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La Inspección anticipa multas muy elevadas por horas extra no declaradas

Las sanciones por no implantar el registro horario, de hasta 6.250 euros, serán "insignificantes" para muchos, pero las actas por las horas extra van a ser muy voluminosas. "Las actas de liquidación de horas extra no declaradas van a ser muy importantes". Así lo advirtió ayer Mario Gil Villanueva, inspector de Trabajo y Seguridad Social, en la jornada Tempo RRHH Desconexión digital vs. registro horario que organizaron Lefebvre y Auren. Gil consideró que las sanciones económicas por no haber implantado el registro horario o no haberlo hecho de forma adecuada, de hasta 6.250 euros por centro de trabajo al año, serán "insignificantes" para muchas empresas, pero, en cambio, las actas de liquidación van a ser muy voluminosas.

Cabe recordar que, en España, cada semana de 2018 se realizaron una media de 6,5 millones de horas extraordinarias, de las que 3,6 millones no fueron abonadas ni cotizadas en la Seguridad Social, según el INE (ver gráfico adjunto). Si tenemos en cuenta que las horas extras tienen una cotización idéntica que las ordinarias, la estimación de ingresos por las horas que afloren que maneja Trabajo es de cerca de 500 millones de euros.

Este inspector, que pertenece al Sindicato de Inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, el mayoritario, integrado en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), reconoció, a título personal, el impacto social de la medida, pero consideró que en los últimos tres meses el Gobierno ha cambiado el Derecho Laboral "como si el mundo se fuera a acabar", para lo que a su juicio "no había urgente necesidad".

Para Gil, en la Guía que publicó Trabajo para intentar aclarar el alud de dudas que tienen las empresas, que le ha dejado "insatisfecho", se dice con claridad que sólo quedan exentos de la obligación de registrar la jornada las cooperativas y la alta dirección, pero sí que están obligados en cambio los abogados (ver información adjunta). Por último, consideró que va a ser de gran complejidad la regulación en cada empresa de si deben registrarse las pausas de bocadillo o para fumar. "La labor de los sindicatos va a ser fundamental", señaló.

En este sentido, Omar Molina, director de Laboral en Duran Sindreu, aconsejó a las empresas pactar cómo computan estas pausas una vez analizado el convenio y la costumbre empresarial. En el Criterio Técnico que publicó el lunes la Inspección, se establece que "no se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo".

Molina detalló que en los casos de exceso de jornada porque al trabajador le conviene llegar antes del inicio oficial o permanecer más tiempo en su puesto de trabajo cuando ésta acaba, se está desarrollando un modelo de autorizaciones de la empresa. Pero si ésta lo autoriza, es exceso de jornada. Algunas compañías están acordando compensar excesos con descanso al final del año -la legislación permite hacerlo en un máximo de cuatro meses- o incluso, en el primer trimestre del año siguiente.

Este abogado planteó si el tiempo que un trabajador está conectado es tiempo efectivo de trabajo. Y Juan Chozas, of counsel de Laboral de Auren, exdirector de RRHH de Bankia y, que estuvo al frente de la Secretaría General de Empleo, se preguntó por el encaje de la flexibilidad en este escenario de control.

19/06/2019|

Gobierno y sindicatos de funcionarios firman hoy la subida salarial adicional del 0,25% para julio

El Gobierno y los sindicatos de Función Pública se reunirán esta mañana, a las 10.00 horas para firmar la subida adicional del 0,25% ligada al PIB del salario de los empleados públicos, que se reflejará en la nómina del mes de julio, según ha anunciado el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funciones (CSIF), Miguel Borra, este jueves.

Asimismo, el presidente del sindicato ha señalado que en la reunión también se explicará cómo se va a hacer efectiva esta subida del 0,25% adicional por el comportamiento del PIB, ya que el Ejecutivo todavía no tiene claro si será necesario realizar esta subida vía decreto, o no.

"Gracias a la insistencia de este sindicato se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que la anterior subida del 2,25% se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando", ha señalado Borra en un encuentro con los medios.

En concreto, Función Pública ha convocado a los sindicatos a una reunión este viernes de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, suscrito el pasado 9 de marzo de 2019, con la comunicación del dato de crecimiento del PIB como único punto del día, según han informado fuentes sindicales.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó el pasado martes que está previsto incluir en las nóminas de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los sindicatos. Según datos de CC.OO., la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales.

En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E, calcula CC.OO. UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.

Según Montero, en Hacienda creen que se podrá abonar la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB en las nóminas de julio, y dijo que espera que no haya "ningún inconveniente" para que pueda ser así. Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, ya que el acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%.

Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva la subida salarial de este año al 2,5%. A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien esta alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.

19/06/2019|

A debate la salud en el trabajo para que sea considerada un derecho fundamental

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) quiere celebrar sus 100 años de vida con una declaración que recoja los cambios que se están dando en el mundo de trabajo con la revolución tecnológica. En el borrador que estos días negocian sus miembros —Gobiernos, patronales y sindicatos— destacan dos elementos: prevé “exhortar” a los estados miembros para que incluyan garantías en la “protección de la privacidad y de los datos” de los trabajadores, sea cual sea “la modalidad contractual” (en plata, asalariado o autónomo), y recoger como un derecho fundamental en el trabajo la seguridad y la salud.

La OIT celebra esta semana y la que viene su 108 conferencia. Ya hace años que estas fechas estaban marcadas en rojo en el calendario de esta organización internacional tripartita (compuesta por sindicatos, empresario y Gobiernos) dependiente de la ONU y no solo por el evento, sino porque este año coincide con su centenario. Para aprovecharlo, su director general, Guy Ryder, lanzó en 2016 una larga reflexión en este órgano dependiente de la ONU sobre los cambios en el mundo de trabajo que cristalizó en enero en un documento que ahora pretende trasladar a una declaración programática de la institución.

En el borrador que manejan las delegaciones presentes, hay un cambio importante en lo que la OIT define como derecho fundamental del trabajo desde 1998. Hasta ahora hay cuatro: libertad sindical, erradicación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil (todavía 152 millones de niños trabajan según sus cálculos) y prohibición de la discriminación. A estos derechos, se pretende añadir “la salud y seguridad en el trabajo”.

Este cambio tiene importancia práctica, ya que en los acuerdos comerciales suele incluirse el respeto a los derechos fundamentales de la OIT como premisa y puede contribuir a reducir el dumping laboral. Incluir la seguridad y salud en el trabajo o en este listado puede suponer un mayor seguimiento a los convenios aprobados en la organización por esta materia y, por tanto, mayor presión a los estados para su ratificación. También puede servir para dar paso a legislaciones como la francesa, que obligan a empresas multinacionales a dar cuenta en su cadena de valor cómo es el cumplimiento de estos derechos.

Otro de los elementos que destacan en la declaración es cuando “exhorta” a los estados a impulsar la formación de los trabajadores durante toda la vida o a una “protección social universal, completa y sostenible”. También pide proteger a los trabajadores en las “nuevas formas de trabajo” con garantías “con independencia de su modalidad contractual”. Para eso recurre a reivindicaciones tradicionales (salario vital adecuado o número máximo de horas), e introduce una nueva: “La protección de la privacidad y de los datos personales”. Explica María Luz Vega, coordinadora Internacional del Futuro en el Trabajo en la OIT, que esta garantía debería ahora desarrollarse normativamente —los llamados convenios— si viera la luz en el documento final.

19/06/2019|

El Eurogrupo pacta un presupuesto para el euro que financie reformas e inversiones

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron en la madrugada de este viernes de madrugada un acuerdo sobre las bases del primer presupuesto para la eurozona, un instrumento destinado a engrosar el arsenal de medidas para prevenir y afrontar futuras crisis. Además del presupuesto, el acuerdo incluye cambios en el tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate de la eurozona- para darle un papel más relevante, así como un acuerdo final para que éste proporcione el cortafuegos para el fondo encargado de financiar las resoluciones bancarias en la eurozona, según indicaron a Efe fuentes europeas.

El pacto llegó tras una reunión maratoniana, que comenzó a las 13.00 horas (11.00 GMT) del jueves y se prolongó durante más de quince horas, pese a que los titulares económicos de la eurozona -el Eurogrupo- y los del resto de la UE llevan desde diciembre trabajando en las líneas maestras de este presupuesto. "El Eurogrupo terminó a las 4.30 de la mañana con un acuerdo", ha anunciado en la red social Twitter el portavoz del presidente de este foro, Mário Centeno.

En diciembre los líderes de la UE habían dado luz verde a sus ministros para trabajar en estas medidas, dentro de la reforma de la eurozona destinada a mejorar la preparación de los países del euro, si se repite una crisis económica o financiera como la que durante la última década obligó a rescatar a varios miembros. El acuerdo sobre el presupuesto fija solo los elementos clave del mismo, en particular, el uso que podrán dar los países a los futuros fondos, pero deja abierta la cuestión de cómo se financiará y cuál será el volumen disponible, según las fuentes consultadas.

Los Estados de la eurozona podrán recurrir a la ayuda de este presupuesto para financiar reformas estructurales o inversiones y deberán costear parte de los proyectos en cuestión, en una proporción que podría variar. El objetivo en general es mejorar la competitividad y reducir las divergencias económicas entre los países del euro.

