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Los precios de la energía disparan el IPC al 2,2% en abril, su tasa más alta desde 2018

Los precios subieron en abril un 2,2% en comparación con el mismo mes de 2020, nueve décimas por encima del dato de marzo (1,3%), debido al encarecimiento de la energía que dispara la inflación hasta cotas no vistas desde octubre de 2018.

El indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) está muy influido por el encarecimiento de la electricidad y el mantenimiento de los precios de carburantes y combustibles, que en abril de 2020 bajaban en pleno confinamiento por la pandemia.

Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su cuarta tasa positiva consecutiva, la inflación escala a niveles desconocidos desde hace más de dos años. De hecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada desde octubre de 2018, cuando se situó en el 2,3%. En términos mensuales, abril sobre marzo, el IPC subió un 1,2%, su mayor repunte mensual en nueve años, en concreto desde abril de 2012.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que cifra para abril en un 0,0% interanual, tres décimas menos que en marzo y tasa más de 2 puntos inferior al índice general. En el cuarto mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 1,9%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría siete décimas respecto al mes anterior.

De confirmarse este dato el próximo 14 de mayo, el encarecimiento de la energía intensificaría en abril el fuerte repunte de precios ya registrado marzo (1,3%), tras un 2020 de IPC negativo al que siguió un pequeño aumento en enero de 2021 (del 0,5%, debido a la borrasca Filomena) y estabilidad en febrero (tasa del 0%).

06/05/2021|

Campo emplaza al PP a negociar, sin vetos, la renovación del CGPJ después del 4M

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en su llamamiento al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), argumentado que tras la retirada de la última propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales "ya no hay excusas", y le ha emplazado a retomar las negociaciones después del 4 de mayo, "haya pasado lo que haya pasado" en las elecciones madrileñas.

"Yo espero que el mismo día 5 nos volvamos a sentar con todas las energías, haya pasado lo que haya pasado el día 4, y demos al país lo que está esperando, que es la renovación de sus órganos constitucionales", ha dicho Campo en una entrevista concedida a 'La Mesa de Análisis' de Canal Sur, al ser interrogado sobre este asunto.

El titular de Justicia ha considerado que, después de que el Gobierno pidiera a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos que retiraran la proposición de ley para cambiar las mayorías por las que se elige a los vocales del CGPJ, que permanecía "congelada", y de que así se haya hecho, ya "no hay excusas" para que el PP se niegue a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

No obstante, se ha mostrado consciente de que hay cierta "incidencia" de "elementos políticos" en este tema. "Es lógico. En todo, los acontecimientos de la vida van condicionado", ha razonado, para reiterar: "El día 5, ojalá, sea el definitivo para emprender la recta final y, si no, habrá que buscarlo, porque lo que sí tengo muy claro es que no hay alternativa".

Interrogado sobre el veto del PP a los dos candidatos que habría propuesto Unidas Podemos para el nuevo CGPJ, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, Campo ha contestado que "no es un problema de vetos", sino de elegir a "los mejores" con "amplia mayoría". "Hay que trabajarlo, y el primer nombre que aparece, a lo mejor, no lo veo bien, pero hablando podemos llegar siempre a un punto de acuerdo", ha expuesto.

Sobre la posibilidad de que los partidos del Gobierno renuncien a algún candidato para favorecer el acuerdo, el ministro ha subrayado que "no es una cuestión de renunciar, porque entonces ya implica que uno ha perdido". En cualquier caso, ha defendido que "no parece razonable que vetes a nadie por un párrafo en una resolución", en clara alusión al juez De Prada y a su sentencia sobre la primera época de la 'Gürtel', en la que señaló al PP como partícipe a título lucrativo.

