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El dique de contención del petróleo se rompe: la fisura en la OPEP que amenaza con inundar el mercado de crudo

Hay una discrepancia evidente en la estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A pesar de los recortes en la producción desde 2022 para mantener los precios del petróleo, varios países clave del grupo están aumentando su capacidad de producción. Esto significa que, aunque la producción de petróleo esté actualmente limitada, se prevé que en algún momento estos países produzcan más petróleo del que bombeaban antes de los recortes. Sin embargo, estas inversiones para aumentar la producción son costosas y no generarán beneficios mientras los recortes estén vigentes. El nerviosismo dentro del cártel está creciendo, con algunos países produciendo más de lo acordado y otros haciendo sacrificios adicionales. Las grietas en la OPEP son evidentes y cuanto más tiempo duren los recortes, mayor será el riesgo de que estas grietas provoquen una guerra de precios que inunde el mercado de crudo.

Por un lado, países como Irak o Emiratos Árabes Unidos están trabajando para aumentar su producción de petróleo. Es lógico pensar que estas inversiones deben generar beneficios en algún momento. Es decir, si los recortes de producción se mantienen indefinidamente, no tendría sentido que los grandes productores invirtieran millones en producir más petróleo. La fuerte dependencia de los ingresos del petróleo por parte de muchos miembros de la OPEP complica el cumplimiento de los acuerdos de recorte. La tensión se hace evidente, como se refleja en los últimos datos de producción del cártel.

El riesgo para los grandes productores de petróleo es que se repita la guerra de precios que ocurrió en 2020 entre los principales miembros de la OPEP+ (Arabia Saudí y Rusia). Estos dos países compitieron para ver quién podía aumentar más la oferta y resistir mejor el hundimiento de los precios del crudo. El mercado ya muestra signos de nerviosismo con las recientes caídas en los precios del crudo.

Además, en abril la OPEP produjo más petróleo de lo acordado. Según una encuesta de Bloomberg, la producción de petróleo en los nueve países sujetos a los objetivos de la OPEP+ superó el nivel acordado en casi medio millón de barriles por día. Más de la mitad de esta desviación se debió a Irak, que aumentó su producción en abril, lo que elevó su desviación a 220.000 barriles por día. Los datos de Bloomberg también muestran un aumento en las exportaciones de petróleo iraquíes en abril.

La situación se complica aún más con el anuncio del ministro de petróleo iraní de un incremento en la producción de crudo en 400.000 barriles diarios. Aunque Irán no forma parte del acuerdo de recortes, este aumento presionará aún más a la baja los precios del petróleo, lo que obligará a los miembros que sí recortan a asumir mayores costos.

La salida de Angola de la OPEP a finales del año pasado ilustra los conflictos internos en la organización sobre los acuerdos de recorte de la oferta. No se puede descartar que esto se repita con otros miembros del cártel, especialmente teniendo en cuenta los esfuerzos para aumentar la capacidad total de producción. La presión sobre países como Irak para reducir la producción podría aumentar en los próximos meses si no se implementan los recortes acordados, lo que podría provocar un exceso de oferta y presionar aún más a la baja los precios del petróleo.

(El Economista, 09-05-2024)

15/05/2024|

Las empresas catalanas, en vísperas de las elecciones, reclaman estabilidad política y rebajas fiscales

También se demanda una mayor colaboración entre el sector público y privado, simplificar la legislación, reducir la burocracia, establecer un nuevo modelo de financiación y desbloquear proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock.

La campaña electoral en Cataluña está llegando a su fin este viernes, y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la próxima legislatura. Exigen un cambio en la dirección económica, política y tributaria, con el objetivo de lograr estabilidad y recuperar el liderazgo como la comunidad autónoma que más contribuye al PIB. Además, reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años, e incluso décadas, en espera, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación.

La reducción de impuestos también es una demanda compartida. Según Foment del Treball, Cataluña enfrenta un "infierno fiscal", según su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat contradice completamente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también considera que la fiscalidad es "excesiva", por lo que pide un cambio en este aspecto.

