Notícies

Bruselas incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante el blanqueo de dinero

La Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.

"Estar en esta lista significa que hayamos concluido que hacer transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo", explicó en una rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, que insistió en que se trata de un "aviso" y no "un sistema de sanciones".

Acompañan a Panamá en la lista Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.

En un comunicado, la Comisión explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero de la UE" previendo los riesgos, ya que a partir de ahora se requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con estos países. Los criterios de la lista reflejan, explicó Jourová, los requisitos más estrictos que recoge la más reciente directiva contra el blanqueo de dinero que lleva en marcha desde julio de 2008.

La elaboración de la lista comenzó con un análisis de hasta 54 jurisdicciones que tienen un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero europeo, fuertes vínculos económicos con la UE o han sido consideradas por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales con ventajas fiscales.

Para cada uno de estos países, Bruselas revisó el nivel de amenaza actual, sus marcos legales vigentes y los controles para prevenir los riesgos de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero, tras lo cual elaboró la lista de 23 países hecha pública hoy.

Esta lista queda ahora en manos del Parlamento Europeo y el Consejo para su aprobación en el plazo de un mes, aunque la comisaria europea reconoció en rueda de prensa que no espera que entre los países de la UE exista una mayoría cualificada que respalde la lista.

18/02/2019|

Rechazo a los Presupuestos, y lo que se queda en el camino

El rechazo de las cuentas públicas que ha sufrido hoy el Gobierno de Pedro Sánchez implica que no se llevarán a cabo un buen número de medidas incluidas en este proyecto de Presupuestos Generales y que iban a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos y a las cuentas de las empresas. Estas son las propuestas socialistas que finalmente no se llevarán a cabo:

Impuestos al diésel: Una de las medidas recogidas en los Presupuestos Generales que más rápido se habría trasladado al bolsillo de los consumidores habría sido el incremento de los impuestos aplicados al diésel. El impuesto extra sobre el gasoil iba a tener un impacto de 3,3 euros al mes para un conductor medio que recorra unos 15.000 kilómetros al año.

Si bien habrían quedado excluidos los profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas. Tras esta subida en el gravamen al diésel, llenar el depósito de los coches que utilizan este combustible habría sido unos 2,15 euros más caro, teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de 57 litros de media.

Subsidio para mayores: Una de las medidas estrella del ministerio de Trabajo, que dirige Magdalena Valerio y que no podrá llevarse a cabo es la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años hasta el momento de su jubilación. La medida suponía rebajar de los actuales 55 años para cobrar esta ayuda a los 52 años. Además, estos trabajadores iban a poder elegir el momento de su jubilación, sin estar obligados, como ahora, a jubilarse de forma anticipada tan pronto cumplían los requisitos, con la consiguiente rebaja de la pensión de hasta el 24% para el resto de su vida. La cotización que abona el Estado por los beneficiarios de esta ayuda iba a subir al 125% de la base mínima, de forma que también aumentaría la cuantía de sus pensiones, algo que ya no ocurrirá.

Actualización del Iprem: El Gobierno había proyectado para 2019 un incremento del 2% para el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), este índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo. Con esta alza del 2%, el Iprem habría aumentado este año hasta 548,60 euros mensuales o a 18,29 euros diarios. Por tanto, ahora, la prórroga de los Presupuestos de 2018 supondrá un incremento del 1% de esta ayuda, que es la que se aplicó en las cuentas del pasado año. El Iprem pasará a ser de unos 543 euros mensuales.

Dependencia y cuidadores profesionales: El proyecto de Presupuestos para 2019 recogía una fuerte inyección económica para los cuidados a personas dependientes con un incremento de estas cuantías del 60% hasta los 2.232 millones de euros. Sin embargo, el aumento de esta partida será solo del 3,4% que recogían las cuentas públicas de 2018. Con ello se destinarán un total de 1.448 millones a dependencia, casi 800 millones menos. Además, cerca de 180.000 cuidadores no profesionales de dependientes que iban a recuperar que el Estado cotizara por ellas –a lo que se iban a destinar unos 315 millones de euros– seguirán sin cotizar a la Seguridad Social. El Estado dejó de cotizar por este colectivo en 2012, tras la llegada del PP al poder.

Permiso de paternidad: La ampliación de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad tampoco se llevará a cabo. Para esta medida se iban a destinar unos 825 millones de euros.

