España recibirá en 2021 hasta 30.000 millones de subsidios de la UE

El Gobierno empieza a hacer los números sobre los fondos que recibirá de Europa para mitigar la crisis económica del coronavirus. La cifra que logró España asciende a unos 70.000 millones en subsidios hasta 2023. Pero ahora hay que encajar qué cantidad entrará en los Presupuestos de 2021, donde podrían incluirse hasta un máximo de 30.000 millones, según cifras todavía provisionales. El Ejecutivo quiere destinar buena parte a políticas para recolocar parados, transición ecológica, rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración o infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.

El 70% de las transferencias del fondo de recuperación europeo llegará en cinco pagos antes de finales de 2022. El primer ingreso no reembolsable será de un 10% de los fondos, y se realizará en cuanto Bruselas haya aprobado el plan de inversiones y reformas que el Ministerio de Economía pretende enviar a mediados de octubre. Los siguientes desembolsos se harán a razón de dos por año en 2021 y 2022. Es decir, cuatro pagos —uno por semestre— que podrían llegar a rondar un 15% de los fondos cada uno. Así se distribuirá el grueso de los 59.000 millones en subsidios del Fondo de Recuperación, según explican fuentes gubernamentales sobre las negociaciones en Bruselas.

Además, se añadirán otros 12.000 millones en dos años del programa React EU, una especie de fondos estructurales que gestiona la Comisión por proyectos y de los que se ponen por adelantado hasta un 50%. Aunque todavía se trata de unas estimaciones en estado embrionario porque el reglamento todavía no se ha cerrado, implica que el Gobierno español podría disponer de hasta 30.000 millones para gastar en los Presupuestos de 2021. La cifra es el equivalente a lo que se pagó por prestaciones de paro en el peor año de la anterior crisis. Y supondría duplicar las inversiones: el año pasado el conjunto de las Administraciones dedicó 25.372 millones a inversiones. La central destinó 6.885 millones.

No obstante, esa cantidad de 30.000 millones se trata, en realidad, de un máximo. Para alcanzarla, dependerá de cómo se termine de perfilar el reglamento de los fondos. Por ejemplo, todavía no se ha concretado si el 10% de prefinanciación será sobre el total o sobre el 70% prometido hasta 2022. También será crucial la capacidad del país para poner en marcha los proyectos y cumplir con los plazos. El dinero solo irá llegando conforme se compruebe que las inversiones avanzan. Si no lo hacen, podría suceder que se retengan las transferencias para algunos proyectos. Por todo ello, a estas alturas es muy difícil dar unos números definitivos. Cualquier cálculo es provisional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que en cualquier caso el techo de gasto de los Presupuestos subiría en una cifra superior a los 20.000 millones gracias a la ayuda europea.

13/08/2020|

El BCE destina más de 64.000 millones a comprar bonos españoles durante la crisis del coronavirus

El Banco Central Europeo (BCE) ha destinado 64.417 millones de euros a la adquisición neta de deuda soberana española a través de sus distintos programas de compra de activos desde el pasado mes de marzo, incluyendo 46.111 millones en compras de emergencia contra la pandemia (PEPP) y otros 18.306 millones mediante el programa de compras de deuda soberana PSPP.

De este modo, entre marzo y julio de 2020, las compras netas de deuda española por parte del BCE representan el 13,3% de todos los bonos soberanos adquiridos por la institución a través de estos dos programas, que asciende a 485.048 millones de euros.

Desde su lanzamiento a finales del pasado mes de marzo, las compras netas de deuda española a través del PEPP suponían el 12,9% del total de 356.837 millones invertido por el BCE en deuda pública de los países de la zona euro, ligeramente por encima de la clave de capital del 11,9% que correspondería a España, mientras que en el caso del programa PSPP, la cifra de bonos españoles adquiridos desde marzo, 18.306 millones, equivale al 14,3% de los 128.211 millones invertidos por la institución.

