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Tras elevarse un 4,9% sobre los 20.503 euros de 2020. El incremento es el mayor registrado desde 2008, cuando sí consiguieron remontar más de un 5%, pero aún queda lejos del alza de 2007, cuando los sueldos se revalorizaron un 7,3% justo antes de que estallara la crisis financiera. Sin embargo, tras este dato hay una letra pequeña a analizar.

Los datos se extraen de la estadística 'Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias' de la Agencia Tributaria (AEAT), que achaca la subida a dos cuestiones: la vuelta a la normalidad tras la pandemia que provocó un fuerte crecimiento de la economía (+5,5%) y el aumento de la inflación, que en diciembre de 2021 se disparó al 6,7%, el mayor aumento en 29 años, y que cerró el año en una media del 3,1%, su nivel más alto en diez años. El envite de la subida de precios fue bloqueado en cierta medida por el aumento salarial, algo que el contexto actual dificulta que se repita el próximo año.

La estadística indica que el número de asalariados en 2021 fue de 18.974.247. Según las tablas compartidas por la AEAT, de ellos más de cuatro millones (1,8 millones hombres y casi 2,2 millones mujeres) cobraron por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) y 3,3 millones tuvieron unos ingresos de, como máximo, un salario mínimo, que el año pasado era de 950 euros en 14 pagas. Esto significa que los salarios de los primeros apenas superaron los 6.680 euros anuales y de los segundos se situaron en 13.300 euros. Entre los dos suman el 37,9%.

El análisis por deciles también deja datos destacables. La AEAT divide el total de asalariados con sueldos superiores al salario mínimo en porcentajes de 10 en 10. Así, se puede comprobar que el 10% correspondiente a la retribución más baja obtuvo un salario de entre 13.370 y 15.002. Le siguen quienes cobraron hasta 16.670, el siguiente tramo salta a los 18.443 euros… La mediana del salario medio estimado por la Agencia Tributaria se situó en 21.347 euros anuales (+1,3% con respecto a 2020).

De la tabla se desprende que el 10% de los españoles que mayor salario cobran (decil 10, 70.563 euros) disfrutan de un salario casi cinco veces más elevado que el del 10% al que corresponde la menor retribución.

La estadística mide el salario medio como el cociente de las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el número de perceptores, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo, asimilando para todos una duración de un año. Este hecho, explican desde la AEAT, produce un sesgo a la baja del salario y pensión medios en comparación con otras estadísticas en las cuales el denominador es el número medio anual de asalariados.

La brecha salarial es un ejemplo del sesgo. Según la estadística del salario medio estimado, los hombres cobraron de media un 19,8% más que las mujeres: 29.367 euros brutos al año para ellos frente a 26.913 euros para ellas, que representan más del 70% de la temporalidad en España.

La Comisión Europea propone en un documento trasladado a los Veintisiete establecer en casos de emergencia un tope a la cotización de los futuros del gas, tomando como referencia el principal índice de referencia en Europa, el holandés TTF Dutch.

La medida temporal duraría un año y se activaría si el precio en dicho índice "llega a un nivel predefinido" que el documento todavía no especifica, aunque hace una referencia a los precios que marcó el índice el pasado agosto, informa Efe. Entonces, cuando los países de la UE se apresuraban a comprar gas para llenar sus depósitos antes del invierno, el TTF marcó un récord de 349 euros el megavatio hora (MWh), precio que ha caído desde entonces hasta los 124 euros en la actualidad.

El documento, compartido en una reunión de embajadores de los estados miembro ante la UE, añade una segunda condición para activar este tope: que el aumento no se corresponda con una subida similar a nivel de mercado mundial (comparación con los precios GNL), de forma que esa limitación de precio no comprometa la seguridad de suministro.

"Para asegurar un efecto inmediato, se propone que los valores para activar el mecanismo deberían estar fijados de antemano para evitar largos procedimientos de toma de decisiones que podrían retrasar significativamente su activación y el efecto perseguido de reducir los precios", explica la Comisión. El texto informal compartido con las capitales, que no es una propuesta legislativa, ha trascendido una semana antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete se reúnan en un consejo extraordinario en Bruselas el 24 de noviembre.