06/05/2021|

Hacienda prevé récord de ingresos públicos en 2021

Las proyecciones fiscales remitidas este viernes por el Gobierno a la Comisión Europea en el Plan de Estabilidad se basan, en buena medida, en la previsión de que la recuperación económica –un avance del PIB del 6,4% este año– mejorará con fuerza los ingresos públicos mientras que el gasto contendrá su avance a medida que la campaña de vacunación ponga coto a la emergencia sanitaria, económica y social. El documento, de hecho, prevé un tímido incremento de la factura mientras que apunta a la recuperación del nivel de recaudación prepandemia este mismo año y a un récord histórico en el conjunto de ingresos públicos.

Del lado tributario, el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, dibuja un alza de la recaudación del 7,6%, hasta los 275.243 millones de euros en 2021. La cifra se sitúa a un paso de los 277.483 millones de 2019, antes de que el estallido de la pandemia diera paso a una pérdida tributaria del 8,8% hasta los 255.809 millones en 2020.

La previsión pasa por un incremento generalizado de la recaudación obtenida con todas las figuras tributarias. En concreto, se espera que, gracias al repunte de la demanda interna, el IRPF arroje 104.709 millones, un 5,9% más, tras resistir 2020 con un alza del 1,2% gracias a las subidas de pensiones, salarios públicos y a los ERTE.

En el caso de Sociedades, que el año pasado se desplomó un 33,2%, se confía en un avance del 13,9% hasta los 25.177 millones en 2021. El IVA, a su vez, dejaría 76.079 millones, un 7,8% más, tras ceder un 11,5% en 2020. Finalmente, los impuestos especiales aportarían 21.491, un 4,6% más, tras caer un 12,1% el pasado ejercicio.

Como resultado, y contando ya con el resto de recursos públicos, como las cotizaciones sociales (que repuntarían un 1,8% mientras el empleo avanza un 4%), Hacienda prevé que el conjunto de los ingresos públicos avance un 5,7% en 2021, hasta los 489.643 euros. “Esto significa que no solo se recuperan, sin que se rebasan las cifras de 2019”, cuando se obtuvieron 487.804 millones, detallan en el Ministerio.

En consecuencia, según los cálculos oficiales, este aumento de recursos frente al del tamaño de la economía, dejará los ingresos públicos en el 40,5% del PIB, frente al 41,3% al que saltó en 2021 y el 39,19% de 2019. El Programa apunta a que la cifra se rebajará al 39,3% para 2024, sin tener en cuenta aún la reforma fiscal en ciernes, aunque sí el efecto de las recientes tasas Google y Tobin o el de la ley antifraude, que se asume reducirá su impacto por la demora que está sufriendo en su tramitación.

Del lado del gasto público, que el año pasado se disparó un 12% desde los 523.441 a los 586.389 millones, la expectativa está puesta en un incremento contenido en 2021, del 0,9%. La factura acabaría el año en los 591.789 millones de euros, equivalente al 48,9% del PIB, frente al 52,28% de 2020 y el 42,05% de 2019. Para 2024 se espera reducir la cifra al 42,5%, aún por encima del nivel precrisis.

06/05/2021|

Hacienda confía en que la cifra del PIB se rebaje al 8,4% este mismo año

Las previsiones fiscales fueron presentadas el viernes por la portavoz del Ejecutivo, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclaró que se trata de una proyección que no incluye aún el efecto de la reforma tributaria que ha prometido a Bruselas abordar en 2022. Pese a ello, la senda dibuja una mejora desde este mismo año gracias a la recuperación económica. Conviene recordar que el déficit público preexistente, del 2,9% a cierre de 2019, saltó al 11% el año pasado (10,09% si no se tiene en cuenta el impacto negativo de Sareb) por el desajuste entre un gasto público disparado para hacer frente a la pandemia y unos ingresos de capa caída por la crisis.

