Campo reclama apoyo para reformar la Justicia aprovechando la crisis del coronavirus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reclamado lealtad y diálogo al resto de fuerzas políticas con el objetivo de aprovechar "el impulso reformista" al obliga la crisis por el Covid-19 para emprender un profundo proceso de transformación" de este sector, que considera "elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país".

Campo ha hecho este llamamiento durante su comparecencia en el Senado -que estaba pendiente desde su nombramiento tras la última formación de Gobierno- donde ha reclamado acabar "con las inercias partidistas y los diálogos sordos" con el fin de construir acuerdos estables basados en un gran consenso para la Justicia.

"Tengo la convicción de que es posible conseguir un consenso estratégico para reforma estructural en el servicio público de Justicia y para la salida de la crisis", ha manifestado, para añadir que, sin embargo, que ese gran acuerdo de unidad que propone "exige compromisos recíprocos".

Campo ha reconocido también que la crisis de la covid-19 "nos ha puesto a prueba como país" si bien ha permitid demostrar que "las instituciones son eficaces, que la ciudadanía es profundamente solidaria y está unida y que el Estado de Derecho nos protege bajo cualquier circunstancia".

A lo largo de su exposición, Campo ha recordado las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde el inicio de la pandemia y las ha relacionado con los futuros planes del Ministerio, entre los que destaca, como novedad, una reforma de la Ley de Registros Civiles que cree necesaria ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de 2011 que preveía la desaparición de la mayoría de las oficinas del registro civil, más de 8000 actualmente.

Así, promoverá una reforma basada en una iniciativa del PP para adaptar la norma a las necesidades actuales. Este partido propone implantar un nuevo modelo que suprima el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y crear "un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique".

Asimismo, los populares plantean de nuevo una reorganización este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.

En cuanto a los efectos de la crisis, el ministro ha señalado que, según sus previsiones, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentará en 2020 hasta un 31%, llegando al 140% en 2021: más de un millón de nuevos asuntos. Con estos datos, la pendencia se situará en un 175%.

En cuanto a los concursos de acreedores, calculan que el incremento puede ser del 246% para el ejercicio 2020 y del 619% para en 2021. Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 se alcanzarían los 50.000 en 2021.

26/05/2020|

Justicia planea poner en marcha 23 juzgados para casos vinculados al Covid-19

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avanzado a las comunidades con competencias en este área su intención de poner en marcha para finales de año 23 juzgados que atiendan de forma temporal los asuntos derivados de la crisis del coronavirus y que continúen su actividad en 2021. Según explica el Ministerio en un comunicado, Campo ha pedido a los gobiernos autonómicos y a las administraciones competentes "voluntariedad y generosidad" para articular este plan en la reunión que ha mantenido este viernes la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia.

En esa cita, en la que participan también el Consejo General el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, se ha acordado avanzar en la particular desescalada de la Justicia y que el martes se entre en la fase 2, momento en el que acudirá a sus centros de trabajo entre el 60 y el 70 % del personal, con turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la orden por la que se activa esta nueva fase y sus criterios de implantación. Esta desescalada gradual, junto al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio (aprobada formalmente hoy por el Consejo de Ministro), "será clave en la reactivación judicial", ha señalado Campo.

A su juicio, "lo más prudente" era reactivar los plazos en esa fecha para reanudar la tramitación pendiente de los asuntos con las condiciones fijadas ya para la fase 3, cuando está previsto que estén en los juzgados trabajando el 100 % de los efectivos. Mientras, el Ministerio trabaja en el plan de choque que presentará tras levantarse el estado de alarma para reforzar los juzgados mercantiles, de lo social y de lo contencioso-administrativo, los más afectados por el parón de la actividad.

El objetivo, explica, es analizar los diferentes parámetros estadísticos para saber dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos que permitan ayudar a la recuperación económica. Campo ha llamado a "coordinar y conectar esfuerzos" para el éxito de estos planes, que serán analizados de forma exhaustiva para su reedición en 2021. "Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía", ha destacado.