Cataluña cuenta con la mayor cantidad de tributos propios entre todas las comunidades autónomas, con un total de once en vigor actualmente. Según Foment del Treball, estos impuestos son una "barrera" para atraer inversiones y nuevas empresas. Además, plantea la necesidad de revisar los tipos impositivos en Sucesiones, ya que dificultan el acceso a la vivienda, y eliminar el impuesto de Patrimonio, que consideran "confiscatorio".

El tema de la vivienda está en el centro del debate, especialmente después de la entrada en vigor de límites al alquiler en 141 municipios considerados "tensionados". Durante la campaña, el Govern de ERC anunció su extensión a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña critica los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan, lo que, en su opinión, aumenta la tensión en el mercado y no logra el objetivo de reducir los precios.

Otro punto en común entre los agentes económicos es la mejora en la financiación de la Generalitat. En una declaración firmada por una veintena de organizaciones empresariales a principios de marzo, se pedía un "pacto fiscal" basado en el concierto y el cupo, o un "modelo federal" en el que todos los impuestos sean gestionados por un consorcio compuesto por Hacienda y la Generalitat.

Cuando el Parlament rechazó las cuentas consensuadas entre ERC y el PSC, los comunes argumentaron que no se estaba vetando el proyecto de Hard Rock, el complejo de ocio y juego proyectado en Tarragona desde hace más de 10 años. Sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, enfatizó la necesidad de inversión para diversificar el turismo y lamentó la desinformación sobre el proyecto. También destacó la importancia de apoyar la industria petroquímica en la provincia.

Existen numerosas inversiones bloqueadas, algunas de las cuales serían financiadas por el Estado, pero han sido objeto de fuerte oposición por parte del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana.

El retraso en el desarrollo de energía renovable, un área en la que Cataluña había sido pionera, también preocupa, al igual que la sequía, que según el último barómetro del Colegio de Economistas, es la principal preocupación entre los empresarios. A pesar de los anuncios del Govern sobre inversiones, muchos proyectos diseñados hace años se paralizaron debido a los recortes impulsados por el expresidente Artur Mas en 2011.

Además, existe una preocupación persistente por el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, considera que la administración es "asfixiante", y la patronal Cecot propone la creación de una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público.

Otro objetivo común es recuperar el liderazgo autonómico, ya que desde 2017, Madrid ha superado a Cataluña como la autonomía que más contribuye al PIB nacional. El empresariado insta a poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.

(Expansión, 10-05-2024)

15/05/2024|

El coche eléctrico choca ante la paradoja fiscal de los impuestos de la transición verde

La transición hacia los coches eléctricos enfrenta desafíos inesperados. Aunque la demanda aumenta, no al ritmo esperado por la industria automotriz, lo que ha desencadenado una guerra de precios entre las empresas para atraer a nuevos consumidores, quienes priorizan más el costo al adquirir un vehículo eléctrico. Una adopción deficiente podría comprometer la transición energética, por lo que varios gobiernos han implementado ayudas para impulsar la compra de estos vehículos. Sin embargo, a medida que los coches eléctricos ganan terreno, los ingresos por impuestos sobre combustibles disminuyen, lo que podría generar un déficit en las finanzas de muchos países, especialmente en Europa.

En 2023, a nivel mundial, los coches eléctricos impidieron la recaudación de 11.140 millones de euros en impuestos sobre gasolina y diésel. Por otro lado, los ingresos por impuestos sobre vehículos eléctricos ascendieron a 1.860 millones de euros, lo que resultó en una pérdida de 9.280 millones de euros. Aunque estas cifras pueden parecer modestas a nivel global, con el crecimiento actual del mercado de coches eléctricos, estas pérdidas podrían alcanzar los 102.090 millones de euros en 2035 a nivel mundial.

Según el informe Global EV Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Europa representa el 60% de estas pérdidas. Esto es notable, considerando que Europa tuvo una cuota de ventas de vehículos eléctricos significativamente menor que China el año pasado. China dominó el 60% de las ventas, mientras que Europa y Estados Unidos representaron el 25% y el 10%, respectivamente, del total mundial. Esta alta concentración es una debilidad del mercado de coches eléctricos.