A partir de aquí, Hacienda confía en que la cifra se rebaje al 8,4% este mismo año, una visión más pesimista que el 7,7% estimado en la elaboración de los últimos Presupuestos. La corrección admitió Montero, es limitada frente a los más de tres puntos de rebaja de la previsión de crecimiento para 2021 que Economía publicó a comienzos de mes, lo que achacó a un mejor cierre de lo esperado en 2020, cuando se temía alcanzar un agujero fiscal del 11% sin tener en cuenta la carga del banco malo.

La senda fiscal dibujada por Hacienda supone que en 2021 se lograría la segunda mayor reducción del déficit de la serie histórico, de 2,57 puntos frente a los 3,7 de mejora de 2013. Más allá, plantea un escenario en el que España sería capaz de rebajar un déficit del entorno del 11% a solo un paso de situarse por debajo del umbral de déficit excesivo, del 3%, en apenas tres años, y eso solo por la inercia de la recuperación sin tomar medidas específicas de reconducción.

En la crisis anterior, sin embargo, cuando el déficit saltó al 11,28% en 2009, llevó toda una década de ajustes situarlo por debajo del 3%, una marca que volvió a saltar por los aires en 2020, a consecuencia de la pandemia, tras un leve repunte -por debajo de dicho umbral- el año anterior. A partir de ahí, y siempre sin tener en cuenta las nuevas medidas que se acaben aprobando, el déficit caería al 5% en 2022, el 4% en 2023 y 3,2% en el año 2024. La reducción es especialmente notable el próximo ejercicio por la mejora de la actividad que se espera cuando acabe la emergencia sanitaria, sostuvo Montero.

“La senda de déficit que presentamos es coherente con los nuevos datos de proyección de crecimiento, creación de empleo y desempleo”, aseveró la titular de Hacienda. Inicialmente, Economía había dibujado un incremento inercial del PIB del 7,2% en 2021, que aspiraba a elevar al 9,8% con las ayudas europeas en camino, tras la contracción del 10,8% de 2020. A comienzos de abril, sin embargo, el Gobierno rebajó en 3,3 puntos su previsión, hasta el 6,5% de avance en 2021, tras el mal arranque del año, en el que el PIB habría vuelto a caer un 0,5% según los datos adelantados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de ahí, Economía confía en que el PIB aumentaría al 7% en 2021, y se moderaría al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024.

A diferencia de estas estimaciones de crecimiento, que ya tienen en cuenta el impacto positivo de las ayudas europeas (de entorno a dos puntos adicionales de PIB al año), las previsiones fiscales de Montero no contemplan el impacto de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación. Este anticipa una reforma tributaria a acometer en 2022, cuando el comité de expertos formado por Hacienda para estudiar los posibles cambios entregue su informe de conclusiones.

06/05/2021|

10 regiones firman el convenio de las ayudas directas

Dos semanas después de que el Ministerio de Hacienda remitiera a las comunidades autónomas el convenio que deben firmar para desbloquear el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas, el documento ha sido rubricado por 10 regiones: Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Estas dos últimas, de entre todas ellas, han recibido ya el pago del Estado por ser las primeras en firmar. Hacienda prevé abonar su parte a Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León el 7 de mayo. El Programa de Estabilidad detalla que el Ejecutivo aspira a que el 84% de las ayudas directas vaya a parar a micropymes.

06/05/2021|

España se encuentra cinco puntos por encima de la media europea en autoempleo involuntario

Así se constata en el artículo que ha publicado El Observatorio Social LaCaixa y que lleva por título ‘El autoempleo involuntario y dependiente en España’. El artículo, elaborado por Raquel Carrasco, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Virginia Hernanz, Universidad de Alcalá, muestra que en España hay un 21,7% de los trabajadores autónomos que afirma que lo son de forma involuntaria. El dato no es positivo pues demuestra que el país se sitúa cinco puntos porcentuales por encima de la media europea, donde solo un 16,9% de los autónomos lo son de manera involuntaria. Pese a todo, hay otros países como Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Portugal y Eslovenia que se sitúan por encima del dato español.