Los ministros no han logrado ponerse de acuerdo, sin embargo, sobre el modo de financiar este instrumento, que debería nutrirse al menos en parte de fondos del presupuesto plurianual de toda la Unión Europea, según lo acordado en diciembre pasado. Países como Francia y Alemania habían puesto sobre la mesa durante la negociación la posibilidad de que esta dotación se complementase con aportaciones adicionales de los Estados de la eurozona.

La idea no había generado simpatías entre los socios, entre otros factores, porque requeriría que el presupueste fuese dirigido a través de un acuerdo intergubernamental solo entre los diecinueve socios del euro, que quedaría fuera de los tratados comunitarios. Como se preveía, tampoco se ha plasmado la cuantía que tendrá el presupuesto, que deberá ser fijada en las negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027.

19/06/2019|

La deuda pública marca nuevo récord con 1,2 billones hasta marzo y se sitúa en el 98,7% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el primer trimestre del año los 1.200.258 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico al elevarse en 27.149 millones de euros (+2,3%) respecto al anterior trimestre, con lo que se situó en el 98,7% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

En concreto, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 98,7% en el primer trimestre del año, igual que en el mismo trimestre de 2018, pero 1,5 puntos porcentuales por encima del 97,1% del cuarto trimestre del año pasado y alejado del objetivo marcado por el Gobierno para este año, del 95,8% del PIB.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,2 billones de euros, por encima del ejercicio 2017 (1,144 billones de euros), 2016 (1,107 billones de euros) y 2015 (1,073 billones de euros). De hecho, el saldo de deuda se elevó un 3,3% en términos interanuales y un 2,3% en términos trimestrales.

Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y la Seguridad Social, mientras que descendió en las corporaciones locales. En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.069.790 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento interanual del 4% y del 2,1% a nivel trimestral. La cifra representa el 87,9% del PIB, el máximo histórico alcanzado por el Estado.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 296.658 millones de euros, el 24,4% del PIB, con un aumento del 2,4% interanual y del 1,2% trimestral. Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 25.979 millones de euros, lo que supone un 10,4% menos que hace un año y casi 200 millones de euros menos que el trimestre previo, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1% del PIB.

De su lado, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social marcó también nuevo máximo histórico, al alcanzar los 43.068 millones de euros, un 57,2% más a nivel interanual por los préstamos y un alza del 4,5% trimestral. En términos de PIB, marca también récord al situarse en el 3,5% del PIB.

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (78.831 millones de euros), Comunidad Valenciana (46.922 millones), Andalucía (35.504 millones) y Madrid (35.150 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.763 millones), Galicia (11.587 millones), Castilla y León (12.448 millones), País Vasco (10.251 millones), Murcia (9.536 millones) e Islas Baleares (9.248 millones). Cierran la tabla Aragón (8.260 millones), Canarias (6.438 millones), Asturias (4.626 millones), Extremadura (4.845 millones), Navarra (3.393 millones), Cantabria (3.220 millones) y La Rioja (1.636 millones).

19/06/2019|

Mantener a un funcionario sin ninguna tarea por mucho tiempo vulnera su integridad moral

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la vulneración de la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante casi un año y medio cuando se incorporó a un nuevo puesto.

Tras una larga batalla judicial, el TC afirma en la sentencia que el funcionario merece “la protección constitucional debida frente a un trato degradante y/o lesivo de su integridad moral” por haber sido marginado laboralmente durante un largo periodo de tiempo sin que la Administración hiciera nada para remediarlo”. Además, valora especialmente la “intencionalidad, menoscabo y vejación, así como también la larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo”.

Según consta en los hechos probados, el funcionario del cuerpo de administradores civiles del Estado, tras cesar como Director del Gabinete del Presidente del Consejo de Estado, solicitó su reincorporación a la Secretaría de Estado de Seguridad, donde tenía derecho a una reserva de puesto de trabajo. El Ministerio del Interior promueve la creación de un nuevo puesto de “vocal asesor” en la Gerencia para que pueda ocuparlo, pero este no recibe ninguna información sobre las atribuciones de su puesto ni el encargo de ninguna tarea, más allá de una simple gestión informativa. Además, no es convocado a reuniones de trabajo y se refieren a él públicamente como “funcionario invitado”.

Así, el demandante denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral. El informe emitido apreció que, efectivamente, no tenía funciones asignadas, pero no constató la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica (hostigamiento o agresiones verbales), o por no dar muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, su situación era “normal” después de elecciones o en contexto de crisis, y que en todo caso, podría acceder a información sobre la Gerencia en espacios “tan peculiares como la cafetería”.