26/05/2020|

Los salarios caerán hasta un 10% en nuevas contrataciones

Los salarios podrían caer entre un 5% y un 10% para la nuevas contrataciones que se reactivarán a partir de septiembre, de acuerdo con el estudio realizado por la consultora Ceinsa, en tanto que los salarios totales se ajustarán hasta un 5% por efecto del desempleo, sobre todo entre los puestos directivos. Se trata de la previsión intermedia realizada por Ceinsa tomando como referencia las previsiones macroeconómicas del Banco de España, en las que el PIB cae un 9,2% en 2020 y la tasa de paro se eleva al 19%, con poca recuperación de la actividad en el tercer trimestre y una normalización casi completa en el cuarto.

Entre junio y agosto la consultora augura que los salarios de mercado se mantendrán porque las nuevas contrataciones no tendrán demasiado efecto, si bien prevé ajustes en sectores como el comercio minorista o el turismo de entre el 8% y el 12%, más por despidos que por rebajas salariales. A partir del segundo semestre de 2021 los salarios tendrán una clara recuperación, si bien no volverán a los niveles previos a la crisis hasta 2023.

En su estudio, Ceinsa hace también previsiones para los otros dos escenarios previstos por el Banco de España, uno más optimista y otro más pesimista. En el escenario más pesimista, con una caída del PIB del 13,6% y un paro del 21,7% en 2020, el ajuste salarial entre junio y agosto podría ser de entre el 10% y el 15% para puestos poco cualificados, mientras que a partir de septiembre sin una actividad económica aún normalizada las retribuciones ofrecidas para nuevas contrataciones descenderían entre un 10% y un 20%, según las posiciones.

En general, los salarios totales se ajustarán, teniendo en cuenta que habrá pocas contrataciones, entre un 8% y un 13% para puestos directivos y entre un 2% y un 4% en puestos no directivos. Para las previsiones más optimistas, con una caída del PIB del 6,6% en 2020 y una tasa de paro del 18,3%, Ceinsa pronostica entre junio y agosto un descenso de la remuneración en puestos pocos cualificados del sector turístico de entre un 3% y un 5%.

26/05/2020|

El Gobierno se compromete a llevar la contrarreforma laboral al diálogo social

El Gobierno de Pedro Sánchez abrió esta semana un inesperado frente en el marco de la solicitud de la prórroga del estado de alarma que le costó una disputa interna, dejar en el aire su estrategia de alianzas parlamentarias y tener que dar muchas explicaciones. El pacto del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para asegurarse su abstención a la quinta ampliación recogía la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012 en plena crisis por la pandemia, algo que fracturó la relación con la patronal de empresarios y llevó al Ejecutivo a comprometerse este viernes a llevar esa contrarreforma al diálogo social.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en el que se ratificó la extensión del estado de alarma, que el dialogo con las organizaciones empresariales y sindicales “es más importante que nunca” y ligó las reformas en materia laboral tanto al diálogo social como al político.

"Solo de la mano del dialogo social vamos a llegar acuerdos beneficiosos para todas las partes", dijo, añadiendo que "la intención del Gobierno ha sido, es y será la negociación de todas las cuestiones laborales que tenemos planteadas en nuestra hoja de ruta en el marco del diálogo social". En este sentido, Montero explicó que la derogación de la reforma laboral es en realidad “un concepto” tras el que está la idea de impulsar un “nuevo Estatuto de los Trabajadores”,

La ministra señaló que desde la aprobación de esa reforma en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy "sin ningún tipo de negociación con el resto de fuerzas políticas" puesto que contaban con mayoría absoluta, las formaciones que componen el Gobierno actual han pedido un cambio de legislación. Con ello, explicó que esta intención se recoge en acuerdo programático de investidura enmarcado en el diálogo con los agentes sociales y aseguró que desde el Gobierno van "todos a una" aunque haya "distintas sensibilidades".

El pacto que dio a conocer la formación abertzale suponía ir un paso más allá del discurso que venía manejando el Gobierno antes de desatarse la pandemia, cuando hablaba de derogar solo los aspectos “más lesivos” de esta regulación. Al desatarse la polémica, el ala ortodoxa del Ejecutivo obligó al PSOE a rectificar, abriendo un duro enfrentamiento entre ministros y vicepresidentes que se hizo público en declaraciones contradictorias.