Por comunidades autónomas, Galicia es la región en la que hay más trabajadores autónomos que lo son sin quererlo. En Galicia, reza el informe, hay más de un 30% de autónomos involuntarios. Por detrás de ella se sitúan Asturias, Andalucía y Cantabria. Por tango de edad, un 51% de los autónomos involuntarios lo son en profesiones elementales. Esto indica que el perfil de autónomo involuntario es el de joven menor de 30 años, del sector de la construcción o con niveles educativos más bajos. Por el contrario, solo un 12,1% de los autónomos involuntarios lo son en las profesiones más cualificadas.

España se sitúa por debajo de la media en lo referente al autoempleo económicamente dependiente. Un 3,6% de los autónomos españoles son económicamente dependientes, mientras que en la Unión Europea el porcentaje asciende al 8,4%. En este caso, Eslovaquia es el país que se sitúa a la cabeza, seguido de Rumanía, Reino Unido e Italia. En España la región con más autónomos económicamente dependientes es Madrid, con un 7% de ellos. Por detrás se encuentran la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, cuya cifra alcanza el 5%. La comunidad con menos porcentaje de autónomos económicamente dependientes es el País Vasco, con un 1,1%.

06/05/2021|

La CEOE rechaza incentivar más las salidas de los ERTE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, consideró que si el proceso de vacunación estuviera más avanzado se podrían incentivar más las salidas de los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como quiere el Gobierno, y apostó por prorrogar el esquema actual y rebajar la cláusula que 'prohíbe' despedir. Garamendi insistió en que los ERTE deberían extenderse hasta final de año, lo que "no significa que tengas que estar -en ERTE- hasta final de año", y lamentó que, en su lugar, "se ha planteado que cada cuatro meses tengamos la tensión en las empresas".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado públicamente que se incentiven más las salidas de los trabajadores en ERTE que las permanencias en los mismos. Garamendi consideró que se podría discutir esta propuesta "si realmente el proceso de vacunación se hubiera cumplido en los tiempos programados", pero si "se están atrasando y llegan a donde están llegando, es evidente que estamos en la misma situación que hace un mes". Por ello, apostó por extender los ERTE "como hasta ahora, no creo que haya que estar mirando cuál es la fórmula".

Además, calificó de "voluntarista" la cláusula que obliga a mantener el empleo cada seis meses desde la reincorporación del trabajador. "A todos nos gustaría, pero si las empresas, como consecuencia de esas regulaciones están cerradas, es que es casi imposible hacer un mantenimiento del empleo dos años", por lo que "habrá que buscar una fórmula" para que, en caso de despido, se devuelvan las exoneraciones de cuota solo de los trabajadores despedidos, según Garamendi. Esta propuesta ya la pidió CEOE para la última prórroga de los ERTE.

En cuanto al sistema estructural de ERTE que el Gobierno ha comprometido con la Comisión Europea y que se tendrá que diseñar este año, el presidente de la patronal apuntó que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de utilizar este sistema como vía para reducir la contratación temporal, dado que "Europa nos dice que hay que mirar" la temporalidad que tiene España.

Por otra parte, Garamendi defendió la reforma laboral de 2012 en cuanto que "todos los organismos internacionales" han destacado que ha permitido crear empleo e indicó que prácticamente el 60% de los convenios colectivos tiene pactada la ultraactividad por uno o más años. "Se está falseando" el debate y "si la ultraactividad fuera un derecho soberano, tendríamos un problema", advirtió.

Sobre la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, insistió en "la libertad de la empresa para negociar en el ámbito que considere mejor" y quiso precisar que la mayoría de convenios de empresas tienen salarios más elevados que los convenios sectoriales. A su juicio, el esquema actual "está funcionando bien".