Impuesto de Sociedades: La prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018 deja sin efecto la fijación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (y del 18% para la banca y las petroleras). También tendrá efecto en las pymes, puesto que no se ejecutará la rebaja del 25% al 23% en la tributación de 349.000 pymes.

Rentas altas: No se llegará a ejecutar la subida del IRPF a los contribuyentes que ganan más de 140.000 euros, ni tampoco el alza del gravamen sobre el Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones.

Bajada del IVA: el recorte del IVA previsto para los productos de higiene femenina del 10% al 4%; el del gravamen sobre los libros y publicaciones electrónicas (del 21% al 10%) y los impuestos sobre servicios veterinarios no llegarán así a ver la luz.

Socimis: el pulso del Gobierno y Unidos Podemos contra las socimis tampoco llegará a ver la luz. Los Presupuestos contemplaban que estos vehículos tributarán un 15% sobre los beneficios no distribuidos a sus inversores. Por ley, las socimis distribuyen más del 90% de sus beneficios vía dividendos.

No obstante, dicho todo esto, el Gobierno podría decidir en los próximos Consejos de Ministros aprobar a través de Decretos leyes alguna de estas medidas e intentar convalidar dichas normas por la vía de urgencia en el Parlamento.

18/02/2019|

En España casi el 27% de los trabajadores asalariados tienen un contrato temporal

Pero dentro de este tipo de contratos, los españoles son los trabajadores europeos que más contratos de menos de seis meses tienen. Así, lo ha puesto de manifiesto hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el último informe de su comisión sobre el futuro del trabajo en el mundo, titulado Trabajar para un futuro más prometedor.

Según este informe, el avance de los empleos temporales se estancó entre 2014 y 2016, "pero está de nuevo en aumento en varios países europeos". Alerta de que "está aumentando significativamente en España", donde alcanzó el 26,8% citado, el más alto valor desde 2008; y también en Francia (16,8% en 2017), Italia (15,5%) y los Países Bajos (21,7%).

No obstante, los autores de este informe admiten una gran heterogeneidad del empleo temporal, en función de los países europeos. Estas diferencias se reflejan, según puntualizan, en la duración media de los contratos de trabajo en los diferentes países. Así, en 2017 los contratos de trabajo que duraron seis meses o menos representaron más de la mitad de todos los contratos temporales en España, Bélgica, Finlandia, e Italia. Y fue en España donde representaron un mayor porcentaje de todos los contratos eventuales, acercándose al 60% del total. Sin embargo, los contratos de menos de seis meses solo supusieron el 15% del empleo temporal en Alemania.

Este informe ensalza la disminución de la tasa de desempleo, especialmente en Grecia, donde se redujo 2,3 puntos; Portugal, con un recorte del desempleo de 2 puntos y España, donde la tasa de paro cayó 1,7 puntos hasta el 14,4% de la población activa. Aun así, estos tres países registraron niveles de desempleo superiores a la media de su entorno. Pero, la OIT advierte de que "el ritmo de reducción del desempleo se ralentizará considerablemente en 2019". Este año espera que solo Grecia supere un punto en la reducción de su tasa de paro.

La OIT es, sin embargo, optimista con la evolución del crecimiento económico en todas las regiones europeas en general. En particular, espera que los avances del PIB superen el 2% en 2019 en España, Holanda y Suecia. Y que se sitúe entre el 1,5% y 1,9% en Francia, Alemania y el Reino Unido.

Aunque, en países con tasas de desempleo relativamente altas, como Grecia e Italia, la OIT cree que el crecimiento seguirá siendo demasiado débil como para que se traslade en mejoras considerables en el mercado laboral.

La tasa de paro mundial se situó en el 5% el pasado año (hay 172 millones de desempleadas en el mundo), la misma que en 2008. Esto significa que dicha tasa ha tardado nueve años en retornar a la época de la precrisis financiera mundial. En este sentido, la OIT dice que "el panorama actual es incierto". Aunque prevén que el desempleo mundial se mantenga en este nivel hasta 2020 incluido, los técnicos de este organismo admiten que "los riesgos macroeconómicos han aumentado y ya tiene un impacto negativo en el mercado de trabajo de distintos países".