Así, una de las consecuencias fue la ruptura con la gran patronal de empresarios que el pasado jueves, tras darse a conocer por sorpresa la noticia, decidió abandonar las reuniones de negociación con el Gobierno. El jefe del Ejectuvio, Pedro Sánchez, fue el que llamó en persona al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para intenatar relajar tensiones. Por su parte, la ministra Montero el viernes volvió a tender una mano a la patronal y dijo confiar en "su persona" y conocer "el sentido de la responsabilidad" del presidente de la CEOE, señalando "que no es un patriota de boquilla", dado que defiende siempre el interés general y el "legítimo interés" de las empresas.

Además, la ministra justificó el acuerdo con Bildu en la necesidad de “amarrar los apoyos” para garantizar la prórroga del estado de alarma que permite ordenar el confinamiento de la población protegiéndola de la pandemia. Montero sostuvo que la “dimisión de responsabilidad del PP” y la “dinámica imposible” de otros partidos progresistas, en referencia a ERC, obligaron al Gobierno a negociar aspectos ajenos al decreto.

"Lo deseable hubiera sido es que el principal partido de la oposición no hubiera dimitido de su responsabilidad", dijo, añadiendo que "lo lógico hubiese sido también que las fuerzas progresistas no hubieran entrado en una dinámica imposible".

26/05/2020|

Sánchez anuncia que el primer pago del fondo de 16.000 millones se hará en julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado el domingo a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que el primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros se realizará el próximo mes de julio y el resto se abonará en meses alternos, concretamente en septiembre, noviembre y diciembre, según han informado fuentes autonómicas.

Asimismo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento del coronavirus, que a partir de esta semana el Ejecutivo comenzará a negociar con las formaciones y los Gobiernos autonómicos los criterios de reparto de dicho fondo.

Durante la undécima videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Sánchez ha insistido en que la "magnitud" de la crisis justifica esta medida, que anunció por primera vez a principios de mayo para que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás".

En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo planteó que el fondo tendría un impacto de 10.000 millones de euros para el gasto sanitario, que es donde más están invirtiendo los gobiernos autonómicos. Asimismo, 5.000 millones de euros tendrían como objetivo paliar las consecuencias de la "caída económica", mientras que los 1.000 millones de euros restantes irían destinados al gasto social.

Este domingo, Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos la importancia de "resolver cuanto antes" los criterios de reparto para así poder "transferir cuanto antes" los fondos, según las fuentes informantes. Por otro lado, el presidente ha informado a los dirigentes de las comunidades de los debates que existen actualmente en el marco europeo para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Así, ha hablado del marco financiero plurianual y del fondo de recuperación, íntegro de transferencias y no de préstamos.

Para Sánchez, es "un buen primer paso" sobre el que cada Estado se está posicionando: mientras que los países del este quieren hablar del marco financiero, otros como Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia no quieren mutualizar la deuda, aunque ha comentado que esto ya se da "de facto". El jefe del Ejecutivo ha recordado que en el mes de junio la Presidencia de la UE pasará a Alemania y que este país quiere finiquitar este debate y tomar una decisión cuanto antes.

26/05/2020|

El Ejecutivo insta a potenciar el turismo nacional y avanza la convocatoria del Consejo Interterritorial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los presidentes autonómicos que potencien sobre todo el turismo nacional para que sea el que "empuje y tire del carro" de cara a la temporada de verano, y ha anunciado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, convocará próximamente el Consejo Interterritorial para consensuar medidas con todas las comunidades.

Según han informado fuentes autonómicas, Sánchez ha comunicado a los presidentes, en la undécima reunión que mantiene con ellos desde que se decretó el estado de alarma, que el Gobierno está elaborando protocolos para implantar medidas de seguridad en el ámbito turístico como paso necesario para garantizar un regreso seguro a la normalidad en este sector.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la idea que ya anunció ayer, y es que espera que a finales de junio o principios de julio todo el país recupere la libertad de movimiento. Por eso, ha instado a los presidentes a comunicar a la ciudadanía que ya puede empezar a planificar sus vacaciones para los meses de julio y agosto, un planteamiento que también quiere dirigir al turismo extranjero.