06/05/2021|

Los sindicatos destacan que los ERTE han evitado que pasemos del 20% de paro

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han coincidido en valorar la utilidad de los ERTE, que, consideran, han evitado que subiera más el paro durante la crisis originada por el coronavirus. Así lo han destacado en una entrevista que con motivo de la celebración este sábado del primero de mayo han realizado en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, en la que el líder de CCOO ha manifestado que "fuimos capaces de poner en la mesa los ERTE, que seguramente han evitado que estemos pasando el 20% de paro en vez de estar en un 16%".

Álvarez, que reconoció que "se han hecho cosas mal. Lo vemos en las colas del hambre", dijo, sin embargo, que "si no hubiéramos sacado los ERTE del armario estaríamos ante una destrucción de empleo muchísimo mayor. Se han mantenido tres millones de empleos por los ERTE y las ayudas a las empresas". A juicio de Sordo, los trabajadores han sido los que "tiraron de la pandemia, a veces con salarios bajísimos, sin equipos de protección y sin saber cómo era esto del COVID. Esta clase ha sostenido el país y hay que recuperar una serie de reformas para mejorar los salarios y el empleo y para dar certidumbres".

"Cuando se consolide la vacunación -continuó Sordo-, hay que recuperar la agenda de reformas que pasa por subir el SMI, por una reforma de pensiones que abra una perspectiva de que en los próximos años habrá un sistema de pensiones y una reforma laboral que evite que la fórmula actual sea la de temporalidad y despido". Para el secretario general de UGT, "este país vive en un estado de crispación y eso nos hace perder oportunidades", y consideró que "los fondos de la UE no solo deben ser para la economía verde o la digitalización, también para crear empleo de calidad".

"Lo que ha pasado en EEUU -enfatizó Álvarez- ha llevado a los ciudadanos a sentir la necesidad de los trabajadores sindicales. Que los trabajadores estén organizados es la mejor manera de conseguir mejoras (…) En las empresas donde hay sindicación hay contratos más altos, menos accidentes… En los sectores con afiliación sindical hay mejores condiciones". Con respecto a la reforma laboral, Unai Sordo se mostró convencido de que "se puede y se debe dar la vuelta a la reforma laboral actual. Lo de Biden no es anecdótico. Podemos estar frente a un cambio de paradigma para hacer frente a las crisis. Biden reivindica los sindicatos porque a través de ellos construyeron la clase media americana", dijo el dirigente de CCOO en referencia al presidente de EEUU.

Según Sordo, "necesitamos recomponer la redistribución de la renta. En la anterior crisis hubo crecientes desigualdades que han alimentado algunos de los monstruos políticos que empezamos a ver aquí pero que en EEUU llegaron a gobernar en la figura de Donald Trump", el predecesor de Biden. Añadió que "no es verdad que Bruselas le pida a España mantener a viento y marea la Reforma Laboral del año 2012 (…) Tenemos que equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores".

06/05/2021|

El Gobierno incluye eliminar la tributación conjunta en el plan fiscal enviado a Bruselas

El Ejecutivo abre la posibilidad a eliminar la deducción fiscal que tienen los matrimonios cuando declaran el Impuesto de la Renta (IRPF) de forma conjunta. Esta consiste en un aumento de 3.400 euros en el mínimo exento del impuesto sobre la renta. Una medida de la que se benefician 2,1 millones de familias y que supone una pérdida anual de recaudación de 2.400 millones al año.

El cambio está contemplado en el plan de reformas que ha remitido el Ejecutivo a la Comisión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”.

El texto no incluye plazos ni detalles sobre este eventual sistema transitorio y, de hecho, a última hora del domingo el diario El País indicó, citando fuentes del Ejecutivo, que la medida no figura en el componente dedicado a las reformas tributarias enviado a Bruselas, y que esperará a las recomendaciones de la Airef y al comité de expertos para la reforma de los impuestos.