El documento propone fijar un techo sobre el precio de los derivados de gas a un mes en el TTF, frente a actuar sobre los precios al contado "que supondría un mayor riesgo de liquidez para mercados a corto plazo y para la seguridad de suministro". Este techo sería "estático", pero contaría con "elementos dinámicos", como revisiones mensuales que conducirían a la desactivación del tope si el precio cae por debajo del umbral definido o incluso a suspender su aplicación "en cualquier momento" si genera "problemas no intencionados de seguridad de suministro o financieros".

Se dejaría de aplicar automáticamente si una revisión mensual muestra que ya "no concurren las condiciones que justificaron su activación" y también se comprobaría que no altera los objetivos de reducción de demanda de gas del bloque.

Estas cuestiones serían supervisadas por la Comisión Europea con apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y otras autoridades competentes. Sin embargo, el tope no se aplicaría en operaciones de mercados no regulados ('over the counter' u OTC, según la jerga sectorial en inglés), cuya supervisión es más complicada.

Esto genera una de las principales desventajas de la medida que Bruselas reconoce en el documento, puesto que muchas transacciones podrían realizarse en estos mercados OTC para escapar al tope. Además, la Comisión Europea señala que el mecanismo podría dificultar la capacidad de los compradores para cubrirse de los riesgos asociados a operaciones financieras con gas dependiendo del nivel al que se establezca el límite, afectar a la formación de precios en los mercados de derivados y generar problemas de liquidez en compañías energéticas.

El Panel de Funcas ha mejorado las perspectivas económicas para España en 2022, ensombreciendo a su vez el panorama previsto para el año que viene. El consenso de analistas, publicado este miércoles, prevé que la economía española crecerá este año un 4,5%, tres décimas más de lo estimado en septiembre, pero recorta su previsión para el Producto Interior Bruto (PIB) de 2023 desde el 1,9% hasta el 1,1%.

La radiografía que muestra el panel coincide a grandes rasgos con la dibujada recientemente por analistas internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI y con la prevista por la Airef y el Banco de España, que proyectan subidas del entorno del 1% para 2023. El Gobierno, por su parte, confía todavía en que la economía española avance alrededor del 2% a lo largo del próximo año.

La revisión al alza de las previsiones para este ejercicio está motivada, explica el Panel, por la incorporación de los últimos datos publicados sobre Contabilidad Nacional referidos al segundo trimestre, periodo en el que la economía creció un 1,5%, y al tercer trimestre, cuando el PIB se elevó más de lo previsto, un 0,2%. Con todo, de cara al cuarto trimestre del año, la mayoría de panelistas prevé un crecimiento negativo.

En 2023, los expertos estiman un crecimiento nulo en el primer trimestre y prevén incrementos que oscilen entre el 0,5% y el 0,7% en el resto de meses del ejercicio. Por ello, España conseguiría esquivar la recesión técnica, producida cuando se registran caídas durante al menos dos trimestres consecutivos.

En cuanto a la estimación para la inflación media anual en 2022, los panelistas han revisado al alza en una décima sus previsiones, hasta el 8,7%, mientras que la subyacente se mantiene en el 5%. Para 2023, la previsión de la tasa general media sube tres décimas, hasta el 4,1%, y la de la subyacente dos décimas, hasta el 4%. Así, las tasas interanuales del índice general esperadas para diciembre de 2022 y de 2023 son del 7,1% y 2,8%, respectivamente.

De acuerdo con el informe, este año la aportación del sector exterior al crecimiento será de 2,9 puntos porcentuales (1,4 puntos más respecto al anterior Panel) y la de la demanda nacional de 1,6 puntos, 1,1 menos en relación con el consenso de septiembre.

Según explican los panelistas, todos los componentes de la demanda nacional han sufrido una intensa revisión a la baja y esta desaceleración se prolongará durante 2023. El próximo año, el sector exterior tendrá una aportación negativa, de -0,2 puntos, mientras que la demanda nacional aportará 1,3 puntos, siete décimas menos respecto a lo estimado en septiembre. De su lado, la inversión y el consumo de los hogares registrarán un crecimiento inferior al de 2022, mientras que el consumo público volverá a tasas positivas frente al retroceso de este año.

Respecto al mercado laboral, los panelistas esperan un crecimiento del empleo del 3,5% en 2022, dos décimas más que en septiembre, porcentaje que se reduce en seis décimas hasta el 0,9% para 2023. De su lado, la tasa de paro media anual bajará este año hasta el 13% (tres décimas menos respecto al anterior Panel) y se mantendrá en ese nivel en 2023.

