliación arrojó 30.610 nuevos cotizantes en noviembre, lo que supuso el mejor dato corregido de la serie histórica en ese mes, según ha destacado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Es más, este responsable ha añadido que desde el Gobierno están detectando que "la desaceleración de la economía se está desacelerando", esto es, que el freno a la actividad que asegura "preocupó" al Ejecutivo en el primer semestre, se está mitigando en el último mes.

El mes anterior hubo especialmente dos sectores que crearon puestos de trabajo: la educación donde los afiliados aumentaron 26.723 y el comercio, que por efecto del black friday también se generó 15.222 pero esto no fue suficiente para compensar la fuerte pérdida de empleos en la hostelería por el fin de la temporada turística que hizo que se registraran 105.048 empleos menos.

Esta desaceleración del empleo también ha venido acompañada de un deterioro de la contratación en general. En noviembre se hicieron casi medio millón de contratos menos que en octubre. Y en términos anuales se redujeron mucho más los fijos (-13%) que los temporales (-4,6%).

Sin embargo, Granado ha rechazado hoy hacer un análisis del dato mensual en materia de contratación y ha aportado las cifras del stock de trabajadores indefinidos y temporales que hay ahora en comparación con hace un año. Según esta medición, en la actualidad hay 328.000 cotizantes más con contrato fijo y 67.000 más con contrato temporal.

Noviembre tampoco fue un buen mes para los autónomos. Este colectivo destruyó 2.884 cotizantes en el mes, lo que también frenó el avance anual a casi 15.000 afiliados más que hace un año. Según esto, este grupo de trabajadores por cuenta propia crece cinco veces menos de lo que lo hace el régimen de asalariados.

07/12/2019|

Trabajo niega que el alza del SMI destruya empleo

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 22% en 2019, ha sido "una operación de economía política que será estudiada en los próximos años porque ha resultado muy positiva". Con esta rotundidad ha defendido hoy el secretario de Estado, Octavio Granado, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar a 900 euros en 14 pagas el salario mínimo desde enero pasado.

Granado ha facilitado hoy los datos de una primera evaluación que ha realizado el Gobierno sobre el impacto de este incremento del salario mínimo, que le fue demandada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Según estas cifras, lejos de destruirse empleo, en la actualidad existen 1.693.889 trabajadores "con sueldos en la órbita del salario mínimo", lo que supone unos 87.250 más que hace un año.

Por ello, el responsable de la Seguridad Social ha asegurado que, a falta de una evaluación más exhaustiva que se hará el próximo año: "No parece que exista un gran impacto por el número de personas afectadas por la subida. Es un impacto similar al que hubiera tenido una subida menor. No somos capaces de detectar que la subida se haya traducido en una destrucción de empleo".

Al contrario, además de haber más perceptores del salario mínimo, su base media de cotización es mayor, pasando de los 728,9 euros al mes del pasado, a 834,9 euros mensuales de media en la actualidad, lo que supone una mejora de 106 euros en sus aportaciones a la Seguridad Social, lo que redundará en mejoras de prestaciones, ha explicado Granado.

A continuación, defendió la veracidad de estos datos, al asegurar que, si hubieran sido negativos y hubieran reflejado destrucción de empleo fruto de esta subida salarial, "hubiéramos presentado este informe igual con otras cifras diferentes, porque no jugamos al ratón y al gato con los datos; y la verdad es que la economía española ha absorbido muy bien esta subida". Si bien, este estudio no hace referencia al coste de oportunidad de esta decisión del Gobierno, esto es los empleos que se habrían creado si no se hubiera producido este incremento del 22% del SMI.

Dicho esto, el número dos del Ministerio de Trabajo, sí admitió algunos impactos negativos o irregularidades en la aplicación de este aumento. En primer lugar, Granado consideró que "hay problemas con las empleadas de hogar". Concretamente, ha reconocido que la disminución de casi 14.000 de estas trabajadoras en el último año en el registro de la Seguridad Social está en parte relacionada con el aumento del salario mínimo. Aunque ha precisado que no han desparecido del mercado de trabajo, sino que han pasado a desempeñar mejores empleos y ellas han sido "sustituido por personas en situación irregular, eso lo sabe todo el mundo", ha dicho.

A esto ha añadió: " No podemos controlar eso", pero tampoco quiere decir que haya que regularizarlas. "En estos momentos los problemas de la economía española no apuntan a que se necesite una nueva regularización de inmigrantes, hay que convivir con esa nueva realidad", ha añadido.

07/12/2019|

Cataluña pierde casi 1.600 autónomos en el año mientras la Comunidad de Madrid gana más de 5.000

Los trabajadores autónomos también sufren, y mucho, la desaceleración que como consecuencia directa del órdago independentista están registrando el crecimiento económico y la creación de empleo en Cataluña. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) alerta de que, desde el inicio del presente año, la comunidad catalana acumula "una pérdida de 1.594 autónomos en 2019, frente al aumento registrado el año pasado en el mismo periodo, donde ganaba 4.456 autónomos".