“Lo que hará el Gobierno, y así lo indica expresamente el apartado dedicado a las reformas fiscales, es evaluar las recomendaciones de la Autoridad Fiscal (Airef) y analizar la eficacia y eficiencia de los incentivos fiscales vigentes. Para ello, también se ha creado un grupo de expertos que emitirá su informe en febrero del año 2022. Será en ese momento cuando se planteará qué medidas fiscales son más adecuadas para adecuar nuestro sistema tributario al siglo XXI e impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

El Ejecutivo promueve el cambio fiscal como una política de igualdad para fomentar la incorporación de la mujer al trabajo, en línea con la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef. El organismo abogaba en su informe de beneficios fiscales 2020 por suprimir el sistema, que supone una pérdida de recaudación de 2.392 millones y desincentiva la participación de las mujeres, aunque admitía que cumple su objetivo de beneficiar a hogares con un único perceptor de rentas.

La Agencia Tributaria prevé para la campaña de 2020 más de 3,2 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos que en 2019. La tendencia a la baja se mantiene desde hace años por la participación laboral de la mujer. La declaración conjunta de la renta beneficia a matrimonios en los que uno de los cónyuges no trabaja, o cobra un sueldo muy reducido; cuando lo hacen los dos esta tributación no tiene ventaja fiscal. Los beneficiarios son 4,2 millones de personas, lo que se corresponde con 2,1 millones de hogares, 310.000 de ellos monoparentales.

En términos relativos, la medida afectaría al 12% de las personas (16,9% de los hogares, 18,5% de los contribuyentes), y se traduce en una caída de la recaudación equivalente al 3,3% del total del IRPF. Por edades, beneficia en mayor medida a tramos de mediana y avanzada edad. En particular, los mayores de 55 suponen un 48% del total de beneficiarios y absorben el 51% del coste. Según la Airef, la medida es neutra desde el punto de vista de la desigualdad.

06/05/2021|

El Gobierno contempla diez grandes reformas que van a “revolucionar el mercado de trabajo”

Y que estarán en vigor antes de finales de este año, excepto la Ley de Empleo, de la que ya hay un borrador y que se espera para 2022, ha dicho la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. En una entrevista a La Vanguardia, la ministra ha asegurado que los agentes sociales están implicados en estas reformas, que respetan el acuerdo entre PSOE y Podemos y que se van a dar a conocer esta misma semana.

"No nos vale volver al 1997, ni al 2006. Los problemas estructurales del mercado de trabajo estaban en el 2006, en el 2000, 2001. Por tanto, lo que vamos a hacer es una gran revolución en el empleo en España", ha dicho Yolanda Díaz. Las reformas se refieren a la ley de trabajo a distancia, de transparencia salarial o de los 'riders', de la negociación colectiva y la subcontratación o la formación, y estarán publicadas en el BOE antes de fin de año. "Solo hemos dejado para el 2022 -ha dicho- la ley de Empleo, el nuevo marco para políticas activas, del que ya tenemos un borrador".

"En Europa, nadie puede entender por qué en 2019 tuvimos más de 6 millones de contratos con una duración inferior a siete días. No es posible tejer un país con estas modalidades de contrato. Hay que cambiar también el modelo de arriba abajo", ha señalado la ministra, que ha asegurado que "habrá que justificar la causa por la que un contrato no tiene carácter indefinido".

La ministra ha destacado que "el país necesita tejer un nuevo contrato social. No se puede construir un país, ni recuperar, a pesar de los fondos europeos, un país con un contrato social quebrado. Hay estancamiento en las clases profesionales, en las clases medias, y hay enormes dificultades para desarrollar proyectos de vida con cierta dignidad".

Una de las claves de la reforma es "acompasar la estabilidad del empleo con mecanismos de flexibilidad", ha dicho la ministra, que ha anunciado "siete grandes inversiones" que se van a desplegar en el mercado del trabajo, cuya cuantía no ha concretado. Europa ha acogido de forma positiva el plan de recuperación español y se negocia "con intensidad y dureza, sin lugar a dudas, pero sin grandes problemas", ha destacado la ministra.

06/05/2021|