La diferencia radica en que los impuestos a los combustibles en Europa son más altos que en China y Estados Unidos. Por ejemplo, el impuesto sobre la gasolina en Francia, Alemania e Italia es seis veces mayor que en China. Se prevé que las pérdidas en Europa alcancen los 64.960 millones de euros en 2035, en comparación con los 15.780 millones de euros en China y los 278 millones de euros en Estados Unidos. Las pérdidas menores en Estados Unidos se deben a que el país tiene una de las tasas impositivas más bajas sobre combustibles, solo superada por Rusia, Brasil e Indonesia, según el Departamento de Energía de EE. UU.

El aumento en el uso de coches eléctricos resulta en una disminución de los ingresos por combustibles, lo que obliga a los Estados a realizar una transición impositiva de los vehículos de combustión a los eléctricos. Esto podría contrarrestar los incentivos para adquirir estos modelos, poniendo en riesgo la transición verde.

Noruega, líder europeo en coches eléctricos, ha cambiado su estrategia debido a esta situación. Aunque anteriormente introdujo medidas para fomentar las ventas de coches eléctricos, como la eliminación del IVA en la compra, el país ha comenzado a revertir estas políticas. El gobierno noruego eliminó los beneficios fiscales para las empresas con vehículos eléctricos en su flota, con el objetivo de evitar la reducción de los ingresos fiscales.

En España, el uso de coches eléctricos aún no ha alcanzado un punto crítico. Aunque las ventas aumentaron un 73,4% en 2023, representan solo el 5,6% de las ventas totales. Por lo tanto, los esfuerzos se centran en impulsar su uso, como el Plan MOVES III, que proporciona ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

(El Economista, 10-05-2024)

15/05/2024|

La reforma del subsidio penalizará a los parados de larga duración y a los trabajadores con peores empleos

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para simplificar y mejorar el nivel asistencial presenta una novedad destacada: la posibilidad de compatibilizar la prestación contributiva por desempleo con un empleo a jornada completa, siempre y cuando el salario no supere el 225% del IPREM, es decir, 1.350 euros. Sin embargo, al profundizar en los detalles del texto, surgen diversas sorpresas: la compatibilidad está limitada a un máximo del 80% del IPREM (480 euros en los niveles actuales) durante los dos primeros meses. Posteriormente, este porcentaje se reducirá de manera significativa, una medida que afecta principalmente a los desempleados de larga duración y a aquellos que acepten trabajos a tiempo parcial.

El borrador del texto legal, al cual elEconomista.es ha tenido acceso, incluye cambios significativos con respecto a la versión presentada en diciembre, que fue rechazada por el Congreso con el voto en contra de diputados del PP, Vox y Podemos. La formación morada fundamentó su rechazo en la reducción del 125% al 100% de la base mínima en la cotización que aporta el SEPE para la jubilación de los beneficiarios mayores de 52 años. La nueva versión del Gobierno aborda este tema, pero introduce la posibilidad de compatibilizar las prestaciones con un trabajo a tiempo completo.

El mecanismo para lograr esto es similar al de los subsidios. Es decir, la prestación se convierte en un "complemento de apoyo al empleo" que se irá reduciendo conforme el beneficiario consuma su período de prestación. Según el texto, esta normativa se aplicará a las prestaciones contributivas por desempleo reconocidas un año después de su entrada en vigor (un plazo que el Gobierno ha retrasado del 1 de abril al 1 de julio de 2025) para aquellos que hayan superado los 12 meses y comiencen un trabajo a tiempo completo o parcial. No obstante, se establece una excepción para aquellos que hayan comenzado a cobrar el paro antes de esa fecha pero alcancen o superen los 12 meses en ese momento, permitiéndoles compatibilizar un trabajo a tiempo completo con su prestación.

El límite de un año reduce el número potencial de beneficiarios a la mitad de aquellos que perciben la prestación contributiva. Según datos actuales del SEPE, aproximadamente 430.000 personas tienen un período de cobro reconocido de más de 12 meses, de las cuales 198.000 alcanzan los 24 meses. Sin embargo, es difícil prever cuántos superarán estos umbrales en un año, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el 80% de los beneficiarios no agotan el período de cobro reconocido.