En cuanto al déficit público, los analistas han advertido de que se mantendrá en cotas elevadas. En concreto, el saldo negativo de las cuentas públicas sería del 4,8% el PIB este año y del 4,5% el próximo. De su lado, han apuntado que, en un contexto internacional de fuerte deterioro económico y de presiones inflacionistas, las decisiones de los bancos centrales siguen marcando la política monetaria, cuyo giro ya incorporan los mercados.

El Gobierno ha puesto en marcha la normativa que obligará a los vehículos de la nueva movilidad (VMP) a tener un seguro de responsabilidad civil. Ahora los patinetes, bicicletas y elementos similares con tracción no están obligados a contar con esta cobertura destinada a afrontar económicamente los daños que se puedan causar a terceros como sí ocurre con los coches.

Este cambio se recogerá en la futura Ley de responsabilidad civil de vehículos a motor que preparan los ministerios de Economía y de Justicia, que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas para iniciar después la tramitación parlamentaria. "La protección de los terceros perjudicados, en especial los de mayor vulnerabilidad, aconseja la introducción de determinadas obligaciones legales de aseguramiento, hasta el momento inexistentes, para los denominados vehículos de movilidad personal y aquellos que cuenten con sistema de pedaleo asistido", afirma el documento inicial del proyecto de Ley elaborado por Economía y Justicia.

La futura ley debe incluir el contenido de la Directiva que sobre esta materia se aprobó en noviembre de 2021 y que faculta expresamente a los Estados miembros de la Unión Europea a extender la etiqueta de vehículos a motor, a efectos del seguro obligatorio, a las nuevas formas de movilidad. Según la Dirección General de Tráfico un VMP es "un vehículo con una o más ruedas, de una sola plaza y propulsado únicamente por motores eléctricos a una velocidad de entre 6 y 25 km/hora".

El documento previo de consulta de la futura ley apunta que durante el proceso de tramitación normativa se deberán analizar cuestiones como qué límites mínimos de aseguramiento obligatorio deben exigirse en función del riesgo que puedan generar, o en qué medida es preferible articular un seguro sobre la base tradicional de una póliza por cada vehículo o sobre la más novedosa" de asegurar al conductor de estos vehículos.

Para analizar la viabilidad y consecuencias de estas variables y otras que surjan en el diseño de esta cobertura, Economía y Justicia han encargado un informe a la Comisión de Seguimiento del Baremo, que fija las indemnizaciones a las víctimas personales de accidentes de tráfico. En ella están representados los dos ministerios, las aseguradoras, las víctimas, el Consorcio de Compensación de Seguros y otros expertos legales y actuariales en la materia.

La futura ley incluirá cual debe ser el papel del Consorcio de Seguros, empresa pública integrada en el Ministerio de Economía, en las nuevas coberturas a VMP en los casos de incumplimiento de la obligación de circular con un seguro o en los de rechazo de la contratación de estas pólizas por las aseguradoras.

La obligación de suscribir un seguro para los vehículos y conductores de nueva movilidad coge fuerza en los últimos años tras la aparición de estos mecanismos y de los múltiples accidentes que provocan. Ante esta situación una parte de las aseguradoras ofrece la cobertura de la responsabilidad civil de los usuarios de estos VMP a través de pólizas de otros tipos como, por ejemplo, las de hogar. En estos casos se cubre al conductor, no al vehículo.

Las compañías sostienen que para poder suscribir un seguro de responsabilidad civil del vehículo debería existir un sistema para identificarle, como ocurre con las matrículas de los coches, aunque podría ser cualquier otro localizador irrefutable.

En lo que sí parece haber consenso es en la necesidad de contar con un escudo que cubra a las posibles víctimas de los atropellos, ya que en caso contrario pueden quedar totalmente desprotegidas si el causante del accidente resulta insolvente.

Esta necesidad se detecta tras un aumento exponencial de los accidentes en los que están implicados patinetes eléctricos o similares, y que han causado ya varios fallecidos, lo que ha llevado a varias instituciones como la Dirección General de Tráfico a abogar por exigir un seguro obligatorio. Los ayuntamientos también son partidarios de tomar cartas en el asunto, pero no tiene competencias para exigir la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para los VMP.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que el Banco Central Europeo (BCE) seguirá subiendo los tipos de interés hasta lograr que la inflación converja al objetivo del 2% a medio plazo y ha avisado de que una política fiscal que proporcione un estímulo generalizado puede incrementar más las presiones inflacionistas y obligar al BCE a seguir endureciendo su política monetaria.