Aunque no ha concretado la fecha del Consejo Interterritorial, Sánchez considera que este es el mejor foro para que la ministra debata con las comunidades autónomas acerca de la reactivación de la actividad turística, después de que algunos presidentes solicitaran una videoconferencia monográfica sobre el tema.

Según las fuentes consultadas, durante la reunión el presidente ha destacado que el turismo, sector en el que también ha incluido el ocio y la cultura, ha sido el sector más beneficiado por las líneas de avales ICO, pues hasta el 18 de mayo se han financiado más de 82.000 operaciones, lo que ha beneficiado a 64.000 empresas. También ha comentado que casi 3 de cada 10 trabajadores acogidos a ERTE corresponden a actividades de hostelería y turismo.

26/05/2020|

Economía trabaja con la CNMV para evitar los desplomes en Bolsa

La decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de levantar la prohibición de posiciones en corto el pasado martes trajo consigo fuertes desplomes en la Bolsa española, arrastrada por empresas como Telefónica o Bankia. Las caídas de esta última, que finalmente perdió en la semana un 8,4%, cobran especial protagonismo puesto que el Estado tiene una participación de más del 60% a través del BFA Tenedora de Acciones, propiedad al 100% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La ministra portavoz María Jesús Montero ha desvelado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento del coronavirus, que el Ministerio de Economía estaría trabajando con la CNMV para que la medida tomada hace unos días deje de impactar en los mercados. Durante la sesión en la que se comenzó a permitir el incremento de posiciones cortas, el Ibex cedió un 2,5% con caídas del 11% en Bakia o el 9% en Telefónica.

La decisión del organismo presidido por Sebastián Albella se tomó "tras analizar la evolución del mercado y de las circunstancias que motivaron su adopción, y en contacto con los supervisores de valores europeos que tienen adoptada una medida similar". De hecho, el mismo día, se levantó este veto en los mercados de Francia, Italia, Austria, Bélgica y Grecia, dejando en el parqué italiano caídas del entorno del 2%.

La creación o el incremento de posiciones cortas se prohibió el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, "ante la situación de extrema volatilidad que atraviesan los mercados de valores europeos, incluyendo los españoles, su evolución en el contexto de la situación creada por el virus Covid-19 y el riesgo de que en las próximas semanas puedan producirse movimientos de precio desordenados".

Durante su comparecencia, Montero también ha subrayado que el Gobierno continuará con las emisiones de deuda del Tesoro, que afirma "están teniendo muy buena acogida". Además, añadió esta semana se dispondrá del "mapa global de la emisión de deuda definitiva de nuestro país", puesto que se conocerán más detalles de las medidas que pone en marcha Europa para ayudar a los países más afectados por esta crisis, como España, con instrumentos como el reaseguro de desempleo o el MEDE.

Tan solo en el mes de mayo, el Tesoro ha celebrado cuatro subastas en las que ha colocado más de 20.000 millones de euros a un interés que, en la mayoría de los casos, ha sido menor gracias a a la intervención de urgencia que realizó en marzo el Banco Central Europeo (BCE) para intentar paliar las consecuencias económicas del coronavirus.

26/05/2020|

El Gobierno francés recomienda no viajar a España

La ministra de Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, Élisabeth Borne, ha irrumpido en el debate sobre el turismo de verano con unas declaraciones en las que "invita" a sus compatriotas a no viajar al extranjero y en particular ha mencionado a España por sus medidas "contradictorias".

En declaraciones a la emisora de radio France Inter, Borne afirmó que no puede "recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, (pero) al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio", ha señalado en referencia a la cuarentena de 14 días para cualquier persona que llegue en avión anunciada por el Gobierno español.

"Hemos dicho muy claramente a los franceses que hoy tenemos que organizar nuestras vacaciones en Francia. No estamos invitando a los franceses a planear vacaciones en el extranjero", ha remachado. Borne, que también se encarga de la cartera de Transportes, instó a los franceses a hacer reservas vacacionales para julio y agosto y señaló que sobre el mes de junio tomarán decisiones "la próxima semana".

La ministra ha destacado además en la entrevista el "civismo" demostrado por los franceses y les ha invitado a mantener "las medidas de barrera que ya conocemos todos" y en su ámbito ha destacado que Air France se ha comprometido a reducir vuelos en rutas para las que existe una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y 30 minutos.