Este informe alerta también sobre la debilidad de los avances salariales en el mundo en general. En concreto, en el grupo de los 52 países del mundo con mayores rentas, entre los que está España, los sueldos se desaceleraron desde un avance del 1,2% de media en 2016 al 0,8% en 2017 y primeros meses de 2018. La OIT destaca especialmente la caída de los salarios reales en este tiempo en España, Italia y Japón. Además, los autores de este informe sitúan a Francia y Alemania entre los países desarrollados donde menos crecieron los sueldos.

18/02/2019|

Europa quiere que el 9 de mayo sea festivo

El pleno del Parlamento europeo ha pedido que sea declarada jornada festiva en toda la Unión Europea el 9 de mayo, Día de Europa, como medida para reforzar el sentimiento de pertenencia europeo y dar mayor visibilidad a las iniciativas que apoyan el proyecto de la Unión.

La propuesta forma parte de un informe más amplio sobre la Ciudadanía europea del que es ponente la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y necesita que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE la respalden para que la medida llegara a aplicarse en todos los Estados miembros.

El texto adoptado en Estrasburgo (Francia) con 459 votos a favor 170 en contra y 49 abstenciones plantea también crear un Estatuto que compile los derechos y deberes de los ciudadanos comunitarios, además de trabajar para ampliar estos derechos.

Los eurodiputados también piden más fondos para los programas educativos y de intercambio que pueden reforzar el sentido de pertenencia a la Unión Europea, como Erasmus+, el Servicio Voluntario Europeo y el Cuerpo Europeo de Solidaridad; así como incluir los asuntos europeos en el currículo escolar.

Además, llaman la atención sobre los obstáculos que siguen encontrando los europeos que se trasladan a vivir a otro Estado miembro, por ejemplo, las ayudas por hijo que viven en otro país de la UE o el derecho a la reagrupación familiar en el caso de parejas del mismo sexo. También apuntan la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la práctica de algunos Estados miembros de privar de derecho al voto a los ciudadanos que fijan su residencia en otro país comunitario.

Otro asunto de preocupación para los eurodiputados son los programas que existen en varios países de la UE que implica la "venta directa o indirecta" de la ciudadanía europea y pide al Ejecutivo comunitario que vigile estas ventajas.

18/02/2019|

España y Marruecos estrechan lazos con 11 acuerdos bilaterales

La visita de Estado de Felipe VI y Letizia a Marruecos y su encuentro con Mohamed VI impulsará las relaciones en energía, conexiones eléctricas, transporte, comercio y mercado de valores. Las calles de Rabat recibieron ayer a los Reyes Felipe VI y doña Letizia pobladas de banderas de España y Marruecos, dando muestra de la expectación que suscita esta visita de Estado y el encuentro con el rey Mohamed VI, prorrogado desde 2016.

Tanto habían tardado las dos monarquías en reencontrarse en la capital del Reino alauí, que no podía sino haber numerosas cuestiones por tratar para relanzar el ya estrecho vínculo entre ambos países, dada la proximidad geográfica y su relación, que "se sitúa a nivel de política de Estado", explican fuentes del Ministerio de Exteriores.

Así, poco más de dos horas después de su llegada al aeropuerto de Rabat-Salé, los dos jefes de Estado se reunieron en el Palacio Real de Huéspedes Agdal, donde se alojan Felipe VI y doña Letizia, para firmar 11 acuerdos bilaterales en múltiples áreas. Los monarcas viajaron acompañados por los ministros de Exteriores, Josep Borrell; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Industria, Reyes Maroto; Agricultura, Luis Planas, y de Cultura, José Guirao, que firmaron algunos de estos convenios, entre ellos, un Memorando de Entendimiento para el establecimiento de una Asociación Estratégica Global (ver información adjunta).

A pesar de la brevedad del viaje, de unas 24 horas, éste "constituye un nuevo hito en las ya excelentes relaciones entre ambos países", explican fuentes de Exteriores. A pesar de ello, se trata de la primera visita de Estado a Marruecos de Felipe VI, tras un viaje de presentación en 2014. La visita también permitirá la concreción de acuerdos empresariales, como el memorando rubricado ayer entre el presidente de Iberia, Luis Gallego, y su homólogo marroquí de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, que amplía el número de destinos donde las dos aerolíneas colaboran, para que "los pasajeros puedan ir a otras partes de Marruecos y de África", explican desde la compañía.