Así lo ha indicado en la Conferencia de la Asociación de Mercados Financieros (AMF), recogida por Europa Press, en la que ha analizado las últimas decisiones de política monetaria adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE y la secuenciación del proceso esperado de normalización de la política monetaria. El gobernador ha recordado que la alta inflación está provocando una rápida pérdida de poder adquisitivo y deteriorando la confianza de los consumidores en el área del euro, lo que, unido al endurecimiento progresivo de las condiciones financieras, "está debilitando la actividad económica a un ritmo bastante rápido".

El gobernador ha detallado que la ralentización del crecimiento, la reciente corrección de los precios de las materias primas energéticas y las mejoras observadas en las cadenas globales de suministro contribuirán a que la inflación se modere, aunque en organismo supervisor prevé que se mantenga por encima del objetivo "durante un período prolongado". "Tendremos que subir los tipos de interés en más ocasiones, hasta el punto que permita que la inflación converja a ese objetivo del 2% en el medio plazo, y no hemos llegado al punto final para ese objetivo", ha reconocido.

De Cos ha añadido que, dada la incertidumbre existente sobre las perspectivas de crecimiento e inflación, el nivel concreto que pueden tener que alcanzar los tipos de interés para ser compatibles con este objetivo "es incierto", ya que dependerá por completo de los datos y puede cambiar con el transcurso del tiempo. Según ha explicado, el BCE tendrá en cuenta en las decisiones futuras las ya adoptadas y su desfase en la transmisión a la actividad y a la inflación. Asimismo, estas decisiones estarán condicionadas por las perspectivas de inflación, incluidas las perspectivas económicas y, por tanto, de la mayor probabilidad de recesión que se observa en la actualidad.

Por otro lado, el gobernador ha avisado de que la política fiscal debe evitar proporcionar un estímulo generalizado para no incrementar más las presiones inflacionistas, pues ello tendría consecuencias adversas para los costes de financiación de las Administraciones Públicas y para la economía en su conjunto. De Cos ha reconocido que la elevada inflación y la normalización de la política monetaria presentan "un escenario complejo para la política fiscal" y se ha referido a los cuatro criterios que deberían guiar, en opinión, la "respuesta óptima".

Por un lado, De Cos ha apuntado que el tono agregado de las políticas fiscales en el área del euro debería normalizarse en los próximos años, de manera que en los países mantengan una orientación neutral o incluso ligeramente restrictiva en términos agregados, especialmente aquellos "muy endeudados", ya que estos "pueden combinar un tono contractivo en la parte del presupuesto con financiación de origen nacional con una orientación expansiva en los gastos financiados con fondos europeos".

Asimismo, el gobernador ha destacado que la política fiscal debe estar preparada para reaccionar con flexibilidad en caso de que se materialicen escenarios adversos. "Si se produce una desaceleración de la actividad, la mejor forma de dar una respuesta focalizada y rápida es permitir que los estabilizadores automáticos operen libremente. Si se materializan presiones inflacionistas más intensas, podría necesitarse una política presupuestaria más restrictiva", ha señalado.

En tercer lugar, Hernández de Cos ha abogado por que las medidas de política fiscal se centren en los hogares y empresas más vulnerables al encarecimiento de la energía y ayuden a ajustar el lado de la oferta de la economía apoyando proyectos de inversión que incrementen el crecimiento potencial y la capacidad de resistencia a perturbaciones de la economía europea, incluida una mayor integración e interconexión de los mercados energéticos.

Finalmente, el gobernador del Banco de España ha afirmado que las medidas adoptadas deberían ser temporales para que su coste presupuestario sea manejable y no deteriore adicionalmente el déficit público estructura. "Confío en que, al compartir con ustedes mis opiniones sobre la senda de normalización de nuestra política monetaria, haya logrado tranquilizarlos sobre nuestro compromiso para impedir que la inflación alta se afiance. Cuanto más confíen nuestros conciudadanos del área del euro en que la inflación retornará con prontitud del 2%, más sencillo será el proceso de ajuste", ha señalado.