El esquema es llamativo, ya que el complemento se reduce con el tiempo que el desempleado lleva cobrando el paro. Entre el décimo tercer y décimo quinto mes, el complemento alcanzará el 80% del IPREM, que equivale al importe asignado actualmente para un subsidio (y el mínimo que se alcanzará con el nuevo sistema), es decir, 480 euros según el nivel actual de este indicador. A partir de ahí, el porcentaje disminuirá hasta llegar al 30% (180 euros). A los trabajadores a tiempo parcial se les aplicarán reducciones aún más pronunciadas.

Una de las sorpresas más destacadas es que, aunque actualmente no se puede compatibilizar un empleo a tiempo completo con el paro, sí se permite con un empleo a tiempo parcial. Esto implica restar del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. El nuevo sistema establece un límite no en relación con esa cantidad, sino con el IPREM, y este porcentaje también disminuye con el tiempo, lo cual es una novedad. Es importante recordar que la prestación contributiva se reduce del 80% al 60% de la base reguladora a partir del sexto mes, pero se mantiene constante hasta su agotamiento. Por lo tanto, las personas que llevan más de 12 meses percibiendo una prestación y tienen un empleo a tiempo parcial no ven reducido el importe de su prestación con el tiempo.

Esta novedad explica el período de gracia otorgado a los desempleados que trabajen a tiempo parcial: aquellos que deseen acogerse a este sistema un año después de la entrada en vigor de la normativa experimentarán un empeoramiento en sus condiciones, con una ayuda mucho menor que la de los desempleados con empleo a tiempo completo. La idea, al igual que con el diseño de los subsidios, es que este complemento (y la prestación) no se utilicen como apoyo para empleos a media jornada, sino como un incentivo para la empleabilidad. Sin embargo, en la práctica supone un endurecimiento de las condiciones.

Surge una pregunta adicional: ¿Qué sucede con la prestación que no se utiliza junto con el complemento? La cuantía de una prestación contributiva se determina en función de la base reguladora, no del IPREM como ocurre con los subsidios. En este sentido, el complemento no guarda proporción con la prestación. A pesar de ello, el decreto sugiere que también reducirá los días de cobro de la prestación, al igual que ocurre con los subsidios.

En algunos casos, esto puede resultar en un beneficio, especialmente para aquellos que reciben el complemento durante los dos primeros meses (cuando alcanza el 80% del IPREM). Sin embargo, la disminución a lo largo del tiempo hace que no sea rentable e incluso que el desempleado lo perciba como una pérdida del dinero que el SEPE le "debe". En cualquier caso, el borrador deja claro que el SEPE podrá desistir de la aplicación de la compatibilidad, en cuyo caso la prestación quedará suspendida por la realización de un trabajo por cuenta ajena.

(El Economista, 10-05-2024)

15/05/2024|

El Tribunal Supremo zanja el debate: son laborales los litigios sobre seguros de pensiones empresariales

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente, en una sentencia emitida el 29 de abril de 2024, que los conflictos relacionados con los seguros colectivos de rentas, establecidos por las empresas como beneficios voluntarios de la Seguridad Social para sus empleados, de acuerdo con lo acordado en el convenio colectivo sectorial, son competencia de la jurisdicción Social y no de la Civil.

El magistrado Vela Torres, como ponente, ha afirmado que "la mejora voluntaria representa una protección adicional, complementaria a la provista por el sistema público de pensiones, pero no constituye una forma alternativa o sustitutiva de la protección que el régimen público debe ofrecer". Esta cuestión debe interpretarse a la luz del artículo 2 q) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Estas mejoras suelen originarse en una disposición acordada colectivamente, mediante la cual el empleador se compromete a suscribir una póliza de seguro que garantice al trabajador el pago de una suma de dinero en caso de ciertos eventos, como la incapacidad o el fallecimiento debido a un accidente laboral o una enfermedad profesional, incluso cubriendo contingencias comunes.

Aunque, además de la legislación laboral y de Seguridad Social, es necesario considerar lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, sobre Contrato de Seguro, y el uso de un contrato mercantil de seguro para implementar la eficacia de la mejora, esto no altera la naturaleza laboral de la relación jurídica ni la atribución de competencia al Orden Social.