Sin embargo, a pesar de esta desviación, el país que ha concentrado una mayor atención por parte del BCE durante la crisis del coronavirus ha sido Italia, con un importe total de 109.262 millones de euros en compras netas del banco central, incluyendo 73.432 millones a través del PEPP, el 20,5% del total del programa contra la pandemia, y otros 35.830 millones del programa PSPP, el 28%, cuando la clave de capital del país transalpino del en BCE es del 17%.

De hecho, desde el pasado mes de marzo el banco central ha llevado a cabo más compras netas de deuda italiana que alemana, cuyo importe conjunto durante la pandemia ha alcanzado los 108.475 millones de euros. De esta cifra, un total de 93.016 millones corresponden a compras de emergencia del programa PEPP, el 26% del total, mientras que otros 15.459 millones corresponden a las compras netas del BCE a través del programa PSPP entre marzo y julio, el 12% del total, cuando la clave de capital germana ronda el 26%.

En lo que va de año, teniendo en cuenta las compras netas del BCE de deuda española en enero y febrero, el volumen neto invertido por el instituto emisor a través de ambos programas alcanza los 66.624 millones de euros. El pasado mes de julio, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, indicaba que la institución podría llegar a comprar "si se reproduce lo que más o menos está en la cabeza, este año van a ser 120.000 millones de euros de deuda pública española".

Según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Tesoro ha captado ya 151.900 millones de euros en emisiones a medio y largo plazo, el equivalente al 81,6% de los 185.969 millones previstos en este tipo de papel para este año, con datos hasta la última subasta, celebrada el pasado 6 de agosto.

Asimismo, el organismo público dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha colocado unos 63.500 millones de euros restantes aproximadamente entre los inversores en letras del Tesoro, el 56,8% de lo estimado para el ejercicio (111.688 millones de euros).

13/08/2020|

La Seguridad Social pierde más de 91.600 empresas cotizantes durante la pandemia

El número de compañías que cotizan es un 8,6% menor que hace un año a pesar de que en mayo y junio el registro ha recuperado 41.121 sociedades

El último día de junio había 1,4 millones de empresas con cuenta de cotización en la Seguridad Social. Se trata de una cuenta, similar al número de afiliación de los trabajadores, que debe tener toda sociedad para poder contratar a un trabajador y pagar, a través de ella, las cotizaciones sociales de sus empleados.

Es, por tanto, un indicador de la marcha de la actividad empresarial, ya que la desaparición de estas cuentas obedece, por lo general, al cierre de la empresa, por lo que su evolución también incide sobre los ingresos de la Seguridad Social.

Según los últimos datos oficiales correspondientes al primer semestre del año, durante los primeros dos meses de la pandemia (marzo y abril), un total de 133.757 empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social.

Si bien, a medida que fueron avanzando las fases del desescalamiento por distintas partes de España, en mayo y junio, la actividad empresarial comenzó a reactivarse y en ambos meses la Tesorería de la Seguridad Social recuperó 42.121 empresas cotizantes.

Esto significa que, en términos netos, el sistema ha perdido 91.634 compañías respecto a las que tenía en febrero, antes del inicio de la crisis sanitaria mundial derivada de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Pero el golpe asestado por la pandemia a la actividad empresarial solo ha empeorado una racha de destrucción de sociedades en el registro de la Seguridad Social. Según los datos de junio, en los últimos doce meses ya se habían notificado 132.093 empresas con cuenta de cotización menos en ese periodo. De hecho, en el último año se han destruido empresas en este registro en todos los meses salvo en los citados mayo y junio, en febrero pasado y en noviembre de 2019. Esto supone una caída del 8,6% interanual, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Otra de las cuestiones que refleja este registro es cómo evoluciona el tamaño de las empresas. Precisamente, uno de los puntos débiles de la economía española es el pequeño tamaño de sus compañías, y los datos en lo que va de año no dan buenas noticias respecto a la tarea de aumentar dicho tamaño.

Si se atiende al número de trabajadores de las empresas con cuenta de cotización, se observa que disminuye el número de todas las categorías de empresas. En junio había casi 80.000 firmas cotizando menos que en enero, lo que representó una caída del 5,4%. Pero el recorte fue casi el doble en las empresas de un solo trabajador (9,5%).