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acudió al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, este establece que el reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. Finalmente, con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista una situación violenta para que sea acoso laboral ante el Tribunal Supremo, pero éste no considera que exista un interés casacional objetivo.

Por tanto, la sentencia determina que siendo esta la situación “resulta inadmisible” que la excusa de la Administración sea solo la “disminución de la carga laboral”, pese a que en este contexto, se creó un nuevo puesto de “vocal asesor”. Por tanto, afirma, “no puede equipararse” la total postergación laboral del recurrente en amparo con la simple reducción de trabajo de los funcionarios restantes. Así, no es un hecho casual o imprevisto, sino que responde, según el fallo, a una actuación administrativa “premeditada”.

“La Administración, deliberadamente, sin una finalidad u objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo, sometiéndole a un grave agravio comparativo y a un claro menosprecio y ofensa a su dignidad, conducta idónea para desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, zanja.

En definitiva, el Constitucional anula las resoluciones administrativas y judiciales que han incurrido en la vulneración de su integridad moral o no la han remediado.

19/06/2019|

La inversión extranjera en España se duplica

España recibió en el año 2018 inversiones extranjeras directas por valor de 44.000 millones de dólares (unos 38.000 millones de euros), más del doble que en 2017, y se situó como noveno principal destino mundial de capitales, en contraste con la tendencia mundial a la baja (13 %).

Según el informe anual del Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo presentado ayer miércoles, España esquivó el fuerte descenso de inversión hacia Europa, que fue prácticamente del 50% y totalizó 172.000 millones de dólares (151.000 millones de euros). De este modo, España se convierte en el tercer mayor receptor europeo, tras Holanda y Reino Unido.

A nivel global, las inversiones extranjeras directas bajaron un 13% en 2018, hasta los 1,3 billones (1,14 billones de euros), afectadas sobre todo por las políticas fiscales de Estados Unidos, que promovieron una masiva repatriación de las utilidades de sus multinacionales.

Este descenso global se dio por tercer año consecutivo, aunque si en 2017 la razón de la bajada fue la relativa ausencia de fusiones y adquisiciones, en 2018 el principal factor fue la reforma tributaria estadounidense.

Europa fue una de las grandes perjudicadas por la política fiscal de Trump frente a las empresas, aunque unos países de la región más que otros, lo que permitió a España registrar un ascenso de la entrada de capitales frente a la tendencia continental. "Los países que acumulaban activos fiscales de empresas estadounidenses, y que los perdieron en la primera mitad del año pasado, fueron sobre todo Suiza, Holanda e Irlanda, así que España quedó fuera de esas estadísticas", destacó el secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi.

Estados Unidos se mantuvo en 2018 como el principal receptor de inversión extranjera, al atraer 252.000 millones de dólares o 222.000 millones de euros, aunque descendió un 9 % respecto a 2017. China ocupó el segundo lugar, con 139.000 millones de dólares (122.000 millones de euros), un ascenso del 3,7 %

19/06/2019|

La tasa de paro de la población cualificada en España duplica la media europea

La tasa de desempleo de la población con estudios superiores en España se mantiene estable en un 8,9%, pero supera incluso el doble de la media europea, que se encuentra en un 4,1%, según ha revelado EAE Business School en su estudio 'Empleabilidad de la población cualificada'. La población cualificada total representa el 30% de la población española mayor de 16 años, aunque las mujeres cuentan con un mayor porcentaje de población con estudios superiores, concretamente un 29,3% frente al 28,1% de los hombres.

No obstante, en cuanto al desempleo, la tasa de las mujeres es del 9,96% en el primer trimestre de 2019, frente a la de los hombres, que se sitúa en el 7,57%. Por tanto, la empleabilidad de la población cualificada masculina es mayor que la femenina, según EAE.

Por comunidades autónomas, País Vasco cuenta con el mayor porcentaje de población cualificada, con un 38,9%, seguido por Madrid, con un 38,3%; y Navarra, con un 36,3%. Las comunidades con menor porcentaje de población con estudios superiores son Extremadura, con un 21%; y Castilla-La Mancha, con un 22,5%.

Desde la perspectiva de género, destaca la superioridad en porcentaje de mujeres cualificadas en Navarra, con un 38,9%, superando a los hombres, cuya cuota alcanza el 33,9%. Únicamente en la Comunidad de Madrid, Asturias y el País Vasco la tasa relativa de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, el resto de las comunidades autónomas coinciden con Navarra pero con una menor diferencia.