El magistrado argumenta que, prácticamente desde la promulgación de la Ley de Contrato de Seguro de 1980, surgió la pregunta sobre si los litigios relacionados con los contratos de seguro que ofrecen cobertura de mejoras voluntarias de la seguridad social correspondían a la jurisdicción civil o social.

Existen numerosas sentencias de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, que sostienen que la competencia corresponde al orden jurisdiccional social (sentencias de 25 de octubre de 1982, 4 y 8 de junio de 1984, 18 de junio de 1985 y 30 de abril y 11 de noviembre de 1986), tal como resumió la sentencia de la Sala Cuarta de 27 de enero de 1987.

Por otro lado, no hay ninguna sentencia de la Sala Primera que afirme la competencia de la jurisdicción Civil para estos asuntos. Por el contrario, la única sentencia que abordó indirectamente la cuestión, la núm. 206/2006, de 23 de febrero, reconoció la competencia de la jurisdicción Civil en un litigio entre un mutualista y una mutua, precisamente porque la relación jurídica entre ellos no derivaba de una relación laboral ni de la aplicación de un convenio colectivo en su ámbito laboral.

(El Economista, 10-05-2024)

15/05/2024|

Trabajo dice que los salarios en España no deben ir ligados a la productividad

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, argumentó que la productividad en España debería relacionarse con aspectos distintos al salario, y que la reducción de la jornada laboral sin disminuir el salario podría ser un mecanismo para aumentar la productividad sin afectar los salarios.

Pérez Rey expresó este jueves durante unas jornadas organizadas por la Fundación 1º de Mayo, que España necesita adoptar un enfoque diferente y dejar de asociar la productividad exclusivamente con los salarios, lo que podría contribuir a reducir la brecha salarial de 20 puntos porcentuales con respecto a Europa.

"Ayer pedía el presidente del Gobierno a las empresas que debían subir el salario y, efectivamente, yo creo que las empresas deben subir el salario, pero claro, esto no puede ser una especie de invitación a que se haga un acto de ejercicio de autorresponsabilidad, sino que esto tiene que ser un compromiso", ha expuesto.

En consonancia con esto, señaló que el aumento de los salarios en España implica fortalecer todos los mecanismos salariales relacionados con el desempeño de la empresa y aumentar las escalas salariales. Para lograrlo, resaltó la importancia de la negociación colectiva.

"Los convenios colectivos en este país están básicamente afectando a nueve de cada diez trabajadores, y eso quiere decir también que las organizaciones sindicales y patronales de este país tienen una capacidad de regulación del conjunto de las relaciones laborales que va mucho más allá del ámbito estricto de la representación y de la afiliación", subrayó el secretario de Estado.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, precisó que el aumento de los salarios contribuye a mejorar la productividad de las empresas españolas a largo plazo y representa un factor de cohesión social entre las instituciones.

Además, Sordo también abogó por la importancia de mejorar los niveles de remuneración de las organizaciones sindicales. "¿Está hablando de subvenciones? No, estoy hablando de una retribución acorde con la inmensa responsabilidad que el marco legislativo español atribuye a las organizaciones sindicales en función de la aplicación erróneas de eficacia general de lo que pactamos", indicó Sordo.

(El País, 10-05-2024)

15/05/2024|

La Inspección de Trabajo ha aflorado 16 millones de euros en salarios impagados a lo largo del año

Las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo durante los primeros cuatro meses de este año han revelado que las empresas estaban dejando de pagar correctamente a sus trabajadores, lo que resultaba en una evasión de más de 16 millones de euros en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. En algunos casos, se encontró que las empresas pagaban por debajo del salario mínimo legal, omitían complementos salariales, abonaban sueldos inferiores a los establecidos por convenio o incluso dejaban de pagar los salarios a los empleados sin justificación. Estas infracciones fueron corregidas, dando lugar a la recuperación de los salarios impagados.

Esta acción forma parte de una campaña más amplia para regularizar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. En particular, se ha prestado atención a asegurar que las empresas ajusten los salarios de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y que cumplan adecuadamente con las obligaciones laborales, como el pago y la protección de las empleadas del hogar.