La foto de familia siempre impone. No solo por la cantidad de personas sino por la representatividad de quienes aparecen en la imagen. El movimiento #QuieroCorredor reunirá a unos 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil en Barcelona con un clamo unánime: que se acabe de una vez por todas el corredor mediterráneo.

Se trata de la sexta edición del encuentro de esta plataforma: el año pasado se celebró en Madrid. Ya habían estado en otra ocasión en Barcelona, también en Valencia y Murcia. Estuvieron por ejemplo el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, el de Mercadona, Juan Roig, o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

Está previsto que acudan los presidentes de la Generalitat, Pere Aragonès (Quim Torra evitó hacerlo en 2018) y el valenciano Ximo Puig, así como el de Murcia, Fernando López Miras. También la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Los impulsores de la iniciativa hacen dos chequeos al año del estado de ejecución de las obras. El último fue en julio y hoy se presentará el balance semestral. La ministra Sánchez, consciente de que es un día en el que le llueven las críticas, ya ha asegurado este miércoles en la feria Tomorrow Mobility de la capital catalana que el Gobierno tiene previsto poner en marcha cerca de 100 kilómetros del corredor mediterráneo hasta el próximo marzo y que, desde 2018, ya lo han hecho con otros 233 kilómetros.

La negociación entre Gobierno, PNV y PDeCAT supuso ayer la aprobación in extremis de dos enmiendas transaccionales en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso según las cuales se excluye del importe neto de la cifra de negocio para la determinación del gravamen el correspondiente a las actividades reguladas, al mismo tiempo que se establece que el impuesto se aplique únicamente a la actividad desarrollada por las compañías en España. Dos variaciones que disminuirán sustancialmente el importe a abonar.

Con este acuerdo se posibilita además que el impuesto no afecte a las empresas que realizan el suministro a precio reglado, lo que sucede con el PVPC de la electricidad, el TUR del gas y el GLP tanto envasado como por canalización. El movimiento provocó ayer un suspiro de alivio en las compañías, después de que el pasado martes se rechazaran por parte de PSOE y Podemos la totalidad de las enmiendas presentadas.

Fuentes internas de las compañías afectadas explican la sorpresa que supuso para el sector la magnitud del veto inicial, y explican el cambio de postura escenificado ayer por dos vías. En primer lugar, por la tarea de persuasión de Transición Ecológica sobre Hacienda, al ser consciente Teresa Ribera del impacto sobre las inversiones que implicaría una negativa total a dulcificar el impuesto. En segundo lugar, acuden a los vínculos de empresas especialmente afectadas con el PNV.

Por ejemplo, un porcentaje muy importante de las inversiones futuras recientemente presentadas por la firma que preside Ignacio Sánchez Galán en su Plan Estratégico ejercerán un efecto tracción sobre pymes vascas. El conjunto de compañías integradas en la patronal Aelec también advirtieron al Ejecutivo que de seguir adelante con el impuesto original podrían generarse costes por una judicialización del tema.

Fruto de este acuerdo también se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, que suponen la gran mayoría del negocio de Red Eléctrica y Enagás. Las grandes eléctricas también tienen, por su parte, negocio de distribución regulado. Quedan fuera también la generación con retribución regulada y la retribución en territorios no peninsulares.

El Ejecutivo también ha alcanzado otro acuerdo con Bildu, que va en la línea de que, a finales de 2024, fecha en la que se cumplen los dos años de puesta en vigor de estos gravámenes, se evalúen resultados para estudiar la posibilidad de que sean permanentes. Fruto de este acuerdo también se abre la vía para que la gestión de estos tributos recaiga en las haciendas forales y vascas.

Mediante otra enmienda del PSOE y Unidas Podemos se va a considerar operadores principales en los sectores energéticos a las empresas que se dediquen a actividades de petróleo, gas natural o minería del carbón, con la condición de que generen al menos un 75% de su volumen de negocio en torno a la extracción, minería o refinado de petróleo.

El gravamen a energéticas se basa en la imposición de un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales. De esta cifra de negocio ahora hay que descontar el negocio regulado en virtud de la enmienda aprobada ayer. El objetivo inicial era ingresar 4.000 millones de euros en los dos mismos ejercicios, una cifra que se verá muy reducida como consecuencia de la aplicación de la mencionada enmienda.