La disminución fue superior al 4% entre las empresas de 51 a 100 trabajadores y entre las de 101 y 500. Mientras que donde menor ha sido la caída es entre las de más de 500 empleados, que han experimentado un recorte del 2,6%.

En las medianas y grandes estas caídas no significan que desaparezcan las empresas, sino que pierden trabajadores y bajan a la categoría siguiente, con menos empleados.
Por tanto, la estadística muestra que esto está ocurriendo y que la destrucción de empleo está adelgazando el tamaño de las empresas, lo que es contrario a los objetivos de lograr mayores compañías como herramienta para de mejorar la productividad de la economía.

Por el contrario, en el caso de las micropymes, sobre todo en las que tienen hasta 5 trabajadores, sí es más probable que su caída en la estadística de la Seguridad Social obedezca en muchos casos al cierre de la empresa.

Sobre este asunto ha llamado la atención el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien, con los últimos datos de afiliación en la mano, se ha quejado de la pérdida en el último año de 94.012 empleos de trabajadores contratados por autónomos.

E, igualmente, el registro contabilizaba en junio pasado un total 36.181 trabajadores por cuenta propia con asalariados a su cargo menos que en el mismo mes del año anterior. Esto representa una caída del 8,1% interanual.

13/08/2020|

Trabajo ultima un subsidio excepcional para 550.000 parados que han agotado las ayudas

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios están ultimando un subsidio extraordinario para los parados que hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, apuntan varias fuentes del diálogo social a EL PAÍS. Esta es la primera pata de un pacto en ciernes que llegaría a unos 550.000 desempleados y consiste en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre. La segunda parte es una mejora en la forma en que se calcula la prestación de afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. En este caso, la cifra de beneficiarios llega a 150.000.

El “escudo social” del que hablaba el Gobierno en las primeras semanas de la pandemia adolecía de una carencia: ¿qué pasaba con los parados que estaban cobrando una prestación y, por tanto, consumiéndola sin poder buscar un nuevo trabajo por las restricciones del estado de alarma? Al fin y al cabo, los afectados por ERTE cobran una ayuda extraordinaria que no resta derechos del seguro de desempleo que han ido acumulando. Los sindicatos llevaron este argumento a las mesas de negociación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pero no tuvo eco hasta que se trató la última prórroga.

En el decreto que los prolongó hasta el 30 de septiembre, se incluyó una disposición adicional que obligaba al Ministerio de Trabajo, “a la mayor brevedad posible”, a reunirse con CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para buscar “posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo”. El mismo punto habla de “tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la covid-19 a las personas con varios contratos a tiempo parcial”. Así, en las últimas semanas —en paralelo a las conversaciones suspendidas en agosto para regular el teletrabajo y dos reglamentos sobre igualdad salarial— se han negociado esas “soluciones”.

“Está casi todo. Solo estamos a la espera de recibir la redacción para ver cómo se concreta lo que hemos hablado”, resume un negociador. Hasta que no llegue el texto —algo que se está retrasando sobre los plazos comprometidos inicialmente— nadie dará el acuerdo por cerrado definitivamente.

El pacto que se ha perfilado consta de dos patas, siguiendo la disposición del decreto de junio. La primera consiste en la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses para aquellos parados que hayan agotado su prestación contributiva o la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. A diferencia de lo que sucede con otros subsidios, este no precisará de una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que esto no será un requisito.

Fuentes sindicales apuntan que los beneficiarios potenciales serían unos 550.000 trabajadores, según los datos estimados que se han manejado a lo largo de las conversaciones. Es decir, suponiendo que se cumple ese cálculo preliminar y todos cobran la ayuda durante ese trimestre, el coste total sería de unos 710 millones.

Ambas cifras quedan lejos de los volúmenes que se manejaron en otras medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la pandemia. Los ERTE han llegado a amparar a 3,4 millones de trabajadores y han supuesto hasta ahora el desembolso de más de 9.000 millones entre abril y julio (3.300 millones solo en mayo). La prestación extraordinaria para autónomos ha protegido a más de 1,4 millones y ha supuesto un gasto mensual de unos 1.200 millones.