Por otro lado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, abogó por aumentar los salarios y desvincularlos de la productividad empresarial, argumentando que España debe dejar de ser un país con sueldos bajos en comparación con Europa. Subrayó la importancia de que el aumento salarial sea un compromiso por parte de las empresas, en lugar de una simple sugerencia.

En relación con este tema, el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para promover el uso de currículos anónimos en los procesos de selección, una medida respaldada también por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Argumentan que ciertos aspectos personales como la edad, el sexo o la apariencia física pueden influir en las decisiones de contratación, y buscan evitar posibles discriminaciones en el empleo.

(El País, 10-05-2024)

15/05/2024|

Cuerpo: “El Estado es un accionista que da estabilidad a las empresas estratégicas”

El titular de Economía urge a "adoptar una postura más cautelosa frente a la llegada de inversión extranjera a nuestras empresas clave". "Necesitamos resguardar nuestros intereses y contamos con los medios adecuados para hacerlo", afirma. "Debemos dejar de ser ingenuos o crédulos al evaluar la entrada de inversión extranjera en nuestras empresas estratégicas", declaró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, argumentando que el Estado debe "defender los intereses" del país utilizando los instrumentos disponibles, desde imponer condiciones a una operación hasta adquirir participación en dichas compañías.

"El Estado actúa como accionista brindando estabilidad", aseguró durante el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, organizado en colaboración con el think tank internacional The European House-Ambrosetti, celebrado recientemente en el Parador de Alcalá de Henares. Las declaraciones de Cuerpo surgen en medio del regreso del Estado al capital de Telefónica, empresa en la que el Gobierno encomendó a la Sepi tomar un 10% de las acciones (ya ha adquirido un 7% y ha nominado a Carlos Ocaña, cercano al presidente del Ejecutivo, como consejero) como respuesta a la adquisición del 9,9% por parte de la empresa estatal saudí STC.

Ante la posibilidad de que el Gobierno tome medidas similares frente a la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, o la del gigante energético emiratí Taqa sobre Naturgy, Cuerpo destacó que en la Unión Europea hay consenso sobre la necesidad de proteger "la autonomía estratégica, especialmente en sectores clave, como el energético, las telecomunicaciones, las infraestructuras o el sector financiero", añadiendo explícitamente el de "los transportes".

En este contexto, afirmó, "el Estado actúa como accionista brindando estabilidad y una visión a largo plazo", aunque especificó que esto "no tiene por qué ser la única" acción defensiva que el Gobierno podría tomar ante este tipo de operaciones. "Nuestra normativa permite, si lo consideramos necesario, establecer condiciones para estas operaciones, como mantener un cierto nivel de inversión o proteger nuestras redes e infraestructuras", explicó.

Cuerpo reconoció que esta consideración estratégica se aplica a empresas como Naturgy o Talgo, "que además tienen características específicas relacionadas con la propiedad intelectual que las hacen aún más estratégicas", subrayó. En resumen, concluyó el ministro, "se trata de proteger nuestros intereses y contamos con los medios adecuados para hacerlo, y ese es el mensaje que creo que debemos transmitir". Cuerpo defendió que este "marco debería inspirar mucha confianza", sin que, afirmó, el blindaje reduzca el atractivo de España como destino de inversión, ya que, de 2018 a 2024, "ha sido el cuarto país del mundo en el que se han iniciado más proyectos nuevos con inversión extranjera", destacó.

El ministro de Economía destacó que otro "mensaje de confianza adicional" es el sólido crecimiento económico del país, que sorprendió con un aumento del 0,7% en el primer trimestre, llevando al Banco de España a anticipar una revisión al alza de su pronóstico de crecimiento del PIB para 2024 por encima del actual 1,9%, como informó el día anterior en el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN el gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Ante la pregunta de si el Gobierno está considerando elevar su propia estimación, Cuerpo recordó que hace diez días enviaron una actualización de sus previsiones para 2024 a Bruselas, manteniendo una proyección de crecimiento del PIB del 2% este año "por precaución en las previsiones macroeconómicas, que son la base para la elaboración presupuestaria". En este sentido, Cuerpo defendió que "la prórroga presupuestaria de 2023 no ha tenido un impacto negativo", dado el "margen de flexibilidad" de las cuentas para "reasignar partidas", aunque adelantó que el Gobierno ya está "centrado en la negociación de los Presupuestos de 2025".