Asimismo, según ha podido saber este diario, el viaje de Estado podría dar el último empujón a proyectos como la construcción del gasoducto de Tendara, entre la energética española Enagás y la marroquí Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (Onhym), o un acuerdo entre la Oficina Nacional de Agua y Electricidad (ONEE) y Red Eléctrica Española. Precisamente, ambos países firmaron ayer dos memorandos en materia de Energía: uno, para establecer una asociación estratégica entre España y Marruecos, y otro para promover el desarrollo de una interconexión eléctrica, que podrían amparar los acuerdos entre las compañías citadas.

El país alauí planea una ambiciosa reforma energética para reducir su dependencia de otros países y apostar por la energía renovable, para que ésta constituya el 52% de su mix energético en 2020. La estrategia, en la que Marruecos planea invertir más de 35.000 millones de euros, ofrece importantes oportunidades para las empresas españolas.

Para hoy está previsto que los Reyes presidan la constitución del Consejo Económico Marruecos-España (Cemaes), para potenciar la inversión y la asociación entre empresas de los dos países. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y su homólogo marroquí, asumen el mandato de la creación del Cemaes, que agrupa a 60 importantes empresas de España y Marruecos.

18/02/2019|

Competencia descalifica la ley que prohíbe los vehículos diésel

La Ley de Cambio Climático y Transición energética de Baleares que debate hoy el Parlament ha topado con un obstáculo inesperado, la carta dirigida por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, al presidente de la Cámara autonómica Baltasar Picornell. En esta carta la Comisión cuestiona la mencionada ley por los efectos negativos que tendrá en la economía la prohibición, a partir de 2025, de la circulación de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible.

El presidente de la CNMC asegura tener como objetivo «garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en los mercados, en beneficio de los consumidores y usuarios». En este sentido añade que «la prohibición de determinados modelos de vehículos tendrá un efecto negativo sobre la competencia en múltiples actividades como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler de vehículos, entre otros, y todo ello en detrimento de consumidores y usuarios».

Explica Marín que la medida «parece no ajustarse a los principios de buena regulación» porque «no parece que concurran criterios de prudencia y razonabilidad en la norma proyectada, ya que no se aportan datos que relacionen la eficacia de la prohibición con una efectiva cuantificación de la reducción de la contaminación». Añade que la ley presenta aspectos «sustancialmente discriminatorios» al contemplar que los vehículos diésel puedan seguir circulando si cumplen una misión de servicio público o si presentan un criterio de radicación previa en el territorio.

Finalmente, critica que no se ofrezca un análisis de alternativas que pudiera «justificar la decisión tomada», así como «medidas menos gravosas como peajes, limitaciones geográficas por zonas específicas de las Islas o limitaciones horarias a la circulación».

Tras conocer esta carta de la CNMC, el presidente del PP balear, Biel Company, pidió ayer a la presidenta al Govern, Francina Armengol, y al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que dejen en suspenso el debate y votación de la Ley de Cambio Climático. Company exigió que se retire del orden del día una norma que «no es una ley pionera, sino una ley suicida para la economía y el empleo en el sector de la automoción».

La Ley de Cambio Climático, que en principio debe aprobar hoy el Parlament, es una de las principales iniciativas del Govern balear en esta legislatura. Los puntos clave del proyecto de ley son el impulso de las energías renovables, el cierre paulatino de las centrales térmicas más contaminantes de Baleares (Es Murterar en Mallorca y la de Mahón), avanzar en la transición hacia un modelo de transporte más sostenible y ganar cada vez más en eficiencia energética.

El horizonte que fija el proyecto de ley para Baleares se inspira en los Acuerdos de París y establece que las Islas estén libres de combustibles fósiles y con un cien por cien de energía renovable en 2050. La norma balear fija un objetivo intermedio, con un plazo más corto en 2030, cuando un 35 % de la energía en Baleares deberá ser renovable, frente al 2 % actual. De todos modos, hay proyectos en tramitación que permitirían llegar a un 10 %, un 20% en Menorca, con una mejora de la eficiencia energética y una reducción del consumo del 23 % y la consiguiente reducción de emisiones contaminantes de CO2 del 40 %.

La diputada de Més, Joanaina Campomar, señaló que la Ley de Cambio Climático es la «culminación de un trabajo realizado por el Govern desde el primer día» e hizo hincapié en que la norma «es una herramienta fundamental para continuar con esta lucha y conducir a unas Islas 100 por cien limpias». Aseguró que la norma «puede mantener el equilibrio entre la garantía de los puestos de trabajo y la defensa del medio ambiente».