13/08/2020|

La economía española es la más rezagada de los países ricos por la pandemia

La actividad en España retrocedió en julio un 0,63% frente al repunte del 0,93% de los países industrializados, según la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata que la economía española es de las que se está quedando más rezagada como consecuencia de la pandemia. Según los indicadores adelantados del organismo, España es la que registró una mayor caída en los datos de julio. Mientras que la media de los países industrializados se anotaba un repunte del 0,98%, la actividad en España retrocedía un 0,63%.

Además, era de las pocas economías que caía. Eslovenia, Eslovaquia, México y Australia también cedían, pero bastante menos: 0,25%; 0,24%; 0,11% y 0,09%, respectivamente. Fuera de los 33 de la OCDE, solo un país perdía más que España: Sudáfrica, un 0,96%.

Estos indicadores avanzados sirven para hacerse una idea sobre cuáles son las perspectivas de la economía. Se elaboran con cifras de órdenes industriales, inventarios, parámetros financieros, encuestas de confianza, estadísticas de sectores importantes o cifras de socios comerciales. Y suelen anticipar el comportamiento de la economía unos seis o nueve meses antes. De esto se infiere que la actividad nacional se estaría quedando por debajo de la del resto de países, en los que por el contrario se percibe un cierto fortalecimiento, si bien todavía en niveles más bajos que antes del coronavirus.

La institución señala que estos guarismos no deben tomarse como una medida, sino más bien como una señal del vigor de la actividad y de hacia dónde va el ciclo económico. “Tratan de captar si hay un cambio de tendencia antes de que ocurra”, explica el organismo en su página web. Y la magnitud de la caída debería tomarse como una señal del grado de fortaleza que tiene esa tendencia que marca.

Otro punto muy preocupante es el nivel donde se ha situado la economía española. Para estos indicadores de la OCDE, los 100 puntos serían el equivalente a la tendencia media de crecimiento. España se encuentra ahora mismo en los 93,7 puntos, siete puntos menos que hace un año. De entre todos los países de los que hay datos, los 33 de la OCDE más otras seis economías grandes, solo la República Checa y Eslovaquia se hallan peor, con 92,7 puntos.

El Banco de España ya había apuntado que la economía española tiene una composición sectorial que hacía que, para unas restricciones similares por la pandemia, su actividad cayese más que la del resto de la zona euro. Sobre todo, por el mayor peso del turismo, la hostelería, las actividades de ocio y el transporte. La propia OCDE ya elaboró un informe en el que señaló que España es el país con una mayor proporción de puestos de trabajo que conllevan riesgo de contagio por coronavirus. El organismo estimaba que el 56% de los empleos requieren contacto físico o proximidad al público frente a una media de la OCDE ligeramente inferior al 50%. Si además se suma que, según los datos de Google y Apple, España es uno de los países que más limitó la movilidad, el resultado es el que empieza a vislumbrarse en las estadísticas de la OCDE: las perspectivas para la economía española son peores que para el resto. Si se compara con la media de la zona euro, esta mejora un 0,64% en julio, según el indicador adelantado de la OCDE.

Con datos hasta marzo, la OCDE también calculó que los españoles fueron los que más sufrieron en el primer trimestre del año el impacto económico de la pandemia. Su renta disponible per cápita disminuyó un 3,22% entre enero y marzo, la mayor caída de todas las computadas en la base de datos de países de la OCDE. Es más: en ese mismo periodo la media de las familias de la OCDE incluso aumentó sus rentas un 0,1%. Este desplome en España era menor de lo que lo hacía la actividad gracias a las medidas de apoyo a las rentas como los ERTE. Los datos del primer trimestre ya incluían dos semanas de hibernación, pues el confinamiento empezó en España el 14 de marzo. Aunque en Italia los problemas por el virus comenzaron unos días antes, sus rentas familiares solo perdieron un 1,8%. Quizás porque los confinamientos iniciales fueron solo en el norte del país y por tener una menor dependencia del turismo y el automóvil. La capacidad de teletrabajar también puede explicar parte de estas diferencias. De acuerdo con el indicador adelantado de la OCDE, mientras que España pierde siete puntos respecto a hace un año, Italia solo cae 3,7 puntos.