Respecto a la tasa de ocupación de la población con estudios superiores en función de los géneros, la masculina más elevada se sitúa en el País Vasco, con un 53%, seguido de la Comunidad de Madrid, con un 48,7%; y Asturias, con un 47,6%. La población femenina cualificada encuentra su mayor tasa de ocupación en el País Vasco, con un 61%, Navarra, que se sitúa en el 59,4%; y Asturias, con un 47,6%.

En cuanto a la calidad del empleo, la temporalidad se situó en el 26,9% en el último trimestre de 2018, siendo superior a la de 2017 y 2016, con un 26,7% y un 26,5%, respectivamente. Por comunidades autónomas, Andalucía lideraba la tabla de contratos temporales con un 35,4%. Extremadura (33,1%) y Murcia (32,3%) le seguían de cerca.

Respecto a los sectores, la jornada parcial en el sector privado triplicó a finales de 2018 la del sector público (18,1% respecto al 6,9%). Un 4,3% de los hombres del sector público trabajaban a tiempo parcial, frente al 7,9% de los trabajadores del sector privado. Los porcentajes de las mujeres, en cambio, eran del 9% en el sector público y del 30,2% en el privado.

19/06/2019|

La inflación pierde fuelle

La inflación, que se había instalado en una inusual moderación en Europa y en Estados Unidos, pierde fuelle a pesar de años de recuperación económica y creación de empleo, y de las políticas de bajos tipos de interés y liquidez abundante adoptadas por los principales bancos centrales. La globalización, la digitalización, la atonía de la demanda en países clave como Alemania y la precariedad laboral están detrás de este comportamiento, unos factores a los que se añaden ahora la desaceleración de la economía mundial y, de forma coyuntural, la contención de los precios del petróleo y las materias primas, según los expertos consultados.

La inflación interanual se situó en mayo en España en el 0,8%, siete décimas menos que en abril, por el descenso del precio de la electricidad y la menor subida de los carburantes. Si se eliminan esos elementos coyunturales, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, los productos más volátiles- se desinfló dos décimas, hasta el 0,7%. En la zona del euro, los precios también se moderaron en mayo, ya que subieron una media del 1,2%, cinco décimas menos que en abril.

Incluso sin contar la evolución de la energía, la inflación en Europa está claramente por debajo del 2 % recomendado por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación también es moderada en EE.UU., donde los precios subieron en mayo un 1,8%, dos décimas menos que en abril. La inflación subyacente se desaceleró una décima, hasta el 2%. La atonía de los precios no es una novedad en los países desarrollados, pero, al margen de Japón -que es un caso aparte-, suele coincidir con periodos de crisis.

En los últimos años, incluso antes de que la economía global empezara a frenar, la moderación de los precios ha sido la norma, a pesar de la conjunción de factores que en otras circunstancias habrían disparado la inflación: bajos tipos de interés, crecimiento sostenido y pleno empleo en muchos países.

19/06/2019|

La inflación pierde fuelle

La inflación, que se había instalado en una inusual moderación en Europa y en Estados Unidos, pierde fuelle a pesar de años de recuperación económica y creación de empleo, y de las políticas de bajos tipos de interés y liquidez abundante adoptadas por los principales bancos centrales. La globalización, la digitalización, la atonía de la demanda en países clave como Alemania y la precariedad laboral están detrás de este comportamiento, unos factores a los que se añaden ahora la desaceleración de la economía mundial y, de forma coyuntural, la contención de los precios del petróleo y las materias primas, según los expertos consultados.

La inflación interanual se situó en mayo en España en el 0,8%, siete décimas menos que en abril, por el descenso del precio de la electricidad y la menor subida de los carburantes. Si se eliminan esos elementos coyunturales, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, los productos más volátiles- se desinfló dos décimas, hasta el 0,7%. En la zona del euro, los precios también se moderaron en mayo, ya que subieron una media del 1,2%, cinco décimas menos que en abril.

Incluso sin contar la evolución de la energía, la inflación en Europa está claramente por debajo del 2 % recomendado por el Banco Central Europeo (BCE). La inflación también es moderada en EE.UU., donde los precios subieron en mayo un 1,8%, dos décimas menos que en abril. La inflación subyacente se desaceleró una décima, hasta el 2%. La atonía de los precios no es una novedad en los países desarrollados, pero, al margen de Japón -que es un caso aparte-, suele coincidir con periodos de crisis.

En los últimos años, incluso antes de que la economía global empezara a frenar, la moderación de los precios ha sido la norma, a pesar de la conjunción de factores que en otras circunstancias habrían disparado la inflación: bajos tipos de interés, crecimiento sostenido y pleno empleo en muchos países.

19/06/2019|