La Comisión Europea, de su lado, parte de gravar al 33% los llamados beneficios extraordinarios, entendidos como aquellos que superen en un 20% la media anual registrada por cada empresa entre 2019 y 2021, dando pie a una recaudación que, si se circunscribe a España, sería mucho menor. Es decir, los conceptos que integran las bases imponibles del gravamen español y europeo difieren entre sí, algo que podría dar pie a cierta litigiosidad.

También ayer se renovó la Ley Quinquenal del Cupo vasco, donde se mantiene un índice de imputación del 6,24%, lo que trae consigo una aportación provisional del País Vasco al Estado de 1.472 millones de euros. Este ha sido el fruto también de la negociación entre el Gobierno y el PNV, para evitar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

También se llegó al acuerdo para que las haciendas vascas puedan recaudar dos nuevos impuestos de gestión ambiental. Se trata del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos de vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Además, se adaptará el Concierto Económico a los cambios en el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

En el año 2023 -sobre la riqueza neta declarada en 2022- los grandes patrimonios de Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana pagarán hasta 200.000 euros más que las fortunas semejantes de otras zonas de España como Madrid y Andalucía, curiosamente las regiones que llevaron al Ejecutivo a crear el nuevo tributo. En paralelo, engordará la factura de los más ricos en un total de siete autonomías.

Los números provienen de los cálculos que ha elaborado el REAF del Consejo General de Economistas, que estos días celebra sus jornadas anuales en la ciudad de Cádiz. El nuevo impuesto, según su diseño, gravará la riqueza neta de más de 3 millones de euros con unos tipos aplicables que oscilan entre el 1,7% y el 3,5%, en función del tamaño del patrimonio en cuestión. Contempla a su vez una deducción del 100% por el pago del impuesto original. Estas características dan pie a tres escenarios posibles en función de la normativa de cada comunidad, engordando o menguando la factura a pagar.

El primer supuesto afecta a las regiones que bonifican Patrimonio al 100%, como Madrid y Andalucía. En él, los ricos pagarán la nueva tasa. El segundo escenario se da en aquellas autonomías que mantienen Patrimonio pero que tienen unos tipos inferiores a los fijados por el nuevo impuesto. Es el caso, tal y como explica el presidente del REAF, Agustín Fernández, "de los patrimonios más elevados de regiones como Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, ya que su tipo marginal máximo es inferior al 3,5% fijado en el nuevo impuesto". En estas zonas primará el nuevo gravamen, aumentando en varios miles de euros el pago efectivo que ya venían realizando los contribuyentes más acaudalados.

El tercer y último supuesto es el de las comunidades autónomas que mantienen Patrimonio y que cuentan con tipos superiores a los diseñados en el nuevo impuesto a la riqueza. En estos casos prevalecerá la figura tradicional. Esta radiografía arroja diferencias sustanciales por territorios en la factura final que abonan las grandes fortunas. El REAF, en concreto, ha elaborado tres supuestos en función del tamaño de los patrimonios afectados. En todos ellos, extremeños, baleares y valencianos son los más perjudicados por el gravamen a la riqueza.

El primer supuesto toma como referencia las fortunas netas de 4 millones de euros. En este caso, la factura anual de los ricos madrileños y andaluces -la más baja de toda España- será de 5.100 euros. Al otro lado estarán los contribuyentes de Extremadura, que tendrán que pagar cerca de 60.000 euros, y los de Baleares y Comunidad Valenciana, que deberán abonar unos 50.000 euros.

La brecha va creciendo a medida que aumentan los patrimonios gravados. Un rico con 15 millones de euros netos estará obligado a pagar 418.000 euros en Extremadura, 373.000 en Baleares y 362.000 euros en Comunidad Valenciana. Son hasta 140.000 euros más que la factura de 278.000 euros que abonarán los contribuyentes de Madrid, Andalucía y Galicia, de nuevo los menos perjudicados.

En el caso de los patrimonios de 40 millones, las facturas más elevadas estarán otra vez en Extremadura (1,35 millones) y Baleares y Comunidad Valenciana (1,23 millones ambas). Las más bajas, por su parte, se darán en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con 1,15 millones en todas ellas. La brecha entre unas y otras asciende hasta un máximo de 200.000 euros.