Las previsiones económicas de la OCDE también reflejan que España es la economía más amenazada del G20 por los efectos de la covid-19. En junio pronosticó que el PIB español se hundiría entre un 11,1% y un 14,4%, dependiendo de si se producían o no rebrotes.

Según los indicadores compuestos de la OCDE, los principales países están consiguiendo un “continuado fortalecimiento de la actividad” y muestran incrementos positivos en julio. No obstante, tras la fuerte alza de junio, los indicadores “se han ralentizado inevitablemente en la mayor parte de las economías”, dice el organismo. En China incluso se han revertido las señales que aparecieron en junio mostrando que la actividad se iba aproximando a cotas precovid.

13/08/2020|

La subida salarial de los nuevos convenios se recorta al 1,6%

Entre enero y julio casi 300.000 trabajadores han firmado un nuevo convenio colectivo frente a los 1,2 millones que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

El tsunami que está viendo el mercado laboral español por el golpe de la pandemia de Covid-19, con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como herramienta estrella para salvar millones de empleos, ha dejado los convenios colectivos en un segundo plano.

Las negociaciones de estos convenios quedaron prácticamente paralizadas desde el inicio de la pandemia, de mediados de marzo hasta mayo. De hecho, entre enero y julio de este año, apenas 300.000 asalariados se vieron afectados por la firma de nuevos convenios frente a los 1,2 millones de trabajadores que firmaron sus nuevos acuerdos en los siete primeros meses del año pasado, según las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Junto a esta evidente ralentización del proceso negociador de los nuevos convenios, se observa que la pandemia ha empezado a dejar una tímida huella en las condiciones salariales que se están pactando en forma de un menor avance. Así, el aumento salarial medio pactado para 2020 en los 188 convenios firmados para casi 151.000 trabajadores en lo que va de año bajó al 1,69% frente a la subida de 1,95% que se pactó para 6,7 millones de trabajadores para 2020 en 2.438 convenios firmados en años anteriores. Las mejores perspectivas de estos ejercicios previos explican que los incrementos previstos fueran mejores.

De hecho, las previsiones de las compañías que firmaron su convenio de empresa este año, aún acordaron unas condiciones salariales más bajas: con alzas del 1,63% para 24.544 empleados frente al 1,70% de los convenios sectoriales que se han firmado en lo que va de año para 126.212 trabajadores.

No obstante, el incremento salarial pactado medio global hasta julio para 6,9 millones de trabajadores se sitúa en el 1,94% frente al 1,98% en el que arrancó el año. Esto se deben al enorme peso de los 6,7 millones cuyos convenios fueron firmados en años anteriores (con mejor situación económica) pero fijaban las condiciones salariales para 2020. Desde la patronal CEOE advierten que estos resultados son además “muy provisionales” debido a que el registro de convenios se cierra 18 meses después de terminar el año.

Además, es previsible que estos avances salariales sigan desacelerándose en meses posteriores. Muestra de ello es el convenio colectivo de las antiguas cajas de ahorros que, a finales de julio, acordó congelación salarial para 68.000 empleados hasta 2022, cuando los sueldos subirán el 0,75%.

En este escenario de parálisis negociadora, las empresas y los representantes sindicales deben empezar a negociar el próximo Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC), que es la guía de las cúpulas de CEOE, CC OO y UGT para los negociadores de convenios. La idea de los firmantes evaluar en septiembre el actual acuerdo e iniciar la negociación del próximo.

El pacto vigente recomienda alzas salariales de entre el 2% y el 3% para este año, que se antojan una meta difícil para el próximo. Aunque el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha asegurado que los sindicatos “no renunciarán a mejoras salariales en los convenios porque sin ellas no llegará la recuperación”, Si bien, admite que el próximo pacto, como los anteriores, dará margen de adaptación a las empresas.

