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El PP propone bonificaciones fiscales a los propietarios que alquilen casas vacías

Exenciones fiscales para propietarios y compradores de viviendas son algunas de las medidas que formarán parte del paquete legislativo sobre vivienda que el Partido Popular (PP) pretende presentar esta semana. Según lo adelantado por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, una de las "ventajas" incluidas en el plan será la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares que utilicen el dinero recibido para adquirir una vivienda.

El PP asegura que su propuesta está dirigida a "jóvenes y familias". Para los primeros, promete además una exención fiscal de cuatro años, aunque aún no se han dado detalles sobre cómo se implementaría, parece estar vinculada a la compra de una vivienda.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid, Gamarra también adelantó la intención de introducir una deducción en el impuesto sobre la renta (sin especificar el porcentaje) para aquellos propietarios que pongan en alquiler viviendas que han estado vacías. Según explicó, esta deducción se aplicaría a inmuebles que hayan estado desocupados durante al menos dos años antes de ser alquilados. "Hay viviendas vacías que queremos que se incorporen al mercado", indicó Gamarra, citada por una nota del partido.

El plan, que el PP presenta como alternativa ante lo que consideran un "fracaso del Gobierno", también incluye un compromiso firme contra la ocupación ilegal. "Al okupa no se le protege, se le desaloja", subrayó Gamarra, señalando la necesidad de aumentar la protección a los propietarios, aunque sin detallar los mecanismos específicos que contemplará la propuesta legislativa.

Gamarra criticó la gestión del actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, afirmando que, tras seis años en el poder, no ha cumplido su promesa de construir más de 200.000 viviendas, de las cuales prácticamente no se ha visto ninguna. En contraste, el PP estima que, con sus medidas, en España se podrían construir alrededor de 200.000 viviendas anuales, aproximadamente el doble de lo que actualmente construyen en conjunto los sectores público y privado.

La falta de oferta es una de las causas más señaladas por expertos para explicar el aumento de precios de la vivienda. Además de aumentar la construcción, los especialistas suelen sugerir la necesidad de enfocar más viviendas hacia el mercado de alquiler, que es donde los jóvenes encuentran mayores dificultades de acceso, así como incrementar el parque de viviendas sociales y asequibles, un área en la que España presenta un déficit considerable en comparación con otros países europeos.

(El País, 02-10-2024)

07/10/2024|

Hacienda dejará de regularizar en el IRPF el IVA de ventas en negro si está prescrito

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha puesto freno a la estrategia de la Agencia Tributaria en relación con las ventas no declaradas. El órgano ha determinado que el fisco no puede incluir en el IRPF el importe completo de una venta o servicio si la operación ha prescrito en términos de IVA.

La Agencia Tributaria sostenía que, si un contribuyente realizaba una operación en negro (por ejemplo, alquilar una plaza de garaje por 100 euros al mes) y el IVA no declarado ya había prescrito, podía incluir los 100 euros íntegros (sin descontar el IVA no declarado) en la base imponible del IRPF del contribuyente para compensar la deuda. En cambio, si el plazo para reclamar el IVA no había prescrito, la Agencia liquidaba sobre los 100 euros, asumiendo que el IVA estaba incluido en ese precio.

En otras palabras, la Agencia aplicaba dos criterios distintos según si el periodo para liquidar el IVA había prescrito o no. Si el IVA ya estaba prescrito, consideraba que el precio de la operación era de 100 euros más IVA, es decir, 121 euros, incluyendo los 100 euros íntegros en el IRPF. Si el IVA no estaba prescrito, entendía que el precio de la operación era de 100 euros con IVA incluido.

En una resolución emitida el 24 de septiembre, el TEAC rechazó esta postura de la Agencia Tributaria y estableció que el precio de la operación oculta, tanto si la Administración puede regularizarla como si no, siempre debe entenderse con el IVA incluido.

Así, si el fisco no puede reclamar el IVA porque ha prescrito, pero aún puede regularizar el IRPF del contribuyente, deberá incluir en la base imponible de este último impuesto el precio de la operación, descontando el IVA no declarado. El TEAC criticó que la Agencia Tributaria emplea "una doble visión de la misma realidad", algo que no comparte.

El Tribunal recordó que la prescripción tiene como objetivo final la seguridad jurídica, aunque pueda ir en detrimento de la justicia tributaria, permitiendo incluso que un contribuyente se quede con cuotas de IVA que debería haber ingresado en el Tesoro. Sin embargo, esto es algo "sabido y aceptado por el legislador", y está respaldado por la Constitución, que garantiza el principio de seguridad jurídica.

La diferencia de criterio de la Agencia Tributaria se debe a que los plazos de prescripción del IVA y del IRPF (o del Impuesto de Sociedades, en caso de que la venta no declarada la haga una empresa) son distintos. Mientras que el IVA se liquida 20 días después de finalizado el trimestre (o 30 días en el caso del cuarto trimestre), el IRPF se liquida seis meses después de terminar el año. Esto provoca que, en una inspección, puedan regularizarse situaciones en el IRPF pero no en el IVA, ya que este último puede haber comenzado a prescribir seis meses antes.