Además ha defendido el uso de la bicicleta más allá del centro de la ciudad. "Estoy convencida de que cuando pruebes la bicicleta, seguro que la adoptarás"", ha asegurado. "La lógica es simple: dar la máxima libertad y no correr ningún riesgo", ha remachado.

Este mismo sábado el Gobierno francés ha confirmado la cuarentena voluntaria de 14 días a cualquier persona procedente de España, que es considerado así como cualquier país ajeno a la UE como medida de "reciprocidad". Sin embargo, el Gobierno español ha subrayado que la cuarentena estará solamente en vigor mientras dure el estado de alarma.

26/05/2020|

Sanidad flexibiliza los paseos: hasta 10 personas en fase 1 y hasta 15 en fase 2

El ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar los paseos en fase 1 y fase 2 de manera que hasta 10 personas puedan realizarlos en fase 1 y hasta 15 en fase dos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que ha publicado una nueva orden en el BOE este sábado 23 de mayo. Toda España estará en fase 1 o fase 2 desde el próximo lunes 25 de mayo.

Esta flexibilización también afecta, por tanto a los menores. "Hoy se han flexibilizado las normas para los paseos con niños y niñas durante la fase 1. Hasta ahora sólo podían salir acompañados de un adulto. A partir del lunes podrán pasear con dos adultos si se quiere, manteniendo las medidas de seguridad", ha tuiteado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Así lo refleja la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. La publicación introduce una nueva disposición adicional para la flexibilización para los desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional.

Por ello, tras la entrada en vigor de esta orden, dejan de ser aplicación a los desplazamientos de la población infantil y a la práctica de la actividad física no profesional las limitaciones respectivamente previstas en los artículos 3.1 de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y 2.3 de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril.

26/05/2020|

La Seguridad Social pagará de oficio el ingreso mínimo vital a 100.000 hogares en junio

El Consejo de Ministros aprobará esta semana la norma para conceder un Ingreso Mínimo Vital a unas 850.000 familias que considera que no disponen de ingresos suficientes para la supervivencia, y que agrupan a 2,3 millones de personas. La Seguridad Social estima que podrá abonar de oficio, sin que la soliciten, la ayuda a cien mil hogares por estar identificados y monitorizados por los datos fiscales. Los primeros abonos se realizarán ya en el mes de junio.

La puesta en marcha de esta nueva prestación de la Seguridad Social, que tendrá un carácter subjetivo como todas las prestaciones públicas y que por tanto se percibe mientras se reúnan las condiciones establecidas, fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tendrá un coste de algo más de 3.000 millones de euros, y una cuantía por hogar variable, en función de las circunstancias personales, pero que oscilará entre los 461 euros y algo más de 1.000. Será, además, compatible con el pago de prestaciones de similar naturaleza establecidas en las comunidades autónomas.

La Seguridad Social confirma que la franja baja de la horquilla de la prestación será similar a la pensión no contributiva del sistema público de pensiones, que es de 395,6 euros por catorce pagas; dado que el Ingreso Mínimo Vital se abonará en doce mensualidades, tendrá una cuantía mensual de 461 euros como mínimo. La cuantía máxima no podrá rebasar el salario mínimo interprofesional (950 euros por catorce), que expresado en doce pagas es de 1.108 euros al mes. En todo caso, la cuantía máxima, que no está aún fijada de forma definitiva, podría ser de 1.015 euros.

Cualquier hogar que tenga ingresos inferiores a la cantidad de 461 euros mensuales podrá tener derecho a la prestación, que complementará los ingresos, si los tuviere, hasta la cantidad mínima fijada, o a la que corresponda al hogar en función de sus características (número de hijos, carácter monoparental, etc.). Para solicitarlo los perceptores potenciales deben tener entre 18 años y 65, o 21 si se trata de hogares de un solo miembro y sin ingresos.

El 20% más pobre de la sociedad aglutina a unos 600.000 hogares, según estimaciones adelantadas ayer por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. "Pensamos que con el Ingreso Mínimo Vital sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda", ha agregado.

26/05/2020|