13/08/2020|

Nuevo subsidio de 430 euros para los parados que agoten sus prestaciones

Los parados que hubiesen agotado su prestación o el subsidio por desempleo entre el 14 de marzo, cuando se impuso el estado de alarma, y el 30 de septiembre, cuando se prevé que finalicen los Ertes por fuerza mayor, tendrán derecho a cobrar un subsidio por desempleo durante 3 meses. Así lo está negociando el Gobierno con los agentes sociales, una medida que ya se pactó en el último acuerdo firmado el 26 de junio y que quedó plasmado en el RDL 24/2020 de ese mismo día.

Según la última propuesta presentada de forma verbal por Ministerio de Trabajo a empresarios y sindicatos, la prestación rondaría los 430 euros y los beneficiarios (parados que perderán su prestación en este periodo) se calcula en unos 550.000. Teniendo en cuenta que los tres meses supondrán un coste de 1.290 euros por cada prestatario, arroja un montante para las cuentas del Sepe (Servicio Público de Empleo) de 710 millones de euros.

A la espera de recibir por escrito la propuesta para conocer algunos pormenores, fuentes de los sindicatos apuntan que el espíritu del nuevo subsidio es que aquellos parados con derecho puedan cobrar el subsidio con carácter retroactivo, siempre en función del cuando agotasen la prestación.

En definitiva, la pretensión de los sindicatos, que llevan meses pidiendo este tipo de subsidio según señala Mari Cruz Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, es equiparar los derechos de los parados con los de los trabajadores que han estado cobrando una prestación por estar en un Erte. En el caso de estos últimos, el tiempo se ha detenido mientras han estado cobrando la prestación, y no se tendrá en cuenta si en un futuro tienen que acudir al servicio de desempleo.

Sin embargo, un parado que estuviese cobrando el paro ha seguido agotando su prestación durante todos estos meses generando una cierta discriminación. Además, la realidad es que durante este periodo es muy complicado que hayan encontrado empleo, por lo que los agentes sociales demandaron que se aplicase un periodo de gracia en que no se contabilizase la prestación.

El Gobierno presentó en un principio una propuesta que no fue aceptada por los sindicatos al entender que era insuficiente, frente a la última que les ha hecho llegar telefónicamente. UGT considera que es necesario que se apruebe lo antes posible, para evitar que aquellas personas que se han quedado sin prestación o subsidio no carezcan de ingresos. Su intención fue que se aprobase en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Ahora, la pretensión, es que el texto esté acordado y listo para el primer consejo a la vuelta del verano.

Desde CEOE aclaran que el tema se propuso a finales de julio para retomar a finales de agosto. En la patronal matizan que habría que ver el tema de disponibilidad presupuestaria, aunque por su parte no han planteado objeciones al planteamiento inicial.

El pasado lunes 3 de agosto se mantuvo la última reunión de la mesa de negociación abierta entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales que decidió cerrar las reuniones hasta finales de este mes por petición de la CEOE, según apuntas fuentes del Gobierno y sindicales que consideran que los plazos van a ser muy ajustados si se tiene en cuenta que los Ertes finalizan el 30 de septiembre.

No obstante, sí habrá contactos telefónicos e, incluso, el Gobierno podría remitir algunas propuestas de los temas que han quedado pendientes (renovación de los Ertes, anteproyecto de Tiempo Parcial o el nuevo subsidio).

13/08/2020|

Así ayudan las grandes economías europeas a sus empresas y trabajadores frente a la pandemia

España cuenta con el menor paquete de avales públicos ante las grandes potencias de la UE, pero es el país que más lo utiliza para garantizar liquidez a autónomos y empresas

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a sacar toda su artillería para paliar los efectos que las medidas de contención del virus han provocado en empresas y trabajadores. Para ello, se utilizaron tanto instrumentos presupuestarios -cambios en la política impositiva y partidas de gasto en forma de subvenciones, pagos directos y cobertura de los costes fijos operativos de empresas y familias- como instrumentos sin un coste presupuestario directo, a través de programas de avales públicos para líneas de liquidez bancaria, de créditos directos a empresas o incluso de recapitalizaciones de empresas en dificultades.