18/02/2019|

Airef pide que se actúe sobre las pensiones y el déficit para evitar que la deuda se dispare al 132% del PIB

La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) ha vuelto a alertar sobre los riesgos de la inacción de los Gobiernos en materia de política económica sobre la evolución de la deuda pública. En su último Observatorio de deuda correspondiente a febrero advierte que, si no se toman medidas para contener el gasto del sistema de pensiones y para cerrar el déficit estructural de las Administraciones, la deuda pública se dispararía por encima del 132% en el entorno de 2048.

Este organismo fiscalizador de las cuentas públicas ha elaborado tres escenarios de los posibles riesgos que tiene la duda pública española en los próximos treinta años. El más pesimista de todos es aquel en el que los futuros Gobiernos no reformen el sistema de pensiones, éstas se mantengan ligadas al IPC, y tampoco se reduzcan los actuales niveles de déficit estructural situados en el entorno del 2%. En ese caso improbable sería cuando la deuda del Estado se estabilizaría en el entorno del 90% en la próxima década y escalaría, con la llegada de la generación del babyboom a la jubilación a partir de 2030, hasta llegar al citado 132,2% del PIB a mediados de siglo.

En el segundo de los escenarios, los gobiernos tomarían medidas normativas para que todas las Administraciones Públicas cerraran de forma agregada su déficit estructural, logrando incluso un superávit primario ligeramente por debajo del 1%. Esta situación asumiría las presiones de gasto procedentes de vincular las pensiones al IPC, pero no incluiría una reforma de la Seguridad Social que contuviera el gasto. En este caso, la deuda reduciría su peso sobre el PIB al entorno del 75% durante los próximos 30 años.

Finalmente, y para que los niveles de deuda cumplieran con el 60% sobre el PIB exigido por Bruselas, la Airef considera imprescindible que el cumplimiento de las reglas fiscales se combinara con una serie de reformas paramétricas del sistema de pensiones. Estas reformas deberían actuar sobre dos parámetros a la hora de calcular las nuevas pensiones: ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para calcular la cuantía de las nuevas pensiones y acercar la edad media de jubilación a la que se jubilan realmente los trabajadores a la edad legal en cada momento.

Ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión hace que, por regla general, se tengan en cuenta los años más cercanos al inicio de la vida laboral en los que se suele cobrar y cotizar menos que en los posteriores. Actualmente, se tienen en cuenta los últimos 22 años y aumenta un año cada ejercicio hasta que sumen los últimos 25 años que marcó la reforma de pensiones de 2011. Una nueva ampliación de este periodo tiraría a la baja de la cuantía de las futuras pensiones y, por lo tanto, contendría el incremento de gasto.

En cuanto a la recomendación de cerrar la brecha entre la edad real de jubilación y la edad legal, el efecto sería que más gente se retirara más tarde –siempre si retrasar la edad legal—y consecuentemente, cotizarían durante más años y cobrarían pensión durante menos tiempo. Esto aumentaría ingresos y contendría el gasto del sistema.

18/02/2019|

La OIT avisa de la precarización del empleo en el mundo y destaca la alta temporalidad en España

El empleo se recupera en el mundo. Los 172 millones de parados que había en 2018 equivalen al 5% de la población activa, la tasa más baja en una década. Pese a esta mejora, preocupa el deterioro en la calidad del trabajo. Y en los países desarrollados, España encabeza las estadísticas de temporalidad. En una comparativa con 18 países europeos, España registró la mayor proporción de contratos de seis meses o menos, según la Organización Internacional del Trabajo.

“La prevalencia de contratos temporales de corta duración puede exacerbar la sensación de inseguridad de los trabajadores, aumentando la volatilidad de sus ingresos y frustrando sus carreras profesionales. La evidencia sugiere que la tasa de pobreza crece cuanto menor sea la duración del contrato”, asegura el informe publicado el miércoles por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y en la comparación del peso de estos contratos en Europa, España bate récords.

La OIT alerta sobre los riesgos crecientes de la precariedad. “Después de haberse estabilizado entre 2014 y 2016, la incidencia del trabajo temporal vuelve a crecer de nuevo en Europa. El porcentaje de trabajadores temporales sobre el total está aumentando especialmente en España, donde en 2017 alcanzó el 26,8%, el porcentaje más alto desde 2008”, asegura el documento de la OIT.