(El Economista, 02-10-2024)

07/10/2024|

El dinero en efectivo bajo lupa

La economía sumergida en España se sitúa entre los 230.000 y 240.000 millones de euros, representando aproximadamente un 16,9% del PIB, según los datos de 2021 publicados por Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Esta cifra coloca a España por encima de la media europea en un 3% en términos de 'economía ilegal'.

No es sorprendente que la Agencia Tributaria busque un mayor control sobre los movimientos de efectivo tanto de empresas como de particulares. El 'dinero negro' es el método más común para realizar pagos sin dejar rastro y evitando el pago de impuestos.

Con el objetivo de combatir el fraude fiscal y los delitos económicos, los bancos están obligados a notificar a Hacienda sobre actividades financieras que consideren sospechosas. El portal del Banco de España detalla los tipos de operaciones que se consideran de riesgo, basándose en patrones habituales de fraude.

¿Cuándo informará tu banco a Hacienda? Las entidades bancarias están obligadas a reportar a Hacienda cuando se detecten ciertas acciones relacionadas con dinero en efectivo en las cuentas, como ingresos o retiradas que superen los 3.000 euros, o la gestión de documentos como pagarés, cheques o letras por un importe superior a esa cantidad.

Sin embargo, que el banco informe a Hacienda no significa que se abra una investigación de manera automática. Solo se investigarán aquellas transacciones que presenten indicios claros de irregularidades. En ese caso, Hacienda solicitará información adicional al banco o al cliente involucrado.

En este contexto, Hacienda presta especial atención a los autónomos, particularmente aquellos sectores donde el uso del efectivo es habitual y puede eludir el control fiscal. A través de su Plan de Control Tributario y Aduanero, la Agencia Tributaria mantiene "una vigilancia constante en sectores y modelos de negocio con alto riesgo de economía sumergida, centrándose en el uso intensivo de efectivo o en el empleo de métodos de pago electrónicos desde el extranjero que eviten las obligaciones de informar".

Además, cualquier transacción en efectivo que supere los 1.000 euros, el límite fijado por la ley 11/2021 de 9 de julio para prevenir y combatir el fraude fiscal, estará bajo especial vigilancia.

(El Periódico, 02-10-2024)

07/10/2024|

España es un país cada vez más envejecido

La baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida están impactando en el mercado laboral, donde ya la mitad de los trabajadores tienen más de 45 años. Así lo revelan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestran que 10,8 millones de personas empleadas superan esa edad, lo que representa el 50% de los 21,6 millones de ocupados. Esto supone un incremento de 10 puntos en comparación con hace una década, reflejando el envejecimiento progresivo de la población activa en España. En 2014, el número de empleados mayores de 45 años era de 7,1 millones, lo que representaba el 40,9 % de un total de 17,3 millones.

El mayor aumento se ha dado en el grupo de edad de 55 a 59 años, que ha crecido en un millón de empleados, alcanzando los 2,5 millones, el máximo de la serie histórica. El grupo de 50 a 54 años también ha crecido en 873.000 personas, superando por primera vez los 3 millones de ocupados. Asimismo, los trabajadores de entre 45 y 49 años han alcanzado casi los 3,3 millones, también un récord.

En cuanto al tipo de empleador, los empleados mayores de 50 años en el sector público han aumentado en 467.000 personas, mientras que en el sector privado casi se han duplicado, pasando de 3,5 millones en 2014 a más de 6 millones en 2023. En paralelo, los jóvenes menores de 25 años también han aumentado en el mercado laboral, de 741.800 en 2014 a 1,3 millones este año. Sin embargo, la presencia de trabajadores de entre 25 y 45 años ha disminuido en peso relativo, a pesar de ciertos incrementos en número de ocupados, debido al crecimiento global del empleo en otras franjas etarias.

El aumento de los mayores de 45 años en el mercado laboral se debe tanto al incremento en la población de este grupo, que ha pasado de representar el 44,8 % de la población española hace diez años al 50 % actual, como a las políticas destinadas a acercar la edad efectiva de jubilación (65,2 años) a la edad legal (66 años y 6 meses), penalizando la jubilación anticipada y promoviendo el retraso del retiro o la compatibilidad entre pensión y empleo.

Con el actual ritmo de envejecimiento demográfico, se prevé que para 2030 el 30% de la población será mayor de 65 años, lo que coincidirá con las jubilaciones masivas de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1977). Esto pondrá presión sobre un grupo más reducido de trabajadores, quienes deberán soportar el coste de las pensiones, lo que pondría en peligro la sostenibilidad del sistema. Además, el envejecimiento de los empleados podría afectar la productividad. El Banco de España ya ha advertido sobre los riesgos de este envejecimiento en el mercado laboral, señalando la disminución de la movilidad y el cambio de empleos, y subrayando la necesidad de tomar medidas para mitigar estos efectos.