Según recoge un estudio publicado este lunes por el Banco de España, las medidas adoptadas a través de los programas de avales públicos han sido las más extendidas y generalizadas entre las principales potencias de la UE, como Italia, Alemania o Francia, así como en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, entre estos países, España cuenta con el menor paquete de garantías públicas, con una cuantía de 100.000 millones a través del ICO (8% de su PIB), pero es el país que más lo ha utilizado para garantizar liquidez a empresas y autónomos hasta el mes de junio. Este último se suma a la nueva línea de 40.000 millones de euros para fomentar la inversión empresarial que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en julio.

Alemania, por su parte, moviliza con su programa de garantías públicas 820.000 millones de euros (el 24% del PIB) dirigidos a autónomos y empresas, mientras el paquete de avales italiano asciende a 450.000 millones de euros (el 25% del PIB) y el francés, a 300.000 millones de euros (12% de su economía) para préstamos bancarios corporativos. En el caso de Reino Unido, algunos de sus planes de apoyo a la liquidez tienen una naturaleza distinta a la de los Estados miembros de la UE (al igual que en EE UU), aunque el importe total se cuantifica en 380.000 millones de euros.

En este punto, a pesar de que el programa movilizado por el Ejecutivo español destaca por su bajo importe, en junio el país ya había utilizado más del 50% de sus recursos, en tanto que Francia se quedaba en el 35%, Reino Unido sobrepasaba ligeramente el 10%, al igual que Italia, y Alemania lo hacía en escasamente un 5%.

De esta manera, el Banco de España observa que los programas de avales adoptados presentan una naturaleza y un funcionamiento similares, pero que las características específicas referidas al volumen total de los programas, los plazos, los niveles de cobertura y el coste de las mismas varían entre países. Además, advierte que, a la hora de comparar la cuantía de los planes, hay que tener en cuenta que la estructura y el tamaño de los ingresos y gastos públicos son significativamente diferentes en cada nación.

Estas ayudas al tejido empresarial son parte de los mecanismos extrapresupuestarios, que operan a través de la concesión tanto de avales públicos como de financiación directa (en menor medida) y recapitalizaciones. Aunque, por otro lado, están las medidas presupuestarias tributarias y de gasto público. Entre estas se observan fundamentalmente dos estrategias: si las ayudas a las empresas se materializan principalmente por la vía de pagos directos y subvenciones a fondo perdido, como en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, o si lo hacen por la vía de coberturas para aplazamientos del pago de suministros, alquileres e hipotecas, como en España.

En algunos países (España, Italia y Francia), estas disposiciones se complementaron con prórrogas o subvenciones de costes financieros, introduciendo moratorias de préstamos e hipotecas. En paralelo, debido al acusado impacto de la pandemia sobre los sectores especialmente expuestos a las medidas de confinamiento, algunos países aprobaron paquetes específicos de ayuda dirigidos a ramas como el turismo, el ocio y la hostelería.

13/08/2020|

La recaudación baja un 30% en el confinamiento y un 11% en el año

La recaudación neta de la Administración, tanto por tributos como por cotizaciones sociales a la Seguridad Social, empieza a dar muestra de debilitamiento a partir de abril con un claro deterioro de los ingresos totales, que el Estado absorbe por entero. Así, las cotizaciones de abril caen un 6% en relación al año anterior y las de mayo y junio en un 14%. En cuanto a los ingresos tributarios, su cuantía total cae en torno a un 30% en relación a 2019 en abril, mayo y junio y el acumulado hasta este último mes en un 11%, según se recoge en el quinto boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid de Fedea publicado este martes.