Más allá de estas diferencias regionales, los números que ha hecho el REAF también constatan la penalización que sufrirán con el nuevo tributo los contribuyentes más pudientes de las regiones que mantienen el impuesto tradicional y que tienen unos tipos marginales inferiores al 3,5%. Son Asturias, Galicia Cantabria, Cataluña y Murcia (que anunció esta semana la supresión de Patrimonio a partir de 2023).

Como se comentaba anteriormente, al tener unos tipos de gravamen inferiores en Patrimonio, en estas autonomías predominará el nuevo impuesto. Así, en Cataluña, un rico con 40 millones de riqueza pagará sobre 2022 unos 168.000 euros más de lo abonado un ejercicio antes (1,15 millones frente a 985.000 euros). En Galicia, que bonifica al 50% Patrimonio, la factura subirá en casi 480.000 euros para este tipo de perfiles. El sobrecoste será menos abultado, entre 64.000 y 80.500 euros, en Cantabria, Asturias y Murcia. Hay que sumar al grupo a Madrid y Andalucía. En total, siete regiones en las que se pagará más.

El impuesto sobre la riqueza afectará, según las estimaciones, a cerca de 23.000 contribuyentes y dejará unos ingresos anuales de unos 1.500 millones de euros. Aunque ha sido diseñado para funcionar de forma temporal, el Gobierno ha incluido una cláusula para valorar su prórroga más adelante o, incluso, convertirlo en permanente.

El ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha explicado este jueves que el país ha entrado en recesión y que la inflación británica se situará este año en el 9,1%, según los datos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las cuentas públicas del Reino Unido.

En este contexto económico, el titular de Economía ha desvelado un nuevo plan fiscal que contempla subidas de impuestos a ciudadanos y empresas a fin de lograr que se reduzca la deuda neta en relación al producto interior bruto (PIB) para 2028.

Además, Hunt anunció rebajó de 150.000 (171.000 euros) a 125.140 libras (143.240 euros) el umbral de ingresos a partir del cual se pagará la banda más alta del impuesto sobre la renta, del 45 %, mientras que congelará el mínimo de ganancias anuales libres de impuestos a fin de incluir a más contribuyentes en los próximos años.

El ministro conservador también elevará del 25 al 35% el impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de petróleo y gas e impondrá una tasa provisional del 45 % sobre esos excedentes a las generadoras de energía.

En su comparecencia pública para dar cuenta del avance de estas cifras, Escrivá se ha referido también a la marcha de las negociaciones con sindicatos y empresarios para aprobar la segunda fase de la reforma de pensiones a fin de año como muy tarde. De hecho, ha admitido que usará la vía del decreto –aprovechando que hay otras cuestiones que aprobar de manera urgente– para dar luz verde los cambios del sistema de pensiones a los que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas.

En este sentido y preguntado si el incremento de las bases y pensiones máximas será de un 30% y se llevará a cabo en 30 años, como publica el diario El País, el ministro ha dicho que "es prematuro hablar de cifras cuando buscamos una convergencia (con los agentes sociales) en esos parámetros". El ministro y los agentes sociales llevan abordando esta cuestión en sus negociaciones algo más de un año. De hecho, el propio Escrivá anunció durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2023 que su intención era cambiar la ley, aprovechando la segunda fase de la reforma de pensiones para que las bases máximas de cotización subieran todos los años lo mismo que el IPC, y "un poco más", que cifró en el entorno del 1% adicional.

E igualmente, sobre la posibilidad de llevar la sobrecotización del 0,6% que recoge el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) entre 2023 y 2032 hasta 2050, Escrivá ha dicho que es "parte de lo que se está discutiendo" y por ello también rechazó dar detalles. Sí precisó que la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones descartando los peores años de cotización, no responde solo a sus compromisos con Bruselas sin más a las exigencias del Pacto de Toledo.

En otro orden de cosas, el máximo responsable de la Seguridad Social apuntó a la primavera como momento para que el futuro macrofondo de pensiones de empleo de promoción pública "tenga ya muchos elementos clave ya disponibles", aunque otras fuentes del sector descartan que pueda estar plenamente en marcha antes de finales de 2023 como pronto.

Asimismo, preguntado por la falta de consonancia entre el fuerte aumento del empleo que ha anunciado y el crecimiento del número de horas trabajadas, que según la Encuesta de Población Activa (EPA) incluso disminuía hasta mediados de año, Escrivá ha criticado y, prácticamente desechado la validez de la medición del número de horas trabajadas que hace esta herramienta. estadística.