Sin ajustes, estos cambios podrían dificultar las transiciones necesarias en el sector laboral para la digitalización, la transición energética y el aumento de la productividad. Según CaixaBank, el envejecimiento contribuye a partes iguales a la disminución de la productividad y de la fuerza laboral, lo que afecta negativamente al crecimiento económico. De hecho, la baja productividad relacionada con el envejecimiento se traduce, principalmente, en un menor crecimiento salarial.

El Banco de España también señala que revertir esta tendencia demográfica no es viable en el corto plazo, y que solo un aumento significativo de la inmigración podría ralentizar, aunque no frenar del todo, el envejecimiento de la población trabajadora.

(Onda Cero, 02-10-2024)

07/10/2024|

El Tesoro vende letras a 12 meses al 2,6%, el tipo más bajo desde diciembre de 2022

El Tesoro ha comenzado octubre con una nueva emisión de letras a seis y 12 meses, siguiendo la tendencia del mercado secundario, donde el bono español a 10 años ha llegado a ofrecer rendimientos inferiores a los de la deuda francesa a igual plazo. En esta ocasión, las rentabilidades han vuelto a disminuir. El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, ha colocado 4.791,848 millones de euros en deuda a corto plazo, con los tipos más bajos desde finales de 2022. La cantidad captada se situó en el rango medio del objetivo, que oscilaba entre 4.500 y 5.500 millones. A pesar de que los rendimientos han bajado respecto a los máximos de hace un año, la confianza de los inversores en la deuda española sigue intacta. Apenas una semana después de registrar una demanda récord en la emisión sindicada a 12 años vinculada a la inflación, las órdenes de compra para esta nueva colocación alcanzaron los 8.493,275 millones.

La mayor parte de la emisión, unos 3.344 millones, correspondió a deuda a un año, con una rentabilidad que ha caído del 2,97% registrado en la subasta anterior al 2,598%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Los restantes 1.447 millones se asignaron a las letras a seis meses, cuya rentabilidad marginal se situó en el 2,919%, por debajo del 3,242% de la subasta anterior, alcanzando el tipo más bajo desde febrero de 2023.

A diferencia de las subastas de septiembre, la demanda de los ahorradores ha vuelto a aumentar. En las letras a seis meses, las órdenes no competitivas llegaron a los 1.075,85 millones, superando los 854,22 millones del mes anterior y alcanzando la cifra más alta del año. Ante el temor de que las rentabilidades continúen descendiendo, los inversores están aprovechando la oportunidad de obtener rendimientos atractivos con poco riesgo. En el caso de la deuda a un año, la demanda por parte de los minoristas subió a 931,60 millones, comparado con los 695,25 millones de septiembre. "El interés de los ahorradores suele tener un componente estacional", explica Sofía Antón, directora de Auriga Bonos. En épocas de mayores gastos, como las vacaciones de verano o la Navidad, la demanda suele disminuir, pero una vez superados esos periodos, los ahorradores vuelven a invertir en deuda.

La moderación de la inflación y los indicios de debilidad económica en la eurozona refuerzan las expectativas de una reducción de tipos de interés. Aunque la presidenta del BCE advirtió que los precios podrían repuntar hacia final de año, el mercado apuesta con más de un 80% de probabilidad a que en la próxima reunión Lagarde anuncie una nueva rebaja de los tipos, la tercera consecutiva. La política monetaria más flexible de los bancos centrales ha revitalizado el mercado de renta fija. En septiembre, marcado por una reducción de 50 puntos básicos en EE. UU., la deuda global creció un 1,87%, sumando cinco meses consecutivos de subidas, algo que no se veía desde 2017.

Luis Artero, director de inversiones de JP Morgan Banca Privada en España, considera probable que el BCE vuelva a recortar los tipos en octubre. "Las cifras de inflación de septiembre confirman mucho de lo que ya sospechábamos. La desaceleración económica está provocando fuerzas desinflacionarias, con precios ligeramente más bajos mes a mes. La única preocupación sigue siendo la inflación en los servicios, que se mantiene alrededor del 4%", apunta. Según el experto, los comentarios recientes de varios miembros del BCE indican que la entidad está preparando al mercado para recortes más rápidos de lo esperado. "Aunque los mercados ya están anticipando este escenario, en JP Morgan Banca Privada creemos que podría haber una mayor convergencia entre las políticas de la Fed y el BCE", concluye. Este contexto se percibe como una oportunidad ideal para ampliar la duración de las carteras de deuda europea, es decir, para comprar bonos con vencimientos más largos.

(Cinco Días, 02-10-2024)

07/10/2024|

Fondo de Impacto Social

Resolución de 24 de julio de 2024, de la Secretaría General de Inclusión, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2024, por el que se establece la actividad y el funcionamiento del Fondo de Impacto Social, F.C.P.J.

(BOE, 02-08-2024)

07/10/2024|