Además, explicó, el Gobierno "está trabajando para que los nuevos impuestos temporales sobre las grandes entidades bancarias y las empresas energéticas se mantengan de manera permanente en nuestro sistema tributario". "Este cambio de temporal a permanente debe incluir una revisión de los impuestos", como la adaptación del impuesto sobre el sector financiero a la evolución de los tipos de interés, que se espera que comiencen a bajar en junio, o incentivos para las inversiones en electrificación de las empresas energéticas.

(Expansión, 10-05-2024)

15/05/2024|

La compraventa de viviendas cae un 13,7% en marzo, pero el precio crece un 4,5%

Según los datos publicados hoy por el Consejo General del Notariado, la actividad de compraventa de viviendas en España experimentó una disminución del 13,7% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 4,5%. Sin embargo, el precio medio de la vivienda aumentó un 4,2%.

En cuanto al número de compraventas, se registraron un total de 56.559 unidades en marzo, lo que supone una caída del 13,7% interanual. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.683 €/m², con un incremento del 4,2%. En lo que respecta al tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 13,9%, alcanzando las 43.761 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares descendieron un 13,2% hasta las 12.797 unidades.

En cuanto a los precios, los pisos experimentaron un aumento del 4,5%, con un precio medio de 1.878 euros/m², mientras que el precio de las viviendas unifamiliares promedió los 1.314 euros/m², con un incremento del 3,8%. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, se observa que catorce regiones registraron una reducción en la compraventa de viviendas, mientras que solo tres experimentaron un aumento. Las comunidades con un crecimiento positivo fueron La Rioja (5,6%), Asturias (4,3%) y el País Vasco (2,8%).

En términos de precios, se observa un aumento del 4,2% en el precio del metro cuadrado a nivel nacional. Quince autonomías experimentaron un incremento en el precio de la vivienda, mientras que en las dos restantes se registró una disminución. Destacan los aumentos de dos dígitos en Baleares (23,9%), Canarias (18,0%) y Cantabria (16,1%). En contraste, se observaron retrocesos en Navarra (-35,4%) y Murcia (-0,002%).

(Expansión, 10-05-2024)

15/05/2024|

La población de España marca máximos históricos, rozando los 49 millones de personas

El 1 de abril, España registraba una población total de 48.692.804 habitantes, con un aumento de 82.346 personas durante el primer trimestre de 2024, según los datos provisionales más recientes de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hoy. Este crecimiento poblacional se debe principalmente a la llegada de extranjeros, ya que la población con nacionalidad española sigue disminuyendo. En términos anuales, la población aumentó en 459.615 personas.

Durante este período, el número de hogares también aumentó, llegando a un total de 19.334.585 después de sumar 23.809 nuevos hogares. El crecimiento poblacional se atribuye casi en su totalidad al aumento de personas nacidas en el extranjero, cuya población alcanzó los 8.915.831 individuos, superando a la población extranjera, debido en parte a los procesos de nacionalización española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron colombianos (con 39.200 llegadas a España), marroquí (26.000) y venezolana (22.600). En cuanto a las nacionalidades más comunes entre los emigrantes, destacan la española (con 10.000 salidas), la marroquí (9.900) y la rumana (8.000). El número de extranjeros aumentó en 85.684 personas, alcanzando un total de 6.581.028, mientras que la población de nacionalidad española disminuyó en 3.338 personas.

Durante el primer trimestre de 2024, la población creció en 12 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla, mientras que se redujo en las cinco comunidades autónomas restantes y en la ciudad autónoma de Ceuta. La Comunidad de Madrid (0,44%), la ciudad autónoma de Melilla (0,40%) y la Comunitat Valenciana (0,36%) experimentaron los mayores incrementos en la población.

(El Mundo, 10-05-2024)

15/05/2024|