El informe matiza que se centra en los ingresos gestionados por la AEAT (Agencia Tributaria) y no entra en los tributos de gestión directa de comunidades y ayuntamientos, aunque sí recoge el desglose de los ingresos de la AEAT entre las distintas administraciones. El grueso de estos ingresos se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas de régimen común (quedan fuera el País Vasco y Navarra), mientras que una pequeña parte corresponde a las corporaciones locales. Por este motivo, las cifras en las administraciones territoriales reflejan sus ingresos mensuales por las entregas a cuenta y liquidaciones de los distintos impuestos de gestión estatal.

Partiendo de esta premisa, el Gobierno central sufre la peor parte, pues los ingresos que se queda se reducen en torno a dos tercios durante abril y mayo y pasan a ser negativos en junio (indicando que el Estado está pagando más de lo que recauda en entregas a cuenta a las administraciones territoriales). Lo que explica que los ingresos estatales acumulados hasta junio caen casi un 35%, mientras que los de las comunidades autónomas aumentan en torno a un 11%.

El informe de Fedea explica que el grueso de la caída refleja el descenso de la actividad y los aplazamientos de pagos tributarios que han sido autorizados en los recientes decretos de medidas paliativas de la crisis del Covid, que han supuesto una pérdida (en principio transitoria) de recaudación hasta junio de unos 3.400 millones.

En la partida de gastos, Fedea analiza los del Estado, las regiones y la Seguridad Social, contabilizados con un criterio de caja, aunque en la quinta entrega del boletín de seguimiento del Covid, los datos de gasto llegan hasta junio para el Estado y la Seguridad Social y están disponibles solo hasta mayo en el caso de las comunidades. A nivel autonómico, el impacto de la crisis es poco significativo, con la excepción puntual de abril, y proviene en buena parte del fuerte crecimiento del gasto corriente en bienes y servicios del 13,3% en el acumulado hasta mayo, que seguramente es de origen sanitario, en opinión de Fedea.

13/08/2020|

La subida salarial pactada en convenio desciende al 1,94%

Este curso estará marcado por el coronavirus y su crisis económica, donde España es una de las más perjudicadas a nivel mundial, ya no solo por sus efectos víricos, sino por su influencia económica negativa sobre las empresas y sus empleados. En estos primeros siete meses de 2020, los trabajadores han visto reflejado en sus nóminas una bajada en el aumento de sus salarios pactados en convenio colectivo, situándose en el 1,94% de media en los aumentos, su subida más baja desde 2018. A pesar de este frenazo en la mejora de las condiciones medias de los trabajadores, la cifra es 1,36 puntos superior al IPC interanual avanzado de julio (-0,6%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este incremento salarial no cumple con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que hay que tener en cuenta la incidencia del coronavirus en España, ya que el 14 de marzo Pedro Sánchez decretó el estado de alarma "por lo que es posible que desde dicha fecha tanto el ritmo de registro como algunas otras variables relativas a la negociación colectiva se vean afectadas".

En concreto, hasta el mes julio se registraron 2.626 convenios colectivos con efectos económicos en 2020, de los que tan solo 188 se firmaron en los seis primeros meses del año, lo que deja buena muestra de la desaceleración provocada por el Covid-19. El resto, 2.438, se firmaron en ejercicios anteriores, aunque despliegan también sus efectos este año, debido a que el acuerdo comprendía los ciclos desde el 2018 hasta el presente curso económico.

Los nuevos convenios colectivos suscritos hasta julio registraron una subida salarial media del 1,69%, por debajo de las directrices pactadas en el AENC, mientras que los firmados en ejercicios anteriores presentan un alza media del 1,95%. Sumando ambos, el aumento salarial medio de todos los convenios con efectos económicos para este año 2020 fue del 1,94% en los siete primeros meses. Los 2.508 convenios registrados hasta julio daban amparo a 6,9 millones de trabajadores.

De entre todos estos convenios, 1.982 eran de empresas, con efectos sobre 426.639 trabajadores y una subida salarial media del 1,64%. El resto, 644, eran convenios sectoriales, que daban cobertura a más de 6,47 millones de trabajadores aquí en España, con una subida salarial media del 1,96%.

13/08/2020|