La agencia de la ONU que reúne a Gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países incide así en un fenómeno ya conocido: la recuperación del empleo en España de los últimos años se ha hecho, como ya ocurrió durante el boom del ladrillo, primando los contratos de peor calidad.

Del total de contratos temporales que tenía España en 2017, en torno al 60% tenían una duración de seis meses o menos. Un porcentaje por delante de Croacia, Italia, Bélgica y Finlandia, todos ellos con más del 50% de contratos cortísimos sobre el total de los temporales. En el extremo opuesto están Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria, donde el peso de los contratos de seis meses o menos está por debajo del 25% del total de temporales. En Alemania y Dinamarca, los empleos de más de un año de duración suponen más de la mitad de los temporales, mientras que en España rondan el 10%.

“No es sorprendente que los países donde la duración media de los contratos es relativamente corta sean más proclives a registrar porcentajes altos de empleo temporal involuntario”, señala el informe. Como ejemplo negativo vuelve a salir España, ya que se dice que es en este país donde más del 85% de los empleados temporales están en esa situación porque no encontraron un trabajo indefinido. España, una vez más, encabeza aspectos negativos del mercado laboral europeo. Países como Bélgica, Grecia o Italia registraron un porcentaje también alto, por encima del 75%. Por el contrario, más de un 90% de los trabajadores temporales austriacos lo son por voluntad propia; porcentaje que en Alemania se queda en el 85%.

La OIT también analiza qué parte del empleo a tiempo parcial se explica por una decisión personal —ya sea porque el afectado desea pasar más tiempo en familia o porque estudia o está en un periodo de prácticas en una empresa— y cuál se debe a las condicionales laborales de un país, incapaz de ofrecer al trabajador una jornada laboral completa.

18/02/2019|

UGT convoca huelga general total para el próximo 8 de marzo

UGT ha registrado formalmente este jueves en Madrid una convocatoria de huelga general en toda España para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este está planteado para dar cobertura de 24 horas a aquellos trabajadores que quieran secundarlo, aunque contempla un paro mínimo de dos horas. Este es el formato que la central llama a adherirse a sus afiliados. Así lo ha avanzado la agencia Efe y lo han confirmado fuentes de UGT a este medio.

UGT ha registrado la convocatoria a nivel confederal en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y tiene previsto presentarla en el Registro del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el próximo miércoles, 20 de febrero. Otras centrales, tanto a nivel estatal (CGT) o a nivel autonómico (IAC en Catalunya), ya han registrado sus propias convocatorias. CCOO, por su parte, de momento ha registrado paros desde algunas de sus federaciones y tiende pendiente formalizar una convocatoria general.

"Aquellos que, por sus especiales características, situaciones, composición u otras circunstancias decidan la conveniencia de ampliar el paro a lo largo de la jornada, dispondrán de la cobertura legal necesaria que se ha incluido en la convocatoria general", subraya UGT en su comunicado.

18/02/2019|

Competencia expedienta a 25 consultoras por repartirse el mercado nacional

Las infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas que prestan servicios de consultoría, entre ellas Deloitte y PwC, al observar indicios racionales de que se han repartido el mercado nacional de servicios de consultoría.

La CNMC sospecha que han cometido infracciones prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según explica en un comunicado remitido este jueves. Las infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional. Concretamente, las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018.

Las empresas incoadas son: Abay Analistas Económicos; Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC; BmasiI Strategy; Competitividad Desarrollo e Innovación; Consultores de Políticas Comunitarias; Deloitte Consulting; Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory; Gestiona XXI Consulting; Gizarpro; Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom; Indra Sistemas; Innovisions 21; Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014; Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Red2Red Consultores; Regio Plus Consulting; T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International; y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas BmasiI Strategy; Deloitte Consulting; Idom Consulting; Engineering; Architecture; Innovisions 21; 97S&F; Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios; Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores. La incoación del expediente se produce tras inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018.

El origen de las actuaciones de la CNMC se encuentra en la remisión, por parte de la Autoridad Vasca de Competencia, de la investigación por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, la información obtenida en inspecciones realizadas por esa autoridad a principios de enero de 2017 en varias empresas. La CNMC recuerda a las partes el "deber de reserva y confidencialidad" al que están obligadas con el fin de proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

18/02/2019|