Las cifras evidencian que el negocio y la actividad en Cataluña de muchos pequeños negocios se está resintiendo, pero, además, presentan notables diferencias respecto a las de la Comunidad de Madrid, región con la que siempre se le compara por ser ambas las principales potencias económicas del país y responsables, por lo tanto, de la creación de un importante número de puestos de trabajo. Así, la afiliación en Madrid creció en 5.120 autónomos durante los 11 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al cierre de 2018 y el segundo mayor avance de todo el país, sólo superado por el de Andalucía.

"Lo primero que necesita un emprendedor, un autónomo o un empresario es un clima de estabilidad, confianza y seguridad jurídica", explica Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), al ser preguntado por la situación en Cataluña.

"Pero también son necesarias medidas de apoyo", prosigue Amor, "como las que han tomado Andalucía y Madrid, que son precisamente las dos comunidades en las que más han crecido el número de autónomos y en donde se han producido: bajadas de impuestos, se han eliminado trabas, se han suprimido sucesiones y donaciones, que son muy importantes para, por ejemplo, las explotaciones ganaderas, y también se ha ampliado la tarifa plana para nuevos autónomos y para mujeres del ámbito rural y jóvenes" , añade.

Las cifras de afiliación que ayer dio a conocer el Ministerio de Trabajo coincidieron con un estudio sobre competitividad regional publicado por el Consejo de Economistas, y en el que se pone de manifiesto que "en Cataluña, la crisis institucional y la creciente incertidumbre empiezan a hacer mella". "Tanto el crecimiento económico, como la inversión extranjera o el clima empresarial, empiezan a resentirse, si bien los indicadores empleados relativos al año 2018 no reflejan los recientes sucesos ocurridos a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo", se explica en el documento.

En Madrid, una vez más, la situación contrasta sobremanera. Según los criterios que el Consejo ha empleado para realizar el informe, esta comunidad es la más competitiva de España, por delante de Navarra y País Vasco. Esto es, que Cataluña ni siquiera se encuentra entre las tres primeras regiones y tiene en el entorno económico y en la eficiencia empresarial "los dos ejes que más acusan la situación de inestabilidad".

07/12/2019|

La CNMC reduce a la mitad el ‘hachazo’ a la retribución de las gasistas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) plantea un recorte del 9,6% en la retribución a las empresas gasistas por la distribución de gas, según la nueva circular sobre la metodología para determinar la actividad regulada que acaba de sacar a consulta pública. El pleno del organismo tumbó la semana pasada la anterior circular una vez "examinadas las propuestas recibidas y los objetivos perseguidos, y en aras a una mayor gradualidad y proporcionalidad de la retribución".

La CNMC, que se queda con la capacidad de distribución del sector, abre ahora un plazo de 15 días para presentar alegaciones a esta nueva propuesta. En su propuesta inicial, lanzada en julio, la CNMC había planteado un recorte del 17,8%, lo que suponía un hachazo considerable para las empresas afectadas, principalmente Naturgy (copa el 70% de la distribución), Madrileña Red de Gas, Nortegas o Redexis. En términos de retribución media para el periodo 2021-2026 en el que será de aplicación esta metodología, la actividad de distribución pasará de aproximadamente 1.420 millones de euros resultantes de la metodología vigente a 1.283 millones con la que se ha propuesto. Es decir, de 7.100 a 6.400millones en los cinco años.

La nueva propuesta mantiene el modelo vigente, recalculando la base de la retribución e introduciendo un factor de gradualidad en el ajuste (retribución base a la que se añade un ingreso por captación de mercado). La CNMC sometió a consulta pública la primera propuesta de metodología que, revisaba la retribución base con el valor auditado de los activos, como ya se hiciera en el año 2002. El primer trámite de audiencia se prolongó desde el pasado 10 de julio hasta el 9 de agosto.

En ese plazo, el regulador recibió alegaciones de empresas distribuidoras de gas, comercializadores de gas, comunidades autónomas, sindicatos, consumidores de gas, así como de diferentes tipos de asociaciones e inversores.

La circular que afecta a la retribución para redes de distribución de gas forma parte del paquete de 14 circulares sobre energía que la CNMC lanzó el pasado verano de acuerdo a la potestad que le otorgó el Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo es ponerlas en marcha el 1 de enero de 2020 hasta 2025. Sin embargo, en el caso del gas el plazo es de 2021 a 2026, lo que permite ser más flexible.

En el primer cálculo que hizo la CNMC resultó que la retribución había que bajara en el 17,8% citado entre 2021 y 2026. Ahora, con el recorte del 9,5%, el recorte es menos oneroso, aunque seguramente también será objeto de alegaciones por parte de las empresas afectadas.

07/12/2019|